Ineficacia crónica del derecho andino: uno de los factores importantes para el ocaso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)^*

Chronic Inefficacy of the Andean Law: One of the Important Factors for the Decline of the Andean Community of Nations- CAN-

Mario Andrés Arroyave-Quintero**

** Abogado, docente de la Universidad Santiago de Cali en el área de derecho internacional público y relaciones internacionales. Actualmente realiza estudios de maestría en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es miembro del grupo de investigación en Ciencias Políticas, Derecho y Relaciones Internacionales (Gicpoderi), Categoría “A” de Colciencias. Correo electrónico: marioaaq@gmail.com

Recibido: 16/01/08 Aprobado evaluador interno: 03/03/08 Aprobado evaluador externo: 31/03/08

Resumen

Palabras clave autor eficacia del derecho, intergubernamentalismo, derecho andino, supranacionalidad, intergubernamentalismo institucional, proceso de integración, mercado común.

Palabras clave o descriptores Integración económica internacional, Tratados comerciales, Regulación del comercio exterior, Derecho comercial internacional

Abstract

Andean integration is characterized by the absence of a political will on the part of member countries to abide by what has been consented upon, which precludes the fulfillment of the objectives and goals set in the Cartagena Agreement. Political discord among governments, as well as constant breaches, weaken the institutions and the Community Law that sustain integration. This article approaches the juridical problems of the process of integration arising from the states’ policy to give primacy to the position of governments instead of contributing to the development and consolidation of a supranational organization capable of stabilizing the region and bringing closer the possibility of establishing a Common Market in which full respect for and the efficacy of Community law prevail.

Keys Word author Efficacy of the Law, intergovernmentalism, Andean Law, supranationality, institutional intergovernmentalism, process of integration, Common Market.

Key words plus International economic integration, Commercial treaties, Foreign trade regulation, International trade law

Lista de siglas

CAN, Comunidad Andina de Naciones.

FMI, Fondo Monetario Internacional.

MCA, Mercado Común Andino.

DA, Derecho andino.

TLC, Tratado de Libre Comercio.

ZLC, Zona de libre comercio.

Introducción

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) debe contribuir al desarrollo de los países andinos, siendo foro para el diálogo político, la cooperación y la búsqueda de soluciones conjuntas a las diferentes problemáticas que comparte la región. La CAN podría proporcionar a la región una mejor inserción en la globalización, asumiendo una posición unánime frente a la comunidad internacional en múltiples asuntos de nuestro interés. La integración andina debería ser viable y posible debido a que los países miembros comparten aspectos culturales, sociales, históricos, idiomáticos, económicos, políticos, etc. Sin embargo, el proceso ha sido obstruido reiteradamente por los incumplimientos de los gobiernos, ya que prima el interés nacional antes que el colectivo o comunitario. El proceso siempre ha sido obstaculizado por los constantes incumplimientos de los pactos y de las normas comunitarias por parte de los Estados miembros; por eso hoy, después de 38 años de firmado el Acuerdo de Cartagena, se ha conseguido establecer apenas una unión aduanera imperfecta y las posibilidades de conseguir un mercado común son cada vez más distantes.

El presente artículo tiene dos objetivos: realizar una aproximación a los problemas de eficacia del derecho andino que impiden establecer el mercado común y aportar al entendimiento de dichas problemáticas, en procura de encontrar alternativas que posibiliten superar la ineficacia crónica del derecho y avanzar en el proceso. Si los problemas de eficacia de la norma no son superados, se tendrán que replantear los propósitos y objetivos de la integración pues la comunidad quedará atascada y poco operante. El trabajo también toma nota de las relaciones que sostienen los gobiernos andinos, los problemas políticos derivados de sus diversas posiciones y diferentes ideologías, los cuales afectan los compromisos en el marco de la integración. En la región tenemos gobiernos de izquierda como Ecuador, Bolivia y, principalmente, Venezuela quien denunció el Acuerdo de Cartagena por su malestar con Colombia y Perú por la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El trabajo se divide en tres partes. En la primera se estudian los aspectos teóricos de la integración; en segundo lugar, se observa el estado de la zona de libre comercio, el arancel externo común y los posibles efectos del TLC Colombia-Perú-Estados Unidos en la estructura y normatividad andina. También se observan las pocas posibilidades de que en los años venideros se logre establecer un mercado común andino, entre otras cosas porque los países con sus acciones han demostrado su voluntad de sólo establecer una zona de libre comercio. En tercer lugar, se analizan las posibles razones por las cuales se registran constantes incumplimientos y transgresiones del derecho comunitario por parte de los destinatarios (principalmente los gobiernos), situación que debilita la institucionalidad y perpetúa la ineficacia crónica del derecho andino.

Aspectos teóricos de la integración

Las teorías de la integración son el resultado de estudios sobre la Unión Europea y en menor medida sobre la integración latinoamericana. Las principales teorías son el federalismo, el funcionalismo y neofuncionalismo, el intergubernamentalismo (Mariscal, 2003, p. 26)¹ y el llamado institucionalismo intergubernamental. Por su parte, en América Latina se puede hablar de la escuela de la dependencia, el regionalismo abierto y, aunque no logra ser una teoría, se debe mencionar al bolivarismo,² por la capacidad que ha tenido para influenciar a la región.

El federalismo se basa en una concepción filosófica de la persona humana y de la sociedad y de su relación, la cual supera el individualismo pero no se diluye en el colectivismo. El federalismo se sustenta en una Constitución federal que reparte competencias entre las unidades y el poder federal central; su exponente más oportuno son los Estados Unidos. El federalismo se erige sobre el principio político fundamental: la relación unidad-diversidad, solidaridad-libertad, el todo y las partes. No es una dialéctica antagónica, sino complementaria (Mariscal, 2003, p. 22).

La crisis del Estado-nación le da al federalismo gran importancia. Dicha crisis, de acuerdo con Ulrick Beck, está claramente reconocida debido a la imposibilidad que tiene el Estado para controlar los procesos de la globalización (Beck, 1998, p. 64). Esta última ha impulsado y acelerado la necesidad de los procesos de integración, ya que propicia que el Estado-nación entre en crisis debido a que la dinámica imperante muestra que la esfera de poder que le pertenece se encuentra cruzada y fragmentada por fuerzas transnacionales, las cuales piden y exigen participación en la toma de decisiones de carácter político, económico, social o ambiental, con lo que se disminuye ampliamente su poder y soberanía y conlleva a que el Estado pierda protagonismo y hegemonía como actor en el orden mundial.

Los “nuevos” actores en el orden mundial, como las empresas transnacionales, desempeñan un papel importante en la toma de decisiones al interior de los Estados, así sea sólo por el hecho de que más de una tercera parte de la producción industrial del mundo es elaborada por ellas (De Sousa Santos, 1998, p. 41). Por su parte, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales (ONG’s Internacionales) de carácter global también participan del poder para tomar decisiones dentro del Estadonación (Dallanegra, s.f.); de ahí que le impongan reglas o directrices políticas, económicas, ecológicas, laborales o sociales. Claro ejemplo de ello son los planes de ajuste fiscal que ordena el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los Estados deudores para que reformen sus políticas e instituciones de acuerdo con sus criterios e intereses, “hoy el FMI típicamente aporta dinero sólo si los países emprenden políticas como recortar los déficits y aumentar los impuestos o los tipos de interés, lo que contrae la economía. Keynes se revolvería en su tumba si supiese lo que ha sucedido con su criatura” (Stiglitz, 2002, p. 37).

En mayor o menor medida, muchos investigadores consideran “que en nuestra época el Estado territorial, figura dominante de la política mundial durante cuatro siglos a partir de la finalización del feudalismo, está siendo eclipsada por actores no territoriales, como las corporaciones multinacionales, los movimientos sociales transnacionales y las organizaciones internacionales” (Keohane y Nye, 1988, p. 15).

El Estado-nación es incapaz de cumplir aisladamente sus funciones clásicas: la salvaguardia de la paz; la seguridad interior y exterior; la protección de las libertades y del bienestar de los ciudadanos (Beneyto, s.f., p. 24). Por lo tanto, los Estados nacionales necesitan agruparse mediante la creación de un nuevo tipo de organización jurídico política que les permita incrementar su capacidad negociadora para enfrentar los retos de la globalización. Es en este contexto donde surge la necesidad de la integración de los países para enfrentar, de manera, conjunta diferentes problemáticas. La integración es un fenómeno mundial que en América Latina ha tenido relativo éxito y que se sigue intentando cada día.

Por su parte, el funcionalismo en sus orígenes prescribía lo que debería hacerse para evitar las guerras y alcanzar la paz universal, lo cual se daría por medio de organizaciones internacionales que tuvieran la capacidad de drenar el poder de los Estados. La integración se concibe como un proceso de crecimiento sector por sector, mediante un desbordamiento (spillover) desde sectores técnicos exitosos a otros técnicos y políticos (Mariscal, 2003, p. 26). El neofuncionalismo tiene como meta constituir una comunidad política supranacional institucionalizada, representada por una organización que estructuralmente esté más allá de una organización internacional pero más acá de una organización federal y a cuyas instituciones centrales se les brinde lealtad.

El intergubernamentalismo tiene ciertos antecedentes y raíces en el realismo político, el cual se ajusta a la pretensión de los Estados soberanos de seguir siendo preponderantes en las relaciones internacionales. Para el realismo clásico de las relaciones internacionales, la integración no ofrecía novedad. Se reducía a lo de siempre: los actores eran los Estados, las relaciones basadas en el poder y las organizaciones internacionales dominadas por lo Estados parte (Mariscal, 2003, p. 29).

El intergubernamentalismo es la teoría que en gran medida ha sustentado la integración europea, porque desde sus inicios dicho proceso ha estado basado en negociaciones interestatales entre los Estados miembros (Moravcsik, 1991, p. 25). La Unión Europea ha logrado avanzar debido a que puede se vista como un asociación de Estados, más que como una organización supranacional subordinadora que decida de manera inconsulta los destinos de los Estados; de allí que el tratado por el cual se establecía una Constitución para Europa apuntaba hacia un mayor grado de intergubernamentalidad de la Unión Europea (Mar Campins, 2005, p. 116). Se puede afirmar que gran parte del éxito de la Unión Europea se deriva del intergubernamentalismo, porque posibilita la permanencia del Estado nacional como piedra angular de la vida política en Europa y ayuda a los gobiernos nacionales a realizar sus tareas internas y externas (Mariscal, p. 204).

La integración necesita de Estados fuertes con capacidad de liderazgo. Por lo tanto, no se trata de crear una organización supranacional que subordine a los Estados sino de una organización coordinadora jalonada por todos ellos. Es indiscutible que el Estado nación sigue siendo un punto de referencia obligatorio de los procesos internacionales (Pastrana, 2002, p. 270). Según Terz y Pastrana, los Estados al despuntar el siglo xxi son los actores más importantes de las relaciones internacionales, “a pesar de que sus competencias se hayan erosionado y hayan perdido en muchos casos eficacia y capacidad de respuesta, por las fuerzas incontroladas de los procesos de globalización, no existe todavía otra unidad política real capaz de sustituirlos” (Terz y Pastrana, 2007, p. 554).

Pese a los rasgos de intergubernamentalismo de la Unión Europea, hoy se define el proceso comunitario europeo como intergubernamental y supranacional a la vez. Esta combinación de teorías, que han sido tan distantes, ahora confluye en el denominado “institucionalismo intergubernamental”. La Unión Europea es intergubernamental porque la autoridad máxima la detentan los gobiernos (no las instituciones europeas), protagonistas en el proceso de toma de decisiones a través del Consejo Europeo de Presidentes y es supranacional, por la manera en que las decisiones se toman: en el seno de las instituciones centrales en las que prevalece la mayoría cualificada en el voto, controladas por el tribunal de justicia y amparadas por el derecho comunitario (Salomón, 2002, p. 19).

De acuerdo con Moravcsik, el Acta Única Europea, como una fase del proceso de integración que puede denominarse “institucionalismo intergubernamental”, está basada en tres principios: intergubernamentalismo, negociación con un mínimo común denominador y estrictos límites a futuras transferencias de soberanía (Moravcsik, 1991, p. 25). En el intergubernamentalismo las principales iniciativas son promovidas negociadas y transformadas en decisiones por los gobiernos en el Consejo de Ministros o en el Consejo Europeo. Las preferencias expresadas en las negociaciones intergubernamentales son el producto de políticas domesticas. El segundo principio presta atención al poder e influencia de los más importantes miembros de la Unión Europea (Francia, Alemania e Inglaterra); las negociaciones convergen sobre sus puntos mínimos comunes. El tercer principio es la protección de la soberanía: los Estados miembros en las negociaciones intergubernamentales incluyen límites explícitos sobre la transferencia de soberanía a la Unión Europea (Anderson, 1995, p. 444-445).

En lo que respecta a América Latina, según Viera, se ha dejado de lado el debate teórico de la integración y resulta importante estudiar los avances teóricos producidos en Europa para analizar o encontrar los fundamentos que soporten nuestra integración, a partir de nuestras particularidades (Viera, 2005, p. 237). La integración europea está en un proceso de constitucionalización, después de haber atravesado uno de perfeccionamiento, “a través de una docena larga de tratados de reforma” (Pérez de Nanclares, s.f., p. 46), por lo cual es un referente obligado para cualquier otro proceso de integración regional en los cinco continentes, al menos para criticarlo y rechazarlo y evitar algunos de sus errores (Sberro y Bacaria, 2002). El debate y estudio de las teorías de la integración es de gran importancia para América Latina. No obstante, debemos evitar caer en el error de adaptar o aplicar las teorías europeas de manera plana o irreflexiva, porque la integración latinoamericana difiere en gran medida de la integración europea, pues son procesos que obedecen a diferentes contextos históricos, políticos, económicos, culturales, ambientales etc., que le imprimen características específicas a cada una. La integración europea responde a desafíos específicamente europeos, de posguerra, la necesidad de reconstrucción de Europa y al contexto de la guerra fría, el cual obligó en gran medida la unión de Europa occidental (Sberro y Bacaria, 2002).

Es importante tener en cuenta, como lo hacen Casas y Correa, que las teorías de la integración han estado ligadas al proceso de integración europeo, teniendo como unidad de análisis predominante la preeminencia del Estado-nación. Las principales teorías “se ubican en el nivel prescriptito descriptivo de análisis, lo cual demuestra su limitado poder explicativo, se centran en el deber ser, sin tener en cuenta la interacción real que ocurre en la arena del proceso de integración”. A partir de lo anterior, los autores sostienen la tesis según la cual las teorías de la integración han sido limitadas para explicar la esencia política de dichos procesos, en especial el devenir de la integración latinoamericana.³

La integración en América Latina ha sido influenciada por las ideas bolivarianas, las cuales consideran la necesidad de construir una patria grande formada por todos los países latinoamericanos. No debemos olvidar que entre 1819 y 1831 existió la Gran Colombia, la cual congregaba a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. América Latina tiene una carga ideológica e integracionista común heredada de los planteamientos políticos del Libertador (Hakanson, 2007, p. 231). Bolívar expone en la Carta de Jamaica: “es una grandiosa idea pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que han de formarse” (Bolívar, 1978, p. 172). En el famoso Congreso de Panamá (1826) convocado por Bolívar, se manifestó el propósito de crear un bloque fuerte, no sólo económico sino también político. El deseo de integración en ese momento se explica por tres razones: el atractivo modelo federal de Estados Unidos, el temor a un regreso de las potencias europeas y la conciencia de un destino común (Sberro y Bacaria, 2002).

La integración latinoamericana se inicia oficialmente el 18 de febrero 1960 con el Tratado de Montevideo, el cual constituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y pretendió ir construyendo paulatinamente un mercado común que posibilitara la construcción de una gran nación latinoamericana. En sus inicios, la ALALC tuvo un sustento estructuralista elaborado en su momento por la teoría de la dependencia y por la concepción cepalina de desarrollo (Sberro y Bacaria, 2002). En los años sesenta y setenta del siglo xx, tuvo “sus propias bases teóricas y métodos políticos basados, en las conclusiones de los teóricos de la escuela de la dependencia” (Sberro y Bacaria, 2002), o sea, la integración se inició sobre la base del proteccionismo y la sustitución de exportaciones y se entendía como un instrumento de protección. Sin embargo, el sistema cepalino colapsó, lo cual se intenta explicar por el proteccionismo extremo; las asimetrías entre las partes; dificultades en la comunicación atribuidas a un relativo aislamiento territorial; inestabilidad política en la región; gobiernos autoritarios y militares; exceso de burocratismo en las instituciones comunitarias y discontinuidad en los planes nacionales de desarrollo en virtud de los cambios en las políticas macroeconómicas (Carvajal, 1993, citado en Saavedra, 1999, p. 10), a lo que debemos sumar que el modelo de sustitución de exportaciones no tuvo los resultados esperados, ya que en los años ochenta se tenía un gran déficit motivado por la escasa dinámica en el comercio exterior, como también por la crisis de la deuda externa (Saucedo, 1999, p. 45-46).

Se debe resaltar que en la integración latinoamericana no se le ha dado la importancia que tienen los Estados para construir la integración, sino que se ha querido construir una gran patria los reemplace. Tal situación de desvalorizar y subestimar el papel de los Estados en los avances del proceso, es una de las principales razones por las cuales no se ha logrado avanzar en la integración; de allí la necesidad de encontrar alternativas que la oxigenen y le den preponderancia a los Estados, para que se siga profundizando a pesar de las múltiples adversidades, el desinterés y los reiterados incumplimientos de los gobiernos, la apatía y desentendimiento de los ciudadanos. Los Estados-naciones son fundamentales para la existencia y avance de un proceso de integración, así ha sido siempre en la Unión Europea.

A. Bustamante nos dice que una de las razones que explican el limitado éxito de la CAN incluye causas internas y externas a cada país; sin embargo, poco se ha analizado la importancia del Estado como integrador no sólo nacional sino también subregional, “el Estado no es sólo es importante como garante de las condiciones para iniciar el proceso sino de su seguimiento y fortalecimiento” (Bustamante, 2001, p. 47).

Mercado común

El Acuerdo de Cartagena se firmó en 1969, pero desde entonces se ha avanzado poco en el proceso, a raíz de los constantes incumplimientos de los plazos y de las normas. En varias ocasiones el proceso ha tenido que ser relanzado y los plazos ampliados, ya que no ha habido voluntad política para avanzar. Los relanzamientos se han dado a través de protocolos como el de Quito de 1987, adoptado como una salida al estancamiento, situación que venía “no sólo de la acumulación de incumplimientos, sino en la apatía de los gobiernos y la falta de voluntad política de hacer cumplir lo pactado” (Salazar, 1988, p. 19).⁵

El mercado común engloba una zona de libre comercio, supone la existencia de una unión aduanera, requiere la liberalización de los sectores productivos, pues no se limita únicamente a las mercancías, sino que implica una liberalización efectiva tanto de éstas como de las personas, los servicios y los capitales. El mercado común necesita que no existan obstáculos a la entrada y salida de los Estados, ni de las personas que se desplacen con una finalidad económica (empresas o trabajadores), ni de las mercancías, ni de los capitales, ni de los servicios (Pastrana, 2000, p. 404-406).

En Europa fue de suma importancia establecer el mercado común, debido a que facilitó el conseguir el mercado único, el cual encuentra su materialización con el Euro, núcleo de la unión. El mercado único admite que un mayor número de empresas puedan competir entre sí, lo cual permite mejores precios para los consumidores al igual que una mayor gama de productos y servicios para escoger. Según la Comisión Europea, el mercado único ha creado 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo desde 1993 y ha generado más de 800.000 millones de euros de riqueza adicional.⁶

El mercado común debe contribuir a: i) desarrollar la región, ii) fortalecer la posición andina en el ámbito internacional, iii) garantizar parámetros comunes de negociación comercial con terceros países, iv) abrir un corredor de posibilidades, cooperación y competencia para las empresas, v) favorecer a los consumidores, quienes tendrían un mayor número de bienes y productos para escoger y con mejores precios.

El Mercado Común Andino está estancado por varias razones, entre ellas porque nunca se ha podido establecer un arancel externo común (AEC). Este propósito ha sido, es y será difícil de conseguir por lo que es muy poco probable perfeccionar la unión aduanera y por consiguiente un mercado común. Por más que se adoptan declaraciones⁷ donde se expresan las necesidades del AEC y se ponen fechas perentorias, no se logra avanzar. Es difícil y complejo que la CAN consiga, al menos en el mediano plazo, establecer un AEC, máxime ahora que Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y que Colombia y Perú negociaron un TLC con Estados Unidos, donde no quedó estipulado un AEC conjunto sino que se llegó a acuerdos por separado sobre las eliminaciones de las barrearas arancelarias. Además, el TLC regulará con normas específicas asuntos que tocan con las libertades comunitarias como son las inversiones, servicios y personas, mientras que en la Comunidad Andina, dichas libertades comunitarias son reguladas con normas marco (Arroyave, 2006, p. 16), con lo cual el cumplimiento de las metas andinas quedará obstaculizado.

Se debe resaltar que el presidente Hugo Chávez señaló que los TLC de Colombia y Perú con Estados Unidos “asesinaron a la CAN” y la convirtieron en una gran mentira, por lo cual tomó la decisión de abandonarla, “pues dichos TLC son pequeños Alquitas (ALCA) que lesionaron la CAN y pueden inundar los mercados venezolanos de productos estadounidenses fuertemente subsidiados” (Malamud, 2006, p. 5).

Por su parte el gobierno colombiano ha manifestado que el TLC es una estrategia del gobierno para insertar al país en la economía internacional, que no se detiene ahí, pues no es la única negociación que ha realizado el país, ya que se espera en el corto y mediano plazo celebrar y cerrar negociaciones con otros países como Canadá, la Unión Europea y Centro América, entre otros (Mesa de Expertos en el TLC, 2007).

Venezuela y Colombia son dos países que en la actualidad tienen percepciones y lineamientos diferentes frente a América Latina y a su inserción en el escenario internacional. Colombia privilegia las relaciones bilaterales con Estados Unidos mientras que Venezuela, en su calidad de potencia petrolera, apoya el multilateralismo y una integración regional que disminuya la presencia norteamericana en la región (Ardila, 2006, p. 73).

Parece que la CAN sólo podrá llegar hasta una zona de libre comercio, pues ha existido cierto compromiso con el programa de liberación, el cual contempla acciones dirigidas a eliminar todos los obstáculos que lo interfieran, es decir los gravámenes y las restricciones de todo orden. Es improbable, al menos por ahora, que la CAN pueda ir más allá de una ZLC, lo cual se concluye de las posiciones de los países andinos. Por ejemplo, Perú siempre ha sido reacio a ir más allá de dicho punto; Colombia a partir de la Constitución de 1991, que privilegió la apertura, no ha querido suscribir mayores acuerdos que la comprometan con más que la ZLC. Es más, el gobierno de presidente Uribe no ha impulsado la integración, incluso en el documento “Política exterior de Colombia”, la CAN no aparece entre los objetivos estratégicos y sólo aparece tangencialmente en las líneas de acción temáticas (Vela, 2007, p. 430).

Por su parte Chile también contribuye a que la CAN no avance más allá del punto señalado, pues en su adhesión a la CAN como país asociado, conforme a la Decisión 645 de 20-06-06 se hizo con zona de libre comercio profundizada, pero sin atadura del AEC (Relaciones de Colombia y la Comunidad Andina con la Unión Europea, 2006, p. 34).

Ineficacia del derecho andino

El derecho, en general, tiene varias funciones que cumplir. De acuerdo con Panos Terz entre ellas están la fijación de objetivos, la regulación, la evaluación y la coerción. Además, agrega, a propósito del derecho internacional, que también tiene una función estabilizadora y, asimismo, una función reorganizadora del orden internacional (Terz, 1999, p. 55-56).

A partir de lo anterior, podríamos decir que la función reorganizadora debería ser también una función del derecho comunitario. En ese sentido, el derecho andino debe servir para la reorganización de la región andina y por consiguiente para transformarla. El derecho de la integración, entonces, debe jugar un papel transformador de la región andina, y llevar progresivamente a los países andinos del exclusivo espacio nacional al espacio comunitario andino.

El derecho andino es de naturaleza supranacional y comunitario, ya que se aplica en el territorio de los Estados miembros a todos sus habitantes (Decisión 500 CAN, artículo 3). Es autónomo, independiente y supranacional, debido a que las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión; además, son directamente aplicables a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que señalen una fecha posterior y, sólo cuando su texto así lo disponga requerirán su incorporación al derecho interno.⁸ La norma comunitaria ha de aplicarse con preferencia a cualquier norma interna, con independencia de su rango y de su condición anterior o posterior (Tremolada, 2006, p. 159).

El desarrollo del derecho andino depende de los avances y avatares de la Comunidad Andina y está sujeto a la evolución y cambios de los pueblos andinos. Sobre este particular, es decir, sobre el desarrollo del derecho de acuerdo con el desarrollo de la sociedad, dice M. Virally: “nadie podría impugnar que el contenido del derecho, su nivel de desarrollo técnico y la manera en que se aplica, depende directamente del que ha alcanzado la sociedad a la que ordena desde el punto de vista económico, cultural, étnico religioso etc, en pocas palabras: de todo lo que la define sociológica e históricamente” (Virally, 1998, p. 62).

el pleno funcionamiento del Mercado Común Andino requiere de actividades complementarias de cooperación e integración tales como la armonización de leyes y reglamentos de naturaleza mercantil, el establecimiento de mecanismos de cooperación judicial y policial en los campos civil y penal y el establecimiento de mecanismos para fortalecer los sistemas de control y fiscalización en todos sus campos.⁹

Los Estados andinos reconocen y aceptan la supranacionalidad del derecho comunitario y sus características de preeminencia, aplicación directa y efectos inmediatos. Sin embargo, pese a que se cuenta con un acervo jurídico y una institucionalidad, “flaquea fundamentalmente por su escasa fiscalización y casi nula actividad de fomento” (Tremolada, 2006, p. 162-163).

Nadie puede negar que la CAN haya logrado constituir un patrimonio institucional y jurídico bastante sólido. El sistema de solución de controversias funciona y en reiteradas ocasiones la Secretaria General y el Tribunal han dictaminado y fallado incumplimientos y se han impuesto sanciones (Fuentes, 2007, p. 363). Pese a esto, desde siempre el derecho andino ha tenido problemas de eficacia,¹⁰ pues no se ha cumplido como debe ser, entre otras cosas por el desconocimiento y la no aceptación de que son víctimas de sus principios básicos, por parte de las autoridades gubernamentales (Pérez, 2000, p. 35). Ya desde 1976, en la primera evaluación de la marcha del proceso, se mostraba una situación de incumplimiento generalizado de las decisiones sobre aspectos fundamentales relacionados con el funcionamiento del AEC y los programas sectoriales de desarrollo industrial, lo cual en buena medida condujo a la creación del Tribunal Andino de Justicia en 1979 (Salazar, 1988, p. 26).

Para establecer los incumplimientos del derecho andino, se debe recurrir a dos etapas, una administrativa o prejudicial, ante la Secretaría General, y otra judicial, ante el Tribunal de Justicia Andino. La Secretaría General tiene la facultad de determinar en primera instancia, a través de un proceso administrativo, cuándo un Estado ha aplicado una medida restrictiva, ha impuesto una barrera o un gravamen que obstaculice el cumplimiento del programa de liberación y que viole el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia de 1996, el cual impone la obligación a los Estados de respetar el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. El Tribunal Andino avoca conocimiento si persiste el incumplimiento a pesar de los dictámenes de la Secretaria General.

Ahora bien, se puede observar en los datos suministrados por el portal de los procedimientos y solución de controversias de la CAN, que los Estados andinos están involucrados en constantes posibles incumplimientos. Es así como entre el año 2000 y 2006, la Secretaría General conoció de 90 casos de eventuales incumplimientos del derecho andino por parte de los países miembros. De otro lado, el Tribunal de Justicia avocó el conocimiento de 40 procesos de acción de incumplimiento de los países signatarios. ¹¹ Colombia es el país más denunciado en la Secretaría General, con un total de 27 procesos, seguido de Ecuador con 19, Venezuela con 18, Perú 18 y Bolivia con 3. El Tribunal Andino, por su parte, llevó a cabo 20 acciones de incumplimiento contra Venezuela, 14 contra Ecuador, 11 contra Colombia, 6 contra Perú y 3 contra Bolivia.

En reiteradas ocasiones el derecho andino no es acatada por gobiernos, ese es el caso de las normas sobre arancel externo común que siempre son incumplidas y los plazos ampliados, lo cual significa que los mecanismos coercitivos para el cumplimiento de la norma no funcionan. El derecho andino tiene profundos problemas de eficacia, los cuales se derivan de lo anterior, por lo cual la norma no logra imponer su poder coercitivo como corresponde a la esencia de toda norma jurídica, que debe exigir procedimientos y mecanismos sancionatorios en caso de violación o incumplimiento (Uribe, 1990, p. 51-52).

Las normas andinas no parecen estar dotadas de poder imperativo y coercitivo para imponerse a sus destinatarios. En el caso de violación del derecho andino, no hay ninguna fuerza que reaccione contra el infractor. No se da la situación que explica Émile Durkheim sobre que si alguien “intenta quebrantar las reglas del derecho éstas reaccionan contra mí a fin de impedir mi acto si aún hay tiempo, o de anularlo y reestablecerlo en su forma normal si se ha realizado ya y puede ser reparado, o de hacerme expiar sus consecuencias, si no puede ser reparado de otro modo” (Durkheim, 2000, p. 57). Es claro que el derecho andino no puede imponerse: los destinatarios responden con incumplimientos en reciprocidad de los incumplimientos de los otros Estados. Es importante recalcar que la reciprocidad es el motivo sociológico más fuerte para la observación del derecho internacional, es decir, como un garante de su efectividad (Pastrana, 2005, p. 91). Sin embargo, está tan degradado el derecho andino que los Estados se acostumbraron a aplicar la reciprocidad, pero para incumplir.

Los gobiernos andinos se engañan y engañan a los ciudadanos porque de acuerdo con el proceso de formación de las normas internacionales (como es el caso del Acuerdo de Cartagena), los Estados coordinan sus intereses para lograr establecer compromisos concretos que equilibren los intereses. De acuerdo con lo anterior, el derecho andino debería ser la expresión de la coordinación y equilibrio de intereses de los países andinos, pero como es reiteradamente incumplido cabe reflexionar si acaso las normas andinas no representan o provienen del consenso y por eso no se cumplen, pues el consenso es una condición necesaria para el cumplimiento del derecho internacional (Pastrana, 2005, p. 77).

Cabe preguntarse ¿a qué se debe el incumplimiento de las normas y de los fallos? ¿Por qué es ineficaz el derecho andino? Las posibles respuestas a los anteriores interrogantes no son fáciles. El sociólogo del derecho Ramón Soriano, en su obra La sociología del derecho (1997), expone que los problemas de eficacia del derecho, en general, provienen de causas sociológicas, por lo cual se deben desarrollar estrategias, llamadas por el autor “factores de eficacia jurídica de carácter general” —la sociabilidad, el conocimiento del derecho, la aceptación del derecho (factor más importante para la eficacia), la participación del sujeto y las actitudes psicológicas del sujeto. No obstante, los problemas de eficacia de la norma andina se deben principalmente a asuntos políticos y económicos, y no a meras causas sociológicas. Nótese que en la sociología de Soriano el destinatario de la norma es principalmente el sujeto ser humano, mientras que en el marco de la integración andina el principal sujeto es el Estado (sin que esto quiera decir que el individuo no sea destinatario y no se vea afectado por la norma andina); por lo tanto, se puede plantear que son las conductas de los Estados las que en primera medida deben de corregirse.

Los problemas de eficacia del derecho andino imposibilitan que los países andinos tengan para sí un corredor ampliado y seguro jurídicamente. La eficacia del derecho comunitario depende en gran medida de la acción normativa, administrativa y judicial de los Estados miembros (Isaac, 1993, p. 229). Sin embargo, los problemas para la eficacia del derecho andino no paran en los reiterados incumplimientos de los gobiernos sino que además, ante la firma del TLC, se verá afectado el proceso andino y su normatividad será contradicha. Esto sucederá en varias áreas de la integración como por ejemplo en materia de propiedad intelectual, principalmente en lo relativo a las biopatentes, ya que la Decisión 486 niega la posibilidad de patentar plantas y animales, pero el TLC lo va a permitir. Previendo estos problemas, es decir, las posibles transgresiones de la normatividad andina, el Consejo de Ministros adoptó la Decisión CAN-598, la cual tiene por objeto preservar el ordenamiento jurídico de la CAN a pesar de que los países miembros celebren tratados de manera individual, pero esto no es fácil de conseguir pues no pueden existir varios ordenamientos jurídicos para regular una misma materia entre unos mismos actores.

Las declaraciones presidenciales son instrumentos muy significativos de cara al fortalecimiento de la integración. Se espera que la voluntad política expresada en ella se convierta en hechos reales que fortalezcan la aplicación y el cumplimiento del derecho andino, lo cual es muy necesario para brindarle solidez y seguridad jurídica a la región. La integración sólo se podrá profundizar a partir del respeto y firmeza de la norma comunitaria. En Europa, por ejemplo, el derecho comunitario constituye un pilar esencial para el desarrollo de la integración y el cumplimiento de los objetivos políticos económicos y sociales establecidos (Pastrana, 2000, p. 455).

La historia del proceso de integración muestra las buenas intenciones de los presidentes de turno de los países miembros de apoyar los avances del proceso y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. A pesar de las buenas intenciones, los países actúan como rivales por el poder político, por lo que no se subordinan a la CAN sino que imponen su soberanía a los vecinos. Los gobiernos llamados “hermanos” desconfían entre sí y ejercen su soberanía casi con pretensiones absolutas. Tal vez se quiera imponer la soberanía al otro porque los andinos se encuentran más o menos en el mismo rango de poder político. Sin embargo, esta situación conspira contra la integración pues un ejercicio excesivo de la soberanía genera irrespeto por el derecho internacional, por lo cual en la CAN podría darse lo que Michael Virally expresa al referirse a la eficacia del derecho internacional “Aún si no es la negación del derecho internacional, la soberanía actúa en su contra.

Ella hace del interés nacional y de la razón de Estado la ley suprema de los gobiernos. Por tanto, el respeto manifestado hacía el derecho es puramente formal cuando no es una simple actitud demagógica” (Virally, 1998, p. 16).

Olvidan los Estados andinos que la soberanía jamás ha implicado que estén aislados de los efectos ejercidos por las acciones de otros Estados; por ello, al reforzar su soberanía, los gobiernos andinos conspiran en contra del Acuerdo de Cartagena y permiten acoger la tesis de Waltz acerca de que ningún Estado “pretende participar en la formación de una estructura por medio de la cual tanto él como otros se verán limitados” (Waltz, 1988, p. 136).

Conclusiones

El establecimiento del Mercado Común Andino está más distante que nunca. Las prórrogas en los plazos para adoptar un Arancel Externo Común Son innumerables, por lo cual es ilusorio pensar que en los próximos años la Comunidad Andina logre convertirse en un Mercado Común. La crisis de la Comunidad no es pasajera, pues ya son varios los años que han pasado mientras se postergan los compromisos; por ejemplo, en el caso de la unión aduanera y en la promesa de avances que no se observan factibles, como es el caso del Mercado Común (Arellano, 2004, p. 5). Para crear un mercado común se requiere profundizar aspectos supranacionales de la Comunidad y el respaldo de los gobiernos a la institucionalidad de la CAN (Sistema Andino de Integración), en especial para la Secretaría General, órgano central en las aspiraciones del proceso por su carácter ejecutivo y garante del cumplimiento de la norma andina; para el Tribunal, a quien le corresponde la interpretación del ordenamiento jurídico comunitario y garantizar la seguridad jurídica al interior y al exterior del proceso comunitario; y también, para el Parlamento Andino, pues a este órgano se le deben dar mayores atribuciones políticas y legislativas, las cuales permitan comprometer a los congresos nacionales con el proceso. Esto, por demás, ayudaría a la legitimidad de la norma andina y posibilitaría “sacar” el proyecto comunitario del “monopolio” de los gobiernos.

Los avances de la integración andina dependen de la voluntad política de los países miembros para que se cumplan los acuerdos, obligaciones y compromisos políticos y legislativos que surgen en el marco del proceso. Se requiere que los Estados le den un mayor respaldo a la organización internacional y respeten su institucionalidad, es decir, la supranacionalidad. Sin embargo, no es fácil que los gobiernos respalden los aspectos supranacionales, pues esto implica la cesión de soberanía, lo cual no va a pasar en los próximos años por la supremacía de los gobiernos sobre la CAN. Los Estados andinos se están reafirmando como unidades autónomas y por ello hay preponderancia de los Estados sobre la institucionalidad. La CAN tiene rasgos de intergubernamentalismo. Es claro que estamos demasiado lejos de una federación en América Latina a pesar de las primeras pinceladas de la Unión Suramericana de Naciones.

La región andina debe olvidarse, al menos por ahora, de constituir una organización que asuma las funciones del Estado y que subordine a los ciudadanos, pues está claro que el Estado tiene supremacía. Ante tal situación, la Comunidad Andina debe perfilarse como una organización intergubernamental, ya que esto lo dice la tozuda realidad que muestra como los Estados andinos se vienen reafirmando como unidades autónomas preponderantes, que están muy por encima de la organización. Esta situación no es exclusiva de la integración latinoamericana, sino que también se puede advertir en la Unión Europea donde actualmente es fundamental la existencia de los Estados para impulsar la integración. Hoy en día los europeos discuten el reparto de competencias entre la Unión Europea y sus miembros; es decir, que a pesar de haber una organización muy fuerte, los Estados-nación son los pilares esenciales de su existencia.

^* Artículo de reflexión que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa y crítica de las problemáticas jurídicas del proceso de integración andino. Asimismo, se cuestionan los fundamentos, la forma como se entiende y se gestiona la integración. El trabajo recurre a fuentes primarias y secundarias, las primeras están representadas en las diferentes normas, declaraciones y tratados; las segundas en la bibliografía que se ha citado. El artículo fue elaborado en el grupo de investigación en Ciencias Políticas, Derecho y Relaciones Internacionales (Gicpoderi) y aborda las problemáticas que plantea la línea de investigación: “Redefinición de la estructura y funciones del Estado Nación en el contexto de la globalización”.

¹ El autor identifica otras teorías como son el transacionalismo, la flexivilidad, gobernanza, multinivel y la teoría de la fusión.

² El bolivarismo es una ideología con diversos matices y expresiones históricas mas no una teoría.

³ Los autores recurren a los enfoques de la teoría de la acción colectiva, la teoría del diseño institucional y la teoría del equilibrio de la organización en procura de proporcionar “explicaciones pertinentes y útiles” (Casas y Correa, 2007 p. 592 y ss.).

⁴ El autor expone: “Las concepciones defensivas, dirigistas y autárticas que caracterizaron a los primeros modelos de integración de la región pertenecen al pasado (…) hoy tienden a ser vistos como un elemento más bien ofensivo y flexible que contribuye a mejorar la inserción internacional de América Latina.”

⁵ Otros protocolos importantes han sido el Protocolo de Trujillo, de Sucre y de Cochabamba, todos de 1996. Con el Protocolo de Trujillo se modificó la estructura supranacional de la CAN y se creó el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. La Junta pasa a ser la Secretaría General de la Comunidad Andina. El Protocolo de Sucre incorporó tres nuevos capítulos al Acuerdo de Cartagena: relaciones externas, comercio de servicios y miembros asociados. El Protocolo de Cochabamba puso a tono el Tribunal de Justicia Andino y amplió las competencias del tribunal acorde con las modificaciones del Acuerdo de Cartagena y con la aparición del Sistema Andino de integración y sus nuevos órganos. El Protocolo entró en vigor en 1999.

⁶ Ver: “El núcleo de la Unión”, en http://www.europa.ue.int/pol/singl/overview_es.htm ⁷ Cfr.: Declaración de Quirama (28 de julio de 2006), Declaración del Consejo Presidencial Andino, con ocasión de la II Cumbre Sudamericana, (26 de julio de 2002), en la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, enero de 2003.

⁸ Las características del derecho andino son: obligatoriedad, supranacionalidad, autonomía, aplicabilidad directa, primacía y aplicabilidad preferente. Para ampliar, ver: M. Arroyave (2004, p. 85 y ss.).

¹⁰ Los problemas de eficacia de una norma, nos dice el profesor Bobbio son, básicamente, “si la norma es o no cumplida por las personas a quien se dirige (los llamados destinatarios de la norma jurídica) y, en el caso de ser violada, que se la haga valer con medios coercitivos por la autoridad que la haya impuesto” (N. Bobbio, 2002, p. 22).

¹¹ Información disponible en el portal de Solución de Controversia, período registrado 2000 y 2006 (http://www.comunidadandina.org/canprocedimientosinternet/procedimientos.aspx).

¹² Cfr. 1. Palabras del presidente de la República de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, en la ceremonia de instalación del XIV Consejo Presidencial Andino Quirama, 27 de junio de 2003, 2. La Declaración de Quirama, 3. Diálogo presidencial sobre el futuro del proceso andino de integración y su proyección en Sudamérica, julio de 2004.

Referencias bibliográficas

Anderson , J. (1995). The State of the (European) Union, from the single Market to Maastricht, from Singular Events to General Theories. World Politic, 47, 3, 441-465.        [ Links ]

Ardila , M. (2006). Colombia y Venezuela: entre lo estructural y lo coyuntural. Revista Oasis, 11, 73-83.        [ Links ]

Arelano , F. (2004). Comunidad Andina: de la zona de libre comercio a la unión aduanera. Los nuevos temas. Aldea Mundo, 8, 16, 5-15.        [ Links ]

Arroyave , M. (2004). El derecho andino: un instrumento necesario para el establecimiento del mercado común. Aluna Revista de Investigaciones, 85-110.        [ Links ]

Arroyave , M. (2006). TLC y Comunidad Andina; Interacción u oposición. En Revista Jurídica: Enfoque Crítico, 9-19.        [ Links ]

Beck, U. (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización (1ra. Edición). España: Paidós.        [ Links ]

Beneyto , J. (2002). ¿Qué es una Constitución Europea? La Declaración sobre el futuro de la Unión y la creación de un orden constitucional común. En El proceso de constitucionalización en Europa.        [ Links ]

Bobio, N. (2002).Teoría general del derecho (4a. Reimpresión de la 2da. Edición). Bogotá: Temis.        [ Links ]

Bolívar, S. (1978). La Carta de Jamaica. En Obras completas, tomo I, Compilación y notas de Vicente Lecuna, Bogotá, Ediciones Tiempo.        [ Links ]

Bustamante, A. (2001). El Estado en los procesos de integración: caso Venezuela en la Comunidad Andina. En Revista Geoenseñanza. Venezuela: Universidad de los Andes, 6, 1, 45-74.        [ Links ]

Casas , A. y Correa, M. (2007). ¿Qué pasa con la Comunidad Andina de Naciones - CAN? Revista Papel Político. 12, 2, 591-632.        [ Links ]

Cárdenas, M. (2001). Impacto del ALCA en la Comunidad Andina. Recuperado de: wwwcomunidadandina.org, el 20 de agosto de 2007.        [ Links ]

Cardozo, E. (2004). Venezuela en la Comunidad Andina: retrocesos en tres escalas. Aldea Mundo, 8, 16, 29-39.        [ Links ]

Dalanegra, L. (2004). Tendencias del orden mundial: el futuro del Estado Nación. Recuperado de: http://www.geocities.com/luisdallanegra/futestna.htm        [ Links ]

De Sousa Santos, B. (1998). La globalización del derecho. Bogotá: ILSA.        [ Links ]

Durkheim, É. (2000). Las reglas del método sociológico. Madrid: Alianza.        [ Links ]

El núcleo de la Unión (s.f). Recuperado de http://www.europa.ue.int/pol/singl/overview_es.htm, en mayo de 2007.        [ Links ]

Fuentes, A. (2007). Situación actual y perspectivas de la Comunidad Andina. Revista Oasis, 12, 361-365.        [ Links ]

Hakanson , C. (2007). El ejemplo Institucional de la Unión Europea, los retos políticos institucionales en los procesos de integración. Revista Oasis, 12, 299-315.        [ Links ]

Isac, G. (1993). Manual de derecho comunitario general. Barcelona: Ariel.        [ Links ]

Ibá ñez , J. (2000). El nuevo regionalismo latinoamericano en los años noventa. Revista Electrónica de Estudios Internacionales. Recuperado de: www.reei.org/reei1/ Ibanezag.reei.PDF, en enero de 2005.        [ Links ]

Keohane, R., Nye, J. (1988). Poder e interdependencia. Buenos Aires: Grupo Editar Latinoamericano.        [ Links ]

Malamud , C. (2006). La salida venezolana de la Comunidad Andina y sus repercusiones sobre la integración regional. Primera Parte. Real Instituto Elcano ARI, 54.        [ Links ]

Mar Campins, E. (2005). La Constitución Europea: entre lo intergubernamental y lo supranacional. Barcelona: Universidad de Barcelona.        [ Links ]

Mariscal, N. (2003). Teorías políticas de la integración europea. España: Tecnos.        [ Links ]

Mesa de Expertos en el TLC. (2007). Boletín 64, abril de 2007 (en línea). Recuperado de: http://www.icpcolombia.org, en abril de 2007.        [ Links ]

Moravcsik, A. (1991). Negotiating the Single european Act: nacional Interests and Convencional Statecraft in the Europan Community. International Organization, 45, 1, 19-56.        [ Links ]

Pastrana, E. (2000). Institucionalización de las relaciones económicas internacionales. Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali.        [ Links ]

Pastrana, E. (2005). El principio de la no reciprocidad: entre el deber ser y su regulación jurídica en el marco de las relaciones económicas internacionales y de cooperación. Revista Papel Político, 17, 67-117.        [ Links ]

Pastrana , E. (2005). Extinción o reinvención del Estado-nación frente a los desafíos globales. Revista Desafíos, 12, 266-282.        [ Links ]

Pérez de Nanclares , J. (s.f.). La Constitución de la UE: reflexiones acerca del debate constitucional pendiente. Primera Parte: proceso de constitucionalización de Europa.        [ Links ]

Pérez , L. (2000). Los principios básicos del derecho comunitario en las constituciones venezolanas de 1961 y 1999. Aldea Mundo, 5, 9, 33-39.        [ Links ]

Propuestas de directrices para el proceso de conformación del Mercado Común Andino. (2000). Documento de los ministros de Relaciones Exteriores y los representantes titulares ante la Comisión, Lima 4 febrero de 2000 (en línea). Recuperado de: http://www.comunidadandina, en junio de 2002.        [ Links ]

Relaciones de Colombia y la Comunidad Andina con la Unión Europea, análisis y recomendaciones. (2006). Bogotá: Fundación Konrad Adenauer Stiftung.        [ Links ]

Saavedra , S. (1999). Procesos de integración regional en América Latina en la década de los noventa. Revista Actividad Científica Santiago de Cali, 3-18.        [ Links ]

Salazar , J. (1998). Acuerdo o desacuerdo de Cartagena, un testimonio sobre el Pacto Andino. Tercer Mundo Editores.        [ Links ]

Salom ón, M. (2002). La teoría de las relaciones internacionales en los albores del siglo xxi: diálogo, disidencia, aproximaciones (en línea). Recuperado de: http://www.reei.org        [ Links ]

Saucedo , J. (1999). Posibilidades de un Estado comunitario hispano americano (1ra. Edición). México.        [ Links ]

Soriano, R. (1997). La sociología del derecho. Barcelona: Ariel.        [ Links ]

Sbero, S, y Bacaria, J. (2002). La integración de América Latina. Entre la referencia europea y el modelo estadounidense. Revista Foreign Affairs en Español (en línea). Recuperado de:http://www.foreignaffairsesp.org/search/article.asp?i=20020501FAEnEspEssay8471.xmlnb=30        [ Links ]

Stiglitz, J. (2002). El malestar en la globalización. Bogota: Taurus.        [ Links ]

Tremolada, E. (2006). Aplicación del derecho andino en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela frente a la experiencia europea. Revista Oasis, 11, 151-165.        [ Links ]

Terz, P. (1999). Cuestiones teóricas fundamentales del proceso de formación de las normas internacionales, con especial análisis de las resoluciones de la ONU. Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali.        [ Links ]

Terz, P. y Pastrana, E. (2007). El derecho internacional al despuntar el siglo xxi, un punto de vista sociológico del derecho internacional. Ad defensionem iuris inter gentes. Revista Papel Político. 12, 2, 535-564.        [ Links ]

Uribe, F. (1990). El derecho de la integración en el Grupo Andino. Quito: Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.        [ Links ]

Van Klaveren , A. (1997). Regionalismo y multilateralismo una convergencia necesaria. El futuro del libre comercio en el continente americano. Análisis y perspectivas. En S. López Ayllón (Coord.) .Serie I: Estudios de Derecho Económico, No. 29. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.        [ Links ]

Vela, B. (2007). La encrucijada del proceso andino de integración. Revista Oasis, 12, 425-432.        [ Links ]

Viera , E. (2004). La integración de América Latina: del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 a una comunidad Latinoamericana o sudamericana en el año 2010. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.        [ Links ]

Viera, E. (2005). Evolución sobre las teorías sobre la integración en el contexto de las relaciones Internacionales. Revista Papel Político, 18, 235-290.        [ Links ]

Viraly, M. (1998). El derecho internacional de qué se trata. El devenir del derecho internacional. México: Fondo de Cultura Económica.        [ Links ]

Virally , M. (1999). El fenómeno jurídico. El devenir del derecho internacional. México: Fondo de Cultura Económica.        [ Links ]

Waltz , K. (1988). Teoría de la política internacional. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.        [ Links ]

Declaraciones y normas comunitarias

Acuerdo de Cartagena de 1969.

Decisión 500 CAN - Estatuto del Tribunal Andino de Justicia.

Declaración de Santa Cruz de la Sierra de 2002. Diálogo presidencial sobre el futuro del proceso andino de integración y su proyección en Sudamérica.

Protocolo de Cochabamba de 1997.

Protocolo de Sucre de 1996.

Protocolo de Trujillo de 1996.