Minería, territorio y conflicto en Colombia
Catalina Toro-Peréz
Julio Fierrro-Morales, Sergio Coronado, Tatiana Roa, eds.
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012. 510 pp.
Francisco Ramírez Cuellar1
1Candidato a Doctor en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia. Miembro del equipo jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Abogado especializado en víctimas de corporaciones multinacionales en demandas contra estas compañías, en las jurisdicciones civiles de Estados Unidos e Inglaterra.
Cómo citar esta reseña
Ramirez Cuellar, Francisco. Reseña de Minería, territorio y conflicto en Colombia. Memoria y Sociedad 19, n.° 39 (2015): 196-202.
Para lograrla, divide el análisis en cinco temáticas: problemática minero-energética en el contexto continental; la financiarización de la economía, el desarrollo de la política minera y sus impactos en nuestro territorio; posteriormente, hace una compilación de análisis de instituciones jurídicas de la minería en nuestro país, la legislación minera y las acciones comunitarias respecto a estas; la cuarta temática aborda los conflictos socioambientales y territoriales asociados a los proyectos mineros; por último, la quinta parte compendia las pedagogías de resistencia en defensa de la vida y el territorio en nuestro país.
Recursos minero-energéticos en el contexto latinoamericano
Después de un somero análisis introductorio nos encontramos con los estudios del impacto de la minería, que, desde la perspectiva del sur del continente, nos hace Cesar Padilla. Él lo recorre desde Chile, mostrando cómo la legislación minera es producto del golpe miliar de 1973 financiado por el gobierno de Estados Unidos, que, como luego se ha documentado, actuaba en defensa de los oscuros intereses de las compañías mineras de cobre. Luego, transita al análisis del contrato de concesión minera en otros países, que han sido «asesorados» por oída, la agencia de cooperación canadiense que ha realizado esta «tarea» en todo el tercer mundo. Después, pasa a introducirse en detalle en los perversos efectos ambientales que ese marco jurídico permite a las multinacionales en el territorio continental. Nos detalla los impactos sociales de la minería a gran escala y la consecuente respuesta de las comunidades organizadas frente a la «agresión» que viven en sus territorios por parte de las compañías multinacionales; en particular se centra en las consultas ciudadanas como forma de resistir al ingreso de las multinacionales mineras al territorio indígena, afro o campesino, sobre su futuro como arma de defensa del territorio. Finalmente, aborda la propuesta de nacionalización de los recursos mineros con sus pros y sus contras desde la experiencia personal en el continente, cuestiona los riesgo ambientales, la calidad del empleo y hace una comparación respecto a la minería artesanal y los retos que supone para el desarrollo de nuestros países. Además, llama a construir análisis colectivos respecto a qué modelo es el que se debe implementar para confrontar el neoextractivismo.
Arturo Cancino Cadena nos introduce en un análisis sobre la dudosa fortuna minera en el continente, sobre el llamado síndrome de la maldición de los recursos naturales y la enfermedad holandesa dentro del contexto extractivista, cómo estas dos acepciones son aplicadas desde la colonia a países de la periferia, y cómo esta realidad dista de ser del pasado y sigue siendo muy actual. También estudia la manera como la inversión está ligada al desarrollo y la expansión minera para capturar los recursos de nuestros países y enviarlos al centro desarrollado que impone un modelo que destruye la vida en el planeta. Muestra los cambios en la composición de las exportaciones de los tres países objeto de este análisis (Chile, Perú y Colombia), y el desarrollo desigual en las exportaciones de Colombia respecto a los otros dos «gigantes» de la minería. Luego, analiza la minería como fuente de renta fiscal, cómo esa es una gran mentira de las prácticas fraudulentas de las multinacionales en estos países, los efectos perversos que tiene en la economía y cómo la industria extractiva es una generadora de desigualdades profundas, asociadas a impactos ambientales, sociales, laborales, etc., de gran envergadura para estas naciones. Un análisis similar lo prevé respecto al empleo, otra de las «ilusiones» que crea la industria extractiva respecto al «desarrollo».
Fernanda Soliz, Adolfo Maldonado y Carolina Valladares elaboran un interesante artículo sobre la manera en que las actividades extractivas dañan los derechos de los niños en las fronteras. Los cuadros comparativos respecto a los impactos que sufren estos seres humanos en relación con la explotación minera artesanal y por la minería a gran escala son un fuerte llamado a hacer conciencia de cómo esta industria está asociada a graves impactos en la salud, especialmente a la condición psicosocial de estos niños. Además, muestra cómo se invisibilizan las múltiples exposiciones, que van desde las químicas, a la violencia laboral y los riesgos de accidentes, y cómo estas están ligadas a la libre disposición de los recursos para las multinacionales en detrimento de la salud y la mínima calidad de vida de los niños en la frontera entre Ecuador y Perú. Ello va íntimamente ligado a la inexistencia de garantías de estos estados respecto a dichos niños, que permiten que las compañías copen todo el entorno de los habitantes de esta zona, sean casi una «autoridad», manipulen los habitantes, dividan las organizaciones, las intimiden, y que haya impunidad respecto a la consulta y criminalización de sus actividades de defensa de la vida que desarrollan estos habitantes.
Respecto a las relaciones entre ambiente, salud y trabajo, Andrés Idarraga Franco nos introduce primero en la discusión de cómo hay varios argumentos en contra de esta industria desde el ecologismo, desde la economía y desde la manera en que se producen los conflictos culturales distributivos. Centra su análisis de la relación social entre ambiente y salud en el proceso salud-enfermedad. Identifica que procesos como ambiente y salud son determinados por una estructura económica basada en la lucha de clases, y aborda una mirada internacional de esta relación en casos como Perú, Argentina y Estados Unidos, donde mueren alrededor de 1.500 trabajadores anualmente producto de la enfermedad del «pulmón negro». Finalmente, sostiene que debemos mirar cómo vamos a confrontar la existencia de proyectos de gran minera en territorios ambiental y socialmente muy sensibles, respecto a la salud ocupacional en las minas y la salud pública de las comunidades, fortaleciendo la idea de transformar las relaciones sociales con el ambiente y con otros grupos sociales para garantizar el bienestar después de la explotación minera.
En «Las nuevas guerras justas», Pablo I. Reyes e Ivonne Patricia León empiezan su análisis mirando el nuevo modelo de acumulación neoliberal desde la globalización. Hacen una caracterización de este a partir del modelo extractivista y sus consecuencias, que cifran en redefinición del espacio, reorganización del territorio en relación con los recursos naturales, estudios de la población y ejercicio del poder a través de la vigilancia por medio de nuevas tecnologías, y el acceso abierto y sin restricción alguna a los recursos naturales. A partir de allí, muestran los efectos de la globalización en las regiones, la nueva división internacional de trabajo con la presencia de las transnacionales en el nuevo modelo de desarrollo, cómo se ha producido la crisis ambiental y cómo ella desata una nueva geopolítica del poder, producto de los patrones capitalistas de producción y consumo.
Territorio, financiarización y política minera en Colombia
En este capítulo, los autores Aurelio Suárez Montoya, Guillermo Rudas Lleras y Julio Fierro Morales muestran, primero, al oro como commodity, su papel al lado de la minería a tajo abierto, el aporte que haría la Colosa en Cajamarca Tolima a los ingresos de la multinacional y no del país. Además, muestran la situación económica de las compañías respecto a sus volúmenes de producción y su valor en el mercado, su respaldo a las operaciones de especulación financiera, su impacto negativo en los ingresos de las naciones productoras y las colosales ganancias para las transnacionales mineras. Finalmente, hacen un llamado a abordar con un análisis profundo la coyuntura en la que está inmersa la nación respecto a lo que se ha dado a llamar la locomotora minera.
]]> En segundo lugar, Rudas Lleras aborda la sostenibilidad de las finanzas públicas y el «desarrollo» que este puede generar en el país. Analiza el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora sabemos introdujo algunos artículos que benefician a las multinacionales, especialmente en lo que tiene que ver con la unificación de títulos mineros. Muestra la necesidad urgente de tener una fortaleza institucional para generar reglas claras y aprovechar lo que podría dar la industria y que no está dando por ausencia de esta, y puede, como de hecho se está presentado, provocar pasivos ambientales y sociales que, a largo plazo, tienen que ser cubiertos con recursos de la nación. El autor analiza las áreas de reserva minera estratégica recientemente suspendidas por el Consejo de Estado, los efectos que tendrán en zonas de especial condición ambiental, la ausencia de una política estatal respecto al recurso, y la crisis institucional, que no podrá abordar con seriedad el manejo de esta área de la economía del país. Pasa luego a analizar cómo la minería y los hidrocarburos no pagan las obligaciones fiscales porque se ha estructurado una maraña «legal» que garantiza que las compañías puedan evadir sus obligaciones y, de paso, generar problemas de sostenibilidad económica para las regiones productoras. Fierro Morales analiza la evolución legal de la minería desde el código de 1988, los cambios introducidos por la Constitución Política, las transformaciones ambientales sufridas a partir de la creación de la Ley 99 de 1993, los efectos en el territorio a partir de la Ley 388 de 1997, el Código de Minas de 2001 (Ley 685 de 2001) elaborado por los abogados de las multinacionales. Esta ley, tal y como se ha abordado ampliamente, fue creada por ellos, por la agencia de Cooperación de Canadá y por los parapolíticos en una perversa alianza a favor del saqueo de los recursos minero-energéticos. Finalmente, profundiza en los aspectos jurisprudenciales y los diferentes componentes de la minería, como su impacto ambiental, el empleo, la inversión extrajera en el contexto económico, el agua y, finalmente, cómo responden las comunidades a este reto de expulsión territorial, marginación, violencia y miseria producto de la incursión de las mineras a sus territorios.Minería: instituciones jurídicas, legislación minera y acciones comunitarias
En este capítulo, se analiza la integridad de la tierra y los territorios de las comunidades versus la legislación minera, comenzando por un análisis del contexto legal latinoamericano, pasando por lo que ocurre en Colombia, señalando cómo ha evolucionado el marco legal minero desde la Constitución de 1991; la mecánica reglamentaria cuando en una propiedad privada del suelo se encuentran recursos naturales; la defensa de esos territorios cuando entra una multinacional; los efectos de la decisión de declarar de utilidad pública la minería respecto a los territorios de comunidades indígenas y afros; y la aplicación del convenio 169 de oit. Además, aquí cabe un aporte de cómo la Corte Constitucional ha sido reiterativa en que se debe hacer la consulta, pero si no hay acuerdo prima lo que determine el gobierno (y, entonces, ¿para qué la consulta?) y eso arroja otra discusión sobre lo vulnerables que se vuelven los territorios por el avance de la gran minería.
Luego, se pasa al análisis respecto a la restitución de tierras de las víctimas, pues la misma ley de tierras consagra que, si ya hay una explotación, las víctimas deben conciliar con la empresa y permitir la explotación de los recursos naturales para ser luego «compensadas», a pesar de que existe la posibilidad de anular o suspender cualquier título minero si se prueba que ha sido producto del despojo y la violencia contra sus poseedores naturales. Este caso se ha presentado ya, pero las compañías solucionan el problema con las llamadas bacrim, las cuales, «coincidencialmente», operan en esas zonas con el amparo de batallones pagados por estas compañías.
Finalmente, Adriana Patricia Fuentes llama a profundizar las investigaciones en esa área, documentar los impactos ambientales, sociales y económicos en la región (y también los laborales derivados de la sobrexplotación de los mineros) para demostrar que, si ese proceso se da desarticulado de políticas ambientales y mineras, no producirán buenos efectos en el desarrollo de las regiones donde existen comunidades étnicas.
Rodríguez y Gómez Rey abordan un importante análisis sobre cómo se sustraen áreas de reserva de la Ley 2 de 1959. Los autores de este artículo comienzan con una descripción legal de lo que es una reserva forestal, las clases de reserva, para luego enumerar cada una de las reservas existentes en el país, los habitantes que hay en cada una de ellas y cómo ellos han sabido defender «culturalmente» ese territorio donde desarrollan su proyecto de vida. Analizan las confrontaciones generadas en relación con esas reservas, las condiciones para sustraer territorios y los porcentajes de sustracción hasta ahora declarados, concluyendo que las reservas forestales no solo conservan la tierra, sino también el territorio, los habitantes que están en ellas y sus expresiones culturales, que diariamente resisten a este tipo de sustracciones que afectan su vida.
El artículo de Sergio Coronado Delgado y Adriana Beltrán Ruiz sobre instituciones jurídicas y acción comunitaria comienza planteando el debate de propiedad de los recursos y cómo el Estado debe determinar los derechos, las condiciones en que se explotan y las rentas que debe producir esta industria. Luego, analiza los conceptos que sirven de soporte constitucional, como el del interés general que se opone al interés particular, y los derechos sociales y culturales de las llamadas minorías étnicas. Sobre el caso colombiano resalta cómo estructuralmente hay una apropiación privada de estos recursos, en detrimento del interés general expresado en el conjunto de habitantes de nuestra nación. Respecto a la homogenización de la legislación minera y los derechos de los pueblos indígenas, hace una comparación práctica de los efectos de esta en las zonas afros e indígenas, que son una mínima porción del territorio nacional. Un análisis importante resulta el examen de los derechos estatales de uso de la tierra para la explotación minera versus las diferentes categorías de exclusión de explotación, como las reservas forestales, territorios catalogados como bienes comunes, etc. Finalmente, el artículo ilustra la experiencia de pequeños mineros asociados en Asocasan que, desde la propuesta de oro verde, recogen la experiencia en la explotación tradicional del oro y el platino por parte del consejo comunitario que confronta la entrada de los llamados retreros2 en una zona de altísima sensibilidad ambiental.
Otro análisis interesante sobre el tema minero lo expone Rosembert Ariza Santamaría con sus consideraciones sobre la consulta previa, primero exponiendo sus observaciones sobre los progresos que la jurisprudencia ha hecho respecto a la consulta previa, lo que se preceptúa en el articulado del convenio 169, las interpretaciones que se han hecho de este en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, específicamente, en el caso del pueblo sarayaku contra el estado ecuatoriano. Cabe destacar que el autor se toma el trabajo de resumir los requisitos expresados por la Corte Constitucional para considerar la aplicación de la consulta previa, sus dilemas y concluir cómo esta consulta se ha vuelto una trampa legal para las comunidades por las maniobras que los gobiernos están haciendo para hacer inocua la aplicación de este convenio.
Minería: conflictos socioambientales, despojo y territorialidad
Este importante capítulo inicia con un análisis de Joaquín Molano Barrera sobre la minería en los páramos y los efectos que esta explotación puede tener en zonas como los nacimientos de agua, que, de paso, son los que proveen de este precioso líquido a ciudades enteras como Bucaramanga. Luego, el autor pasa a exponer, en detalle, la diversidad de la vida en las montañas donde se ubican los páramos que son generadores del agua y la vida para las regiones que riegan. Muestra qué puede pasar, cuáles son los riesgos de la minería en estas zonas, y lo que pierde el país y el planeta con este tipo de irrupciones nocivas a zonas ambientalmente sensibles.
]]> Prosiguen Ramírez Jaimes e Ibagón Gaitán, mostrando la dicotomía entre producir minerales e importar alimentos en zonas que, intervenidas por la gran minería, invertirán su vocación y la de sus habitantes. Muestran cómo se ha acomodado la legislación nacional para dar «ventajas» comparativas a las multinacionales, no solo como una coyuntura económica sino como una política de Estado para el «impulso» a la inversión extranjera. Además, muestra cómo serán las afectaciones e impactos sociales de la explotación minera, cómo se afectará la producción alimenticia y la llamada seguridad alimentaria primordial para la subsistencia de estos pueblos. Finalmente, analiza una serie de cuadros comparativos que van a ilustrar los graves efectos que esta producción minera tiene sobre la de alimentos.María Victoria Duque López considera la relación entre yacimientos, bonanzas y conflicto alrededor de la minería, el papel de los actores legales e ilegales respecto a esta industria, los conflictos que sobre el uso del suelo comienzan a generarse, la posición de las víctimas frente a su reconocimiento como tales y su revictimización articulada con el problema de tierras. Analiza someramente algunos artículos de la ley de tierras que facilitan la impunidad, castigan la protesta de los campesinos, la posesión de «buena fe» del usurpador y los límites impuestos a los arrendatarios, aparceros o tenedores de tierras, la gran mayoría de ellos expulsados de sus tierras. Ilustra la minería en la historia nacional, cómo ha sido generadora de conflicto y las nuevas guerras que se generarán (y se están generando) en el territorio nacional al amparo del «avance» de la gran minería transnacional.
Bermúdez Rico aporta un artículo importante sobre género en la minería, analizando su participación económica en las regiones donde se explotan estos recursos, las violencias que esta industria genera en contra de las mujeres, las inseguridades y la desvalorización del trabajo femenino, de por sí ya impactado en la práctica esclavista de nuevos y antiguos explotadores del recurso minero, específicamente en zonas como el Pacífico colombiano. Muestra las posibles salidas que construyen el tejido y la defensa del territorio en la vida de las mujeres mineras, señalando y delimitando los espacios necesarios del accionar reivindicativo de las mujeres, en la búsqueda de conquistas tan primarias y esenciales como la seguridad social para ellas y su entorno familiar.
Moreno Gonzales expone un caso práctico de conflicto por el territorio. Tasco Boyacá es la muestra de cómo la explotación minera incursiona en zonas que deben ser totalmente vedadas para la explotación minera: los páramos. Esta explotación de carbón, ubicada en el páramo de Pisba pone en evidencia el peligro hacia el agua nacida y utilizada por los habitantes de las regiones circunvecinas del páramos, lo que ha provocado desde acciones judiciales temporales y sin efecto contundente, hasta movilizaciones populares acompañadas de amenazas de muerte contra sus promotores.
Finalmente, Ordoñez Potes, Ángel y Lozano Zafra dan una muestra detallada de los problemas generados por la minería en los cerros de Bogotá. Se detalla en este artículo cómo ha habido una transformación paisajística que, además, pone en peligro la vida de los habitantes de estas zonas que se exponen a derrumbes, movimientos repentinos de tierra, represamientos por lluvias y deslizamientos. A ello se suma otro problema
que es la ocupación de los cerros Orientales por nuevas construcciones que no respetan las cotas de construcción, la cercanía y la afectación de fuentes hídricas, la tala de bosque, etc. Ejemplo de ello son las zonas de Usaquén y Chapinero que han venido siendo pobladas por nuevas construcciones de estratos altos; afectaciones similares viven la zona de Ciudad Bolívar y el sur de la ciudad. El análisis finaliza con un llamado a abordar colectivamente lo que se debe hacer con estas afectaciones que crean riesgos y efectos nocivos a los cerros tutelares de Bogotá.
Resistencias sociales en defensa de la vida y el territorio
Tatiana Roa, una mujer ambientalista que ha participado de importantes expresiones de resistencia, expone sus experiencias en este artículo sobre las luchas del agua y el territorio. Comienza a narrar la resistencia, los lenguajes que tiene la resistencia que reivindican la cultura, el territorio, la soberanía nacional o las identidades de los grupos humanos que desarrollan su proyecto de vida en el territorio. Roa coincide con otros autores en la necesidad de la defensa de los páramos y señala que el movimiento social de Santander se erige en la defensa del agua y de la vida en contra de la presencia de la multinacional minera que pretende invadir el páramo, con las graves consecuencias que eso acarrea, gracias a una fuerte tradición de lucha y a la suma de interese diversos que convergen en la defensa del agua.
Sandoval expone la experiencia del páramo del Almorzadero, en la llamada provincia de García Rovira. La autora narra cómo nace el movimiento en los ochenta, cómo evoluciona recogiendo la experiencia de sus primeros años, cómo construye la iniciativa popular normativa, y cómo una experiencia novedosa, nacida de la comunidad misma, nombra sus gestores y cómo ellos han articulado su movimiento con las otras expresiones regionales.
El artículo de Francia Márquez y Camilo Salcedo es una narración y una experiencia de resistencia afrodescendiente muy importante, que muestra sus características en el norte del Cauca, su articulación a través del pon (proceso de comunidades negras), y los principios que han guiado esta propuesta en una de las zonas más agredidas por los agentes del modelo económico, que se impone a sangre y fuego en todas las regiones donde desarrollan sus proyectos minero-energéticos. El artículo señala los antecedentes de la lucha, cómo les imponen la violencia ligada al proyecto minero, y cómo la zona se ve invadida de los retreros, que son la punta de lanza de las multinacionales. Además, se observa cómo a la par se van dando indebidamente concesiones a compañías multinacionales de pasado y presente agresivo o violador de los mas mínimos derechos de las comunidades en la zona, cómo depredan la región y cómo tejen las comunidades su defensa férrea al derecho, al territorio y a la vida. Muestran su lucha contra los organismos gubernamentales como garantes de la inversión multinacional, su intención de impedir la consulta previa, desconociendo la existencia de comunidades ancestrales en la zona y la manera en que se organizan para resistir y no «aguantar». Finalmente, se analiza la forma como los otros movimientos llaman a alianzas entre la academia y el movimiento social, entre estos los movimientos regionales y nacionales para confrontar la imposición del modelo.
]]> Andrés Almendras y Juan Sebastián Anaya cuentan su experiencia con indígenas caminando a la resistencia. En ella relatan cómo nace el movimiento, cómo participan de la elaboración de la Constitución de 1991, cómo confrontan a las faro y cómo, desde la región, han confrontado a los invasores de su territorio, quienes, sin permiso de la comunidad, invaden ríos y zonas de explotación, provocando no solo graves impactos ambientales, sino también problemas sociales que poco a poco pueden destruir el tejido social y cultural del indígena de la zona.Renzo García Parra muestra los impactos del proyecto la Colosa, la manera como miembros del movimiento ambiental y social que confronta a la multinacional Anglo Gold Ashanti describen las características del proyecto, el copamiento de toda la región por parte de la multinacional, y los títulos y solicitudes mineras sobre la zona y el departamento del Tolima. También analiza cómo está estructurado el proyecto, sus riesgos sobre el agua, y cómo lograron la sustracción de un área de reserva forestal desconociendo la normatividad ambiental, que de paso ha sido construida por los abogados de su compañía, tal y como se narra anteriormente. Renzo termina mostrando el proceso de resistencia en la zona y planteando un actuar diferente frente a la imposición de la mina a los habitantes del Tolima y del país.
Mario Flores nos habla de la cronología de la defensa del páramo de Santurbán, de cuáles multinacionales hacen presencia en la zona, de cómo se ha desplazado el movimiento social en defensa del agua y la vida, y de cómo el movimiento ha actuado como un imán que atrae otros procesos y los hace converger en esta lucha. Además, observa la manera como se han construido el movimiento y su resistencia a la mina, y mes a mes nos cuenta cómo se logra movilizar la comunidad, lo que históricamente es muy importante para nuestros pueblos que resisten el modelo minero-energético.
Finalmente, el artículo de Prada Ardila aporta nuevos elementos a la historia de resistencia por la defensa del páramo de Santurbán. También hace una cronología de la lucha diaria de la gente de la región, de los movimientos sociales y sus articulaciones, de cómo se ha logrado concitar en una misma lucha a diferentes y a veces opuestas visiones sobre qué hacer con los recursos naturales del país, lo cual es importante para que cada región aprenda, asimile y construya a partir de la experiencia de otros movimientos sociales. Este importante libro finaliza con una cartografía de la minería, un muy buen instrumento de análisis de la minería en el país, su construcción, los intereses que la generaron, los efectos que tiene sobre el territorio y la vida, su modus operandi en todas las regiones, sus trampas, sus crímenes y la dimensión de tragedia que se cierne sobre el país si no somos capaces de confrontar este modelo y construir uno que acompase con el territorio y la vida de todos.
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2Explotadores ilegales que introducen retroexcavadoras a los ríos de la región, provocando un daño ambiental de enormes proporciones y justificando, en últimas, la entrada de las multinacionales a la zona.
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