Aproximaciones a los conflictos sociales y propuestas sostenibles de urbanismo y ordenación del territorio en México^*

Diego Sánchez González

Doctor en Análisis Geográfico en la ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Universidad de Granada, España. Miembro del Sistema nacional de Investigadores (Conacyt) y Profesor-Investigador Titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de nuevo León, Monterrey, México. Correo electrónico: diego.sanchezgn@uanl.edu.mx

RESUMEN

El objetivo del estudio es describir los efectos de la falta de orden en el proceso de crecimiento urbano en México y revisar los diversos fundamentos teóricos y metodológicos de la planificación urbana y regional. La metodología se basa en una extensa revisión de la literatura, que nos ha permitido abordar el debate actual sobre las tendencias en políticas urbanas y regionales. Se constata que los problemas derivados de la falta de planificación en las ciudades y los territorios tienen implicaciones en el subdesarrollo económico y la vulnerabilidad social en México. Se proponen la revisión y la búsqueda de una planificación urbana y regional que responda a las necesidades locales de desarrollo y a las diversas comunidades que comparten el espacio.

PALABRAS CLAVE

Planificación urbana y regional, subdesarrollo, calidad de vida, ciudad, territorio, México.

Approaches to Social Conflicts and Sustainable Proposals for Urban and Regional Planning in Mexico

ABSTRACT

KEY WORDS

Urban and Regional Planning, Underdevelopment, Quality of Life, City, Territory, Mexico.

Aproximações aos conflitos sociais e propostas sustentáveis de urbanismo e ordenação do território no México

RESUMO

O objetivo deste estudo é descrever os efeitos da falta de ordem no processo de crescimento urbano no México e revisar os diversos fundamentos teóricos e metodológicos do planejamento urbano e regional. A metodologia está baseada em uma extensa revisão da literatura, que nos permitiu abordar o debate atual sobre as tendências em políticas urbanas e regionais. Constata-se que os problemas derivados da falta de planejamento nas cidades e nos territórios têm implicações no subdesenvolvimento econômico e na vulnerabilidade social no México. Propõem-se a revisão e a busca de um planejamento urbano e regional que responda às necessidades locais de desenvolvimento e às diversas comunidades que compartilham o espaço.

PALAVRAS CHAVE

Planejamento urbano e regional, subdesenvolvimento, qualidade de vida, cidade, território, México.

En México y, en general, en América Latina, la globalización hace estragos entre las personas que habitan sus ciudades. Al contrario de lo esperado, crecen el desempleo, la pobreza, el hambre y la inseguridad cotidiana, en un mundo urbano que se fragmenta y donde se amplían las fracturas sociales (Bosque 2000; Santos 2004).

La globalización ha arrastrado a las ciudades mexicanas al supuesto desarrollo económico y tecnológico, convirtiéndolas en el escenario improvisado de modelos y de políticas urbanas estratégicas insostenibles, que no han ocultado el crecimiento de la pobreza, la discriminación social, la delincuencia organizada o no, la vulnerabilidad social y, sobre todo, la incomunicación e insolidaridad. Además, se observa una relación causal progresiva entre la organización de las unidades urbanas, que forman redes de ciudades, y la generación de economías externas, que afectan al crecimiento y desarrollo económicos (Julià 2006).

Diferentes expertos (Castells 1978; Harvey 2006) advierten sobre los graves desequilibrios generados por el crecimiento urbano en los países en vías de desarrollo, principalmente las urbes mexicanas. La falta de planificación urbana explica en gran medida la pérdida progresiva del bienestar de sus habitantes, la degradación de su habitabilidad y la depredación del suelo urbano. Pocas veces se ha hablado y escrito tanto sobre urbanismo, pero, contradictoriamente, la decadencia de la ciudad nunca ha sido tan profunda y manifiesta. Las urbes de todo el mundo, especialmente las mexicanas, presentan un modelo de urbanización en crisis, sin forma ni sentido urbano, que ha favorecido la concentración de población y capital, y aumentado los desequilibrios territoriales y las desigualdades sociales (Iracheta 1997a).

El escenario actual muestra nuestra incapacidad para entender la ciudad contemporánea (Hiernaux 2006). Es un momento crítico del urbanismo, consustancial al heterogéneo contexto global, de fugaces ciudades-modelo que no cubren las expectativas del ciudadano local. El propio capitalismo se ha encargado de difundir escenarios ideales mediante planes, programas y proyectos urbanos que conciben la ciudad como una mercancía de consumo. Se trata de vender la urbe a cualquier precio, de hacerla rentable a los ojos del consumidor y, sobre todo, del inversionista. Así, bajo la estela del discurso apócrifo de un supuesto desarrollo urbano, del nuevo marketing urbano (Precedo, Oroza y Míguez 2010), se va afianzando la agenda urbana nacional hegemónica, basada en políticas urbanas que obedecen a intereses espurios de grupos dominantes, pero que carece de toda planificación urbana del desarrollo social. Es un urbanismo donde prevalecen lo estético y lo fugaz, por encima del sentido común y el bienestar social.

En la última década algunas ciudades, como Curitiba (Brasil), se han convertido en modelo del discurso oficial de muchos gobiernos locales e inversionistas en México. En el contexto actual de pensamiento único, de búsqueda de patrones inequívocos de ciudad, de simplificación de lo complejo, son relativamente fáciles la creación de modelos urbanos y la sumisión a ellos, que obedecen al discurso global económico y cultural, supeditado a la participación de actores involucrados en procesos de ordenación territorial en diversas escalas, junto a la reorganización de las formas y los ámbitos de poder en las ciudades (Sánchez y Moura 2005).

En el país, la realidad actual indica que ha existido más un deseo gubernamental de replicar ciudades "exitosas", que un programa y acciones concretas para alcanzar una gestión urbana integral y sostenible. De hecho, en la propia Curitiba, la denominada "ciudad modelo" y "ciudad ecológica", se han mantenido los fuertes desequilibrios espaciales entre el centro -dominado por las clases privilegiadas y que concentra los mejores servicios y equipamientos urbanos- y la periferia -en la que habitan las clases menos favorecidas, expulsadas por la especulación inmobiliaria-, y que brindan menos bienestar a la comunidad (Oliveira 1995).

En México los estudios urbanos son promovidos y realizados, generalmente, por las mismas instituciones públicas que tienen a su cargo la atención de las necesidades de la población (Sedesol). A pesar de ello, siguen siendo escasos los procesos externos e independientes de evaluación para determinar el impacto de los proyectos gubernamentales en el bienestar social.

Desde hace décadas la ciudad y su planificación se han convertido en un importante motivo de debate teórico y metodológico, en una preocupación social por parte de distintos investigadores (Castells 1978; Harvey 1973) y disciplinas (arquitectura, ingeniería civil, geografía, sociología, economía, antropología, trabajo social, psicología). La forma de diseñar la ciudad del mañana parte de posturas e intereses a veces encontrados. Es urgente recuperar la reflexión y, sobre todo, el diálogo sostenido entre los distintos actores sociales sobre la esencia misma de la planificación urbana. Se trata de discutir sobre los modelos y formas de hacer ciudad, desde aquellos que desarrollan intervenciones puntuales y coyunturales hasta los que defienden la planificación integral.

El presente ensayo se inicia describiendo los problemas derivados de la falta de planificación urbana y ordenación del territorio en México, y que repercuten en la progresiva pérdida de calidad de vida de los ciudadanos. A continuación, se abre un debate teórico y metodológico sobre las tendencias por seguir en materia de urbanismo y planificación urbana para alcanzar ciudades con calidad de vida. Asimismo, el estudio enfatiza sobre los desafíos a los que se enfrentan los urbanistas y planificadores en el país, reivindicando la reflexión y la búsqueda de un urbanismo mexicano, que dé respuestas a las necesidades locales y brinde desarrollo a las heterogéneas comunidades que comparten el espacio urbano.

Objetivo y metodología

El objetivo general de la investigación es describir los efectos de la falta de ordenamiento en el proceso de crecimiento urbano en México y revisar las distintas propuestas teóricas y metodológicas de planificación urbana y regional en el siglo XXI. Asimismo, se presentan algunos de los retos a los que se enfrentan el planificador y la planificación en este país.

A pesar del enorme avance en materia de urbanismo y planificación urbana, se señala que no existe una verdadera teoría del desarrollo urbano social que permita analizar la cuestión a partir de la metodología deductiva; a lo sumo, se pueden aplicar métodos inductivos descriptivos que conducen a generalizaciones groseras de escaso valor científico (Luzón 2002). Asimismo, existe la necesidad de favorecer interpretaciones objetivas y conscientes de la pasada y presente realidad social y urbana; sin embargo, se produce cierto escepticismo sobre las previsiones asociadas al futuro de las ciudades. También, se considera que los conceptos de desarrollo urbano y calidad de vida están expuestos a cambios culturales, que interactúan forzosamente con los factores socioeconómicos, que dificultan su análisis (Sobrino 1998). Además, se concluye que las mismas metodologías y acciones económicas aplicadas en diversas ciudades mexicanas no producen necesariamente los mismos resultados deseados.

El crecimiento urbano insostenible en México

La aparición y el desarrollo de las ciudades mexicanas han obedecido a decisiones, previamente establecidas, que seguían unos principios teóricos de orden político, religioso, socioeconómico, demográfico, estético, territorial y ambiental (Garza 1985, 1996). Es necesario considerar que en México el urbanismo no es un hecho reciente ni aislado, sino que está vinculado a su propia historia y a las formas de gobierno político-religioso-socioeconómico que dominaron este país, donde se destacaron las civilizaciones pre-hispánicas (aztecas, mayas) y la época colonial española.

En el país la verdadera génesis del problema urbano surge y se radicaliza en el convulso siglo XX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, México abandonó el antiguo modelo demográfico y socioeconómico rural, a cambio de un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el crecimiento urbano e industrial desaforado (Dávila 1998), que ha provocado graves problemas de bienestar, seguridad y convivencia familiar y social (Garza y Schteingart 2010; ONU 2001).

Durante cinco décadas, en el país la consecuencia directa del modelo político neoliberal ha sido un complejo y acelerado proceso de urbanización e industrialización insostenible, junto con una fuerte despoblación y una acusada pérdida de la actividad económica en el medio rural (Gutiérrez de MacGregor 2003). Ambos factores han acentuado los desequilibrios regionales y urbanos, acompañados de un progresivo deterioro social y medioambiental. El resultado de la ausencia reiterada de planificación en el crecimiento urbano han sido el ostracismo de ciudades provincianas y el auge de las grandes áreas urbanas (metrópolis, áreas metropolitanas, zonas conurbadas) con fuertes problemas de calidad de vida.

Entre 1950 y 2010 la tasa de población urbana mexicana pasa del 42,6 al 76,9%, mientras que la tasa de población rural se reduce a menos de la mitad, del 57,4% al 23,1% (Inegi 2010). El acelerado proceso de concentración de la población en las áreas urbanas ha desbordado la capacidad de respuesta gubernamental en planificación, atención y administración de la población.

El país presenta un patrón polarizado de concentración y dispersión de la población (Sánchez 2007). En la actualidad, su población total asciende a 112 millones de habitantes, de los cuales el 44,7% vive concentrado en sólo seis entidades federativas (estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato) (Inegi 2010).

Además, Ciudad de México, con 19 millones de habitantes, se ha convertido en la sexta urbe más poblada del planeta (ONU 2006), y presenta graves problemas de habitabilidad (contaminación, vivienda, tráfico, delincuencia, marginación, pobreza).

La ausencia de planificación ha favorecido la emigración rural de las regiones y ciudades marginales hacia las áreas urbanas desarrolladas e industrializadas nacionales y extranjeras. Precisamente, algunos estudios (Alarcón 2000; Herzog 1991; Pena 2005) indican que en las ciudades de la frontera norte de México (Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo), se está produciendo una urbanización acelerada, con consecuencias negativas para el bienestar de los residentes por la falta de servicios y equipamientos básicos y el incremento de la marginación y delincuencia. Del mismo modo, las ciudades provincianas han padecido los efectos sociodemográficos y urbanísticos de la globalización, y han sido relegadas a un lugar secundario en las políticas públicas frente a las metrópolis y regiones dinámicas (Muro 1998).

La globalización, el fenómeno urbano y la pobreza están íntimamente ligados, sobre todo, en los países en vías de desarrollo, como México. Algunos investigadores (Borja y Castells 1997; Garza 1999; Hiernaux 2001) indican que el aumento indiscriminado de la población urbana ha traído consigo la pérdida progresiva de la calidad de vida urbana y regional. Asimismo, la ciudad actual se ha convertido en el escenario crítico de una sociedad inconforme y consumista de recursos finitos (suelo, agua), donde se abandona el centro y se conquista la periferia, y se crean seres aislados y marginados socialmente (Gilbert y Gugler 1992; Mertins 2000; Pulido 2004). A su vez, el centro de las grandes áreas urbanas se transforma adoptando múltiples formas en espacios no continuos y plurinucleares, en un proceso incesante de expulsión y renovación demográfica, donde se pueden estudiar fenómenos complejos, como el envejecimiento de la población, la migración y la ocupación del espacio por sectores privilegiados, en una constante redefinición de su actividad económica y de valor social (Sánchez 2007).

La aparición y evolución de los asentamientos irregulares están ligadas al problema de la pobreza y la falta de vivienda (Inegi 2000). Durante décadas la ocupación de predios, propiedad comunal, por parte de población con bajos recursos económicos y la permisividad de las autoridades locales han dado como resultado espacios urbanos marginales y sin planificación (García 2001a). En muchas ciudades los asentamientos irregulares se han convertido, a través de medidas populistas, en una moneda de cambio político que sacrifica el ejercicio de la planificación y de la gestión urbana, y con ello, el bienestar del conjunto de la población.

La permisividad pública ha favorecido la urbanización acelerada y la falta de control en el uso del suelo, lo que ha propiciado el aumento constante de los riesgos naturales y de la vulnerabilidad social (Jiménez y Sánchez 2007), ya sea por la ocupación y tenencia irregular de las reservas de suelo urbano (Jones y Ward 1998; Olivera 2001), o por la tenencia regular de zonas de alto riesgo a partir del incremento de actividades e infraestructura de carácter peligroso (Roy 2005).

Muchas zonas urbanas litorales o emplazadas próximas a los cauces de los ríos son espacios expuestos a peligros naturales, como ciclones tropicales y terremotos, lo que agudiza la vulnerabilidad social de la población y frena el desarrollo (Garza, Sánchez y Treviño 2006). La falta de prevención ante riesgos naturales en las regiones en vías de desarrollo (Chiapas, Veracruz, Tamaulipas) (Jiménez y Sánchez 2007; Ritzer 2002) se asocia a la trágica pérdida de vidas humanas, la destrucción periódica de viviendas, infraestructuras y equipamientos, así como a los problemas de acceso a los servicios básicos (electricidad, agua potable, alcantarillado).

Durante décadas, en México las políticas de planificación urbana y ordenación del territorio han servido a los intereses del modelo capitalista, organizando y redistribuyendo las actividades socioeconómicas de las regiones, así como primando, en algunos casos, los intereses del sector privado productivo sobre el interés general. Como resultado de estas políticas, se han creado profundos desequilibrios regionales y han crecido las desigualdades sociales (Boville y Sánchez 2007; Dickenson 1985; Massiris 2002, 2009). No se debe olvidar que la marginación y la pobreza, que padece buena parte de la población, son resultado de la aplicación de políticas económicas y sociales, es decir, del modelo de desarrollo urbano adoptado en la región.

La ciudad actual es un crisol de culturas y de espacios heterogéneos desconectados, donde prevalecen la desigualdad social y la insostenibilidad del modelo económico vigente (Pascual 2008). Cada día las ciudades mexicanas están más lejos de alcanzar los Objetivos del Milenio y lograr una distribución equitativa de los recursos a partir del derecho universal al desarrollo social y sostenible de los ciudadanos. En los últimos años el análisis de los indicadores de progreso social no ha sido lineal, y las tendencias (en promedios nacionales) ocultan las desigualdades sociales entre regiones y grupos sociales (Alarcón et al. 2006). La enorme complejidad del desarrollo sostenible radica en superar definiciones retóricas y posicionamientos inmovilistas, implicando a los grupos vulnerables en la construcción social de sus espacios, por medio de estrategias de resiliencia basadas en el conocimiento de su contexto ambiental (Pascual 2008). Hoy se deben buscar espacios de encuentro para definir nuevos diseños urbanos que integren al ciudadano, pues en él radican tanto la esencia misma de la problemática universal como su solución.

En las últimas décadas se han comenzado a percibir cambios en la forma de entender y dirigir las políticas de planificación urbana y ordenación territorial, que se han traducido en una mejora de las condiciones de vida de la población (Dávila 1998). A pesar de ello, algunos de los grandes problemas urbanos siguen sin ser resueltos, como la migración, la inseguridad, los cambios de uso del suelo, problemas de movilidad y gestión medioambiental, desequilibrios regionales y funcionales, permisividad pública y falta de iniciativa municipal.

A comienzos del siglo XXI, en el país se necesita lograr el entendimiento de lo urbano y lo rural en condiciones de sustentabilidad, un desafío que enfrenta la ciudadanía y que exige un gran esfuerzo planificador del espacio urbano y regional. En este sentido, los expertos abogan por lo "local" como fundamento para el desarrollo endógeno, es decir, el crecimiento urbano local debe propiciar el desarrollo social y territorial de los países (Garofoli 1995; Ruiz 2005).

Hoy el crecimiento natural de las ciudades mexicanas desborda la limitada capacidad de respuesta de sus gestores públicos y la estrechez teórica y metodológica dominantes, supeditadas al discurso oficial y las lecturas preestablecidas. En nuestros días se vive un momento histórico, que exige nuevos planteamientos y metodologías para afrontar el reto de estudiar de manera interdisciplinaria las urbes en el siglo XXI.

Lejos van quedando ya aquellas explicaciones reduccionistas del complejo fenómeno urbano y de sus problemáticas. Hoy la diversidad de los enfoques sobre la ciudad, como realidad fragmentada e inconclusa, nos ha llevado a nuevas denominaciones, para definirla con términos como "Groszstadt" (Simmel 1986), "Megalópolis" (Gottman y Harper 1990), "Edge city" (Garreau 1991), "Metápolis" (Ascher 1995), "Ciudad difusa" (Dematteis 1998) y "Exópolis" (Soja 2000). Todas las interpretaciones aportadas son interesantes, pero a la vez incompletas cuando se trata de aplicarlas al singular espacio urbano mexicano y latinoamericano en el siglo XXI.

En este aparente estado de indefinición y de cierta incapacidad intelectual, es necesario abrir un diálogo pausado y reconciliador sobre las cuestiones de fondo del urbanismo mexicano actual, aterrizadas en la planificación y gestión urbanas. Se trata de alcanzar un urbanismo sustentable que recupere la ciudad para el ciudadano. Un logro que es imposible de culminar sin la creatividad y la libertad del urbanista para aplicarlo, así como su responsabilidad y compromiso social para atender los nuevos desafíos en las próximas décadas.

Propuestas de planificación para ciudades con calidad de vida

Las ciudades actuales son fruto de combinaciones de fenómenos urbanos pasados y nuevos. Los grandes problemas de las ciudades mexicanas no surgen solamente de la insuficiencia de recursos ni de la tecnología, sino de los modelos de desarrollo en que se basa el funcionamiento del sistema urbano (Antón y Díaz 2002). A continuación, se describen las diferentes soluciones aportadas en materia de planificación a lo largo de las últimas décadas, tratando de buscar respuestas a los problemas urbanos y regionales del país. Además, se abre el debate sobre la esencia misma de la planificación urbana, entre aquellos que desarrollan intervenciones puntuales y coyunturales, planificadas por objetivos, hasta una planificación integral.

El crecimiento urbano de México, muchas veces incontrolado y exagerado (Moreno 1994), está motivando una seria y urgente necesidad de abordar los problemas de los espacios urbanos desde el prisma de la planificación y el desarrollo (Mohammad 1993; Saunders 1979). La ausencia de ordenamiento urbano está repercutiendo negativamente en la calidad de vida de la población, por lo que es imperioso reconducir nuestras ciudades y mejorar su imagen mediante programas de regeneración, leyes y normas.

Cuando se alude a la calidad de vida urbana, los ciudadanos perciben y se refieren a una gran diversidad de ideas sobre dicho término, que dependen de aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos y culturales. Asimismo, la percepción subjetiva de la calidad de vida urbana puede diferir entre ciudadanos, y depende de factores personales vinculados a la vida cotidiana (desempleo, soledad, enfermedad). También, la proliferación de investigaciones sobre el tema no ha estado exenta de crítica y falta de consenso en su definición y componentes principales (Chacón y Ornés 2010). Precisamente, se plantea la calidad de vida urbana como un conjunto de propiedades inherentes a una ciudad, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes urbes, y cuya comprensión, como característica intangible, es posible a partir del análisis y evaluación de distintos indicadores cuantitativos y cualitativos, como oferta, precio y calidad de la vivienda; disponibilidad y calidad de las infraestructuras y equipamientos, nivel de contaminación medioambiental, prestaciones de los servicios públicos y preservación del patrimonio histórico, artístico, y del paisaje urbano. El presente y futuro con calidad de vida pertenecerán a aquellas ciudades capaces de vincular a sus ciudadanos con la naturaleza, que posibiliten la participación ciudadana y un verdadero desarrollo sostenible mediante su planificación urbana y regional. Cualquier proyecto colectivo y de futuro de una ciudad de calidad implicará la participación efectiva, tanto de ciudadanos responsables y comprometidos como de expertos en el planeamiento y gestión de la misma (Duque 2010), y la aplicación del conocimiento geográfico en la comprensión de las complejas interrelaciones hombre-espacio (Sánchez, Ledezma y Rivera 2011).

En el mundo, las diferentes evaluaciones sobre calidad de vida han situado a las ciudades mexicanas en posiciones desfavorables, siendo Monterrey la mejor situada, en el puesto 99, de un ranking conformado por 215 ciudades (Mercer 2008). ¿Qué factores impiden el desarrollo de ciudades con calidad de vida en México? ¿Qué modelo de planificación urbana es el adecuado para favorecer ciudades con calidad de vida en el país? ¿Cómo propiciar la participación ciudadana desde el convencimiento de un proyecto común de ciudad? Las respuestas a tan complejas preguntas requieren prescindir de reduccionismos clásicos y de ejemplos de casos de estudio típicos, difícilmente extrapolables, y favorecer la reflexión pausada sobre dichas cuestiones y posibilitar propuestas de planificación urbana para el complejo y heterogéneo universo de ciudades mexicanas.

La relación entre el urbanismo y el gobierno ha sido siempre estrecha y problemática en el país. Sin embargo, muchos expertos (Borja 2003; Ramírez 1995) coinciden en que el urbanismo sin el poder se convierte sólo en un hobby con repercusiones negativas para la sociedad urbana en su conjunto. El urbanismo y la planificación urbana sólo tienen pleno sentido si se dispone de la oportunidad de aplicarlos.

La planificación urbana ha sido utilizada por los gobiernos como herramienta, en su intento por organizar y controlar las actividades socioeconómicas y los problemas sociales derivados del modelo de desarrollo adoptado (Iracheta 1997b). A pesar de ello, los logros de la planificación son parciales y, en algunos casos, han generado nuevos problemas, debido a la imposición que ejerce el sistema capitalista dominante sobre el desarrollo urbano y la ordenación territorial en el país.

El marco jurídico de referencia en materia de urbanismo del que partimos refleja todo un proceso motivado por la expansión urbana, la protección ambiental y, sobre todo, la participación de distintos agentes sociales en cuestiones que afectan directamente a la ciudad y a la ciudadanía. Sin embargo, este proceso de cambios en la legislación urbana se ha visto mermado por la complejidad y las limitaciones en su aplicación (Schteingart y Salazar 2003). Este hecho ha motivado una inoperancia latente de las propuestas de urbanistas y planificadores.

La creciente intervención del Estado en la regulación y planificación urbana y regional se ha basado en el marco jurídico, posibilitado por las reformas de la Constitución federal y las sucesivas Leyes Generales de Asentamientos Humanos de 1976 y 1993. Después de casi cuatro décadas de la primera legislación subsisten graves problemas vinculados a las incongruencias y contradicciones de las leyes, los decretos y programas relacionados con el desarrollo urbano y la ordenación del territorio en México. Asimismo, la crisis urbana se ha agudizado por los problemas estructurales e institucionales de las distintas administraciones públicas (federal, estatal y municipal) en materia de urbanismo, la alta corrupción y los intereses económicos de agentes inmobiliarios.

Algunos expertos (Jiménez 2011) denuncian ciertos retrocesos en materia urbanística desde la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos de 1993, que, a diferencia de la Ley de 1976, permite el laissez faire en la formulación de los planes urbanísticos, ya que posibilita que los promotores urbanísticos realicen propuestas de planificación orientadas a constantes y lucrativos cambios de uso del suelo, amparándose en complejos procesos legales, y auspiciados por la administración. En las regiones en desarrollo la ciudad se ha convertido en un lucrativo negocio inmobiliario que favorece la corrupción, como lo atestiguan numerosos casos desvelados por la prensa, pero escasamente secundados en los tribunales de justicia. De hecho, algunos estudios (Sánchez y Batres 2007) señalan que diferentes proyectos urbanísticos auspiciados por inversores privados, bajo la denominación de turísticos, suponen continuos atentados contra el medio ambiente y suelen contar con el amparo de las administraciones locales, como el proyecto turístico de la laguna del Carpintero, en la ciudad de Tampico, y los diferentes proyectos de la zona hotelera de Cancún, que cada año provocan la degradación de mil hectáreas de manglar protegido. Para poner freno al descontrol urbanístico local, diferentes investigadores (Jiménez 2011) proponen la realización de modificaciones a la Ley de 1993 y el auspicio de una legislación estatal como instrumento de discrecionalidad urbanística y control jurisdiccional sobre los municipios.

La reiterada ausencia de planificación espacial está frenando las posibilidades reales de los territorios y minimizando la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo las posibilidades de expansión de las industrias locales y la implantación de otras nacionales y extranjeras; en definitiva, postergando indefinidamente el desarrollo sostenible. Mario J. Molina, premio Nobel de Química en 1995, indica que los grandes problemas medioambientales, como la contaminación del aire que padecen las metrópolis, como Ciudad de México, requieren soluciones globales e integrales y no soluciones intermedias o parciales (Molina y Molina 2002). A pesar de los compromisos contraídos por el país en las sucesivas cumbres sobre Cambio Climático, como la de Cancún, en 2010, su insostenible modelo económico y urbano lo aleja de los objetivos marcados, al incrementar sus emisiones de efecto invernadero de 329 a 438 millones de toneladas de CO₂ entre 1997 y 2007 (IEA 2009).

Algunos investigadores (Moya 1996) han indicado los principios básicos que deben existir en la práctica de la planificación urbana: la adaptación a las transformaciones demográficas, sociales, políticas, económicas, religiosas y culturales de cada espacio y momento histórico; el establecimiento de un modelo teórico de ordenación que determine la práctica urbana concreta y flexible; la participación de los distintos agentes sociales (gestores públicos, profesionales, empresarios y ciudadanos) en una planificación incluyente y solidaria mediante la sencillez; y el fomento de la gestión urbana por medio de actuaciones estratégicas prioritarias para lograr ciudades sostenibles.

Tradicionalmente, en la academia ha predominado, al menos en lo conceptual, la planificación urbana global, un modelo de ordenamiento jerarquizado del crecimiento urbano más ambicioso en sus metas, que reestructura todo el conjunto urbano al pensar en un nuevo concepto de ciudad a futuro y en la construcción de nuevas extensiones urbanas. Se caracteriza por fomentar políticas de desarrollo urbano ambiental integral a largo plazo (20-30 años) y exigir sistemas económicos fuertes y estables.

El actual modelo económico de México desaconseja por el momento los planes a largo plazo, ya que el sistema está expuesto a cambios que no admiten riesgos desmedidos para una administración. Precisamente, sería necesario un cambio en la Constitución para ampliar la duración de los gobiernos municipales y, sobre todo, la vigencia y estricto cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, así como aspectos relativos a la financiación pública, para minimizar el impacto negativo del endeudamiento de las corporaciones locales. Defendemos la necesidad de dignificar, profesionalizar e independizar el ejercicio de la planificación urbana mediante el establecimiento normativo de la participación directa y coordinada de especialistas en urbanismo independientes en las administraciones locales, estatales y federales.

A continuación, la planificación urbana estratégica responde a un enfoque económico neoliberal que promueve actuaciones en sectores socioeconómicos estratégicos, básicamente terciarios, para propiciar las mejores ventajas en un mundo globalizado y competitivo (Fernández 2004). El modelo está dominado por los mercados externos e intereses de grupos dominantes, y fomenta la especialización y competitividad entre las ciudades. El alto costo social que impone este modelo de eficacia inmediata implica incrementar los desequilibrios territoriales y urbanos (Coraggio 1994), y apoyar la desaparición y alejamiento de las preocupaciones ciudadanas basadas en la solidaridad y la cooperación. Además, este enfoque no aborda de manera sustancial las verdaderas relaciones y sucesiones que existen entre los diferentes sectores económicos, que se producen en un espacio urbano determinado. En este sentido, este ámbito de planificación es parcial y, en ocasiones, sólo prioriza un sector (la industria en Monterrey, el turismo en Acapulco), y no integra ni coordina las acciones con las demás estructuras socioeconómicas del espacio urbano y regional. En el país encontramos amplios testimonios que confirman el desarrollo de grandes proyectos urbanos estratégicos (Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Guadalajara) que a la postre se han convertido en la imagen urbana que se trata de exportar al exterior.

El modelo de planificación vigente en las ciudades mexicanas está favoreciendo los conflictos por el espacio y el orden urbano, la fragmentación socioespacial y funcional de las ciudades (Duhau y Giglia 2004); y está aumentando las desigualdades sociales e incrementando la crispación social y la resistencia civil de movimientos sociales reivindicativos. Este hecho conduce a la politización de la cuestión urbana y su planificación, dominada por los mercados externos e intereses de grupos dominantes.

El modelo de desarrollo está convirtiendo al suelo urbano en mera mercancía especulativa que busca rendimientos inmediatos, sin importar el bienestar del ciudadano; y a la planificación, en artificio de intereses privados que incrementan la desigualdad social y territorial.

Los dos ámbitos de planificación anteriores están sujetos a la sociedad de consumo, un capitalismo voraz, que ha transformado la naturaleza y los recursos en mercancías que atienden a la ley del mercado y no a las necesidades de la sociedad que habita ese territorio. La reciente historia del planeta nos advierte de los graves riesgos que nos atañen, como consecuencia de la depredación de los recursos naturales y del deterioro progresivo de las condiciones ambientales de las regiones.

En la actualidad, muchas ciudades mexicanas padecen los efectos despiadados del individualismo, la competitividad y la improvisación de las soluciones a los problemas urbanos, lo que ha provocado que la planificación urbana sea socialmente cada vez menos justa y solidaria, al favorecer la competitividad entre las ciudades. A partir de ahora, las urbes encaminan sus esfuerzos a competir, cada una con sus medios, y posicionarse en las escalas regional, nacional y mundial. El resultado de esta competencia es el incremento de los desequilibrios territoriales y el aumento de la desigualdad social.

Y por último, la planificación urbana socio-espacio-ambiental se basa en el diálogo sociedad-naturaleza como motor del proceso de desarrollo y producto de la planificación de un territorio que es esencia de las relaciones sociales, donde inciden de manera determinante los aspectos económicos. La preocupación reside en terminar la ciudad existente, solucionando los grandes problemas a partir de una mejor redistribución de la inversión pública y privada en el heterogéneo espacio urbano. Este enfoque es preventivo, en cuanto trata de lograr una planificación sustentable, integral y factible a largo plazo, ajustando las demandas razonables de suelo urbano al crecimiento demográfico y a las demandas sociales (viviendas, plazas, espacios verdes, centros de salud, bibliotecas, escuelas, polígonos industriales, infraestructuras, equipamientos y servicios) de cada espacio urbano. Aquí tienen cabida la rehabilitación de edificios, la adaptación de espacios a nuevos usos, muchos en el centro urbano, antes de pensar en preparar nuevas y costosas extensiones urbanas o periferias. Es necesario recuperar la ciudad, ser congruente con la realidad urbana y solidario con los habitantes de las colonias marginales, evitando los desequilibrios territoriales y disminuyendo la desigualdad social. Es de justicia devolverle a la ciudad sus distintos modos de vida, sus tradiciones, rescatar sus espacios singulares y sus valiosos puntos de encuentro y respeto. Precisamente, en estos espacios la comunidad interactúa, favoreciendo los encuentros intergeneracionales y posibilitando un desarrollo social armónico con el territorio y su medio ambiente.

El cambio de mentalidad social y la presión ciudadana (asociaciones civiles, de vecinos, no gubernamentales) de las colonias obreras de las ciudades están impulsando una planificación que trata de atender las áreas consolidadas, es decir, tanto por medio de la rehabilitación de los cascos históricos degradados como mediante la atención a las extensiones periféricas realizadas en el pasado y carentes de dotaciones y servicios mínimos. Es necesario que la planificación sea menos rígida en sus formas, menos gubernamental, y se aproxime a la realidad de las colonias y a las necesidades de sus ciudadanos. En definitiva, la planificación debe servir a un fin: construir ciudades dinámicas, participativas e incluyentes, adaptadas a las cambiantes exigencias de la sociedad e integradas a su medio ambiente.

Generalmente, la planificación responde a una necesidad de intervenir en la ciudad de manera preventiva y directa, dando solución a los problemas existentes. El ordenamiento urbano debe obedecer a las exigencias que marca la legislación urbanística (Plan, Norma), favoreciendo la defensa y el desarrollo de la colectividad, por medio de la búsqueda del equilibrio social y territorial. Hoy, los planificadores necesitan definir un nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible, basado en la calidad de vida, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para determinar los efectos de planes y de proyectos sobre lugares y las formas de vida de los ciudadanos (Massam 2002).

Somos partidarios y defensores de la planificación basada en una política de ordenamiento territorial y medioambiental (Soms 1986). Creemos en la necesidad de que el planificador debe ser integrador, y la planificación, integradora de las acciones de los sectores económicos y del bienestar social y medioambiental de la ciudad-región (Knight y Gappert 1989). Por tanto, es prioritario que los agentes sociales y sus acciones de gobierno comprendan la necesidad de planificar el territorio y posibilitar el desarrollo regional de México.

Es ineludible favorecer la planificación urbana y territorial con la ayuda de recursos suficientes (materiales y humanos) y una mayor presencia de expertos en los equipos multidisciplinares de dirección en materia de planificación, e incrementar la participación social de la comunidad, sobre todo, de los grupos vulnerables, como las personas adultas mayores (Sánchez 2008). Aquí son importantes las campañas de información, la celebración de talleres comunitarios y, sobre todo, la educación de la ciudadanía en la cuestión urbana. Con ello se busca la revalorización del territorio como soporte de la actividad económica y social: los objetivos de gran visión y las estrategias presentadas se dirigen a la recomposición del territorio como el recurso prioritario para instrumentar el desarrollo social, en donde es fundamental el vínculo con la conservación de los recursos naturales. Para lograr ese objetivo es imprescindible, primero, identificar los principales problemas urbanos que demandan solución; segundo, disponer de la predisposición y de los recursos humanos y materiales necesarios para poner en práctica el ordenamiento deseado, así como la programación temporal de las distintas actuaciones; y tercero, gestionar y ejecutar las distintas acciones programadas de ese planeamiento, mediante una regulación plasmada en un documento o plan municipal.

La planificación debe garantizar el ordenamiento sostenible del crecimiento urbano por medio de una eficaz vigilancia y actuación de las leyes y normas. En este sentido, es necesario conocer la compleja y heterogénea realidad urbana, para realizar un análisis y diagnóstico acertados de la problemática urbana concreta.

El paradigma hermenéutico o interpretativo (Rubio y Veras 2004) aborda el problema de "intentar desentrañar el significado" de la realidad urbana como producto socialmente construido. En la actualidad, diferentes técnicas cualitativas se ubican en esta perspectiva de explicar la realidad social, como los grupos de discusión, las entrevistas en profundidad y aquellas técnicas que se sustentan en el análisis del discurso.

Son necesarias la implementación de un sistema integral de información y la utilización de sistemas de información geográficos (Prol-Ledesma et al. 2002), donde se conjugan información cuantitativa -procedente de las bases de datos de las fuentes oficiales y completada con un minucioso trabajo de campo- e información cualitativa -proveniente de la participación ciudadana (talleres comunitarios, entrevistas y encuestas)-.

La normativa urbana debe integrar en sus decisiones y procesos de redacción no sólo a políticos y técnicos, sino, sobre todo, a la ciudadanía, si queremos construir una ciudad con calidad de vida que busca el equilibrio territorial y social. En la configuración de la misma deben participar sus protagonistas: el gobierno municipal, el planificador y el ciudadano. El gobierno municipal debe asumir la elaboración y coordinación de la planificación de su término municipal, posibilitando la participación ciudadana en materia de urbanismo y la colaboración con otras entidades públicas y privadas, así como garantizando la eficaz vigilancia y actuación de las leyes y normas de planificación vigentes. Por su parte, el planificador debe asesorar a las instituciones federales, estatales y, sobre todo, municipales, proponiendo soluciones sostenibles a los problemas clave del ordenamiento urbano y priorizando el interés de la ciudadanía. Del mismo modo, el ciudadano debe asumir su responsabilidad e integrarse en el proceso de elaboración de los planes y proyectos urbanísticos.

Con este precedente podemos aventurar acertadamente propuestas de planificación urbana sostenibles para resolver los problemas claves. Aquí debemos plasmar las generalidades de la planificación urbana y definir aquellas actuaciones prioritarias en materia medioambiental, de la propia estructura urbana, así como de infraestructuras y equipamientos básicos para que la ordenación se vaya haciendo realidad.

Somos conscientes de que cualquier planificación no puede convertirse en una panacea para todos los problemas que genera nuestra sociedad cambiante en el espacio urbano. No obstante, es importante que en la gestión predomine el interés general sobre el particular. Precisamente, la iniciativa gubernamental (federal, estatal y municipal) debe velar por los intereses de la ciudadanía, sobre todo, de los grupos vulnerables, y mediar en las cuestiones urbanas polémicas, garantizando el cumplimiento y apego a la legalidad vigente en esta materia. Para lograrlo debemos luchar contra la corrupción en todas sus formas de expresión, evitando la falta de iniciativa y la permisividad públicas en la ocupación y en la edificación de la ciudad.

Los desafíos de la planificación urbana en México

El gran desafío del urbanismo y de la planificación urbana en México es garantizar su autonomía, es decir, recuperar de nuevo el poder perdido. El ejercicio de la planificación debe ser consecuente con las necesidades de la sociedad en su conjunto, respetuosa con la legislación urbana, coherente en las técnicas y metodologías empleadas en el proceso de planificación y evaluación, y, sobre todo, independiente de los que ejecutan y desarrollan los planes (García 2001b). En este sentido, en el ejercicio de la planificación aparecen intereses en pugna, por lo que es fundamental yuxtaponer los deseos opuestos de la administración local por planear a corto plazo y los anhelos de los distintos espacios urbanos por ser diseñados a largo plazo.

Los encargados de la planificación deben ser expertos capaces de promover soluciones para tratar de resolver los desequilibrios generados por el acelerado proceso de urbanización en el país, mediante la mejora de la calidad de vida, la organización de los sistemas de actividades urbanas y la conservación y gestión de los recursos naturales (Fernández 2004; Sánchez y Batres 2007). Para ello, es necesario reorientar la discusión sobre el carácter social del suelo urbano y cuestionar la efectividad de las respuestas del Estado frente a problemas como la vivienda y la regulación del espacio urbano (Abramo 2003).

A continuación, se enumeran algunas acciones por desarrollar para una futura planificación urbana en México:

a. Mayor control y vigilancia de las leyes y normas de planificación vigentes (mayor control público frente a la corrupción, la permisividad y la impunidad). ]]> b. Incrementar la participación de la colectividad y la solución de los problemas de la ciudadanía.
c. El planificador debe ser integrador, y la planificación, integradora de las acciones de los sectores económicos y del bienestar social y medioambiental de la ciudad-región.
d. Priorizar que los gobiernos y la sociedad comprendan la necesidad de planificar la ciudad y posibilitar el desarrollo regional de México (mayor educación y cultura sobre ordenación territorial y urbana).
e. Fomentar la puesta en práctica de la planificación urbana y tratar de lograr una ordenación efectiva, dinámica y socialmente sostenible.
f. Adecuar la planificación a los cambios sociodemográficos (envejecimiento, migración) y coordinar las políticas sociales para posibilitar la accesibilidad de los grupos vulnerables (niños, adultos mayores, mujeres) a los espacios y servicios urbanos.
g. Gestionar los recursos económicos y medioambientales disponibles, atendiendo a las prioridades y buscando el beneficio del conjunto de la sociedad.
h. Mejorar la coordinación, colaboración y transparencia entre los diferentes organismos públicos y privados.
i. Favorecer el acceso a los planes de ordenamiento urbano y su consulta pública.
j. Incrementar la duración de los gobiernos municipales y el control jurisdiccional sobre éstos, por su papel primordial en la gestión urbana.
k. Crear Gerencias de Urbanismo (Estados Unidos, Unión Europea) supramunicipales con carácter normativo, para planificar y gestionar el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas. Además, apoyar la creación de Institutos Metropolitanos de Planificación y Observatorios Urbanos de carácter consultivo y participativo en el desarrollo urbano. ]]> l. Evitar la repetición de modelos de planificación urbana "exitosos" en toda la Republica Mexicana y Latinoamérica, ya que, cada urbe y su región requieren planes y soluciones específicos, difícilmente extrapolables.

Todos somos conscientes de la importancia de la planificación urbana en el eficaz funcionamiento de las ciudades, como motor del desarrollo, en sinergia con su región y, sobre todo, al enfrentar las profundas desigualdades de acceso a la vivienda, el equipamiento y los servicios urbanos (Sedesol 2001). Es necesario seguir avanzando en materia de planificación urbana y territorial para realizar una ordenación de los elementos que permita un desarrollo socialmente sostenible. Dicha planificación territorial exige una profunda revisión, no sólo de las bases teóricas y metodológicas de la planificación, sino de su ubicación dentro del campo de la política (Iracheta 1997a). Del mismo modo, es fundamental ser conscientes de la importancia de poner en práctica la planificación y tratar de lograr una ordenación urbana sostenible, susceptible de ser realizada y gestionada adecuadamente por los responsables correspondientes.

Algunos autores (Garza 2004) han denunciado la falta de evaluación y seguimiento de los Planes de Ordenamiento Urbano de muchas ciudades mexicanas (Monterrey, México). Además, se detecta un insuficiente rigor técnico-conceptual en los diagnósticos, pronósticos y estrategias de estos documentos. Asimismo, en el país existe un mal endémico caracterizado por la politización de lo "urbano" y la ausencia de expertos en urbanismo y planificación urbana en puestos de decisión y evaluación de los proyectos en los municipios.

Las ciudades mexicanas no deben seguir sufragando ambiciosos planes de ordenamiento urbano costeados por el erario, que, gestados sin consenso ni aplicabilidad, quedan relegados a costosos y olvidados documentos que se apilan en las estanterías gubernamentales. La falta de coordinación, colaboración y transparencia entre los diferentes organismos públicos ha frenado y, en muchos casos, duplicado la información, al impedir el acceso de investigadores e instituciones públicas ajenos a esos documentos urbanísticos (planes, programas, proyectos). Es importante que los planes de ordenamiento sean de consulta pública, lo que facilitaría y agilizaría la fase investigadora, así como la configuración de los diagnósticos urbanos, que son previos e imprescindibles en la elaboración de cualquier propuesta de ordenación urbana-

Es necesario evitar los excesos en la definición de la normativa urbanística, mediante la facilitación y agilización del texto del documento de planificación, con el objeto de propiciar la ejecución y gestión del plan propuesto. Una medida adecuada es revisar periódicamente dicho plan y adaptar sus objetivos e intereses fundamentales a las nuevas exigencias de la sociedad. La reflexión basada en la generación de conocimiento constante de la dinámica urbana, tanto social como medioambiental, es el mejor vehículo para avanzar en la revisión de la planificación y propiciar soluciones idóneas a los problemas presentes y previstos en cada espacio y tiempo.

Debemos apostar por las ciudades con calidad de vida como meta, tomando conciencia de los problemas derivados de la rápida expansión urbana de décadas anteriores. Para ello se debe priorizar una planificación urbana sostenible que atienda las cuestiones de interés de los ciudadanos y fomente la solidaridad, la cooperación y la participación ciudadanas. Asimismo, la vida cotidiana es un factor clave para explicar la complejidad del tema de la habitabilidad en los contextos ambientales urbanos, como los nuevos enfoques cualitativos de sensibilidad para investigar las complejas relaciones socioespaciales entre las personas y sus espacios habitados (Lindón 2006). En las ciudades mexicanas la vida cotidiana nos muestra la imposibilidad de aprovechar el tiempo para las relaciones sociales y personales, atravesadas por las luchas cotidianas por la supervivencia sin negociación, el individualismo, las jornadas laborales de 66 horas a la semana, la contaminación y los atascos, y el consumo más desorbitado, frente a la pobreza extrema. Todo tiene cabida en la ciudad extensa e insostenible, donde se reproducen las percepciones fragmentadas de la realidad urbana que se pretende analizar (Santos 2004). Es necesaria una planificación urbana y regional que favorezca la vida cotidiana.

Las ciudades son espacios complejos de interacciones so-ciotemporales, donde se difuminan los límites entre lo urbano y lo rural, y que algunos investigadores (Bookchin 1992) han denominado "la urbanización sin ciudad". Lo que fueron ciudades, hoy son espacios rodeados de urbanizaciones interminables, de ciudadanos que buscan la manera de recuperar la ciudad para el peatón, de hacerla nuevamente habitable. Es necesario hacer ciudad a pequeña escala y priorizar la heterogeneidad y creatividad de los ámbitos vecinales de convivencia (colonias), subordinando las metrópolis (Herce 2009; Rodríguez-Villasante 1971). Se trata de reivindicar, de manera incesante, los itinerarios y lugares con identidad y arraigo para la población, es decir, espacios habitados que conforman los escenarios de la vida cotidiana, que son la mejor expresión de la heterogénea sociedad urbana mexicana frente al discurso nacional homogeneizador (Quiroz 2006).

Como defienden algunos expertos (Soms 1986), es necesario hacer menos planes o programas y ejercitar más la planificación, entre otros instrumentos, para favorecer el ordenamiento urbano y combatir los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales. Las bases para su desarrollo deben partir de políticas de ordenación del territorio y medio ambiente, respaldadas por la voluntad y el compromiso de los grupos sociales y empresariales, así como de la existencia de recursos económicos públicos y privados suficientes para desarrollar proyectos y obras de ingeniería, relativas a infraestructuras y equipamientos para cubrir las viejas y nuevas demandas de la población y de las empresas (Massiris 2002, 2009). En este sentido, son prioritarias políticas urbanas orientadas a la inversión pública, el desarrollo de la actividad empresarial, industrial y turística, y que al tiempo permitan un entorno urbano tranquilo, creativo e interesante para el ciudadano (Olmo y Rendueles 2007).

Hoy somos conscientes del papel relevante que van a desempeñar los urbanistas en el siglo XXI, pues sus comportamientos y visiones integrales en la planificación y gestión urbana deben estar enfocados más al proceso ordenado y global (la ciudad y su región), y menos, como ocurre ahora, al proceso espontáneo y parcial de la construcción de las ciudades. Son imprescindibles una cultura de la ciudad que involucre a la sociedad en su conjunto, sobre todo a las minorías, y una madurez política y técnica sobre las cuestiones urbanas (Ramírez 1995).

El proceso de metropolitización que experimentan las ciudades mexicanas y latinoamericanas es un efecto de la evolución histórica y de la complicada interacción de los factores socioeconómicos, políticos y demográficos (Padilla 2001). Diferentes investigadores (Iracheta 1997a) advierten de la necesidad de favorecer el conocimiento y desarrollo de la planificación para permitir un crecimiento urbano local sostenible, que corrija las desigualdades sociales existentes y apoye una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

En los próximos años los sectores públicos y privados del país deben impulsar proyectos socialmente sostenibles en materia de infraestructuras y servicios, para desarrollar las comunicaciones terrestres, portuarias y aéreas; aprovechamiento del agua (potabilización, saneamiento y reciclaje); y apoyo a la inversión en vivienda y el mejoramiento urbano. No cabe duda de que el presente y el futuro de México pasan por canalizar de manera ordenada y, sobre todo, planificada las distintas acciones propuestas para el desarrollo. Aquí, es necesario que los proyectos seleccionados deban estar seriamente respaldos por ejercicios consensuados de planificación, que favorezcan el desarrollo y abatan las desigualdades socioespaciales del país. Para lograr este objetivo es prioritario fomentar la participación ciudadana, así como la formación de expertos en planificación urbana y ordenación territorial.

La planificación debe tener en cuenta que el desarrollo constituye una aspiración legítima de todas las personas, si bien la importancia asignada a cada uno de los aspectos del bienestar puede variar por razones culturales. La tendencia natural es la búsqueda de condiciones de satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida. El desarrollo social de una comunidad urbana implica una expansión sostenible del sistema socioeconómico hacia un mayor grado de bienestar (Luzón 2002). Para lograr la calidad de vida en las ciudades, los distintos agentes sociales deben potenciar la participación activa de la ciudadanía en proyectos de mejora individual y comunitaria, la movilidad social ascendente y la sustentabilidad ambiental, mediante el desarrollo de las capacidades humanas, el ejercicio pleno de sus deberes y derechos y la mejora socioeconómica y tecnológica de la población.

El modelo de desarrollo urbano y ordenación del territorio que necesita México debe configurarse a partir de un proyecto sostenible común, abierto al debate y la reflexión pausada y consensuada, sobre los dinámicos escenarios socioeconómicos y culturales en cada región, y desde las adecuaciones en la infraestructura física, las fuerza locales de trabajo, la estructura sectorial, el conocimiento y nivel organizativo local, las estructuras sociales e instituciones locales y sus recursos endógenos.

Conclusiones

En el último medio siglo México ha constatado un importante crecimiento urbano, siguiendo un modelo de desarrollo económico desaforado: el consumista, que ha desembocado en un aumento de los desequilibrios territoriales y un incremento de las desigualdades sociales, así como en una importante pérdida de calidad de vida en las ciudades.

El conocimiento de los cambios y transformaciones urbanos y territoriales nos permite tener un mayor conocimiento y capacidad para interpretar la realidad, y, sobre todo, para diseñar el futuro. A lo largo de las décadas se ha podido constatar cómo los actuales problemas urbanos son una combinación de los fenómenos pasados y presentes, así como el modelo de desarrollo predominante. Aquí, observamos que este modelo ha provocado un deterioro de la calidad de vida urbana, con repercusiones negativas en las regiones próximas: incremento de los desequilibrios territoriales, aumento de la desigualdad, marginación, pobreza, fragmentación social, delincuencia, inseguridad, incremento de las diferencias en el acceso a los servicios públicos, problemas de tráfico y transportes, ocupación irregular del suelo, problemas de habitabilidad en la vivienda y graves problemas de contaminación del aire y gestión del agua.

Como se ha podido comprobar, a través de los diferentes expertos, la ciudad mexicana está en crisis. Defendemos que los modelos importados de planificación urbana no resolverán la crisis de la ciudad actual sino que, más bien, retrasarán su recuperación. Mientras tanto, los gobiernos se aferran obstinadamente a defender un discurso político, cada vez más carente de argumentos, basado en la improvisación de la planificación, al seguir importando y financiando costosos y lucrativos modelos urbanos "exitosos", y al margen del ciudadano. Deducimos que la distancia entre la teoría de los expertos y la práctica de los gobernantes puede ser el resultado de la incapacidad de la política para ir más allá de la ortodoxia urbana dominante y homogeneiza-dora, de lo que el dinero establece.

Partiendo del cuestionamiento del discurso de la ciudad de calidad, basado en parámetros cuantificables y determinados por el mercado, defendemos el retorno de una política urbana conciliadora y cercana a las colonias como instrumento indispensable para democratizar los diferentes espacios urbanos y hacer partícipes a los legítimos protagonistas: los ciudadanos.

El gran reto de las ciudades consiste en revisar minuciosamente las políticas de planificación urbana, las cuales han sido suplantadas o renovadas de manera parcial. Es preciso atacar con soluciones factibles la grave crisis que afecta al urbanismo y a la legislación urbana en el país, ya que el proceso de planificación vive aquejado no sólo de deficiencias técnicas que afectan a toda la sociedad urbana, sino que, principalmente, está supeditado a un conjunto de intereses ocultos y minoritarios. La solución comienza con la "liberación" e independencia de la planificación urbana, una labor demasiadas veces subordinada a la decisión política. Es urgente que el urbanista recupere y democratice la ciudad perdida.

Hoy estamos en la antesala de una nueva revolución que debe cambiar la manera de construir nuestras ciudades mexicanas de arriba abajo, sustituyendo el paradigma del sistema económico dominante. Si reflexionamos, desde el comienzo hemos sido una comunidad urbana cuya vida cotidiana transcurría a través de complejas relaciones y ensamblajes de personas, familias y vecindarios, y, en cierto modo, estamos regresando a esa idea. Nuestra sociedad urbana se enfrenta a problemas acuciantes de sostenibilidad, lo que la obligará a ser menos dependiente energéticamente y más autónoma y participativa en las decisiones que nos implican a todos. ^

Comentarios

^* Este artículo se deriva del proyecto de investigación "Gerontología ambiental del envejecimiento vulnerable en áreas de riesgo a inundaciones. Retos de la gestión de los riesgos y la planificación gerontológica ante el Cambio Climático" (N° 155757), del CÜNACYT (México).

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Fecha de recepción: 1 de junio de 2010 Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2011 Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2011