DOI: http://dx.doi.org/10.18601/01229893.n34.01

Ius Constitutionale Commune en América Latina: Una mirada a un constitucionalismo transformador^*-**

Ius Constitutionale Commune in Latin America: A look at a transformative constitutionalism

Armin von Bogdandy***

^* Ponencia presentada con ocasión del 40 Aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 14 y 15 de mayo de 2014. Agradezco a Rodolfo Arango, Laura Clérico, Thomas Duve, Samuel Issacharof, Franz Ebert, Manuel Góngora Mera, Simon Hentrei, Mariela Morales Antoniazzi, Flavia Piovesan y Ximena Soley por sus valiosos comentarios y críticas. Igualmente expreso mi gratitud por las observaciones de Manuel José Cepeda, Jesús María Casal, Humberto Sierra, Claudio Nash, Gilbert Armijo, Víctor Bazán, Paola Acosta Alvarado, César Landa, Christian Steiner y Juan Carlos Henao, en el marco de los intercambios académicos sobre el Ius Constitutionale Commune llevados a cabo en Colombia en agosto de 2014. Traducción del alemán por Ximena Soley.
^** Para citar el artículo: A. Bogdandy, v. Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador. Revista Derecho del Estado, n.º 34, Universidad Externado de Colombia, enero-junio de 2015, pp. 3-50. DOI: 10.18601/01229893.n34.01
^*** Director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Profesor de Derecho Público en la Universidad de Fráncfort del Meno. Alemania. Contacto: bogdandy@mpil.de

Recibido el 14 de diciembre de 2014, aprobado el 1.o de abril de 2015.

Sumario

Resumen

El Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) se refiere a un enfoque regional sobre el constitucionalismo transformador. Dicho enfoque se nutre de la inquietante experiencia respecto de condiciones de vida inaceptables y apunta a la transformación de la realidad política y social de América Latina por medio del fortalecimiento concertado de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Los problemas comunes a los países latinoamericanos, tales como la exclusión de amplios sectores de la sociedad y la débil normatividad del derecho, son temas centrales de este enfoque. El ICCAL no apuesta por la integración funcional de la región, sino más bien por un constitucionalismo regional de los derechos con garantías supranacionales. Como resultado de esto último, los representantes del ICCAL reconocen la muy estrecha relación que existe entre el derecho constitucional, el derecho internacional y el derecho comparado. La apertura de los ordenamientos jurídicos nacionales de numerosos países latinoamericanos hacia el derecho internacional, y en particular hacia el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es de especial importancia y constituye el núcleo normativo del ICCAL. La presente contribución analiza los elementos centrales de dicho enfoque y describe sus contornos específicamente latinoamericanos.

Palabras clave: Ius Constitutionale Commune, constitucionalismo transformador, democracia, Estado de derecho, derechos humanos, diálogo judicial.

Abstract

Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) stands for a regional approach in transformative constitutionalism. This approach arises out of the deeply troubling experience of unacceptable living conditions and aims at changing political and social realities of Latin America through the concerted strengthening of democracy, the rule of law and human rights. Common problems, such as the exclusion of wide sectors of the population, or the weak normativity of law, are at its center. ICCAL does not place its hopes on the functional integration of the region but rather on a rights based, supranationally-secured and regionally rooted constitutionalism. As a result, ICCAL representatives insist on the close ties between constitutional, international and comparative law. In this sense, the opening of numerous national legal orders to international law and to the Inter-American System of Human Rights Protection is of particular importance as it constitutes the normative core of ICCAL. The present contribution analyzes the main elements of this approach and describes its specific Latin American Gestalt.

Keywords: Ius Constitutionale Commune, transformative constitutionalism, democracy, human rights, rule of law, judicial dialogue.

I. Contexto y finalidad de esta contribución

Desde el año 2004, el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público ha sido el anfitrión del Coloquio Iberoamericano¹, organizado a partir del año 2006 por Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto para temas latinoamericanos. Las 123 sesiones del Coloquio que se han celebrado hasta ahora han servido como foro para intercambiar, comparar y contrastar las ideas de los numerosos expositores y participantes, y han generado una agenda de investigación común. El Coloquio cuenta al día de hoy con una red que comprende alrededor de 250 miembros; alrededor de él se han organizado 15 conferencias internacionales así como tres cursos de verano sobre derecho comparado; además, se han publicado 12 libros². Desde marzo de 2014, el Coloquio es el evento principal de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional³.

La idea de un constitucionalismo latinoamericano no es nueva⁶. Sin embargo, el siglo XXI la ha dotado de nuevos contornos en el sentido de un Ius Constitutionale Commune. Un momento importante en la formación de su identidad lo constituye el rechazo de las tres ideologías constitucionales tradicionales latinoamericanas, a saber, el conservadurismo, el liberalismo y el radicalismo⁷. Sus características positivas son la combinación del derecho nacional y del internacional público, la orientación metodológica hacia principios, la centralidad de los derechos y la estrategia de perseguir transformaciones de manera incremental.

Metodológicamente, este análisis consiste en la interpretación que un publicista alemán hace de algunos textos académicos, sobre todo de aquellos que han sido objeto de debate en el Coloquio Iberoamericano, así como de las posiciones que se han defendido en él¹⁰. Esta síntesis se guía por el deseo de captar cómo las personas asociadas al Ius Constitutionale Commune en América Latina comprenden, relacionan y desarrollan el derecho del Estado, el derecho internacional público universal, el derecho regional de la integración, el derecho comparado y la teoría política a fin de responder a los desafíos de nuestros tiempos.

La cuestión promete ser interesante ya que el constitucionalismo en América Latina tiene una tradición de más de 200 años. Es decir, la experiencia de la región en esta materia es más extensa que la de muchos Estados europeos y que la de la mayor parte de los Estados del mundo. Los aportes latinoamericanos a la idea del constitucionalismo prometen también poner a prueba el supuesto contenido universal de ciertas concepciones constitucionales del "Norte global". Además, podría ser que estos conceptos, que según algunos autores europeos muestran señas críticas de agotamiento¹¹, cobren nueva vida y relevancia gracias a la discusión actual de los mismos en Latinoamérica¹².

Asimismo, la experiencia latinoamericana con el fenómeno de instituciones débiles¹³, el cual se observa igualmente en la periferia del espacio jurídico europeo, es de larga data y podría arrojar conclusiones interesantes. Por lo tanto, la motivación para estudiar el enfoque latinoamericano no se debe solamente a un interés académico por la región, ya que dicho enfoque abarca fenómenos que también son europeos y globales¹⁴. Como bien lo demuestra la fundación de la International Society of Public Law, el entrelazamiento entre la teoría política, el derecho del Estado, el derecho comparado, el derecho de la integración y el derecho internacional público, es un tema tan actual como universal¹⁵.

¿Puede tener algún tipo de relevancia para Latinoamérica este análisis hecho por un publicista alemán? Hoy en día, cualquier "asesoramiento" europeo a Latinoamérica sobre la manera "adecuada" para organizar una sociedad despierta suspicacias¹⁶. Es más, el mero ofrecimiento de conceptos se ve con recelo en el ámbito de los estudios poscoloniales¹⁷. No obstante, numerosas sesiones del Coloquio han revelado que la descripción y conceptualización de un fenómeno, realizadas por una persona que lo observa a cierta distancia, pueden ser provechosas para quienes se encuentran más cerca del fenómeno en cuestión. Las reconstrucciones que parten de otros contextos y que se realizan a una mayor distancia pueden generar conocimiento valioso. Así es como entiendo mi rol en el ICCAL. Podemos ilustrar este punto modificando levemente una imagen descrita por Isaac Newton: para alcanzar nuevo conocimiento en un proceso de investigación común no es necesaria una ubicación más elevada, basta con una ubicación distinta¹⁸. Sin embargo, entre más alejada sea la ubicación, más precario y abstracto será el conocimiento alcanzado.

II. Un nuevo enfoque del constitucionalismo latinoamericano

1. La exclusión y la desigualdad como problemas centrales

La denominación en latín de la perspectiva, Ius Constitutionale Commune en América Latina, puede parecer vetusta, pero se refiere a un enfoque transformador. Apunta a la transformación de la realidad política y social de América Latina para crear las condiciones sociales y políticas necesarias para hacer efectiva la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos¹⁹. Claro está que dichos conceptos son vagos e incluso ambiguos, pero el enfoque se alimenta de experiencias muy precisas y concretas, experiencias que nutren el deseo de transformar una situación que para muchos resulta inaceptable. Por esta razón, y aquí vemos una característica específica del discurso latinoamericano, los principios a los que acá nos referimos se acentúan en su dimensión social con una intensidad que no es usual en Europa o en Canadá, por no mencionar a los Estados Unidos de América. Diferentes autores hacen del desafío de la desigualdad el punto central de su pensamiento²⁰. Este tema ha inspirado incluso un enfoque propio de investigación interdisciplinaria²¹.

Pocas cuestiones sociales son tan delicadas como la cuestión de la igualdad y de la redistribución. Las opiniones al respecto son igualmente dispares. En este contexto complejo, el concepto de exclusión parece útil. La desigualdad puede ser producto de muchos factores, pero lo cierto es que resulta particularmente profunda, persistente y delicada cuando grupos enteros de personas no están en capacidad de participar en los grandes sistemas sociales, es decir, en los sistemas educativo, sanitario, económico y político, e incluso ni siquiera en el sistema legal. El desafío descrito se capta con el concepto de exclusión. Posibilita una perspectiva comprehensiva de sociedades cuyas capacidades de integración se encuentran en peligro cuando un gran número de personas no son tomadas en cuenta por las instituciones²². Es imposible para una sociedad aliviar la desigualdad como déficit sistémico si no logra superar semejante exclusión. Vista de esta manera, la superación de la exclusión es un proyecto compartido por concepciones con ideas muy distintas respecto de la creación de bienestar social, la redistribución, el libre comercio o la protección de las inversiones.

Expresado de manera positiva, el gran tema es la inclusión conforme a los principios constitucionales²³. Si bien este concepto, en su faceta jurídica, ha sido utilizado mayormente en relación con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad²⁴, existen intentos notables para convertirlo en un concepto clave²⁵. En términos de la concepción que se tiene de la Constitución, sugiere no solo entenderla como un mero estatuto de la organización del Estado, sino además como un documento que plasma una visión integral de la vida social en un país²⁶.

Como muchos términos jurídicos (derecho constitucional, derecho internacional público, derecho de familia, sin olvidar el término clásico europeo Ius Commune), el concepto Ius Constitutionale Commune en América Latina se refiere tanto al derecho positivo como al discurso jurídico sobre el mismo²⁷. Referirse al fenómeno en tanto que derecho común (Ius Commune) se justifica por dos componentes esenciales del enfoque²⁸. El primer componente consiste en la nueva apertura de los ordenamientos jurídicos estatales latinoamericanos hacia un estrato común de derecho internacional público, sobre todo hacia la Convención Americana. Aunque esta apertura se exprese únicamente en uno o pocos artículos de las constituciones²⁹, se sostiene que tal apertura afecta y transforma la esencia del constitucionalismo. Los derechos constitucionales estatales y el derecho internacional público se encuentran en una relación de fortalecimiento mutuo, están llamados a realizar las garantías y promesas del así llamado "bloque de constitucionalidad". Esta apertura es entonces expresión de un desarrollo común, que además les confiere a los ordenamientos jurídicos estatales una orientación común. De allí que luzca muy congruente que la Corte Interamericana describa el conjunto de los tratados de derechos humanos como un corpus iuris³⁰. Se trata asimismo de un cambio común, ya que vincular el derecho estatal con el derecho internacional público constituye una ruptura en la manera tradicional de estudiar estas dos áreas del derecho, puesto que tradicionalmente su tratamiento académico e investigación se desarrolla por separado³¹

El segundo componente es un discurso común de derecho comparado³². La idea de poner el derecho constitucional comparado al servicio de fines democráticos acompaña la fundación del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en el año 1974 en Buenos Aires, producto de la colaboración entre juristas mexicanos y argentinos. El cometido inicial de JORGE CARPIZO, HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, PEDRO FRÍAS, DIEGO VALADÉS y JORGE VANOSSI fue el de establecer la comunicación entre dos ámbitos de discusión jurídica que hasta ese momento se desarrollaban por aparte, para así dar seguimiento conjunto a la idea del constitucionalismo en el difícil contexto de los gobiernos autoritarios. En cuestión de poco tiempo varios juristas de otros Estados, tales como Brasil, Venezuela, Colombia, Guatemala, Perú y Uruguay, se unieron al proyecto; hoy en día el Instituto Iberoamericano es un foro fundamental del pensamiento contemporáneo sobre el constitucionalismo³³.

La intensificación del estudio comparado del derecho público como parte del proyecto transformador impulsado por el ICCAL se deja vislumbrar también en otros escenarios. En este sentido, cabe mencionar una serie de publicaciones. Desde 1989, la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, publicada por la Universidad Nacional de Costa Rica, se centra en el debate acerca de los derechos humanos, evidenciando así el protagonismo de este ámbito jurídico para la región. Una publicación algo más antigua es Derecho de la Integración: Revista Jurídica Latinoamericana, que se publicara de 1967 a 1978 por el Instituto para la Integración de América Latina³⁴, afiliado al Banco Interamericano de Desarrollo. Su temática eran los aspectos jurídicos de la integración económica en América Latina, y estaba ligada a la idea de la creación de un espacio económico latinoamericano³⁵. El Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la Fundación Konrad Adenauer, publicó la XIX edición de su Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano dedicado al estudio y fomento de esta rama del derecho en los países de la región, con aportaciones de académicos, operadores jurídicos y jóvenes investigadores. Todos convergen hoy en día en identificar como un rasgo común la "sed de materialización garantista" de estas constituciones³⁶.

Para ejemplificar el estudio comparado se cuenta también con la Revista Latinoamericana de Derecho, en circulación desde 2004 y publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta revista se dedica a la investigación del derecho más allá de las fronteras nacionales en América Latina, en especial en los ámbitos que son particularmente relevantes en razón de tradiciones culturales y proyectos afines³⁷. Otras revistas tienen como meta, al menos desde el momento de su denominación, fomentar un discurso jurídico latinoamericano, como por ejemplo la Revista Latinoamericana de Derecho Social. También publicada por la UNAM, tiene como finalidad dar oportunidad a los juristas mexicanos y extranjeros de crear una nueva doctrina en el ámbito del derecho social que propicie soluciones al problema de la desigualdad en las relaciones sociales³⁸. Parece muy importante también la fundación de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional en el año 2007 para fomentar la discusión regional en tales temas³⁹.

Todo ello evidencia el gran interés de contar con un discurso jurídico regional. No obstante, de acuerdo con las observaciones de muchos de los participantes en el Coloquio y a pesar de las facilidades lingüísticas, el discurso jurídico regional encuentra severos obstáculos. A menudo da la impresión de que el contacto con instituciones de investigación de extracción estadounidense o europea es más intenso que entre instituciones latinoamericanas. Tomando en consideración que la falta de recursos suele ser un problema en la región, la decisión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de dar acceso libre en línea a su amplia gama de publicaciones marca una alentadora pauta⁴⁰

3. ¿Qué quiere decir latinoamericano?

Para muchos autores es importante, y en esto hacen hincapié, que el discurso latinoamericano se inserte en el discurso universal y que no se convierta en un particularismo más⁴¹. El Ius Constitutionale Commune está muy lejos de la idea de un derecho internacional específicamente distinto en América Latina⁴². Así, la calificación del Ius Commune como latinoamericano no implica una distinción fundamental frente al "Norte global", pues no se esgrimen "valores latinoamericanos", como sí sucede con los supuestos "valores asiáticos".⁴³

Se trata más bien de la descripción de una región para la cual un discurso jurídico común podría acarrear grandes beneficios.

Al mismo tiempo, focalizar los estudios en la región latinoamericana y no interamericana excluye de su ámbito a los países de habla inglesa u holandesa de las Américas. A su vez, no haber denominado a la región "iberoamericana" excluye a España y Portugal⁴⁴, mientras que la decisión de no denominarla "sudamericana" supone la inclusión de los países centroamericanos así como de México. Se trata, por tanto, de las antiguas colonias españolas y portuguesas, principalmente⁴⁵. El uso del latín Ius Constitutionale Commune es seña del legado europeo, mostrando así que dicha influencia es mucho más que una mera carga histórica⁴⁶.

El núcleo del Ius Constitutionale Commune es distinto. Se trata de asegurar a nivel regional la implementación de las decisiones y el cumplimiento de las promesas centrales de las constituciones estatales, sobre todo de aquellas realizadas tras los gobiernos autoritarios de la década de los años setenta y ochenta del siglo pasado. El gran problema es que los ordenamientos jurídicos y las estructuras reales de poder no se han ajustado a estas decisiones y promesas constitucionales, es decir, ha habido poco cambio en este sentido⁵³. Por lo tanto, a la luz de esta situación, no resulta sorprendente la débil normatividad de las disposiciones legales con un componente social u orientadas hacia la inclusión.

El debate que se ha generado con miras a garantizar a escala regional la realización de las promesas centrales de las constituciones estatales es el origen del enfoque conocido como Ius Constitutionale Commune en América Latina; este concepto le otorga un nombre y le aporta una idea central. Aún está por verse si dicho concepto y enfoque prevalecerá, es decir, si llegará a ser aceptado de manera generalizada. Si lograra fomentar el debate para entender y desarrollar el fenómeno jurídico sería ya un éxito. En este sentido, sus funciones se asemejan a las propias de una serie de conceptos, como por ejemplo, el nuevo Ius Commune en Europa⁵⁴, el Ius Publicum europeo⁵⁵, o bien, refiriéndonos a conceptos de corte más global, el así llamado derecho de la humanidad⁵⁶, derecho cosmopolita⁵⁷, derecho global⁵⁸, derecho mundial⁵⁹, derecho mundial interno⁶⁰, derecho transnacional⁶¹ o transconstitucionalismo⁶². Todos ellos tienen varias características en común: promueven la inserción de los ordenamientos jurídicos estatales en contextos más amplios, subrayan la función intra-estatal, es decir doméstica, del derecho internacional, y proveen una idea que orienta la transformación. Esto es importante: los mencionados conceptos no tienen una vocación meramente académica sino también práctica, en especial cuando ingresan al ordenamiento jurídico por medio de detalladas construcciones doctrinarias. Procuran orientar en la enrevesada situación actual, estructurar y generar comunicación y dotar de sentido a las construcciones doctrinarias capaces de convertir promesas y garantías en realidad.

III. Objetivos y medios

1. La interpretación latinoamericana de ciertos principios constitucionales

Los principios fundamentales que orientan al Ius Constitutionale Commune son universales. Se trata sobre todo del respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. No obstante, el objetivo principal no es participar en un discurso global sobre principios abstractos. Más bien, el enfoque se nutre de experiencias concretas, de situaciones humanas inaceptables a raíz de déficits sistémicos⁶³. El Ius Constitutionale Commune tiene una vocación sumamente práctica: hacer realidad las promesas y garantías de las constituciones latinoamericanas nuevas o reformadas después de la era de los gobiernos autoritarios. Los textos que se producen bajo la bandera del Ius Constitutionale Commune respiran un aire idealista: a pesar de los ya conocidos problemas que padece el constitucionalismo en Latinoamérica, aún se le atribuye al derecho constitucional un potencial emancipador⁶⁴. Ante las considerables discrepancias entre los textos constitucionales y convencionales y la realidad, los autores no reaccionan con cinismo, resignación o ilusamente, sino más bien aceptan los desafíos que la situación presenta⁶⁵.

El eje del Ius Constitutionale Commune son los derechos fundamentales y humanos⁶⁶; a menudo se habla del Ius Constitutionale Commune como un Ius Constitutionale Commune en derechos humanos⁶⁷. Tres razones principales lo explican. En primer lugar, el contenido transformador de las constituciones se plasma principalmente en las disposiciones sobre derechos fundamentales. En segundo lugar, estos derechos son la piedra angular de la movilización de la sociedad civil⁶⁸. Por último, son las sentencias judiciales sobre derechos fundamentales y humanos, a menudo producto de la lucha de grupos sociales, las que dotan al Ius Constitutionale Commune con una energía de carácter específicamente jurídico. Hoy en día parece indudable que tales derechos ya han tenido un impacto fuerte y probablemente transformador en América Latina: aunque su garantía efectiva no siempre es una realidad, los derechos han proporcionado un lenguaje común -jurídico, pero también político y social- que antes no existía para debatir los retos y los estándares, no solo entre juristas, sino también en el discurso político y público.

Los derechos del Ius Constitutionale Commune, no obstante su anclaje universal, muestran una serie de características específicas⁶⁹. La primera es la importancia de grandes injusticias, sobre todo de la violencia⁷⁰. Esto explica algunas innovaciones latinoamericanas que han sido acogidas internacionalmente, tales como la prohibición de amnistías por violaciones graves de derechos humanos⁷¹, el feminicidio⁷² y la desaparición forzada de personas⁷³, así como la protección especial que se le ha dado a migrantes⁷⁴, pueblos indígenas⁷⁵ y personas afrodescendientes⁷⁶.

Otra característica del desarrollo latinoamericano de los derechos humanos se explica en razón de la exclusión que diversos grupos desfavorecidos sufren en la región. Un rasgo distintivo del pensamiento de muchos de los autores del ICCAL es la insistencia en que se cumplan las promesas que desde la revolucionaria Constitución mexicana de 1917 se han hecho a los pueblos latinoamericanos⁷⁷. La indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, en particular de los derechos civiles respecto de los sociales, es subrayada⁷⁸. Así, el derecho y los tribunales deberían estar también al servicio de los grupos sociales marginalizados.

Por esta razón el principio de igualdad no se comprende como mera prohibición de la discriminación. Requiere más bien el reconocimiento, así como la superación, de al menos las formas más grotescas de desigualdad social, y en consecuencia una cierta redistribución por parte de un Estado social⁷⁹.

Otro elemento distintivo de los derechos humanos en América Latina es el énfasis en la dimensión colectiva en la protección de derechos fundamentales. A menudo las sentencias conciernen expresamente al tratamiento que se le da a un grupo específico. En otras ocasiones se redactan de manera que se resuelve directamente sobre aspectos que afectan a ciertos grupos, lo cual termina beneficiándolos⁸³. El carácter colectivo se refuerza debido a que muchos casos paradigmáticos son fruto de estrategias de litigio de grupos y organizaciones no gubernamentales que abogan por la transformación social⁸⁴.

Si bien el proyecto tiene como objetivo una transformación fundamental, la juridicidad del enfoque así como su concentración en los derechos humanos evidencian un profundo escepticismo ante los grandes proyectos políticos. La transformación real e incremental es un rasgo distintivo de la perspectiva del ICCAL. Nadie apuesta por soluciones rápidas o revolucionarias y muchos se centran en el arduo proceso que implica una jurisprudencia transformadora.

Este escepticismo también permea la comprensión que se tiene del principio democrático. En el plano abstracto los textos del Ius Commune no se diferencian de manera significativa de los bien conocidos textos del "Norte global"⁸⁵. Sin embargo, la lección de la antropología escéptica ha sido internalizada aún más profundamente y ha dado como resultado importantes desarrollos. Determina sobre todo el tratamiento del presidencialismo, el eje central del discurso latinoamericano sobre la organización del Estado⁸⁶.

Una respuesta típica en la región para hacer frente a la exclusión es el presidencialismo plebiscitario⁸⁷, que se dirige principalmente a los ciudadanos excluidos. La conocida debilidad de las instituciones estatales, los bien organizados y obstinados grupos de poder, así como la gran presión por resolver los problemas que padecen distintos países en Latinoamérica, justifica para muchos una centralización extrema del poder público ya que se considera la única manera de emprender y realizar reformas. En contraste, para los representantes del Ius Constitutionale Commune, esta estrategia de inclusión, también denominada "hiperpresidencialismo", no solo es incapaz de solucionar los problemas sino que más bien los agudiza⁸⁸. El hiperpresidencialismo obstaculiza otros aspectos importantes del gobierno democrático: la representación parlamentaria, la deliberación, así como la separación de poderes y el reparto de las competencias. La centralización del poder tampoco es compatible con la democratización de la sociedad implícita en los amplios catálogos de garantías fundamentales. Además, la marcada personalización de la institucionalidad es altamente perjudicial para la misma⁸⁹.

Así, el Ius Constitutionale Commune ve poco prometedor el énfasis en elementos de democracia directa, como por ejemplo la elección popular de los jueces⁹⁰. El ICCAL tiende más bien hacia la representatividad y la deliberación, con el fin de fortalecer la institucionalidad.

2. Sobre el concepto de institucionalidad y el nuevo rol de los tribunales internacionales

El concepto de institucionalidad es particularmente útil para entender el constitucionalismo latinoamericano. Este término, que no tiene equivalente directo en Europa, se menciona con asidua regularidad en los seminarios del Coloquio, en especial para subrayar las diferencias con la situación alemana, principalmente respecto de las discrepancias habituales entre los textos constitucionales y la realidad constitucional. De acuerdo a la comprensión que se tiene de la Constitución en Alemania, los principios y garantías de la misma determinan, con un alto grado de confiabilidad, el marco del ordenamiento jurídico así como las relaciones sociales. Muchos países latinoamericanos no gozan de una situación similar, lo cual frecuentemente es descrito como una falta de institucionalidad.

Sin embargo, no hay que olvidar que la situación alemana tampoco es típica en Europa. Ni siquiera los principios constitucionales del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) tienen una normatividad similar a los principios constitucionales alemanes⁹¹. Al mismo tiempo, cabe recalcar que algunos países latinoamericanos, en especial Chile, Costa Rica y Uruguay, superan a ciertos países europeos, como por ejemplo Bulgaria, Grecia, Italia o Rumanía, en los indicadores del Estado de derecho⁹². No obstante lo anterior, los déficits sistémicos ocurren con mayor frecuencia en Latinoamérica y además son un tema recurrente⁹³. En la región, la normatividad del derecho a menudo es precaria y el entramado estatal preocupantemente débil⁹⁴. Un desafío constante es la falta de institucionalidad, es decir, la falta de diferenciación entre un cargo público y su titular; la corrupción es una expresión evidente de un fenómeno que, cuando alcanza a ser sistémico, corroe el Estado de derecho⁹⁵. Entonces, el núcleo del concepto de institución se puede resumir de la siguiente manera: una institución se compone de prácticas sociales firmemente establecidas, prácticas que transcurren en su mayor parte independientemente de los individuos que ocupan el cargo⁹⁶.

El fomento de la institucionalidad y en consecuencia de la normatividad del derecho es una aspiración central para los representantes del Ius Constitutionale Commune. Una de las convicciones fundamentales del enfoque es que, a pesar de los posibles conflictos que la interacción entre el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia puedan ocasionar, al fin y al cabo estos solo pueden realizarse en su conjunto⁹⁷. En particular se valora la separación de poderes y la independencia de las instituciones en oposición al hiperpresidencialismo.

La insistencia de los representantes del Ius Constitutionale Commune en crear nuevas instituciones de protección jurídica evidencia un cierto recelo hacia el poder judicial estatal. La verdad es que, aunque algunos tribunales sean altamente reconocidos y resulten actores clave de las transformaciones constitucionales, el poder judicial en general goza de poca credibilidad. No obstante, todos los tribunales son llamados a jugar un papel importante en dicha transformación. Con este objetivo en mente se han creado o fortalecido instituciones jurisdiccionales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra que semejante rol para los tribunales no es una idea utópica. El énfasis en el poder judicial como motor de innovaciones transformadoras es algo nuevo en Latinoamérica. Por eso, muchas sentencias que bajo el viejo paradigma parecerían un activismo judicial cuestionable, se entienden bajo el nuevo paradigma como propios del poder judicial en una democracia constitucional que de manera incremental ayuda a realizar el nuevo proyecto constitucional.

Sin duda, las sentencias de los tribunales pueden transformar una sociedad únicamente si esta transformación está respaldada y es promovida por importantes grupos sociales. Además, los representantes del ICCAL son conscientes de que los tribunales no apoyan automáticamente un proyecto transformador¹⁰², ya sea porque no pueden o porque no quieren, a pesar de que el ideal de protección judicial de los derechos humanos cuenta con una larga y rica tradición regional que se remonta a los inicios del siglo XIX ¹⁰³. Un tema recurrente es cómo hacer para que los tribunales latinoamericanos, que tradicionalmente no encaran al poder ejecutivo ni le hacen frente a la desigualdad, acepten esta ardua tarea exitosamente. La investigación en materia de justicia muestra que los tribunales, tanto nacionales como internacionales, pueden perseguir los más diversos proyectos¹⁰⁴. Los representantes del ICCAL conocen bien los peligros de una estrategia enfocada en los tribunales: en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la influencia del Presidente Chávez, desmanteló metódicamente ciertas garantías del Estado de derecho¹⁰⁵.

Existe también el peligro de que los tribunales empleen sus nuevas competencias y libertades argumentativas de manera disfuncional, lo cual puede resultar en una falta de seguridad jurídica o bien en el patrocinio de intereses ajenos al derecho¹⁰⁶. No es fácil desarrollar discursos de aplicación convincentes sobre los derechos humanos o principios constitucionales abstractos en la tradición jurídica latinoamericana, más bien conocida por su formalismo; la creación de una cultura argumentativa justificatoria toma su tiempo. Este desafío quizás explica la sorprendente recepción de Robert Alexy en América Latina¹⁰⁷. Su teoría sobre principios y argumentación aclara, de manera aún más precisa que Ronald Dworkin¹⁰⁸, las fórmulas argumentativas a las que los tribunales pueden recurrir para cumplir cabalmente con su nuevo rol. Al mismo tiempo, Alexy muestra que una orientación basada en los derechos humanos y los principios no necesariamente implica pérdidas de racionalidad¹⁰⁹.

A pesar de la incertidumbre que el nuevo rol de los tribunales genera, existe consenso en el sentido de que el aumento de poder de los órganos jurisdiccionales debe ser acompañado con políticas adecuadas. Por ejemplo, desde el reconocimiento de la doctrina del control de convencionalidad, México emprendió enérgicamente un programa de capacitación de jueces¹¹⁰. Pero el acompañamiento del cual se habla aquí requiere también de la atención del público en general¹¹¹, de una reforma en la formación de los profesionales en derecho¹¹², así como de una academia crítica pero al mismo tiempo constructiva¹¹³, el tipo de academia con la cual se identifican los representantes del Ius Constitutionale Commune. En este contexto, el sistema jurídico puede dar un aporte importante y específico al proceso de transformación, aunque claramente no puede sustituir un proceso político en el sentido amplio.

3. Sobre el rol de las instituciones regionales

Otro rasgo particular del Ius Constitutionale Commune frente a otros proyectos transformadores más antiguos es la superación del horizonte estrictamente estatal: interrelaciona el derecho constitucional y el derecho internacional público y les atribuye a las instituciones internacionales una medida importante de autonomía. El alcance de este desarrollo se manifiesta en la concepción imperante sobre la soberanía. Este concepto ha sido trascendental en Latinoamérica, al menos desde el momento de la doctrina Calvo¹¹⁴. Según dicha concepción tradicional, funciona como "escudo" para proteger la soberanía interna, y en general concibe al ordenamiento jurídico de los Estados latinoamericanos como un tipo de "universo normativo", no obstante las numerosas instancias de "inspiración" jurídica provenientes de países vecinos, o bien de Europa o Norteamérica. Las dimensiones cuasi-continentales de algunos Estados (en especial Brasil, pero también México y Argentina), así como las fórmulas económicas de los años sesenta y setenta del siglo XX que insistían en un desacoplamiento del mercado mundial, reforzaron esta concepción tradicional de la soberanía¹¹⁵.

Ahora bien, hoy en día, la famosa premisa del concepto clásico de soberanía, aquella que sostiene que los Estados constituyen "comunidades independientes"¹¹⁶, ha sido modificada por la globalización, inclusive en los países de dimensión cuasi-continental. Tomando el ejemplo del ordenamiento jurídico mexicano, HÉCTOR FIX FIERRO y JOSÉ MARÍA SERNA han mostrado que estos cambios también han surtido efectos profundos en Latinoamérica¹¹⁷. Pero no es la comprensión del aspecto jurídico de la globalización lo que impele a los representantes del Ius Constitutionale Commune a reconfigurar el concepto tradicional de soberanía. Todo lo contrario: el escepticismo frente a las organismos económicos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o bien los tribunales arbitrales en materia de inversión, es mucho más profundo que en Europa¹¹⁸. En general se asocian con el "Consenso de Washington" de los años noventa, de corte "neoliberal", el cual dejó una huella profunda y hasta hoy palpable, ya que según muchos autores recrudeció sustancialmente el problema de la exclusión¹¹⁹. En Latinoamérica se es mucho más consciente que en Europa de que muchos tratados e instituciones internacionales tienen un sesgo en beneficio del "Norte global".

Así pues, los representantes del ICCAL no abogan por una apertura general sino más bien por la salvaguarda específica de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. La relevancia del principio de soberanía no se pone en tela de juicio. Pero esto no quiere decir que no sufra una transformación, porque en su nueva concepción pasa de ser una figura de cierre a convertirse en un principio funcional que se pone al servicio de los principios fundamentales. Las instituciones del derecho internacional se entienden así como conquistas del derecho constitucional¹²⁰.

El nombre de una conferencia que se celebró con ocasión del bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 en Argentina captó de manera muy atinada la idea principal del constitucionalismo actual de la región: internacionalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional¹²¹. Claro está que la internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional son fenómenos bien conocidos en Europa¹²². No obstante, la dinámica de transformación latinoamericana no es un mero ejemplo adicional de cómo funcionan estos fenómenos, sino que goza de destacada originalidad y fuerza innovadora.

La primacía del derecho internacional público, como bien lo expresó el ilustre constitucionalista mexicano y precursor del Ius Constitutionale Commune, HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, solo aplica con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos¹²⁶. Un ejemplo emblemático es la Constitución de Colombia de 1991 que, entre otras varias disposiciones, establece que "los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Congreso prevalecen en el orden interno" y, a la vez, dispone que todos los derechos fundamentales constitucionales deben ser interpretados a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (art. 93). Esta norma ha dado lugar a la distinción entre bloque de constitucionalidad strictu y lato sensu. Otra constitución ejemplar es la de Argentina de 1994, que en su artículo 75, inciso 22¹²⁷, incorpora una lista extensa de tratados de derechos humanos al orden constitucional argentino. Esta disposición constitucional plasma la política en materia de derechos humanos y justicia de transición que Argentina persiguió tras la dictadura¹²⁸, la piedra angular de una jurisprudencia transformadora que bajo el nombre "justicia de transición" logró convertirse en una figura jurídica de carácter global¹²⁹. La Constitución de Ecuador de 2008 regula, por una parte, que "los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte" (art. 11.3), y por otra parte establece que "en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución" (art. 417). Dispone igualmente que "la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público" (art. 424).

Otro ejemplo importante es, desde junio de 2011, una referencia a los tratados internacionales ratificados en materia de derechos humanos en el artículo 1, inciso 1.°, de la Constitución mexicana, en donde se les reconoce rango constitucional. Solo un mes después, el más alto tribunal mexicano ya había confirmado y aplicado esta disposición¹³⁰. Inclusive las constituciones marcadas por el constitucionalismo bolivariano les atribuyen un papel importante a los derechos humanos. La Constitución boliviana de 2009 dispone que las garantías internacionales en materia de derechos humanos tienen un rango superior al derecho interno, y que los derechos y deberes de la Constitución deben ser interpretados de conformidad con el derecho internacional¹³¹. Además, las normas convencionales tienen un rango superior a la Constitución en la medida en que otorguen mayores derechos¹³². En otros Estados se han producido estos mismos cambios por medio de la interpretación constitucional. Por ejemplo, desde 1995, la Sala Constitucional de Costa Rica les atribuye rango supraconstitucional a los tratados de derechos humanos en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas¹³³.

La apertura de la estatalidad opera doctrinariamente con la figura jurídica del bloque de constitucionalidad, una figura importada de Europa pero ingeniosamente adaptada a la realidad latinoamericana¹³⁴. El Consejo Constitucional francés fue quien la desarrolló para crear una jurisdicción constitucional a partir de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y del catálogo de derechos fundamentales de la Constitución de la Cuarta República. El Tribunal Constitucional de España modificó esta figura y a través de la misma incorporó la legislación ordinaria sobre la organización territorial española al derecho constitucional. Así, reconoció el valor superior de los Estatutos de Autonomía, lo cual fomentó un mayor equilibrio entre el Estado central y las comunidades. Se ve entonces que mientras en Francia y España la figura se utiliza para incorporar normas del derecho estatal al derecho constitucional, en Latinoamérica el bloque de constitucionalidad se utiliza para integrar normas de derecho internacional al ordenamiento jurídico estatal, lo cual fortalece argumentativamente a los tribunales que apoyan una transformación democrática.

Los elementos provenientes del derecho internacional público que conforman el bloque constitucional, tal y como lo ilustra el listado de la Constitución argentina, son muy variados. El estado de ratificación de los tratados internacionales es heterogéneo en la región, lo cual evidencia que el Ius Constitutionale Commune no es un fenómeno uniforme¹³⁵. Sin embargo, sigue estando conformado por un núcleo común: el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, sobre todo gracias a la labor de sus instituciones. Su importancia para la región justifica que se hable de inte-ramericanización de manera similar a como se habla de europeización¹³⁶.

El hecho de que el sistema interamericano se haya convertido en el núcleo normativo del Ius Commune no se debe a ninguna característica inherente al mismo; se debe mucho más al respaldo que las fuerzas transformadoras en los varios países encontraron en él para sus proyectos en el contexto nacional¹³⁷. La función principal del plano internacional consiste entonces en inclinar la balanza del poder en el plano estatal interno a favor de los proyectos constitucionales con vocación transformadora¹³⁸. La denuncia de Venezuela de la Convención, la cual se anunció en septiembre de 2012 y surtió efecto un año después, es una señal de la autoridad de la Corte; el mero incumplimiento de las decisiones interamericanas dejó de ser una opción viable para el gobierno venezolano.

A su vez, la Corte, en los 173 casos decididos, ha desarrollado una jurisprudencia a la medida de la problemática de la región¹³⁹. No ha titubeado en anular leyes de amnistía¹⁴⁰, en dar efectos directos y erga omnes a sus decisiones¹⁴¹ ni en ordenar medidas específicas¹⁴². Estas sentencias han desatado una dinámica que ha dado impulso al Ius Constitutionale Commune, creando lo que la misma Corte IDH llama el corpus iuris¹⁴³. Este corpus iuris así como los efectos tan marcados de su jurisprudencia han despertado el debate sobre la legitimidad de sus actos y su legitimidad como institución. Esta crítica no proviene únicamente de instituciones que hayan sido el blanco de sus acciones¹⁴⁴ sino también de autores que en principio apoyan la creatividad y la orientación de su jurisprudencia¹⁴⁵. Parece ser que la Corte se ha percatado del problema, y la decisión de celebrar "sesiones itinerantes" en los distintos Estados que hubieran aceptado la competencia contenciosa podría considerarse una reacción en este sentido¹⁴⁶. Las sesiones itinerantes tienen como propósito acercar a la Corte a los Estados parte y a los interesados. El diálogo constante con organizaciones de la sociedad civil también es característico del sistema¹⁴⁷. Por último, la Corte ha contribuido a la consolidación de la democracia en América Latin¹⁴⁸. A pesar de todo, la respuesta a las críticas sobre legitimidad sigue siendo un tema inacabado¹⁴⁹.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es el mecanismo regional más importante para afianzar el constitucionalismo pero no el único. La Carta Democrática Interamericana es otro de estos mecanismos¹⁵⁰. Se trata de una resolución de la Organización de Estados Americanos sin carácter vinculante pero que contiene un mecanismo de control que ya se utilizó en el pasado para la promoción de la democracia¹⁵¹.

Otro mecanismo que también tiene como objeto la consolidación del constitucionalismo lo encontramos en el Mercosur¹⁵². Si bien la integración económica es el enfoque primordial de este régimen, ha dirigido su atención también hacia cuestiones de carácter constitucional. El Protocolo de Asunción incorpora la protección de los derechos humanos y el Protocolo de Ushuaia promueve la protección de la democracia por medio de un proceso político. Claro está, ningún protocolo asegura por sí mismo el constitucionalismo. Eso lo muestra claramente el caso paraguayo de 2012, el cual sirvió como estrategia para eludir la resistencia de Paraguay a aceptar a Venezuela como miembro del Mercosur¹⁵³.

Con bastante frecuencia, las instituciones internacionales que he mencionado son denominadas supranacionales¹⁵⁴. Claro está que el entendimiento que se tiene de la supranacionalidad no es el mismo que impera en Europa, el cual está íntimamente relacionado con la Unión Europea. La utilización latinoamericana del término es más flexible, ya que aborda de manera mucho más abstracta la cuestión de la superación de la concepción contractualista y horizontal del derecho internacional. Por esta razón muestra un potencial generalizador mayor.

La tríada de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho denota, de manera muy abstracta, el objetivo constitucional a cuyo servicio deberían estar los tribunales y las instituciones internacionales: la institucionalidad. Pluralismo dialógico, el último concepto que aquí se define, tiene dos acepciones en el Ius Constitutionale Commune: es a la vez un objetivo del ICCAL así como un medio para alcanzarlo. Designa una modalidad de interacción social y para la resolución de conflictos que al mismo tiempo supone la situación social a la cual aspira. Al igual que los otros conceptos que aquí se han definido, el pluralismo dialógico está anclado en el discurso universal; presenta, eso sí, características muy latinoamericanas.

Normalmente se describen tres fenómenos distintos con el pluralismo¹⁵⁵. En el derecho constitucional es un concepto antiguo que denota una sociedad en donde los distintos grupos que la conforman, se enfrentan los unos con los otros en procesos públicos y democráticos con respecto a una amplia gama de valores, intereses y formas de vida. En segundo lugar, se refiere a normas que no forman parte del ordenamiento jurídico estatal pero que rigen las relaciones sociales de ciertos grupos¹⁵⁶. El tercer fenómeno se refiere a la interacción entre los distintos regímenes jurídicos, en especial a la relación abierta entre el derecho constitucional estatal, el derecho de la Unión Europea y el derecho europeo en materia de derechos humanos¹⁵⁷.

Los tres aspectos y fenómenos los podemos encontrar en el Ius Constitutionale Commune en América Latina, empero, la interacción es mucho más marcada en la región. De nuevo, la exclusión es el factor más importante para explicar esta particularidad. Para construir una sociedad verdaderamente pluralista en la región es indispensable procurar la inclusión de la población indígena y afrodescendiente, es decir, darles espacio en las instituciones estatales y reconocer que son grupos con valores e intereses específicos. Esto implica también el segundo aspecto del pluralismo, ya que a menudo estos grupos cuentan con un orden normativo propio y particular. La inclusión real exige una participación que comprenda sus órdenes normativos. Aquí encontramos algunas innovaciones constitucionales recientes muy importantes. Desde 2001 y como reacción al levantamiento zapatista en Chiapas, la Constitución mexicana dispone en su artículo 2 que la Nación mexicana es pluricultural y por ende también incluye a los pueblos indígenas como tales. La Constitución boliviana de 2009 es la más avanzada en este sentido ya que también integra principios éticos de los pueblos indígenas¹⁵⁸, así como la cosmología indígena y ciertas formas de propiedad colectiva¹⁵⁹. En el Ius Constitutionale Commune dichas disposiciones no son vistas como mero folclor. Es más, se reconoce el potencial que en ellas se encierra y por esta razón son objeto de análisis teórico¹⁶⁰. Pero hay que reconocer que es un desafío enorme incorporar de manera orgánica los principios de los pueblos precolombinos a los Estados constitucionales modernos. Para el elemento común del Ius Constitutionale Commune queda también claro que debe dejar mucho espacio a la diversidad, respondiendo así a las numerosísimas y diversísimas formas del tejido social y cultural de los pueblos latinoamericanos.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana depende, primero, del pluralismo social, ya que muchas de sus sentencias paradigmáticas son el fruto del litigio estratégico de agrupaciones de la sociedad civil¹⁶¹. Segundo, sus sentencias habitualmente apoyan al pluralismo social o al pluralismo étnico-cultural. Tercero, la firmeza con la cual actúa respecto a situaciones internas ha hecho de su relación con los tribunales nacionales un tema clave. También aquí el concepto de pluralismo es sumamente importante.

La figura central de esta discusión se denomina control de convencionalidad y representa el núcleo doctrinal del Ius Constitutionale Commune. Esta figura fue creada por la Corte en el caso Almonacid Arellano vs. Chile¹⁶². Exige a los tribunales nacionales la aplicación de la Convención Americana de conformidad con la interpretación que la Corte haya hecho de la misma. Según esta decisión, cuyo alcance exacto todavía se desconoce, todos los actos estatales quedan sujetos al control de su conformidad con la Convención, y en caso de conflicto con la misma no pueden ser aplicados por los tribunales nacionales. Esto produce efectos sustanciales en la distribución de competencias a nivel estatal: tanto en la relación del poder judicial con los otros poderes como en la jerarquía en el seno del poder judicial. En particular ha afectado el papel de los tribunales supremos. Considerando que además la Corte Interamericana le atribuye aplicación directa y efectos erga omnes a su jurisprudencia¹⁶³, que ha declarado la inaplicabilidad de leyes nacionales, decretado que se emprendan reformas legislativas y ordenado una amplia gama de medidas concretas, se ha generado una dinámica impresionante¹⁶⁴. La dimensión constitucional es evidente¹⁶⁵, en especial debido a que los temas tratados son altamente políticos, temas sobre los cuales ciertos grupos sociales se encuentran en profundo desacuerdo. No sorprende entonces que la jurisprudencia interamericana haya suscitado un rico debate. El desafío consiste en acomodar cuidadosamente la dinámica transformadora con el entramado institucional y la distribución de competencias a nivel estatal. Aquí encuentra aplicación la tercera definición del concepto de pluralismo¹⁶⁶, si bien otros conceptos compiten por describir la situación, como por ejemplo: redes de colaboración horizontal¹⁶⁷, trapecio¹⁶⁸, redes constitucionales¹⁶⁹, normativismo supranacional¹⁷⁰, transconstitucionalismo¹⁷¹.

Las perspectivas pluralistas se dividen en dos campos. La posición más radical parte de la visión de que los conflictos que se ocasionan son conflictos de poder y que por ende difícilmente pueden ser abordados desde el razonamiento jurídico¹⁷². La posición del diálogo tiene un punto de partida diametralmente opuesto: la observación de que los diversos regímenes jurídicos e instituciones normalmente desarrollan relaciones jurídicas estables no obstante su independencia normativa. Esta posición sostiene que los conflictos fundamentales son una gran excepción: la regla consiste más bien en un trabajo conjunto y fructífero¹⁷³. Los representantes del Ius Constitutionale Commune optan por el pluralismo dialógico y así reconstruyen la interacción entre la Corte Interamericana y los tribunales nacionales¹⁷⁴.

Resumen

El Ius Constitutionale Commune en América Latina representa un enfoque transformador que se dota de energía a partir de la experiencia concreta y la convicción profunda de la inaceptabilidad de situaciones de injusticia sistemática. Su sustrato de derecho positivo lo constituyen principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías de las constituciones nacionales sobre la misma materia, las cláusulas de apertura, así como la correspondiente jurisprudencia, tanto nacional como internacional. Apuesta por un discurso que interrelacione los distintos ordenamientos jurídicos con el objeto de reforzar las transformaciones en los países latinoamericanos. Así, el enfoque tiene el potencial de convertirse en un verdadero proyecto.

El Ius Constitutionale Commune en América Latina se apoya en los elementos de cercanía cultural y la historia jurídica compartida de la región, la cual es producto de la colonización ibérica, la influencia del Corpus Iuris Civilis y del Corpus Canonici, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Cádiz y el derecho constitucional y administrativo francés, así como en el ideal de una gran unión latinoamericana y su consiguiente fracaso. El ICCAL lucha, en consonancia y cooperación con actores en otros sistemas sociales, contra problemas compartidos, en particular la desigualdad y la exclusión de amplios sectores de la sociedad, el legado de los gobiernos autoritarios, la sombra de intereses norteamericanos, el hiperpresidencialismo, así como la frecuente debilidad del derecho. Existe además amplio consenso respecto del camino a tomar. Los mecanismos de integración económica son considerados poco prometedores. La esperanza yace más bien en un constitucionalismo de raíces regionales basado en derechos humanos con protección supraestatal.

Pie de página

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