Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina

Camacho, Álvaro (ed) (2006). Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina. Bogotá: Obreal -Comisión Europea- Universidad de los Andes. (pp. 253)

Miguel Eduardo Cárdenas*

* Doctor en derecho, asesor científico de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia-Fescol-, ha publicado recientemente: Políticas públicas para Colombia (Friedrich Ebert Stiftung; Fondo Editorial CEREC, 2006); (Coord.) La reforma política del Estado en Colombia: una salida integral a la crisis (Friedrich Ebert Stiftung; Fondo Editorial CEREC, 2005). Correo electrónico: miguel.cardenas@fescol.org.co.

El libro contiene la memo ria del Seminario El "Narcotráfico y las relaciones entre América Latina, Europa y los Estados Unidos" convocado por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes en octubre de 2005, con los auspicios de la Comisión Europea y el Observatorio de las Relaciones Unión Europea América Latina (OBREAL).

El texto presenta de manera secuencial las diferentes visiones que sobre el llamado "problema de las drogas" tienen funcionarios de Naciones Unidas y especialistas en el tema provenientes de Europa, Estados Unidos y América Latina. La organización geográfica de las ponencias no supone consensos continentales sino, por el contrario, la constatación de la pluralidad de interpretaciones y posturas políticas existentes sobre esa realidad multidimensional genéricamente denominada "Narcotráfico".

Discursos institucionales como el del Sr. Sandro Calvani, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado (UNDOC), cuyos planteamientos traducen a la realidad colombiana los lineamientos de la Convención de Viena de 1989 y de la Declaración de la Vigésima Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Control Internacional de la Droga, realizada en Nueva York en 1998. De la primera, la problematización de la producción, tráfico y consumo de drogas como una realidad global que debe eliminarse de la faz de la Tierra, por sus efectos perversos sobre la gobernabilidad, la economía legal, la salud pública y el medio ambiente; de la segunda, la aceptación explícita de las causas estructurales que empujan a los pobladores del campo a sembrar coca, amapola o marihuana en países como Bolivia, Colombia, México, Birmania o Afganistán.

Frente al marco prohibicionista de Viena, lo aprobado en Nueva York se consideró un avance conceptual y un respiro a los países productores, en cuanto daba prioridad al desarrollo alternativo, incluso por encima de las metas de erradicación unilateralmente definidas por Estados Unidos en el cuestionado mecanismo de la certificación. De esa declaración, el Sr. Calvani cita un aparte ilustrativo: "Donde existan estructuras campesinas de producción agrícola de baja rentabilidad –dice la declaración de 1998– el desarrollo alternativo es la medida más sostenible, así como social y económicamente más apropiada que la erradicación forzada". Dicho en Colombia, el país piloto de la más agresiva "Guerra contra las Drogas", la cita tiene un especial significado. Llama la atención de las autoridades a no ignorar el transfondo agrario del problema, y a establecer diferenciaciones sensatas entre cultivadores y narcotraficantes.

Las ponencias de George Estievenart y Alain Labrousse exponen los principios de la Unión y el Parlamento europeos al respecto: responsabilidad compartida, equilibrio entre reducción de la demanda y la oferta, enfoque hacia la cooperación para el desarrollo y respeto a la soberanía e integridad territorial de los países. Este esquema le permitió a Europa diferenciarse claramente de Estados Unidos en Bolivia, Perú y Colombia, al financiar programas de desarrollo alternativo que no supongan acciones represivas contra las comunidades. Labrousse comenta cómo el escenario internacional post Once de Septiembre debilita las críticas europeas hacia el Plan Colombia y las fumigaciones, en una clara aceptación de América Latina como área de influencia de Estados Unidos.

Lo grave del asunto es que, lejos de replantear la política, Estados Unidos encontró en la coyuntura del 11 de septiembre de 2001 el argumento perfecto para incluir el tema de las drogas a la par que el fundamentalismo islámico en su Agenda de Seguridad Nacional. Ello le permitió fusionar explícitamente la estrategia antinarcóticos y la estrategia contrainsurgente en la mitad de vigencia del Plan Colombia, lo que se tradujo en la subordinación completa de los programas de control de drogas y desarrollo alternativo a los ritmos y requerimientos de la guerra interna.

Análisis más recientes de WOLA atribuyen el fracaso del Plan Colombia a la desproprorción de los recursos dirigidos a lo militar y lo social, pero sobre todo a su negativa a considerar un enfoque de reducción de daños similar al que aplican algunos países europeos sobre sus consumidores. La obsesión por disminuir a cualquier costo las hectáreas de coca cultivadas, y de contera liquidar a la guerrilla de las FARC, anuló durante el gobierno Bush cualquier posibilidad de reformulación de la política en el sentido propuesto por Youngers. Podemos preguntarnos si el triunfo demócrata en las elecciones permitirá dicho replanteamiento o solamente elevará el nivel de exigencias de eficacia en la inversión y de mayor respeto a los derechos humanos en Colombia.

La constatación de la interrelación entre narcotráfico y conflicto armado es el ingrediente más problemático de todos. Tanto para Calvani como para Vargas, la economía política de las drogas alimenta simultáneamente a las mafias y a los grupos armados ilegales, y supone para su funcionamiento el control de circuitos, poblaciones y territorios en casi toda la geografía nacional. Éste es un hecho innegable que explica la ferocidad de la lucha por la posesión de los escenarios regionales estratégicos, pero también la simbiosis entre la ilegalidad de las drogas y los factores reales del poder, como se aprecia en el reciente escándalo de la parapolítica.

La guerra y la economía siempre han estado interelacionadas, como lo demuestran los conflictos en el Oriente Medio, África o Colombia, con independencia de la legalidad o ilegalidad de la riqueza en disputa. Cuanto más grande sea el botín, más cruel es la violencia entre los bandos. La pregunta es sólo una: ¿el argumento de secar la fuente de financiación de los grupos armados justifica la presión excesiva sobre la franja de productores agrícolas que cultivan coca y amapola?

Vargas tiene el dilema de la izquierda sobre cuánto garrote y cuánta zanahoria hay que darles a los actores, y al proponer planes de erradicación manual, Vargas es un erradicador blando. Mientras que Thoumi está en el medio, dando un toque cultural al problema, al referirse a la habilidosa maldad de los colombianos, su desafecto a la legitimidad, a la legalidad. Thoumi se coloca en el medio, pues en su enfoque la pobreza no lo explica: los colombianos son los primeros falsificadores de dólares, de euros, y los primeros productores de cocaína.

Sobre la relación conflicto armado y droga, debe apuntarse que la economía siempre ha estado articulada a la guerra, puede ser por un producto legal como el oro o los diamantes; o en otros casos, el petróleo como mecanismo extorsivo y el fenómeno de la parapolítica, la ilegalidad y la guerra se articulan con lo legal (sector financiero, finca raíz, etc.) y lo institucional (Congreso, Fiscalía, Procuraduría, etc.).

En el campo, se carga la mano a los cultivadores; así, la guerra contra las drogas es una guerra contra los campesinos, es una verdadera guerra social en el campo.

Desde la perspectiva legalizacionista, Ethan Nadelman, también estadounidense, le da un giro radical al análisis. Para el director de Drug Policy Aliance, el prohibicionismo de las drogas causa más daños que el abuso de las drogas, si se miran las estadísticas de mortalidad, corrupción, violencia, detenciones, toxicidad y derechos ciudadanos en todo el continente, incluido Estados Unidos. Aunque muchos políticos y estadistas latinoamericanos comparten este juicio, Belisario Betancur, Óscar Arias, Lilia Gueiler; entre ellos, casi todos sucumben ante las presiones norteamericanas cuando están en el ejercicio del poder, agregaría yo a la enumeración de personalidades "criticas" hecha por Nadelman.

Éste es el artículo más motivante. Tensa el arco más allá de lo común, invitando a buscar claves interpretativas y posturas políticas nuevas, en lugar de quedarnos atrapados en la discusión de cuán grande debe ser el garrote o la zanahoria. Una postura con demasiados simpatizantes en nuestro medio que lleva indefectiblemente a condenar al cultivo, al cultivador, a las mulas, a los consumidores, casi con la misma rudeza que al narcotraficante. Con sentido práctico señala la ruta: uno, romper las amarras del pensamiento prohibicionista en cualquiera de sus matices; dos, dirigir la mirada hacia opciones alternativas que se construyen en Europa y Canadá; tres, revalorizar la hoja de coca y sus productos orgánicos derivados, y cuatro, posicionar a América Latina como el centro estratégico de la reflexión y la acción política, porque posee "tanto la postura moral como la masa crítica del liderazgo político requerido para forzar una revisión fundamental de la […] política global antidrogas en el siglo XXI". Esta frase, pronunciada poco antes del triunfo de Evo Morales Ayma en Bolivia, adquiere ahora aun mayor validez.