ANÁLISIS DE NORMATIVA AMBIENTAL Y MAPEO INSTITUCIONAL: HACIA UNA POLÍTICA CLIMÁTICA INTEGRADA PARA REDUCIR EL RIESGO ASOCIADO AL AUMENTO EN EL NIVEL DEL MAR EN EL CARIBE COLOMBIANO*

ENVIRONMENTAL POLICY ANALYSIS AND INSTITUTIONAL MAPPING: TOWARDS AN INTEGRATED CLIMATE POLICY TO REDUCE COLOMBIAN CARIBBEAN'S SEA LEVEL RISE RISK

Martha Patricia Vides Casado y Paula Cristina Sierra-Correa

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), Calle 25 No. 2-55 Playa Salguero, El Rodadero, Santa Marta, Colombia. martha.vides@invemar.org.co, paula.sierra@invemar.org.co.

RESUMEN

Las necesidades de adaptación frente al cambio climático que se presenta hoy en día a un ritmo sin precedentes nunca han sido tan urgentes. A medida que los impactos sobre las zonas costeras del mundo se incrementen, en particular el acelerado aumento del nivel del mar, de la misma forma irá creciendo la presión sobre las administraciones para alcanzar un desarrollo costero que permita reducir su vulnerabilidad, sobre la base de una acertada política climática integrada. La conformación de una dimensión institucional capaz de soportar esta exigente forma de desarrollo, ha sido identificada como un elemento clave para atender tanto la variabilidad climática actual, como el cambio climático futuro. Este artículo analiza el panorama normativo (leyes y políticas nacionales) e institucional con el que cuentan los administradores de las zonas costeras de Colombia a 2012, para la incorporación de políticas de adaptación frente al aumento del nivel del mar (ANM), siendo el énfasis espacial de este panorama la zona costera del Caribe colombiano. Los resultados de la interrelación entre los sistemas de gestión y la articulación de las leyes y políticas nacionales se presentan acompañados de un mapeo institucional intersectorial, en el cual se han identificado las instituciones responsables de llevar a cabo la formulación de políticas públicas encaminadas a la política climática integrada a nivel de la zona costera del Caribe colombiano. El análisis muestra que, a pesar de la existencia de sistemas de gestión claramente definidos en los instrumentos normativos, su aplicación práctica se queda corta en incorporar el ANM en los instrumentos de planificación, requiriéndose una aplicación efectiva en el corto plazo y la optimización de recursos humanos, logísticos y financieros.

PALABRAS CLAVES: Política climática integrada, mapeo institucional, ascenso en el nivel del mar, cambio climático, Caribe colombiano.

ABSTRACT

Never before have the needs for climate adaptation been so urgent, in response to the change that takes place nowadays at an unprecedented pace. As the world coastal areas impacts increase, mainly due to the accelerated sea level rise (SLR), so the pressure on the administrations will grow to reach a coastal development allowing the reduction of its vulnerability, dependent on the basis of a correct integrated climate. The creation of an institutional dimension capable of withstanding this demanding development has been identified as a key element to meet current climate variability, such as the future climate changes. This paper analyzes the regulatory and institutional landscape (domestic laws and policies) on which the managers of Colombia's coastal areas count on by 2012, for the incorporation of the adaptation policies against SLR, being the Colombian Caribbean coastal area the special emphasis of this context. The results of the relationship between the management systems and the articles of domestic laws and policies are presented, accompanied by an institutional, intersectoral mapping, which has identified the institutions responsible for carrying out the public policy-making aiming at the Colombian coastal area integrated climate policy. The analysis shows that, despite the existence of clearly defined management systems in the policy instruments, their practical application falls short of incorporating the sea level rise in the planning instruments, requiring an effective implementation in the short term and the optimization of the human, logistic, and financial resources.

KEYWORDS: Integrated climate policy, institutional mapping, sea level rise, climate change, Colombian Caribbean.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las principales conclusiones a las que llega el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en su quinto informe se cuenta que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y muchos de los cambios observados desde 1950 no tienen precedentes en el último milenio o últimas décadas; la atmósfera y los océanos se han calentado, la extensión de los glaciares y nevados ha disminuido, la concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado y el nivel medio del mar se ha elevado (IPCC y WGI, 2013). Desde el inicio de las mediciones por satélite, el nivel del mar ha aumentado un 80% más rápido (3.4 mm/año) (Rahmstorf et al., 2012) que el modelo de proyección media del IPCC (1.9 mm/año) (Solomon et al., 2006). Este aumento se atribuye a la expansión térmica de los océanos, a la contribución de los glaciares no polares y al deshielo de los glaciares (Meier et al., 2007). A futuro, los modelos semiempíricos indican que en 2050 la fusión de los glaciares y los nevados podría añadir 60 cm al nivel medio del mar (Meier et al., 2007; Rahmstorf, 2010). A esa contribución se sumaría la expansión del agua de mar y el derretimiento de capas de hielo continental (0.046 y 0.051 m en 2100) proyectados por Raper y Braithwaite (2006). Análisis realizados por Poveda y Pineda (2009) han vislumbrado un plazo de desaparición de la capa de hielo de los glaciares colombianos hacia finales de la década 2010-2020, mucho antes de la fecha límite de 50 años mencionada por el IPCC-AR4 (Solomon et al., 2006). Si bien no es claro cómo este proceso podría contribuir al aumento regional del nivel del mar, sí resulta una tendencia alarmante que requiere de mayores esfuerzos de investigación.

En Colombia, la perspectiva de ANM (Torres-Parra et al., 2006) pone hacia el año 2100 cerca de 1.4 millones de habitantes (2% de la población nacional para ese año) bajo riesgo ante la exposición de las inundaciones periódicas o continuas y a la pérdida de terrenos por erosión (Invemar, 2003), sin mencionar el efecto sobre los asentamientos industriales, infraestructura relacionada con el turismo, puertos, y otras actividades económicas (Invemar, 2008; Invemar et al., 2012). Las fuentes de agua subterránea, captadas a través de pozos profundos que abastecen cerca del 92% de las áreas urbanas en poblaciones de los departamentos de Sucre y Córdoba (Buitrago y Donado, 2000), también serían vulnerables ante un ANM por la consecuente intrusión marina (Invemar, 2003; Invemar y Coralina, 2011). Así también, se ha sugerido que las variaciones en el nivel medio del mar sobre la zona costera del Caribe colombiano son responsables de los problemas de erosión que evidencian algunas comunidades costeras (Posada y Henao, 2008).

Aunque el valor de la estimación de ANM ha variado a la luz de nuevos análisis (Pfeffer et al., 2008), entre ellos la inclusión de factores como el derretimiento glacial (Church et al., 2011), existe un consenso generalizado entre los climatólogos que el nivel promedio del mar ha venido en aumento y se espera que esta tendencia se extienda e inclusive se acelere en los próximos años (Rahmstorf et al., 2012). De allí que las necesidades de adaptación nunca hayan sido tan urgentes como en el presente (Munang et al., 2013).

Tanto la erosión costera y la anegación de terrenos como la intrusión marina, son algunos de los efectos esperados por el rápido y progresivo aumento del nivel medio de los océanos sobre las zonas costeras del planeta (Nicholls, 2004; Nicholls y Cazenave, 2011). Dicho aumento afecta de forma directa las zonas costeras (Fatoric y Chelleri, 2012), suscitando gran preocupación y demandando mayor celeridad en la implementación de acciones eficaces.

El presente artículo analiza el panorama ambiental normativo (leyes y políticas nacionales) e institucional con que cuentan los administradores de las zonas costeras de Colombia a 2012, para incorporar políticas de adaptación frente al ANM consecuencia del cambio climático global. El énfasis espacial de este artículo se limita a la zona costera del Caribe colombiano, sin embargo podría tener aplicación en la zona costera del Pacífico y en el territorio nacional, previa revisión de aspectos intrínsecos de estas áreas. Los resultados de la interrelación entre los sistemas de gestión y la articulación de las leyes y políticas ambientales nacionales se presentan acompañados de un mapeo institucional intersectorial, en el cual se han identificado las instituciones responsables de llevar a cabo la formulación de políticas públicas encaminadas a una política climática integrada a nivel de la zona costera del Caribe colombiano. Al final, se enuncian algunas conclusiones y comparaciones con estudios similares.

ÁREA DE ESTUDIO

El área geográfica de estudio comprende la zona costera del Caribe colombiano (Figura 1) de acuerdo con el concepto definido por el antes Ministerio de Medio Ambiente (MMA) en la "Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia (PNAOCI)" (MMA, 2001), tomando en cuenta las unidades ambientales costeras del Caribe. Incluye los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y la costa Caribe del Chocó. En los cuales tienen jurisdicción y competencia las instituciones relacionadas en los resultados y donde deben ser aplicados los instrumentos ambientales normativos analizados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo el análisis normativo, el primer paso fue identificar los instrumentos normativos del ordenamiento territorial, de conservación de los recursos naturales y del desarrollo de la ciencia y la tecnología referentes al tema del cambio climático que hasta 2012 se encontraban vigentes y en los cuales se hacía referencia específica a las zonas marinas y costeras. A continuación, se revisaron cada uno de los instrumentos y se catalogaron según los sistemas de gestión identificados bajo el Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima).

Seguidamente, se identificaron las instituciones parte de los sistemas de gestión que fueron designadas como responsables o que tienen control sobre procesos, competencia, intereses o funciones específicas relativas a las zonas marinas y costeras, la gestión del riesgo o los asuntos relativos al cambio climático en tres diferentes escalas geográficas (nacional, subnacional o regional y local). Se procedió a llevar a cabo el mapeo institucional siguiendo los principios descritos por Aligica (2006), donde bajo un dominio determinado se identifican las partes interesadas y se establece el poder, influencia e interés en referencia a una prioridad. Mediante matrices se establecen los diferentes arreglos de entidades territoriales, estableciéndose relaciones en la cadena de acciones impacto-respuesta frente al ANM que se definen en los instrumentos normativos seleccionados.

RESULTADOS

La gestión frente al cambio climático cobra relevancia en Colombia a partir de la aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), mediante la Ley 164 de 1994 y posteriormente la aprobación del Protocolo de Kyoto, con la Ley 629 de 2000. En 2002 se esbozan algunas estrategias de mitigación y adaptación en el documento "Lineamientos de política de cambio climático" promulgado por el entonces MMA en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). A continuación se presentan los resultados pasando de los instrumentos normativos generalizados para sistemas de gestión a los instrumentos normativos específicos para las zonas costeras colombianas y finalizando con el mapeo institucional.

Sistemas de gestión para sostenibilidad del desarrollo

A nivel nacional, se pueden identificar actualmente tres sistemas esenciales de gestión para la sostenibilidad del desarrollo: a) Gestión del riesgo: Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), b) Gestión del cambio climático: Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima) y c) Gestión de los recursos naturales: Sistema Nacional Ambiental (SINA). El ordenamiento territorial (OT) se identifica como el instrumento que permite actuar frente a las amenazas que se detectan en cada componente: actúa como instrumento de prevención en el SNGRD, como instrumento de adaptación anticipada frente al cambio climático en el Sisclima y como instrumento de conservación y potenciador de la resiliencia de los sistemas naturales en el SINA (Vides et al., 2012) (Figura 2).

El avance de la integración de la información producto de la investigación sobre el cambio climático en las políticas públicas, se hace evidente a través de un cuarto sistema transversal, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en Colombia promovido mediante la transformación de Colciencias en Departamento Administrativo (Ley 1286 de 2009), que cumple la función de promoción, articulación y proyección de los esquemas organizacionales del conocimiento de ciencia, tecnología e innovación a diferentes escalas geográficas (regionales, departamentales y municipales). De esta manera, se hace necesario no perder de vista el Programa de Ciencias del Mar en este nuevo esquema y su relacionamiento con lo sectorial y el sistema de enfoque regional para el Caribe, así como otros generadores de información.

Instrumentos normativos ambientales para las zonas costeras colombianas

Los tres sistemas de gestión para la sostenibilidad del desarrollo operan para las zonas costeras colombianas en el marco de normativas propias de estos territorios. La Tabla 1 resume los instrumentos normativos consultados. Después de la adopción por Colombia del Convenio de Diversidad Biológica y en particular la implementación del Mandato de Jakarta de 1995 (específico en temas marinos y costeros), el entonces Ministerio de Medio Ambiente promulga la "Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia (PNAOCI)" (MMA, 2001) como instrumento de derrotero en la gestión ambiental en zonas marinas y costeras bajo el enfoque ecosistémico. Con el Conpes 3164 de 2002 se impulsa el primer plan de acción para la implementación de la PNAOCI y su articulación con instrumentos de planificación.

La planificación del desarrollo de las zonas costeras del país se enmarca en regulaciones como la Ley 768 de 2002, reconocida como la Ley de Distritos (LDD) y regulada por la Ley 1617 de 2013, que identifica el caso de ordenación de los distritos especiales de la ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y los constituye como entidades territoriales organizadas con un régimen especial de conformidad con lo previsto en la Constitución Política y cuyo desarrollo debe estar en estrecha articulación con los planes de ordenamiento territorial (POT) y planes de desarrollo departamentales y municipales. En virtud de este régimen, sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país.

En 2007, la hoy Comisión Colombiana del Océano (CCO) promulga la "Política nacional del océano y los espacios costeros (PNOEC)" (CCO, 2007) ampliando algunos componentes sectoriales y adoptando la PNAOCI como núcleo central en lo ambiental. Tanto la PNAOCI como la PNOEC destacan la necesidad de considerar el tema de prevención y atención de desastres como insumo para la planificación en zonas costeras del país (DNP, 2008).

Se suma a los instrumentos descritos, la facultad que la Ley 1450 de 2011, le otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) de los departamentos costeros para administrar las zonas marinas hasta el límite de las líneas de base recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984, salvo las competencias que de manera privativa corresponden al MADS y Coralina; y la responsabilidad de elaborar los planes de ordenación y manejo integrado de las unidades ambientales costeras (UAC), los cuales sin duda, deberán incluir medidas relacionadas con la reducción del riesgo asociado al aumento del nivel del mar y deberán estar articulados con los POT, los planes territoriales de adaptación y demás instrumentos mencionados anteriormente. Esto se reglamenta más adelante con el Decreto 1120 de 2013 para las UAC y las comisiones conjuntas encargadas de concertar y armonizar el proceso de ordenación y manejo de las UAC. Como instancia complementaria y de acuerdo con las necesidades subnacionales o regionales de adelantar acciones frente al cambio climático, de forma articulada entre las diferentes CAR y unidades ambientales urbanas, el MADS estableció nodos regionales para abordar las problemáticas relacionadas con el cambio climático. Para la zona costera del Caribe colombiano, el Nodo Cambio Climático Caribe e Insular, se constituye en el espacio para la coordinación, articulación y gestión interinstitucional, que busca la implementación de estrategias y desarrollo de acciones conjuntas relacionadas con la gestión integral del riesgo, la adaptación y mitigación al cambio climático en los departamentos y municipios del Caribe. El Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular, es liderado por Corpoguajira, con la asesoría técnica y científica del Ideam y el Invemar, este último en ejercicio de la secretaría técnica, con el acompañamiento permanente del MADS y la Dirección General del Riesgo, y la participación activa de las CAR del Caribe, las autoridades ambientales distritales y las gobernaciones. Esta estrategia permitirá utilizar y compartir herramientas como la educación ambiental, la divulgación y la capacitación, la identificación, promoción y desarrollo de acciones relacionadas con el cambio climático (mecanismos de desarrollo limpio, adaptación, gestión del riesgo y planificación territorial), los estudios piloto y el intercambio de experiencias.

Adicionalmente, para la generación de conocimiento científico para la toma de decisiones en zonas marinas, el hoy MADS creó la Red de Centros de Investigación Marina mediante Resolución 2175 de 2007, que entre otras funciones tiene la de mejorar el conocimiento público y proporcionar información científica para la elaboración de políticas en materia de cambio climático global. Hacen parte de esta red el Invemar (que ejerce la secretaría técnica), la Dirección General Marítima y las universidades con tradición en investigación marina, sin perjuicio de que puedan ser miembros de la red otras personas jurídicas, siempre y cuando su objeto esté en consonancia con el de la red. En el esquema propuesto (Figura 2) se adiciona como eje transversal a los tres sistemas esenciales de gestión para el desarrollo sostenible identificados anteriormente, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (SNCTI) como generador de información que deberá ser entregada y tomada en cuenta por los administradores subnacionales y locales para la toma de decisiones y la incorporación de la misma en el manejo integrado de las zonas costeras, tanto para propiciar medidas de mitigación como de adaptación al cambio climático en el contexto de la realidad colombiana.

Mapeo institucional

La matriz base para graficar el mapeo institucional incluyó cuatro sistemas ambientales nacionales y uno regional de gestión para la sostenibilidad del desarrollo, con injerencia en la zona costera del Caribe colombiano y relacionados directamente con acciones de adaptación frente al aumento del nivel del mar. Estos sistemas, al igual que los nueve instrumentos normativos analizados, se listan en la Tabla 2. La relación entre instrumentos es medida por el número de instituciones que ejercen un nivel de actuación en la implementación de las metas propuestas en cada uno de ellos. La visualización de estas relaciones permite identificar la complejidad en la competencia de cada una de las instituciones.

La toma de decisiones en la zona costera tiene actores en todos los niveles espaciales de la administración, desde el orden nacional, subnacional, departamental hasta el municipal o distrital. Cada uno de ellos actúa bajo requerimientos de información de diferentes niveles de detalle y haciendo uso de diferentes instrumentos de gestión (Figura 3).

El DNP y el MADS están relacionados en actividades o en asocio dentro de los nueve instrumentos mencionados. Tanto el Conpes como las corporaciones autónomas del Caribe se relacionan con todos los instrumentos, menos con la LDD.

La Dirección General Marítima (Dimar), si bien no es explícitamente mencionada como institución en el Conpes 3700 de 2011, debe ser reconocida por su participación relevante en la temática de cambio climático. Las alcaldías costeras, fuera de las tres mencionadas en la LDD, responden a cinco de los nueve instrumentos y si bien no está explícitamente formulada en la PNRH a nivel local su responsabilidad por la gestión hídrica, se presume en concordancia con los lineamientos dictados a nivel nacional.

Además de las 42 alcaldías cuyos territorios, ya sea parcial o totalmente, se ubican en la zona costera del Caribe, se identifican 73 entidades (22 del sector central), con alguna responsabilidad explícita en alguno de los sistemas de gestión a nivel nacional. El resultado del mapeo institucional por sistema de gestión puede verse en la Figura 5.

De estas entidades Ideam, Invemar, MADS, UAESPNN, las 42 alcaldías costeras (ACOS), las ocho gobernaciones costeras (GCOS) y las doce CAR, tienen inherencia en tres o más sistemas de gestión, lo cual representa el papel clave de estas instituciones para el desarrollo de las iniciativas que cada sistema persigue. Los mapas institucionales pueden ser consultados de forma interactiva a través del portal Climares (http://cambioclimatico.invemar.org.co/). Esta estructura de organización, ofrece un panorama en cuanto a la visión y organización unificada del territorio que propende por la sostenibilidad del desarrollo, con las particularidades propias de las zonas costeras del Caribe colombiano.

DISCUSIÓN

Aun cuando la gestión frente al cambio climático es incorporada en las leyes colombianas desde 1994, es solo hasta iniciado el siglo XXI, en particular en los planes de desarrollo de la nación de los períodos 2002-2006 y 2006-2010, cuando se determinan acciones concretas frente a los efectos del cambio climático con un enfoque hacia acciones de mitigación para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, se inicia al interior del SINA, liderado por el Invemar, la generación de información sobre vulnerabilidad por ascenso en el nivel del mar en las zonas costeras y, cuando el país se enfocaba en mitigación, esta producción científica alertaba sobre la necesidad de medidas de adaptación. Sin embargo, es hasta la promulgación de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que Colombia se enfoca en la formulación de un "Plan nacional de adaptación al cambio climático (PNACC)", incorporando al cambio climático como eje transversal del desarrollo económico, productivo y social, exhortando a los sectores a incorporar en sus planes estrategias o medidas de adaptación y a las entidades del orden territorial a elaborar los planes territoriales de adaptación, de la mano con la gestión de los recursos naturales.

La evolución y preparación del país para afrontar los efectos del cambio climático es evidente en los instrumentos normativos para sistemas de gestión; sin embargo, los instrumentos normativos específicos para la planificación territorial en las zonas costeras y marinas siguen siendo abordados de forma tangencial. Aunque la PNAOCI, como instrumento angular de la planificación en zonas costeras, reconoce la necesidad de adoptar el plan nacional para prevención y atención de desastres relacionados con la gestión de riesgos en los espacios oceánicos y zonas costeras, éste aún no ha sido diseñado. La PNAOCI y la PNOEC aunque muy similares, tienen puntos complementarios pero no incorporan el aumento del nivel del mar como una prioridad para ejecutar acciones, requiriéndose con urgencia una evaluación que propenda en primer lugar por generar una única política que incorpore integralmente la base natural y sus servicios ambientales, el desarrollo social, cultural y económico, y los potenciales efectos de la variabilidad y el cambio climático. Aun cuando los resultados empiezan a mostrar una evolución subnacional o regional desde lo ambiental con la reglamentación de las UAC y comisiones conjuntas, aun las zonas marinas costeras y su alta exposición a los impactos del cambio climático no cobran la relevancia que ameritan para consolidar una política climática que considere las acciones requeridas para enfrentar entre otros efectos el del aumento rápido del nivel medio del mar, como uno de los más relevantes, sin perder de vista otros riesgos asociados que se podrán ver exacerbados por las intervenciones sectoriales.

Las áreas urbanas costeras en el Caribe colombiano están representadas por los distritos, sin embargo en la LDD sigue sin reglamentarse la Comisión de Manejo Costero y, aun cuando el instrumento normativo existe, se requiere una intervención de los entes de control para su implementación, en aras de articular los diferentes instrumentos de planificación y desarrollo, teniendo en cuenta que son las áreas más vulnerables y con mayor probabilidad de pérdidas humanas y económicas por ANM. Para lograr la incorporación de los lineamientos del PNACC en los planes territoriales de adaptación, las administraciones costeras deberán escoger dentro de una limitada variedad de potenciales estrategias, cada una de ellas con sus propios costos, beneficios y particularidades, que se encuentran desfasadas en escalas temporales de ejecución a corto plazo en las administraciones públicas (cuatro años), frente a los efectos a largo plazo de los impactos. Para ello se han de valer del actual andamiaje institucional, buscando la articulación de los sistemas de gestión del riesgo (SNGRD), gestión del cambio climático (Sisclima) y de gestión de los recursos naturales (SINA). El fin último de estos instrumentos nacionales, sectoriales y locales es la reducción del riesgo y los impactos socioeconómicos asociados a la variabilidad y al cambio climático en los diferentes niveles de gobierno en Colombia.

Uno de los mecanismos de acción a nivel regional impulsados por el MADS, que promete encaminarse hacia una red de organizaciones que pueden aumentar su capacidad adaptativa para enfrentar el cambio climático y desarrollar una política climática integrada, lo constituye la estrategia de regionalización del Estado en Nodos de Cambio Climático. Del mapeo institucional se hace evidente que muchas entidades se encuentran relacionadas alrededor de los efectos del cambio climático, ya sea indirectamente, a través de la necesidad de integrar el cambio climático (vulnerabilidad, mitigación y adaptación) en las políticas públicas conducentes a una política climática integrada en el territorio de su jurisdicción o, directamente, por la necesidad de coordinarse y generar medidas de adaptación que les permita preparar directrices oportunas para responder ante sus efectos.

Las relaciones que vinculan a estas organizaciones deben ser revisadas en concordancia con su estructura y funciones. En el proceso de formulación de políticas de adaptación, las relaciones pueden ser definidas por las acciones o los comportamientos mismos, por los procedimientos a ser adoptados o por los objetivos que se persiguen. Las relaciones pueden ser vistas como disposiciones que determinan qué acciones (o resultados) son obligatorias, prohibidas o permitidas. Estas relaciones proporcionan un entorno en el que los grupos de interés pueden identificarse y ver la representación de su papel dentro de la gestión de la temática.

Las complejas implicaciones de responsabilidad que el andamiaje institucional definido por el país en los diferentes sistemas de gestión estipula y, en particular, las que el PND 2010-2014 ha impuesto sobre las instituciones e incluso sobre la sociedad en general, hacen evidente la necesidad de consolidar ideas provenientes de una amplia gama de disciplinas (administración pública, ciencia del clima, economía, ciencias sociales e ingeniería) para fortalecer los mecanismos de respuesta o preparación frente al ANM en la zona costera del Caribe colombiano. La adaptación frente a este escenario de ANM requerirá una mejor comprensión de la dinámica oceánica, apoyada por mediciones de variables biofísicas y socioeconómicas sostenidas a largo plazo. Las observaciones por satélite y las mediciones automatizadas de parámetros hidroclimáticos in situ han mejorado sustancialmente en los últimos años. Sin embargo, los registros tienen aún una temporalidad corta de datos y siguen siendo espacial y temporalmente incompletos.

La Red de Centros de Investigación Marina constituye el mecanismo de cooperación, intercambio y trabajo conjunto para un marco integrado de investigación integrada de diferentes disciplinas; sin embargo, requiere contar con el reconocimiento y promoción debidos por parte de los sistemas de gestión para la sostenibilidad del desarrollo (SNGRD, Sisclima y SINA) y el transversal SNCTI, pudiendo constituir la base para la generación de información y conocimiento enfocada en soportar las decisiones que en materia de cambio climático se requieran, así como a la interacción necesaria entre los sistemas de gestión, los sectores y las comunidades vulnerables. Así mismo, empoderar a los consejos departamentales de ciencia y tecnología (Codecti) para que promuevan espacios consultivos, de concertación y de asociatividad para la gestión e implementación de las políticas públicas de ciencia y tecnología vs. cambio climático en el Caribe colombiano. Esta interacción deberá basarse en un proceso de aprendizaje de doble vía, donde el resultado de las investigaciones y las expectativas de las administraciones costeras, encuentren resultados relevantes y oportunos, permitiendo una comunicación efectiva.

Trabajar de forma cooperativa y colaborativa dentro de una red de organizaciones ofrecerá, en la mayoría de los casos, una forma más efectiva para abordar un esquema que contribuya a la generación de una política climática integrada, en comparación con la opción que una sola organización pueda aumentar su capacidad adaptativa en la implementación de medidas aisladas de adaptación o mitigación. Propiciar la construcción de capacidades a partir del intercambio de experiencias innovadoras que logren trascender frente a la variabilidad climática, los desastres naturales y el cambio global es un deber de todas las administraciones nacionales, subnacionales y locales, que deberán apoyarse en las instituciones científicas nacionales para propiciar soluciones acordes con la realidad colombiana.

Este propósito implica fortalecer la acción a todos los niveles del gobierno para poner en marcha la integración de los sistemas de gestión mencionados. La sostenibilidad de las zonas costeras deberá considerar obligatoriamente la conservación de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas marinos y costeros, al igual que su uso racional en el marco de un subsistema temático dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) que contemple las particularidades regionales de las áreas marinas protegidas (Sirap-Caribe).

Una década después de ratificado el Convenio de Cambio Climático (1994), Colombia cuenta con tres sistemas de gestión para la sostenibilidad del desarrollo (SNGRD, Sisclima y SINA) y un sistema transversal de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI) conceptualmente diseñados y viables para implementar políticas públicas para reducir el riesgo asociado al aumento en el nivel del mar. A pesar de la existencia de sistemas de gestión claramente definidos en los instrumentos normativos, su interrelación hacia una política climática integrada para reducir el riesgo asociado a ANM y su aplicación práctica para la optimización de recursos (humanos, logísticos y financieros) es aún incipiente.

Los instrumentos normativos ambientales para las zonas costeras colombianas tienen como pilar fundamental la PNAOCI. Los instrumentos existentes son complementarios a esta y requieren ser evaluados y ajustados para que incorporen los impactos del cambio climático, en particular uno con los mayores efectos reconocidos (aumento rápido en el nivel del mar) y las acciones en mitigación y adaptación específicas. La LDD y el decreto que reglamenta las UAC y las comisiones conjuntas son los instrumentos normativos subnacionales que con urgencia deben incorporar en sus instrumentos de planificación acciones tendientes a reducir el riesgo asociado al ANM.

Los sistemas de gestión e instrumentos normativos existentes se quedan aún cortos en incorporar el ANM como un impacto del cambio climático global con expresión local que, siendo de largo plazo, requiere planificación en el corto plazo para prepararse adecuadamente para afrontarlo. La interpretación gráfica del andamiaje institucional y de sistemas de gestión permite poner en evidencia la oferta de servicios y la identificación de entidades de acuerdo con ellos, lo cual es útil para comprender las competencias institucionales y su alcance en el esquema de una política climática integrada.

El análisis normativo y mapeo institucional presentados pueden servir de base a análisis posteriores para dar indicaciones acerca de la eficacia en el cumplimiento de los principios generales y competencias institucionales que rigen para cada uno de los sistemas de gestión analizados. Del establecimiento y avance de las directrices que se implementen en los diferentes niveles espaciales de intervención del ordenamiento territorial, dependerá el éxito de la articulación de los componentes de la gestión y por ende la sostenibilidad de las zonas costeras colombianas.

La articulación entre sistemas es necesaria e inminente y deberá conducir a medidas sinérgicas como la adaptación basada en ecosistemas, como estrategia costo-efectiva y flexible, compatible con la variabilidad climática, la resiliencia ecosistémica natural y la incertidumbre del cambio climático global. Hay una dimensión más local de la política climática integrada que aún debe ser explorada de forma conjunta por académicos y administradores de la zona costera. Este análisis regional para el Caribe colombiano de igual forma puede y debe extenderse a otras áreas geográficas del territorio colombiano, así como bajarse a diferentes escalas espaciales y analizarse bajo una perspectiva de cambio de administraciones en el corto plazo y políticas de estado de mediano plazo.

AGRADECIMIENTOS

Especial agradecimiento al Invemar por el apoyo brindado en la realización del proyecto: "Fortalecimiento de capacidades de administradores de las zonas costeras hacia la reducción del riesgo asociado al aumento acelerado del nivel del mar, por cambio climático global" Código: 210552128417. Así mismo, al equipo de investigación partícipe del proyecto, en especial a Lorena Cortés por sus aportes como autora de la publicación general del Invemar: "Gestión costera como respuesta al ascenso del nivel del mar: Guía para administradores de la zona costera del Caribe". Finalmente al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas (Colciencias) por la cofinanciación recibida. Agradecimiento a los evaluadores del manuscrito por sus relevantes observaciones para hacer posible este tipo de artículos en el ámbito de las ciencias del mar.

1 Ahmad, H. I. 2009. Climate policy integration: Towards operationalization. Economic and Social Affairs. DESA Working Paper No. 73, Nueva York. 14 p.         [ Links ]

2 Aligica, P. 2006. Institutional and stakeholder mapping: Frameworks for policy analysis and institutional change. Public Organization Review, 6: 79-90.         [ Links ]

3 Buitrago, J. y L. Donado. 2000. Evaluación de las condiciones de explotación de la zona de recarga del acuífero Morroa. Departamentos de Sucre y Córdoba (Colombia). Proyecto de grado Ing. Civil, Univ. Nacional de Colombia, Bogotá. 127 p.         [ Links ]

4 CCO. 2007. Política nacional del océano y los espacios costeros (PNOEC). Comisión Colombiana del Océano. Serie de Documentos Generales del Invemar No. 20, Santa Marta. 56 p.         [ Links ]

5 Church, J. A., J. M. Gregory, N. J. White, S. M. Platten y J. X. Mitrovica. 2011. Understanding and projecting sea level change. Oceanography (J. Oceanogr. Soc.), 24 (2): 130-143.         [ Links ]

6 DNP. 2008. Elementos básicos para el manejo integrado de zonas costeras. Departamento Nacional de Planeación (DNP), Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, Bogotá. 60 p.         [ Links ]

7 Fatoric, S. y L. Chelleri. 2012. Vulnerability to the effects of climate change and adaptation: the case of the Spanish Ebro Delta. Ocean Coast. Manag., 60: 1-10.         [ Links ]

8 Invemar (Ed.). 2003. Programa holandés de asistencia para estudios en cambio climático: Colombia. Definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe continental, Caribe insular y Pacífico) y medidas para su adaptación. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), Santa Marta. 7 tomos, resumen ejecutivo y CD atlas digital.         [ Links ]

9 Invemar. 2008. Sea-level rise coastal adaptation. Reporte técnico NCAP Proyecto Colombia. ETC Project Number 032135, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), Santa Marta. 290 p.         [ Links ]

10 Invemar y Coralina. 2011. Diseño e implementación de un programa de adaptación en las áreas insulares del Caribe colombiano. 69-87. En: Banco Mundial, Ideam, Invemar, Coralina y Conservación Internacional Colombia (Eds.). Proyecto nacional piloto de adaptación (Donación TF 056350). Informe final. The World Bank, GEF, INS, Ideam, CI, Invemar y Coralina. Bogotá. 121 p.         [ Links ]

11 Invemar, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 2012. Lineamientos para la adaptación al cambio climático de Cartagena de Indias. Proyecto Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y gestión sectorial de Cartagena de Indias. Serie de Publicaciones Generales del Invemar No. 55, Santa Marta. 40 p.         [ Links ]

12 IPCC y WGI. 2013. Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2013: The physical science basis summary for policymakers. Final Draft Report, Nueva York. 36 p.         [ Links ]

13 Meier, M. F., M. B. Dyurgerov, U. K. Rick, S. O'neel, W. T. Pfeffer, R. S. Anderson, S. P. Anderson y A. F. Glazovsky. 2007. Glaciers dominate eustatic sea-level rise in the 21st century. Science, 317 (5841): 1064-1067.         [ Links ]

14 MMA. 2001. Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá. 95 p.         [ Links ]

15 Munang, R., I. Thiaw, K. Alverson, M. Mumba, J. Liu y M. Rivington. 2013. Climate change and ecosystem-based adaptation: a new pragmatic approach to buffering climate change impacts. Curr. Opin. Environ. Sustain., 5: 1-5.         [ Links ]

16 Nicholls, R. J. 2004. Coastal flooding and wetland loss in the 21st century: changes under the SRES climate and socio-economic scenarios. Global Environ. Change, 14: 69-86.         [ Links ]

17 Nicholls, R. y A. Cazenave. 2011. Sea-level rise and its impact on coastal zones. Science, 328 (5985): 1517-1520.         [ Links ]

18 Pfeffer, W. T., J. T. Harper y S. O'Neel. 2008. Kinematic constraints on glacier contributions to 21stcentury sea-level rise. Science, 321: 1340-1343.         [ Links ]

19 Posada, B. y W. Henao. 2008. Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano. Serie de Publicaciones Especiales del Invemar No. 13, Santa Marta. 124 p.         [ Links ]

20 Poveda, G. y K. Pineda. 2009. Reassessment of Colombia's tropical glaciers retreat rates: are they bound to disappear during the 2010-2020 decade? Adv. Geosci., 22: 107-116.         [ Links ]

21 Rahmstorf, S. 2010. A new view on sea level rise. Nature, 1004: 44-45.         [ Links ]

22 Rahmstorf, S., G. Foster y A. Cazenave. 2012. Comparing climate projections to observations up to 2011. Environ. Res. Let., 7 (2012): 044035 (5 p).         [ Links ]

23 Raper, S. C. B. y R. J. Braithwaite. 2006. Low sea level rise projections from mountain glaciers and icecaps under global warming. Nature, 439 (7074): 311-313.         [ Links ]

24 Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor y H. L. Miller (Eds.). 2006. IPCC. Climate change. The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York. 568 p.         [ Links ]

25 Torres-Parra, R. R., J. C. Gómez-López y F. Afanador-Franco. 2006. Variación del nivel medio del mar en el Caribe colombiano. Bol. Cient. CIOH, 24: 64-72.         [ Links ]

26 Vides, M. P., P. C. Sierra-Correa y L. Cortés. 2012. Gestión costera como respuesta al ascenso del nivel del mar: guía para administradores de la zona costera del Caribe. Serie de Publicaciones Generales del Invemar No. 57, Santa Marta. 76 p.         [ Links ]

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/02/2013                           FECHA DE ACEPTACIÓN: 01/08/2014

*Contribución No. 1145 del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar).