Vivienda/violencia: intersecciones de la vivienda y la violencia intrafamiliar en Ciudad Bolívar, Bogotá^*

Julieta Lemaitre Ripoll^** – Sandra García Jaramillo^*** – Hernán Ramírez Rodríguez^****

^** Doctora en Derecho por Harvard University (Estados Unidos). Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: The Comparative Fortunes of the Rights to Health in Colombia and South Africa. Harvard Human Rights Journal 26 (2013): 179-216 (en coautoría con Katharine G. Young), e Internally Displaced Women as Knowledge Producers and Users: The View from Colombia. Disasters 37, n° 1 (2013): 36-50 (en coautoría con Kristin Sandvik). Correo electrónico: jlemaitr@uniandes.edu.co

*** Doctora en Política Social por Columbia University (Estados Unidos). Profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes (Colombia). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Socioeconomic Inequalities in Malnutrition among Children and Adolescents in Colombia: The Role of Individual, Household and Community. Public Health Nutrition 16, n° 9 (2012): 1703-1718 (en coautoría con OL. Sarmiento, I. Forde y T. Velasco), y Expectations and Capacity for Performance Measurement in NGO in the Development Context. Public Administration and Development 33, n° 1 (2012): 62-79 (en coautoría con Kathryn Newcomer y Laila El Baradei). Correo electrónico: sagarcia@uniandes.edu.co

**** Estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, Colombia. Correo electrónico: ha.ramirez50@uniandes.edu.co

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res50.2014.09

RESUMEN

En este artículo exploramos el impacto de la propiedad de la vivienda sobre la violencia contra las mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Lo hacemos a partir de datos cualitativos levantados en Bogotá durante un período de un año, entre 2011 y 2012, apoyados en algunos datos cuantitativos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010, que es representativa para la localidad. Concluimos que la vivienda propia tiene un efecto protector porque disminuye el estrés económico, aumenta el estatus de la mujer y facilita la solución del conflicto. Además, según los datos estadísticos, la vivienda propia está asociada, tanto nacional como localmente, a una prevalencia significativamente menor de violencia, con independencia de la riqueza.

PALABRAS CLAVE

Housing/Violence: Intersections of Housing and Domestic Violence in Ciudad Bolívar, Bogota

ABSTRACT

This article explores the impact of self-owned versus rented housing on violence against women in Ciudad Bolívar, Bogota. We used a mixed methods approach based on semi-structured interviews in the locality as well as on observation of domestic violence cases in the locality, between 2011 and 2012. We also analyzed the statistical data of the National Health and Demography Survey for 2010, with representative data for the locality. We concluded that self-owned housing has a protective impact because it reduces economic stress, increases women's status and facilitates solutions to domestic conflict. Furthermore, according to the statistical data, this protective effect is associated, at both the national and local level, to a significantly lower level of violence, regardless of wealth.

KEY WORDS

Violence against women, right to housing, poverty and domestic violence, mixed research methods, Ciudad Bolívar.

Moradia/violência: interseções da moradia e da violência intrafamiliar na Ciudad Bolívar, Bogotá

RESUMO

Neste artigo, exploramos o impacto da propriedade da moradia sobre a violência contra as mulheres na localidade de Ciudad Bolívar (Bogotá). Realizou-se um levantamento de dados qualitativos em Bogotá durante um período de um ano, entre 2011 e 2012, apoiados em alguns dados quantitativos da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2010, que é representativa para a localidade. Concluímos que a moradia própria tem um efeito protetor porque diminui o estresse econômico, aumenta o status da mulher e facilita a solução do conflito. Além disso, segundo os dados estatísticos, a moradia própria está associada, tanto nacional quanto localmente, a uma prevalência significativamente menor de violência, com independência da riqueza.

PALAVRAS-CHAVE

Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza.

Adagio popular

Introducción: pregunta y diseño de la investigación

¿Cuál es el impacto de la pobreza sobre la violencia contra las mujeres en las familias? ¿Son más violentas las familias más pobres? Estas preguntas no tienen respuestas claras en la literatura: para algunos autores, el acceso a recursos propios está directamente ligado a la prevención de la violencia, pero para otros hay factores más importantes hacia los cuales se deben enfocar las políticas públicas, tales como el abuso de sustancias y los estereotipos de género.¹ A pesar de la importancia del debate, hay poca evidencia cuantitativa o cualitativa sobre el tema; los datos cuantitativos que hay no son concluyentes, y los datos cualitativos apenas se acercan al tema del acceso a recursos, sus significados culturales y sus efectos sobre las relaciones de pareja.

Esta investigación parte del conocimiento previo del sentido común de los sectores populares, que afirman que la situación de una mujer con casa propia es superior a la de quien vive, como se dice coloquialmente, "en arriendo". Esta superioridad tiene varias dimensiones: la vivienda brinda seguridad económica en tiempos difíciles, permite destinar la vivienda a la generación de ingresos y genera pertenencia y estatus en el barrio. La vivienda propia, y en especial la existencia de un título legal a nombre de la mujer, se dice, le permite navegar con menos riesgo de naufragio la precariedad de la pobreza.

Ante la solidez de esta lógica, nos preguntamos: ¿Qué sucede a las mujeres que enfrentan la violencia doméstica en casa propia? ¿Están en mejor situación que las mujeres que enfrentan la violencia "en arriendo"? Para adentrarnos en estas preguntas estudiamos la relación entre la violencia intrafamiliar y la vivienda en Ciudad Bolívar, una localidad de Bogotá con altos índices de violencia doméstica, con presencia de propiedad formal e informal, y con una historia compleja de pobreza, violencia y superación. Realizamos 34 entrevistas, cuatro de ellas entrevistas grupales (de 3 a 7 personas) y 30 entrevistas individuales semiestructuradas, tanto con pobladores y líderes comunitarios como con funcionarios públicos que atienden la problemática en la zona.

Además, en el primer semestre de 2011 hicimos visitas semanales de observación a la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, donde observamos el proceso de recepción general y posterior remisión a las diversas entidades que responden a los conflictos familiares y los delitos de violencia intrafamiliar en la zona. Por último, en una serie de visitas en 2012, y con el apoyo de dos líderes comunitarias del sector de Jerusalén en Ciudad Bolívar, hicimos entrevistas a diez pobladoras locales que habían superado problemas de violencia doméstica. Por la confianza que requería la entrevista, la muestra fue de "bola de nieve²", y las entrevistas nos permitieron confirmar algunos datos y profundizar en nuestra comprensión de la relación local entre vivienda y violencia. Transcribimos las entrevistas realizadas, así como los diarios de campo de los estudiantes que participaron en el proyecto, y los resultados fueron codificados manualmente.³

Para establecer si los datos cualitativos podrían ser generalizables, analizamos los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010, en la que, por la generosidad de la entidad que la administra, Profamilia, logramos la inclusión de la pregunta por el tipo de tenencia de la vivienda y el acceso a los microdatos. Con base en estos datos hicimos una regresión logística con la tenencia de la vivienda (propiedad o arriendo) como variable independiente, y la prevalencia de la violencia contra las mujeres como variable dependiente. También hicimos la regresión controlando las variables demográficas de la mujer, su pareja y el hogar que podrían estar relacionadas con la violencia, de acuerdo con la literatura (como el quintil de riqueza y la educación). El resultado fue claro: hay una relación significativa entre la propiedad de la vivienda y una menor violencia contra las mujeres. Esta relación es significativa, incluso, si se controlan otras características demográficas relevantes como educación, edad y trabajo fuera del hogar. Además, este factor protector se extiende en todas las clases sociales y beneficia a cerca de la mitad de las familias colombianas: la misma ENDS (2010) muestra que el 51,3% de los hogares colombianos son propietarios de su casa, proporción que no varía dramáticamente según el quintil de riqueza.

Con estos datos esperamos contribuir a los debates académicos sobre el papel de los recursos en la protección contra la violencia doméstica, con datos sobre el papel protector de la vivienda propia en Colombia. Además, consideramos que estos datos se deben tener en cuenta en las políticas de promoción de vivienda, y en particular, en el apoyo a la vivienda productiva, con el título a nombre de la mujer, o de ambos (la mujer y el hombre). En general, consideramos que hace falta mayor investigación sobre el papel de los recursos en la protección contra la violencia doméstica en Colombia, una pregunta que ha tenido mayor relevancia en otras partes del mundo.

Revisión de la literatura: el papel de los recursos en la protección contra la violencia doméstica

Una revisión de las leyes y políticas públicas nacionales de los últimos años en Colombia muestra que éstas privilegian la intervención estatal, antes que la prevención. Así, las normas y políticas enfatizan las medidas de protección, la creación de delitos y otras formas de intervención de los funcionarios de policía, y, de forma más reciente, la asistencia a través del sistema de salud. Éste es el contenido principal de la Ley 1257 de 2008, que reforma las leyes 294 de 1996, ya reformada por la Ley 575 de 2000 (con énfasis similar a la 1257), así como de las reformas a las leyes penales donde el debate principal ha girado en torno a si se permiten la conciliación y la querella por delitos de violencia intrafamiliar.

El énfasis en la criminalización, protección policiva y asistencia remedial es compartido por el reciente CONPES Social 161 de 2013, que en principio dirige la inversión para remediar la violencia contra las mujeres. Al citar los estudios en los cuales se fundamenta, el CONPES no menciona estudios de efectividad de las medidas, y en cambio se enfoca en suplir deficiencias en la atención en salud y en el acceso a la justicia de las mujeres golpeadas. El único estudio enfocado en la violencia aborda percepciones culturales (tolerancia a la violencia contra las mujeres, realizado por las Naciones Unidas) (DNP 2013, 36). A pesar de ello, uno de los ejes rectores del plan de acción adoptado es el fortalecimiento del acceso a los recursos y la autonomía de las mujeres, sin que sea claro por qué éste es un eje rector, y en qué estudios basan las decisiones de fomentar el acceso a qué tipo de recursos.

En general, en Colombia ha habido muy poco interés en producir políticas y leyes contra la violencia conyugal y familiar basadas en la evidencia, más allá de datos sobre la prevalencia general de la misma, apoyados en datos anecdóticos y en literatura internacional. Así, por ejemplo, hay poco estudio de los factores asociados a la violencia, y éstos tienen escasa incidencia en la producción de leyes y políticas. Tampoco hay mucho interés por sistematizar los resultados de la acción del Estado. Por lo tanto, buena parte del convencimiento de los participantes en los debates sobre estas políticas, sobre todo de los más informados, surge de la literatura internacional, antes que del conocimiento local sobre la efectividad de las medidas tomadas o la etiología del conflicto. El tema de la prevención, y los recursos como factor protector, no tienen prioridad.

Sin embargo, en la cotidianeidad de la atención a la violencia contra las mujeres es claro que el problema de los recursos es central, tanto para la dinámica del conflicto como para las posibilidades de su solución. En nuestro trabajo de observación, así como en las entrevistas a los funcionarios de la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, y al equipo de abogadas de la Alcaldía de Bogotá que llevaba casos con perspectiva de género, fue un tema recurrente. También lo fue para los habitantes del barrio que entrevistamos.

El vínculo entre recursos y violencia contra las mujeres ha sido muy debatido en la literatura, sobre todo la internacional. Para algunos autores, si bien es claro que los grupos más pobres sufren mayores niveles de violencia, los recursos no son el factor explicativo más importante: la pobreza, en lugar de ser causa, refleja otros factores asociados también a la violencia. Por ejemplo, se dice que los mayores determinantes de la violencia son el abuso de sustancias (en el maltratador) y la historia de violencia en el hogar de origen (de la víctima), ambos relacionados con la pobreza pero no causados por ésta (Ribero y Sánchez 2004; Buzawa y Buzawa 2013).

Sin embargo, otros autores argumentan que los recursos sí cumplen un papel, por lo menos en la mayoría, si no en todos los conflictos de pareja que son violentos, y donde generalmente el hombre maltrata a la mujer. En Estados Unidos hay una nutrida literatura que defiende el papel protector de los recursos en la violencia contra las mujeres tanto en ese país como en otros países del mundo.⁵ Esta protección tiene por lo menos tres aspectos: los recursos fomentan la autonomía femenina, alivian el estrés por factores económicos y asisten en la superación de la violencia. A continuación se analiza cada uno de estos aspectos.

La razón por la cual se argumenta que los recursos son factores protectores contra la violencia doméstica, es porque fomentan la autonomía femenina: las mujeres con mayores recursos propios tienen mayores opciones al enfrentarse a situaciones violentas. La falta de recursos, por el contrario, está ligada a la vulnerabilidad frente a la violencia, agravada por las deficiencias de las políticas públicas (Raphael 2009; Renzetti 2009; White 1993). Además, la autonomía femenina es particularmente importante si se acepta la definición de la violencia conyugal promovida por Stark (2007), según la cual ésta es parte de un continuum de control cuyo objetivo es limitar la autonomía de la mujer. Lógicamente, los recursos propios, o la ausencia de éstos, y la disputa por el control de los recursos familiares son parte importante de esta dinámica.

Sin embargo, es complejo afirmar que los recursos por sí mismos proveen autonomía, o que su ausencia la disminuye. Son evidentes los múltiples problemas, por ejemplo, que surgen para las mujeres que teniendo recursos no logran traducirlos en mayor autonomía o menor violencia. Consideramos que los recursos en sí mismos deben tener ciertos significados culturales para ser protectores, es decir, dentro del grupo al cual pertenece la mujer debe compartirse la idea respecto a que las personas que poseen ese recurso deben ser más autónomas en sus decisiones.

La importancia de los significados culturales para entender la relación entre recursos y autonomía lleva a algunos autores a enfocarse en el estatus, en lugar de los recursos. Así, la definición de estatus como la capacidad de manipular el entorno (Dyson y Moore 1983) señala directamente la posibilidad no sólo de autonomía sino de poder de decisión, poder que puede estar o no ligado a los recursos. Elizabeth Mogford (2011), por ejemplo, usa datos de la Encuesta de Salud Familiar de India para explicar la relación entre estatus y violencia doméstica en Uttar Pradesh. Concluye que las mujeres que contestaron afirmativamente a las preguntas sobre autonomía (por ejemplo, en la decisión sobre gastos) tienen menos posibilidades de ser víctimas de violencia, pero esta protección no se extiende a las mujeres que trabajan por fuera del hogar. Las razones son culturales: los indicadores de autonomía en ciertas culturas (como el trabajo fuera de la casa en las clases medias europeas y norteamericanas) pueden generar estigma en otras culturas (como en los lugares de India donde estar por fuera de la propia casa con frecuencia es motivo de vergüenza). Es decir que la forma como los recursos generan autonomía depende de la cultura y del contexto, y no es una propiedad de los recursos en sí mismos (Koenig et al. 2003; Jejeebhoy 2002; Jejeebhoy y Cook 1997; Jejeebhoy y Sathar 2001).

Recursos y estrés económico

Una segunda razón para considerar que los recursos son un factor protector es que alivian la inseguridad económica y sus angustias, así no alivien la pobreza medida en indicadores de bienestar material. En Estados Unidos varios autores han señalado la relación existente entre los problemas económicos, el estrés asociado a éstos y la violencia conyugal (Benson y Fox 2004; Renzetti 2009). También han examinado la relación entre clase, raza y violencia, pero tampoco es claro cómo funcionan las intersecciones de raza y clase y cuál es su dimensión cultural (Sokoloff y Dupont 2005). Los estudios en Estados Unidos también han señalado otras relaciones entre violencia y pobreza, por ejemplo, el hecho de que con independencia de la pobreza de la familia como unidad, la violencia familiar está ligada a la pobreza del barrio o sector en el que vive (Benson et al. 2003; ver, en Chile, Rodríguez y Sugranyes 2005). En todo caso, parece ser claro que hay una relación por explorar entre la pobreza y la violencia contra las mujeres.

Recursos para la superación de la violencia

Una tercera razón para pensar que los recursos tienen un impacto sobre la violencia conyugal es que, a mayores recursos, mayor es la capacidad de las mujeres de superar la situación violenta. En Colombia, frente a los datos que muestran un mayor riesgo de violencia para las mujeres que trabajan fuera del hogar (Hincapié-Marín 2011; Gáfaro e Ibáñez 2012), se señala que el trabajo independiente puede ayudar a negociar mejores términos en la relación de pareja, y a la posibilidad de terminarla. En Estados Unidos algunos estudios demuestran, además, que la pobreza impacta directamente el bienestar psicológico de los sobrevivientes de violencia doméstica, generando dificultades para superar las situaciones violentas (Beeble, Bybee y Sullivan 2010).

Garantizar una vivienda segura, además, es de importancia central para poder superar la violencia (Hirst 2003; Menard 2001; Riccardi y Gómez 2010). Si bien hay poca información sobre el tipo de tenencia de la vivienda (arriendo, propia o subsidiada) que es deseable para superar la violencia, sí hay estudios que muestran, por ejemplo, que en Estados Unidos hay un vínculo entre vivir en arriendo y mayor violencia doméstica (Rennison y Welchans 2000). Además, la titularidad de la vivienda a nombre de la mujer puede incluso disminuir la violencia: un estudio muestra que cuando el subsidio de vivienda está sólo a nombre de la mujer, esto le permite negociar relaciones menos violentas o incluso relaciones de pareja sin violencia (Lawson-Clark, Burton y Flippen 2011).

Sin embargo, hace falta profundizar en el papel de la vivienda como recurso. Los siguientes apartes de este artículo exploran el papel que cumple la propiedad de la vivienda en las mujeres de Ciudad Bolívar, y cómo ésta puede proteger de la violencia conyugal, de formas acordes con la literatura internacional, pero ilustrando la especificidad local.

La garantía de una vivienda segura ha sido central para el movimiento internacional de mujeres, que le ha dado forma a la respuesta estatal sobre la violencia contra las mujeres. Su preocupación central no ha sido el acceso a la vivienda propia, sino la vivienda como refugio de mujeres golpeadas, ya sea a través de albergues, vivienda de emergencia o subsidios. El imaginario en estos casos se concentra en aquellos de extrema violencia física y/o psicológica, donde es necesario encontrar un lugar seguro.

Así, la importancia de la vivienda está planteada desde el origen mismo del movimiento internacional como un problema de albergues (Schneider 2002; Schecter 1982). Este interés por la vivienda se ha extendido en los países norteamericanos y europeos a los problemas de discriminación que sufren las mujeres golpeadas por parte de los arrendadores (Hirst 2003; Lapidus 2003). Otros han señalado, dentro de los programas de vivienda subsidiada, la vulnerabilidad de las mujeres golpeadas (Raphael 2000), así como el vínculo entre violencia doméstica e indigencia (Pavao et al. 2007). En Estados Unidos esta relación es bastante fuerte: más de la mitad de las mujeres que viven en la calle en Estados Unidos fueron víctimas de violencia en el hogar (Browne y Basuk 1997), y más de la mitad de todas las mujeres que reciben asistencia pública fueron alguna vez víctimas de violencia doméstica (Lyon 2002). Por ello, los activistas se han concentrado en la provisión de albergues y subsidios de vivienda para mujeres golpeadas (Hammeal-Urban y Davies 1999; Correia y Rubin 2011; Menard 2001). Incluso, algunos académicos y activistas han insistido en que la vivienda es un derecho fundamental de las mujeres golpeadas (Paglione 2006; Riccardi y Gómez 2010), y en que se debe exigir como tal.

Sin embargo, en la literatura internacional ha habido poco interés en el tema de la propiedad de la vivienda (en lugar del arriendo, el albergue o el subsidio). Esta falta de interés se puede explicar por la presunción respecto a que la propiedad de la vivienda es un factor más de la riqueza, y de alguna manera reservada a las clases medias y altas. En esta medida, no tiene sentido estudiar la propiedad de la vivienda como un factor distinto a la riqueza.

Esto puede ser cierto en los países más ricos, pero no es cierto en los países que, como Colombia, tienen una alta incidencia de la propiedad de la vivienda, formal e informal, entre los pobres. De hecho, cerca de la mitad de los colombianos son dueños de su vivienda, sin importar el estrato. Según la ENDS de 2010, el 48,1% de las mujeres en edad reproductiva en Bogotá, y el 51,3% de colombianas, viven en casa propia. La propiedad de la vivienda, además, no refleja los quintiles de riqueza, ya que se encuentra de manera relativamente uniforme en todos ellos.

Es importante señalar que la vivienda propia, formal e informal, es más que un recurso económico que se pueda transformar en una suma fija de dinero al venderla o hipotecarla. Es decir, su valor depende no sólo de la posibilidad de convertirla en una suma fija de dinero. La vivienda, en especial la vivienda de autoconstrucción, a menudo es además una vivienda productiva, que permite generar ingresos a través de sus varios usos, como el arriendo de piezas o el tener locales o talleres con negocios. Además, tiene otros aspectos sociales, como la generación de redes de ayuda mutua. A continuación se describen los muchos aspectos de la vivienda como recurso en la localidad de Ciudad Bolívar, tanto de la vivienda formal como de la informal.

Resultados de la investigación cualitativa en Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar es una de las localidades más pobres de Bogotá, asociada en el imaginario de la ciudad al poblamiento informal y a la violencia. Cuenta con una zona plana de poblamiento formal que despegó en los años ochenta con la construcción de viviendas de interés social en la zona inicialmente conocida como Candelaria la Nueva, y una zona montañosa circundante. La zona montañosa, originalmente propiedad de antiguas haciendas, fue poblada de manera informal por cientos de miles de personas, muchos inmigrantes del campo, en la misma época que se inició la construcción de la vivienda de interés social en Candelaria la Nueva.

Las montañas de Ciudad Bolívar fueron epicentro en los años ochenta y noventa de un intenso poblamiento. De la mano de empresarios de la urbanización ilegal, las familias pagaron por lotes donde construyeron viviendas, a menudo con materiales inapropiados como tela asfáltica, madera burda, lata y papel periódico. No tenían servicios públicos ni vías de acceso, y tuvieron numerosos enfrentamientos con la Policía; la zona se convertiría también en el escenario de disputas entre pandillas, que le darían un nombre siniestro a la localidad (Alape 1995).

Pero con el paso del tiempo la violencia disminuyó, y las casas se fueron convirtiendo, a través de la autoconstrucción, en viviendas sólidas de cemento, ladrillo y concreto de dos a cuatro pisos, con todos los servicios públicos. En colaboración con las Juntas de Acción Comunal, y luego con el gobierno de la localidad, la ciudad trajo no sólo los servicios públicos, sino también el equipamiento urbano, incluidos colegios, vías pavimentadas y parques, y muchos pobladores legalizaron sus títulos. Sin embargo, otros continúan en la informalidad, sin que ello les genere mayores obstáculos, fuera de un menor valor de la vivienda en un activo mercado informal, donde las casas se anuncian "con" y "sin" escritura (Rico 2009).

La vivienda propia como alivio del estrés económico y la inseguridad

La primera explicación que tomamos de los datos cualitativos sobre el efecto protector de la vivienda hace referencia a su papel como alivio del estrés económico y la inseguridad. Así, la casa propia permite sobrevivir en situaciones difíciles, tales como el desempleo, la enfermedad de un miembro de la familia o el fin de una relación de pareja, sin por ello descender a la indigencia. Esto es especialmente cierto de la vivienda de autoconstrucción que no tiene créditos pendientes. Con la vivienda asegurada, los pobladores pueden dedicar recursos escasos, incluidos recursos de crédito pequeño con prestamistas y tiendas, a resolver necesidades urgentes como la comida, los materiales para la escuela y las medicinas. En tiempos de bonanza el dinero adicional se destina al mejoramiento de la vivienda, no sólo para vivir mejor, sino para ampliar sus posibilidades de generación de ingresos.

Parte de la explicación del factor protector de la vivienda frente al estrés económico radica en la relativa carestía del arriendo: el arriendo de dos piezas con baño, cocina y el cuarto de ropas compartidos, un esquema común, costaba en 2012 entre $200.000 y $400.000. Es decir, que el arriendo fácilmente ocupa la mitad o más de los ingresos de una familia, generando la necesidad de tener más de un adulto trabajando. Hay que tener en cuenta que en el año de esta investigación, 2012, el salario mínimo, incluidos prestaciones, seguros, transporte, etcétera, estaba alrededor de $700.000, de los cuales el trabajador recibía $569.000. Por ello, el arriendo es una carga muy pesada en la economía doméstica de las personas pobres, incluso para los que logran asegurar un empleo formal con salario mínimo.

Además de aliviar la inseguridad económica, la casa propia brinda una mayor autonomía en la vida cotidiana, ya que el arriendo puede someter a los arrendatarios a incomodidades y humillaciones. Los contratos de arrendamiento son verbales y se suelen negociar frecuentemente, casi siempre para beneficio del propietario. Los propietarios, que suelen vivir en el mismo inmueble, controlan el uso de las zonas y los recursos compartidos como la cocina, la luz eléctrica y los baños. Si no hay un registro independiente del gasto de luz y agua, el arrendatario debe pagar una proporción preestablecida o una suma fija por los servicios, y éstos están fuera de su control. La convivencia de diferentes núcleos familiares con niños pequeños en espacios compartidos se presta para numerosos conflictos. Es frecuente que pesen sobre los arrendatarios restricciones de comportamiento, tales como límites a la cantidad de ruido que pueden hacer los niños, el tipo de electrodomésticos que pueden usar (incluidos la prohibición de calentar agua para el baño o usar duchas eléctricas, por ejemplo), o límites sobre el tiempo de duración de la cocción de alimentos o de uso del baño.

Por lo tanto, no vivir en arriendo, incluso si la casa propia tiene pocas comodidades, se considera una mejoría significativa de la calidad de vida.⁸ Y para el trabajo doméstico, la casa propia es un recurso muy importante: primero, porque pagar arriendo a menudo obliga a que todos los miembros adultos (y, a veces, los menores) de una familia trabajen fuera del hogar, lo cual dificulta la atención de los niños pequeños y otras tareas de cuidado que realizan tradicionalmente las mujeres. En cambio, el hecho de tener casa propia no sólo alivia la presión sobre la mujer que vive con su pareja de tener un trabajo fuera del hogar, sino que le permite también encontrar formas de combinar las labores de cuidado con la generación de ingresos a través de pequeños negocios con tiempos flexibles. Asimismo, mejora la situación de las madres solteras, pues alivia la presión sobre los niños y niñas mayores de trabajar, y le permite a la madre mantener la independencia afectiva y económica frente a una eventual pareja que no es el padre de los menores.

La casa de autoconstrucción a menudo se convierte en una fuente de ingresos a través del alquiler de piezas o apartamentos y otras actividades generadoras de ingreso. Las mujeres que entrevistamos, por ejemplo, habían encontrado fuentes de ingresos en actividades tan diversas como cobrar por el uso de un baño público, vender minutos de celular, vender comida, bebidas y papelería en pequeñas tiendas, cultivar comida y tener gallinas en la azotea, alquilar espacio para parquear un carro a un vecino, lavar la ropa de otras personas en su casa. La casa propia de autoconstrucción, bastante más grande que la de interés social, permite el alquiler de piezas, y, por lo tanto, la presencia de relaciones amistosas, controladas por la dueña de la casa, con arrendatarios y familia extendida, que pueden ser una fuente de ayuda, consejo y pequeños préstamos. Todo lo anterior explica por qué, por lo menos en la opinión de los pobladores locales, la casa propia protege a la mujer contra la violencia conyugal.

La vivienda como estatus y la autonomía que brinda a las mujeres

Hay otras razones que no fueron identificadas directamente por los pobladores, pero que inferimos de la forma como hablan de las casas, y de las historias que cuentan sobre su construcción. Las casas, en especial las casas de autoconstrucción, tienen un valor que no es sólo monetario: también generan estatus para sus dueñas.

Por lo tanto, parece razonable argumentar que las mujeres que viven con su pareja y tienen casa propia generalmente están en una mejor posición para influir sobre su entorno y evitar la violencia, que las que viven en arriendo. Esto tiene que ver con la autoestima: una mujer no sólo tiene mayor estatus porque tiene casa propia, también su imagen de sí misma como alguien de valor se ve reflejada en tener su propia casa, su propio menaje doméstico de muebles y demás enseres domésticos. Tener esta propiedad, y cuidarla apropiadamente, es el reflejo de ser alguien respetable, una fuente de orgullo y de amor propio que además facilita la solución del conflicto actuando como factor emocional protector.

La vivienda propia y la solución de la violencia

Por último, la casa propia permite a las mujeres en relaciones conflictivas encontrar diversas soluciones a la violencia. La solución ideal para algunos de los funcionarios y líderes comunitarios entrevistados es que el padre entregue su parte de la casa para cubrir su parte de la cuota alimentaria de los hijos. Esta solución es deseable por la prevalencia de la inasistencia alimentaria al irse el padre del núcleo familiar. La importancia económica de la vivienda es tal, que también se reportan casos en que la mujer, al quedarse en la casa, debe entregar al padre el excedente de dinero que produce, por ejemplo, el arriendo de un local. Aun así, la mujer conserva la seguridad económica de la vivienda.

También son comunes las soluciones intermedias entre el divorcio y la convivencia en pareja, soluciones que disminuyen el nivel de conflicto y, en ocasiones, eliminan del todo la violencia. Las mujeres con casa propia negocian un espacio propio, mudándose a otra parte de la casa o pidiendo a su pareja que lo haga. La percepción en la comunidad es que esta cohabitación en habitaciones separadas es común, y los funcionarios de la Casa de Justicia comparten esta percepción. Dos de las diez mujeres pobladoras que entrevistamos habían superado la situación de violencia con esta modalidad de separación, llegando a una convivencia que, si bien a menudo era tensa, había dejado de ser violenta.

También parece haber un consenso implícito en la zona respecto a que cuando una familia tiene una casa propia, el hombre razonable⁹ deja la casa a su esposa e hijos, en vez de echarlos. Desalojar a los propios hijos y a la madre de éstos de la casa implica un reproche social mayor, incluso, que el de la esporádica violencia física; si bien un hombre razonable puede en ocasiones ser violento, también puede ser persuadido de irse o de mudarse a su propia habitación.

Sin embargo, irse de la casa es un gran sacrificio para el hombre que no tiene otros recursos o ahorros que la casa, y es común en las narraciones de conflictos que los hombres por años vivieran parte del tiempo en la casa común, o que conservaran las llaves, en especial si no tenían otra familia. Esta presencia del hombre estaba asociada al rol tradicional de ser el hombre o el señor de la casa, generando múltiples tensiones que en ocasiones desembocaban de nuevo en agresiones. Es decir, que las soluciones que provee la casa, si bien son una mejoría, no siempre representan la terminación del conflicto o incluso de la violencia.

A pesar de esto, es claro que entre funcionarios y pobladores existe el consenso respecto a que ante la violencia doméstica las mujeres que viven en casa propia están en una situación superior, no sólo porque tienen menos estrés económico, sino porque pueden con mayor facilidad forzar la terminación de la relación de pareja. Esta terminación es comprendida como parte del ciclo de violencia -una solución a la que eventualmente se llega-, y mientras más rápido se llegue a dicha terminación, menor violencia se sufre.

Es importante insistir en que la mujer está en una posición más fuerte para superar la violencia cuando el documento de propiedad de la vivienda indica que es propietaria. En nuestra investigación encontramos que este efecto se da incluso cuando el documento no es un título válido legalmente, sino que se trata de un título informal garantizado por una promesa de venta. Como los títulos informales son respetados en la zona (Rico 2009; Bonilla 2006; Hataya 2010), la mujer puede mostrar el título e impedir que su pareja venda el bien sin su consentimiento, o que la eche de la casa. Tiene la seguridad de que el lugar le pertenece, y es también una fuente de emociones positivas sobre su propio valor y posibilidad de autonomía, emociones que son importantes al negociar su relación de pareja.

La excepción: la violencia de los terroristas íntimos

Según Johnson (2008), la violencia situacional se da en episodios vulnerables a factores contextuales como el estrés económico y la erosión de la confianza en la pareja. Es una violencia que suele escalar de forma cíclica hasta el fin de la relación, y si bien suele ser protagonizada por el hombre, no excluye que la mujer en ocasiones agreda, tanto con palabras como con hechos, en defensa propia o en retaliación. El mismo hombre puede tener otras relaciones sin violencia, y la mujer puede resistir y cambiar su situación de victimización.

El terrorismo íntimo, en cambio, se caracteriza por la extrema y persistente crueldad del agresor y su insistencia en eliminar toda posibilidad de autonomía de su víctima. En estos casos es muy poco probable que haya resistencia, e incluso la capacidad de terminar la relación se disminuye de forma dramática. También es una violencia por lo general impermeable a los recursos económicos. Estos casos confirman la afirmación de Buzawa y Buzawa (2013) sobre la presencia de otros factores más importantes que los recursos para predecir la violencia doméstica, como son el abuso de sustancias, el haber sido víctimas de maltrato en su propia infancia, y la historia de violencia en la comunidad.

Para las líderes comunitarias, así como para los funcionarios públicos y algunas de las pobladoras que entrevistamos, cuando un hombre es "loco" o poco "razonable" en su violencia, correspondiendo a la definición de terroristas íntimos, no hay forma de detener la violencia. Sugieren que estos hombres llegan a matar a sus mujeres con el tiempo y afirman que la única solución en estos casos extremos es huir, y que al intentar huir se arriesgan a ser asesinadas. Las mujeres no se atreven a dejar a estos hombres, no sólo por problemas económicos, sino por las razones de destrucción psicológica, bien documentadas en la literatura. El recurrir a las autoridades, si bien se apela como un problema prescriptivo (lo que deberían hacer las mujeres es denunciar), no incluye la descripción de una respuesta oportuna de las mismas, y más bien las entrevistas hacen referencia a la incapacidad del Estado para identificar y sancionar estos casos a tiempo.

Algunos de los datos obtenidos a través de la investigación cualitativa se confirman con la ENDS y sus datos de prevalencia de la violencia. Sin embargo, otros factores mencionados a menudo en la investigación cualitativa -la indiferencia del tipo de propiedad (formal o informal) para el efecto protector, la frecuencia de la convivencia de parejas separadas o la existencia de terroristas íntimos- no aparecen en los datos de la encuesta. Ello no implica que no podamos afirmar que, debido a las coincidencias entre los relatos en Ciudad Bolívar y los datos estadísticos, la vivienda propia sí tiene un efecto protector en general. A continuación se explican los resultados del análisis de la ENDS.

El factor protector de la vivienda: los datos de la ENDS 2010

Para estimar la envergadura de la relación entre la propiedad de la vivienda y la violencia contra las mujeres, y si es posible generalizar las percepciones de los pobladores de Ciudad Bolívar, analizamos los datos de la ENDS de 2010. La ENDS se realiza en el ámbito nacional y tiene tanto información de los hogares como de las mujeres que responden la encuesta, e incluye datos sobre prevalencia de la violencia intrafamiliar. La muestra utilizada para este análisis parte de las mujeres en edad fértil (13 a 49 años) y selecciona sólo las que están casadas o que viven con una pareja. El tamaño de la muestra, representativa en cada caso, es de 20.213 mujeres en el nivel nacional, 3.945 para Bogotá y 329 para Ciudad Bolívar (ver características de la muestra en la tabla 1).

La variable dependiente del análisis fue si la mujer había experimentado o no violencia conyugal en el año anterior a la encuesta. Por la cantidad de preguntas que hace la ENDS en este punto, para facilitar el análisis clasificamos las preguntas en tres: violencia física severa, violencia física menos severa y amenazas. La violencia física severa incluye estrangular, quemar o intentarlo, el uso de armas como cuchillos o pistolas, y patear o arrastrar. La violencia física menos severa incluye empujar o sacudir, abofetear, golpear con la mano con objeto y morder. Las amenazas incluyen dejarla por otra mujer, de quitarle los hijos, o de quitarle el apoyo económico. La variable independiente analizada fue la tenencia de la vivienda, dividida en arriendo y en propiedad, si la casa o apartamento es propiedad de alguna persona en el núcleo familiar. También se incluía en la pregunta de la ENDS la variable "otros", en cuanto al modo de tenencia de la vivienda, pero la respuesta afirmativa a esta variable es tan pequeña que la eliminamos del análisis de los datos.

Al hacer la regresión encontramos que la probabilidad de ser víctimas de violencia por parte de sus parejas se reduce de forma significativa cuando las mujeres no viven en arriendo sino en vivienda de su propiedad, o de algún miembro de su familia. En todo el país el riesgo de violencia física disminuye en un 28% en el caso de tener vivienda propia, y el de ser amenazadas disminuye en un 22%. El efecto protector de la propiedad de la vivienda es mucho más marcado en Bogotá y en Ciudad Bolívar, donde el riesgo de violencia física disminuye en un 47%, y el de amenazas, en un 45% cuando la vivienda es propia.

La tabla 2 presenta el porcentaje de mujeres que son víctimas de violencia conyugal (violencia física o amenazas), según el tipo de tenencia de la vivienda (propia o en arriendo). Como se observa en la tabla 2, la violencia conyugal es significativamente más alta para las mujeres que viven en arriendo, comparadas con aquellas que cuentan con vivienda propia. Esto es cierto para Colombia en general, Bogotá y Ciudad Bolívar. Sin embargo, las diferencias en el riesgo de violencia física son más acentuadas para Bogotá y Ciudad Bolívar, donde la afectación por violencia física es casi el doble para las mujeres que viven en arriendo, comparadas con aquellas que viven en vivienda propia. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar el 21,7% de las mujeres que viven en arriendo han sido víctimas de violencia física por parte de su pareja, mientras que el 11,9% de quienes viven en vivienda propia han sido víctimas de este tipo de violencia por parte de su pareja.

En la regresión incluimos además una serie de variables de control de acuerdo con los factores que en la literatura especializada se relacionan con la violencia contra las mujeres. Así, incluimos algunas características demográficas de las mujeres: edad, etnicidad, educación, trabajo, y si habían experimentado o no violencia en la infancia. Incluimos además algunas características del hogar (número de personas en el hogar, hacinamiento, número de hijos, estructura familiar e índice de riqueza) y las características de la pareja (edad, grado de educación, y si había sido o no víctima de maltrato infantil).¹⁰

Para cada una de las variables dependientes (violencia física menos severa, violencia física severa, violencia sexual y amenazas) realizamos una regresión logística, con la tenencia de la vivienda (propia o arriendo) como la variable independiente, y controlamos las características de la mujer, su pareja y el hogar, ya mencionadas. Para facilitar la interpretación de los coeficientes, también estimamos los efectos marginales.

Al controlar las variables mencionadas de las mujeres, del hogar y de las parejas, encontramos que el efecto protector de la vivienda propia es independiente de las características socioeconómicas y demográficas de las mujeres encuestadas (edad, educación, etnicidad, quintil de riqueza, estatus laboral, etcétera), así como de la educación y la edad de sus parejas. En promedio, la probabilidad de violencia se reduce en un 13% para los casos de violencia menos severa (1,9 puntos porcentuales), cuando se controlan los factores demográficos, y en un 15% para la violencia severa (0,70 puntos porcentuales), así como un 15% para las amenazas (ver la tabla 3). Sin embargo, no tiene efecto sobre la violencia sexual.

Estos datos preliminares señalan que hacen falta más estudios sobre la relación entre los recursos y la violencia contra las mujeres en Colombia, estudios que afinen las preguntas hechas en las encuestas y que establezcan diálogos entre las encuestas y los datos cualitativos. Sin los datos cualitativos presentados inicialmente no tendríamos la interpretación del efecto protector, y nos basaríamos en intuiciones y prejuicios, y no en la investigación científica. Sin los datos de la ENDS difícilmente podríamos generalizar a partir del trabajo de campo -estos diálogos, clasificados como métodos mixtos, pueden ser una base sólida para la generación de políticas públicas basadas en evidencia-. Si bien supera la intención de este artículo, creemos que el camino por seguir incluye la formulación de políticas públicas que potencien las capacidades de las mujeres para superar las situaciones violentas a través del acceso a recursos que les permitan hacerlo, en especial para las mujeres que sufren violencia situacional. Sin embargo, se debe tener claro cuáles son los recursos que tienen este efecto, y por qué lo tienen, para poder focalizar la inversión. Por otra parte, la asistencia estatal y la intervención de derecho penal se deben focalizar en las situaciones de terrorismo íntimo, donde los recursos pierden su efecto protector.

Conclusión

En conclusión, la vivienda propia protege contra la violencia. Los datos de la ENDS muestran el efecto protector de la propiedad de la vivienda, con independencia del estrato y de otros factores que también influyen, tales como la edad, la educación, o la transmisión intergeneracional de los patrones violentos. También es significativo con independencia de otras variables como el estatus marital y el hacinamiento, aunque es menos significativo para la violencia menos severa y no tiene impacto sobre la violencia sexual. Los datos cualitativos, por su parte, muestran una explicación convincente para esta relación, por lo menos en la cultura local de Ciudad Bolívar. El tener casa propia es un recurso económico, también una fuente de estatus, y, en consecuencia, protege contra la violencia llamada situacional; sin embargo, su impacto es relativamente limitado en situaciones de "terrorismo íntimo", donde la posibilidad de negociación pierde importancia.

Esta conclusión está limitada por los datos disponibles. La encuesta misma sólo incluye mujeres en edad reproductiva, y si bien es representativa de Ciudad Bolívar, no hace diferencia entre los pobladores de la parte baja y los de las montañas. Tampoco pregunta por la calidad de la tenencia (formal o informal) o si el nombre de la mujer está en el título. Los datos cualitativos, a su vez, se concentran en Jerusalén, un sector de Ciudad Bolívar. Además, por razones del criterio ético de la investigación, las entrevistas de la muestra se concentraron en mujeres que en el presente no estuvieran experimentando violencia, sino que la hubieran superado. Además, se entrevistó por lo general sólo mujeres, dejando por fuera el punto de vista masculino.

Aun así, consideramos que esta investigación es relevante para las políticas públicas. Provee evidencia para que las políticas de vivienda tengan en cuenta el impacto positivo de la vivienda propia en las mujeres como factor protector de la violencia doméstica, en especial si el título está a su nombre. Sugiere avenidas para investigaciones futuras sobre el impacto de la pobreza en la violencia desde contextos locales y con conocimiento de las culturas locales. En este orden de ideas, nuestro trabajo agrega a la evidencia que muestra que los escasos recursos existentes para aliviar la violencia contra las mujeres deben asignarse teniendo en cuenta los contextos y las culturas locales.

^* Esta investigación se adelantó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes (Colombia), en el marco de la convocatoria para la investigación interfacultades. Agradecemos a Profamilia por facilitarnos la base de datos de la ENDS 2010. La investigación tuvo el apoyo, además, de Marcela Abadía y Lucía Murgueytio, estudiantes de doctorado y pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y Juan Pablo Mosquera, graduado hoy de la Escuela de Gobierno de la misma Universidad.

¹ Para este debate, ver la sección de Punto/Contrapunto del Journal of Policy Analysis and Management, donde Matjasko, Niolon y Valle (2013) se enfrentan a Buzawa y Buzawa (2013).

² Término común en el análisis cualitativo, y se refiere a la muestra en poblaciones de difícil acceso para el investigador, donde una entrevista lleva a la siguiente por sugerencia del entrevistado.

³ Los códigos utilizados fueron: vivienda propia, vivienda arrendada -vivir en arriendo, otros recursos-, incidencia de la riqueza o los recursos, dinámica de la violencia intrafamiliar (hechos frecuentes), soluciones o remedios contra la violencia, estereotipos y otras opiniones sobre la violencia. Además, se codificó según las personas entrevistadas u observadas como pobladores, funcionarios públicos, hombres y mujeres.

⁴ Una hipótesis inicial fue que la vivienda formal (con escritura) tendría una menor violencia que la informal (sin escritura). Esta hipótesis fue refutada por la investigación cualitativa, y no obtuvimos los datos cuantitativos que nos hubieran permitido confirmarla o refutarla a partir de los datos de catastro y los de la ENDS (2010).

⁵ Para un debate reciente, ver el pie de página anterior. Otros artículos relevantes son: Beeble, Bybee y Sullivan (2010), Bosch y Schumm (2004), Goodman et al. (2005).

⁶ Pateada, arrastrada, amenazada o atacada con un arma, quemada o bajo intento de ser quemada, o intento de ser ahorcada.

⁷ Empujada o sacudida, golpeada con un objeto, golpeada con la mano, mordida.

⁸ Sin embargo, uno de nuestros informantes reporta un cambio en la cultura afirmando que las generaciones más jóvenes no le dan tanta importancia a la casa propia como sus mayores.

¹⁰ Todas las parejas son hombres, pues la ENDS no tiene datos de parejas del mismo sexo.

Referencias

1. Alape, Arturo. 1995. Ciudad Bolívar: la hoguera de las ilusiones. Bogotá: Editorial Planeta.         [ Links ]

2. Beeble, Marisa L., Deborah Bybee y Cris M. Sullivan. 2010. The Impact of Resource Constraints on the Psychological Well-being of Survivors of Intimate Partner Violence over Time. Journal of Community Psychology 38, n° 8: 943-959.         [ Links ]

3. Benson, Michael y Greer Fox. 2004. Concentrated Disadvantage, Economic Distress, and Violence against Women in Intimate Relationships. Washington: National Institute for Justice.         [ Links ]

4. Benson, Michael, Greer Fox, Alfred DeMaris y Judy Van Wyk. 2003. Neighborhood Disadvantage, Individual Economic Distress and Violence against Women in Intimate Relationships. Journal of Quantitative Criminology 19, n° 3: 207-235.         [ Links ]

5. Bonilla, Daniel. 2006. Pluralismo jurídico y propiedad extralegal: clase, cultura y derecho en Bogotá. Revista de Derecho Privado 36: 20-50.         [ Links ]

6. Bosch, Kathy y Walter R. Schumm. 2004. Accessibility to Resources: Helping Rural Women in Abusive Partner Relationships Become Free from Abuse. Journal of Sex and Marital Therapy 30, n° 5: 357-370.         [ Links ]

7. Browne, Angela y Ellen Basuk. 1997. Intimate Violence in the Lives of Homeless and Poor Housed Women: Prevalence and Patterns in an Ethnically Diverse Sample. American Journal of Orthopsychiatry 67, n° 2: 261-278.         [ Links ]

8. Buzawa, Eve S. y Carl G. Buzawa. 2013. Intimate Partner Violence-Response to Matjasko et al. Journal of Policy Analysis and Management 32, n° 1:139-141.         [ Links ]

9. Correia, Amy y Jen Rubin. 2011. Housing and Battered Women. Harrisburg: VAWnet.         [ Links ]

10. Departamento Nacional de Planeación (DNP). 2013. CONPES Social 161 de 2013. Bogotá. https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=1HWTeFgGXhY%3D&tabid=1657.         [ Links ]

11. Dyson, Tim y Mick Moore. 1983. On Kinship Structure, Female Autonomy, and Demographic Behavior in India. Population and Development Review 9, n° 1: 35-60.         [ Links ]

12. Gáfaro, Margarita y Ana María Ibáñez. 2012. Violencia doméstica y mercados laborales: ¿Previene el trabajo femenino la violencia doméstica? Bogotá: Universidad de los Andes – CEDE.         [ Links ]

13. Goodman, Lisa, Mary Ann Dutton, Natalie Vankos y Kevin Weinfurt. 2005. Women's Resources and Use of Strategies as Risk and Protective Factors for Reabuse over Time. Journal of Violence against Women 11, n° 3: 311-336.         [ Links ]

14. Hammeal-Urban, Robin y Jill Davies. 1999. Federal Housing and Domestic Violence: Introduction to Programs, Policy, and Advocacy Opportunities. Paper 6, Pennsylvania Coalition against Domestic Violence. http://www.mincava.umn.edu/documents/fedhouse/fedhouse.pdf.         [ Links ]

15. Hataya, Noriko. 2010. La ilusión de la participación comunitaria: lucha y negociación en los barrios irregulares de Bogotá, 1992-2003. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.         [ Links ]

16. Hincapié-Marín, Laura. 2011. "¿Es la brecha salarial un incentivo para la violencia doméstica?". Tesis de pregrado, Universidad de los Andes, Colombia.         [ Links ]

17. Hirst, Eliza. 2003. Housing Crisis for Victims of Domestic Violence: Disparate Impact Claims and Other Housing Protection for Victims of Domestic Violence. Georgetown Journal on Poverty Law & Policy 10: 131-155.         [ Links ]

18. Jejeebhoy, Shireen J. 2002. Convergence and Divergence in Spouses' Perspectives on Women's Autonomy in Rural India. Journal of Studies in Family Planning 33, n° 4: 299-308.         [ Links ]

19. Jejeebhoy, Shireen J. y Rebecca J. Cook. 1997. State Accountability for Wife-beating: The Indian Challenge. Lancet 349, n° 1: S110-S112.         [ Links ]

20. Jejeebhoy, Shireen J. y Zeba A. Sathar. 2001. Women's Autonomy in India and Pakistan: The Influence of Religion and Region. Population and Development Review 27:687-712.         [ Links ]

21. Johnson, Michael. 2008. A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence. Boston: Northeastern University Press.         [ Links ]

22. Koenig, Michael, Tom Lutalo, Feng Zhao, Fred Nalugoda, Fred Wabwire-Mangen, Noah Kiwanuka, Jennifer Wagman, David Serwadda, Maria Wawer y Ron Gray. 2003. Domestic Violence in Rural Uganda: Evidence from a Community-based Study. Bulletin of the World Health Organization 81, n° 1: 53-60.         [ Links ]

23. Lapidus, Leonora. 2003. Housing Crisis for Victims of Domestic Violence: Disparate Impact Claims and Other Housing Protection for Victims of Domestic Violence. American University Journal of Gender Social Policy and Law 11: 377-381.         [ Links ]

24. Lawson-Clark, Sherri, Linda Burton y Chenoa Flippen. 2011. Housing Dependence and Intimate Relationships in the Lives of Low-Income Puerto Rican Mothers. Journal of Family Issues 32, n° 3: 369-393.         [ Links ]

25. Lyon, Eleanor. 2002. Welfare and Domestic Violence: Lessons from Research. National Resource Center on Domestic Violence. http://www.vawnet.org.         [ Links ]

26. Matjasko, Jennifer L., Phylis Holditch Niolon y Linda Anne Valle. 2013. The Role of Economic Factors and Economic Support in Preventing and Escaping from Intimate Partner Violence. Journal of Policy Analysis and Management 32:122-128.         [ Links ]

27. Menard, Anne. 2001. Domestic Violence and Housing Key Policy and Program Challenges. Journal of Violence against Women 7, n° 6: 707-720.         [ Links ]

28. Mogford, Elizabeth. 2011. When Status Hurts: Dimensions of Women's Status and Domestic Abuse in Northern India. Journal of Violence against Women 17, n° 7: 835-857.         [ Links ]

29. Paglione, Guilia. 2006. Domestic Violence and Housing Rights. A Reinterpretation of the Right to Housing. Human Rights Quarterly 1, n° 28: 120-147.         [ Links ]

30. Pavao, Joanne, Jennifer Alvarez, Nikki Baumrind, Marta Induni y Rachel Kimerling. 2007. Intimate Partner Violence and Housing Instability. American Journal of Preventive Medicine. 32, n° 2: 143-146.         [ Links ]

31. Profamilia. 2010. Encuesta nacional de demografía y salud (ENDS). Bogotá. http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/documentos/Principales_indicadores.pdf.         [ Links ]

32. Raphael, Jody. 2000. Saving Bernice: Battered Women, Welfare, and Poverty. Boston: Northeastern University Press.         [ Links ]

33. Raphael, Jody. 2009. Silence, Secrecy, Shame and Stigmatization: The Trapping Effects of Poverty and Violence. En Violence against Women in Families and Relationships, eds. Evan Stark y Eve Buzawa. Santa Bárbara: Greenwood Publishers.         [ Links ]

34. Rennison, Callie Marie y Sarah Welchans. 2000. Intimate Partner Violence. Washington: U.S. Department of Justice – Office of Justice Programs – Bureau of Justice Statistics.         [ Links ]

35. Renzetti, Claire M. 2009. Economic Stress and Domestic Violence. Harrisburg: VAWnet.         [ Links ]

36. Ribero, Rocío y Fabio Sánchez. 2004. Determinantes, efectos y costos de la violencia intrafamiliar en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes – CEDE.         [ Links ]

37. Riccardi, María Victoria y Mayra Gómez. 2010. Un lugar en el mundo: el derecho a la vivienda adecuada como un componente esencial de una vida libre de violencia doméstica. Ginebra: Cohre.         [ Links ]

38. Rico, Laura. 2009. Ciudad informal. Bogotá: Universidad de los Andes.         [ Links ]

39. Rodríguez, Alfredo y Ana Sugranyes. 2005. Vivienda social y violencia intrafamiliar: una relación inquietante. ¿Una política social que genera nuevos problemas sociales? Revista Invi 53, n° 20: 3-5.         [ Links ]

40. Schecter, Elizabeth. 1982. Women and Male Violence: The Visions and Struggles of the Battered Women's Movement. Boston: South End Press.         [ Links ]

41. Schneider, Elizabeth. 2002. Battered Women and Feminist Lawmaking. Nueva Haven: Yale University Press.         [ Links ]

42. Sokoloff, Natalie J. e Ida Dupont. 2005. Understanding Violence against Marginalized Women in Diverse Communities Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender. Journal of Violence against Women 11, n° 1: 38-64.         [ Links ]

43. Stark, Evan. 2007. Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life. Oxford: Oxford University Press.         [ Links ]

44. White, Lucie E. 1993. No Exit: Rethinking Welfare Dependency from a Different Ground. Georgetown Law Journal 81: 1961-1997.         [ Links ]

Fecha de recepción: 15 de octubre de 2013 Fecha de aceptación: 07 de marzo de 2014 Fecha de modificación: 21 de mayo de 2014 ]]> 1. 1995 2. 2010 38 8 8 943-959 3. 2004 4. 2003 19 3 3 207-235 5. 2006 36 20-50 6. 2004 30 5 5 357-370 7. 1997 67 2 2 261-278 8. 2013 32 1 1 139-141 9. 2011 10. Departamento Nacional de Planeación (DNP) 2013 11. 1983 9 1 1 35-60 12. 2012 13. 2005 11 3 3 311-336 14. 1999 15. 2010 16. 2011 17. 2003 10 131-155 18. 2002 33 4 4 299-308 19. 1997 349 1 1 S110-S112 20. 2001 27 687-712 21. 2008 22. 2003 81 1 1 53-60 23. 2003 11 377-381 24. 2011 32 3 3 369-393 25. 2002 26. 2013 122-128 27. 2001 7 6 6 707-720 28. 2011 17 7 7 835-857 29. 2006 1 28 28 120-147 30. 2007 32 2 2 143-146 31. Profamilia 2010 32. 2000 33. 2009 34. 2000 35. 2009 36. 2004 37. 2010 38. 2009 39. 2005 53 20 20 3-5 40. 1982 41. 2002 42. 2005 11 1 1 38-64 43. 2007 44. 1993 81 1961-1997