El paro de abril de 1992. Privatización y resistencia en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia

The Strike of April in 1992. Privatization and Resistance in the National Telecommunications Company of Colombia (Telecom)

A greve de abril de 1992. Privatização e resistência na Empresa Nacional de Telecomunicações da Colômbia

Óscar D. Moreno Martínez

Imperial College London (Londres, Reino Unido) om212@ic.ac.uk

El presente artículo es producto de la tesis "El paro de abril de 1992. Transformación y resistencia en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom)", presentada por el autor para optar al título de magíster en Historia de la Universidad de los Andes en 2010.

Fecha de recepción: 5 de febrero de 2013 Fecha de evaluación: 12 de mayo de 2013 Fecha de aprobación: 11 de junio de 2013

Cómo citar este artículo

Resumen

Este artículo narra el paro de abril de 1992 que los trabajadores organizados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) desataron para protestar contra el intento de privatización de esta empresa pública propuesto por el Gobierno de César Gaviria (19901994), paro que no había sido narrado hasta ahora desde una perspectiva histórica. Después de matizar el concepto Neoliberalismo, el autor se enfoca en los cambios de política económica y en las nuevas formas de Estado propias de los años noventa, dando un breve contexto histórico de las formas predominantes durante la segunda mitad del siglo XX.

Palabras clave: Telecom Colombia, Huelga de 1992, Neolibe-ralismo, Sustitución de importaciones, Apertura, Monopolios estatales, Resistencia al cambio

Palabras clave descriptor: Telecomunicaciones-Colombia, Industria de telecomunicaciones-Privatización-Colombia, Economia internacional

Abstract

This article recounts the April 1992 strike that the organized workers of the National Telecommunications Company (Telecom) unleashed to protest against the privatization ATTempt of this public company proposed by the government of César Gaviria (19901994), a strike that so far had not been narrated from a historical perspective. After reviewing the concept of Neoliberalism, the author focuses on the economic policy changes and the new forms of state that appeared in the nineties, giving a brief historical context of the predominant forms in the second half of the twentieth century.

Keywords: Telecom Colombia, Strike of 1992, Neolibera-lism, Import substitution, Opening, State monopolies, Resistance to change

Keywords plus: Colombia telecommunications, Telecommunications industry-Privatization-Colombia, International economy

Resumo

Palavras chave: Telecom Colómbia, Greve de 1992, Neolibe-ralismo, Substituição de importações, Apertura, Monopólios estatais, Resistência à mudança

Palavras descriptivas: Colómbia telecomunicações, Telecomunicações indústria de desestatização-Colómbia, Economia internacional

Todo mi propósito científico parte en efecto de la convicción de que solo se puede captar la lógica más profunda del mundo social a condición de sumergirse en la particularidad de una realidad empírica, históricamente situada y fechada.
Pierre Bourdieu¹

22 de abril de 1992: "Estamos en paro"

El paro más grande en la historia de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) y el más fuerte que tuvo Colombia en la última década del siglo XX -si se tiene en cuenta su duración e impacto- estalló el miércoles 22 de abril de 1992, en medio de los apagones que habían empezado mes y medio atrás y once días antes de que se adelantara el reloj una hora en todo el territorio nacional². Fueron siete días de cese laboral que delatan, tras la mirada retrospectiva propia del presente, que las grandes transformaciones globales de la época habían golpeado ya las puertas de los trabajadores, que en su mayoría decidieron resistir:

Al no llegar a ningún acuerdo con el Gobierno, esa misma noche vía telefónica, el comando de paro impartió la orden a cada uno de los coordinadores en todo el país de iniciar el paro en las primeras horas del día 22 de abril. A las 10:00 a.m, frente al edificio principal de Telecom en Bogotá, los trabajadores que se habían aglomerado alrededor del equipo de sonido, para participar en lo que parecía un mitin más, recibieron el anuncio de la hora cero. [...] La mayoría sabía qué hacer; cada quien tenía una obligación específica para cumplir. Unos, en su área de trabajo; otros, en diferentes puntos, controlando puertas y vigilando los diferentes accesos. En minutos, los equipos de conmutación, transmisión y electromecánica estaban bajo el control de los trabajadores. La noticia se extendió por todos los rincones de la empresa; hubo nervios, risas, euforia, preocupación [...]³.

Las puertas de acceso al edificio central de Telecom en Bogotá, en la calle 23 con carrera 13, fueron cerradas con candados y cadenas por representantes de la organización sindical. Los líderes de la huelga, junto a algunos trabajadores, permanecieron adentro de las instalaciones custodiando la operación. "Estamos en paro", "Paro indefinido. Telecom es Colombia", "Mientras nos encontremos en paro no habrá atención al público, por favor no insista", "Abajo la entrega de Telecom a las multinacionales", "Vender a Telecom es vender un trozo del corazón de los colombianos", "Gaviria piense con la cabeza, no con el bolsillo"⁴, decían algunos de los letreros que a partir de esa mañana adornaron las entradas de acceso del edificio principal. Los mensajes por megáfono, repletos de arengas contra la privatización de Telecom, inundaron el lugar.

Todo estaba resuelto: comida, botiquín, mantas, bastimentos. Se cierran áreas restringidas y se entregan equipos e implementos a los delegados del comité de paro. Se hacen recolectas de dinero para atender asuntos de propaganda y de organización [...] Proliferaba la actividad a nivel nacional en cada una de los cientos de oficinas de Telecom, haciendo de la huelga un acontecimiento invencible⁵.

Que los equipos y sistemas dejaran de funcionar y que los empleados detuvieran su trabajo -unos apoyando la protesta, otros por la misma falla en las redes- era una situación realmente crítica, sobre todo si se tiene en cuenta que por esos años Telecom monopolizaba varios servicios de telecomunicaciones; es decir, era la única empresa que se encargaba de las comunicaciones de larga distancia nacional e internacional, de los servicios de télex, telegrafía y transmisión de datos, de la telefonía rural y de parte importante de la telefonía local -excluyendo el servicio local que prestaban otras empresas. Por esos años el servicio telefónico de Telecom cubría 3.296 localidades que equivalían al 49% de los municipios de Colombia. En lo internacional, alcanzaba 192 países. El servicio telegráfico atendía a 2.558 localidades. En la telefonía local, Telecom hacía presencia por medio de sus 12 teleasociadas. En la telefonía rural prestaba servicio en 390 municipios pequeños⁶.

Cuando la orden de paro se extendió desde Bogotá a las regionales -Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Manizales y Medellín-, en donde se encontraban las estructuras administrativas tanto de la empresa como del sindicato, la interrupción de los servicios fue inminente.

Privatizar Telecom: el proyecto de Ley 033

El paro, decretado por el Sindicato de Trabajadores de Telecom (Sittelecom)⁷ y la Asociación de Técnicos de Telecom (ATT)⁸, sorprendió al ministro de Comunicaciones Mauricio Vargas Linares en el Senado, reunido con miembros de la Comisión Sexta -que se encargaba del tema de las telecomunicaciones- discutiendo preliminarmente el proyecto de Ley 033 que ese mismo día iba a empezar a ser debatido y que preveía la venta de Telecom por medio de subasta pública. Este proyecto hizo las veces de "florero de Llorente" para desatar la huelga; escribió el ministro Vargas:

En el proyecto de telecomunicaciones yo había estado trabajando desde antes de ser nombrado ministro, ya que a instancias del Presidente me había dedicado a estudiar los procesos de privatización y apertura a la competencia en este sector que se habían dado en Venezuela, Argentina, Chile, México y Perú. El más interesante era sin duda el caso mexicano⁹, pues aparte de haber desbloqueado el desarrollo de las telecomunicaciones en ese país, la venta y desincorporación -apertura a la competencia- de Teléfonos de México había significado para el fisco mexicano ingresos que para entonces se acercaban a los 7 mil millones de dólares, que el Gobierno de Carlos Salinas había invertido en compra de deuda externa y en proyectos de inversión en el sector social¹⁰.

El proyecto 033 fue presentado por el ministro Vargas al legislativo el viernes 28 de febrero de 1992, atendiendo las exigencias de la recién confeccionada Constitución Política que obligaba al Gobierno a radicar proyectos de ley relativos al régimen de servicios públicos dentro de los tres meses siguientes a la instalación del nuevo Congreso de la República. El objetivo del proyecto era reestructurar el sector de las telecomunicaciones en Colombia y reorganizar el papel del Estado en la participación de su prestación. De entrada, se planteaban tres ambiciosas metas: triplicar la densidad telefónica en ocho años, modernizar considerablemente la infraestructura y aumentar el cubrimiento del servicio. Para lograr estos fines, las tres principales estrategias eran la regionalización del sector, la privatización del servicio telefónico y la apertura a la competencia.

En la exposición de motivos que acompaña al proyecto 033, se toma la privatización de Telecom como una condición imprescindible para, además de invertir en los planes sociales mencionados en el artículo 71, alcanzar el gran objetivo de desarrollar las telecomunicaciones en Colombia y cumplir las costosas metas arriba mencionadas -triplicar la densidad telefónica, modernizar la infraestructura y aumentar el cubrimiento-: "solo mediante la decisiva vinculación de capital proveniente del sector privado, Colombia podrá alcanzar las metas fijadas. Para ello es necesario privatizar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, lo que constituye una de las estrategias del proyecto"¹¹.

Dicho de otro modo y en palabras de F. J. Navarro, presidente de Telecom en ese momento:

La razón para la propuesta de venta no obedece a una crisis financiera [...] Se trata de una situación de filosofía económica y política que señala la conveniencia de abrir espacios de inversión al capital privado, de buscar recursos frescos tanto en el mercado nacional como en el internacional para coadyudar al desarrollo de las comunicaciones¹².

Asimismo, la apertura del servicio a la competencia -con la consecuente fragmentación de Telecom como monopolio- fue otra estrategia fundamental para el desarrollo del sector, que según el proyecto requería "de una pluralidad de operadores que ofrezcan una multiplicidad de servicios adecuados a las diversas necesidades de telecomunicación de los usuarios"¹³. En esta nueva forma, el Estado jugaría otro rol, ya no como competidor por medio de una empresa adjunta a uno de sus ministerios, sino como regulador del servicio entre privados.

Según el Gobierno, abrir la prestación del servicio y privatizar eran maneras de democratizar la propiedad de las empresas ya que se eliminaría cualquier forma de monopolio y el sector entraría en una dinámica de competencia entre operadores: "Solo en la medida en que las empresas operadoras puedan desenvolverse dentro de un mercado libre pero ordenado, guiadas por criterios empresariales armonizados con los intereses superiores del sector, pueden afrontar con éxito los retos que impone el dinamismo de las telecomunicaciones"¹⁴. Esta democratización sería garantizada por el Consejo Económico del Sector de Telecomunicaciones, un ente estatal que se encargaría de regular la competencia entre privados.

Presentar la privatización como parte de un plan de reestructuración para desarrollar las telecomunicaciones de inmediato indica la incapacidad, según el proyecto, que tenía el Estado para seguir manejando el sector. De esta manera lo consigna otro documento preparado por el Ministerio de Comunicaciones para el debate en el Congreso:

El sector público nacional carece de la capacidad financiera para atender la demanda de recursos que una significativa expansión del servicio requiere. La inversión mínima se estima en $5.147.8 millones de dólares durante el periodo 1992-2000. Este volumen de inversiones afectaría la inversión en otros programas de impacto social¹⁵.

Otro argumento recurrente a la hora de justificar su privatización fue que Telecom era un monstruo burocrático lento y pesado. El exceso de normatividad, los complicados controles para la ejecución del presupuesto, las enredadas autorizaciones para endeudamiento, los lentos procesos para el manejo de salarios y la descarada injerencia política en puestos eran algunos de los vicios de las empresas públicas que no le permitían mayor eficiencia. De esta manera lo enunció Francisco Javier Navarro, presidente de Telecom, en una intervención en la Comisión VIIi Constitucional Permanente del Senado el 3 de octubre de 1990:

[...] no todo en Telecom es perfecto. Existen problemas de eficiencia. Hay un burocratismo que es consecuencia de haber trabajado siempre en la trinchera segura del monopolio; hay rigidez institucional, procedimental, normativa, y un centralismo espantoso [...] Existe, y hay que reconocerlo como un problema a superar, cierta cultura de la hora extra, la cultura del viático. Esa concepción de 'vaca lechera'; pero esos son precisamente los compromisos y desafíos de gerencia, no son problemas insuperables¹⁸.

Para contrarrestar esto, Telecom debía ser manejada por un operador que le impregnara agilidad empresarial y precisamente el proceso de reestructuración planteado por el Gobierno pretendía dotar a las empresas de telecomunicaciones de mayor eficiencia y flexibilidad para la atención de los servicios a su cargo: "la privatización permitirá la atracción de nuevo capital y consolidará el proceso de reestructuración para que el operador pueda comportarse como un empresario, imprimiéndole toda la eficiencia y dinamismo a la prestación de los servicios"¹⁹.

Por último, se decía también que Telecom sería inviable debido a la creciente carga laboral y prestacional. Según el ex presidente Navarro²⁰, para 1990 la empresa contaba con 8.700 pensionados y el valor actuarial de sus responsabilidades ascendía a la monstruosa cifra de 275 mil millones de pesos, que representaba más del 60% de los 400 mil millones de valor patrimonial que Telecom mostraba para ese entonces. Para la revista Semana "de seguir Telecom como va, en pocos años se podría encontrar en una situación como la que llevó a la quiebra a los Ferrocarriles Nacionales y a Colpuertos"²¹. Por su parte, el ministro Mauricio Vargas lo explicaba así:

Resulta que la carga laboral, y en especial el pasivo pensional, estaban creciendo de manera geométrica y estaban devorando mucho más de la mitad de los ingresos que debían permitirle a la empresa hacer inversiones para el futuro. Varias convenciones colectivas de trabajo pésimamente negociadas en gobiernos anteriores habían contribuido a ello al establecer que ciertos empleados se jubilaran a una edad considerablemente menos a la del promedio de los trabajadores colombianos. Un estudio actuarial analizado en aquella época por la junta directiva permitía predecir un panorama de catástrofe para mediados de la década²².

Es interesante observar que estos argumentos privatizadores y de apertura -la inversión social, la necesidad de capital privado para desarrollar el sector y triplicar la densidad telefónica, la apertura como democratización de la oferta del servicio, la falta de eficiencia empresarial y el excesivo costo laboral- siempre fueron blindados por lo que ocurría en otras partes del mundo. Las experiencias de México, Venezuela y Argentina, que habían privatizado el servicio telefónico, mostraban que las nuevas corrientes globales habían tocado ya las costas de esta parte del mundo y el proyecto de Ley 033 no era más que una expresión de ello.

Cambios en las formas de Estado

Desde el 7 de agosto de 1990, cuando se posesionó el actual presidente de la República de Colombia César Gaviria Trujillo hasta el día de hoy, los trabajadores colombianos han tenido que afrontar una de las arremetidas más violentas en el campo laboral, producto de la política neoliberal trazada por el Gobierno nacional. Despidos, desmejoras salariales y prestacionales, modificación de leyes laborales, son solo un fugaz bosquejo de los primeros efectos derivados del capitalismo salvaje²⁴.

¿Qué es el neoliberalismo? parecería ser la pregunta indicada a resolver a continuación. Como pasa con todo fenómeno que intenta comprender una época, su definición resulta compleja. El investigador Darío Indalecio Restrepo realiza un ilustrativo repaso por los diferentes significados que se le han dado a este concepto. Según Restrepo, pueden extraerse principalmente tres sentidos diferentes: primero, el neoliberalismo como un principio de política económica que busca "acabar con el proteccionismo en los mercados internacionales, nacionales, regionales y locales, es decir, con los aranceles, impuestos y barreras que múltiples regulaciones conducen a pervertir el precio real de la producción y circulación de las mercancías"²⁵. Segundo, el neoliberalismo es un conjunto de políticas económicas que se basan en el famoso Consenso de Washington²⁶ y que incluyen reformas como la liberalización comercial y financiera, la lucha contra la inflación, la reducción del déficit fiscal, las privatizaciones y la flexibilización de las relaciones laborales. Según esta definición, se debían implementar políticas que procuraran desmontar las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de las inversiones, el comercio y el consumo, restringir la participación del Estado en la economía con el objetivo de reducir el gasto público y el déficit, privatizar las empresas estatales que no funcionaran según el principio de rentabilidad y, por último, insertar movilidad en el mercado laboral²⁷. Tercero, se define el neoliberalismo como una ideología o conjunto de valores, en el que versiones actualizadas y más radicales del individualismo, la libertad personal y la propiedad privada se ven como necesarias para fundar una sociedad más justa. Generalmente esta ideología termina por expresar acciones concretas en la sociedad basándose en máximas como la eficiencia, la rentabilidad, la autofinanciación y la expresión de los precios reales. En términos generales, la doctrina neoliberal tendería a desconfiar de la regulación estatal ya que esta coarta la libertad de los individuos y del mercado²⁸.

Hay otro sentido más amplio de neoliberalismo. En la clase del 21 de marzo de 1979 de su curso Nacimiento de la Biopolítica, Michel Foucault sostiene que en el neoliberalismo norteamericano, la técnica de Gobierno liberal inspirada en el pensamiento de la Escuela Económica de Chicago²⁹, hubo una generalización de la forma empresa en la totalidad del cuerpo social. Ya no se trata de un individuo anclado a una multiplicidad de empresas en medio de un juego de competencias que garantiza el Gobierno, como lo proponía el ordoliberalismo alemán³⁰, sino que para el neoliberalismo norteamericano el individuo es un empresario de sí mismo. En ese sentido, el neoliberalismo tiene que ver con teorías, ideologías o principios económicos, pero también con racionalidades e intimidades. El neoliberalismo termina siendo el fundamento de inteligibilidad de la sociedad misma basado en la forma empresa. Esta definición foucaultiana es investigativamente muy ambiciosa ya que habría que tomar todos los ámbitos no económicos (incluso la intimidad de los individuos) para ver cómo la racionalidad empresarial los ha transformado.

Contrario a las posiciones descritas por Restrepo -el neoliberalismo como principio económico, como conjunto de políticas económicas y como ideología- y a la posición foucaultiana, Jorge Iván González asegura que algo como el neoliberalismo no existe:

Lo neoliberal es un discurso inconsistente, sin estatuto teórico propio y sin solidez analítica. A partir de este cuerpo informe, ambiguo y maltrecho, no se deriva una propuesta clara en el campo de la política económica. De allí se desprenden ideas descontextualizadas y enunciados panfletarios, profundamente ideologizados, que en manos de las tecnocracias nacionales e internacionales, se han convertido en un instrumento de lucha a favor de algunos principios políticos conservadores. Lo neoliberal no es un modelo. En el mejor de los casos, es un vademécum de frases sueltas que son utilizadas por políticos tecnócratas y banqueros para justificar decisiones políticas y consolidar relaciones de poder³¹.

Si se delimita la investigación a los fueros del Estado, como pretendemos en este artículo, se podría tomar el neoliberalismo como concepto válido, al menos parcialmente, para comprender este momento histórico. Este artículo pretende sostener una hipótesis doble: primero, en los años noventa se implementaron un conjunto de novedosas políticas económicas que reestructuraron varios sectores estatales como el de las telecomunicaciones, políticas económicas que se basaron en un principio aperturista. Segundo, para esos años se puede ver una nueva forma o un nuevo fundamento del Estado que pasa de prestar servicios monopolizados por medio de sus empresas públicas a ser regulador de la competencia entre empresas privadas. En este sentido matizado es que podríamos hablar de neoliberalismo. Contextualicemos cada punto.

Para los noventa el cambio del principio de las políticas económicas que se estaba efectuando fue el paso de la sustitución de importaciones a la apertura. La sustitución de importaciones, en tanto políticas inspiradas en los postulados de la escuela de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), fueron implementadas desde los años cincuenta en Colombia con el fin de profundizar el proceso de industrialización y enfilarse en la ruta del desarrollo. En la República Liberal (1930-1946) se formó un discurso de intervención estatal acompañado de la industrialización como eje de desarrollo, pero sin ninguna estrategia que lo acompañara. Para comienzos de la segunda posguerra mundial ese discurso ya era, como dice el historiador José Antonio Ocampo, una verdadera "ideología nacional"³² que se concretó a finales de los cuarenta en una concepción de desarrollo formulada por la CEPAL. La sustitución de importaciones buscó reducir las importaciones de bienes intermedios y de consumo durable, por medio del alza de aranceles para reemplazarlas con producción nacional, proceso que presumía el fortalecimiento del mercado interno, que era un requisito central para el desarrollo. Según G. Misas, las estrategias fundamentales fueron dos: la elevación de los niveles de protección para los bienes producidos localmente, asunto que empezó a ocurrir con la ley arancelaria de 1951, y la creación, a través de la política monetaria, de mecanismos de crédito para financiar la acumulación de capital, punto que comenzó a desarrollarse desde 1950 con los créditos de fomento que el Banco de la República ofreció a los sectores manufacturero y agrario. En Colombia, la sustitución de importaciones como política estatal se concretó solo a partir del Frente Nacional. Kalmanovitz³³ constata la manera como los distintos Gobiernos frentenacionalistas, asesorados por la CEPAL y el Banco Mundial, tuvieron una actitud más industrializante que demostraron con el encausamiento de la sustitución de importaciones y con el auge de la planificación.

Es en la década de los setenta cuando por primera vez se comienza a generalizar la idea de una mayor apertura externa. Según Misas,

la apertura económica y trató de hacerla, eliminó y bajó aranceles y las provisiones, lo hizo mal, lo hizo arancel por capítulo, en consecuencia, rápidamente hubo un proceso muy interesante que fue unanimidad de todos los gremios en contra del proceso de apertura³⁴.

A partir de esos años se presentó una articulación diferente al mercado internacional que propuso seguir una política de estímulos a través de subsidios a las exportaciones. En ese momento se combinó una política de promoción de exportaciones³⁵, que permitió aumentar los bienes exportados, con la de sustitución de importaciones, que mantenía los altos niveles de protección y control de cambios. La apertura externa de los setenta se intensificó mucho más a principios de los noventa. Con el Gobierno de César Gaviria se puede afirmar que el proceso de sustitución de importaciones se desacelera, se abre la economía y las barreras al comercio que se habían tratado de mantener para proteger la industria nacional se eliminan. En los noventa es cuando podemos constatar cómo el principio de política económica cambia.

La apertura, la política económica generalizada en el Gobierno de Gaviria, se materializó en grandes reformas: la reforma a la inversión extranjera, la reforma comercial, la reforma financiera y la reforma cambiaria hicieron parte del paquete que le daba sustento a la Apertura. R. Hommes, ministro de Hacienda por aquella época, clasifica estas reformas en cinco: primero, las que liberaron los mercados de bienes, trabajo y capitales en los que estuvieron las reformas laboral, cambiaria, financiera y el nuevo régimen de inversión extranjera. Segundo, las que están dirigidas a reformas instituciones para transformar la administración macroeconómica del país, como por ejemplo la reforma del Banco de la República. En tercer lugar, las que pretendieron modificar las instituciones de salud y seguridad social para ampliar la cobertura. El cuarto paquete de reformas estuvo en el área administrativa de las entidades públicas; aquí se pueden contar aspectos como las privatizaciones y los cambios legislativos que se llevaron a cabo para hacer más eficiente la administración pública. En este punto fue importante el ingreso del sector privado a la prestación de servicios públicos (Ley 142)³⁶ para liberar actividades que tradicionalmente habían sido capturadas por el Estado. Por último, están las encaminadas a la descentralización administrativa y financiera del Estado colombiano.

Según el exministro de Hacienda, todas estas reformas "cambiaron las reglas del juego del quehacer económico y significaron una profunda ruptura con las tradiciones, convenciones e instituciones económicas del pasado. El objetivo de estas reformas fue instaurar un modelo de economía abierta, competitiva"³⁷. Al respecto dice el Plan de Desarrollo del Gobierno de Gaviria:

En la campaña electoral le propusimos al país un profundo revolcón a nuestra economía. Esto es indispensable por cuanto nuestro viejo modelo de desarrollo proteccionista y cerrado ya no es capaz de garantizar un ritmo de crecimiento adecuado. Nuestra economía tampoco está en condiciones de proveer los niveles de bienestar y de empleo que requiere la sociedad colombiana del presente y del futuro [...] Hemos emprendido un esfuerzo de grande dimensiones para modernizar e internacionalizar la economía colombiana. Vamos a abrir nuestro sistema productivo para hacerlo más eficiente y más competitivo. Vamos a conquistar el mundo con nuestras exportaciones. Queremos que los mercados externos sean, de ahora en adelante, una fuente primordial de dinamismo y de bienestar social³⁸.

Para J. I. González, a pesar de que "la sustitución de importaciones no es posible sin un cierto nivel de apertura. De la misma manera que la apertura no se consolida si el mercado interno está resquebrajado"³⁹, la sustitución de importaciones y la apertura responden a dos formas de concebir el Estado distintas. En la época de la apertura el Estado pasó de operador y monopolizador en la economía por medio de empresas públicas a ser regulador y gestionador de escenarios de competencia mínimamente leales. Veámoslo mejor.

Esta forma de Estado que surgió con la República Liberal es justamente la que se trata de desmontar en los años noventa. La visión de Estado de la sustitución de importaciones estuvo caracterizada por la intervención estatal en la economía para garantizar mínimos de bienestar social en la población. Según el profesor inglés B. Jessop⁴², la forma de Estado de la posguerra generalizada sobre todo en los países de Europa y Estados Unidos parte de la base de que la economía tiende al desequilibrio (la economía por sí misma no garantizará beneficios sociales como el pleno empleo) y por eso se hace necesaria la intervención y direccionamiento del mercado. En una manera de rastrear esta forma de Estado en Colombia, el historiador económico Óscar Rodríguez⁴³ analiza la introducción de la seguridad social. Según Rodríguez, la visión del seguro que cobija a toda la población y la universalización de los derechos sociales como promotores de un concepto de la ciudadanía⁴⁴ son algo característico del Estado de mitad del siglo XX. No es una coincidencia que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y la ley general que dio vía libre a la seguridad social por primera vez en Colombia se hubiera promulgado en 1946 en un principio únicamente con seguros médicos y veinte años después con seguros económicos. Por supuesto, este Estado nunca logró la universalización del sistema de aseguramiento y tampoco pudo menguar la condición de pobreza, por lo que para Rodríguez es muy problemático hablar de algo como un Estado de bienestar colombiano.

Para los años noventa se puede ver un cambio en la forma de Estado, en los principios mismos que lo envuelven. Ocampo⁴⁵ afirma que, con la llegada de Gaviria, se presentó un hecho paradójico: por un lado, la Constitución reclamó más Estado para superar la crisis institucional y social, y por otro, el Plan de Desarrollo "La Revolución Pacífica" propuso menos Estado para corregir el excesivo intervencionismo estatal que por años había acogido a sectores estratégicos. Con más Estado Ocampo se refiere a que el tamaño del Estado era muy pequeño en comparación con las funciones que debía asumir en áreas como la justicia, la educación o la seguridad. El más Estado estuvo enmarcado en la ampliación del gasto público para solventar el énfasis del desarrollo social. Con menos Estado, en cambio, Ocampo está hablando de la imperativa necesidad de eliminar la acción del Estado en sectores estratégicos que antes manejaba el fuero público, para imprimirles la eficiencia propia del sector privado y, con esto, propiciar la competencia como inigualable escenario de productividad y desarrollo. En esta línea es claro que la Constitución de 1991 permitió la participación del sector privado en espacios que tradicionalmente había manejado lo público. Este es, sin duda, el viraje que más nos importa de los que se dan a principios de los noventa, viraje en el que la intención intervencionista de la República Liberal, que había empujado la formación del monopolio de Telecom y que estuvo impregnado en los derroteros del Estado durante largo tiempo, parecía desaparecer.

Para Jessop, el tipo de Estado que entra en juego a final del siglo XX es caracterizado por el mejoramiento de la competitividad estructural de las economías abiertas y la subordinación de la política social a las exigencias de flexibilidad del mercado de trabajo y de competitividad estructural. Así, para esta forma de Estado finisecular, que se empeña en fomentar la competencia, es fundamental una política como la apertura. Por ejemplo, la eliminación de las restricciones a la inversión extranjera, establecidas desde 1967, la liberalización comercial o la eliminación de los monopolios públicos a través de las privatizaciones colaboraron en ese sentido. Según Salomón Kalmanovitz, el Gobierno de Gaviria hizo de la competencia su "demiurgo" e hizo de la eficiencia y la eficacia en el gasto público sus principales derroteros.

Pareciera que el proceso de privatización de los años noventa es inversamente proporcional al proceso de nacionalización de los cuarentas. En el caso de las telecomunicaciones es claro cómo los cambios de ambos periodos históricos son similares y contrarios a la vez. A finales del siglo XX se presentó un movimiento que pretendió desmontar la forma de Estado impuesta en mitad del mismo siglo.

Hacia la apertura de las telecomunicaciones

El primer paso se dio el 20 de diciembre de 1989, a pocos meses de la finalización del Gobierno de Virgilio Barco. Ese día, el Congreso expidió la Ley 72⁴⁶ que, por primera vez en varias décadas, abrió el camino hacia una reestructuración sensible en el sector de las telecomunicaciones. Ocho meses después, el 19 de agosto de 1990, el recién posesionado César Gaviria expidió los decretos 1900, 1901, 1902 y 1903 que reglamentaban la Ley 72. Estos decretos fueron el segundo paso hacia la apertura del sector y la desmonopolización de los servicios. Especialmente el Decreto 1900 fue el que más preocupó a los trabajadores de Telecom ya que allí se planteaba, de manera directa, que operadores privados podrían entrar a prestar algunos servicios de telecomunicaciones en libre competencia mediante concesión, de acuerdo con la figura de servicio de valor agregado. Formaban parte de estos servicios el telefax, el publifax, el teletex, el videotex, el datafax, el correo electrónico, la transferencia electrónica de fondos, el acceso y envío de información almacenada, la radiodifusión sonora, la televisión, los servicios portadores y la telefonía, entre otros.

Después vino el proyecto de Ley 033 de 1992 que precipitó el gran paro de ese año. Para cuando el Gobierno presentó el proyecto 033 al Congreso, el 28 de febrero de 1992, la nueva Constitución de Colombia ya había sido promulgada diez meses atrás, el 4 de julio de 1991. Esto último fue importante porque el propio marco constitucional contemplaba la abolición de la forma monopolio en el uso del espectro electromagnético y en la prestación de servicios públicos -dentro de los que se encuentran las telecomunicaciones-, y también autorizaba la inclusión de privados en la prestación de servicios públicos.

Como el paro de 1992 fue exitoso, Telecom no pudo ser privatizada en ese año. Sin embargo, el camino hacia la apertura del sector continuó. El siguiente paso fue la telefonía móvil celular y los contratos joint ventures o contratos de asociación a riesgo compartido. La Ley 37 de 1993⁴⁷ abrió la puerta para que operadores privados o mixtos entraran a prestar el nuevo servicio de telefonía celular. Al final del largo proceso licitatorio, en enero de 1994, el Ministerio de Comunicaciones determinó que las compañías privadas Celumóvil

S.A, Cocelco y Celumóvil de la Costa S.A, y las empresas de economía mixta Comcel S.A, Occel y Celcaribe serían las seleccionadas para prestar el servicio en las tres zonas en que fue dividido el país (Costa Atlántica, Occidente y Centro Oriente). Las firmas privadas y mixtas contaron con el respaldo de los emporios económicos más grandes del país, el Grupo Santodomingo, Bavaria y el grupo Sarmiento Angulo. La misma Ley 37 de 1993 propuso otra manera de seguir abriendo el sector: los joint venture o contratos de asociación a riesgo compartido. El artículo 9 planteaba que las entidades adscritas al Ministerio de Comunicaciones que prestaran servicios de telecomunicaciones tenían autorización para asociarse con terceros con el fin de contar con mayor financiación a la hora de incrementar la densidad telefónica, mejorar la infraestructura o modernizar la tecnología. La idea era, sin privatizar ninguna empresa, encontrar en el capital privado la forma de costear los proyectos más ambiciosos. Durante la década de los noventa, Telecom firmó 19 joint venture con empresas extranjeras como Alcatel, Nortel, Siemens y Ericcson. En los joint ventures las empresas extranjeras se encargaban de realizar las proyecciones del plan en cuestión y de poner la totalidad de la inversión, y Telecom, por su parte, atendía la operación, el recaudo y el mantenimiento de la red. El riesgo consistía en que, si al final del contrato la demanda (líneas vendidas) había sido inferior a las proyecciones, Telecom debía compensar a las asociadas lo que faltara, pero si habían sido superiores, las empresas extranjeras eran las que tenían que resarcir a Telecom. El número de líneas instaladas y vendidas no correspondió a las proyecciones hechas por los asociados en los contratos y el desfase fue gigantesco ya que solo se logró vender el 60% de las líneas esperadas.

En menos de diez años el sector había cambiado de forma radical. El camino recorrido desde la Ley 72 de 1989, que puso las bases de la apertura, hasta el Decreto 2542 de 1997, que reglamentó el proceso de licitación para nuevos operadores de larga distancia, es un buen ejemplo de cómo el Estado, mediante decretos y leyes, puso en práctica la famosa política de apertura (ver cuadro 1).

Resistir, combatir

A partir del 22 de abril de 1992, y por siete días más, el país quedó incomunicado. Cuenta el diario El Tiempo en su edición del 24 de abril que solo en los dos primeros días de paro "se habían dejado de hacer cerca de 2.4 millones de llamadas nacionales y 273.000 de larga distancia"⁵¹. El presidente de la empresa, Francisco Javier Navarro, afirmó que las dos centrales de larga distancia nacional y la central internacional habían quedado bloqueadas, restringiendo casi la totalidad de las llamadas hacia el exterior y también en todo el país, debido a que diez discos duros habían sido borrados, cuarenta discos de archivo o back up habían desaparecido y no podían conseguir las contraseñas de acceso de algunos equipos. Navarro afirmó en una intervención en la Comisión Sexta: "La situación puede agravar como consecuencia de los razonamientos de energía, debido a que muchas de las 240 repetidoras con que Telecom opera alrededor del país en este momento están sostenidas fundamentalmente con plantas de emergencia"⁵².

Solo la telefonía local prestada por otras empresas funcionaba normalmente. Según El Tiempo,

El propio Gobierno, los medios de comunicación, las empresas aéreas, la hotelería, el turismo, la industria, el comercio y en general la vida cotidiana de todos los colombianos ha sido afectada por el paro de Telecom, que dejó al país totalmente incomunicado internamente y sin posibilidades de conexión alguna con el exterior⁵³.

Todo esto para no hablar del sector financiero, en el que se paralizaron las transacciones bancarias y solo siguieron funcionando 378 cajeros electrónicos -la mayoría de ellos en Bogotá y Medellín-de los 710 que existían nacionalmente⁵⁴. Eberto López, presidente de Sittelecom, afirma:

]]> A mí me tocó la responsabilidad y el honor de dirigir la huelga de 1992. [...] Nosotros nos la pasábamos en reuniones con miembros de la junta directiva de la empresa, con ex presidentes de la empresa, con vicepresidentes, con alcaldes o con gente del Congreso, pero nos mandaban con las manos vacías porque la única propuesta que nos hacían era que levantáramos el paro para poder conversar si Telecom se vendía o no, y pues eso ya lo habíamos conversado durante dos años en una mesa de diálogo. Creo que hubo una coyuntura que nos ayudó mucho que fue el apagón: imagínese este país incomunicado y fuera de eso a las 7 de la noche quedaba a oscuras, eso era una locura⁵⁵.

La euforia inicial de los trabajadores se transformó en desespero. No se veía venir una solución. Sindicatos y centrales que habían anunciado su respaldo al cese laboral en realidad no se sumaron formalmente. A medida que el tiempo corría la situación parecía tornarse en crisis. Como afirma Rafael Baldovino, de Sittelecom: "Eso se puso pesado. [...] Yo dormía acá, mañana allá, pasado mañana allá. Eramos objeto de seguimientos por parte de los organismos de inteligencia. Todos dormíamos en sitios distintos"⁵⁶. Como lo reconoce Carlos Cely, realmente las dimensiones que estaba tomando el paro asustaban, sobre todo si se tiene en cuenta que las consecuencias económicas del paro para comerciantes, entidades financieras e industriales eran impresionantes. Los periódicos hablaban de pérdidas diarias de 50 mil millones de pesos, "Y, ni modos de pensar en una pronta solución, ya que ninguna parte llamaba a la otra; no aparecían intermediarios; nada de 'embajadores de buena voluntad'; era una lucha a muerte por vencer, por resistir"⁵⁷.

¿Cuál era la posición de los trabajadores organizados? La principal postura, y en la que coincidían las tres agremiaciones, era que la empresa no podía ser vendida mayoritariamente al sector privado -el proyecto 033 concebía la venta del 80%. Sin embargo, de entrada habría que aclarar que las tres organizaciones de empleados no concordaron en todo. En la declaratoria de huelga elaborada por el Comité Nacional de Paro se puede apreciar un interesante detalle: de las tres asociaciones⁵⁸ de trabajadores que tenía Telecom, solo Sittelecom y la ATT firmaron la resolución, lo que denota la distancia que guardó la Asociación de Profesionales de Telecom (asitel)⁵⁹ ante el cese laboral. Para estos últimos, el mejor camino para defenderse no era una huelga y, además, pensaban que era viable que la empresa funcionara bajo la figura de economía mixta: "Esta figura tiene dos ventajas: por un lado, compromete a otros sectores a aportar en el desarrollo de la red y por otro, crea un cuerpo fiscalizador de las actividades de la empresa más amplio y con intereses precisos"⁶⁰, a diferencia del sindicato y de los técnicos, para quienes la empresa debía permanecer con capital 100% público. Como anota Zabulón Bonza, ingeniero de asitel:

Yo formé parte del Comité de Paro. [...] En ese comité inicialmente cinco íbamos en contra del paro y cuatro a favor. Mi teoría era que Telecom se podía volver una empresa de economía mixta y conseguirse un buen socio, pero el sindicato era del Moir⁶¹ que era muy radical en su posición de que todo fuera estatal.
Se fueron a un paro muy cruel y a partir de ahí la empresa nunca fue igual que antes⁶².

Esta posición de los profesionales hizo que a última hora sus directivos no firmaran la declaratoria de paro y, asimismo, reveló una tercera posición en un escenario altamente polarizado. Por lo tanto, la atmósfera se dividió entre 'privatizadores' contra 'estatizadores', como lo afirmó el entonces presidente de la Comisión Sexta, senador Jaime Vargas Suárez: "Los actores de este drama ya entonces habían tomado partido. Cada interlocutor nos exigía, antes de aceptar un diálogo, nuestra posición. El país, desde entonces, se dividió entre 'privatizadores' y 'estatizadores'"⁶³. Pero, además, asitel sentó una tercera vía de asumir el proceso ubicándose en medio de las dos irreconciliables visiones.

Teniendo en cuenta este matiz en la postura de los trabajadores, podrían organizarse sus argumentos, que sustentaron la premisa fundamental de la no privatización ni apertura, en cinco puntos: la defensa de la soberanía nacional, el desarrollo del sector de las telecomunicaciones por medios públicos teniendo en cuenta las provechosas ganancias de la empresa, la propuesta de un camino de gestión empresarial sin necesidad de la privatización, la defensa sobre la carga laboral y el rescate de los planes sociales.

Para las agremiaciones de empleados, el de las telecomunicaciones era un sector tan estratégico para el país que ceder su manejo a multinacionales era un asunto de soberanía. Vender a Telecom era para los trabajadores como si el Estado perdiera el control de la órbita geoestacionaria y del espectro electromagnético, recursos que se asumen como centrales para el desarrollo de un país:

]]> Era un golpe a la propiedad del Estado, a la conservación de los bienes del Estado, a la actitud de defensa de lo nacional, a lo público y eso comprometía la soberanía nacional. No es lo mismo que una empresa del Estado maneje el espacio geoestacionario a que lo haga una empresa multinacional. Telecom era una empresa estratégica que tenía presencia en todo el territorio y además ocupaba mucha mano de obra. No había un punto en el país donde no se encontrara un logo de Telecom y allí un trabajador de Telecom. Y ese trabajador era todo un personaje como lo era el cura, el alcalde, o el boticario⁶⁴.

El segundo argumento se refería al desarrollo del sector. ¿Por qué privatizar la empresa si hasta ese momento Telecom había cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del sector e incluso representaba una carta de salvación financiera para el Estado?, se cuestionaban los trabajadores. Hasta ese momento la empresa no había necesitado ninguna partida presupuestal por parte del Estado, sino al revés: era conocido que al final de cada año -sobre todo a finales de los ochenta- el superávit de Telecom pasaba a otras instituciones del Estado para cubrir gastos, deudas o huecos fiscales, tal y como ocurrió cuando Telecom transfirió a Inravisión $1.640 millones en 1988, o cuando aportó a las Fuerzas Armadas $3.700 millones en cumplimiento de la Ley 43 de 1987:

Para nadie es un secreto que de un tiempo para acá, representativas sumas de dinero, consideradas inexactamente como 'superávits' en Telecom, han sido transferidas a entidades nacionales de distinto orden, por disposición expresa del alto Gobierno [...] Inicialmente las transferencias se realizaron indistintamente a petición del Gobierno central a través del conpes para atender necesidades específicas del momento, generalmente déficits fiscales; luego se establecieron programas de recuperación de institutos como inravision. Ahora las mencionadas transferencias tienen un respaldo consagrado por la Ley 38 de 1989⁶⁵.

Los trabajadores, que no desconocían los cambios en el sector, proponían la elaboración compartida de un plan nacional de telecomunicaciones "que visione y recomiende las políticas del sector a corto, mediano y largo plazo, benéficas para el país conjugando lo intereses del Estado"⁶⁶. Al respecto, recuerda Rafael Baldovino, líder de Sittelecom:

Nosotros le planteábamos al Gobierno que antes de privatizar a Telecom hiciéramos tres pasos: paso uno, hacer un estudio nacional de telecomunicaciones; paso dos, hacer un diagnóstico; y paso tres, hacer un plan de telecomunicaciones que nos llevara a una conclusión. Decidieron tomarnos del pelo y subestimaron nuestra capacidad de acción⁶⁷.

Tercero, aunque reconocían los vicios que tenía Telecom en tanto ente estatal -interferencia política, nombramientos por cuotas burocráticas, traspaso de excedentes al Ministerio de Hacienda, irregularidades en los procesos de pensión y excesiva normatividad-, los empleados pensaban que no era necesario privatizarla para volverla organizacionalmente ágil. Como dijo Edgar Cañizares de asitel:

Creemos que la salida más lógica y de mayor beneficio para el país y sus habitantes es la de permitir que Telecom sea una empresa Estatal que a través de una ley de gestión especial sea dotada de todas las herramientas necesarias para que se desenvuelva libre y ágilmente y sea gerenciada con criterios modernos y autónomos que le permitan mantener al país a la vanguardia en este estratégico sector⁶⁸.

Por último, sobre la inversión social, los trabajadores pensaban que Telecom ya realizaba de antemano inversiones sociales duraderas y más importantes que las dispersas y poco sistematizadas. Desde 1976 la empresa había comenzado un programa de telefonía rural importante que en 1986 se profundizó con el diseño del Plan Nacional de Telecomunicaciones Rurales (PNTR)⁶⁹. El Plan, que dividía al país en nueve regiones y que tenía como principales objetivos ampliar la cobertura de telecomunicaciones en los sectores rurales del 36% al 65% y cubrir todo el territorio nacional dando prioridad a las zonas de extrema pobreza, hacía presencia por esos años en 390 municipios de menos de 2.000 habitantes. Los trabajadores creyeron que la privatización sería el fin de la expansión telefónica a las zonas rurales, simplemente porque no era rentable para las multinacionales.

Finalmente, sobre la carga laboral y prestacional, los empleados no estaban de acuerdo con los estudios actuariales expuestos por el Ministerio de Comunicaciones que demostraban que antes de2000 los ingresos por ventas de servicios no iban a ser suficientes para cubrir los pagos salariales y la amortización anual para pensiones. En los cálculos de Sittelecom, los pagos de sueldos, prestaciones y cesantías de sus trabajadores y pensionados no sobrepasarían el 23% de lo producido para 1992 y la planta de trabajadores era bien ajustada para los servicios que la empresa prestaba.

El lunes 27, continuando con el paro, los presidentes de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (cut), la Confederación General del Trabajo (cgt) y la recién creada Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia (ctdc) se involucraron directamente en el conflicto haciendo una Propuesta de acuerdo para la solución del conflicto a las organizaciones y al Gobierno; esta propuesta respaldaba lo dicho por los senadores mediadores -Jaime Vargas, Samuel Moreno y Eduardo Pizano- y agregaba las palabras clave que las trabajadores querían oír: la no enajenación de la empresa. Después de tres días de mediaciones, solo dos arreglos quedaron claros: primero, representantes de las partes establecerían una comisión que presentaría un pliego de modificaciones al proyecto de Ley 033 que serían incluidas en su ponencia, en la que la no enajenación de la empresa y la creación de una ley de gestión especial para Telecom serían los cambios primordiales; y segundo, se instauraría una mesa especial encargada de analizar cada caso de destitución por motivo del cese laboral básicamente para restablecer a los despedidos. Realmente estos dos aspectos fueron los únicos que aparecieron en el acta de acuerdo⁷⁰ que suscribieron las partes en la Comisión Sexta del Senado el martes 28 de abril a las ocho de la noche. El acta final fue acompañada por la esperada resolución de levantamiento de paro que convocaba a los más de 12.000 trabajadores -más del 80% de los empleados habían parado- que habían participado de la huelga a "reintegrarse a sus labores a partir de esta fecha y hora"⁷¹.

Este paro no apareció de la nada. De hecho, si se mira con cautela, ya estaba avisado. Dos años atrás, el 14 de noviembre de 1990, hubo otro paro de menores proporciones pero por razones casi idénticas. Como asegura Jorge Lerma de la ATT, "Fue un paro de un día. Ese día se incomunicó al país. Nosotros nos estábamos preparando para algo duro que se daría posteriormente. El de 1992 fue un hito histórico, pero la primera experiencia fue en 1990"⁷². O, como dice Rafael Baldovino, "el 14 de noviembre de 1990 fue apenas un ensayo"⁷³. Esa huelga de un día había sido planeada por las centrales obreras como un gran Paro Cívico Nacional para protestar contra la política privatizadora del nuevo Gobierno.

De hecho, al ver que en su discurso de posesión el 7 de agosto de 1900 el presidente César Gaviria había puesto el tema de la privatización en primer plano, los trabajadores organizados de Telecom comenzaron con pequeños ceses laborales casi de inmediato, como la Resolución 05311 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo dice: "Empleados de la Empresa han venido efectuando suspensiones escalonadas colectivas de actividad laboral a nivel nacional, durante los días 17, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto; 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 y 26 de septiembre; 1, 2, 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de octubre; 3, 7 y 8 de noviembre del año en curso"⁷⁴.

El paro y el caso Telecom

Telecom tiene fecha de fundación y de liquidación: 23 de mayo de 1947 y 12 de junio de 2003 respectivamente. Este largo periodo podría ser dividido en tres fases: la primera, que empieza con la nacionalización de las telecomunicaciones en los cuarenta y se extiende hasta finales de los ochenta, Telecom es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Comunicaciones que maneja el monopolio en varios servicios de telecomunicaciones. En la segunda, que va desde finales del Gobierno de Virgilio Barco hasta la liquidación de la empresa en 2003, Telecom sufre el resquebrajamiento de ese monopolio, se convierte en Empresa Industrial y Comercial del Estado, y se comienza a presentar la apertura del sector de las telecomunicaciones. Y la tercera, el periodo después de la liquidación en el que se crea la nueva empresa Colombia Telecomunicaciones, y luego, en 2006, se fusiona con la multinacional española Telefónica. Este artículo pretendió construir lo que P. Bourdieu⁷⁵ llama un

caso particular de lo posible⁷⁶, es decir, enfocar la mirada en un 'trozo de realidad' -el paro de 1992 y el caso Telecom- para luego contextualizarlo en el campo social del que ha sido extraído. Se descubre así en su peculiaridad, y tras un razonamiento analógico y homológico, las propiedades invariantes y generalizables que oculta bajo el disfraz de singularidad. Así, este complejo caso de tres etapas, que comprende más de 60 años de historia, es ejemplar en mostrar los cambios propios de los años noventa sobre todo en las formas de Estado. En este artículo me centré únicamente en el paso de la primera a la segunda fase; es decir, me remonté a finales de los años ochenta y principios de los noventa para ver el intento de privatización de la empresa, el inicio de la apertura del sector de las telecomunicaciones y la manera como los trabajadores organizados resistieron.

Pie de página

¹Pierre Bourdieu, Razones prácticas, sobre la teoría de la acción [Barcelona: Editorial Anagrama, 1997), 13.
²Los apagones fueron los razonamientos eléctricos programados por el Gobierno que se iniciaron el 2 de marzo de 1992 y que se extendieron por trece meses, es decir, hasta el 3 de abril de 1993. Debido a esto, y para aprovechar más la luz natural, el Gobierno de César Gaviria decretó el adelanto en 60 minutos de la hora oficial colombiana que se hizo efectivo a partir del 3 de mayo de 1992.
³Carlos Cely, Telecom: el desangre continúa [Bogotá: Editorial Pregones, 2005), 39.
⁴Estos datos fueron tomados de: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Acta de constatación hecha por Martha Álvarezy José Segura, inspectores séptimo y octavo de la Sección de Trabajo e Inspección y Vigilancia de la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca. Bogotá, abril de 1992.
⁵Gabril Fonnegra y Nelson Osorio, La subasta de Telecom [Bogotá: Ediciones Tormenta Tropical, 1992), 95-96.
⁶R. Natale, "El sector de las telecomunicaciones en Colombia", en Memorias del ix Congreso Nacional de Telecomunicaciones [Bogotá: ETB, 1992).
⁷El Sindicato de Trabajadores de Telecom [Sittelecom) fue el sindicato de base de la empresa. Se conformó en 1944 en la antigua Empresa Nacional de Radiocomunicaciones por medio de la resolución 243 del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Desde su creación, el sindicato estuvo influenciado por la Unión de Trabajadores de Colombia (utc), organización sindical fundada en 1946. En 1972 fue expulsado de la utc. Luego, en los años setenta, se acercó a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia [cstc). Se separó de la cstc en 1975. A principios de los ochenta alcanzó una gran cercanía con el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR). En 1998 se fusionó con la Asociación de Técnicos de Telecom (ATT) para formar la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones (ustc). Para la época del paro contaban con 7.000 afiliados nacionales, o sea más del 65% de los trabajadores de la empresa. López, Eberto, entrevistado por el autor, Bogotá, 20 de septiembre y 29 de noviembre, 2009.
⁸La Asociación de Técnicos de Telecom (ATT) fue la asociación gremial de técnicos que se fundó en 1961 y que solo hasta 1993 se volvió una organización sindical y cambió su nombre a Sindicato de Industria de Trabajadores de las Telecomunicaciones (ATT). En 1998 se fusionó con Sittelecom para formar la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones (ustc). Para el momento del paro tenía más de 1.200 afiliados en todo el país. Lerma, Jorge. Entrevistado por el autor. Bogotá, 17 de septiembre y 31 de septiembre, 2009. ]]> ⁹Gabril Székely y Jaime del Palacio, Teléfonos de México: una empresa privada [México: Editorial Planeta, 1995).
¹⁰Mauricio Vargas, Memorias secretas del revolcón [Bogotá: TM Editores, 1993), 237.
¹¹Exposición de motivos del proyecto de Ley 033 de 1992, 7.
¹²Francisco Javier Navarro, Hora del cambio, contribución para consolidar corporativamente a Telecom [Bogotá: Telecom, 1992), 209.
¹³Exposición de motivos del proyecto de Ley 033 de 1992, 10.
¹⁴Exposición de motivos del proyecto de Ley 033 de 1992, 5.
¹⁵Ministerio de Comunicaciones. Bases para una nueva política de gobierno referida a la operación y regulación de los servicios de telecomunicaciones en Colombia. Bogotá, 1992, 2.
¹⁶Exposición de motivos del proyecto de Ley 033 de 1992, 3.
¹⁷Exposición de motivos del proyecto de Ley 033 de 1992, 13.
¹⁸Navarro, Hora del cambio, 173. ]]> ¹⁹Exposición de motivos del proyecto de Ley 033 de 1992, 8.
²⁰Navarro, Hora del cambio, 175.
²¹"¿Por qué privatizar a Telecom?", Semana [21 de abril de 1992). Consultado en: http://www.semana.com/nacion/articulo/porque-privatizar-telecom/17429-3.
²²Vargas, Memorias secretas, 239.
²³Declaratoria de paro, punto 8.
²⁴Trabajadores desde la cárcel. El aberrante caso de los trabajadores de Telecom, 6 meses en la cárcel modelo. Bogotá, septiembre 1993, 2.
²⁵Darío Indalecio Restrepo, "De la falacia neoliberal a la nueva política", en La falacia neoliberal. Crítica y alternativas, ed. Darío Indalecio Restrepo [Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), 19.
²⁶Se le denomina Consenso de Washington al conjunto de políticas y reformas económicas formuladas en una reunión en noviembre de 1989 en Washington que contó con la participación de funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, miembros del Gobierno y del Congreso de Estado Unidos, think tanks de política económica e intelectuales y tecnócratas de diversas partes del mundo. La reunión tenía como objetivo formular recomendaciones para impulsar el crecimiento en países como los latinoamericanos. John Williamson, El cambio en las políticas económicas de América Latina [México D.F.: Gernika, 1991).
²⁷Este segundo sentido es el que señala Ahumada: "Entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, prácticamente todos los países latinoamericanos adoptaron los programas de estabilización y de ajuste estructural prescritos por el Fondo Monetario Internacional. Estos programas están basados en el paquete de reformas económicas y políticas que caracterizan el modelo neoliberal: apertura completa de las economías a los mercados y al capital internacional, recorte del gasto público y eliminación de los subsidios sociales, privatización de las empresas estatales y, en general, el establecimiento del clima más propicio para la inversión extranjera". Ver: Consuelo Ahumada, El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana [Bogotá: El Áncora Editores, 1998), 13.
²⁸Este tercer sentido es señalado por S. Kalmanovitz: "La ideología neoliberal alcanzó mayor raigambre durante los años setenta, cuando estudiantes colombianos de las universidades de Chicago, mit, Rice, Stanford y California encontraron acogida en la fundación privada Fedesarrollo, la Universidad de los Andes, la Asociación Bancaria y el Banco de la República.". Ver: Salomón Kalmanovitz, Economía y nación. Una breve historia de Colombia [Bogotá: Norma, 2006), 471. ]]> ²⁹La Escuela Económica de Chicago fue una escuela de pensamiento económico surgida en los años cincuenta en la Universidad de Chicago y encabezada por economistas como Milton Friedman y Arnold Harberger. Foucault analiza sobre todo los textos del economista estadounidense Gary Becker. Esta escuela influenció a los Chicago Boys, un grupo de economistas chilenos educados en dicha escuela en los setenta que tuvieron impacto en las reformas económicas en Chile a principios de la dictadura de Augusto Pinochet.
³⁰El ordoliberalismo alemán, impulsado por la Escuela de Friburgo, propuso lo que podríamos llamar como la sociedad empresa. Para los ordoliberales, los gobiernos debían organizar a las sociedades conforme a la Gesellschaftpolitik, es decir a una política social orientada a la constitución de un mercado que tuviera como característica primordial la creación y preservación de una estructura competitiva entre empresas.
³¹Jorge Iván González, "No hay falacia neoliberal", en La falacia neoliberal. Crítica y alternativas, ed. Darío Indalecio Restrepo [Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), 100.
³²José Antonio Ocampo, Historia económica de Colombia [Bogotá: Planeta, 2007).
³³Kalmanovitz, Economía y nación.
³⁴Gabril Misas, "De las sustitución de importaciones a la apertura económica", en Desarrollo económico y social en Colombia siglo XX, ed. Gabriel Misas [Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1998), 127.
³⁵Kalmonovitz, Economía y nación, 474.
³⁶Congreso de la República de Colombia. Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
³⁷Rudolf Hommes, "La apertura y las reformas económicas", en La Nueva Historia de Colombia Tomo VIIi, ed. Álvaro Tirado Mejía [Bogotá: Planeta, 1989), 82.
³⁸Presidencia de la República de Colombia, La revolución pacífica. Modernización y apertura de la economía [Bogotá: DNP, 1991), 11. ]]> ³⁹Jorge Iván González, "Entre la sustitución de importaciones y la apertura económica", en Desarrollo económico y social en Colombia siglo XX [Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1998), 422.
⁴⁰José Antonio Ocampo, "La crisis muncial y el cambio estructural", en Historia económica de Colombia, ed. José Antonio Ocampo [Bogotá: Planeta, 2007), 242.
⁴¹Daniel Pécaut, Orden y violencia. Evolución sociopolítica de Colombia entre 1930y 1953 [Bogotá: Editorial Norma), 2006.
⁴²Bob Jessop, Crisis del Estado de Bienestar. Hacia una nueva teoría del Estado y sus consecuencias sociales [Bogotá: Siglo Veintiuno Editores, 1999).
⁴³Óscar Rodríguez, "La difícil consolidación de un Estado de Bienestar", en Desarrollo económico y social en Colombia siglo XX [Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1998), 227.
⁴⁴Rodríguez, "La difícil consolidación".
⁴⁵José Antonio Ocampo, "Reforma del Estado y desarrollo económico y social en Colombia", Análisis político 17, 1992.
⁴⁶Ley 72 de 1989 planteaba la necesidad de adoptar una nueva política general para el sector y le daba facultades extraordinarias por un plazo de ocho meses al Presidente de la República para que fusionara o suprimiera las entidades adscritas al Ministerio de Comunicaciones, creara nuevas entidades que tuvieran a su cargo la prestación de determinados servicios y dictara las disposiciones para comenzar con los procesos de descentralización y desconcentración del sector.
⁴⁷Congreso de la República de Colombia. Ley 37 de 1993. Por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.
⁴⁸Presidencia de la República de Colombia. Decreto 2542 de 1997. Por medio del cual se reglamenta el proceso de concesión de licencias para establecimiento de operadores del servicio de Telefonía Pública Básica conmutada de Larga Distancia (TPBCLD) y se dictan otras disposiciones. ]]> ⁴⁹Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Resolución 086 de 1997. Por medio de la cual se reglamenta el proceso de concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia (tpbgld).
⁵⁰Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Resolución 088 de 1997. Por medio de la cual se establece el valor inicial de la licencia a cobrarse a los nuevos operadores del servicio tpbgld.
⁵¹"Colombia pierde $40.000 millones por día", El Tiempo, Bogotá, 24 de abril de 1992, sección Información General.
⁵²Navarro, Hora del cambio, 217.
⁵³"Con velas y sin llamadas", El Tiempo [Bogotá], 24 de abril, 1992.
⁵⁴"Semiparalizada la actividad financiera", El Espectador [Bogotá], 23 de abril, 1992.
⁵⁵López, 29 noviembre de 2009.
⁵⁶Rafael Baldovino, entrevistado por el autor, Bogotá, 9 de abril, 2010.
⁵⁷Cely, Telecom: el desangre, 47.
⁵⁸Había una cuarta agremiación: la Asociación Nacional de Pensionados de Telecom (apetelecom). Su presidente Carlos Peñaranda consideró inapropiada la propuesta de Ley 033 hecha por el Gobierno: "Al desaparecer Telecom como entidad adscrita a la cartera de comunicaciones, quedaría Caprecom [Caja de Previsión Social de Comunicaciones) reducida al punto del entredicho, afectando directamente a los pensionados y sus beneficiarios" En Revista Telecom 30 días, No: 22, [agosto de 1992): 18. ]]> ⁵⁹La Asociación de Profesionales de Telecom (asitel) fue la organización que reunió a los profesionales de la empresa fundada en 1965. A última hora decidió no firmar la declaratoria de paro.
⁶⁰asitel, Comentarios al proyecto de Ley 033 de 1992, 1992, 43.
⁶¹La composición política del sindicato, para el momento del paro, estaba integrada por tres sectores: el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), organización política de izquierda de tendencia maoísta fundada en 1971; el Frente Independiente, movimiento disidente del MOIR creado en 1989; y el Partido Comunista de Colombia-ml, partido de izquierda fundado en 1965. Baldovino, abril 29 de 2010.
⁶²Zabulón Bonza, entrevistado por el autor, Bogotá, noviembre 19, 2009.
⁶³Jaime Vargas Suárez, La semana de las orejas frías [Bogotá: Senado de la República, 1992), 14.
⁶⁴Antonio Yemail del Risco, entrevistado por el autor, Bogotá, octubre 13, 2009.
⁶⁵"¿A quiénes se transfieren los "superávits" de Telecom", Telecomunicaciones, no. 39 [agosto de 1992): 19.
⁶⁶Declaratoria de paro, punto 11.
⁶⁷Baldovino, abril 29, 2010.
⁶⁸Exposición de Cañizares de asitel ante la Comisión Sexta el 13 de mayo de 1992. Citado por: Vargas Suárez, La semana de las orejas, 127. ]]> ⁶⁹J. Peña y Ó. Lizcano, "Desarrollo de las telecomunicaciones rurales en Colombia", en Memorias del IX Congreso Nacional de Telecomunicaciones [Bogotá: ETB, 1992).
⁷⁰"Acta de acuerdo", Revista Telecom 30 días, no. 21 [agosto de 1992): 19.
⁷¹Resolución de levantamiento del paro firmado por Sittelecom y la Απ en abril de 1992.
⁷²Lerma, septiembre 17, 2009.
⁷³Baldovino, abril 29, 2010.
⁷⁴Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 05311 de 1990. Por la cual se decide una solicitud de declaratoria de ilegalidad.
⁷⁵Pierre Bourdieu, "La práctica de la sociología refleXIVa [Seminario de París)", en Una invitación a la sociología refleXIVa, eds. Loïc Wacquant y Pierre Bourdieu [Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005).
⁷⁶Bourdieu toma este concepto del filósofo francés Gastón Bachelard. El caso particular de lo posible, ese fragmento de un campo social que el investigador construye relacionalmente descubriendo en él las invariantes susceptibles de generalización.
⁷⁷Por ejemplo en 1958, para protestar contra las malas condiciones higiénicas en las instalaciones de trabajo de Bogotá, que albergaban 2000 trabajadores; en 1961, para oponerse a los acosos sexuales de las operadoras; en 1965, para presionar la negociación de un pliego de peticiones y el reingreso de unos trabajadores sindicalizados que habían sido despedidos; y, por último, en 1972, por otro pliego de peticiones.

Bibliografía

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