Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia: usos y desplazamientos de una noción crítica ^*

Camila Esguerra Muelle - Jeisson Alanis Bello Ramírez

Maestra en Género y Etnicidad de la Universidad de Utrecht, Holanda, y Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia. Investigadora asociada del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género (GIEG) de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: "Saying 'Nosotras': Speech Acts and Collective Lesbian Identities". En Colombia Sexuality, Culture and Politics: A South American Reader, eds. Horacio Sivori, Sérgio Carrara, Jane Russo, Maria Luiza Heilborn, Anna Paula Uziel y Bruno Zilli. Río de Janeiro: Cepesc (2013), 326-345, y la reseña del libro De la cama a la calle: perspectivas teóricas lésbico-feministas de Jules Falquet. Gradúate Journal of Social Science, 2009. Correo electrónico: cesguerram@unal.edu.co

Maestra en Estudios de Género y Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora asociada del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género (GIEG) de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: "Género, belleza y apariencia: la clientela de peluquerías en Bogotá". Revista Nómadas 38 (2013), y "Peluqueros, estilistas y barberos: hegemonías masculinas e identidades laborales en peluquerías y barberías bogotanas". La Manzana, Revista Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, 2012. Correo electrónico: jbellor@unal.edu.co

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res49.2014.02

RESUMEN

Este artículo es una aproximación a las experiencias de formación de políticas públicas en Colombia que han hecho uso de la noción de interseccionalidad, específicamente, las políticas dirigidas a los sectores LGBTI en Bogotá, Valle del Cauca y Colombia. Planteamos un ejercicio analítico de estas experiencias de las que hemos sido partícipes, cada una de nosotras en distintos momentos, y que representan el reto de llevar propuestas de los movimientos sociales y la academia, en particular de los feminismos negros y de color, al escenario estatal. Nuestra participación en la formación de dichas políticas y, ahora, la escritura de este artículo nos permiten buscar porosidades y vínculos en y entre distintos escenarios: el estatal, el académico y los movimientos sociales.

PALABRAS CLAVE

Interseccionalidad, LGBTI, políticas públicas, sexualidad, género.

ABSTRACT

This article offers an approach to the experiences of public policy formation that have used the concept of intersectionality, in particular, those policies aimed at LGBTI people in Bogota, Valle del Cauca and Colombia in general. We propose an analytical exercise of these experiences, in which we have each participated at different times. These exercises have challenged us in terms of bringing proposals from social movements and academia-such as black feminism and feminisms of color, among other actors-to the realm of the state. Our participation in the formation of these policies, and in writing this article, let us seek strategies that allow for movements among different political arenas and discursive practices, illuminating porosities in and linkages among different scenarios: the state, academia and social movements.

KEY WORDS

Intersectionality, LGBTI, public policies, sexuality, gender.

Interseccionalidade e políticas públicas LGBTI na Colômbia: usos e deslocamentos de uma noção crítica

RESUMO

Este artigo é uma aproximação as experiências de formação de políticas públicas na Colômbia que têm feito uso da noção de interseccionalidade, específicamente, as políticas dirigidas aos setores LGBTI em Bogotá, Valle del Cauca e Colômbia. Propomos um exercício analítico dessas experiências das quais temos sido partícipes, cada uma de nós em diferentes momentos, e que representam o desafio de levar propostas dos movimentos sociais e da academia, em particular dos feminismos negros e de cor, ao cenário estatal. Nossa participação na formação dessas políticas e, agora, da construção deste artigo, nos permitem buscar porosidades e vínculos em e entre diferentes cenários: o estatal, o académico e os movimentos sociais.

PALAVRAS-CHAVE

Interseccionalidade, LGBTI, políticas públicas, sexualidade, género.

En Colombia hemos pasado de la criminalización de la homosexualidad -penalización vigente hasta 1980, enmarcada en el proyecto de la Constitución Política de 1886- a una paulatina ganancia de terreno en cuanto a reconocimiento de los sujetos políticos, de derechos y sociales que, desde inicios de los años 2000, empezaron a denominarse, primero, sector social LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas), y de manera más reciente, sectores sociales LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex), en consonancia con agendas internacionales importadas principalmente desde Estados Unidos, que fueron consideradas como lugares estratégicos de acción social, y también fueron idealizadas como modelos progresistas de transformación y visibilización.

Esta progresiva ganancia de reconocimiento se produjo gracias a las luchas sociales de los llamados movimientos gais y lésbicos, feministas, y luego LGBT, pero también debido al marco multiculturalista propuesto por la Constitución Política de 1991, enmarcada en un proyecto político y económico liberal de administración de las diferencias culturales -entendidas como diversidad- y la exacerbación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. Sin embargo, este aparente clima de reconocimiento está atravesado por posiciones adversas muy preocupantes como la persistente amenaza del principio de laicización del Estado, la creciente escalada de violencia contra las personas LGBTI tanto por agentes estatales como paraestatales, y la escasa voluntad política para reconocer y evitar las violencias que se ejercen contra estos sectores.

Es de anotar que estas políticas de reconocimiento no han sido suficientes en cuanto a la transformación de estructuras históricas de dominación que son una talanquera a la redistribución de capitales materiales y simbólicos, de la cual han sido exceptuados las personas y los colectivos de los llamados sectores LGBTI.

Por otra parte, la adopción acrítica de un modelo identitario multiculturalista ha hecho que no se reconozca el cruce de las matrices de opresión de género y sexualidad con las matrices y los sistemas de raza/ racialización/racismo, clase, modernidad/colonialidad, heterosexualidad obligatoria como régimen político, cisgenerismo, sistema etario, segregación y jerarquización territorial, discapacidad física, mental, sensorial y múltiple. Esto ha generado una parcelación identitaria que fragmenta las luchas políticas y debilita la articulación con otros sectores sociales, lo que genera tensiones interculturales que el Estado no parece estar dispuesto a entender, mientras que los movimientos sociales se adaptan a estas condiciones y se enzarzan en una competencia por la atención y los escasos recursos estatales. Con esto no queremos decir que no sea necesario reconocer la especificidad de las reivindicaciones, sino que es necesario ver cómo se constituyen unos a otros los sistemas de opresión en los que se ubican sujetos múltiples. Esta miopía es fácilmente perceptible en la adopción de políticas con enfoque poblacional que reducen a las personas y sus colectividades a una identidad estable marcada por unos cuantos atributos que las definen de manera metonímica.

Sobre este marco complejo de luchas y reivindicaciones políticas proponemos en este artículo una reflexión en torno a los usos, desplazamientos y avatares que ha tenido la categoría epistémica y política de interseccionalidad en las experiencias de políticas públicas dirigidas a los sectores sociales LGBTI en Bogotá, Valle del Cauca y Colombia. Reconstruimos un mapa de la adopción de dicha categoría en diversas experiencias de formación de instrumentos de gestión pública para las personas y los colectivos con identidades sexuales y de género no normativas en el país, con el propósito de evidenciar cómo la interseccionalidad se ha convertido de manera paulatina en una herramienta del Estado para administrar las desigualdades sociales. Dicha adopción no ha sido automática y ha estado atravesada por diferentes controversias tanto dentro como fuera del aparato gubernamental y el movimiento social LGBTI.

En un primer momento, haremos una breve reseña de las experiencias de formación y ejecución de políticas dirigidas a los sectores LGBTI en Bogotá y Valle del Cauca, para luego, en un siguiente apartado, pasar a hacer un análisis más profundo sobre las implicaciones de una perspectiva interseccional en la formación de la Política Pública Nacional dirigida a los sectores LGBTI en Colombia [PPNLGBTI]. Debemos aclarar que hablaremos desde nuestra participación, por un lado, en el trabajo de consulta participativa para la formación de las políticas públicas en Bogotá (Esguerra et al. 2006) y Valle del Cauca (Esguerra y Guerrero 2011),¹ y luego, de manera conjunta, sobre la investigación para la formulación del Marco político y conceptual de la política pública nacional colombiana para la garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI y de las personas con identidades sexuales y de género no normativas (Es-guerra y Bello 2013).

Por último, plantearemos un conjunto de inquietudes personales, políticas y académicas, alrededor de la instrumentalización de la categoría interseccionalidad como discurso disidente dentro de la maquinaria biopolítica del Estado multicultural, y señalaremos algunas posibles líneas de acción política que permitan hacer un uso estratégico de estos saberes insurgentes en un marco progresivo de cooptación, privatización y despolitización de los movimientos sociales.

Las experiencias de Bogotá y Valle del Cauca

A mediados de 2006 se llevó a cabo la consulta participativa para la formulación de la política pública dirigida a los sectores LGBTI en Bogotá. En esa oportunidad la preocupación por cómo se incardinaban sistemas de opresión y, a la vez, distintos locus de agencia, no fue llamada explícitamente perspectiva interseccional; sin embargo, en esa ocasión perseguíamos dos objetivos. En primer lugar, intentamos cuestionar con el grupo de trabajo que finalmente desarrolló el documento técnico (Esguerra et al. 2006), la noción de "endodiscriminación", que obliteraba la operación de unos sistemas sociales de opresión más generales, expresados en racismo, sexismo, clasismo y otras formas de discriminación y fobias sociales, al situar el fenómeno como un problema de falta de educación o carencia en la formación política de las y los activistas o personas en general de los llamados, ya para ese momento, sectores LGBT.

Una de las recomendaciones hechas en el documento final (Esguerra et al. 2006) fue precisamente tener en cuenta para lo subsiguiente del proceso, que el racismo, la xenofobia, el sexismo, el clasismo, entre otros ejes, afectan de manera simultánea la realización de derechos y la construcción y el ejercicio de subjetividades de las personas y colectividades de los sectores LGBTI. Sobre la órbita de este marco interpretativo, se indicó la necesidad de excluir el uso del término "endodiscriminación" y reconocer que las personas de estos sectores estaban imbricadas en estas prácticas de segregación, no sólo como objetos, sino como agentes, y no sólo dentro de esa aparente "comunidad" delimitada por las identidades contempladas en la sigla LGBTI, sino como actores de una sociedad organizada sobre la operación de estos diversos sistemas de clasificación y opresión.

La propuesta de esta perspectiva interseccional hacía temblar, a ojos de algunos participantes de la consulta, la base segura de un sustrato de identidad esencial, que sólo podía estar definido por la llamada "orientación sexual". En esa oportunidad, se comenzó a plantear que la identidad de género tenía una relación vectorial con la identidad basada en la orientación sexual, de tal manera que se pidió a los asistentes participar en grupos según su identidad de género o sexual. También fue introducido, de manera explícita, el reconocimiento del cruce del sistema etario como una matriz que generaba unas formas de opresión específicas. Por esta razón, se conformaron grupos de discusión con personas menores de 18 años y mayores de 60.

Sin embargo, el intento de introducir el asunto de raza o clase no fue muy bien recibido, al igual que el problema del sexismo, aunque experiencias organizativas anteriores -en particular las organizaciones de mujeres lesbianas o trans, dentro de las cuales vale la pena destacar la red Nosotras LBT²- ya habían hecho una denuncia de las formas de misoginia y transfobia que se reproducían dentro de los llamados sectores sociales LGBT, en particular, desde la hegemonía masculina representada por los varones gay. También logró hacerse un reconocimiento de la diferente situación en las redes de poder de las personas con discapacidades, en particular, personas lesbianas, gay y bisexuales sordas.

En esta primera experiencia de formulación de una política pública dirigida a personas de los sectores LGBT logró darse apertura a la discusión de cómo las diferentes matrices de opresión se imbrican para generar distintos lugares de ubicación de los sujetos en las redes de poder. Con posterioridad, dentro de la ejecución de dicha política, y como parte del equipo de trabajo del IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal),³ en el ámbito de las relaciones intersectoriales, se logró introducir una discusión más profunda sobre el asunto de la interseccionalidad, a partir de dos foros llevados a cabo durante los meses de junio y julio de 2011. Uno con los profesores Mara Viveros Vigoya y Franklin Gil, de la Escuela de Estudios de Género (EEG) -llevado a cabo en la Escuela Superior de Administración Pública, con muy poca concurrencia; era de esperarse el poco interés que un asunto apenas conocido suscitaría en la escuela que forma de manera más oficial a servidoras y servidores públicos-, y otro con estudiantes de la EEG de la asignatura "Sistema sexo género postcolonialidad y globalización" (llevado a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, que contó con más asistencia que el anterior, en particular por parte de activistas de los llamados sectores LGBT). El recuento general de cómo fue introducida la perspectiva interseccional a la política LGBT de Bogotá puede observarse en el documento "Balances y perspectivas: política pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI en Bogotá" (Mesa intersectorial de diversidad sexual 2011).

En ese documento se hace evidente que no hay una operación concreta del término; sin embargo, en él se intentó abrir el debate sobre la necesidad de ir más allá de una perspectiva poblacional y de entender que las desigualdades sociales generadas por la heterosexualidad obligatoria y el cisgenerismo prescriptivo son estructuras de poder que afectan a toda la ciudadanía, y que, por lo tanto, deben problematizarse las nociones de "diversidad sexual" y "diversidad de géneros". Estas categorías asumen la sexualidad como una marca que recae sobre ciertos sujetos, y no como un asunto que es de carácter público y macrosocial. A pesar de estos esfuerzos, la comprensión de los sistemas de opresión como ejes articulados, mutuamente constituidos y cómplices, no se aterrizó en la construcción de dicha política.

Ganada esta experiencia en Bogotá, en la formulación de la política pública dirigida a los sectores LGBTI, la experiencia de Valle del Cauca se caracterizó porque se hizo explícito el uso de la perspectiva interseccional (Esguerra y Guerrero 2011). En esa oportunidad, el trabajo se realizó con un equipo distinto que, a partir del piloto de la política pública de Bogotá, ya había logrado una aproximación a la discusión sobre cómo se imbrican las distintas matrices de opresión y de la performatividad discursiva, entendida como el acto de repetir un discurso para ganar autoridad, que se había propuesto de manera deliberada en los espacios intersectoriales de gestión de la política LGBT en la capital.

En la experiencia de formulación de esta política se tuvo en cuenta, incluso desde el momento de la convocatoria, la necesidad de dar voz a distintas experiencias, en donde se pudiera ver el entrecruzamiento entre sexualidad, raza/racialización, etnicidad, edad, género, clase, capacidad/discapacidad. Por esta razón, se propuso un trabajo grupal en cuatro perspectivas, una diferencial (buscaba establecer las experiencias específicas de cada una de las identidades agrupadas en el acrónimo LGBTI), una de derechos (buscaba ver las experiencias específicas de personas de los sectores LGBTI en relación con la realización de derechos), una territorial (que pretendía explorar las tensiones, jerarquías, dificultad en la delimitación rural/urbano) y otra interseccional (dirigida en particular a ver la intersección sexualidad, género, raza, etnia, residencia, edad, clase, capacidad y discapacidad). De esta manera, los asistentes tuvieron oportunidad de participar con distintas personas en la discusión propuesta desde las cuatro perspectivas.

La formación de la política partía de la idea de una situación instalada de vulneración de derechos y recurrentes violencias contra personas y colectivos de los llamados sectores LGBTI. Con el fin de introducir desde el proceso de formación de la política la perspectiva interseccional, se intentó identificar la manera en que se entrecruzan distintas matrices de opresión, por lo menos: la etaria; la de raza/racialización/racismo; etnicidad; clase; género; orientación sexual; ruralidad, y condición motora, mental o sensorial, para buscar alternativas de solución y posicionamientos de agencia en relación con los problemas detectados. Durante las conversaciones se tuvieron en cuenta tanto el consenso como los disensos, pues era importante escuchar las voces de aquellas personas con experiencias divergentes y localizadas.

En el documento técnico resultado de la consulta participativa (Esguerra y Guerrero 2011) -y a partir del cual se redactó el proyecto de ordenanza 490 de 2011,⁴ que buscaba la institucionalizacion de la política LGBTI en el Valle del Cauca-, se concluía que la participación de los sectores sociales LGBTI seguía manteniendo una inercia en cuanto a las tendencias de exclusión por razones étnico-raciales, de género, edad, condición física, sensorial, mental, y exclusión del sector rural.

e. Perspectiva interseccional: se refiere a la mirada que reconoce que en las y los sujetos se intersectan distintos sistemas de opresión: sexo-género, raza/racializacón/ racismo, etnicidad, clase, etario, entre otros, y que, por lo tanto, hay que establecer una visión no poblacional, sino de atención integral y de defensa y protección de derechos teniendo en cuenta la multidimensionalidad de las y los sujetos de la presente política. (Gobernación del Valle del Cauca 2011)

Sin embargo, es importante mencionar que en la ordenanza finalmente aprobada por la Asamblea del Valle del Cauca no se incluyó la desagregación en programas prioritarios diferenciales y con perspectiva interseccional, que sí fueron señalados en la propuesta que realizamos para la consultoría de dicha política. Las propuestas no incluidas fueron las siguientes:

El equipo encargado de hacer la consulta participativa, previendo que habría temas de difícil comprensión en un ambiente de representantes no familiarizados con determinadas filigranas de los debates sociales, diseñó una estrategia de antesala y cabildeo para asegurarse de que las apuestas políticas presentes en las perspectivas rectoras de la política, entre ellas la interseccional, se mantuvieran y sobrevivieran a los debates.

De esta experiencia, para la formulación del Marco Político y Conceptual de la política LGBTI en Colombia (Esguerra y Bello 2013), quedó una preocupación sobre cómo hacer operativo el concepto de interseccionalidad sin soslayar que se trata de una noción compleja, de una aproximación epistémica que no puede ser reducida a procedimientos o herramientas de gestión simples. Sin embargo, vale la pena comparar el salto cualitativo entre una y otra propuestas. El Marco Conceptual y Político de la PPNLGBTI (Esguerra y Bello 2013) propone una ruta operativa y, dentro de ella, unos esqueletos de posibles actos administrativos en los cuales establece lo siguiente, en particular, para la puesta en marcha de una perspectiva interseccional:

]]> Diálogos sociales, diálogos públicos: consistirá en establecer una metodología de construcción participativa de agendas cruzadas y comunes entre, primero, distintos movimientos sociales y el llamado movimiento LGBTI o los movimientos singulares de a) mujeres trans, b) hombres trans, c) mujeres lesbianas y feministas lesbianas, d) hombres gais, e) personas bisexuales, f) personas intersex y, segundo, entre todos estos actores sociales y las instituciones estatales. Estará liderado por el Ministerio del Interior (Esguerra y Bello 2013, 235).

Es posible inferir de estos dos ejercicios la evidente necesidad de hacer transformaciones epistémicas que afecten la manera en que se conciben los sujetos sociales. De esta forma, resulta muy evidente que la incorporación de una perspectiva interseccional a un proyecto social concertado que se refleje y se sirva de maneras de gestión de lo público y caminos para la búsqueda del bienestar y del buen vivir, es una senda larga y compleja que va a requerir desestructuraciones y reestructuraciones de modos de pensar lo público y lo común.

Veremos a continuación las reflexiones arrojadas por el ejercicio investigativo, argumentativo y de imaginación de posibles rutas para pensar y hacer una gestión pública con perspectiva interseccional que tuvo como fin la construcción del Marco Político y Conceptual de la Política Pública Nacional dirigida a los sectores LGBTI. Intentaremos, además, ir más allá de lo que este ejercicio nos planteó, con el ánimo de complejizar el debate sobre la relación entre la noción de interseccionalidad y la gestión de lo social.

Interseccionalidad y Política Pública Nacional dirigida a los sectores LGBTI: posibles aperturas

La Constitución Política colombiana de 1991, que concibe la identidad nacional como pluriétnica y multicultural, de manera paradójica ha dado lugar a una continuidad del proyecto liberal de intervención estatal que interpreta las acciones institucionales, las movilizaciones sociales y los objetivos que rigen las políticas en cuanto a la administración de poblaciones diversas, minoritarias, o grupos vulnerables o en riesgo.

Más allá, podría decirse, siguiendo a Maldonado (2007), que el proyecto multiculturalista de la Constitución de 1991 es una profundización del proyecto liberal, por cuanto oblitera la producción de la otredad como constitutiva de las relaciones coloniales y como sustrato de la desigualdad material y simbólica, y la sitúa, por el contrario, como un asunto de apariencia, que está en un lugar distinto al problema de la redistribución de las riquezas, es decir, a la administración de los bienes simbólicos y materiales de la nación.

Así, el Estado colombiano ha organizado sus políticas públicas en grupos poblacionales: mujeres, jóvenes, niñez, adulto mayor, afrodescendientes, indígenas, personas en situación de discapacidad y sectores sociales LGBTI, entre otros. Esto, en realidad, muestra cómo no hay interés en desmontar el habitus estatal, que se vuelve estructural y estructurante del juego social, no interpela al Estado "blanco-mestizo", heterocentrado, cisgenerista, clasista, etcétera, sino que mantiene su lógica y su juego de producción propios de la alteridad, en lugar de intentar ver cómo en sus propias estructuras y en los discursos multiculturalistas se cuelan los gérmenes que dan lugar a desigualdades en los órdenes simbólico y material. Una alternativa de análisis la ofrece Brown (2006), quien a partir de una noción foucaultiana de poder propone investigar los rasgos del Estado que representan y mantienen la dominación masculina, en particular en el caso estadounidense. La autora propone su análisis a partir de cuatro dimensiones que estructuran esta forma de dominación desde el Estado: la legislativa o liberal, la capitalista, la prerrogativa política y, por último, la burocrática. Estas múltiples dimensiones se entroncan con el sistema sexo género y otros sistemas que están en la base de la reproducción social y del devenir histórico de las sociedades.

De esta manera, podemos ver que dicho modelo de política pública responde a profundas lógicas históricas de dominación cultural, en las que los grupos subordinados son comprendidos como el otro de la nación: un otro discreto, identitariamente delimitado y concebido como radicalmente diferente al conjunto de la población "mayoritaria". El modelo multiculturalista asegura el mantenimiento de esta alteridad que genera la sensación de pluralismo, que, sin embargo, no toca en nada las bases materiales ni simbólicas de las desigualdades.

Esta frontera discursiva entre lo "mayoritario" y lo "minoritario" es ante todo una delimitación ideológica, que sirve como fundamento para la construcción de un gobierno multicultural de las diferencias sociales. En este modelo de gobierno, los grupos dominantes se conciben como no marcados por los regímenes de opresión, y los grupos minoritarios se codifican como colectivos con atributos esenciales e invariables, cuya subordinación es entendida como derivada y a la vez constitutiva de su identidad. De esta forma, las desigualdades sociales se reducen a diferencias identitarias, y las políticas públicas se asumen de forma reduccionista como herramientas para la inclusión de la "diversidad", pero no como instrumentos transformativos que contribuyan a desmontar las estructuras históricas de dominación (Lozano y Peñaranda 2007; Res-trepo 2004; Zambrano y Chaves 2006).

No obstante todo lo anterior, los movimientos sociales han encontrado importantes herramientas para exigir la promoción, el respeto, defensa y garantía de sus derechos a través de las políticas públicas, y en Colombia dichas herramientas han sido decisivas para ampliar los límites de la ciudadanía y el reconocimiento material y simbólico de los grupos minoritarios; este reconocimiento, sin embargo, es problemático, puesto que, como observa el antropólogo Franklin Gil, la perspectiva poblacional deja consecuencias en la manera de representar a dichos grupos, tanto en la forma de hacerse una imagen de ellos como de organizarse para hablar en nombre de ellos (Gil 2011, 89).

Frente a este panorama político, optamos por apropiar la interseccionalidad como una perspectiva y un enfoque críticos de análisis de las desigualdades sociales, para enfrentar las nociones poblacionales, identitarias y multiculturalistas con las que tradicionalmente operan las prácticas de formación de política pública. En el Marco Político y Conceptual de la Política Pública Nacional de los sectores sociales LGBTI apostamos por una comprensión compleja de las desigualdades, en donde las jerarquías sexuales y de género no pueden ser intervenidas desde la política pública, si no se considera su inseparable relación con las jerarquías de clase, raza-etnia, edad, territorio, capacidad física, motora, sensorial, entre otras (Esguerra y Bello 2013).

Las propuestas teóricas y metodológicas que empleamos en la construcción de dicho documento introdujeron, de manera incisiva e indispensable, la interseccionalidad como un vector estructurante de todo el proceso de formación de la política pública. En esa medida, tejimos nexos con otros enfoques (como el de género, el de derechos humanos, el territorial y el diferencial), con el propósito de incitar a las formadoras y los formadores de la política, y a las organizaciones LGBTI, a emprender la construcción de una política pública que elimine el dualismo particular-universal.

Esto implica que, por un lado, esta política necesita ser particular y focalizada, propender a la igualdad y la inclusión de las personas de los sectores sociales LGBTI, pero, al mismo tiempo, debe exigir una radical transformación de lo universal desde una perspectiva crítica y situada de las diferencias sexuales y de género:

Se trata de construir un "universalismo crítico" (noción usada por Mara Viveros en mesa de trabajo) que afecte todas las políticas públicas macrosociales y macroeconómicas, que tengan como principio ético la justicia social redistributiva, en la cual el objetivo final será generar un piso de equidad para todas-os las-os ciudadanas-os (principio igualitario), y a la vez producir un reconocimiento de las historias particulares de opresión con el objetivo de superarlas (principio diferencial). Este enfoque crítico cuestiona el dualismo universal-particular para dar paso a la construcción de políticas públicas que articulen sus acciones desde una perspectiva histórica, interseccional y con un sentido de justicia social transformadora. (Esguerra y Bello 2013, 96)

La incorporación del enfoque interseccional en políticas públicas dirigidas a los sectores sociales LGBTI es relativamente reciente en el país, y, en ocasiones, su adopción entre los encargados de formar las políticas y de ponerlas en marcha, se lleva más como un gesto de corrección política o como un requisito técnico exigido, que se enuncia y no se ejecuta, pues se comprende como un saber poco práctico para la tecnocracia gubernamental (Gil 2011; Hankivsky y Cormier 2010).

Si bien comprendemos que no siempre es posible ni deseable traducir el lenguaje conceptual de los movimientos sociales en el contexto de la gubernamentalidad estatal, sí apostamos por una reflexión profunda de la interseccionalidad como una metodología desestabilizadora. Esta metodología es capaz de modificar la maquinaria estatal de producción de diferencias y desigualdades, siempre y cuando tanto el movimiento social LGBTI como otros movimientos se articulen en la exigencia de nuevas formas de interpretar y objetivar los "problemas sociales", los actores políticos y las políticas públicas.

Con este propósito, en el Marco Político y Conceptual de la PPNLGBTI presentamos un amplio debate sobre la interseccionalidad, donde retomamos los aportes del black feminism, el feminismo de Mujeres de Color y los feminismos descolonizadores de América Latina y del Caribe (hooks 2004; Crenshaw 2002; Collins 1998; Davis 2004; Lugones 2008). Sintetizamos la interseccionalidad como un enfoque y una perspectiva que buscan comprender el funcionamiento de las opresiones entrelazadas como una "matriz de dominación" (Collins 1998), en la cual no existen categorías de poder jerarquizadas o sumadas, sino ejes de poder entretejidos que configuran redes de posiciones sociales estructuradas por la inseparabilidad de las categorías de género, raza, clase, sexualidad, edad, capacidad, entre otras categorías de diferencia (Esguerra y Bello 2013).

Quisimos privilegiar los aportes de Viveros (2009), Collins (1998), Lugones (2005) y Dorlin (2009), en directo diálogo con el trabajo de Kimberlé Crenshaw (1994 y 2002), ya que la noción de interseccionalidad acuñada por esta última autora, cuyo impacto en la administración pública global ha sido bien asimilada, ha sido objeto de revisiones, ampliaciones y críticas desde diversos ámbitos.

Principalmente, planteamos que es preciso superar la comprensión categorial de las opresiones de género, clase, raza y sexualidad, puesto que estas redes no se cruzan, en cuanto categorías separadas y separables. Más bien, las redes de opresiones afectan a los agentes sociales, las estructuras y las instituciones, sin ninguna posibilidad de separación (Lugones 2005, 69). A esta forma analítica de comprender la inseparabilidad de las redes de opresiones, la denomina Lugones (2005) como una lógica de fusión, de emulsión o de trama.

Dicha comprensión segmentada desconoce que las redes de opresión comparten algunos dispositivos comunes de funcionamiento (como la naturalización, la racialización del otro, el uso de la dupla naturaleza-cultura), que estas estructuras de opresión se constituyen mutuamente; que no es posible comprender género y sexualidad en Colombia sin la dimensión étnico-racial (Viveros 2009); y por último, que todas las posiciones sociales, dominantes y dominadas, ocupan un lugar particular en la matriz de dominación, y dicho lugar no es fijo o estable, puesto que las redes de opresión no definen la posición de un agente de una vez y para siempre. La clasificación de una persona en el orden racial, sexual, de clase y de género dependerá de las relaciones que definen su posición en un momento dado y en un campo determinado, y se modifica con la agencia de los sujetos, el tiempo y el espacio (Arango 2007, 37).

La interseccionalidad alienta a ver de una forma diferente todos los aspectos de la política pública, el modo en que se definen los problemas, la manera en que se determina quiénes son los sujetos de la política, cómo son desarrolladas las soluciones y cómo se evalúan. En este sentido, proponemos que este enfoque puede alterar las prácticas de formación de políticas públicas en los siguientes aspectos:

1. Al no jerarquizar las opresiones y al comprenderlas en su vínculo fusionado, las políticas públicas pueden producir un efecto diferente al de la "sectorización" y evitar lo que Hankivsky y Cormier (2010) denominan como la "olimpiada de las opresiones". En estas "olimpiadas", los grupos oprimidos o "sectorizados" rivalizan entre ellos para posicionar su subordinación y recibir apoyos por parte del Estado multicultural. Las políticas públicas con enfoque interseccional pueden ser útiles, siempre y cuando se propongan actuar sobre las matrices de dominación, y no sobre "sectores sociales" alterizados y fragmentados.

2. Es preciso que la interseccionalidad se adopte de forma transversal en todas las instituciones encargadas de formación de políticas públicas; esto permitiría una interlocución más eficaz entre las diferentes instancias de gubernamentalidad estatal y el trabajo articulado en torno a objetivos comunes.

3. La adopción de una perspectiva interseccional para la formación de políticas públicas debe fomentar la participación política de los diversos grupos sociales desde una visión articulada de las luchas y los diálogos entre movimientos sociales y políticos. Destruir la lógica sectorial y diferencialista con la cual operan las políticas de reconocimiento del Estado y los movimientos sociales ha de ser un paso necesario para superar las luchas por identidades o "compartimentos estancos" que se acoplan a la colección de diferencias hechas por el Estado (Esguerra y Bello 2013).

4. La interseccionalidad permite interrumpir el efecto de marcación de los grupos subordinados que se opera a través de la focalización de las políticas públicas. Al pensar que los sujetos de la política son poblaciones problemáticas, vulnerables o peligrosas que requieren apoyo institucional, se deja intacta la lógica de las matrices de dominación y, en ese sentido, se legitima la marca de diferencia que se establece sobre los grupos marginados. La interseccionalidad, sugerimos, debe permitir trabajar de modo provisional con políticas focalizadas que favorezcan, en este caso, a los sectores sociales LGBTI, pero al tiempo debe renunciar a su pretensión otrificadora. La política también debe actuar sobre los "agentes estatales y sociales que requieren ser atravesados por cambios sociales, culturales e institucionales, para dar cumplimiento a los principios de igualdad y universalidad de los derechos humanos" (Esguerra y Bello 2013, 202).

5. En el caso particular de las políticas públicas dirigidas a los sectores sociales LGBTI, la interseccionalidad es una herramienta fundamental para poner de relieve las relaciones de violencia, inequidad y segregación que se establecen entre las diferentes identidades que componen el acrónimo. Los sectores sociales de mujeres lesbianas, trans, bisexuales, personas intersex, hombres trans, bisexuales y gais, son muy distintos entre sí y requieren acciones, planes y programas estatales que reconozcan sus genealogías diferenciadas y operen desde una óptica de opresiones fusionadas, que produzcan cambios culturales y políticos que generen, en últimas, formas de convivencia más equitativas.

6. En esta lógica, la interseccionalidad cuestiona las identidades universales y estables; por lo tanto, retomamos el acrónimo LGBTI como una plataforma de acción estratégica para asumir discriminaciones y reclamar derechos. En ningún momento esta sigla es generalizable para comprender las prácticas, identidades y experiencias de las personas con identidades sexuales y de género no normativas en todo el territorio nacional, principalmente, entre las naciones indígenas, grupos afrocolombianos y sectores rurales. Universalizar esta sigla implicaría incurrir en prácticas de violencia epistémica.

7. Por último, la interseccionalidad pone en crisis el modelo de gubernamentalidad liberal y la administración de poblaciones, y a la vez, por supuesto, las políticas identitarias. A este respecto, podemos citar, por ejemplo, el debate sobre la inclusión de las personas intersex en la política que hemos analizado. Si bien resulta arbitrario agrupar a estas personas con los sectores cobijados por la sigla LGBT, es importante decir que no es menos arbitrario agrupar a personas trans (definidas metonímicamente por su identidad de género) y personas gais o lesbianas (definidas metonímicamente por su identidad sexual). Sin embargo, es evidente que todas ellas (trans, lesbianas, bisexuales, intersex) comparten, en definitiva, una oposición óntica a un sistema sexo género dimórfico, binario y cisgenerista.

Instrumentalización de la interseccionalidad, límites y perspectivas críticas

Introducir los saberes insurgentes de los feminismos críticos para la construcción de gubernamentalidad estatal no es una tarea libre de controversias; mucho menos si tenemos en cuenta que en el actual contexto multicultural, neoliberal y de privatización del conocimiento, los saberes producidos por los movimientos sociales están siendo cooptados por los Estados y los organismos internacionales, con el propósito de institucionalizar las luchas, despolitizar las agendas sociales y reforzar mecanismos de dominación (Alexander y Mohanty 2010; Fischer 2005).

Prueba de esto es lo sucedido en América Latina y el Caribe desde los años noventa, con la institucionalización de la "perspectiva de género". Hablar de género y no de feminismo no sólo implicó una transformación semántica sino también política. Al reducir la "estridencia" crítica de la palabra "feminismo", ésta se hizo más asimilable y, por lo tanto, más fácil de integrar a las instituciones, sin que ello altere el orden de poder masculinista y heterocentrado (Curiel 2006).

El Estado no es un actor neutro en las relaciones de poder, y aunque en su interior existen múltiples luchas y posiciones heterogéneas, su autoridad simbólica ejerce un fuerte influjo, ya sea para perpetuar o redefinir las desigualdades de género, raza, clase y sexualidad. Conscientes de la instrumentalización de los conceptos críticos del feminismo que se adelantan en la arena de la gubernamentalidad estatal, tuvimos que sortear una serie de interrogantes relacionados con la pertinencia de traducir la interseccionalidad, para hablar de políticas públicas dirigidas a los sectores sociales LGBTI.

¿Son incompatibles e irreconciliables los conocimientos insurgentes (la interseccionalidad) con relación a los contextos gubernamentales de formación de políticas públicas? ¿Debemos las feministas, el movimiento LGBTI y otros grupos minoritarios rehusarnos a trabajar en el Estado y con el Estado? ¿Es posible hacer política de cambio y de ampliación de la ciudadanía desde el Estado? Y por último, si el Estado está apropiándose de los conceptos críticos de los movimientos sociales, ¿qué debemos hacer? ¿Le damos la espalda, colaboramos con él o diseñamos estrategias de vigilancia e intervención sobre sus técnicas de gobierno?

Trabajar como parte del Estado en la construcción de instrumentos de gobierno y biopolítica desde la asunción de una perspectiva feminista e interseccional no fue una tarea sencilla, y aun así, no tenemos certeza de que lo dicho altere el rumbo de la PPNLGBTI. Hubo momentos en los cuales nos sentimos frustradas, y fue recurrente la sensación de que los objetivos políticos de la interseccionalidad no son realizables en el seno del Estado. En una ocasión, una funcionaria del Ministerio del Interior nos conminó para que erradicáramos del documento la palabra "feminismo", porque esto le quitaba "seriedad, objetividad y neutralidad" a nuestros análisis. De la misma forma, se produjo violencia simbólica y censura frente a nuestras opiniones cuando señalábamos con datos académicos y con informes de defensores, la sistemática violación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI por parte de instituciones y funcionarios del Estado.

Nos sorprendió que en este marco la categoría interseccio-nalidad no recibiera un trato estigmatizante o de rechazo; paradójicamente, es bien aceptada por funcionarios y activistas, sin importar o sin saber que sus orígenes residen en los feminismos radicales de mujeres de color.

Creemos que la interseccionalidad ha sido aceptada relativamente en diferentes experiencias de formación de políticas públicas LGBTI en el país, no tanto por las demandas que realizan los movimientos sociales de este tipo de aproximaciones, sino porque es un enfoque potable para la administración multicultural (Curiel 2007). La interseccionalidad ha sido entendida, de manera conveniente, como un asunto individual de cruce de identidades estigmatizadas, donde es posible eximir al Estado de su responsabilidad en la reproducción de estas violencias y desigualdades que sustentan las dominaciones intersecadas.

Es posible rastrear esta interpretación entre lo que los sectores LGBTI han llamado "endodiscriminación". Este término se usa de forma acrítica y remite a comprender las discriminaciones de género, étnico-raciales, de clase, edad, entre otras, que suceden dentro del sector, como un "problema intracomunitario", y no un problema afincado en las matrices de dominación y en la incapacidad o inacción del Estado para promover la garantía y el respeto de los derechos humanos.

Quizás, el éxito en la apropiación que ha tenido esta categoría en la gubernamentalidad estatal, por encima de otros conceptos más radicales como los de "fusión", "matriz de dominación" y "simultaneidad de opresiones", se deba a su talante pro institucionalista. Distintas feministas afrolatinoamericanas, lesbianas, autónomas y poscoloniales han señalado las contradicciones políticas del enfoque acuñado por Kimberlé Crenshaw. Una de ellas apunta que en Estados Unidos esta feminista y otros académicos crearon el Instituto de la Interseccionalidad para la investigación y la política⁷ como un centro privado de consultoría para asesorar políticas públicas en diferentes partes del mundo. Este centro de investigación tiene como interlocutores especiales los Estados, los fondos multilaterales y las universidades, no las comunidades oprimidas.

La contradicción yace en lo que Alexander y Mohanty (2010) denominan como cartografías neoliberales del conocimiento, donde se dibuja una jerarquía de saber/poder entre los espacios académicos privatizados, los centros de consultoría, las ONG expertas y los espacios comunitarios. La interseccionalidad poco a poco se ha ido convirtiendo en un concepto técnico de la administración pública para gobernar los grupos "diferentes" dentro del Estado-nación. En esa medida, la instrumentalización ha significado un despojo de las herramientas de lucha de los movimientos sociales y la confiscación de sus saberes emancipatorios y contrahegemónicos.

Sin embargo, creemos que la estrategia que deberían poner en marcha los feminismos críticos, las organizaciones LGBTI y otros grupos oprimidos no es la de dar la espalda a trabajar en y con el Estado. Negarse a intervenir críticamente el campo estatal es asumir una posición ciega de las formas relacionales en que se producen las jerarquías sociales. Con cerrar los ojos ante el Estado no se desaparecen sus efectos en la constitución de la realidad y el orden social. No se trata, en consecuencia, de asumir el Estado como la única arena de transformación social; al contrario, consideramos que éste es un lugar estratégico cuyas representaciones sobre los grupos subordinados pueden ser contestadas, disputadas y objetivadas como sitios de lucha.

Así mismo, es preciso descartar las visiones maniqueas que existen sobre el Estado, ya que si optamos por oponernos a las visiones hegemónicas con las que se construyen las políticas públicas, requerimos concebir el Estado, no como un aparato unitario monolítico que persigue estrategias bien definidas y homogéneas, sino como un campo en movimiento y constante redefinición (Bourdieu 1997). Si observamos desde este punto de vista, podemos prestar atención a las coyunturas políticas que podrían abrir puntos de acceso a través de los cuales los grupos subordinados pueden a veces promover políticas favorables y articuladas desde una movilización interseccional.

Así, la PPNLGBTI puede constituir un sitio de acción crítica y contestación de representaciones estatales, en el cual se negocian las estructuras sexuales y de género que rigen la sociedad, así como la posibilidad de extender una reflexión más amplia sobre las matrices de dominación interrelacionadas.

Nos parece muy sugerente el llamado que Sonia Álvarez (1998) hace a los grupos feministas para conformar estrategias de "veeduría discursiva contestataria" de las políticas públicas y de los ejercicios gubernamentales del Estado. Estas "veedurías" constituyen una estrategia excéntrica que trabaja tanto dentro como fuera del Estado y traslada el ámbito de las políticas públicas al campo de lo social. Lo "social" se entiende como un contexto conflictivo entre interpretaciones rivales de las necesidades de las personas. Es, simultáneamente, una nueva arena de actividad estatal y, de igual importancia, un terreno de disputa política más amplia.

Las veedurías discursivas nos comprometen a reelaborar de forma continua estrategias de vigilancia y discursos contrahegemónicos sobre las políticas públicas y los enfoques interseccionales, de género y sexualidad que adopta el Estado, para evitar que las limitaciones de esas políticas reinscriban marcas de dominación y restrinjan la ciudadanía de los grupos minorizados. Si abandonamos la arena estatal de los dispositivos gubernamentales, coludimos con nuestro silencio e inacción a que las matrices de dominación se instauren como legítimas y deseadas.

A modo de conclusión

El planteamiento de la interseccionalidad o de la matriz de sistemas de opresiones, es sin duda una herramienta política y conceptual potente para entender de manera compleja la configuración política de las sociedades; sin embargo, cuando es puesta en tensión dentro del campo de la acción estatal, supone fuertes contradicciones, precisamente porque los Estados liberales han fundamentado su existencia en la estabilización de un sujeto universal abstracto, a la vez que encarnado en la corporalizacion "apta" de una serie de privilegios de raza, etnia, clase, género y sexualidad, y mediante la agrupación homogeneizadora de individuos en poblaciones o segmentos de población por ser administrados.

Esta tarea indiscutiblemente tiene que estar acompañada de un ánimo contradictor desde los movimientos sociales y un espíritu de cuestionamiento constante por parte de la academia. No se trata de una simple instrumentalización de una noción producida por movimientos sociales que incluso propugnan el cambio total de estructuras y sistemas, entre ellas el Estado; se trata también de poner en juego la capacidad transformadora de ideas que, como hemos discutido, pueden ser, o rechazadas de plano, o fagocitadas por un sistema organizado en la autoconservacion de las relaciones de poder que lo reproducen incesantemente.

El reto consiste en dar poder de infección a este cuerpo teórico e ideológico antes que permitir un uso domesticado de sus apariencias externas. La tarea no es fácil, y el terreno, definitivamente, sí muy movedizo, pero tal vez es un momento para plantearse la capacidad perturbadora que tiene por ofrecer el entretejer distintas estrategias de tres escenarios políticos como son la academia, el Estado y los movimientos sociales.

Comentarios

^* Este artículo es producto de la reflexión lograda luego de la construcción del "Marco político y conceptual de la política pública nacional colombiana para la garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex) y de las personas con identidades sexuales y de género no normativas", elaborado para el Ministerio del Interior (Colombia) mediante contrato 26345-170-2012, otorgado por concurso de méritos.

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Fecha de recepción: 15 de julio de 2013 Fecha de aceptación: 18 de enero de 2014 Fecha de modificación: 10 de marzo de 2014