Resistencia comunitaria en Colombia. Los cabildos caucanos y su guardia indígena^*

Community Resistance in Colombia. The Cabildos of Cauca and their Indigenous Guard

Anders Rudqvist^**
Roland Anrup^***

^*Artículo de reflexión.
^**Anders Rudqvist es Doctor en Sociología de la Universidad de Uppsala.Correo: anders.rudqvist@telia.com
^***Roland Anrup es Profesor Titular de Historia de la Mid Sweden University. Correo: Roland.Anrup@miun.se Los autores quieren agradecer a Juan Camilo Arias sus valiosos comentarios.

Recibido: 23/05/2013, Aprobado Evaluador Interno: 28/07/2013, Aprobado Evaluador Externo: 05/08/2013

Resumen

Palabras Clave: Resistencia, autonomía comunitaria, Cauca, guardia indígena.

Palabras clave descriptor: Comunidades indígenas, Colombia, conflicto armado, resistencia civil, sociedades pacifistas, resistencia indígena, indígenas del Valle del Cauca, Colombia.

Abstract

In social contexts afflicted by high intensities of conflict and violence, black communities, peasant and indigenous communities in Colombia have given different meanings to civil resistance that meet the needs of particular contexts and the different forms of violence that afflict them. The Cauca region is known for its tradition of indigenous organization and its resistance against the landlords and the state. The civil resistance of the indigenous movement exercise autonomy and includes several elements such as community and political participation, the Indigenous Guard and permanent assemblies. Due to the work of organizing the communities are able to give a response to the situation of war in the area. The Indigenous Guard is controlled by the indigenous authorities, and originated from the need to preserve the integrity and autonomy of the territory, defend the rights of indigenous peoples, and disseminate indigenous culture and law. In relation to the guerrilla movement the Association of Indigenous Communities of Northern Cauca recognizes that the guerrilla has historically been another form of resistance to the state and defender of indigenous peoples' rights and demand from the guerrilla respect for their culture, customs, lands and territories.

Key words: Autonomy, indigenous communities Cauca, Indigenous guard.

Keywords plus: Indigenous communities, Colombia, armed conflict, civil resistance, peace societies, indigenous resistance, Indigenous population, Valle del Cauca, Colombia.

SICI: 0122-4409(201307)18:2<515:RCCCGI>2.0.TX;2-Q

"Ninguna equivocación mayor que la de creer que la legislación encarna una verdadera política del Estado. Ni la ley es una auténtica norma ya que la historia latinoamericana es una demostración de que el legalismo es la contrapartida de la falta de orden legal, de una aplicación impersonal y sistemática de las leyes, ni es el único medio de acción del Estado, ni revela ninguna congruencia".

Antonio García (1978)

El concepto de resistencia cubre una amplia gama de formas de actuar, individual o colectivamente, desde la resistencia o insurgencia armada hasta las diferentes formas de resistencia civil. Con respecto al Estado, la resistencia civil nace y se desarrolla de manera autónoma fundada en la acción del ciudadano o la sociedad civil. Conviene aclarar que, para nuestros propósitos, la sociedad civil constituye la esfera de la sociedad situada fuera de las instituciones del Estado (poderes legislativo, ejecutivo y judicial). Según esta noción, el Estado y la sociedad civil se encuentran íntimamente ligados, en el sentido en que un tipo determinado de Estado presupone un tipo de sociedad civil correspondiente. Lo que confiere significado teórico y político a esta pareja conceptual es el concepto de hegemonía¹. La sociedad civil, en esta concepción, es considerada como el espacio social en el cual la legitimidad y la hegemonía político-ideológica están formadas y constituidas mediante la interacción y confrontación entre diferentes clases sociales. La sociedad civil es así, por excelencia, la arena de las luchas entre distintos intereses políticos, ideológicos y culturales. La fortaleza del Estado, sus instituciones y la forma de gobernanza dependen de su capacidad de intervenir en actores sociales como ente regulador. El cumplimiento de esta función define el grado de legitimidad y autoridad que tenga el Gobierno, así como el funcionamiento y carácter de la gobernanza y lo público (Fonseca, Gutiérrez y Rudqvist, 2005, pp. 107-108).

La resistencia civil se consagra en las declaraciones universales de los derechos humanos como uno de los derechos fundamentales y, en el caso de que el Estado los viole o no los garantice, los ciudadanos tienen el deber y el derecho de acogerse a la resistencia civil para recuperarlos (Guerrero, 2004, pp. 52, 55). La resistencia civil comprende diferentes variedades, desde la desobediencia o resistencia individual hasta formas colectivas en las cuales el colectivo actúa con más pujanza, como por ejemplo en las recuperaciones de tierra y los desalojos de actores armados de territorios indígenas. Cuando el Estado o los grupos dominantes tienen un poder superior con respecto a los grupos dominados o en resistencia, esta última toma necesariamente una forma cautelosa y encubierta evitando manifestaciones públicas de oposición y protesta (Scott, 1990). Otra opción, utilizada históricamente tanto por indígenas como afrodescendientes ha sido el retirarse y refugiarse en territorios periféricos, poco accesibles o atractivos para las clases dominantes. En algunos casos, sin embargo, frente a regímenes políticos opresores, explotadores o violadores de los derechos humanos —y cuando los medios de la resistencia civil se agotan—, esta opción se ha transformado en resistencia armada o insurgencia.

En un contexto de múltiples poderes enfrentados, como es el caso colombiano, los procesos de resistencia que desarrollan unos actores pueden resultar funcionales para los objetivos puntuales de otros. En determinadas coyunturas, ciertas organizaciones civiles pueden aliarse con la guerrilla para resistir la represión estatal. Así, dado su carácter dínamico, la resistencia civil se puede valer de la insurgencia, y viceversa. De esta forma, la dinámica de cada uno de los poderes locales puede cambiar por efecto de la interacción que se establece entre los actores que sobre ella operan. A través de estos cambios, en que ciertos grupos realizan sus capacidades de poder —en tanto que a otros se les limita— emergen focos de poder y nuevos fenómenos que no encuentran explicación satisfactoria en las doctrinas clásicas sobre el poder. El poder no descansa ni desciende de un solo centro de la estructura social sino que se halla difuminado y se manifiesta en cada una de las relaciones parciales de esta, formando así una compleja red de capacidades particulares y relativas. El poder, o más bien los poderes, incluyen en cada caso la capacidad de disponer, en una medida relativa, sobre las condiciones de vida de individuos y grupos. Las condiciones de existencia del poder no se encuentran en un punto central o un foco único soberano del cual irradian formas derivadas y descendientes. Las relaciones de fuerza crean poderes locales e inestables. El poder no es una institución o una estructura, sino el nombre de una situación estratégica compleja.

El Estado colombiano pretende monopolizar las prácticas represivas a través de las armas y de la legislación e imponerse como un sujeto político hegemónico. Sin embargo, las pretensiones del Estado de constituirse en centro de poder, en sujeto único del derecho y de la violencia, se estrellan contra las características mismas de las relaciones sociales de poder en Colombia. Si entendemos el poder como una red de relaciones múltiples e irreductibles, como mecanismos diseminados por todo el tejido social, veremos que las relaciones de fuerza están involucradas en enfrentamientos incesantes que las transforman, las refuerzan y las invierten. Estas relaciones configuran un conjunto de campos de batalla a diferentes niveles donde continuamente nacen y desaparecen esferas de poder. Los oprimidos, en este sentido, "corroen" el orden establecido con sus concepciones, y sus prácticas y sus focos de resistencia están presentes en todas partes. Tal como ha señalado Foucault (1977):

(...) hay varias resistencias que constituyen excepciones, casos especiales: posibles, necesarias, improbables, espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, violentas, irreconciliables (...) no pueden existir sino en el campo estratégico de las relaciones de poder (...) en ellas se inscriben como el irreducible elemento enfrentador. Las resistencias (...) están distribuidas de manera irregular: los puntos, los nudos, los focos de resistencia se hallan diseminados con más o menos densidad en el tiempo y en el espacio. (pp. 116-117)

En contextos sociales afligidos por altas intensidades de conflicto y violencia, las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en Colombia han dado diferentes significados propios a la resistencia civil que responden a las necesidades de los contextos determinados y las distintas formas de violencia que los aquejan (Hernández, 2004, p. 33). La resistencia civil tiene una dimensión política y surge frecuentemente cuando existe una brecha de legitimidad entre el Estado, el Gobierno y su aparato de orden público, por un lado, y las comunidades o ciudadanos de base, por otro. La falta de legitimidad de la política de gobierno justifica política y moralmente la resistencia civil (Scott, 1979; 1985). Cabe recalcar, en consecuencia, la importancia de los conceptos de lo legal y lo legítimo como constituyentes de la resistencia civil. Aunque haya un Estado percibido por los ciudadanos como legalmente fundado, con políticas y gobernanza coherentes, todavía y siempre existirá un intersticio entre lo legal y lo legítimo, que fundamenta la resistencia y el derecho a la resistencia de los ciudadanos (Cubides, 2008).

Se puede considerar la resistencia civil como una forma de defensa no armada contra diferentes formas de violencia directa, es decir, violencia física que tiene por objetivo neutralizar, herir, destruir o matar por diferentes razones tales como la opresión política o económica, discriminación étnica o racial, intolerancia, competencia, territorialidad o nacionalismo. Empero, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron (1995) abordan otra forma de violencia al hacer referencia a los sistemas de enseñanza: la violencia simbólica, es decir, la imposición de significaciones o valores que son inculcados como legítimas. Para vencer las resistencias de formas culturales antagónicas, el sistema dominante recurre a la violencia simbólica, la cual puede tomar formas bastante diversas, pero que tiene como efectos tanto la desvalorización y el total empobrecimiento de la otra cultura así como la sumisión de sus portadores (Bourdieu y Passeron, 1995, pp. 18, 44).

Es importante señalar que la resistencia civil, igualmente, puede constituir un método de resistencia y defensa frente a las formas de violencia estructural. Por violencia estructural se entiende, siguiendo la conceptualización de Johan Galtung (1998; 2009), los procesos en los cuales la violencia se produce a través de mediaciones institucionales o estructurales. Es decir, cuando las estructuras o instituciones económicas y políticas restringen o imposibilitan las oportunidades, los derechos o las facultades de ciertos grupos o clases sociales hasta el punto en que no es posible satisfacer sus necesidades básicas, tales como el acceso a bienes y servicios como alimentos, agua, vestido, vivienda, salud y educación. La violencia estructural, según Galtung (1998), es un detrimento evitable de las posibilidades de satisfacer necesidades humanas básicas. La violencia estructural, por lo tanto, es inherente a las estructuras y mecanismos sociales de ciertas sociedades y se expresa en desiguales relaciones de poder y acceso a los recursos y oportunidades de vida. Según esta concepción, la pobreza es, por lo general, una forma de violencia estructural, aunque algunos analistas tienden a verla apenas como una consecuencia de "falta de crecimiento económico". Por ende, se relaciona la violencia estructural directamente con la distribución desigual de los excedentes económicos y la injusticia social de una sociedad dada. La oposición a todas las formas de violencia, no obstante, desde la directa y física (masacres, asesinatos selectivos) hasta la violencia ideológica (racismo, discriminación étnica y cultural) parece ser la preocupación principal de la ideología liberal predominante de hoy. Esta preocupación se concentra exclusivamente en la violencia subjetiva ejercida por agentes sociales (individuos malignos, aparatos represivos, turbas fanáticas, etc.) a expensas de una mirada aguda de la "objetiva" violencia estructural, la atención y el análisis de la interrelación y la causalidad entre estas dos formas de violencia (Zizek, 2008, p. 9). Tanto es así que surge inevitablemente la sospecha de que la preocupación exclusiva sobre la violencia subjetiva sirve, consciente o inconscientemente, para distraer nuestra atención del verdadero meollo del problema, o sea la violencia estructural. La manera recién expuesta de concebir la violencia estructural y sus causas se relaciona en forma directa con una conceptualización más precisa de la noción de paz en la cual la simple ausencia de la violencia directa (o sea la paz negativa) no satisface el criterio de paz, sino que requiere además la reconstrucción de relaciones sociales y cambios estructurales que a su vez permitan la justicia social, la satisfacción de las necesidades básicas y, en consecuencia, una vida digna (es decir, paz positiva).

La Constitución de 1991, la autonomía y los territorios indígenas

Durante la segunda mitad de la década de los 80 se inició un proceso de descentralización política de Colombia con la introducción, en el año de 1986, de la elección popular de alcaldes. Posteriormente se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que formuló y expidió la nueva Constitución Política de 1991. Con esta constitución, Colombia se consagró como una nación multiétnica y pluricultural, y se reconocieron formalmente la identidad específica y la herencia cultural de los pueblos indígenas colombianos. Avanzó la nueva constitución en la aceptación de los pueblos y comunidades indígenas como dueños colectivos de extensiones de tierras ancestrales, el reconocimiento de la idea de territorios indígenas, que adicionalmente implica la aceptación del uso cultural. En estos territorios las comunidades y organizaciones indígenas tienen el derecho a la autonomía con respecto al usufructo, manejo y desarrollo del territorio, ya sean propietarios o no de las tierras². Asimismo, la Constitución estableció, como medidas de descentralización, la elaboración de planes de desarrollo y las transferencias de los ingresos de la nación a municipios y resguardos. Estos cambios tendieron a fortalecer las entidades territoriales locales al concederles un mayor margen de autonomía. La descentralización facilitó los avances del movimiento indígena local con resultados como la conquista electoral de alcaldías y curules en los concejos y asambleas tanto de las organizaciones indígenas como de otros movimientos políticos no pertenecientes a los partidos tradicionales.

Las autoridades tradicionales, tales como cabildos y asociaciones indígenas, son reconocidas como entidades públicas de una naturaleza especial. Conservan su carácter de autoridades tradicionales, pero tienen además un mandato público de ejercer las funciones de administración y gobierno establecidas por la ley. La Constitución declara que cada comunidad o pueblo tiene el derecho de formar su propia forma de gobierno. Lajurisdicción especial indígena constituye un ámbito de derecho propio que coexiste con la ordinaria y se reconoce no solo como derecho de costumbre que requiere reconocimiento, sino también como una especie de sistema de regulación o control practicado por cada pueblo indígena, que tiene la autonomía completa de ejercerlo dentro de su territorio³. Además, por ser los indígenas sujetos colectivos de derechos, las vulneraciones individuales constituyen violaciones a los derechos del grupo. Al mismo tiempo la Constitución estableció la posibilidad de crear Entidades Territoriales Indígenas, ETIs, como una medida esencial para impulsar la descentralización y participación ciudadana previstas por la Constitución. Ahora, las medidas y los mecanismos especiales de la Constitución focalizados en estos grupos tenían como propósito llevar a la práctica un proceso de reorganización del poder político local, regional y nacional, una redistribución de los bienes generados a cada nivel, así como construir la autonomía de las respectivas entidades territoriales dentro de un marco nacional unitario. Las ETIs constituyen una forma jurídica de reconocer la autodeterminación de los pueblos indígenas, preservando su pertenencia a la nacionalidad colombiana. Se preveía que los pueblos o comunidades indígenas en las ETIs tendrían autonomía territorial, de gobierno, jurídica, administrativa y fiscal, a la vez que asumirían responsabilidades propias de administración y de gobierno. No obstante, un obstáculo importante para el avance del proceso de autonomía es que el estratégicamente importante reordenamiento territorial no ha avanzado en forma satisfactoria, debido principalmente a la resistencia política en el Congreso y de los gobiernos departamentales.

En la práctica, empero, la justicia del Estado colombiano ha ignorado frecuentemente la justicia y jurisdicción indígenas. El 3 de enero de 2004, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció el asesinato del comunero indígena del resguardo de Huellas, Olmedo Ui Secuie, por parte de miembros del ejército. A raíz de la muerte de Olmedo Ui, 16 gobernadores indígenas levantaron sus bastones de mando bajo un árbol de manga en Bodega Alta, Caloto, y dieron inicio, en febrero del mismo año, al juicio contra la unidad militar comandada por el teniente coronel Juan Vicente Trujillo. Habían resuelto persistir en llevar a cabo el juicio de acuerdo a sus usos y costumbres y desde el derecho propio. Unos tres mil indígenas esperaban a Trujillo en silencio mientras se repitió tres veces el llamado: "El Tribunal Indígena cita al teniente coronel Juan Vicente Trujillo". El oficial no apareció frente a la audiencia pública sino en una conferencia de prensa en Cali: "Yo me limito a estar dentro de mi jurisdicción y las normas legales con las cuales estoy cumpliendo" dijo. Y desde Bogotá, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Carlos Alberto Ospina añadió: "Los únicos que pueden juzgar a los colombianos son los miembros de la justicia" (El Tiempo, 2004). No obstante, bajo un árbol de manga, el tribunal sesionaba basado en los derechos de autonomía y jurisdicción indígena que confiere la Constitución Nacional. De hecho, la Constitución colombiana de 1991 consagra la jurisdicción especial indígena. El artículo 246 dispone que "las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales" (Castro, 2004, pp. 81-90). La Corte Constitucional ha reiterado en varias sentencias que se trata de una potestad, de una atribución que la Constitución adscribe a las autoridades indígenas (Sánchez, 2002). Sin embargo, la ley estatal establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional (Bonilla, 2006, pp. 148-266). Pero las aspiraciones indígenas de los nasas van más allá:

Nosotros le llamamos Derecho Mayor y Ley de Origen, porque está ahí desde antes del Estado. El derecho propio no es sólo Ley para adentro, sino que es un derecho frente a los demás: los otros pueblos y los otros derechos. No vamos a renunciar nunca a él, porque sería renunciar a vivir como somos y desaparecer. Pero se trata de dos derechos distintos, y en algunos casos enfrentados. (Foro Nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia, p. 2) ⁴

Para tomar en cuenta este tipo de experiencias de justicia y jurisdicción, por fuera y en conflicto con lo estatal, parece fructífero el amplio concepto que ha propuesto el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos (1991) para definir el derecho como: "el conjunto de procesos regularizadores y de principios normativos considerados justiciables en determinado grupo que contribuye para la creación y prevención de litigios, y para la resolución de éstos a través de un discurso argumentativo de variable amplitud, apoyados o no por la fuerza organizada" (p. 66). Esta definición es suficientemente amplia para incluir las formas de justicia popular a las que hace referencia Michel Foucault (2001) cuando dice:

(...) las masas cuando reconocen en alguien a un enemigo, cuando deciden castigar a este enemigo —o reeducarlo— no se refieren a una idea universal abstracta de justicia, se refieren solamente a su propia experiencia, a las lesiones que han sufrido, al modo como han sido perjudicadas, como han sido oprimidas; y finalmente, su decisión, no es una decisión de autoridad, es decir, no se apoyan en un aparato de Estado que tiene la capacidad de hacer valer sus decisiones, sino que las ejecuta pura y simplemente. (p. 44)

La lucha por la tierra y la resistencia indígena en el Cauca

Para el movimiento indígena, la resistencia civil es un ejercicio de autonomía y práctica comunitaria frente al Estado, los actores del conflicto armado y los intereses económicos transnacionales. Como consecuencia del principio de autonomía las comunidades han decidido no abandonar el territorio en casos de emergencia sino recurrir a la resistencia civil desde las asambleas permanentes. La resistencia incluye varios elementos como las estrategias de la participación comunitaria, la participación política, la educación y capacitación, el diálogo, el plan de emergencia, la Guardia Indígena y las asambleas permanentes. Debido al trabajo de organización, formación y capacitación realizado por el movimiento indígena las comunidades son capaces de dar una respuesta organizada frente a situaciones de combate en la zona. Las asambleas permanentes se encuentran ubicadas en sitios estratégicos y las comunidades han fijado lo que se debe hacer antes, durante y después del surgimiento de una emergencia del conflicto armado. Un factor que ha jugado un papel clave en esta estrategia es la multitud de gente desarmada que ha concurrido a estas manifestaciones. En muchas ocasiones el movimiento indígena ha demostrado su gran capacidad de movilización, como lo evidencian las grandes marchas y mingas⁶. En ciertas de las acciones regionales referidas han participado más de 60 mil personas.

Actualmente más de 400 mil indígenas colombianos, o sea el 27% de esta población, carecen de tierras (ACNUR, 2012). Alrededor de 70 mil de los desplazados colombianos son indígenas y su desplazamiento ha aumentado durante los últimos cinco años. Los indígenas huyen o se ven desplazados por confrontaciones armadas, amenazas y masacres, minas antipersona y reclutamiento forzado, a la vez que sufren la ocupación de sus lugares sagrados, confinamientos y controles sobre la movilidad de personas y bienes. Ocupación forzada y despojo de tierras son factores primordiales del conflicto colombiano y las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a estos ya que viven en extensos territorios que frecuentemente son ricos en recursos naturales codiciados por grupos no-indígenas (ACNUR, 2012). En el ámbito territorial la lucha persistente del movimiento indígena ha conseguido que el Estado, luego de haber reconocido formalmente 71 resguardos en 1964, ha extendido tal reconocimiento a aproximadamente 710 resguardos por resoluciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incorra) y su sucesor, Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) (ACNUR, 2012). Cabe destacar que se trata de titulación de tierras consideradas "baldías" por el Estado, pero ya ocupadas por pueblos indígenas, reactivando el reconocimiento de una parte de los resguardos coloniales que anteriormente eran desconocidos de hecho, por olvido o por pérdida de los títulos (Mondragón, 2008). Incora e Incoder, la corporación Nasa Kiwe y las entidades territoriales han adquirido en todo el territorio de Colombia apenas 220 mil hectáreas que eran de propiedad particular. En el caso del Cauca una proporción de las hectáreas adquiridas hacían parte de los resguardos coloniales.

En la última década, la dinámica de concentración de tierras revela una tendencia creciente del coeficiente Gini, que mide la desigualdad social y de recursos como la tierra. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en 2012, el Gini de 0.84 sitúa al Cauca en el podio de la desigualdad, solo superado por Meta y Sucre. Jorge Humberto Granados Rocha, asesor de tierras del Igac, afirma que además, cuando se analiza "la tierra en los municipios, la concentración se presenta en tierras de mejor calidad y puede ser por unos cuantos proprietarios con predios muy grandes". En el Cauca, dos terceras partes de la población total, que se acerca a 1.300.000 mil habitantes, viven en la pobreza.

Las cifras oficiales de población del departamento son 1.268. 937, de los cuales el 62 por ciento viven en el campo y el 38 por ciento en áreas urbanas (ElColombiano, 2013).

En el norte del Cauca más de 165 mil indígenas nasas vienen librando una lucha por su cultura, sus comunidades y su seguridad (Ministerio de Cultura, 2012). Esta región se distingue por su tradición de organización indígena y por su resistencia contra la explotación y represión de los terratenientes así como de otros representantes de de la aristocracia caucana y el Estado. Ya a principios del siglo XVIII la Corona española reconoció los resguardos indígenas de montaña y el gobierno autónomo de sus caciques, como resultado de la resistencia indígena. En 1851, luego de ser derrotados, los conservadores y terratenientes en la guerra civil con la que pretendieron anular la ley de abolición de la esclavitud, procuraron convertir sus haciendas al régimen denominado terraje o volviendo peones a los indígenas (Fals, 1975, p. 105)⁷. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, varios gobiernos y leyes propiciaron la disolución de los resguardos. Durante esta época nuevos hacendados y colonos también invadieron las tierras de resguardo por las vías de hecho y por fraudes de notaría. En estas circunstancias nació el movimiento indígena en el Cauca liderado por Manuel Quintín Lame, con el propósito de recuperar las tierras de resguardo y la autonomía territorial. A pesar del destierro de Lame, el movimiento, luego dirigido por José Gonzalo Sánchez entre 1934 y 1945, obtuvo algunos éxitos legales por medio de la expedición de ordenanzas del Cauca (CRIC, p. 59). La Violencia (1946-1958) eliminó los logros de los indígenas que además fueron víctimas de masacres y el envenenamiento de José Gonzalo Sánchez en Tierradentro (Mondragón, 2002, pp. 17-18). En el Cauca se agudizó el terraje y fueron desconocidos de hecho los títulos coloniales de varios resguardos. El punto clave de los conflictos ha sido y sigue siendo la tenencia de la tierra y la invasión ilegal y sistemática de los resguardos. Históricamente el departamento del Cauca se ha caracterizado por el sistema esclavista de las haciendas de azúcar y cacao en el norte del departamento y la explotación de los indígenas por medio del terraje en las zonas altas. Hoy las familias de la aristocracia caucana con apellidos como Arboleda, Chaux, Mosquera y Valencia continúan en línea directa e ininterrumpida la política de sus antepasados (Molano Bravo, 2008), con excepción quizás del gobierno del gobernador indígena guambiano Floro Tunubalá y su gabinete (2001- 2003).

Un buen ejemplo de la llamada "aristocracia" caucana y las formas y mecanismos que esta emplea para dominar y mantenerse en el poder del departamento es el exgobernador del Cauca (2004-2007) Juan José Chaux Mosquera. Durante su periodo de gobierno, Chaux se hizo conocido como un acérrimo enemigo de las reivindicaciones y la representación de los grupos indígenas, asumiendo la tarea de "regenerar" el departamento luego de los avances populares del primer gobernador indígena del Cauca, el taita Floro Tunubalá. Durante todo el gobierno de Chaux se ejerció una fuerte represión contra el movimiento indígena y otras organizaciones populares obstaculizando asimismo por todos los medios disponibles el cumplimiento de acuerdos y obligaciones del Estado como consecuencia de la masacre de la hacienda El Nilo. Esta política se extendió al obstaculizar la Delegación de la Comisión de la Unión Europea que financia el Laboratorio de Paz en los departamentos de Cauca y Nariño, uno de los proyectos más grandes de la Delegación. Chaux criticó fuertemente al Consejero de asistencia internacional de la Delegación por la presencia de organizaciones indígenas en la junta directiva del Laboratorio declarándolos "enemigos del gobierno". El Consejero, que poseía entereza moral y hasta este momento se había constituido en garante de la línea política de reducción de pobreza y resolución negociada del conflicto del Laboratorio, le contestó: "¡Señor Gobernador, bienvenido a la democracia!" Sobra decir que el Consejero, luego de los contactos correspondientes del gobernador con el Gobierno, fue puesto en "cuarentena política" por parte del Gobierno colombiano. Luego de un tiempo de rigor fue trasladado a Bruselas. Desgraciadamente, a la Delegación y a los Países Miembros les faltó la integridad moral y política característica del Consejero, por lo cual actuaron en forma "discreta" y poco decorosa en la definición del caso. Chaux, en cambio, fue nombrado embajador en la República Dominicana por el presidente Uribe dados sus buenos servicios rendidos en el Cauca. Sin embargo, el trasfondo real del gobernador se reveló en relación con el escándalo de la reunión en la Casa de Nariño, el 23 de abril de 2008, entre los secretarios jurídico y de prensa del Palacio, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez con Antonio López, alias "Job", paramilitar y lugarteniente del líder paramilitar Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", el abogado de "Berna" Diego Alvarez, la subdirectora de operaciones del DAS, Marta Inés Leal y Chaux Mosquera, cuando los enviados de "Berna" entregarían supuestas pruebas de un complot de miembros de la Corte Suprema de Justicia contra el Gobierno.

La reunión secreta entre los paramilitares y los funcionarios del Gobierno se reveló gracias a varias cintas de grabaciones de conversaciones entre los participantes obtenidas y publicadas por la revista Semana. También salió a flote la estrecha relación de Chaux con los paramilitares, la cual luego quedó corroborada por testimonios de dirigentes paramilitares como Fredy Rendón, alias "el Alemán", que conoció a Chaux como comisionado político del bloque paramilitar Calima en un encuentro en 2002. Chaux fue detenido el 18 de mayo de 2009 y pasó 841 días detenido en el pabellón de los "parapolíticos" de La Picota, pero quedó en libertad en septiembre de 2011 debido a fallas por la Fiscalía en el proceso adelantado en su contra. No obstante, sigue siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por su supuesta participación en el llamado "Pacto de La 21" que realizaron líderes políticos y empresarios con el Bloque Calima, para comprometerse con "el proyecto refundador del paramilitarismo". Se encuentra asimismo procesado por sus nexos con los grupos paramilitares.

La represión al movimiento indígena y los asesinatos selectivos de sus líderes han sido una constante a través de la historia en el Cauca. Durante los primeros ocho años del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, fueron detenidos centenares de sus miembros y 35 de ellos fueron asesinados, las zonas indígenas militarizadas y los cultivos y chozas arrasadas por el ejército y la policía (Controversia, 1979, p. 61). El paramilitarismo, por lo tanto, no es un fenómeno nuevo en el Cauca, es apenas una variante modernizada de una modalidad practicada desde hace décadas:

(...) los pájaros se convierten en 1976 en el peor flagelo para la organización en toda la zona norte, en Caldono y en Coconuco. Son contratados como "trabajadores" en las haciendas mientras reconocen la zona e identifican las víctimas. La presencia del Ejército facilita la acción de éstos, al impedir cualquier intento de organización por parte de los indígenas. En el norte asesinaron seis compañeros entre el 75 y el 76. (Controversia, 1979, p. 62-63)

El líder campesino Gustavo Mejía, colaborador del CRIC, fue asesinado en marzo de 1974, y en el mismo año murió en "confusas circunstancias" Pedro León Rodríguez, párroco de Corinto, asesor y colaborador del CRIC. En 1977 la policía mató al líder indígena Justiniano Lame, descendiente de Quintín, y en 1978 fueron asesinados por "pájaros" el dirigente Avelino U1 y Lisandro y Marco Tulio Casso. Durante esta coyuntura del "Estatuto de Seguridad" del Gobierno de Julio César Turbay Ayala, asimismo cayó asesinado Benjamín Dindicué del Comité Ejecutivo del CRIC, y fueron detenidos y torturados por el Ejército los dirigentes Marco Aníbal Avirama, presidente del Comité Ejecutivo, y su hermano Édgar Avirama, Taurino Ñuscue, secretario del Comité, Miguel Ñuscue y Mario Escue Pasou, así como los colaboradores del movimiento Luis Angel Monroy, Graciela Bolaños y Guillermo Amórtegui. El 22 de enero de 1982, agentes de la Policía atacaron a un grupo de indígenas, en el momento en que ellos regresaban de cosechar, y asesinaron a Gloria Ulcué Chocué, hermana del padre Alvaro. En esta misma ocasión sus padres quedaron heridos. El 10 de noviembre de 1984, en Santander de Quilichao, fue asesinado el padre Alvaro Ulcué Chocué. A pesar de que los dos sicarios que perpetraron el crimen fueron identificados como miembros de la policía adscritos al F-2, el asesinato ha quedado en la impunidad (Villamizar, 2007, pp. 431-432). Esta larga cadena de represión violenta contra el movimiento indígena se ha extendido al presente con varias víctimas durante las recientes recuperaciones de tierra, grandes marchas indígenas y desalojos de actores armados de los territorios indígenas.

Debido a las condiciones sociales, económicas y políticas, las luchas de los indígenas del Cauca resurgieron en la década de los 60, primero siguiendo los principios de organización de los sindicatos agrarios, luego en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y finalmente organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que nació en 1971 en Toribío con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo (CINEP, 1981, p. 9). La plataforma de lucha del CRIC contempla los siguientes objetivos: 1. Recuperar las tierras de los resguardos; 2. Ampliar los resguardos; 3. Fortalecer los cabildos indígenas; 4. No pagar terraje; 5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación; 6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas; 7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con su situación particular y en su respectiva lengua. Es de notar que este programa corresponde exactamente al del movimiento de Quintín Lame. El CRIC, por lo tanto, es una expresión reciente de lucha y resistencia civil organizada contra las diferentes formas de dominación y explotación ejercidas contra los indígenas del Cauca a partir de la Conquista.

Durante las últimas décadas el CRIC ha jugado un papel clave en la resistencia indígena en el Cauca. Es una de las organizaciones indígenas más grandes de Colombia, y comprende 77 resguardos, más de 115 cabildos y alrededor de 246 mil miembros pertenecientes a siete pueblos diferentes, de los cuales los nasas son el mayoritario, al constituir un 80 por ciento del total de los miembros de la organización (Hernández, 2004, p. 76). El nacimiento del CRIC se enmarca en la coyuntura histórico-política del reformismo agrario y las luchas agrarias de las décadas 60 y 70. En el sur del Valle del Cauca tanto como en la zona del norte se desarrolló un proceso de organización y lucha por la tierra de los campesinos que se vieron enfrentados con los procesos de concentración de la tierra y la proletarización. Los mismos procesos y la misma lucha fueron iniciados por los nasas y los guambianos del Cauca en el mismo periodo. Cabe recordar que los indígenas caucanos habían sido ya hace mucho tiempo articulados a los mercados capitalistas y que habían experimentado una adaptación obligada al sistema de mercado y la forma de organización política dominante. A pesar de este largo proceso, sin embargo, persiste la identidad indígena y el ánimo de lucha por defender la conformación espiritual y cultural de las comunidades propias. No obstante la cultura y la organización social originaria, los indígenas del Cauca han asimilado ciertos elementos campesinos. En consecuencia, durante los años de surgimiento y formación del CRIC hubo una convergencia de las causas y luchas de los indígenas terrajeros con las de los campesinos y trabajadores agrícolas de la región, una afinidad que se concretizó en cooperación y alianzas. Antes de constituirse el CRIC los terrajeros indígenas habían iniciado luchas por las tierras de los resguardos de Guambía y Tacueyó arrebatadas por terratenientes (CINEP, 1981, pp. 9-10). Los terrajeros nasas y guambianos del norte y el oriente, las zonas más afectadas por la invasión de resguardos por parte de los terratenientes, jugaron un papel preponderante en el inicio de las luchas y la fundación del CRIC. También hubo colaboración y orientación de sindicatos agrarios como el Sindicato de Agricultores del Oriente Caucano de FANAL, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Federación Social Agraria (FESAGRO) de Corinto y su presidente Gustavo Mejía, quien participó en la organización de la primera asamblea del CRIC y desempeñó un papel fundamental en la constitución y consolidación del mismo (CINEP, 1981, pp. 10-13). La recuperación de las tierras arrebatadas siempre ha sido un objetivo clave del CRIC. La lucha por la tierra busca conservar y ampliar los resguardos y fortalecer los cabildos (instituciones fundamentales para la organización social y cultural indígena) existentes así como reconstituir resguardos y cabildos que existieron anteriormente⁸.

Sobre las tierras de antiguos resguardos la actividad de los particulares se dirigió en forma violenta o soterrada a eliminar a los indígenas como propietarios. El aparato judicial fue utilizado para efectuar lanzamientos, previa adjudicación de tierras mediante juicios ejecutivos por deudas inexistentes o que figuraban en documentos firmados mediante engaños. (Jimeno y Triana, 1978, pp.65-66)

En sus primeros cinco años el CRIC realizó acciones de recuperación de tierras en los resguardos de Paniquitá, Guambía, Tacueyó, Toribío, Huila y Coconuco y logró en los cinco primeros años de la organización recuperar 5 mil hectáreas de tierra, "parte de muy buena calidad" lo cual según el CRIC "contrasta con las aproximadamente 8 mil hectáreas en peladeros que ha negociado el Incora en sus 10 años de funcionamiento, y que solo se podría incrementar con la buena voluntad de los latifundistas locales" (CINEP, 1981, pp. 14-23). Hasta 1996 se habían recuperado 74.228 hectáreas. Según la estimación del CRIC, desde su inicio hasta el 2003, se han recuperado 120 mil hectáreas (Hernández, 2004, p. 88). Con respecto a esta recuperación de tierras indígenas, no han tardado en manifestarse los sectores más tradicionales de las élites caucanas, como es el caso de Isabella Victoria Rojas, directora de la Sociedad de Agricultores del Cauca, quien afirma que "urge regular la tenecia de tierras en Cauca para asegurar el futuro productivo y el derecho a la propiedad privada. Ya existe un desbalance por la expansión desmedida de resguardos indígenas" (El Colombiano, 2013, pp. 4-7).

En cuanto a sus otros objetivos, el CRIC también ha alcanzado resultados significativos. Se ha logrado la unidad y la organización de prácticamente todas las comunidades indígenas del Cauca, avanzando en la recuperación de los idiomas autóctonos, la educación bilingüe, la formación de docentes indígenas, así como en el nivel de educación general de la población indígena. En cuanto a actividades productivas se ha conservado la producción comunitaria, fortaleciéndola con tiendas comunitarias, una central de cooperativas, un fondo rotatorio de créditos y el establecimiento de contactos y canales para la exportación de productos en el marco del comercio justo. Respecto a experiencias de resistencia, fortalecimiento y consolidación de la organización indígena, existen varios ejemplos importantes a diferentes niveles en el Cauca. Aparte del CRIC, que tiene una cobertura departamental, hay importantes prácticas a nivel local y zonal tales como el Proyecto Nasa, el Proyecto Global, la Resistencia Indígena Comunitaria de Caldono y la experiencia de La María, entre otras. Estas experiencias del norte del Cauca a su vez han sido recogidas y retroalimentadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

El Proyecto Nasa se inició en Toribío en 1980 con participación de varios actores, pero con una contribución fundamental del sacerdote católico nasa Alvaro Ulcué Chocué, quien siguió la orientación de la teología de la liberación. A pesar de la fuerte represión de la fuerza pública y el gobierno departamental, el proyecto logró fortalecer y profundizar la organización indígena en el ámbito local e inspirar otros procesos de organización indígena en el norte del Cauca. Los propósitos del proyecto eran reducir las condiciones graves de pobreza, exclusión, explotación y represión que afectaron a los indígenas en Toribío y reducir la violencia y la represión ejercida contra los indígenas por parte de los terratenientes y la policía, como consecuencia especialmente de las recuperaciones de tierra. Al inicio del proyecto se llevaron a cabo jornadas de reflexión y concientización de la comunidad así como una asamblea de los tres resguardos del municipio. Los criterios del proyecto fueron, entre otros, partir de la base y generar una conciencia crítica y una visión global de la realidad, trabajar en equipo promoviendo el crecimiento colectivo, dar importancia al estudio y la capacitación y tener una actitud abierta a los aportes externos (Hernández, 2004, p. 118). En el marco del proyecto se identificaron colectivamente tres elementos esenciales, es decir, organización, concientización y desarrollo integral, que se expresarían en un conjunto de programas y proyectos con el propósito de responder a las necesidades y generar alternativas. Los primeros programas comprendieron producción, familia, vivienda, salud, educación, evangelización, trabajo comunitario, tiendas y empresas comunitarias. En 1981 se inició un proceso de recuperación de tierras. Se frenó, sin embargo, el desarrollo del proyecto por la intensificación de la violencia en Toribío a mediados de los años 80. No obstante, resurgieron las actividades a fines de la década de los 80 con acompañamiento, apoyo y aportes del equipo misionero y la cooperación internacional, y se retomaron los proyectos iniciales y comenzando nuevos. Los cambios traídos por la Constitución de 1991 facilitaron nuevas propuestas, como la creación de un movimiento cívico para acceder al poder político mediante las normas de autonomía de los pueblos indígenas y con una propuesta del Proyecto Nasa. En las décadas de los 90 y 2000 se realizaron importantes proyectos de educación, producción, medio ambiente, del movimiento cívico así como el lanzamiento de una emisora comunitaria. En 1995 el movimiento cívico ganó la alcaldía de Toribío, lo cual permitió que el proyecto pudiera fortalecer la participación comunitaria, el diseño y ejecución de un plan de vida y dar un ejemplo de administración política al servicio de la comunidad.

En el año 2000 se decidió reestructurar el cabildo y el Proyecto Global enfatizando los núcleos del programa: el núcleo de salud, el núcleo económico y el núcleo de educación. En 2000 también se elaboró la Resolución de Autonomía, que fue aprobada por la junta directiva del CRIC en Jambaló y que constituyó el fundamento jurídico del "Plan de Defensa de la Vida, Respeto y Control del Territorio" para la organización y reglamentación de la Guardia Indígena y la preparación de un plan de emergencia frente a la violencia del conflicto armado (Hernández, 2004, p. 150). Para evaluar las actividades realizadas y planificar otra nuevas, el Proyecto Global realiza asambleas cada tres meses. Al igual que el Proyecto Nasa, el Proyecto Global ha logrado grandes avances en los campos de educación, salud, servicios públicos, fortalecimiento de la organización y los cabildos así como una vigorización de los mecanismos de resistencia civil contra el conflicto interno. Se ha recuperado además un 95 por ciento del territorio que históricamente pertenece a las comunidades indígenas. Tanto en el Proyecto Nasa como en el Proyecto Global se priorizan las necesidades y valores de la comunidad. La participación se practica en escenarios diferentes y complementarios tales como mingas, reuniones, comités, asambleas, manifestaciones, en la preparación de planes de vida, de desarrollo y de uso de las transferencias de la nación, en la preparación y aprobación de programas y en el monitoreo y evaluación de los mandatos de las asambleas.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Guardia Indígena

En 1994 se creó La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), una organización popular que comenzó a funcionar prácticamente en la calle. Las reuniones se realizaban en un parque o en las casas de los miembros y los asesores. Empero, la asociación se estructuró cada vez más y actualmente desarrolla varios programas importantes en los campos de la educación, la salud, la economía ambiental, el desarrollo comunitario, el jurídico y la comunicación. En octubre de 2005, la ACIN convocó a las comunidades afrodescendientes y campesinas mestizas de la región a un encuentro interétnico con el objetivo de analizar alternativas económicas, sociales y culturales ante las intenciones del Gobierno de incorporar a Colombia al Tratado de Libre Comercio (TLC). Un vocero de la ACIN declaró que más de cinco mil representantes de diversas organizaciones comunitarias de nueve municipios del norte del Cauca expusieron sus experiencias y analizaron las posibles repercusiones que tendría el TLC en sus comunidades. Una de las discusiones centrales del encuentro, que tuvo lugar en Santander de Quilichao, fue la creación de una región autónoma interétnica en los municipios del norte del Cauca, un proyecto que tiene su fundamento jurídico en la Constitución de 1991. En mayo de 2004 algunos delegados de los resguardos del municipio de Toribío recibieron en Nueva York, de manos del secretario general de la ONU, Kofi Annan, el Premio Ecuatorial a "logros extraordinarios en el empeño por reducir la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad". En los tres resguardos del municipio de Toribío (Toribío, Jambaló y Tacueyó) la propiedad es compartida. No se trata solo de la tierra, también cuentan con una estación piscícola, una procesadora de lácteos y una planta de jugos, entre otros programas de desarrollo comunitario. Seis mil niños se educan en 156 escuelas y un centro especializado enseña —además de bachillerato— antropología, economía y etnoeducación. Mediante este programa se ha capacitado a cientos de líderes indígenas. En Nueva York los delegados de los comuneros pidieron a la ONU que brigadas internacionales de paz los acompañen como escudos humanos y que la Guardia Indígena sea declarada "agente internacional de paz" (El Tiempo, 2004 Mayo 21).

Una organización social con características similares a la Guardia Indígena ha existido tradicionalmente en el territorio indígena del Cauca, pero menos visible que la guardia de hoy. La decisión de crear la guardia de manera formal y permanente se ratificó a través de la resolución 003 del 28 de mayo de 2001, expedida por los cabildos indígenas de la zona norte en el municipio de Caloto, con el apoyo del CRIC⁹. La Guardia Indígena está compuesta por indígenas nasas, guambianos, coconucos, totoroes y yanaconas y sus símbolos son un brazalete verde o rojo y un bastón de mando. La misión de la Guardia Indígena es la de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, respetar y difundir la cultura y el derecho autóctono, hacer prevalecer el poder de las autoridades propias y prevenir o solucionar cualquier situación que atente contra la existencia de los pueblos indígenas (ACIN, 2004, p. 4). Las actividades son principalmente las siguientes:

• Vigilar los resguardos y alertar a la comunidad de los diferentes peligros.
• Controlar el movimiento interno y externo de los comuneros.
• Controlar el tránsito de comerciantes y vendedores ambulantes.
• Acompañar a la comunidad y cabildos dentro del contexto de la población civil.
• Mantener informada a la comunidad y cabildos sobre el orden público y exigir respeto como organización social a los actores del conflicto.
]]> Investigar antecedentes y el destino de personas y vehículos que ingresan al territorio.
• Hacer decomisos, allanamientos, requisas con previa autorización de la autoridad propia.
• Defender los derechos humanos, denunciando todos los actos que atenten contra el bienestar y la tranquilidad de la comunidad.
• Controlar los eventos importantes que se desarrollen en las comunidades como marchas, congresos, asambleas, etc.

La Guardia Indígena está conformada por 10 representantes de cada una de las 320 veredas para un total de 3200 personas, a las que se pueden sumar muchas más, según las demandas del momento. Este es uno de los modos de resistencia en el cual participa voluntariamente un grupo de comuneros elegidos por los habitantes de cada vereda y luego ratificados por el cabildo de cada resguardo (Minga en resistencia, 2002, p. 29). El servicio de guardia es por un periodo de uno o dos años y las guardias son además escuelas de formación donde se capacitan los futuros líderes de las comunidades (Caldón, 2004, p. 283). La ACIN (2004) ha declarado que: "La Guardia Indígena no es una estructura policial, todo lo contrario, es que cada indio, cada hombre y mujer nasa, cada mirada y cada voz, es, y serán siempre una forma de guardarnos para el futuro, de preservarnos para la vida" (p. 5).

Los guardias, solamente armados con bastones y walkietalkies, tratan de salvaguardar los territorios de los cabildos e impedir el ingreso de actores armados. Por ahora han llegado, en algunos casos, a un modus vivendi con la guerrilla, que se ha comprometido a no establecer campamentos en algunas de las comunidades indígenas, aunque impone el derecho de transitar por los territorios para atacar a la Policía y al Ejército o para sus retiradas frente a ofensivas de este último. Para las comunidades indígenas la guardia es organización, autoridad, respeto, legitimidad, pero ante todo espiritualidad. Lizardo Domicó, secretario general de la ONIC asevera que:

(...) finalmente todos en el país tenemos un enemigo común, y ese enemigo ha querido deslegitimar la resistencia, unos cuando dicen que es antisubversiva y otros cuando dicen que es amiga de organizaciones armadas. Lo que no entienden quienes no saben de nuestras razones es que la resistencia es una expresión de la vida, que es la vida misma. Es una fuerza vital que se opone a la muerte para defender la vida. (Caja de Herramientas, 2004)

La resistencia en este contexto son actos individuales que se juntan en el colectivo sin la presunción de lo vistoso, del reconocimiento o la campaña. Son propuestas que atraviesan la vivencia diaria, el cuerpo, el pensamiento y la vida misma. Los indígenas afirman que esta expresión del movimiento indígena constituye la "reserva ética y moral" del país. La Guardia Indígena está controlada por las autoridades indígenas, nace por la necesidad de tener autonomía en sus territorios y ha ido construyendo sus posiciones políticas poco a poco durante muchos años de resistencia. Constituye asimismo una estrategia para ofrecer una posibilidad a los jóvenes, distinta a la guerra, porque les ofrece formación y les entrega una responsabilidad para que no sean cooptados por los actores armados. La guardia y los y las jóvenes cumplen un papel político muy importante, ya que sin sus guardias los gobernadores no pueden controlar sus territorios.

Los cabildos de Jambaló y de Toribío denuncian que desde que el régimen ha puesto cuarteles de policía fuertemente armados en los cascos urbanos de sus pueblos los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla se dan con una mayor frecuencia. En Jambaló, donde hay un puesto con más de cien policías, con los cuales la mayoría de los habitantes rechazan cualquier contacto, el 80 por ciento de las edificaciones han sufrido algún tipo de daño. Como la Policía depende del Ministerio de Defensa algunos de sus cuerpos son totalmente militarizados. Estos cabildos, por lo tanto, han demandado del Ministerio de Defensa el retiro de la fuerza pública de sus territorios. Ante la negativa a aceptar sus demandas los indígenas y organizaciones campesinas han realizado marchas multitudinarias para hacer pública su situación y exigir soluciones de paz. Más de 65 mil indígenas acompañados por organizaciones campesinas y afrocolombianas marcharon en septiembre de 2004 por la Vía Panamericana hasta llegar a Cali, en la más ejemplar muestra de lo que significa una protesta pacífica de resistencia civil.

Los indígenas y la guerrilla

Un año después, a principios de septiembre de 2005, los indígenas del resguardo Huellas, de Caloto, se tomaron la hacienda La Emperatriz y unos mil indígenas de las comunidades de Tacueyó, Toribío, Jambaló, San Francisco y Caldono ocuparon la hacienda El Guayabal en la vía de Caloto a El Palo. Vino de inmediato la represión de la fuerza pública con el fin de desalojarlos y se desarrollaron verdaderas batallas campales. Según Víctor Javier Meléndez (2005), Defensor del Pueblo del Cauca, hubo más de cien heridos, entre ellos un niño con un fuerte trauma en el cráneo. En noviembre de 2007 se repitieron batallas en las haciendas Japio y La Emperatriz, donde hubo uso de armas de fuego, denuncian las comunidades. Dos semanas dejaban más de 20 indígenas lesionados en enfrentamientos entre miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía y cientos de indígenas que intentaron entrar a La Emperatriz en las afueras de Caloto. El comunero indígena Rodrigo Pito de 18 años, del Resguardo de Huellas, sufrió dos heridas de bala en el pecho y Lorenzo Dagua fue impactado por una bala en la axila derecha. Aunque las autoridades negaban uso de armas de fuego los indígenas señalaban que esconden armas de fuego y machetes en sus uniformes sintéticos de protección. Además hubo presencia de personas de civil que tomaron fotos y portaron armas. Feliciano Valencia, consejero de la comunidad, dijo que "esto se debe a que el gobierno nacional y el gobernador del Cauca nos han vinculado con las FARC" (El Tiempo, 2007 Noviembre 29).

Frente a la guerrilla, la ACIN ha establecido una posición de autonomía (Gros, 2004, pp. 205-230). Reconoce que la guerrilla ha sido históricamente otra forma de resistencia al Estado y defensora de los derechos de los pueblos indígenas y le demanda respeto a su cultura, costumbres, tierras y territorios:

(...) la guerrilla es la misma población llevada al límite de las posibilidades de resistencia frente a un avasallador poder estatal que consolida una sociedad profundamente injusta y excluyente. Así las cosas, la guerrilla en principio es simplemente un medio, un instrumento en manos de la población organizada que lucha contra la injusticia del poder estatal, es decir, una genuina expresión de resistencia civil. (...) La población sigue resistiendo al Estado y sus políticas (...) mientras que frente a la guerrilla, demanda autonomía. (Minga en resistencia, 2002, p. 14)

Esta posición se ratifica en 2009 en una carta de la ACIN y el CRIC al Comandante Alfonso Cano y los otros miembros del Secretariado de las FARC-EP. Las organizaciones indígenas enfatizan la necesidad de transformar el sistema político, la necesidad de reconocer los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas así como la necesidad de buscar un sistema político verdaderamente democrático y sostenible. Además, critican la siembra de minas antipersonales, las tomas de pueblos que "dan pretexto para que la fuerza pública invada las comunidades", secuestros de funcionarios indígenas y no indígenas, y la creación de estructuras paralelas a las construidas por los indígenas (ACIN, 2009). Según la carta, los grupos de milicianos y las iniciativas que ellos mueven dentro de las comunidades, se han convertido en un gran factor de riesgo para la vida de los indígenas y en una amenaza a la organización. Los milicianos son las fuentes de información "confiable" con que las organizaciones armadas alimentan su intervención política y la carta arguye que de esto resulta una política a base de rumores, chismes, señalamientos y peleas personales. Frente a esta situación los indígenas recalcan que ellos mismos han dado muchas muestras de su capacidad de aplicar justicia comunitaria (ACIN, 2009).

La respuesta del secretariado de las FARC-EP a la ACIN y el CRIC reitera que las duras e intensas batallas de recuperación de tierras usurpadas por la aristocracia caucana a las comunidades indígenas cuentan con la plena e incondicional solidaridad de las FARC-EP y, por lo tanto, que los documentos fundacionales farianos convocan a luchar sin desmayo por la devolución a las comunidades indígenas de las tierras que les han sido arrebatadas (Cano, 2009). Agrega que han transcurrido 22 años desde la firma de acuerdos entre la dirigencia indígena y el Estado Mayor Central de las FARC-EP en los cuales los jefes de la insurgencia hicieron un llamamiento a los frentes que operan en zonas de población indígena, a recoger en su actividad el espíritu y la letra del sexto punto del Programa Agrario de los Guerrilleros que exige el respeto a la organización autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna, llamado que en la carta las FARC reafirman y reiteran públicamente (Cano, 2009) El sexto punto del Programa Agrario dice que: "Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando su sistema de cultivo. Las comunidades indígenas gozarán de todos los beneficios de la Política Agraria Revolucionaria. Al mismo tiempo estabilizarán la organización autónoma de las comunidades respetando sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna" (FARC-EP, 1964).

El 15 de julio 2012 la ACIN mandó una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las FARC, en la cual explica sus "acciones de liberación y armonización" de los territorios indígenas y reitera que "no queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército" en los territorios indígenas. La ACIN demanda que la guerrilla se aleje de los sitios poblados y de vivienda, que no realice más "ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública", que no use armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales, que no se atrinchere en las casas y que los milicianos no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias (ACIN, 2012).

En la respuesta de Jiménez se observa claramente la diferencia de perspectiva de las organizaciones indígenas y la guerrilla. Mientras para los indígenas se trata de una resistencia civil y una lucha por la autonomía indígena en sus territorios, para las FARC el medio para resolver el conflicto colombiano es la lucha armada y el conflicto no puede ser solucionado solo para las comunidades indígenas ya que hacen parte de Colombia y "habitan en territorios codiciados por los mismos terratenientes e inversionistas que despojan a colonos, mineros, trabajadores y demás sectores explotados". Según las FARC, el Ejército colombiano no solo ocupa resguardos indígenas, sino que cumple su labor predadora por todo el territorio nacional. Su misión es prestar seguridad a inversionistas, empresarios y terratenientes nacionales o del extranjero, al precio de aplastar cualquier oposición al modelo de saqueo y empobrecimiento que defienden. La realización del proyecto de vida de los indígenas, por lo tanto, requiere cambiar las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que dominan el resto del país (Jiménez, 2012). Finalmente, Jiménez (2012) asevera que en el caso de que cesaran las operaciones militares, los desplazamientos forzados, el despojo de la tierra, los crímenes contra el pueblo y la impunidad no tendría sentido la existencia de las guerrillas y que si el Ejército, la Policía y los paramilitares salen del Cauca, si terminan su guerra contra los indígenas, campesinos, mineros y el pueblo en general, las FARC no tendrían problemas para salir también.

La lucha indígena continúa

Los indígenas nasas citaron en agosto de 2005 como representante de la III Brigada del Ejército en "audiencia pública" al general Hernán Pérez Molina, comandante de esa unidad militar, para que presentara las pruebas de sus afirmaciones de que en Toribío ha existido un cogobierno con las FARC y se han desviado recursos internacionales hacia esa organización insurgente. Bajaron de las montañas del Cauca unos tres mil nasas para hacer denuncias en una audiencia pública, denominada "Por la verdad y la dignidad de los pueblos". Los dirigentes nasas precisaron que en Toribío habían comenzado a circular volantes en los que se amenaza a reconocidos líderes indígenas de la región por tener presuntamente algún familiar en la guerrilla. Luis Acosta, coordinador general de la Guardia Indígena, pidió que se investigara la procedencia de los volantes, debido a que el pueblo se halla militarizado, y señaló que miembros del Ejército y la Policía acantonados en esa zona intentan convencer a jóvenes de ese municipio para que se unan a grupos paramilitares (El Tiempo, 2005 Agosto 3). Los nasas ya se habían pronunciado, a partir de las dolorosas experiencias vividas en carne propia, en un documento llamado Minga en resistencia de La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) (2012):

Existe una notoria complicidad entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, al punto que resulta difícil diferenciar sus acciones y con el paso del tiempo han dado pruebas inequívocas de ser una política de Estado.

En este documento programático la ACIN define claramente sus actividades como de resistencia al Estado y tiene claro su análisis de las lógicas de dominación del Estado colombiano:

(...) son casi siempre infralegales, tal como ha operado en Colombia durante los últimos 50 años en un caso particular de aplicación constitucional selectiva, por medio del cual el Estado democrático faculta a sus agentes de actuar de manera fascista, asumiendo comportamientos que se legitiman a través de la utilización recurrente del estado de excepción. Pero cuando tal modelo se hizo insuficiente para garantizar la dualidad de la actuación estatal, parte de éste empieza a recorrer las sinuosidades de la guerra sucia instaurando así una excepción a la excepción para procurarse el control fascista. (Minga en resistencia, 2002, p. 13)¹⁰

A mediados de diciembre de 1991, unos 80 nasas del resguardo Huellas del Cauca acudieron a una cita respondiendo al llamado de los dueños de la hacienda El Nilo en el Palo, municipio de Caloto, supuestamente para decirles cómo sería en adelante el trabajo. Aparecieron hombres con "uniformes de las fuerzas armadas", quienes retuvieron a los indígenas allí convocados y luego se desplazaron a las vecindades para recoger a los dirigentes del cabildo. Una vez reunidos todos los indígenas que vivían en la hacienda El Nilo, la tropa fusiló a los líderes de la comunidad y dispararon indiscriminadamente sobre la masa reunida, asesinando así a 20 indígenas. Luego quemó ranchos, cultivos, enceres y animales domésticos. La masacre fue perpetrada por oficiales y agentes de la Policía Nacional, en asocio con "personal civil al servicio de narcoterratenientes".¹¹ Ha sido total la impunidad para los asesinos materiales e intelectuales. Como señaló Alberto Aguirre: "Las oligarquías del Cauca, con el contubernio del gobierno, se han ido apoderando de las tierras de los indígenas, para lo cual se han servido impunemente de argucias legales, de connivencias notariales y del plomo de la fuerza pública" (Aguirre, 2005).

A partir del 10 de diciembre 2012 las comunidades se congregaron en la finca comunitaria Nuevo México, propiedad del Cabildo Nasa Kiwe Thek Cxaw, en el municipio de Santander de Quilichao convocando a los órganos de control del Estado, organizaciones indígenas, organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales y medios de comunicación, a estar atentos y actuar si se presenta cualquier situación de atropellos por parte de la fuerza pública contra las comunidades en resistencia (ACIN, 2012). A principios de julio de 2012, luego de haber soportado un recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre la guerrilla y la fuerza pública, con su secuela de personas heridas, desplazamiento, vivienda e infraestructura dañada, los indígenas del Cauca volvieron a insistir en sus demandas de la salida de los actores armados, guerrilla y fuerza pública, del territorio indígena. Según Marcos Yule, gobernador del cabildo de Toribío: "Desde 1983 llevamos 14 tomas, más de 400 hostigamientos y centenares de heridos" (Noguera, 2012). Esta vez, como en muchas oportunidades anteriores, las demandas de los indígenas fueron rechazadas por el Gobierno. A nivel internacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, establece en su artículo 30 que los Estados tienen que "celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares" (OIT, 2007, pp. 94-95). En el marco del Derecho Internacional Humanitario se prohíben igualmente instalaciones militares en medio de los cascos urbanos o donde se ponga en peligro a la población civil (Espinosa Moreno, 2012, p.3).

A fines de junio de 2012 llegó una caravana humanitaria internacional a la zona rural del Cauca para acompañar a campesinos e indígenas que pedían que el Ejército desmontara una base militar levantada en sus territorios. La caravana visitó la vereda Calandaima, del municipio de Miranda, que desde hace meses se había convertido en un territorio de enfrentamientos intermitentes. En la misma zona se encuentra la base militar Tres Cruces, de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo. Desde comienzos de junio los habitantes de la región empezaron a protestar y a desplazarse por la presencia de la base, los combates y las minas antipersonales sembradas por las partes en conflicto (El Espectador, 2012 Junio 28). Frente a esta situación la ACIN se declaró en "resistencia permanente" y movilizó a los resguardos del norte del Cauca, incluyendo unos 3000 guardias indígenas de Toribío y 10 mil en todo el departamento para resistir. La primera acción consistió en la retirada el 9 de julio de las trincheras instaladas por la Policía en el casco urbano de Toribío. Luego, el movimiento tomó posiciones en varias de las poblaciones más castigadas y lograron una repercusión internacional importante. El mismo día del desmantelamiento de las trincheras de Toribío, unos 300 indígenas increparon a dos grupos de guerrilleros que realizaban retenes en los alrededores, instándoles a que se retiraran de las proximidades del municipio. Cuando el Presidente Santos participó en un consejo de ministros en Toribío, la Guardia Indígena fue informada de la instalación de dos retenes de la guerrilla en la vía de Toribío a Caloto. La Guardia Indígena salió, encontró a los guerrilleros y confiscaron seis cohetes (Noguera, 2012). El 10 de julio siguió la avanzada de la resistencia cuando 500 indígenas se tomaron el cerro Las Torres, donde hay una base militar que custodia antenas de comunicaciones. El 17 de julio las comunidades indígenas se trasladaron al estratégicamente ubicado y para los indígenas sagrado cerro, El Berlín, en la parte alta del municipio de Toribío para exigir la salida de los soldados. Esta movilización se dio como parte del ultimátum dado anteriormente por las autoridades indígenas a los actores armados, en el que plantearon esta fecha como plazo máximo para el retiro de las tropas. Unos quinientos integrantes de la Guardia Indígena subieron el cerro. Exigían a los soldados que se fueran del lugar, mientras que los militares respondían que de ese sitio los tenían que sacar cargados. Resultó así; los indígenas agarraron de pies y manos a los militares y los retiraron del cerro (Murcia, 2012). Unas horas después del desalojamiento del cerro El Berlín, campesinos e indígenas bloquearon la vía entre Caloto, Corinto y Toribío, ocuparon El Palo y Guasanó, dos puntos estratégicos de control militar, así como en Miranda otra de las bases militares.

Con respecto a estos hechos el Presidente Juan Manuel Santos declaró que "no quiero ver un solo indígena en las bases militares" e informó que se desplazaría al Cauca para enterarse de primera mano de la situación (El Tiempo, 2012 Julio 18). En la madrugada del día siguiente el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía retomó el control del cerro El Berlín. La retoma dejó por lo menos 23 indígenas heridos y dos muertos en protestas contra el desalojo de los indígenas del cerro (El Espectador, 2012 Julio 18). Después de unas reuniones y diálogos preparativos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, estas se reunieron con el Presidente Juan Manuel Santos en el resguardo La María, Piendamó, el 15 de agosto, con la asistencia de 18 mil indígenas del Cauca, Huila, Caquetá, Tolima y la Costa. Durante el encuentro al menos 20 voceros sintetizaron la grave situación de las comunidades indígenas del país. Entre otros, Luis Fernando Arias de la ONIC dijo al Presidente Santos que "en sus dos años de gobierno hemos tenido que lamentar la desaparición de 257 indígenas y el desplazamiento de unos 10.000 más" (El Tiempo, 2012 Agosto 16). Feliciano Valencia, de la ACIN, insistió en la necesidad de revisar la seguridad y la protección de las comunidades indígenas porque esta no ha llegado con la presencia de la fuerza pública. Pidió del Gobierno "garantías plenas a la Guardia Indígena para que fortalezca el ejercicio del control territorial", además una veeduría que verifique su eficiencia y que de fe de que los indígenas no son guerrilleros y que no haya más bases en sus territorios. El Presidente Santos les aseguró a las comunidades que estaba dispuesto a dialogar, pidió perdón por todas las víctimas que ha dejado el conflicto y dijo que su Gobierno rechaza las sindicaciones de guerrilleros que se hacen a los pueblos indígenas. En la reunión, las autoridades indígenas plantearon al Presidente tres demandas puntuales de pronta respuesta: derogación de licencias para la explotación de recursos mineros en los territorios indígenas; derogación de la creación de la OPIC¹² como organización; desmilitarización del cerro El Berlín, teniendo en cuenta que es un sitio sagrado para las comunidades indígenas. Se resolvió en la reunión continuar los diálogos y frente a las demandas de urgente cumplimiento se concertó un plazo de ocho días para que el Gobierno respondiera. Para los demás temas se convino instalar tres comisiones que abordarían los temas de paz y derechos humanos, tierra y territorios autónomos, derechos socioculturales (salud, educación y comunicación).

El 30 de agosto se reunió el Viceministro del Interior Aníbal Fernández de Soto con los líderes indígenas en Popayán para establecer mecanismos de diálogo, cronograma y voceros para los diálogos sobre la problemática de las comunidades indígenas acordados con el Presidente Santos. Se instalaron también las comisiones de trabajo integradas por autoridades indígenas, delegados de las comunidades y representantes del Gobierno (El Espectador, 2012 Agosto 31). Antes de la instalación de las comisiones de trabajo, los representantes indígenas pidieron respuesta a las tres demandas urgentes formuladas el 15 de agosto en La María. El Viceministro contestó que la solicitud de revocatoria de la OPIC aún estaba en análisis jurídico por ser un tema nuevo dentro de las solicitudes y que en cuanto a la derogación de concesiones mineras en territorios indígenas no hubo respuesta puntual, porque no estaba presente el Ministro de Minas a quien le corresponde dar respuesta al respecto. Finalmente, ante la solicitud de desmilitarización del cerro El Berlín, la respuesta fue contundente: "No se va a desmilitarizar el cerro Berlín, ni ningún otro lugar del país" (ACIN, 2012). Ante estas respuestas evasivas y negativas la Consejería Mayor del CRIC resolvió suspender los diálogos con el Gobierno el 31 de agosto por falta de condiciones y garantías para avanzar en las exigencias. Puntualizaron los representantes del CRIC, que en el curso de los diálogos hubo falta de presencia de los encargados oficiales de los ministerios, que los viceministros presentes se mostraron incapaces de tomar decisiones de fondo en temas cruciales de la agenda, que el Viceministro de Defensa asumió una posición radical vedando para el debate temas esenciales para garantizar los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario reclamados por los pueblos indígenas (CRIC, 2012).

La Consejería Mayor reiteró su voluntad de diálogo pero exigió que se realice en el marco del respeto a los derechos fundamentales y la autonomía de los pueblos indígenas. Exigió además el cumplimiento por parte del Gobierno de varias condiciones de las cuales se destaca la observancia de las tres demandas "mínimas" fijadas en la reunión con el Gobierno en La María, Piendamó (CRIC, 2012). Como en tantas ocasiones anteriores el Gobierno no estaba dispuesto a entablar un diálogo sincero con las autoridades indígenas focalizado en los graves problemas que afectan a las comunidades en el Cauca. La coyuntura política después de los eventos de fines de julio de 2012 hubiera constituido una buena oportunidad para emprender un proceso de consulta y concertación para construir autonomía, de acuerdo con las intenciones y premisas de la Constitución y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. En estas circunstancias y en la ausencia de respuestas serias del Gobierno seguirá la resistencia civil indígena en lucha por la realización de sus derechos a autonomía territorial, de gobierno, jurídica, administrativa y fiscal. Efectivamente, el objetivo principal de esta lucha y esta resistencia civil es terminar la guerra y construir la paz en los territorios indígenas del Cauca.

Pie de página

¹Ver Gramsci, Mouffe, Laclau y Porteiii.
²Artículos 246, 285,286, 287, 330 de la Constitución de 1991.
³Para una descripción del proceso de formación de Entidades Territoriales Indígenas de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Amazonas, véase, Anders Rudqvist, Kaj Ârhem, Fundación Gaia Amazonas en Colombia, 2003-2006, Sida Evaluation 06/47, November 2006. ]]> ⁴Para un fascinante estudio de caso de la cosmovisión indígena alrededor de la ley y de la identidad ver Joanne Rappaport, Cumbe renaciente: una historia etnográfica andina, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2005, pp. 49-67.
⁵Ver también Germán Palacio (1993), Pluralismo jurídico, Bogotá: Universidad nacional. El sociólogo colombiano Mauricio García Villegas y el ex magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny Yepes afirman que: "La justicia comunitaria requiere ante todo de una comunidad integrada; de lo contrario tiende a convertirse en un conjunto de prácticas de justicia privada motivadas por la venganza y la violencia entre pobladores. Es bien sabida la importancia que tiene la integración de la comunidad en términos valorativos, culturales y en general normativos, para explicar el éxito de la justicia comunitaria". Mauricio García Villegas y Rodrigo Uprimny Yepes, "El nudo gordiano de la justicia y la guerra en Colombia", en Álvaro Camacho Guizado y Francisco Leal Buitrago, Armar la paz es desarmar la guerra, Bogotá: IEPRI, FESCOL, CEREC, 1999, pp. 33-72, (62-63).
⁶La palabra "minga" sirve como metáfora para conceptuar el diálogo de saberes desarrollados en talleres en los cuales se nutre el discurso político y cultural del movimiento indígena. El concepto se ha redefinido de tal forma, que además de la reciprocidad en el intercambio de labores manuales, abarca también la reciprocidad en el trabajo intelectual. Ver Joanne Rappaport (2004). "Investigación y pluralismo étnico: El encuentro académico-indígena". En J. Arocha (comp.). Utopía para los excluidos: El multiculturalismo en África y América Latina (pp. 261-285). Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia, Colección Centro de Estudios Sociales.
⁷Arrendamiento pagado con trabajo servil. En el Cauca los hacendados por lo general exigían 3-4 días de trabajo no remunerado de parte de los terrajeros para pagar el derecho de cultivar los lotes de sus propias familias.
⁸Los títulos originales de los resguardos fueron expedidos por la Corona española reconociendo los derechos colectivos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, pero resultaron progresivamente sustituidos mediante un proceso de "acumulación primitiva" de los terratenientes interesados en estos territorios, por títulos privados y convertidos en haciendas.
⁹Comisión de Conciliación Nacional, Premio Nacional de Paz, año 2004, Acta del fallo del jurado, Bogotá, 2004.
¹⁰Un análisis reciente del fascismo en Robert O. Paxton, Le fascisme en action, Paris: Seuil, 2004. Para un análisis histórico que cubre el periodo aludido en el documento citado ver Mauricio García Villegas, "Constitucionalismo perverso. Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 19571997", en Santos, Boaventura de Sousa y García Villegas, Mauricio, (eds.), El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2001, pp. 317-370.
¹¹Informe No. 36/00 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, radicado bajo el número 11.101, "Caloto vs. Colombia". La comisión ordenó al Gobierno colombiano la entrega de tierras a varias comunidades indígenas en el departamento del Cauca, como medida de reparación por la masacre ocurrida en la hacienda El Nilo. Pese a que se suscribió un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los representantes indígenas para la entrega de 15.663 hectáreas, 14 años después solamente se han titulado 9.043.Ver Procuraduría General de la Nación, Seguimiento a la Políticas Públicas en materia de desmovilización y reinserción, tomo 1, Bogotá, 2006, p. 301.
¹²ACIN afirma que la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) fue creada con el apoyo directo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que ha sido utilizada para deslegitimar y estigmatizar el proceso organizativo del movimiento indígena. Tejido de Comunicación ACIN, Cauca: Mesas de trabajo con el Gobierno, 31 de Agosto 2012.

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