LA FORMA-ESTADO EN COLOMBIA: FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL Y BIOPOLÍTICA MOLECULAR

Luis Felipe Vega*

* Estudios eclesiásticos en Filosofía y Teología Pontificia Universidad Javeriana, M.A en Estudios Políticos Pontificia Universidad Javeriana, M.A. Análisis de problemas políticos, económicos e Internacionales Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, Consultor en Políticas de comunicación Pública Distrital, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, director maestría en Estudios Políticos Pontificia Universidad Javeriana. Su trabajo de investigación está centrado en el análisis de la biopolítica y la conformación de los Estados Latinoamericanos y en las formas de la comunicación política a partir de la imagen sistémica y de plataformas para la construcción de agendas públicas como fortalecimiento de la participación y la gobernabilidad. lfvega@javeriana.edu.co

Recibido: 22/03/2006 Aprobado evaluador interno: 29/03/2006 Aprobado evaluador externo: 13/04/2006

Abstract

This article proposes the discussion about the construction of the state in Colombia, between the elements of Foucault’s biopolithics analyze. It shows the characteristics of special practices since XIX to take part of the population and defining spaces for the exercise of political power. In this document, it has made special emphasis in the relation between the local practices and national politics, the image of the fragmentation in a political system with presidential characteristics.

Key words: Biopolithic, molecularity power, exceptional state, morality, eugenics, presidencialism, neopresidencialism.

Resumen

El presente artículo plantea la discusión que desde la lectura de la biopolítica se hace a la conformación del Estado en Colombia, ofreciendo un análisis de las características que desde siglo XIX han instaurado unas prácticas particulares para intervenir la población y definir espacios y maneras específicas para el ejercicio del poder político. En este documento se hace especial énfasis en la relación establecida entre lo regional y lo nacional, además de un análisis sobre la fragmentación territorial ante las prácticas centralizadas de un sistema político de características presidenciales.

Palabras clave: biopolítica, poder molecular, molaridad, estado de excepción, eugenesia, presidencialismo, neopresidencialismo.

Introducción

La elaboración de un análisis sobre la formación del Estado en Colombia necesariamente se encuentra atravesada por la relación entre el territorio y la población, especialmente, la producción de mecanismos de seguridad que a partir de allí se producen tanto en sus formas moleculares como en sus pretensiones molares, de manera que expliquen una ratio gubernamental a manera de subjetividad agente. Este sujeto estatal “emergente” puede ser entendido gracias a las prácticas gubernalizantes sobre el territorio y la población que definen su unidad política por medio de la producción discursiva de saberes y normas en un diagrama de relaciones de poder, es decir, en una cartografía particular. En este sentido, hacer una comprensión de los desplazamientos y transformaciones históricas de dichas prácticas, plantea una plataforma interpretativa para dar cuenta de las transformaciones institucionales y la inestabilidad de las instituciones políticas.

El origen de la discursividad fundadora del Estado en Colombia se encuentra anclado a la prolija reproducción del liberalismo como ciencia de la administración y racionalización del gobierno. Sin embargo, las mutaciones internas de esta forma de ideologización de la sociedad, suponen no sólo una hibridación con las prácticas coloniales antecedentes, sino una composición del republicanismo en función del modelamiento de los individuos, la imposición de formas de vida y nuevos sistemas semióticos y de comunicación, los cuales garantizan una singularidad en las prácticas de gobierno.

Sin duda todas estas prácticas se encuentran transversalmente vinculadas bajo formas de guerra que ha sido siempre internalizada como imagen recursiva de la sociedad. Este liberalismo que reproduce permanente formas jurídicas para optimizar el ajuste del control sobre la población, propende como conjunto de técnicas, una imagen policiva como esquematización regulativa de la vida, en lo singular y lo colectivo, en la forma-individuo como en la forma-población. La pacificación y el control del territorio y su primera producción jurídica en el siglo XIX establece una distinción en sentido de Schmitt¹, entre lo natural y lo ciudadano, no como dos esferas separadas sino como delimitación biológica de la primera para la mera intervención del “objeto viviente”, y en la segunda, la figuración de una competencia civil como desideratum jurídico.

Así, lo concebido como natural es un modo simple que separa étnicamente lo intervenido de lo interventor, o mejor, lo gobernado de lo gobernante. Esta lógica prevalecerá en el transcurso de las formas políticas durante las primeras décadas del siglo XX, con mediaciones de civilización y por medio de tecnificaciones administrativas desde las instituciones bajo el propósito de la unidad política en ciernes, no lograda aun, pero ad portas de ser consolidada, y que posteriormente, durante las últimas décadas del mismo siglo, se transformará bajo la implementación mediática en un conjunto de prácticas sobre la memoria, tras la finalidad de una moralidad instituyente como proyecto nacional y por ende, como estadio final de la unidad política durante tantos años pretendida.

De lo anterior, es necesario plantearse una primera superficie que haga plausible el análisis. En efecto, ¿cuál es la base discursiva que permite entender el desarrollo del liberalismo como razón gubernamental de pretensiones absolutas?, y a partir de ello, ¿cómo es leído éste en la génesis de las formas republicanas en Colombia? Finalmente, ¿existe una continuidad de esta lectura decimonónica en las formas de gobierno al concluir el siglo XX?

En primer lugar, el liberalismo debe ser entendido como un principio y método de racionalización del ejercicio de gobierno, que no tiene, acorde a las lógicas de maximización, su fin en sí mismo ni tampoco posee su razón a partir de una finalidad establecida en sí. En este sentido, el dictum permanente en las conceptualizaciones liberales se ordena en correlación a la pregunta ¿por qué habría que gobernar? Subyacente a la preocupación de que se “gobierna siempre demasiado”². Así, la racionalización liberal como analítica, obedece a dar respuesta a preguntas sobre la necesidad del gobierno, en qué aspectos se puede prescindir de él y sobre qué asuntos es inútil o perjudicial que intervenga³. En efecto, estos cuestionamientos se hacen permanentes si se observa que sobre el tamiz histórico de su génesis se encuentra el desarrollo de la economía de libre mercado, o mejor, de una lógica económica que deviene racionalidad política en la que la necesidad de mantener formas de intervención general exclusivas de medidas particulares, individuales o excepcionales, pueden fundamentar en la participación representativa el método más eficaz de una economía gubernamental como transacción de intereses en orden colectivo⁴. En este sentido, el liberalismo generalmente se reinterpreta por medio de una “razón gubernamental”, es decir, de esos tipos de racionalidad que actúan en los procedimientos a través de los cuales se dirige la conducta de los hombres, desde la administración estatal.

El otro rostro de la forma discursiva liberal reside en sus prácticas, especialmente, en la relación establecida a partir de la autonomía del individuo como unidad constitutiva de la forma política y su agregación bajo la figura “población”, a partir de la violencia y del derecho como ciencia de la naturaleza. La violencia como mecanismo coercitivo y su tránsito correctivo se encuentra en función de la justicia, ésta pende de una comprensión particular de la naturaleza, de forma que el derecho constitutivo de la sociedad es naturalista; a este respecto Benjamín resalta: “el derecho natural tiende a justificar los medios legítimos, con la justicia de los fines⁵”.

El uso de la violencia legítima activa el aparato policivo para garantizar la libertad y el desarrollo de la autonomía. La paradoja consistente se expresa en que un sistema que se funda en el ejercicio de las libertades debe suprimirlas para poder garantizarlas, de tal modo que la característica de la forma de gobierno ius natural, imbrica las relaciones entre diversos modos de sujeción que atraviesan las prácticas del poder en forma disciplinaria⁶. La amenaza permanente instaura una “excepcionalidad” que funciona desde dos móviles particulares; por una parte, la excepcionalidad suprime la producción jurídica en tanto suspensión de la normatividad, y por otra, posteriormente logra hacer de la técnica reproducida en la excepcionalidad una norma permanente, adecuando la legitimidad de su producción a la reproducción de las formas y técnicas de intervención como legislación para el control caótico de una libertad que funda el ejercicio de la práctica política pero confiscada por la ausencia de competencias suficientes para expresarla y ejercerla⁷.

En este orden de ideas, el modelo liberal de gobierno, funda una economía de las libertades sobre los cuerpos que suponen un concepto de la vida desde un determinismo meramente biológico en el que se interviene. La administración de lo biológico en lo singular supone la intervención de cuerpos individuales y bajo la agregación estadística y la constitución en la forma “población” instaura prácticas sobre un nuevo subjectum denominado por Foucault como “Biopolítica”⁸. Esta relación médico-científica en los sistemas de poder tiene como finalidad el control político:

“La propia separación de la nuda vida, que el soberano podía llevar a efecto en ciertas circunstancias a partir de las formas de vida, se realiza ahora de forma cotidiana y masiva por medio de las representaciones pseudocientíficas del cuerpo, de la enfermedad y de la salud, y de la medicalización de esferas cada vez más amplias de la vida y de la imaginación individual” ⁹.

La técnica por la cual estas prácticas logran establecer su capacidad de intervenir los cuerpos supone no sólo un éxodo constante sino espacios en los que la suspensión de la vida permita la intervención sobre ella, superficies en las que se regule la actividad de la vida cotidiana, las funciones vitales¹⁰. Es posible afirmar que en este marco que jurídicamente instaura la suspensión de lo viviente, prácticas de tipo eugenésico pueden ser posibles y con ellas, técnicas para la administración de la población, de la producción, incluso, una economía sistemática de saber para legitimar la excepcionalidad como fundamento del orden político, así como también en cuanto a recurso para sectorizar el territorio en unidades móviles que reproduzcan molecularmente estas prácticas de intervención sobre lo viviente.

Positivismo político en América Latina: Génesis de la Forma-Estado

Latinoamérica en el siglo XIX se encuentra en conflictos determinados por la conformación política de sus instituciones, particularmente, se bate entre la necesidad de la conformación liberal del Estado como mecanismo para la preservación de las revoluciones de independencia frente a la creciente necesidad, según los intereses de los intelectuales latinoamericanos de esta época, de dar cuenta del desarrollo natural de las sociedades por medio del concurso de la ciencia, para preservar la figura emergente de “la nación” de nuevos procesos de colonialismo¹¹. El despliegue histórico está centrado en el papel de las escuelas positivistas de América Latina para consolidar las libertades de los individuos como fundamento del Estado a partir de la objetividad de los métodos utilizados para la investigación científica.

La posibilidad del desarrollo del Estado y en especial, los mecanismos suficientes que construirían la vía más corta para alcanzar el progreso de los Estados Unidos de América como estrategia que impediría una recolonización ante las debilidades institucionales¹³, las carencias de una vinculación nacional en la memoria histórica y, especialmente, las grandes debilidades en las capacidades humanas de los ciudadanos de estas nuevas repúblicas; son las variables con las que cuenta a su base este nuevo discurso como racionalización del gobierno.

Así, la tensión política como elemento nuclear para el desarrollo de estos nuevos Estados es atravesada por la permanente presión a la suscripción identitaria de los nacidos en América como nuevos europeos. Dicha circunscripción como nueva raza europea permitió pensar la América como la nueva Europa a manera de colofón o como fruto del proceso del desarrollo natural histórico de talante moderno, o mejor, de modernización. La memoria histórica, por ende, como condición de la conformación de la idea de nación, no reside en los procesos anteriores a la colonización ni mucho menos a las tensiones de fuerza que se produjeron durante este último evento, sino que por el devenir progresivo de las sociedades, se ven como procedentes de Europa, de allí que toda la América es un apéndice extensivo de ésta en procura de su desarrollo. “La América Latina si ha de ser parte de la civilización, tendrá que ser deslatinizada, tendrá que adquirir la sangre y la mente de Europa”¹⁴.

Dicho modelo de modernidad debía ser trasplantado a América Latina por medio de un manual de procedimientos necesarios para poder ingresar en la civilización asumiendo esta condición: el desarrollo europeo¹⁵. Esto perfila que la percepción del positivismo en las ciencias sociales y su influencia en los procesos políticos latinoamericanos sólo puede ser entendida como necesidad de entrar en el discurrir histórico de la idea del desarrollo y la conformación de la civilización en orden a los procesos eurocéntricos¹⁶. De otra manera, la racionalización del poder evidencia gracias a la historia, cómo evolucionan las naciones y en específico, ha determinado a través de cuáles procesos dados no sólo por las experiencias sino por los resultados, se deben alcanzar las características de civilización.

La idea europea de ciudadanía lentamente se apodera del proyecto político americano, los nuevos americanos no se resistían a ella, e incluso intentaron concebirse a sí mismos como europeos. La validación de la europeización americana constituye una esfera de distinción respecto de “lo aborigen”, recomponiendo las imágenes de ciudadanía sobre la conceptualización del discurso liberal precursor de este positivismo¹⁷. Esto puede verse más detenidamente en la idea bolivariana sobre los derechos y su composición subjetiva:

“Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de nuestros invasores”¹⁸.

Sin duda, este discurso sobre el individuo establece una comprensión étnica que internaliza una racionalidad de la intervención racial, de la distinción interna, en el que impera el surgimiento de una nueva raza que asume su devenir histórico en el centro de esta unidad estatal.

El discurso sobre la mixtura de razas es permanente en las disertaciones de los positivistas no sólo como un reto sino como una condición impuesta por los procesos de colonización. Aunque las percepciones son diversas, algunas de éstas, que determinan el rol social de las clases y la pertenencia a Europa, trasiegan sobre la imposibilidad de encontrar una homogeneidad racial y cultural que permita edificar esta figura nacional. La sentencia durante esta permanente discusión sobre la identidad cultural y los sentimientos nacionales de pertenencia son la superficie sobre la cual los positivistas verán el reto de entender la realidad y en especial, la necesidad de transformarla¹⁹.

Así las cosas, el mecanismo para garantizar la unidad política del Estado y superar las imposibilidades históricas y culturales obligan la necesidad permanente de mecanismos legales como expresión ius natural de dicho devenir civilizador. La presunción del progreso promisorio rediseña los aparatos jurídicos e introduce modelos de representación política para evitar una posible fragmentación. En este sentido, el aparato jurídico soporta la unidad del territorio y la población, estableciendo distinción entre lo ciudadano y lo natural, de forma que el control sobre la vida reduce lo institucionalpol ítico a la interpretación de la norma y a su efectividad punitiva²⁰.

Del Estado Colonial al Estado Republicano Colombiano

El modelo colonial, como matriz antecedente de las instituciones políticas republicanas, es posible definirlo al finalizar el siglo XVIII como un hecho económico que determinó formas de vida sobre los nativos, modificando el carácter, las costumbres, las formas de vivir; de esto da cuenta Arciniegas:

“Ni sucios, ni ladrones, ni mentirosos fueron los chibchas: el régimen feudal los tornó tales, y por eso, la que hoy parece una raza inferior es obra y engendro del modo de producción, pero jamás consecuencia necesaria de lo que dan en nuestra zona nuestros hombres”²⁴.

Los aborígenes dejan de ser el espectro para una domesticación religiosa, de suerte que tenderán a componer campos²⁵, en cuanto estructuras en las que la excepcionalidad permite la intervención directa del poder soberano como experimentum (objeto de intervención) de reforma.

La influencia de los Borbones establece un discurso proveniente de formas de racionalización y proclamación de la libertad como fundamento de la autoridad del soberano²⁶ , y junto a ésta, prácticas de economización bajo la composición de formas de control social hibridadas a producciones y regulaciones de los discursos sobre “la seguridad” respecto de la superficie de la población²⁷ , además de saberes biológicos para la distinción de razas y ubicación de éstas en los espacios geográficos. No sólo la distinción racial va a establecer la comprensión del territorio, sino también, la funcionalidad de la población en el mismo. Así, nuevos instrumentos administrativos y tributarios bajo el ropaje liberal y su correlato de autonomía, intervendrán por medio de prácticas económicas y políticas étnicas al conjunto de la población distinguiendo un tipo característico de élites regionales con acceso a la tierra y a un poder sobre los seres humanos, microesférico y limitado por la muerte dentro de la hacienda, como campo primero de excepcionalidad y configuración de lo regional²⁸ . Sin duda, estas composiciones, instaurarán los orígenes de una futura contienda entre lo regional y el orden administrativo central en la que la unidad territorial en principio replica la técnica sobre la población y, posteriormente, advierten autonomía, construyendo un diagrama de poder localizado bajo el manto de aparente subordinación al poder centralizado institucional.

La conformación de lo regional al finalizar el período borbónico, como técnica para la centralización del orden político produce un fenómeno contrario al esperado; fragmenta en pequeñas atomizaciones el control regional, como microesferas del poder en las que se gesta un discurso liberal, republicano e independentista. Consistentemente, constituye un orden central, reactivo a lo regional con unos propios agenciamientos sobre la población; ejemplo de ello es el desplazamiento mestizo que al finalizar el siglo XVIII e inicios del XIX, establece el 50,24% de los municipios existentes a partir de la fundación de 264 de éstos²⁹. Los desplazamientos de población para la expansión y control del territorio por medio de la unidad municipal, demarcan unas políticas raciales³⁰ que se encuentran caracterizadas por la migración de blancos pobres, mestizos y negros, que al huir de la esclavitud eran “reconducidos” en la nueva unidad territorial para que estos individuos no viviesen sin “Dios ni Ley”, o bajo el uso de la época, no se “juntasen arrochelados” y viviesen “en policía”³¹, en sociedad, dentro de los controles sociales que podía establecer la vida urbana³².

La visión integral de la población que garantizó la inestable forma colonial del territorio como un tipo de composición panóptica del acto gubernamental, en la naciente república pierde la concepción global geográfica. La ruralización, el desplazamiento de los centros urbanos a causa de las guerras civiles y las pérdidas de las redes urbanas, no significaron una ruptura radical con las prácticas de intervención colonial. El continuum biopolítico como ratio gubernamental sobre la población³³, ya no centralizado sino fragmentado, conservó los ejes territoriales norte-sur y meridional del territorio como lógica del ordenamiento del espacio³⁴. El criterio de esta organización territorial-poblacional nunca abandonó la racionalidad mercantil sobre las zonas de producción y vías de transporte; de manera que el desplazamiento de mestizos, negros y pobres, es decir, de los hombres no-ciudadanos, actualizan una política para el poblamiento y circulación de mano de obra.

Eugenesias y producción normativa

“El ángulo facial —dice—, el ángulo de Camper tan célebre entre los naturalistas, reúne casi todas las cualidades morales e intelectuales del individuo. Cuando este ángulo crece, crecen todos los órganos destinados a poner en ejercicio la inteligencia y la razón; cuando disminuye, disminuyen también esas facultades. El europeo tiene 85° y el africano 70°. ¡Qué diferencia entre estas dos razas del género humano! Las artes, las ciencias, la humanidad, el imperio de la tierra son patrimonio de la primera; la estolidez, la barbarie y la ignorancia son dotes de la segunda. El clima que ha formado este ángulo importante, el clima que ha dilatado o comprimido el cráneo, ha también dilatado y comprimido las facultades del alma y la moral”³⁵.

El saber científico producto de la indagación sobre la naturaleza establece un orden racial que define la jerarquización social, el acceso a la propiedad, y establece las relaciones de subordinación que fundan los basamentos, expuestos por la forma jurídica, de la naciente república.

Las composiciones jurídicas establecen formas de ciudadanía, constituyendo una esfera de excepción entre el sujeto de derechos y la pertenencia natural (en sentido biológico como producto de la tierra) al Estado. El decreto orgánico de la dictadura de 1828 (Art. 18) instaura una definición del ciudadano por vía negativa del uso de la libertad, es decir, como espacio de punición; en 1830 (Art. 14) se establecen libertades por nacimiento pero la ciudadanía es posible como ejercicio pleno de éstas a partir de las condiciones de mayoría de edad, propiedad en finca raíz y alfabetización. En la Constitución de 1832 se establece nuevamente por vía negativa por afiliación en tiempo de guerra a otro Estado y se suspende por causa criminal y enajenación mental, sin embargo, se preservan las condiciones de propiedad y alfabetización para su ejercicio.

Esta esfera de distinción sobre la composición de la ciudadanía como forma-de-vida, mantiene la excepcionalidad para intervenir sobre los vivientes en la Constitución de 1843 por la diferenciación entre naturaleza y ciudadano (Art. 3, 9). En 1853, la excepcionalidad se especifica como un mecanismo de control social, haciendo explícita la ciudadanía solamente a los varones (Art. 3), para posteriormente en 1858 (Art. 5) transformarse en ciudadanía hábil, definida ésta no sólo por posesión de tierra sino por profesión u ocupación legítima. Al terminar el siglo XIX esta condición se mantiene en las constituciones de 1861,1862 y 1886 (Art. 15)³⁶.

Los mecanismos jurídico-políticos constriñen la vida a la naturalización, en la que si bien residen libertades, pueden ser intervenidas por castigos corporales, pena de muerte, prisión, expropiación de los bienes; pero al tiempo, la ciudadanía como conjunto de condicionamientos establece un marco amplio de derechos para la vida política gracias a una economía de producción y acumulación. Así, la intervención sobre la vida establece una razón de gobierno que ordena y determina a la población por medio de una atomización preestablecida en la naturaleza, y a su vez, garantiza una vinculación como población, por fuerza de ley.

La vida concebida por las técnicas del poder como una simple forma biológica mantiene la suspensión de lo viviente, traduciéndose en un espacio de aparente horizontalidad que permite agenciar las prácticas de control social³⁷ (el nacimiento de las correccionales, manicomios, casas de auspicio, formas de medicina social, los prostíbulos denominados como liceos recreativos, etc.)³⁸. En este sentido la constricción de la vida como espacio biológico por las características raciales, redefine el territorio y las formas de acceso al poder, pero con prácticas específicas en cada espectro regional. El fragmento especializa su práctica, define un fenotipo racial como hegemonía y principio ordenador, establece de igual manera la especificidad del poder en su molecularidad, e incluso, en una frágil y aparente armonía, compone la imagen de estabilidad y subordinación a lo nacional;

“Siglo y medio de estancamiento y decadencia debían producir y produjeron un sello profundo de inmovilidad en el organismo de la población panameña; la pobreza había llegado al último grado: el antagonismo de las dos razas –la negra y la blanca- pobladoras de esa región, mantenido por tres siglos de esclavitud, debía hacerse sentir fuertemente en los momentos en que esta institución acababa de ser abolida (1850). La acción del clima, desfavorable para la blanca, había enervado la actividad de la clase gobernante y permitido que la inferior en evolución mental se sobrepusiese en número, en energía y en influencia política”³⁹.

Las prácticas administrativas sobre la población definen el uso de los recursos y el concepto de desarrollo fundado en la distinción étnica. Así las cosas, podrá entenderse que la naturalidad del peonazgo establecido en el campo de la hacienda y en su proyección del municipio es recurso multifacético, puesto que puede observar funciones como lugar de experimentación médica, legitimar prácticas de marginación, sujeción y exterminio como condición de desarrollo local, e incluso funge como ejército, cual sea la necesidad del ciudadano terrateniente y su ideal político. La vida nuda en su espacio de excepcionalidad es arrastrada en cuanto superficie y recurso, es decir, como forma eficiente y visible del poder político y pilar invisible del Estado:

“Vida municipal activa y verdadera es de lo que esas dos ciudades carecen: el panameño nativo tiene pocas tradiciones de interés público; el mestizo africano carece de educación y hasta nociones sobre lo que es la edilidad de un pueblo civilizado... sólo el elemento extranjero podría comunicar a esos intereses la iniciativa, la espontaneidad, el amor cívico que ellas requieren”⁴⁰. De igual forma, las guerras civiles se articulan a estas prácticas como correlato en regímenes locales en luchas por el territorio —como lo afirma Arciniegas— “que mueven sus indiadas o sus partidas o sus bandos, como los días clásicos de la edad media europea” a partir del “santo derecho de la insurrección”⁴¹. Por esta razón, la intervención específica en lo urbano y lo rural me permite establecer una comprensión del poder —o conjunto de instrumentos— sobre la población como la composición subjetiva que distingue el campesino y la actividad militar, el loco, indio, meretriz, etc. Así, la forma subjetiva se consolida como atomización en el diagrama de poder, que cuenta a su base con el relato de una República fundada en la necesidad de la libertad y necesitada de la administración de ésta hasta una edad madura de la razón en el individuo. En otras palabras, la fragmentalidad del agenciamiento biopolítico, evidente en las composiciones subjetivas, emerge bajo la forma de un Estado republicano presidencialista sin una esfera pública modernamente establecida.

“América está sembrada de dictadores que han llegado al poder por este camino (el de la oratoria como discurso adulador) y que hacen política social y literaria de masas para mantenerse arriba y hacer sus negocios”⁴².

En síntesis, la construcción racial no sólo establece las procedencias de la gesta fundacional de la República, sino que constituye unas geografías particulares para la intervención del poder que posteriormente serán trasplantadas a la tensión entre lo popular y lo civilizado. Estas fragmentaciones se reproducen en cada espectro regional, las formas de intervención se hacen múltiples sobre cada pliegue del territorio, y así, cada práctica se resignifica en nuevos contextos que redefinen lo viviente en nuevos saberes y disciplinas ya no la biología para el siglo XX, sino la ciencia de la administración y de la economía como el fundamento de la práctica gubernamental, especialmente, de sus agenciamientos bajo el correlato discursivo de un desarrollo económico a partir de una revolución no-revolucionaria en el siglo XX.

Control territorial y sistemas productivos

Desde los abusos de Tomás Cipriano de Mosquera a mediados del siglo XIX con el cierre de los resguardos indígenas, el desplazamiento como técnica biopolítica se estableció como forma recursiva de un imaginario instituyente del poder. La reforma de Mosquera contaba con la venta de los resguardos (tierras) a los grupos de comerciantes liberales bajo el supuesto de generar una economía productiva desde el sector agrícola, a su vez, junto a la proletarización de los indígenas determinó un aparato productivo que legitimó las formas de dominación a través de una guerra racial latente⁴³.

Los indígenas, en el esquema de producción latifundista, tuvieron frente a la expansión burguesa liberal tres salidas: a) adentrarse en las selvas, b) salir y construir comunidades a fuerza en lugares muy poco accesibles como mecanismo evasivo frente a la llegada de los colonos, y finalmente, c) proletarizarse en las tierras que anteriormente eran sus resguardos y trabajar por la comida⁴⁴.

De esta manera, la estructura latifundista en la posesión de la tierra en Colombia que fue heredada del sistema colonial español y que se mantuvo después de la Independencia, reprodujo en la naciente república esferas de distinción, a manera de campos o micropoderes para la intervención de los vivientes. Estas pequeñas unidades territoriales propiciaron sistemas de producción de monocultivo como factor incipiente de los poderes regionales en los que se preservaron las determinaciones raciales de clase y, más específicamente, reproducciones normativas que legitimaron el uso de los individuos como especies provenientes de la tierra, que junto con ella, diagramaron formas del poder resistentes a la centralización. Muestra de esto es la distribución de baldíos en Antioquia y Caldas durante siglo XIX y las primeras décadas de siglo XX para el cultivo del café, trilladoras, trapiches de caña y otras seudo industrializaciones del sector agrícola.

Este conjunto de dispositivos territoriales se expresaron de manera más agresiva con la adjudicación de grandes extensiones de tierras baldías de propiedad de la nación durante la conformación de la república a militares y participantes en las guerras de Independencia, como reconocimiento de la patológica autonomía regional, o mejor, como mecanismo de negociación para la pacificación de la sociedad y coexistencia entre señores terratenientes al finalizar el siglo XIX.

La evidencia de la funcionalidad de este dispositivo es la exposición de motivos de Manuel Murillo Toro⁴⁶ al proyecto de ley que recogió el segundo proyecto de reforma agraria desde la Independencia. Éste, explicó que por diversas leyes se había dispuesto pagar deudas a los combatientes de las guerras por la liberación nacional con tierras baldías como reconocimiento a la gesta libertadora, y de igual forma, la adjudicación de tierras a compañías extranjeras garantizaría, según Toro, la apertura de caminos para atraer inmigrantes, desarrollar la navegación y muchos otros objetivos vinculantes del progreso. Sin duda, este dispositivo justificó de forma jurídica la expropiación y proletarización de las clases indígenas y mestizas menos favorecidas⁴⁷.

El mismo Murillo Toro⁴⁸ señaló que la República tenía 38.000 leguas cuadradas de superficie, o sea 136.000.000 millones de fanegadas que gracias a la Independencia habían sido recuperadas a la Corona española, y que agregando las concesiones de tierras baldías, estimaba que sólo quedaban 14 ó 15 mil leguas cuadradas de propiedad de la República, indicador suficiente que mostraba una eficiente distribución para el desarrollo.

Este maravilloso despliegue territorial garantizaba que las condiciones para el desarrollo estaban planteadas y, con ello, los agricultores deberían exultar de júbilo ya que dentro de tal distribución les fueron adjudicadas 6.066 hectáreas de un total de 1.301.122, apenas el 0,46%, las cuales con un debido uso serían altamente productivas y eficientes. El desplazamiento del residuo de los sectores no capturados por esta unidad productiva los destinó a sectores selváticos, en los que se les propiciaba un territorio para la materialización del progreso.

Para 1861, siendo presidente de la República el ya mencionado general Tomás Cipriano de Mosquera y Secretario del Tesoro y Crédito Nacional, Rafael Núñez, las oligarquías liberales se revelaron de los discursos de poder de los religiosos y construyeron los suyos propios para legitimar sus violencias, expropiando por la fuerza y por el ejercicio político los bienes de la Iglesia Católica llamados “bienes de manos muertas”, transformando de esta forma el agente biopolítico en el control territorial. Obsérvese el siguiente cuadro que muestra la distribución de la tierra hasta 1881 y su relación con la construcción del latifundismo y por ende la expropiación.

La mayor parte de dichos bienes no sólo fueron expropiados sino una parte considerable eran edificios, casas y construcciones para conventos, vendidos a grupos económica y políticamente poderosos de Bogotá. Dichos bienes se hicieron adjudicar a bajos precios y pagados con papeles de deuda pública que no tenían mayor valor comercial como estrategia para asegurar el surgimiento de una nueva clase gobernante⁴⁹. De esta manera, el agenciamiento estatal procura la entronización de un nuevo poder hegemónico.

El fracaso de la unidad que se torna en la agudización de la fragmentación

El cambio del emplazamiento de la forma liberal del Estado en Colombia para el siglo XX buscó unidad a través de agenciamientos centralizados. De esta forma, la caracterización de la “revolución en marcha” pretendió un desplazamiento del concepto de revolución fuera de la connotación discursiva marxista por medio de una internalización de los conflictos en las formas gubernamentales gracias a la emergencia del concepto “política social”.

“Declarar el armisticio en la lucha de clases como propósito del gobierno, sería una tarea sencilla y agradable, si esa lucha no se presentara en los conflictos del trabajo por la obstinación de las dos partes que en ella son beligerantes”⁵¹.

En este sentido, la “política social” se convierte en el agenciamiento, o mejor, en la tecnología de gobierno que observa la necesidad de una centralización de los aparatos gubernamentales, puesto que por una parte establece la figura de la propiedad de la tierra a manos de la colonización, y por otra, desarrolla una política tributaria que optó por el fortalecimiento de la esfera de los consumidores.

Colonización rural, Reforma Agraria y otros problemas de la tierra

Acorde a lo anterior, la colonización rural durante este período estableció unas nuevas técnicas sobre la población y la ocupación de territorios que no distan de las dinámicas coloniales, salvo, que se introducen unas consideraciones más nobles en el ámbito productivo para evitar procesos de subversión del orden social con tendencias a estados anárquicos. Así las cosas y ante la crisis del capitalismo del 29, las economías nacionales resurgen como una racionalización de la política dentro del fortalecimiento del consumo interno y por ende, de un proceso explícito de modernización⁵².

El proceso de reforma agraria iniciada por López sufrió un golpe devastador antes de alcanzar algún tipo de implicación o efecto de fondo en el poder regional. Los intereses de los terratenientes locales, estuvieron anclados a la posesión no sólo de los territorios sino de las fuentes hídricas, las tierras fértiles para la producción de alimentos como lo enclaves para la producción de banano, y los territorios proclives a poseer recursos energéticos. Los antecedentes del gobierno de Abadía Méndez y la masacre de las bananeras habían dejado un panorama altamente preocupante; por una parte se forjó un aparato jurídico en función del poder local de la hacienda bajo el nombre de “ley heroica”, y por otra, se habían eliminado la capacidad de influencia política de los sindicatos sobre la inversión extranjera con la figura del comunismo, o mejor, de liderazgos bolcheviques y expansión de una ideología atea, logrando capitalizar al máximo el retorno de la ganancia de la inversión como factor atractivo al capital internacional.

Es apenas comprensible que los derechos laborales de los campesinos se encontraban confiscados, de igual manera los mínimos fundamentales como salud, remuneración en dinero y no en vales u otros papeles de cambio, higiene en los lugares de habitación, y otros requerimientos mínimos para el desempeño de las funciones de trabajo, fueron rechazados de tajo. En este sentido, los conflictos que emergen para restituir estos mínimos derechos se van a agudizar desde 1925 hasta 1933 en todo el país, 36 de las haciendas más grandes en el eje cafetero y en el departamento de Cundinamarca van a ser escenarios de conflicto entre patronos y campesinos por el uso de la cláusula contractual denominada como “la obligación” que determinaba a trabajar un número de jornales en faenas de las haciendas como retribución al terreno arrendado⁵³.

El fortalecimiento de las ligas y sindicatos de campesinos durante el gobierno de Olaya Herrera se acrecentó debido al proyecto de Ley 200 de 1936, y anteriormente por la Ley 83 de 1931. Estos fenómenos generaron una extendida movilización desde los hacendatarios para frenar cualquier tipo de reconocimiento gubernamental respecto de condiciones que consideraban inaceptables. Sin duda, el temor desde las hegemonías regionales se encontraba centrado en la capacidad de mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños cultivadores y, más aun, la estabilización de la pequeña propiedad, puesto que afectaría la capacidad de su control sobre la fuerza de trabajo y con ello, la imagen subversiva de alterar el orden político establecido⁵⁴. No sobra decir, que la forma en la que se logra deslegitimar cualquier proceso político campesino radica en la imagen de comunismo y la influencia del Partido Comunista como matriz ideológica de dichos procesos.

Finalmente, habría que anotar un elemento adicional a este análisis: la migración y ocupación del territorio. En efecto, las violencias y otras prácticas van a generar un aumento de los desplazamientos poblacionales en la que en zonas de clima medio donde se encontraban los grandes espectros de la ubicación hacendataria, un total del 30% de la población, a partir de 1938 se redujo a un 10%, factor que empieza a centralizar las migraciones a centros urbanos y municipios intermedios. Este factor permite entender que los habitantes de las zonas rurales van a trasladarse a las cabeceras de algunos municipios, como primera fase de concentración poblacional, dejando al resto de la mano de obra trabajando en los complejos hacendatarios bajo un nueva lógica del poder regional: la depuración, reificación y adhesión de servidumbre de la mano de obra, que aunque se reduzca, preserva las hegemonías territoriales.

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La política social como nuevo agenciamiento

El modelo de la política social respondió a buscar dentro de la sociedad las causas de los conflictos y una reorganización de la misma por vía del consumo y de la producción, en procura de evitar radicalmente como nueva política de seguridad, cualquier acción insurgente y revolucionaria a partir de un reajuste de la economía. Es importante anotar, que estos procedimientos instituyen dos figuras para la pacificación regional: la asociación de grupos bajo las nuevas formas del consumo y desarrollo industrial como territorialización de la política por fuera de la esfera marxista bajo la recomposición del término social como soporte que moviliza un agenciamiento centralizado⁵⁵, y junto a ello, la figura del gobierno como un corpus institucional tendiente al bienestar a partir de la consolidación de un aparato financiero como nueva ciencia de la administración.

En este orden de ideas, la nueva ciencia de administración del Estado se implantó sobre el criterio de sostener una demanda efectiva en la población, así que el sentido del bienestar se tradujo en aumento sostenido del consumo, y por ende de necesidad del Estado multiplicador. La imagen de la forma estatal se transluce en la figura de la fábrica, en la que la organización social es constreñida por medio de las formas del control poblacional en estructuras de legitimación del poder por vía popular, se construye un mecanismo de gobierno que no deja escapar los procesos revolucionarios de la esfera estatal. Lo advierte el mismo López Pumarejo:

“Gracias al pueblo toda tentativa de golpes terroristas y anarquistas, está condenada de antemano al fracaso, también a él se puede agradecer el reajuste de las instituciones, el engrandecimiento de las fuerzas armadas, de reorganización económica y de justicia social, devuelve estabilidad política que se entiende como cooperación a esa empresa del gobierno”⁵⁶.

El retroceso sobre el férreo control regional hacendatario, tras el retorno de la hegemonía conservadora, traduce las variables de seguridad, población y territorio a dos categorías; la civilización como poder material y racial⁵⁷ y la economía como construcción de los medios para procurarse bienestar contraria al utilitarismo.

En un informe regional, el Ministro de Industrias y la Cámara de Comercio de Popayán, dan cuenta de la elaboración de un proyecto de ley para la división de los resguardos de indígenas presentado al Congreso de la República por el dirigente conservador Guillermo Valencia. Pedían el apoyo del gobierno central al proyecto, pues temían que fracasara ante la oposición de intereses fundados en la inmovilidad de las comunidades de indígenas, quienes no comprendían la importancia de tal iniciativa en la que se desatacaba la protección a éstos “desvalidos vástagos de la raza conquistada”.

Sin duda, el empeño en despojar a los indígenas de sus tierras en nombre de la libertad, obligarlos a venderlas libremente en el mercado de tierras controlado por los terratenientes y tenedores de dinero, era además de la expresión del racismo y el desprecio contra los indígenas campesinos o poseedores informales de tierras, el sostenimiento de una clase que fundaba su poder en la estructura agraria⁵⁸.

Esta racionalización del poder tiene su expresión como biopoder en la figura del clero, y sus prácticas serán determinadas por la educación como culturización de las élites⁵⁹. La definición de lo social sufre una reconversión durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, puesto que la administración estatal renuncia a una posible popularización del poder y recompone la conservación del orden por medio de la educación de las élites como economía política del gobierno; es decir, la administración de sí mismo como capacidad de contención de las pasiones personales (psicologización de la espiritualidad del líder), de igual manera la administración de la casa junto con las necesarias virtudes morales para ello, y dentro del espectro de lo gobernado, el manejo de la población en la que el ejercicio de gobierno determina el orden conducente de las cosas a su fin específico.

Esta imagen republicana que emerge salida del discurso de naturaleza de la necesidad de mandar y obedecer, instaura una figura democrática que observa lo popular como una composición periférica, de carácter local, que se encuentra por ordenar ante el inminente caos social propiciado por la reivindicación popular liberal: el país debe establecerse bajo sus justas proporciones; esto es, orden como quietud en la naturaleza ausente de mutabilidad.

Las luchas campesinas por la tierra, anteriormente mencionadas, tomaron gran vigor a partir de la década de los años veinte del siglo XX cuando aparecieron varios movimientos y grupos agraristas que reclamaban derechos de propiedad de parcelas bajo la conducción de las recién iniciadas agrupaciones revolucionarias socialistas colombianas, de las que luego emergería el Partido Comunista de Colombia, así como otros sectores liberales como el dirigido por Jorge Eliécer Gaitán en los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Todos estos movimientos, y otros similares evidencian las resistencias emergentes que obligan iniciar un proceso de ajuste de las prácticas estatales al finalizar la década de los cincuenta. Es importante anotar que estas técnicas se van a dimensionar regionalmente sobre la lógica preventivo-disuasiva del desorden social por medios ofensivos sobre un nuevo sujeto circunscrito como “bandolero”, posteriormente “subversivo”. Esta distinción interna sobre la población permitirá reordenar las prácticas de inteligencia y con ellas una nueva forma de confiscar los conflictos sociales bajo una dinámica de pacificación.

La guerra que emerge como medio de pacificación instituye “el enemigo” interno por medio de una renovación del aparato policivo, el cual se encuentra en función de un nuevo discurso: el desarrollo. Éste supone una activación de la circulación monetaria en la que los individuos son cooptados por un mecanismo sumamente abstracto y representativo de la ingeniería mercantil, la ingeniería de las capacidades humanas y el discurso que valida a éstas como un capital.

Frente a este tránsito, la naturalización del mercado y la reducción del aparato social por medio de una concentración policiva de los mecanismos coercitivos, instaura un viraje en el mecanismo de gubernamentalización de la sociedad. La reivindicación de una racionalidad científica empezará a tener fuerza en cuanto que serán los economistas quienes determinen el proceso de administración del gobierno, una ciencia exacta que hace los cálculos suficientes para intervenir la población por sectores productivos en función de un aumento de la capacidad mercantil, núcleo de este nuevo conocimiento sobre el desarrollo.

A partir de esto, podrá entenderse que los grupos sobrevivientes a estos procesos generaron resistencias políticas para evitar ser confiscados por esta nueva racionalidad. Estos colectivos se sumaron al debate sobre la tenencia de la tierra e hicieron intentos por reformas agrarias liberales durante el transcurso del siglo, algunos desembocaron en las leyes 200 de 1936 y 135 de 1961, al igual que la creación del movimiento de usuarios campesinos durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966 - 1970) en el que aglutinados en torno de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, pretendieron hacer visibles las luchas por sus derechos y garantizarse visibilidad política como capacidad de fuerza y movilización dentro del sistema⁶⁰. Sin embargo, la violencia que restablecería el orden se presenta como recurso que deslegitima cualquier tipo de reivindicación social. Así las cosas, la paramilitarización de la policía (el papel de los chulavitas) y los subsecuentes asesinatos con sus formas estéticas para garantizar control poblacional y territorial, expresan en la forma estatal, la informalidad de un campo de excepcionalidad regional que permitió la operatividad de las técnicas sobre la población a partir de la evolución de un pacto de gobierno. Para no ahondar mucho en este punto, solamente habría que anotar que la preocupación sobre lo social, motivador de la crisis en los cuarenta, abandona las pretensiones de una política como agregación de las masas populares⁶¹.

En efecto, la preocupación por un pacto de pacificación no podía abordar la realización de programas con dichas características, específicamente referidas al territorio, puesto que ante la creciente imposibilidad de controlar las expectativas que se generasen desde dichos sectores podrían surgir nuevos brotes de violencia y focos de insurrección de los existentes. Virgilio Barco, ministro de obras para la época, afirmó:

“las medidas sobre ocupación de tierras en zonas afectadas deberían adoptarse en forma muy prudente, pues de otra manera se corría el riesgo de revivir una situación que en alguna parte ya se encuentra prácticamente solucionada… pero que ante una medida oficial tendiente a restituirlos de inmediato a sus posesiones primitivas podrían regresar en masa provocando un problema social”⁶².

Paramilitarismo y reordenamiento regional: gubernamentalidad molecular

¿Cuál es el rol de esta nueva forma de policía que emerge como una estrategia de gobierno a partir de la década de los sesenta, frente al modelo de modernización y desarrollo que desemboca en la década de los noventa bajo la denominación de neoliberalismo?

“La principal función de un sistema jurídico, es la de gobernar el orden espontáneo de la vida económica. El sistema de la ley debe desarrollar y reforzar las reglas según las cuales opera el mecanismo competitivo de la producción y de la distribución”⁶³.

Así, las lógicas regionales obedecerán por medio de las estructuras policivas paraestatales a generar modelos de control poblacional regional y posteriormente a generar mecanismos de producción económica, bien sean de cultivos ilegales o legales.

El fortalecimiento del poder local una vez abandonado el tema social, tendió a vigorizar actores regionales y junto a ello promover el Estado de sitio como el mejor mecanismo a mano para el equilibrio político. En lo concerniente a lo primero, el clientelismo articuló los intereses regionales entre los partidos conservador y liberal difuminando la posibilidad de terceras fuerzas emergentes y, por otra parte, la figura del Estado de sitio conjuró dichas posibilidades en un marco judicial que garantizó la viabilidad de dicho pacto a través de la vinculación en el conflicto de la misma población. El propósito de la distinción del enemigo interno gracias al aparataje jurídico que se implanta, supone una lógica de adversario regional que no obedece al patrón del bipartidismo sino a las fuerzas políticas emergentes como desestabilizadoras de la paz lograda, las cuales deben eliminarse como condición de riqueza y bienestar en el ámbito regional.

El primer procedimiento de esta técnica se encuentra en la resolución 005 del 9 de abril de 1969 en el numeral 183, esta orienta a “organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”⁶⁴. El paramilitarismo tiene una topografía particular como forma o mecanismo auxiliar para el desarrollo y control poblacional, incluyendo a esta última en la dinámica del conflicto emergente por parte de las guerrillas, como única posibilidad de finiquitarlo. Se introduce una pedagogía para lo nacional y con ello, una práctica sobre la responsabilidad para el control y organización disciplinar.

La pedagogía de la seguridad nacional atomiza las dinámicas regionales estableciendo un velo de enemistad creciente como exposición panóptica de toda la sociedad ante el enemigo oculto. Los manuales, decretos y otras reglamentaciones legalizan las primeras avanzadas de un ingerme paramilitarismo controlado por los poderes regionales tradicionales. La imagen de la población retorna a su forma decimonónica de los ejércitos privados y actúa según el movimiento regional del gamonal con la característica de policía.

Así, las prácticas sobre la población y el control por medio de información desde la población interiorizó la imagen de la guerra interna⁶⁵; el párrafo 3 del artículo 33 del decreto 3398 de 1965, convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968, garantizaba al Ministerio de Defensa Nacional,

“por conducto de los comandos autorizados, para amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.

Dentro del mismo articulado, el número 25, se dio autorización al Gobierno Nacional para utilizar a la población civil “en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. En este mismo sentido, la resolución de abril de 1969, No. 183 define el conjunto de lineamientos para la constitución de “Juntas de Autodefensa” establecidas en el limbo de lo legal y lo ilegal, entendiéndolas como

“una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que aparecen en el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate”, en procura de “prevenir la formación de grupos armados”⁶⁶.

La topografía particular de esta forma policiva es la pacificación a fuerza como primer paso para la gestión de un modelo de desarrollo, fundar sus redes, garantizar su legitimidad y poner en juego sus diagramas de control como mecanismo auxiliar para el desarrollo y control poblacional. Así, las prácticas sobre la población y el control por medio de canales de información (o informantes) interiorizó el pánico como preocupación individual en cada miembro de la sociedad, acudiendo a la imagen de la guerra interna y de la zozobra generalizada. Una de las imágenes del peligro que explica esta forma de “subjetivación” está bien expuesto por el Estatuto de Seguridad de 1982:

“al turbarse el orden público y decretarse el Estado de sitio, el gobierno de turno, sin ninguna excepción, amplía la órbita judicial de la justicia militar y les atribuye el conocimiento de gran número de delitos. Esta circunstancia no halaga a la institución armada que ejerce sus funciones judiciales conscientes de las dificultades que a los jueces ordinarios se les presentan para juzgar y castigar a los miembros de peligrosas organizaciones subversivas que tienen un carácter paramilitar”⁶⁷.

La recomposición geopolítica de la razón de Estado

En 1984 las propiedades de menos de tres hectáreas representaban el 56,89% de los predios, el 54,96% de los propietarios y disponían de sólo el 2,88% de la superficie, en tanto que las propiedades de más de 1.000 hectáreas constituían el 0,14% de los predios y el 0,17% de los propietarios, que tenían el 24.78% de la superficie⁶⁸. Doce años después, en 1996, la concentración de la propiedad de las tierras agrícolas aumentó. Había sido frustrada e impedida la reforma agraria. El poder político latifundista prevaleció como lo registra Machado⁶⁹.

Conforme a esto, en 1996 las propiedades de menos de tres hectáreas se habían elevado al 58,27% y el número de propietarios al 56,5%, pero la superficie de que disponían había bajado al 2,48%, al tiempo que en las propiedades de más de 1.000 hectáreas representan sólo el 0,12% de los predios y apenas el 0,13% del número de propietarios, pero en cambio, aumentó al 39,23% la superficie de la que eran dueños. Para dar un puntillazo final a la idea de la elevada concentración de la tierra, bastaría con observar el coeficiente de Gini, que oscila entre 0,84 y 0,88⁷⁰. En síntesis, la concentración de la tierra tiene repercusiones políticas no sólo en cuanto a las rupturas con posibles identidades y pertenencias en cuanto a la conformación cultural de una nación, sino que determina un tipo de servidumbre de la gran mayoría de los sectores rurales a una reconfiguración del poder del latifundio y el caciquismo propio de dichas lógicas rurales⁷¹.

Ahora bien, una vez lograda la estabilidad, crece el latifundio en la región de frontera de colonización iniciando otra vez el proceso migratorio, incluso, en el que muchos grupos indígenas no proletarizados son introducidos en dichas márgenes, configurando dinámicas sociales de pérdida de posesión de la tierra a manos de los colonizadores o en confrontaciones con los nuevos colonos que serán, en algunos casos, los nuevamente desplazados al igual que los indígenas⁷³. Cabe resaltar, que a pesar de los intentos de las organizaciones campesinas, la tenencia de la tierra, la expropiación y desplazamiento de sus antiguos moradores, bien sea a la ciudad o a espacios por colonizar, se ha mantenido como lógica del nuevo orden territorial.

A partir de la acumulación de tierra y el control poblacional, los poderes locales muestran su revitalización al finalizar el siglo XX por medio de una actualización del clientelismo y con ello las formas de caudillos que generan control poblacional local. La transformación de cultivos ilícitos o la resignación de éstos a la periferia de cultivos lícitos y proyectos agroproductivos legales, permiten que estas zonas de control preserven un margen de legalidad con tintes de excepcionalidad. Esta transformación puede entenderse con mayor claridad en los miembros de las autodefensas, principalmente por su proceso de negociación y reinserción a la vida política. Debido a esta reincorporación, los territorios controlados por ocupación militar y prácticas específicas de desaparición y eliminación selectiva, garantizan la pacificación interna y con ella, la construcción de nuevos procesos regionales en función a la variable del desarrollo como capital acumulado histórico a realizar en la década de los noventa. El aumento de proyectos para generación de empleo, desplazamientos interveredales para la administración eficiente de la mano de obra, la inmersión en los poderes regionales, la influencia directa sobre los presupuestos municipales, creación de ONG para inversión social acorde al proceso de hegemonía local, pueden verse como un segundo momento de la estrategia de este agenciamiento molecular. Empero, la pretensión del control regional se encuentra vinculada a una imagen nacional o restitutiva de la nación que pretende una expansión en el espacio geográfico.

Como se observa en los mapas anteriores, el control de los cultivos de coca están centralizados en las FARC-EP, en tanto que los proyectos de palma se encuentran como el núcleo de desarrollo de los territorios de las AUC, que poseen periféricamente cultivos de coca, sin embargo, reitero, son aledaños, correspondiendo a la imagen de paso de la legalidad a la ilegalidad durante 2005, y de manera un tanto más específica, a la recomposición del poder territorial regional como nueva unidad productiva y hegemónica por medio de prácticas sobre la población⁷⁴.

La evidencia sobre la ocupación militar de zonas en manos de actores armados, perfeccionamiento para cultivos ilícitos en zonas estratégicas, la aparición de una mayor distribución en la tenencia de la tierra, la aparición de proyectos agroproductivos de características extensivas, y el aumento de denuncias ante el poder judicial por influencia de grupos armados ilegales en corporaciones e instituciones regionales, son muestra de una agudización de la fragmentación bajo la virtualidad de un proyecto nacional centralizado y consistente como racionalidad de gobierno. En efecto, al comparar las zonas de ocupación de actores armados, las guerrillas mantienen mucha más concentración en la cordillera Occidental y el departamento del Cauca, en tanto que los paramilitares se concentran en la cordillera Occidental y Central, Magdalena medio y el valle del Sinú. Las zonas en disputa siguen siendo los departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y el eje cafetero. Estas zonas colindan con los campos petroleros, con más influencia de las guerrillas que de los paramilitares, e igualmente las zonas de cultivo de palma africana se encuentran en territorios controlados por las AUC⁷⁵. Asimismo, la mayor concentración de cultivos de coca por hectáreas se encuentran bajo control de las FARC-EP, sin descontar que zonas de cultivo importantes se encuentran en manos de las autodefensas; hago mención particularmente de los departamentos de Putumayo y Guaviare, norte del Vaupés, Vichada y la línea fronteriza de Amazonas con el Perú. En iguales condiciones se encuentran las centrales hidroeléctricas en la cordillera Oriental.

En las zonas de confrontación entre guerrillas y paramilitares, específicamente en las fronteras de Nariño-Putumayo, Cauca-Caquetá- Huila, Meta-Cundinamarca, Arauca-Casanare, se expresan mayores violaciones a los derechos humanos, masacres y asesinatos por densidad causada en número de casos. De igual forma, en las mismas zonas el desplazamiento masivo ha devenido gota a gota, e igualmente las cifras de mediana y alta concentración de población desplazada registrada, obedecen en escala de mayor a menor en Antioquia, Cundinamarca-Huila-Meta, Valle del Cauca-Cauca, Santander, Sucre y Bolívar. En este sentido la migración no se hace fuera de las zonas ocupadas por los actores irregulares, e igualmente podría pensarse que las zonas de control se han vuelto espacios de confiscación que no permiten las antiguas dinámicas de amplios desplazamientos interdepartamentales⁷⁶.

De la virtualización de la unidad nacional y los gobiernos plebiscitarios: ¿hacia una biopolítica de la memoria?

¿Cómo se entreteje esta transformación a partir de la relación entre discurso político y transformación del territorio? ¿Cómo funciona este nuevo dispositivo que procura la unificación de las técnicas bajo la imagen restaurada del Estado sin afectar los órdenes regionales?

Un primer elemento para considerar es la situación de los partidos políticos durante la última década del siglo XX. La concepción clásica de los partidos como asociaciones que se presentan a elecciones con pretensiones ideológicas como condición de una democracia saludable, es cada vez más escasa en el actual panorama político. Extensos trabajos sobre las características de éstos y sus participaciones en el parlamento evidencian una conclusión preliminar: dichas organizaciones mantienen una virtualidad en la que líderes políticos capitalizan sus intereses electorales concernientes a sus aspiraciones políticas. Rodrigo Losada muestra muy bien este contexto al señalar la existencia de 14.000 partidos de orden municipal, 1.400 de carácter departamental y 300 de orden nacional⁷⁸. Sin embargo, ante tantas denominaciones, lo claro resulta que dos partidos o tres como máximo, siguen manteniendo el control electoral en el país a manera de una confederación de pequeños partidos y movimientos que no necesariamente garantizan que los elegidos actúen en bancada o acorde a unos reglamentos internos; simplemente, se establece una fachada de agregación. El mismo autor afirma:

“en cuanto al futuro, puesto que el individualismo está tan arraigado en los colombianos, se conjetura que, por más reformas electorales que se intente, más allá de las etiquetas de apariencia, no se lograrán construir dos o más partidos grandes y duraderos, al menos en el corto y mediano plazo”⁷⁹.

La figura plebiscitaria desde el espectro de la opinión pública⁸⁰ para las transformaciones de las instituciones y el proyecto prospectivo hasta el 2019⁸¹, tejen la virtualidad de un control territorial bajo la imagen de la regeneración del proyecto nacional⁸². La recuperación del espíritu nacional heredado del modelo Neo-Granadino⁸³, la recurrencia a íconos históricos de carácter fundacional, y las prácticas de una política de seguridad como mecanismo de cohesión, se fusionan a mecanismos cada vez más técnicos de intervención en los que la pluralidad o el reconocimiento de las diversidades culturales, los relatos históricos desde otras comprensiones de la nacionalidad homogenizan las percepciones sobre el Estado bajo la reinvención de una imagen mesiánica reclamada como única salida a la crisis política. Las instituciones, deben entonces, reordenarse bajo la virtualidad de la unidad nacional y transformarse a partir de las necesidades de un nuevo presidencialismo que resquebraja la separación de los poderes y con ello reconfigura, por vía de reformas, un sistema político de características pretorianas⁸⁴.

La imagen que proyecta esta nueva forma de Neopresidencialismo, mediatizado, es de características informativo-preventivas. Ésta medida que puede parecer democrática en exceso bajo la presencia regional del poder presidencial que interviene y responde por espacios cada vez más singulares de la vida de los individuos intervenidos, no deja sospechas de su efectividad por tres razones: la primera por el tipo de visibilidad del fenómeno que pretende, la segunda, debido a la invisibilidad de los intervenidos y la tercera, por la no-visibilidad de ésta por los afectados.

Una primera idea del poder en este nuevo diagrama reside en la posibilidad de un Estado Omnisciente y Omnipresente que no ha podido controlar los problemas de orden económico y social que lo obligan a una construcción o idea clara de centrar el poder por uso de la fuerza. Dicho de otro modo, un Estado que no puede asegurar el cumplimiento de sus funciones sino a través de dotarse a sí mismo de un mecanismo plebiscitario potente, omnipresente, por encima de las leyes y fuera del derecho que hace reinar el terror al lado de sí, por medio de un sistema de mallas regionales como reproducción de sí mismo⁸⁵ a través de cuatro procedimientos particulares:

• En primer lugar el marcaje de zonas vulnerables⁸⁶, el cual, tiene un doble resorte, por una parte zonas vulnerables en cuanto a definiciones de poblaciones, y en segundo lugar, en la determinación de zonas geográficas en las que se realizan abusos del poder o se desarrollan violencias dignas de reprimir y mantener control. En ambas, el Estado no quiere que suceda absolutamente nada. Los comportamientos se sitúan en un manto de peligrosidad en cuanto a su zona, siendo estas mismas de extrema vulnerabilidad⁸⁷.

• El segundo aspecto es una aparente tolerancia con las violencias⁸⁸. Los mecanismos son bastante torpes con el fin de mantener un poco más la delincuencia, de forma tal que la misma delincuencia se convierta en mecanismo regulador del poder estatal, es decir, que haga lo que legalmente le llega a ser imposible por su propia juridicidad; de esta manera, la estrategia de la tolerancia permite que la presencia de los grupos al margen de la ley y su mismo resorte criminal, regule y justifique el mantenimiento de las zonas de vulnerabilidad⁸⁹.

• La constitución de un consenso que pasa por un sistema de controles, coerciones e incitaciones que se realizan a través de los medios masivos de comunicación, de tal manera que el poder no tenga que intervenir por sí mismo para no pagar el costo de la impopularidad del ejercicio del poder. Este tipo de acción del consenso va a generar un tipo de regulación espontánea que va a hacer que el orden social se autoengendre, se perpetúe, se controle a través de sus propios agentes; de tal manera que el poder ante una situación regularizada por sí misma, tendrá la posibilidad de intervenir lo menos posible y de la forma más discreta, incumbiendo a sus propios interlocutores económicos y sociales a resolver los conflictos y las contradicciones, las hostilidades y las luchas, que la situación económica o social provoque bajo la aparición de un Estado que aparecerá desentendido pero condescendiente.

En síntesis, podría decirse que las características de este nuevo regeneracionismo se identifican y retornan a una figura mediática que no se ha separado del emplazamiento hacendatario, lo que instaurado en las formas de autoridad hacendatarias, se transforman en unidades bonapartistas que, mediatizadas, garantizan la virtualidad de que existe un proyecto nacional y que éste va por un camino cierto y seguro. En últimas, la unificación aparente de la fragmentación regional se da en las características psicológicas y personales de la figura del líder, en él se resume el proyecto y se condensan los contenidos difusos, y su capacidad moral, encarna un nuevo rostro de lo político como modelo pseudonarciso en el que lo público se encuentra contenido plebiscitariamente.

Conclusiones

Las imágenes del territorio aparecen como un espacio inexplotado y lleno de riquezas que actualice productivamente las prácticas de las colonizaciones fallidas, una población transitoria que se reacomode por la migración en las territorialidades urbanas y la seguridad como posibilidad de que lo anterior se otorgue en plano de estabilidad y pacificación de la sociedad. Adicionalmente, la renuncia a una mirada crítica del problema rural y de la distribución de la propiedad agrícola, plantean que la fragmentación y el control poblacional por poderes locales ilegales retornan en formas más tecnificadas a las crisis políticas del siglo XIX, sosteniendo unas autonomías regionales por el uso de la fuerza y manteniendo la fragmentación bajo el manto de un proyecto de regeneración nacional.

Las posibles salidas para el reconocimiento como mecanismo inclusivo, la ampliación de las esferas de la vida y las múltiples variables que permitirían mecanismos complejos de cooperación que viabilicen modelos de descentralización como medios complejos de reconocimiento e inclusión, se hacen cada vez más difusos debido a las prácticas microfísicas del control poblacional por poderes personalistas de tipo regional.

En síntesis, esta construcción neopopular del presidencialismo, lentamente transforma la arquitectura del Estado en procura de instituciones de corte personalista que, mezclados con discursos sobre gerencia y administración pública para la gestión, quiebran los procesos de construcción local y centran la política en el modelo de la sociedad espectáculo y su inmediatismo informativo, que retorna con nuevos elementos a las crisis fallidas o nunca resueltas de la conformación del Estado político en Colombia.

¹ Schmitt, C. (1991), El concepto de lo político, Madrid, Alianza Editorial, p. 58.

² Foucault, M. (1999), “El nacimiento de la biopolítica”, en Obras esenciales, Barcelona, Editorial Paidós, p. 211.

⁴ Foucault, M. (1999), “La gubernamentalidad”, en Obras esenciales, Barcelona, Paidós, p. 193.

⁵ Benjamín, W. (1967), “Para una crítica de la violencia”, en Ensayos escogidos, SUR, Buenos Aires, p. 110.

⁶ Foucault, M. (2004), Securité, Population et Territoire, Paris, Gallimard, p. 175.

⁷ Foucault, M. (1996), Tecnologías del yo, Barcelona, Paidós, p. 47.

⁸ Op. cit. Foucault, M. El nacimiento de la biopolítica, p. 212.

⁹ Agamben, G. (2001), Medios sin fin, Valencia, Pre-Textos, p. 17.

¹⁰ Foucault, M. (2001), Defender la sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, p.169.

¹¹ Zea, L. (1980), Pensamiento positivista latinoamericano, Caracas, Ayacucho, v. 1, pp. 117-134.

¹² Ibíd., p. 326.

¹⁴ Op. cit., Zea, L., p. 235.

¹⁵ Cabe anotar que Alberdi al referirse a Europa, no hace referencia a España. Los liberales americanos ven con desconfianza, resentimiento y aletargamiento a España; véase la argumentación del primer párrafo en el que aseguran que a la base de la sociedad no pueden estar el clero ni los sofistas. Esta referencia no es otra cosa sino la imagen de la España del siglo XIX en la que aun no se ha establecido un proceso político laico, ni mucho menos el desarrollo de las ciencias.

¹⁶ Leopoldo Zea no expone un concepto propio de positivismo, parece que el texto se adhiere al concepto del común, en el que el positivismo busca verdad científica en cuanto una reificación de las experiencias, sistematización de las mismas, determinación de los objetos, y validación de hipótesis hasta la constitución de un saber homogéneo, Zea, L. op. cit., p. XII.

¹⁷ Ibíd., p. 240.

¹⁸ Ibíd., p. XIII.

¹⁹ Ibíd., p. 242.

²⁰ Ibíd., p. 101.

²¹ Guillén Martínez, F. (1996), El poder político en Colombia, Bogotá, Planeta, p. 235.

²² Op. cit., Schmitt, p. 62: “enemigo es sólo un conjunto de hombres que siquiera eventualmente, esto es, de acuerdo con una posibilidad real, se opone combativamente a otro conjunto análogo. Sólo es enemigo el enemigo público, pues todo cuanto hace referencia a un conjunto tal de personas, o en términos más precisos a un pueblo entero, adquiere eo ipso carácter público”.

²⁴ Arciniegas G. (1990), América, tierra firme y otros ensayos, Caracas, Ayacucho, p. 99.

²⁵ Op. cit., Agamben G., p. 39.

²⁶ Valga referir la defensa de Mutis ante la inquisición en la que defiende la enseñanza del modelo copernicano por disposición y autoridad de Carlos III.

²⁷ Lynch, J. (1987), Hispanoamérica 1750-1850: ensayos sobre sociedad y el Estado, Bogotá, Universidad Nacional, p. 35.

²⁸ El discurso de un individuo autónomo que se establecía en la sociedad por medio de la propiedad de tierras y la alfabetización, dejó al desnudo las prácticas que no fungieron como instrumentalización de una condición ideológica, sino como un conjunto de prácticas de orden territorial.

²⁹ Zamabrano F. y Olivier B. (1993), Ciudad y territorio, el proceso de poblamiento en Colombia, Academia de Historia, Bogotá, p. 71.

³⁰ Existen bastantes evidencias históricas que muestran como una forma de penalización usada en el siglo XIX fue el envío a manera de “destierro” para la fundación de pueblos como mecanismo reformador de la sociedad, que se reconduce en siglo XX bajo los discursos de la fundación de Caquetanía y otros proyectos penitenciarios de colonización. De esta manera, la expansión de la estructura de la cárcel se extiende a todas las esferas de la sociedad, como una tecnología para el poblamiento de territorios de frontera.

³¹ Anótese la influencia de Santo Tomás en el que, al hablar de los sistemas de gobierno, considera que la patología será la democracia por cuanto cada hombre se sentirá su propio rey y, la policía habrá de ser la forma de un gobierno de multitud, que si no es tan excelente como la monarquía, al menos garantiza el orden de naturaleza. De Aquino, T. (1989), La monarquía, Madrid, Tecnos, p. 23.

³² Op. cit., Foucault, M., Naissance de la Biopolitique, p. 362.

³⁴ Op. cit., Zamabrano F. y Olivier B., p. 77.

³⁵ De Caldas, F.J. (1942), “Del influjo del clima sobre los seres organizados”, en: Semanario del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1808, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, pp. 145-146.

³⁶ Restrepo, Piedrahíta, C. (2004), Constituciones políticas nacionales de Colombia, 3ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

³⁷ El nacimiento de las casas correccionales por dispositivo de Santander, la implementación de los discursos de Bentham sobre la rehabilitación moral, el nacimiento de los sanatorios mentales, etc. Sin embargo, dichas construcciones no son administradas por el Estado, sino que se preservan unas prácticas más parciales y reticulares del poder social: Las órdenes religiosas, ahora proclives a la visión de una sociedad pacificada y republicana.

³⁸ Sánchez Moncada M. (1998), La prostitución en Bogotá 1880-1920, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, v. 25, p. 149.

³⁹ Camacho Roldán, S. (1983), Notas de viaje. Colombia y Estados Unidos de América, Bogotá, Banco de la República, p. 243.

⁴⁰ Ibíd., 253.

⁴¹ Arciniegas, G. (1990), América, tierra firme y otros ensayos, Caracas, Ayacucho, p. 102.

⁴² Ibíd., p. 132.

⁴⁴ Ibíd., p. 72.

⁴⁵ Fajardo, D. (1986), Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Bogotá, p. 39.

⁴⁶ Kalmanovitz, Salomón, et al (1980), Colombia hoy, Bogotá, Siglo Veintiuno Editores, p. 65.

⁴⁷ Op. cit., Fajardo, p. 71.

⁴⁸ Ibíd., p. 73.

⁴⁹ Op. cit., Kalmanovitz., p. 95.

⁵⁰ Tirado Mejía, A. (1986), El pensamiento de Alfonso López Pumarejo, 1ª ed., Bogotá, Banco Popular, p. 98.

⁵¹ Ibíd., pp. 132-133.

⁵² Negri, T. (2003), La forma Estado, Madrid, Akal, p. 237.

⁵⁴ Ibíd., pp. 51-52.

⁵⁵ Op. cit. Tirado Mejía, A., p. 141. “Un partido liberal no puede rechazar en su organización colectiva ninguna agrupación de ideas de izquierda, que por acciones de la vida política pueda ser una afortunada combinación de éxito para su ideología”.

⁵⁶ Ibíd., 143.

⁵⁷ Debe anotarse la profunda admiración de Ospina sobre los judíos y la comparación que hace de éstos con los antioqueños aunque entre unos y otros no existe relación directa. La estructura racial determina el crecimiento, redefine la incertidumbre de lo popular y establece un horizonte de progreso en sus justas bases acorde al emprendimiento del espíritu humano.

⁵⁸ Machado, A. (comp.) (1985), “El sector agropecuario en la economía colombiana”, en Estructura económica colombiana y deuda externa, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p. 98.

⁵⁹ Ospina Rodríguez, M. (1969), Escritos sobre economía y política, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p. 97.

⁶⁰ Op. cit., Pecaut, D., p. 75.

⁶¹ Op. cit., Angarita, Sarmiento, C. (2000), Estado, poder y derechos humanos en Colombia, Corporación René García, Bogotá, pp. 73-75.

⁶² Sánchez, G. (1991), Guerra y política en la sociedad colombiana, Áncora Editores, Bogotá, p. 74.

⁶⁴ Op. cit., Angarita Sarmiento, Carlos, pp. 73-75.

⁶⁵ Todas las referencias a continuación sobre legislación y paramilitarismo son tomadas de la página del P. Javier Giraldo, S.J. http://www.javiergiraldo.org/article.php3?id_article=76

⁶⁶ Ibíd.

⁶⁷ Turbay, J.C. (1983), Hechos y cifras, 1978 - 1982. Santa Fe de Bogotá, Editorial Presencia, p. 97.

⁶⁸ Machado, A. (1998), La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, Bogotá, Áncora Editores, p. 106.

⁶⁹ Ibíd., p.117.

⁷⁰ Fajardo Montaña, D. (2003), “Tierra, poder político y Reformas Agraria y Rural”, en Cuadernillos de IEAR, No. 4, Universidad Nacional de Colombia, p. 16.

⁷¹ Ibíd., p. 24 “La hipótesis es la siguiente: los sectores dominantes del país, los dueños de grandes extensiones de tierra, en su afán por garantizar la presencia de trabajadores rurales para sus propiedades (campesinos mestizos, afrodescendientes e indígenas), en un territorio de gran magnitud como el que hay en Colombia, han optado por restringir a la población el acceso a la tierra y a los mercados. A causa de dicha restricción, las áreas tradicionales de asentamientos campesinos, limitadas para expandirse según las necesidades del crecimiento de las familias, se han afectado por la microminifundización, es decir, por la subdivisión cada vez mayor de las parcelas, a lo que se suman otros efectos como la pérdida de suelos, aguas y biodiversidad, derivadas de la precariedad de las tecnologías aplicadas en esos asentamientos y la falta de producción y empleo surgida por la expansión del latifundio. Todo ello genera una gran inestabilidad en las comunidades rurales y las fuerza bien a recomponerse como campesinos en las áreas de colonización, bien a constituirse en mano de obra itinerante en mercados laborales ‘circulares’ (campo-ciudad)”.

⁷² Op. cit. Fajardo Montaña, D. Haciendas, Campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980, p. 146.

⁷⁴ Para referenciar los datos sobre desapariciones en los últimos dos años, se revisaron los archivos de los documentos de audio del grupo Nizkor de 2004. http://www.radionizkor.org/2004/trim2.html.

⁷⁵ Cortés Rueda, J.E. (2005), Aproximación metodológica al análisis del conflicto armado usando como signo de interpretación la información georreferenciada. [Tesis de maestría], [microfichas], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, maestría en Estudios Políticos.

⁷⁶ Ibíd., pp. 36-45.

⁷⁷ Ibíd., pp. 59-62.

⁷⁸ Losada, R. (2005), “Los partidos políticos tradicionales en Colombia: pasado, presente y futuro. Una perspectiva organizacional”, en: Los retos de la democracia, Foro por Colombia - IEPRI, Bogotá, p. 134.

⁷⁹ Ibíd., p. 135.

⁸⁰ Un informe hecho por latinobarómetro da cuenta de esta percepción; mientras en 1997 el 69% de los colombianos consideraban los gobiernos democráticos como los mejores posibles, para 2004 disminuyó al 46%.

⁸¹ Departamento de Planeación Nacional. (2005), Colombia 2019, propuesta para discusión, Bogotá, DNP, pp. 13-37.

⁸² Herrera, Zgaib, M.A. (2005), Seguridad y gobernabilidad democrática: neopresidencialismo y participación en Colombia, Universidad Nacional, Bogotá, p. 270.

⁸⁴ Op. cit, Herrera Zgaib M.A, pp. 283-284.

⁸⁵ Foucault M. (1991), Saber y verdad, Bogotá, Ediciones Piqueta, p. 223.

⁸⁶ Ibíd.

⁸⁷ Gobierno de la República de Colombia, Estrategia de prevención y protección, Presentación, p. 1. Véase los mecanismos de SAT. (Sistema de Alertas Tempranas).

⁸⁸ Ibíd., Promoción de la convivencia política, p. 7.

⁸⁹ Op. cit., Foucault, M., Saber y verdad, p. 224.

⁹⁰ Definición de RUPD (Sistema Único de Registro). Véase art. 4, Ley 387.

⁹¹ Op. cit., Foucault, M., Saber y verdad, p. 225.

AGAMBEN, G. (2001), “Medios sin fin”, Valencia, Editorial Pre-Textos.        [ Links ]

ALBERDI, J.B. (1986), “Obras completas, Buenos Aires”, La Tribuna Nacional.        [ Links ]

ANGARITA SARMIENTO, C. (2000), “Estado, poder y derechos humanos en Colombia”, Bogotá, Corporación René García.        [ Links ]

ARCINIEGAS G. (1990), “América, tierra firme y otros ensayos”, Caracas, Biblioteca Ayacucho.        [ Links ]

BENJAMÍN, W. (1967), Para una crítica de la violencia, en: Ensayos escogidos, Buenos Aires, Editorial SUR.        [ Links ]

CAMACHO ROLDÁN, S. (1983), Notas de viaje. Colombia y Estados Unidos de América, Bogotá, Banco de la República, Bogotá.        [ Links ]

CORTÉS RUEDA, J.E. (2005), Aproximación metodológica al análisis del conflicto armado usando como signo de interpretación la información georreferenciada. [Tesis de maestría], [microfichas], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, maestría en Estudios Políticos.        [ Links ]

DE CALDAS, F.J. (1942), “Del influjo del clima sobre los seres organizados”, en Semanario del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1808, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana.        [ Links ]

Departamento de Planeación Nacional (2005), “Colombia 2019, propuesta para discusión”, Bogotá.        [ Links ]

FAJARDO, D. (1986), “Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980”, Bogotá, Centro de Investigaciones para el Desarrollo.        [ Links ]

FAJARDO, D. (1996, octubre), El Bien Germina Ya, en revista Alternativa: Sentir, Pensar, Actuar, Bogotá, No. 3, pp. 25-26.        [ Links ]

FAJARDO, D. (2003), “Tierra, poder político y Reformas Agraria y Rural”, Cuadernillos de IEAR., No 4., Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.        [ Links ]

FOUCAULT, M. (1991), “Saber y verdad”, Bogotá, Ediciones Piqueta.        [ Links ]

FOUCAULT, M. (1996), “Tecnologías del yo”, Barcelona, Paidós.        [ Links ]

FOUCAULT, M. (1999), “El nacimiento de la biopolítica”, en Obras esenciales, Barcelona, Editorial Paidós.        [ Links ]

FOUCAULT, M. (1999), “La gubernamentalidad”, en Obras esenciales, Barcelona, Paidós.        [ Links ]

FOUCAULT, M. (2001), “Defender la sociedad”, Fondo de Cultura Económica, México.        [ Links ]

FOUCAULT, M. (2004), “Naissance de la Biopolitique”, Paris, Gallimard.        [ Links ]

FOUCAULT, M. (2004), “Securité, Population et Territoire”, Paris, Gallimard.        [ Links ]

GIRALDO, S.J., JAVIER, http://www.javiergiraldo.org/article.php3?id_article=76        [ Links ]

GUILLÉN MARTÍNEZ, F. (1996), “El poder político en Colombia”, Santa Fe de Bogotá, Planeta.        [ Links ]

HERRERA, ZGAIB, M.A. (2005), “Seguridad y gobernabilidad democrática: neopresidencialismo y participación en Colombia”, Bogotá, Universidad Nacional.        [ Links ]

KALMANOVITZ, SALOMÓN (1980), en “Colombia hoy”, con otros autores, Bogotá., Siglo Veintiuno Editores.        [ Links ]

LOSADA, R. (2005), “Los partidos políticos tradicionales en Colombia: pasado, presente y futuro. Una perspectiva organizacional”, en Los retos de la democracia, Foro por Colombia - IEPRI, Bogotá.        [ Links ]

LYNCH, J. (1987), “Hispanoamérica 1750-1850: ensayos sobre sociedad y el Estado”, Bogotá, Universidad Nacional.        [ Links ]

MACHADO, A. (1998), “La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio”, Bogotá, Áncora Editores.        [ Links ]

MACHADO, A. (comp.). (1985), “El sector agropecuario en la economía colombiana”, Estructura económica colombiana y deuda externa, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.        [ Links ]

NEGRI, T. (2003), “La forma Estado”, Madrid, Editorial Akal.        [ Links ]

OSPINA RODRÍGUEZ, M. (1969), “Escritos sobre economía y política”, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.        [ Links ]

PALACIOS ROZO, M.A, y ROBINSON SAFFORD, F. (2002), Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Su historia, Bogotá, Norma.        [ Links ]

PECAUT, D. (1987), “Orden y violencia: Colombia 1930- 1953”, 1ª ed., Bogotá: CEREC, Siglo Veintiuno.        [ Links ]

POLANYI, M. (1951), “The Logic of Liberty: Reflections and rejoinders”, Chicago, University Press.        [ Links ]

Presidencia de la República (2005), “Del escritorio del Presidente, Álvaro Uribe Vélez”, Bogotá.        [ Links ]

Red de Solidaridad Social (1997), “Estrategias de coordinación interinstitucional y participación social”, Presidencia de la República, Bogotá.        [ Links ]

RESTREPO, PIEDRAHÍTA, C. (2004), “Constituciones políticas nacionales de Colombia”, 3ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia.        [ Links ]

SÁNCHEZ MONCADA, M. (1998), “La prostitución en Bogotá 1880-1920”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 25, Bogotá.        [ Links ]

SÁNCHEZ, G. (1991), “Guerra y política en la sociedad colombiana”, Bogotá, Áncora Editores.        [ Links ]

SÁNCHEZ, R. (2004), “Alcances y límites del concepto biopolítica en Michel Foucault “(configuración de un nodo de análisis sobre nuestras racionalidades políticas), Educación Continua, Pontificia Universidad Javeriana [inédito].        [ Links ]

SCHMITT, C. (1991), “El concepto de lo político”, Madrid, Alianza Editorial.        [ Links ]

TIRADO MEJÍA, A (1986), “El pensamiento de Alfonso López Pumarejo”, 1ª ed., Bogotá, Banco Popular.        [ Links ]

TURBAY, J.C. (1983), “Hechos y cifras, 1978 - 1982”, Bogotá, Editorial Presencia.        [ Links ]

ZAMABRANO F, y OLIVIER B. (1993), “Ciudad y territorio, el proceso de poblamiento en Colombia”. Academia de Historia, Bogotá.        [ Links ]

ZEA, L. (1980), “Pensamiento positivista latinoamericano”, Caracas, Editorial Ayacucho.        [ Links ] ]]> 2001 1986 2000 1990 1967 1983 2005 1942 Departamento de Planeación Nacional 2005 1986 1996 , oc 3 3 25-26 2003 4 4 1991 1996 1999 1999 2001 2004 2004 1996 2005 1980 2005 1987 1998 1985 2003 1969 2002 1987 1 1951 Presidencia de la República 2005 Red de Solidaridad Social 1997 2004 3 1998 25 1991 2004 1991 1986 1 1983 1993 1980