Estrategias de ruptura política, absolutización del enemigo y conversión ideológica en Rafael Núñez y Álvaro Úribe^*

Strategies of Political Breakdown, Sharpening of Foe and Ideological Conversion by Rafael Núñez y Álvaro Uribe

Víctor Guerrero Apráez^**

Recibido: 24/10/10, Aprobado evaluador interno: 02/11/10, Aprobado evaluador externo: 01/02/11.

Resumen

Las estrategias puestas a punto por parte de dos gobiernos cronológicamente tan distantes como los de Uribe y Núñez encuentran sorprendentes puntos de contacto y resonancias programáticas e ideológicas en la puesta en marcha de sendos proyectos de refundación estatal que partieron en dos el antes y el después de sus respectivas épocas históricas y periodos presidenciales, aparejados a profundas transformaciones de larga duración con problemáticos efectos de exclusión política, exacerbación de la guerra y socavamiento de la democracia. Bajo las categorías de biopolítica, absolutización del enemigo y conversión política, se procede a un análisis comparativo de la Regeneración y de la Seguridad Democrática/ Estado Comunitario como enunciaciones biopolíticas, el combate contra el radicalismo liberal y la lucha militar contra las FARC, al igual que su migración ideológica desde las toldas de una agrupación política a la rival. Con ello, se arriba a dos corolarios que comparten en profundidad: la desconstitucionalización y la práctica de la guerra como régimen de gubernamentalidad.

Palabras clave autor: biopolítica, desaños políticos, gobiernos, regeneración, seguridad democrática.

Palabras clave descriptor: Ciencia política, doctrina política, política gubernamental, seguridad humana, imperio de la ley, jefe de Estado.

The strategies implemented by two presidents whose governments are so distant from a chronological point of view like those of Alvaro Uribe (2002-2010) and Rafael Núñez (1884-1894) in Colombia, show notwhistanding, amazing points of contact and programmatic also ideological rapprochements through the attempt to build up by the way of a new foundation a state organization made by each one which final result was the deep partition between the after and before of both presidential terms accompanied with radical and contested transformations. Employing classic and innovative political tools like Biopolitics (Roberto Esposito), sharpening of political rivalry (Schmitt) and Political conversion (Badiou) the focus of these analytical and comparative essay on the so called 'Regeneration' of the one side, and the Democratic Security/Communal State, of the other, both considered as biopolitical concepts, the fight against the Liberal Radicalism at the end of nineteenth century and the war against the FARC, also the ideological wandering from his ancient party to the opposite and rival political community in both cases, allow to understand two complementary tactics used by both presidents: the undermining of the Constitution and the upgrading of civil war as way of government.

Key words author: Biopolitics, Political Challenges, Governments, Regeneration, Democraticy.

Key words plus: Political science, Political doctrines, Government policy, Human security, Rule of law, Heads of state.

SICI: 0122-4409(201106)16:K103:RPAECI>2.0.TX;2-8

Introducción

Perteneciente a la vida política en la segunda mitad del siglo XIX en las filas del partido liberal, la trayectoria personal de Rafael Núñez, que lo llevaría a ejercer la presidencia del país durante más de una década y experimentar dos guerras civiles de alcance nacional, constituyó un factor decisivo en el proceso que transformaría el régimen centrífugo de poderosos Estados federados en un sistema presidencialista y férreamente centralizado, en cuya forja obtuvo su primer himno nacional y la más duradera de las constituciones iberoamericanas, dada su más que centenaria perdurabilidad. Las prorandas rupturas políticas de las que me gestor en la década de 1880 a 1890 parecen otorgarle a Núñez, sin mayores vacilaciones, el carácter del dirigente político por antonomasia, cuya irrupción marca la distinción más profunda entre el antes previo a su despliegue y el después tras de sus ejecutorias respecto de cualquier otro de sus predecesores o sucesores de aquella centuria. Las estructuras de autoridad y proceso político que defendió y puso en obra fueron aquellas bajo cuya égida transcurrió el arribo del país al siglo XX y bajo cuyos límites se debatió la vida nacional hasta la finalización de dicho siglo. Mientras que el régimen federalista al que puso fin parece hoy parte de un pasaje remoto, las fórmulas que su habilidad hizo posibles continúan siendo referentes cercanos de los cuales aún no nos hemos definitivamente desprendido. Ese efecto de sacudimiento que introdujo en la vida de la nación colombiana, en ese entonces todavía en búsqueda de su identidad, tuvo como consecuencia una de las más hondas e irreconciliables divisiones entre sus adversarios y correligionarios de su época, así como en sus apologetas y detractores del presente. Quizá ninguno de los políticos decisivos de las dos centurias pasadas haya suscitado en torno a su obra y su figura una más apasionada polarización: los denuestos y descalificaciones que le endilgaron sus competidores políticos y los términos con los que se calificó su administración mantienen intacta su capacidad de sorpresa, incluso para el lector contemporáneo, salvo las del anterior mandatario de los colombianos. Entre fulmíneas condenaciones bíblicas y sórdidas imprecaciones del más crudo materialismo esparcidas en la prensa opositora, puede apreciarse tanto la agudeza de las rivalidades a las que debió enfrentarse como, al mismo tiempo, la virulencia de las conductas y determinaciones que lo guiaron en su prolongada disputa doctrinaria y bélica con los sectores del liberalismo radical. Su incontestable ascendiente personal y la habilidad insuperable para mantener un sistema de lealtades en el marco de una extrema volatilidad política y una fragilidad institucional casi incomprensible desde los parámetros actuales le permitieron lograr la más prolongada permanencia en el poder presidencial por sí mismo o por la interpuesta figura ya del designado o ya del sucesor ungido. ¿Cómo hizo este político de provincia, quien como candidato liberal en las elecciones de 1876 fuera derrotado por sus copartidarios para proponer su proyecto de gobierno en condición de simple jefe del senado en 1878 al dar posesión al electo general Julián Trujillo tras la guerra civil que acababa de librarse, para ascender sucesivamente al poder en 1880,1884,1886 y 1892, aplastar el levantamiento insurreccional de los sectores del radicalismo en la guerra civil de 1885 y reconfigurar la constelación del poder político?

Por su parte, los dos periodos presidenciales de Alvaro Uribe a comienzos del siglo XXI, al lado de la inminencia prolongada al menos durante dos años de un tercero y las hondas transformaciones propiciadas mediante la denominada Seguridad Democrática, que cambió los términos del enfrentamiento con la guerrilla de un empate negativo a un acorralamiento nunca experimentado durante la existencia por más de medio siglo de esta última y obtuvo una significativa desmovilización del paramilitarismo en medio de un liderazgo personalista sin precedentes cercanos, poniendo en crisis instituciones, partidos y la propia Constitución de 1991, le confieren una dimensión cuyos rasgos encuentran resonancias históricas y estructurales que merecen un acercamiento académico comparativo de las dos figuras en orden a desentrañar continuidades profundas en el dilatado e inconcluso proceso de construcción del Estado nacional.

Para llevar a cabo tal labor académica, se emplearán tres herramientas conceptuales de la teoría política para dar cuenta de ambos líderes y sus respectivos contextos y complejos procesos, más allá de las hipótesis del genio y las apelaciones al destino en los que la historiografia nacional se moviera durante cerca de siglo y medio respecto del primero y las polaridades de la descalificación a ultranza y la ciega apología con las que ha solido abordarse el segundo.

La primera categoría es la noción de ruptura política centrada alrededor de la "regeneración" que el propio Núñez formulara como la clave de su ideario y programa políticos desde fecha relativamente temprana y cuya fidelidad a la misma no dejó de perpetuarse a través de sus actuaciones presidenciales y sus prolíficos escritos como redactor o editorialista, volviendo en numerosas ocasiones sobre la misma en un proceso de continua refinación y expansión de la noción a la que dio apoyaturas adicionales y a la que inscribió en diversas coordenadas ideológicas. El término tiene hondas repercusiones y extensos antecedentes, no siendo ajeno a las tesis sustentadas en otros países del hemisferio. Trazar brevemente, si no la genealogía, al menos algunas de las líneas filiativas que puedan explicar la escala conceptual y operatoria de la noción formulada como bandera de la propuesta de "Núñez el Regenerador" y la que, además, habría de calificarlo para la historia puede arrojar una mejor comprensión de las dimensiones que se pusieron enjuego en la Colombia de entonces alrededor del proyecto de unificación nacional. De cara a las nuevas indagaciones provenientes de la biopolítica, cuyas potencialidades hermenéuticas no solo han desarrollado un nuevo ámbito de interrogación disciplinar y un método analítico propio sino que se han revelado como uno de los campos más promisorios en la inacabable indagación por las condiciones de la actual conformación de las constelaciones socio y geopolíticas contemporáneas, la categoría de "regeneración" encuentra una nueva perspectiva de comprensión, cuyas líneas generales propuestas en la obra de Roberto Esposito pueden utilizarse en este caso. Se trata, en suma, de abordar la categoría de la "regeneración nuñista" en clave biopolítica y dar cuenta con ello de las implicaciones profundas que la fórmula tuvo como eje central de su trayectoria y la configuración del país¹. Este ejercicio se efectuará respecto de la "seguridad democrática" y el concepto de "Estado comunitario" que le acompaña, cuya procedencia conceptual e innovación doctrinaria contenida tras de su enunciación dista de haberse emprendido con el suficiente rigor, al punto que su filiación ideológica no se problematiza o se da por supuesto su carácter autoritario, e incluso facistoide (Hernández, 2003; Barrera, 2004,2006). Bajo la cobertura de tales sendos sintagmas políticos, se introdujeron programas y orientaciones radicalmente nuevas respecto de la totalidad de los gobiernos anteriores, que sorprendieron a la opinión pública por la novedad de sus términos y posibilitaron un arrollador triunfo electoral con el concurso de élites locales vinculadas al paramilitarismo, cuyas motivaciones encontraron resonancia en aquellos.

La tercera categoría es la de conversión política mediante la cual se pretende dilucidar el funcionamiento del proceso que ambos mandatarios dirigieron y experimentaron consistente en trasladarse desde una colectividad política en la cual se iniciaron como hombres públicos -en ambos casos el partido liberal- a una agrupación situada en las antípodas ideológica y doctrinaria, como opositora con la que inicialmente contendieron, y en cuyas toldas encontraron el apoyo decisivo para sus respectivos ascensos y prolongación en el solio presidencial. Esta categoría es la que menos refinamiento conceptual y metodológico ha recibido por parte de la Academia y, en consecuencia, apela a los esbozos e intuiciones desarrolladas muy recientemente a partir de la reflexión seminal de un filósofo político como Alain Badiou (2008), constituyendo apenas una aproximación provisoria al asunto.

Con base en las tres categorías anteriores, se extraen dos corolarios genéricos para los casos de referencia sobre la deconstitucionalización progresiva y la guerra como régimen de gubernamentalidad, comunes a ambos mandatarios.

Regeneración y Seguridad Democrática: biopolíticas de ayer y de hoy

La estrategia común puesta en marcha por ambos gobernantes radicó en buena parte en la acuñación de nuevos sintagmas lingüísticos -Regeneración/Seguridad Democrática-Estado Comunitario- que irrumpieron en el léxico político de sus respectivas constelaciones históricas con una fuerza sin precedentes, marcando un contraste decisivo con las formulaciones programáticas realizadas con anterioridad a cada una de ellas, mediante las cuales fue posible aludir a un complejo programa doctrinario con una extraordinaria economía de medios y altísima eficacia comunicativa o simbólica. Al extremo que cada uno de dichos gobernantes, terminó siendo inconfundiblemente asociado a ella volviendo intercambiable su nombre propio con la nueva fórmula acuñada. Los contenidos concretos envueltos tras de cada una de dichas formulaciones fueron modulaciones biopolíticas cuya novedad e implicaciones se producían en el contexto de profundos antagonismos sociales y partidarios que habían desencadenado numerosas guerras civiles, en el caso de Núñez, y de la persistencia y agudización de un conflicto armado interno cuya tentativa de resolución mediante la negociación había fracasado estruendosamente durante el cuatrienio inmediatamente anterior, en el caso de Uribe.

La filiación y las particularidades encuentran numerosas resonancias y homologías, cuyo entramado intenta describirse en este acápite.

"Regeneración o catástrofe": ruptura biopolítica hobbesiana

Núñez emplea de manera pública por vez primera el término de "regeneración" en el discurso de posesión que pronuncia ante el Senado para investir como nuevo presidente electo al general Julián Trujillo, quien había resultado vencedor en la contienda electoral que tuvo lugar meses después de concluida la guerra civil de 1876-1877 (Park, 1975, pp. 363.364). Tanto el nuevo jefe de Estado como el presidente del Senado pertenecían a la misma agrupación política, el denominado partido Independiente, creación de Núñez como fórmula que, dentro del partido liberal, permitió agrupar a los sectores de esa colectividad que no compartían las directrices ideológicas del radicalismo liberal, la poderosa agrupación política que desde i860 dominaba las elecciones y proveía desde sus filas los mandatarios nacionales. El presidente Aquileo Parra, a quien Trujillo sucedía en el solio presidencial, había sido elegido en 1876, derrotando al propio Núñez que, como candidato apoyado por los delegados de los estados de Bolívar y Panamá, vio frustrada su tentativa de llegar a la presidencia por el apoyo de los jefes estaduales radicales otorgado a su contendor. Elegido, sin embargo, como presidente del estado de Bolívar, Núñez observó una estricta neutralidad durante el curso de la guerra civil, en la cual los insurrectos conservadores de los estados del Cauca y Cundinamarca, junto al apoyo del Estado de Antioquia, ampliamente conservador y que finalmente entró en la contienda luego de un largo periodo de marginación de las anteriores guerra civiles, fueran militarmente vencidos en una serie de enfrentamientos que tuvo alcance nacional y que terminó con el destierro de varios de sus líderes. Las divisiones y contradicciones en las filas del radicalismo en contra del cual los sectores conservadores habían emprendido la revuelta favorecieron un creciente papel del partido Independiente que, bajo el mando de Núñez, pudo imponer como general en jefe de los ejércitos federales a uno de sus propios integrantes. La Guerra del 76 se condujo en nombre del gobierno radical, pero bajo el mando militar de un miembro del partido Independiente. Todos los actores políticos -y Núñez en particular- previeron con acierto que quien estuviera a la cabeza de los ejércitos gobiernistas en la toma de Manizales, donde se habían atrincherado los restos del ejército conservador en su postrera resistencia contra las fuerzas del gobierno, sería el siguiente presidente². Las maniobras del radicalismo en el poder, sin embargo, no pudieron cambiar la designación que se había hecho del general independiente Julián Trujillo. Esta circunstancia explica que la Guerra del 76, militarmente ganada por el radicalismo, haya sido, finalmente, en términos electorales, un triunfo del partido independiente y, a fortiori, una victoria electoral de Núñez (Ortiz, 2002). En tales circunstancias, el discurso de posesión en el Senado fue ciertamente algo más que un ceremonial retórico convencional.

Fue la súbita introducción de un proyecto modélico de Estado y sociedad completamente distinto al existente y con una proyección temporal de largo alcance que se contraponía de plano y punto por punto al sistema respecto del cual se enunciaba. De manera explícita y con una rotundez sin precedentes, la biopolítica hizo su ingreso en la agenda pública nacional. Su novedad se arropaba bajo la apariencia de una disyuntiva mortal, según la cual el país se encontraba frente una de las dos opciones: la regeneración o la catástrofe, la reforma administrativa fundamental o la disolución de las instituciones y de la propia nacionalidad.

Ciertamente, el calificativo que sus detractores posteriormente le adjudicarían, llamando "esfinge" a un Núñez, que enunciaba enigmas como el propuesto, no pudo ser más elocuente y acertado: quien no descifra el enigma de la esfinge está condenado a ser pulverizado y el radicalismo liberal -con su proyecto libertario y librecambista-cumplimentó a cabalidad tal destino mítico. El programa del nuñismo, que resultaba atrayente a los sectores conservadores -militar y políticamente vencidos-, empezó a ser implementado bajo el bienio de Julián Trujillo, mediante la adopción de leyes que limitaron la libertad de enseñanza, devolvieron del exilio a sacerdotes y políticos expulsados, fortalecieron el papel y el aparato militar del gobierno federal y permitieron la obtención de un triunfo electoral aplastante en 1880. Este programa de acción suprapartidista lo habilitó también para lograr el dominio en la mayoría de los estados con gobernantes pertenecientes o cercanos al partido Independiente, contar con unas mayorías abrumadoras en el Congreso, fungir en condición de designado de los presidentes Zaldúa y Otálora, cuya investidura de tales había contado con su beneplácito, de manera que adelantaron su gobierno bajo su égida o atenta supervisión durante el periodo siguiente de 1882 a 1884, no sin desaveniencias e, incluso, hostilidad, como sucesores suyos, resolviendo con ello el problema de la continuidad en el mando por interpuesta persona pese a la prohibición constitucional de la reelección y, por último, obteniendo una cómoda reelección en 1884 sin rivales de peso que obstaculizaran de nuevo su ascenso a la presidencia. Excluidos del nuevo gabinete presidencial y hostigados a nivel de los gobiernos estaduales, los sectores más extremos del radicalismo liberal se alzaron en armas en agosto de 1885 para ser vencidos sin atenuantes por la vía militar. Núñez vencía esta vez en la guerra que había conducido y la enfermedad mortal o nerviosa del radicalismo, como él mismo la llamara, había sido finalmente derrotada.

La vertiente filosófica del término se encuentra en diversos autores. Especialmente, en este caso, resulta relevante la terminología empleada por Kant (McCalla, 1994). En la Metafísica de las costumbres, cuando examina los procesos de cambio en las sociedades, se hace uso de dos términos para describirlos -la metamorfosis y la palingenesia-. Mientras el primero alude a una transformación pausada y acorde con las leyes naturales, el último, por el contrario, se refiere a un cambio brusco, al drama de una muerte política y un súbito renacimiento de la misma índole que equivale a una suerte de renacimiento o a una especie de conversión. Kant se enfrenta al problema filosófico implicado por la Revolución Francesa con su profundo trastorno del orden establecido y repudia tanto la revolución como la descalificación de un orden político existente fundada en su origen violento o inicialmente ilícito, para favorecer y legitimar tan solo el cambio gradual que acontece dentro de los márgenes del orden establecido (Claeis, 2000). Metamorfosis y palingenesia son términos sustitutivos que permiten reemplazar la apelación al término revolución. Solo en la primera se encuentra un sentido positivo, mientras que una valoración negativa se hace la palingenesia que, como tal, comprende la regeneración a modo de especie. Kant sostiene también una densa discusión con los escritos del botánico Charles Bonnet, quien, para la misma época, había escrito su célebre Palingenesia filosófica, en la cual sostenía que uno de los mecanismos vitales de la producción de la naturaleza era la reestructuración de la vida a partir de la declinación y muerte del antiguo organismo, cuya extinción permitía el surgimiento de la nueva forma que, a su turno, recapitulaba la antigua. Bonnet apoyaba la autoridad de su planteamiento en el descubrimiento realizado por él sobre la fecundación partenogénica en ciertas especies, cuya reproducción no precisaba de la presencia de semillas masculinas, introduciendo con ello una concepción vitalista que fue atentamente recibida por autores románticos alemanes como Herder, Jacobi y Lavater, en cuyas obras adquirió su más acabada formulación la tesis organicista de las sociedades y colectividades humanas, cuya existencia provenía de antiguas tradiciones no réductibles a un simple acumulado de condiciones demográficas y culturales (Anderson, 1976).

En suma, ya se trate como un factor religioso, biológico o político en un entrecruzamiento creciente para la comprensión de las transformaciones sociales, el léxico de la regeneración está presente bajo sus derivados de palingenesia, evolución o metamorfosis en las discusiones claves de la primera modernidad -finales del siglo XVIII-, conformando el umbral previo a su recepción y remodelación en el subsecuente darwinismo y positivismo. Quizá esta sea una de las fuentes o abrevaderos ideológicos en las que el intelectualmente inquieto y voraz lector durante su estancia en Europa como cónsul en Inglaterra tomaría el término. El aprecio y empleo de las tesis de Spencer en sus numerosos escritos y editoriales confirman la importancia concedida al positivista inglés y la influencia ejercida por este en sus escritos, donde se le cita expresa y tácitamente en numerosas ocasiones. La idea de las sociedades como organismos que evolucionan mediante la acción de fuerzas contrapuestas y en permanente colisión conduciendo de la homogeneidad a la heterogeneidad en un proceso apoyado en la tradición y perfeccionado por la innovación son parte medular de la concepción de Núñez.

El término también encuentra utilización política en diversos líderes y autores a este lado del Atlántico, desde un polémico y heterodoxo clérigo ilustrado como Fray Servando Teresa de Mier hasta el propio Bolívar, para reaparecer en los escritos de conservaduristas católicos como Joseph de Maistre y Donoso Cortés⁴. Su empleo adquiere mayor densidad política y, en especial, relevancia para sus respectivos momentos históricos en una serie de políticos y dirigentes latinoamericanos, como el caudillo argentino José Urquiza, bajo cuyo mando se adelantó la guerra en contra de la dictadura de Rosas en el contexto del prolongado enfrentamiento que Buenos Aires sostuvo frente a los líderes de las provincias orientales por la supremacía política. Pero en ninguno de ellos, y quizá ese sea precisamente el rasgo distintivo en la formulación de Núñez, la noción de regeneración cobra la colosal dimensión de un programa general y colectivo, de cuya implementación dependa la propia continuidad y supervivencia del cuerpo social y político. En su consecución se centraba la agenda de una naciente forma de partidismo político que se desmarcaba claramente de las dos agrupaciones diferenciadas que habían cobrado algún tipo de identidad propia en la segunda mitad del siglo XIX.

El léxico sanitario, biológico y médico es introducido de manera seminal en la política colombiana y se asume como un programa doctrinario cuya realización efectiva cuenta con un agenciamiento partidista y su correspondiente, si bien exigua, maquinaria de alcance local y nacional para ser llevado a cabo. Ese diagnóstico es, al mismo tiempo, todavía una vaga prognosis parte de la constatación fundamental de un cuerpo social enfermo cuya degeneración -el forzoso contrapunto de toda regeneración- es claramente identificada: anarquía de estados demasiado poderosos en desmedro de la unidad nacional, guerra civil permanente de los jefes locales alentada por la consagración constitucional del denominado sagrado derecho de rebelión, carencia de unidad por la debilidad política y militar del gobierno federal, principios abstractos llevados a su formulación más extrema en postulados constitucionales de libertinaje y licencia para la difamación. Es un dictamen, a un mismo tiempo, de clara estirpe hobbesiana -la sedición es la enfermedad y guerra civil es la muerte del Estado-, pero diáfanamente enmarcada en un lenguaje, si se quiere de raigambre darwinista, mediante el cual se efectúa una inaugural biologización de la política en la Colombia crepuscularmente decimonónica. El centro medular de la apuesta es la autoconservación de la vida, la preservación de ese cuerpo político que gloriosamente naciera en las gestas fundadoras de la Conquista y cuya sustancia ha experimentado dicho proceso de degeneración. Esta es una formulación moderna si se tiene en cuenta que no es la cuestión de la vida como centralidad de la política un producto de la modernidad sino esta misma la respuesta al declive de las fórmulas teológicas de salvación y autotutela divina. Esta modernidad del discurso, sin embargo, va a ampliarse en las posteriores formulaciones que el político devenido presidente Núñez realice en el dispendioso proceso de su ejecución material. En ocasiones, la regeneración requerida no precisa la extinción de aquella parte del cuerpo social aquejado de la enfermedad física sino que demanda un tratamiento de carácter psiquiátrico, como cuando el radicalismo es calificado como una enfermedad mental que afecta a sus integrantes y se extiende a sus seguidores. La fórmula, no obstante, sale de sus manos y de su autoría, siendo asumida por otros dirigentes no solo de su partido sino del conservatismo, quien a la postre encarnaría el proyecto regenerador luego del fallecimiento de Núñez en 1894. Allí desnuda su capacidad de contaminación metafórica y su persistencia cobrando una fuerza gravitacional que influyó durante un cuarto de siglo la empresa regeneradora, así como su pertinencia histórica y su relevancia para las luchas políticas en medio de las cuales había surgido⁵.

Cuando en 1888, habiendo delegado Núñez la presidencia en el designado conservador Jorge Holguín, este encabezara la iniciativa por profundizar el debilitamiento de los antiguos estados soberanos convertidos en departamentos por obra de la Constitución de 1886, la concepción que prescribía sus pronunciamientos era una fiel continuación de este lenguaje palingenésico:

La federación con sus estados soberanos había echado raíces tan hondas en nuestro suelo que no fue posible extirparla por completo en el primer esfuerzo [...] Pero os toca a vosotros, Honorables senadores y representantes, perfeccionar la obra del Consejo Nacional Constituyente, llevando con mano firme el escalpelo al germen de corrupción que aún nos queda, y de donde puede renacer todavía el anárquico y disolvente régimen de la federación. (Delpar, 1994)

El dilatado proceso de extinguir los miasmas infectantes o los virus contagiosos del federalismo exigía el completo desmantelamiento de las atribuciones soberanas estaduales, obra a cuya realización estaban destinadas las palabras del designado conservador. Difícilmente puedan encontrarse términos más elocuentes de la perspectiva biopolítica del poder inaugurada por Núñez en toda la literatura del siglo XIX que en esta modulación progresivamente refinada, e incluso medicalizada y psiquiatrizada, adicionada con la idea de germen contaminante, cuya eliminación, desde luego, todavía no se había consumado pese a los casi veinte años transcurridos luego de haberse puesto en práctica.

El proyecto regenerador -con sus contenidos palingenésicos y rudimentariamente biopolíticos- identificó plenamente como una necesidad crucial la reconfiguración de la soberanía. Esta se había instituido en todas las cartas políticas anteriores en el cuerpo abstracto de la república o en cabeza de los regímenes estaduales más delimitados territorialmente pero no por ello menos abstractos, con lo cual se encontraba disuelta o desagregada en un territorio que era natural y escasamente político. Constituye la mayor innovación doctrinaria respecto de la totalidad de sus predecesoras y su verdadera marca distintiva. La introducción de la soberanía encarnada en la nación como conjunto de los nacidos en el territorio o espacio común fue obra del proyecto de la Regeneración y era perfectamente coherente con sus postulados y principios. La soberanía nacional es condición y expresión inequívoca de una constelación lexical propia del poder biopolítico en la medida en que incorpora la condición viviente de los sujetos desde su mismo nacimiento dentro de las coordenadas políticas regimentales y las técnicas de gubernamentalidad. La soberanía encarnada en la nación recobra sus poderes inmunitarios frente a los gérmenes deletéreos de la desagregación federalista. De cara a la soberanía nacional consagrada en el artículo primero de la Constitución de 1886, la apelación a Dios como fuente de toda autoridad, consignada previamente en el preámbulo, aparece como un arcaísmo que tornaba familiar la novedad introducida. Dicho en otros términos, si la soberanía nacional era la perfecta fórmula que sintetiza el proyecto regenerador, la invocación de Dios era la concesión obligada a la tradición y al sector "conservador" de cuyo apoyo cada vez más dependió el gobierno de Núñez. Este revestimiento religioso del proyecto regenerador que se plasma en el preámbulo de la Constitución de 1886 y que encaja perfectamente con las aspiraciones del sector conservador es el costo que el carácter absolutamente innovador de la formulación biopolítica había de pagar a la época como vehículo para hacer tolerable su carácter innovador o para envolver el elemento biopolítico secularizado en su envoltorio teológico. Por ello, resultan insuficientes las caracterizaciones que comúnmente se efectúan de su proyecto político, ya bien sea bajo el epíteto de teocrático, ultramontano o simplemente de unidad nacional, en tanto ellas dan cuenta del aspecto menos neurálgico de la singularidad política e histórica del proyecto regenerador.

La formulación del programa de los Cien Puntos por el entonces candidato Alvaro Uribe por fuera de los partidos tradicionales, cuando se lanzó a la competencia electoral para el periodo 2002-2006 con muy escasa resonancia en las encuestas y siendo una figura de escasa proyección nacional, sorprendió al público con la enunciación de dos propuestas novedosas: Seguridad Democrática y Estado Comunitario. La adhesión obtenida en muy variados sectores, el respaldo incondicional e inmediato de los grandes medios de comunicación y su aplastante victoria electoral están estrechamente relacionados con los contenidos de tales enunciados. La Seguridad Democrática implica la confrontación de la política con lo que puede denominarse una "situación absoluta" (Blumenberg, 2008) en la que, o bien, se admite el colapso del orden social, o bien, se restablece o se refunda ese orden desahuciado por la amenaza terrorista. Esta noción de corte temporal se correlaciona, a su vez, con el concepto de "momento hobbesiano", entendido como una temporalidad densa o intensiva en la que se instaura como horizonte total una disyuntiva ineludible en la que se articula una estrategia contrasubversiva expresada crudamente en el dictum hobbesiano protergo ergo gobernó. El proyecto uribista se coloca en las antípodas de las propuestas de gobierno formuladas por todos sus antecesores, mediatos e inmediatos -las cuatro estrategias, para cerrar la brecha, el salto social, la búsqueda de la paz-. Representa la opción calculada y decidida por la guerra, no como negación de la política, sino como su exaltación biopolítica, pero negando su nombre y su existencia, condición necesaria para desplegarse como tal. Va de suyo una predominancia completa de la seguridad sobre la democracia, en la cual esta última es la adjetivación de la sustancia seguridad. Conlleva una estrategia de recuperación gubernamental mediante la articulación propia de la biopolítica de las dos variables centrales: población y territorio, sometidas ambas al más demoledor proceso de reconfiguración en la reciente historia nacional. Incremento del pie de fuerza que se triplica cuantitativamente hasta alcanzar cerca de medio millón de integrantes; vinculación de civiles a la epopeya contrainsurgente bajo las modalidades de soldados campesinos, informantes, cazadores de recompensas y delatores; instauración mediante estado de excepción de zonas de rehabilitación para la protección de los recursos energéticos y masivas y sistemáticas detenciones y privaciones de libertad como corolario de todo ello y la acción combinada o secuencias de grupos paramilitares de primera y segunda generación, un acumulado de varios millones de desplazados y un número equivalente de hectáreas despojadas. La alta motivación emocional que subyace a la formulación de la Seguridad Democrática permite un alinderamiento masivo en su favor de los sectores más diversos -antiguos guerrilleros e intelectuales de izquierda- en contra de un enemigo de cuyas acciones criminales se hipervisibiliza el secuestro en desmedro de otras gravísimas violaciones de derechos humanos (DDHH) y de derecho internacional humanitario (DIH), como las masacres y homicidios en persona protegida. Ciertamente, la Seguridad Democrática no es el imperio del estado de excepción, como se ha sostenido con frecuencia, sino más bien la implementación de una suerte de "constitución secreta" que funciona como el real derrotero político y agenda de gobierno, disponiendo de prioridades propias y desplazando con ello y defacto el marco constitucional vigente, que, como tal, continúa formalmente intocado, pero ve socavada su capacidad regimental, su teleología valorativa y su orientación política fundadora. Esta modalidad de funcionamiento de una doctrina o programa políticos resulta especialmente apropiada para el manejo autoritario y vertical en situaciones de conflicto armado: mantiene a salvo la vigencia formal de la normativa y la institucionalidad constitucionales, pero las despoja de su estatuto propio para trasladarlo al texto que efectivamente determina el curso de gobierno, esto es, al ideario de seguridad y control, vigilantismo y desconfianza social. Igualmente, y no menos importante, el funcionamiento de la Seguridad Democrática como constitución secreta o paralela en el marco de una situación de conflicto armado se articula de manera necesaria con la reelección del gobernante presidencial en el curso del mismo conflicto. Así, la reelección resulta inseparable de la continuación de la guerra en tanto su única posibilidad de victoria radica en ella⁶ y, en especial, por cuanto el texto constitucional formal -particularmente la Constitución de 1991, cuya ratio y cuyo telos es la paz- no admite cabalmente ni puede ser fácilmente compatibilizada con la inclusión de la victoria militar en condición de derrotero central de una política amplia.

De otra parte, si bien la tesis del Estado Comunitario ostentaba importancia semejante a la de la Seguridad Democrática en el programa inicial de campaña del entonces candidato Uribe, viéndose la primera eclipsada por la difusión y el éxito de la última, la procedencia ideológica, o mejor, la fuente inspiradora de su formulación, es altamente sintomática de su talante y orientación ideológica. No ha sido motivo de preocupación académica rastrear la procedencia y filiación de un sintagma de suyo tan polémico y de tal tensión en la conjunción de los dos términos, en principio antitéticos, de los que se compone. Su primer y evidente efecto es el desplazamiento y la consiguiente desaparición del calificativo "social" o de su integración con "de derecho", cuyas implicaciones constitucionales quedan anuladas con tal sustitución. La fórmula de "estado comunitario" encuentra su acuñación fundacional y hasta ahora única en los escritos de Jacques de Mahieu, ideólogo del movimiento peronista durante la década de los años cincuenta, cuyo texto así titulado, El estado comunitario, propugna por un modelo de Estado corporativista, autoritario, donde se recabe el dominio y la obediencia incondicional a aquellos dirigentes cuyos atributos naturales les confieren una vocación destinai para conducir a las comunidades que como base social se funden y realizan en la eminencia del Estado. Para Mahieu, es necesario admitir la existencia de desigualdades y supremacías naturales -la superioridad del hombre respecto de la mujer es una de ellas-, la naturalidad e incluso sacralidad de la propiedad privada, la condena tanto del marxismo y el liberalismo en provecho del ideal nacionalista, al igual que unas condiciones de obediencia y acatamiento entre los integrantes de toda comunidad (Mahieu, 1964). El destino de esta es fundirse y trascenderse en el Estado, purgando con ello sus deficiencias y arribando a su verdadera realización. El arcaísmo de las tesis de Mahieu y su concepción naturalizante de la autoridad y obediencia casan bien con el proyecto uribista y no resulta fortuito que su esotérica inspiración haya sido justamente este autor en una de sus obras principales. Pero la procedencia de su autor es la que probablemente arroje más luces acerca del talante puesto enjuego en tal formulación, al igual que el carácter inconfesable de su procedencia. Mahieu había sido un simpatizante del nazismo y activo antisemita exiliado en Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, donde alcanzó destacadas posiciones burocráticas, políticas y académicas. Fue secretario general de la Escuela de Conducción Peronista, redactor de los fundamentos de la Doctrina Nacional Justicialista e integró la Sociedad Argentina de Recepción de Camaradas, a cuyo cargo se encontraba el manejo de la política migratoria que no tenía otra tarea distinta a la de facilitar el ingreso de cerca de 40.000 ciudadanos alemanes, muchos de ellos criminales de guerra del régimen nazi. Mahieu fue secretario de Evita Perón, cargo que perdería por su enfrentamiento con ella al insistir en el retiro de una funcionaría judía (Muchnik, 2007, p. 35)⁷. Consiguió convertirse en profesor de la Universidad de Buenos Aires, desarrollar una amplia tarea docente y dejar varios escritos de su peculiar ideario.

Absolutización del enemigo bajo el régimen Núñez

El segundo gran vector del periodo de Núñez, y que ostenta novedades o rupturas de la mayor entidad, lo constituye la estrategia en el adelantamiento de la guerra civil de 1885, que es provocada durante su segundo periodo presidencial, cuando los sectores radicales en el estado de Santander, en medio de las vacilaciones de los comités del partido, tomaron las armas en contra de su gobierno. La guerra civil de 1885 fue el quiebre de la paz regeneradora, pero, al mismo tiempo, un síntoma o una recidiva que, al evidenciar la terquedad de la enfermedad, más que una refutación del proyecto regenerador, era una confirmación de la exactitud de su diagnóstico, la evidencia de su necesidad de profundizar su terapéutica y la implantación de un sistema de gobernabilidad acorde con la necesidad de aplicar el correctivo de la guerra, cuyo entendimiento preludiaba lo que el futurista Marinetti en los comienzos del ascenso fascista en Italia llegaría a acuñar de manera conspicua: "la guerra es la higiene de los pueblos" (Griffin, 2001).

La guerra de 1885 no estuvo completamente perdida para los adversarios del régimen nuñista y llegó a suponer una considerable amenaza para la supervivencia del gobierno. El sitio de Barranquilla y posterior toma de la ciudad por parte del célebre jefe militar Ricardo Gaitán Obeso, al igual que la pérdida de la ciudad de Colón a manos de los rebeldes, indican someramente la intensidad de la acción armada y anuncian con claridad el valor estratégico de la principal vía fluvial del país. En virtud de una ley expedida durante su gobierno anterior en 1880, que modificaba en alguna medida el orden constitucional vigente y cuya constitucionalidad fue siempre disputada, el contingente de la Guardia Nacional -único cuerpo armado bajo el mando del gobierno central- había sido aumentado de un puñado de centenares a 7.000 hombres y, así mismo, se había dispuesto en su favor un papel más activo que le obligaba a actuar en defensa del gobierno estadual atacado en lugar de mantener la estricta neutralidad que la Carta del 63 formalmente le exigía. Pese a ello, Núñez tomó una decisión adicional que habría de intensificar los términos de la rivalidad o enemistad con los alzados en armas y fue la de llamar a los jefes y líderes conservadores para el alistamiento de un cuerpo armado sustituto al que se dio el nombre de Guardia Urbana o Cívica a la que se entregaron los parques de guerra oficiales -el primer caso de paramilitarismo en toda regla-, integrada por ciudadanos de muy variada procedencia laboral, pero cohesionados todos por su pertenencia al partido conservador (Serrano, 1973). Esta conformaba realmente una estructura paralela al ejército legal, fundándose su necesidad en asegurar un cuerpo armado de lealtad incontrovertible al gobierno, ante las defecciones que se habían presentado por parte de algunos jefes de guarniciones militares -Tunja, Colón, Barranquilla, Santa Marta-, cuyos cambios de lealtad entrañaron la pérdida de control sobre encaves de alto valor estratégico, al igual que la pérdida de contingentes militares significativos. Pero, además, constituía un gesto político de hondas repercusiones, pues aseguraba con ello una profunda alianza con la colectividad política que cada vez adquiría mayor ascendencia e influencia en el país y en el presidente. Esta radicalización de la enemistad con los alzados en armas proveía el máximo posible de rivalidad con los adversarios en el ámbito interno. Como efecto adicional a la erección de este cuerpo paramilitar, ultimando su efecto polarizador, Núñez designó como su jefe al general conservador Leonardo Canal. Su escogencia, nada fortuita, proveía el más claro y fulminante de los mensajes: Canal había sido el jefe encargado de mantener la última resistencia armada contra el ejército victorioso del archienemigo liberal Tomás Cipriano de Mosquera al finalizar la guerra de i860, había presidido un gobierno provisorio conservador en Pasto luego de la accesión al poder del caudillo liberal y había prestado destacados servicios como hombre de armas en el periodo subsiguiente a la guerra de 1876-77 en los golpes de Estado que se orquestaron contra los gobernantes estaduales del Cauca y Cundinamarca, cambiando con ello el dominio político en los estados en beneficio de los sectores favorables a Núñez y apuntalar, con ello, su elección presidencial en 1880 (Palacio, 1936). La audaz e inconstitucional medida de Núñez permitió la adhesión inquebrantable de prestigiosos jefes militares del conservatismo, como el caso de Manuel Briceño -superviviente y memorialista de la pasada guerra del 76-, bajo cuya conducción se ganaron importantes choques militares contra los rebeldes en la depresión momposina que, a la postre, serían de alto valor estratégico en la derrota final de los liberales insurrectos. Así mismo, la incorporación de tales contingentes marcaría al ascenso definitivo del conservatismo como partido nacional y el creciente desplazamiento de los jefes del partido independiente hacia la irrelevancia. Lo trascendental de la medida adoptada por Núñez encuentra el mejor testimonio en la valoración que de la misma haría el propio presidente años después cuando sostuvo: "desde que entregué las armas del ejército de reserva al general Canal, yo quedé convertido en el leño inerte que arrastra la corriente y que no sabe en qué playa irá a reposar" (Garrido, 1983, p. 81). La instauración de este contingente armado puede situarse como el Rubicón de Núñez que, al ser transpuesto, tornó irreversible el desencadenamiento de la guerra que ya no podrá ser detenido pese a las propuestas para ello -la entrevista sostenida entre Foción Soto y el presidente termina en un diálogo de sordos- y consumió el tránsito desde el partido Independiente al Nacional bajo la preponderancia conservadora en términos semejantes.

Tal como se señala de manera reiterada en el testimonio de uno de los protagonistas de estas tratativas previas al desencadenamiento de la guerra, cuyo objeto declarado era precisamente el evitarla -"ahorrar a la patria los horrores de la guerra" (Soto, 1995)-, los jefes militares de los contingentes levantados en armas en el estado de Santander llegaron a celebrar la denominada Exponsión de la Colorada el 25 de noviembre de 1885 con representantes del gobierno nacional, buscando con ello como propósito principal ganar tiempo permitiendo alguna fórmula de arreglo que, salvando la cara de los insurrectos, facilitara el regreso a sus lugares de origen (Uribe, 1998). Fue el propio Núñez quien se negaría a ratificar los acuerdos celebrados en terreno, arguyendo para ello que estos no obedecían a sus intenciones y, por tanto, no resultaban obligatorios. El gesto de Núñez de pulverizar dicha Exponsión significaría el acta de defunción para esta práctica regulatoria de la contienda bélica, que había gozado de su edad dorada durante la guerra civil de 1861 y cuyas características y procedimientos operativos habían sido objeto de elaboraciones doctrinarias y análisis por parte de los tratadistas decimonónicos del Derecho de Gentes (Wiesse, 1905).

Pero, adicionalmente a ello, en un paso más atrevido y que diferencia con toda claridad la guerra del 85 de las anteriores contiendas civiles en el país, la administración Núñez solicitó la declaratoria como piratas internacionales de los insurrectos. La noción de piratería constituye durante el siglo XIX la primera formulación en el plano jurídico mundial de un inimicus absoluto que se estatuye como un hostis generi humanis, es decir, como un enemigo del género humano, frente al cual solo cabe el más manifiesto de los repudios y su consecuente puesta fuera de la ley, no tan solo del respectivo soberano, sino de todos los estados en su conjunto. La primera gran construcción de un criminal internacional ajeno a toda consideración salvo su devastación y aniquilamiento -aún por debajo del traidor- en el que los estados europeos y atlánticos pudieron dirigir con unanimidad sin atenuantes sus fuegos condenatorios fue la del pirata. Este atentaba contra la libertad de los mares, ponía en riesgo el equilibrio de las naciones, asaltaba los flujos de mercancías y de esclavos desafiando las prerrogativas estatales sin perjuicio de erigir una suerte de contraestado libertario y salvaje que obsesionó por igual a escritores y jefes de gobierno. La solicitud gubernamental de considerar como piratas a los insurrectos liberales -en concreto, las embarcaciones de Ricardo Gaitán Obeso que dominaban el río Magdalena al lado de Zenón Figueredo, que ocupaba Ambalema, al igual que las incursiones de Pedro Prestán en la zona panameña- tenía además una finalidad práctica: impedir y confiscar la compra y envío de armamento, contribuyendo a sofocar la rebelión. La negativa del gobierno estadounidense, si bien constituyó un revés diplomático para su despliegue internacional en contra de la insurrección, no significó la observación de los deberes de neutralidad que el régimen del derecho internacional público preveía en tales casos. La atención que se prestaba al istmo de Panamá ante las expectativas y acuerdos para construir el canal interoceánico por parte de Estados Unidos y la Compañía Francesa del Canal condujeron, en la práctica, a la demanda de ayuda militar de las tropas norteamericanas estacionadas en el canal. Esta fue concedida y los rebeldes liberales en la zona del istmo enfrentaron, de hecho, a contingentes del propio país y del Estado extranjero. Si bien se discute el número de marines involucrados en las acciones de Panamá, el precedente señalaba en toda su extensión la exacerbación de la hostilidad y la ineluctabilidad de la victoria del gobierno nuñista, secundada por los contingentes dispuestos en la zona. El fusilamiento de Prestán y sus compañeros -hoy considerado como uno de los héroes nacionales en Panamá- ordenado por su atrevimiento al detener al cónsul norteamericano en Colón, y la muerte del general liberal Gaitán Obeso, en prisión, fueron el corolario de esta absolutización del enemigo (Nelson, 2007). Por primera, y no última vez, esta prevaléncia del enemigo interno justificó la injerencia militar de Estados Unidos en territorio colombiano con el propósito de consumar su derrota. Y de paso, enterró el uso de mecanismos reguladores de las hostilidades que en el marco del Derecho de Gentes habían gozado de aceptación los hombres de armas del siglo XIX, como lo fuera la Exponsión.

Absolutización del enemigo bajo el régimen uribista

Durante los ocho años de Uribe, el país asistió a una sistemática e incansable construcción y reconstrucción de las FARC como el gran enemigo respecto del cual no cabe el menor asomo de relación posible, salvo su aniquilación militar. Sacando partida de la guerra contra el terror y el eje del mal emprendida por el gobierno Bush y de la nueva distribución de roles internacionales, la primera administración Uribe definió con implacable claridad y agudo olfato de la coyuntura internacional a las FARC como la encarnación del mal absoluto, la causa eficiente y última de los problemas del país, parte de la conexión para la producción de armas de destrucción masiva para el eje del mal, la reedición de prácticas nazis en las selvas y la primera amenaza de la verdadera y buena sociedad colombiana. El arsenal metafórico empleado para la descalificación absoluta del grupo insurrecto alcanzó cotas insospechadas, como el denuesto "culebra" para designarla, y la no menos sutil supresión fonética de la "c" de la sigla en las múltiples alocuciones y discursos presidenciales. Esta línea de conducta conllevó que el gobierno decidiera su apoyo moral a la coalición de Bush, Blair y Aznar y Colombia se convirtiera en el único país latinoamericano miembro ad honoren de tal cortejo de horrores⁸. La campaña para su inclusión dentro de los listados de organizaciones terroristas y su mantenimiento como tal en Estados Unidos y la Unión Europea, la constituyen como el equivalente del pirata decimonónico, esto es, un nuevo hostis generi humani. El rechazo sistemático a las iniciativas nacionales e internacionales para lograr un acuerdo humanitario cuando no su abierto torpedeo revelando información confidencial y descalificando cualquier intento de intermediación para lograrlo y el deslizamiento terminológico y material hacia el uso del "cerco humanitario" fueron manifestaciones de la revulsión que lo humanitario produjo a lo largo del uribato. En una cacofónica salmodia del grupo guerrillero como enemigo absoluto y banda narcoterrorista, el país quedó dividido por la línea retórica y potencialmente letal de los partidarios incondicionales del gobierno, de un lado, y sus críticos o escépticos adscritos en la categoría de simpatizantes y cómplices de la guerrilla más antigua del mundo, del otro. En una espiral lógica de condenación inexorable, quienes no admiten tal binariedad maniquea, todas las voces independientes y críticas de las políticas gubernamentales, pasaron a convertirse en cómplices intelectuales del terrorismo o idiotas útiles suyos en el mejor de los casos. Este malestar giratorio de presuntas deslealtades e incomprensión de la Seguridad Democrática incluyó a ONG y defensores de derechos humanos, periodistas independientes, partidarios del acuerdo humanitario, estudiantes universitarios y profesores de colegio, quienes en conjunto pasaron a hacer parte de la combinación de todas las formas de lucha atribuida al enemigo absoluto como uno de los atributos de su aviesa naturaleza. La hipertrofia metafórica -la culebra está todavía viva, la conexión con Irán, el fin del fin- condujo a una paranoia generalizada donde las actividades de los organismos de inteligencia manipuladas ilegalmente desde el palacio presidencial se volcaron contra todos ellos y contra las propias instituciones de justicia en un inédito paroxismo de persecución, hostigamiento y espionaje, realmente sin precedentes. Esta exacerbación del enemigo, aparejada a la imperiosa prolongación del dominio de su protector providencial, terminó por convertir a la propia sociedad y la opinión públicas en rehenes de la segunda reelección como condición necesaria para evitar la hecatombe, esto es, la catástrofe. En toda relación de enemistad, y máxime cuando se trata de una concebida en términos absolutos, se presenta siempre un elemento mimético que torna similares a los rivales enfrentados, produciendo una entrañable semejanza: es lo que se ha denominado el efecto teflón de la popularidad presidencial -indeclinable durante todo su mandato-, cuyo elemento compositivo son las propias FARC. Cualquier escándalo de la parapolítica o corruptela que involucre el círculo del ejecutivo -desde las chuzadas del DAS hasta las visitas a la casa presidencial de oscuros personajes vinculados al paramilitarismo y el narcotráfico- tendieron a diluirse ante una nueva captura o una baja en los cuadros de la guerrilla, de manera que la dependencia política del presidente respecto de su enemigo absoluto es de tal magnitud que, en el vórtice de tal relación, se aspiró a jugarse la segunda reelección o la entronización de su sucesor de urgencia.

Núñez efectuó un recorrido que lo llevaría desde las entrañas del radicalismo liberal -ejerció como ministro del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera- a un creciente distanciamiento del mismo -mediante la creación en 1878 del llamado Partido Independiente, Partido de la I, que agrupó a sectores desafectos y nuevos sectores-, desmarcándose progresivamente de su afiliación inicial para, en un segundo momento, crear el Partido Nacional -compuesto mayoritariamente por sectores conservadores- y finalizar como presidente de la colectividad política antagónica. Núñez y Uribe se formaron como políticos en el seno del partido liberal, se distanciaron del mismo, articularon nuevas agrupaciones políticas de corta duración que, en el caso del primero, no alteraron de manera fundamental el bipartidismo vinculando otros sectores, pero desdibujando con ello las identidades iniciales. En el segundo caso, están por verse los efectos transformadores de las dos colectividades políticas tradicionales. En ambos casos, los presidentes finalizaron teniendo como principal soporte y apoyo al partido conservador. De una distancia ideológica muy acentuada se pasó -con diversas gradaciones- a la adopción del ideario o credo opuesto. Esta común y exitosa trayectoria como conversos políticos fue posible gracias al manejo patrimonialista que se dio a la administración pública y a la economía para asegurar un régimen de lealtades y adhesiones personales que ante la precariedad institucional de la época, en el caso del primero, y ante la complejidad del aparato estatal, en el segundo, jugaron un papel determinante en la perpetuación en el poder y la larga permanencia en el mismo. Con ello, se aseguraba una descomunal continuidad en las políticas de gobierno, que contaron con un plazo inusualmente largo para implementarse, pero, al mismo tiempo, se socavaban las pretendidas condiciones para que la recuperación económica y la superación del déficit crónico fueran posibles. Esta ambigüedad deliberada entre la retórica de la política económica y la "empleomanía" (Núñez), como se la llamara en su época, y la privatización y el credo neoliberal (Uribe), probablemente, sea una de las claves de los largos periodos presidenciales que caracterizaron sus respectivas carreras políticas. Si bien los casos de doctrinarios y pensadores influyentes que experimentaron en sus vidas personales y trayectorias públicas un proceso de conversión de inmensas repercusiones en sus respectivas órbitas de actuación no han sido propiamente conceptualizados en un marco teórico suficientemente elaborado, pudiendo decirse que aún falta una teoría politológica de dicho procedimiento o mecanismo, es posible discernir algunos elementos y estrategias de efectuación pragmática y adaptación entre rivalidades o polarizaciones en el caso colombiano.

Toda conversión política perdurable y cargada de consecuencias, pese a su aparente pátina de racionalidad e intimidad, constituye una específica variación de una conversión religiosa (T. Bar On, 2010, p. 260). El dogma político que se construye en medio de la migración de una ideología política a otra, en este caso del liberalismo a un conservadurismo que se pretendió restaurador y refundador de una supuesta nacionalidad corroída por la enfermedad del "radicalismo" o la "amenaza narcoterrorista guerrillera", provino de un fuerte componente religioso en ambos casos. Más objeto de ironías periodísticas que de análisis serios, el trasfondo religioso de ambos mandatarios puede rastrearse en innúmeras declaraciones y manifestaciones de ambos, cuyo léxico preciso, si bien escapa al alcance de esta indagación, no por ello fue menos visible y audible. Las apelaciones a un cierto providencialismo -que se articula a su provincianismo inicial- como líderes poseídos de una misión superior, su apreciación de la guerra que libraron como una suerte de cruzada perfectamente justa y cuasi divina, reeditando una ideología medieval y antisecular -los llamados a San Gabriel para que las balas del ejército den el blanco guerrillero por parte de Uribe- y su llamado al apoyo religioso para sus respectivas empresas denotan una vertiente religiosa en su ideario práctico y programático.

Esta procedencia religiosa de las respectivas convicciones de ambos presidentes puede corroborarse con los rasgos particulares de sus respectivas experiencias vitales, que en ambos casos se vieron amenazadas ya fuera en su propia integridad personal, ya en un familiar cercano. Una reacción casi mística y visceral ante el asesinato del padre de Uribe y ante el atentado con arma blanca del que Núñez fuera objeto, hiriéndolo en el brazo durante una caminata por las calles de la capital, maquinado al parecer por la cúpula del radicalismo, harían parte de esta constelación (Liévano, 1946).

Corolario I: desconstitucionalización progresiva y reelección en medio de la guerra

Tanto el proyecto regeneracionista como el régimen de la seguridad democrática se colocaron de manera decidida por fuera -en diversos grados de antagonismo y variadas modulaciones para su concreción- respecto del marco constitucional vigente. La proclamación de Núñez días después de conocer la derrota de las fuerzas liberales cerca de Mompox -en el recodo fluvial de la Humareda sobre las riberas del Magdalena- a manos de las fuerzas del gobierno, según la cual la Constitución de 1863 había dejado de existir, era el canto de triunfo sobre la fuente de los males, así como el grito de victoria del orden regenerador. Pero, incluso bajo la vigencia de la Carta de 1886, el gobierno efectivo se realizó básicamente con fundamento en los artículos transitorios, poniendo en suspenso el todo constitucional.

El personalismo del régimen uribista y, ante todo, el omnímodo reconocimiento de la legitimidad de las prácticas corruptas e ilegales para asegurar el trámite aprobatorio de la reforma constitucional que permitió su reelección en 2006 -tornando inocua la prohibición originaria-, a la par de las múltiples reformas constitucionales, son la materialización de una profunda antipatía hacia los postulados democráticos y de separación de poderes consagrado en la Constitución de 1991. La nunca expresada pero elocuente voluntad presidencial por buscar un tercer período -que literalmente convirtió al país y sus instituciones en rehenes de la misma- es la conclusión de esa marcada tendencia personalista y desinstitucionalizadora, de manera que la aprobación del referendo reeleccionista habría sido el equivalente legal del triunfo militar de la Humareda: en tal caso, la Constitución de 1991 habría ciertamente dejado de existir, sin necesidad de proclamarlo desde el balcón presidencial. Esta profunda divergencia en los respectivos destinos -el éxito de la segunda reelección de Núñez y el fracaso de la de Uribe merced a la decisión del sistema constitucional- indican con toda la claridad la abismal distancia entre la precariedad de la Carta de 1863 y la reciedumbre institucional alcanzada por la Constitución de 1991. Al estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional respecto del sistema carcelario colombiano, la situación de los tres millones de desplazados y la salud de los colombiano, debe sumarse el propio Ejecutivo, cuyos modos de actuación se han progresivamente colocado por fuera del orden constitucional al propiciar una segunda salida reeleccionista.

La obra y trayectoria política de Núñez le permitió acuñar la fórmula de la "presidencia vitalicia" cuando había sido una vez más reelegido en 1892 para un cuarto periodo que, en esta ocasión, como la precedente, tenía un término de seis años. De este modo, Núñez acumulaba dos periodos bianuales cronológicamente separados (80-82 y 84-86) y dos sexenios cuya extensión temporal triplicaba el término de duración que había sido introducido por la Constitución de 1863 como mecanismo de limitación temporal, al igual que la estricta prohibición de la reelección -rigurosamente cumplimentada por los gobiernos radicales hasta la proclamación de la Constitución de 1886-, que, a su turno, también había sido eliminado. Si a ello se suman dos periodos bianuales más en los que no actuó como presidente sino como genio tutelar y guía política de los designados Zaldúa y Otálora (1882-84) y el periodo de Julián Trujillo como presidente del Partido Independiente (78-80), la Esfinge del Cabrero habría tenido al menos veinte años de nominación como presidente. Sin embargo, este cálculo difiere del tiempo realmente ejercido, pues su súbito fallecimiento en 1894, apenas dos años después de su última elección, y sus retiros frecuentes a Cartagena reducen en casi un lustro esa extensión temporal. Esta calculada hipertrofia presidencialista, cuyo principal beneficiario e indudable artífice fuera el propio Núñez, es lo que ha permitido calificarle e incluirlo como un "dictador a pesar de sí mismo", un apelativo que le fuera conferido por la Academia estadounidense en la década de los años sesenta (Hamill, 1965). En contraste con la aureola hagiográfica con la que ha sido nimbado por la historiografía colombiana dominante -desde Henao y Arrubla, pasando por Liévano Aguirre hasta llegar a Posada Carbó- y por las evaluaciones de índole política que lo asimilan al paso doloroso pero necesario de un autoritarismo ilustrado e imprescindible en el proceso de conformación nacional, varios analistas foráneos, en palmaria contraposición, enfatizan el hondo talante autoritario de sus prácticas de gobierno que llevaron a la exclusión de la participación legislativa en el régimen regenerador posterior a la guerra del 85 de todo adversario político, imponer el destierro a sus rivales testarudos, implantar un sistema de represión permanente de la libertad de prensa que no vaciló en decretar cierre de periódicos, fulminar con la censura y homogeneizar hasta la médula la burocracia oficial.

La pretensión a ultranza cargada de tantas contorsiones legales para la habilitación de un tercer periodo presidencial en el caso de Uribe y las cuestionadas reformas constitucionales y legales emprendidas para materializarlo han condicionado el conjunto de la actividad política y generado un grave deterioro de la institucionalidad democrática. La acuñación de la disyuntiva adicional de "reelección o hecatombe" profundiza esa voluntad de permanencia en el poder y sitúa en un verdadero estado inconstitucional de cosas el conjunto del aparato gubernamental. La conversión del antiguo parlamentario liberal en un líder de su propio partido y su cercanía al partido conservador convertido en uno de sus principales apoyos completan su conversión política.

Corolario II: la guerra civil como sistema de gubernamentalidad

La Seguridad Democrática como estrategia de guerra antisubversiva ha configurado la principal fuente de popularidad y respaldo de la opinión pública a favor del gobierno de Uribe. Gracias a su eficacia retórica y el señuelo de la paz por la vía de la derrota militar de la guerrilla para un país imposibilitado por arribar a ella e hipnotizado en su supuesta y consoladora refractariedad a la dictadura -Colombia no es tierra fértil para dictaduras-, el régimen uribista, con su absolutismo confrontacional y su apuesta bélica, ha intentado emascular la democracia participativa y pluralista que los sectores sociales frágilmente fraguaran en la Constitución del 91. En tal empresa, Uribe ha interpretado mejor que nadie el profundo odio paramilitar contra el proyecto democratizador que en la más heterogénea congregación política de su historia los colombianos instituyeran en la Asamblea Constituyente de aquel año. Si el proyecto regenerador terminaría por darle su nombre a todo un periodo histórico en América Latina, en el que convergieron con disparidades cronológicas el Porfiriato Mexicano, la mano firme de Guzmán Blanco en Venezuela (a quien también se denominara el Regenerador), la República Conservadora en Argentina (Hamnett, 2008), la Seguridad Democrática nos ha puesto, muy por el contrario, a contrapelo de los esfuerzos latinoamericanos por construir una propuesta menos dependiente, de orientación social y autonomía hemisférica, acentuándose con ello a un extremo desconocido la dependencia respecto de Estados Unidos y convirtiendo al país en el tercer receptor de su ayuda militar. Más aún, coaligados en la santa alianza contra el terrorismo, somos la cabeza de puente para las bases norteamericanas, cuya presencia es un corolario adicional de la Seguridad Democrática y una peculiar celebración del bicentenário independentista. En una relación homologa a la Regeneración y su Paz Científica, no cesamos de descubrir una vez más, con la perplejidad acostumbrada, que el verdadero nombre de la Seguridad Democrática era el de la manipulación de la guerra y que su consolidación implicaba la eliminación del millar de jóvenes asesinados en oscuras maniobras militares. Que el Estado Comunitario no eran las nupcias felices de la sociedad -nunca construida como tal en el proceso colombiano- con la estructura estatal -apropiada y cooptada nacional y regionalmente por el paramilitarismo-, sino la fractura de sus manifestaciones populares, sindicales y en manos este.

Al gobierno de Núñez le correspondió celebrar el cuarto centenario del Descubrimiento de América y, como jefe de Estado, se autocomprendió como el realizador del designio histórico de la verdadera cristianización de estas tierras salvajes olvidadas hasta entonces de la mano de Dios, que el ilustre navegante genovés había iniciado, otorgándole al país un himno nacional y un concordato como símbolos de su tarea cumplida. En una simetría de época no menos singular, al gobierno de Uribe le correspondió conmemorar el bicentenário de la Independencia y, sin un asomo de cinismo, se creyó culminando el proceso que iniciaran los proceres de antaño mediante la refundación de la patria. Por fortuna, el proyecto de instituir como animal simbólico de la nación refundada -y refundida- al caballo de paso fino se vino a pique debido a la judicialización de su primo y copartidario, Mario Uribe, autor de la iniciativa de ley, investigado por parapolítica.

Ambos creyeron y pusieron en práctica la tesis de que la paz era la guerra como régimen de gubernamentalidad y su retórica política, al igual que su habilidoso manejo de la burocracia estatal, les proporcionó la verosimilitud necesaria para que sus contemporáneos -de antaño y de hoy- así lo aceptaran.

Se conocen las consecuencias en el primer caso, que tan solo comenzarían a atenuarse un cuarto de siglo después cuando las reformas de Reyes en 1910 abrieron algunos espacios políticos para los liberales ostracizados, permitiendo un rebrote de la convivencia nacional. Apenas se inicia el desvelamiento, gracias a una institucionalidad judicial que logró emerger de las embestidas a las que fue sometida por la Casa de Nariño, de las tragedias causadas durante dos periodos de Seguridad Democrática, en cuyo trámite se juega, o bien la superación del uribismo, o bien su continuidad por otros medios.

Pie de página

¹Se utilizan, en particular, las siguientes obras de Roberto Esposito: Bios: Biopoliticas and Philosophy (2008); Communitas: origen y destino de la comunidad (2003) y Immunitas: protección y negación de la vida (2005).
²La analogía con la escogencia de Juan Manuel Santos como candidato apoyado por el gobierno de Uribe, merced en buena medida a su protagonismo en las operaciones Angosturas y Jaque, salta a la vista.
³El estudio vuelto clásico sobre este fenómeno sigue siendo el de Michael Walzer (2007).
⁴Para el empleo de la noción en Joseph de Maistre, véase Essai sur le príncipe générateur des constitutions politiques suivi d'étude sur la souveraineté (1924). También, el capítulo 2 de The Headless Republic: Sacrificial Violence in Modern French (Goldhammer, 2005) y Apocalipsis de la modernidad (Beneyto, 1993, pp. 86 y ss). ]]> ⁵Este proceso de contaminación metafórica entre dos rivales miméticos como el Radicalismo y la Regeneración se encuentra en la contracalificación de esta última como un "cáncer de la República" y la necesidad de su extirpación, en el discurso de Rojas Garrido -uno de los principales ideólogos del Liberalismo Radical- (Liévano, 1946).
⁶La noción de constitución secreta se encuentra en Our Secret Constitution: How Lincoln redefined American Constitution, (Fletcher, 2003). Una aplicación detallada de esta perspectiva analítica al discurso uribista se lleva a cabo en La Seguridad Democrática como constitución secreta en el gobierno de Álvaro Uribe (Valero, 2010).
⁷Fue la institución oficial Gana (Comisión de Investigación de Actividades del Nazismo en la Argentina) quien sacó a la luz pública estos hechos.
⁸El gobierno de Costa Rica realizó una declaración similar, pero fue finalmente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese país.
⁹Se estima que hubo 45 muertes y 500 arrestos.
¹⁰En radical contraposición a las tesis de los violentólogos, el historiador norteamericano reivindica la calificación de tal situación como una guerra civil.

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