La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria ^*

Nam Kwon Mun ^**

^** Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de Estudios Occidentales de Hankuk University of Foreign Studies (Corea del Sur). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: La reconfiguración del Estado boliviano hacia el plurinacionalismo: economía política de autonomía indígena. Revista de Ciencias Sociales 20, nº 3 (2014): 522-534, y Growth and Regional Development of Mexico and South Korea: A Comparative Analysis of the Laws of Kaldor (en coautoría con Luis Quintana y Andrés Roldán). Investigación Económica 72, nº 284 (2013): 83-110. Correo electrónico: namkwon@hotmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.02

RESUMEN

El gobierno de Evo Morales ha definido la época contemporánea boliviana como el tiempo del postneoliberalismo, un período de tránsito hacia el socialismo comunitario a través del pluralismo económico y un desarrollo económico integral. Las múltiples vías de desarrollo en las diversas formas de producción de acuerdo con sus propias lógicas marcan la diferencia con otros modelos existentes. Sin embargo, la evolución de la economía comunitaria, pilar del nuevo modelo, demuestra, con los resultados de la reforma agraria y de la revolución agrícola, que la continuidad de los paradigmas neoliberales ha perpetuado el patrón de desarrollo de hegemonía capitalista. La Bolivia actual vive envuelta en una retórica antineoliberal radical, atemperada por el pragmatismo neoliberal.

PALABRAS CLAVE

Bolivia, postneoliberalismo, socialismo comunitario, economía comunitaria, reforma agraria.

The Problematic Bolivian Transition toward the Post-Neoliberal Era: The Case of the Communitarian Economy

The government of Evo Morales has defined the contemporary era in Bolivia as the time of post-neoliberalism, a period of transition toward communitarian socialism through economic pluralism and integral economic development. The multiple paths to development among the diverse forms of production, each based on its own logic, mark the way in which it differs from other existing models. However, the evolution of the communitarian economy, which is the pillar of the new model, demonstrates through the results of the agrarian reform and the agricultural revolution that the continuance of neoliberal paradigms has perpetuated the hegemonic capitalist pattern of development. Contemporary Bolivia is thus immersed in a radical anti-neoliberal rhetoric tempered by neoliberal pragmatism.

KEYWORDS

Bolivia, post-neoliberalism, communitarian socialism, communitarian economy, agrarian reform.

A problemática transição boliviana ao período pós-neoliberal: o caso da economia comunitária

RESUMO

O governo de Evo Morales tem defendido o período contemporâneo boliviano como o tempo do pós-neoliberalismo, um período de transição ao socialismo comunitário por meio do pluralismo econômico e de um desenvolvimento econômico integral. As múltiplas vias de desenvolvimento nas diversas formas de produção de acordo com suas próprias lógicas determinam a diferença com outros modelos existentes. Contudo, a evolução da economia comunitária, pilar do novo modelo, demonstra, com os resultados da reforma agrária e da revolução agrícola, que a continuidade dos paradigmas neoliberais tem perpetuado o padrão de desenvolvimento de hegemonia capitalista. A Bolívia atual vive envolvida numa retórica antineoliberal radical, amenizada pelo pragmatismo neoliberal.

PALAVRAS-CHAVE

Bolívia, pós-neoliberalismo, socialismo comunitário, economia comunitária, reforma agrária.

Introducción

Estos nuevos conceptos articulan el debate sobre el denominado postneoliberalismo, un discurso aún en construcción tanto a nivel regional como a nivel global. A escala regional, se ha planteado que el giro a la izquierda en los países latinoamericanos constituye algo más que un simple cambio de regímenes político-económicos, puesto que la transformación contemporánea no se puede reducir a un simple intento por superar el Consenso de Washington (Rovira Kaltwasser 2010), ni tampoco a la sugerencia de un papel más dinámico del Estado en busca del crecimiento y de la estabilidad social (Grugel y Riggirozzi 2009).

El debate sobre la crisis del neoliberalismo y la época postneoliberal continúa también a nivel global. Según Anatole Kaletsky (2011), por ejemplo, el modelo capitalista contemporáneo evoluciona hacia un nuevo modelo (capitalismo 4.0), habiendo superado el capitalismo neoliberal y su economía de mercado (capitalismo 3.0), que a su vez había superado el capitalismo revisado de dirección estatal (capitalismo 2.0), sustituto del capitalismo clásico del laissez-faire (capitalismo 1.0). Es decir, en busca del nuevo régimen, los pueblos parecen distanciarse del paradigma tradicional del capitalismo neoliberal combinado con la democracia representativa, que no ha resuelto los problemas económicos y ha traído consigo únicamente desencantos y frustraciones por las sucesivas crisis económicas traducidas en bipolarización, concentración de la riqueza y desempleo.

En numerosos y diversos países han ido emergiendo nuevos gobiernos más estatistas y nacionalistas, que exhiben un rechazo radical a las propuestas basadas en las políticas de mercado descontrolado (Prevost, Campos y Vanden 2012). Es verdad que Bolivia comparte algunas características con otros países vecinos en su marcha antineoliberal: el nacionalismo exagerado, la fuerte movilizacion popular o el protagonismo del Estado en la economía (Morales 2012, 49-50). Sin embargo, la particularidad de Bolivia en la reconstrucción estatal es la heterogeneidad histórica tanto de regiones como de etnias con presencia mayoritaria indígena marginada, que ha generado un sinfín de conflictos sociales.

La búsqueda boliviana de una alternativa postneoliberal se materializó tanto en el plano sociológico -con el "Capitalismo Andino-Amazónico"- como en el plano económico -con el "Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo"-, y su destino futuro pasa por una transformación social hacia el denominado socialismo comunitario. El socialismo comunitario resume la sociedad postcapitalista boliviana, donde el pluralismo económico prevalece, y lo comunitario se toma como fuente principal de esta alternativa al capitalismo (Prada 2011). Se puede afirmar, en consecuencia, que el fomento de la economía comunitaria es el elemento diferenciador del modelo boliviano.

Este trabajo pretende analizar las principales características y los detalles del nuevo modelo boliviano, así como la economía política del modelo en torno a los principales actores sociales. Luego, se enfoca en el estudio de caso de la economía comunitaria, partiendo del análisis de la reforma agraria y de la revolución agrícola, para evaluar finalmente el alcance y las limitaciones del modelo postneoliberal boliviano.

La sociedad boliviana en la definición del nuevo modelo postneoliberal

El debate en torno a la conceptualización del postneoliberalismo

El giro a la izquierda y su experimento de reconstrucción estatal requieren un debate teórico en torno a la conceptualización de la transformación. Muchos autores (Burdick, Oxhorn y Roberts 2009; Calderón 2008 y 2010; Ellner 2012) han intentado definir lo que viene después del neoliberalismo en los países latinoamericanos, con el objetivo de construir un marco conceptual apropiado para el análisis de la era postneoliberal. Sin embargo, el debate apenas está dando sus primeros pasos, y el marco teórico del postneoliberalismo todavía no ha sido consensuado, lo que plantea serias dificultades a la hora de abordar el análisis. Hasta el momento, se han visualizado dos perspectivas diferentes en relación con la manera de entender y conceptualizar la nueva y cambiante realidad de América Latina.

El primer intento de definición y caracterización general del postneoliberalismo viene del marco conceptual que aborda la transformación de los países izquierdistas latinoamericanos desde la perspectiva de la combinación entre un proyecto ideológico-político hacia el socialismo y una suma de diferentes políticas y prácticas. Esta conceptualización del postneoliberalismo se articula en torno a dos elementos claves: la socialización de la economía de mercado y la ampliación de la democracia. Esta corriente teórica, que abarca desde las primeras exploraciones de los nuevos regímenes (Burdick, Oxhorn y Roberts 2009; Grugel y Riggirozzi 2009; Macdonald y Ruckert 2009) hasta los recientes diagnósticos de los países de la denominada izquierda radical (Ciccariello-Maher 2013; Ellner 2012), se ha enfocado en descifrar el surgimiento de la nueva izquierda latinoamericana frente al fracaso de los modelos neoliberales, destacando sus semejanzas y sus diferencias con otros predecesores como la antigua izquierda latinoamerica del siglo XX, los regímenes comunistas actuales de Cuba y China, y la socialdemocracia de Europa y América Latina.

Otros trabajos representativos, de mayor repercusión, han sido los de Calderón (2008, 65-66; 2010, 336), en los que se atiende a los criterios de las políticas de crecimiento económico, la reforma institucional y la distribución del poder, para clasificar los países latinomericanos en cuatro grupos bien diferenciados: los reformistas prácticos (Brasil, Chile y Perú, donde la prioridad de estabilidad económica se combina con algunas modalidades participativas en la toma de decisiones); los nacionalistas populares (Venezuela y Argentina, donde prevalece el liderazgo carismático refrendado por movilizaciones masivas para imponer las decisiones del Estado en los asuntos de desarrollo y democracia); los neodesarrollistas indígenas (Bolivia y Ecuador, donde el Estado plurinacional, sobre la base del reconocimiento formal de las instituciones indígenas, dirige las prácticas desarrollistas de neoextractivismo); los modernistas conservadores (Colombia, México y Guatemala, donde gobiernos de tendencia autoritaria respaldan la expansión del mercado apoyados en su cercanía ideológica con Estados Unidos).

En trabajos más recientes, Heidrich y Tussie (2009) y Ellner (2012) clasifican en dos grupos los regímenes izquierdistas que sondean nuevas realidades postneoliberales: regímenes izquierdistas percibidos (socialismo del siglo XXI) y regímenes izquierdistas autoidentificados (de centro izquierda). Al mismo tiempo, detallan las características de las complejas condiciones políticas de cada uno de ellos. Esta tipología de regímenes postneoliberales relata las diferentes expresiones de las reformas postneoliberales, principalmente bajo los esquemas de un proyecto político-ideológico socialista, que conlleva la socialización de la economía de mercado, y de una profundización en la democracia, que conlleva la autogestión y la autonomía de la sociedad civil a nivel nacional, y la nueva economía política a nivel regional latinoamericano.

Sin embargo, las críticas realizadas a este tipo de clasificaciones destacan que las categorías político-ideológicas no pueden utilizarse como descriptores fiables del postneoliberalismo, debido a que la categorización se basa en la retórica y en las implementaciones políticas de mayor visibilidad, sin prestar atención suficiente a las formaciones sociales existentes ni a las trayectorias dependientes institucionales (Yates y Bakker 2014, 74). Desde este punto de vista, surge una segunda alternativa de aproximación al análisis del postneoliberalismo, que rechaza la percepción y la interpretación simplistas de la época postneoliberal, así como la evolución lineal de la misma, resaltando por su parte las complejidades internas detectadas en el proceso de cambio hacia el nuevo régimen. Este enfoque argumenta que el proyecto postneoliberal no implica una ruptura total con el neoliberalismo ni supone una división binaria, ya que las condiciones institucionales históricas restringen esa posibilidad (Sader 2011).

Aplicando una lógica similar, Yates y Bakker (2014, 76-79) proponen el concepto "neoliberalización abigarrada" como eje de su enfoque para el análisis de la naturaleza de la época postneoliberal actual. Sobre la base de las tres dimensiones identificadas por Brenner, Peck y Theodore (2010, 339-342), es decir, atendiendo a la experimentación reguladora, la transferencia de políticas y el cambio de régimen, este marco teórico conceptualiza los hechos de la reestructuración institucional, asociándolos a cuatro escenarios diferentes: neoliberalización residual, contra-neoliberalización desarticulada, contra-neoliberalización organizada, socialización profunda. De acuerdo con estos autores, de esta manera se puede localizar con precisión en América Latina la naturaleza de cada una de las transformaciones contemporáneas.

Es verdad que el proceso de transformación del Estado hacia la época postneoliberal, es decir, la contra-neoliberalización, ha seguido una trayectoria complicada, retorcida y no lineal, que refleja un equilibrio entre las fuerzas de contención del mercado y las fuerzas reorientadas a favorecerlo. Estas condiciones se imponen como necesarias en determinados contextos que, como el boliviano, precisan mantener la estabilidad económica, teniendo en cuenta que la problemática del postneoliberalismo surge fundamentalmente de su demora en alcanzar las condiciones supjetivas para generar las condiciones de superar el neoliberalismo (Sader 2009, 176). En consecuencia, la reconstrucción del Estado bajo ideales socialistas termina siendo un proceso de contingencia contextual.

Bolivia experimenta en la actualidad prácticas contradictorias en instituciones diversas, ubicables en los cuatro niveles señalados. Asimismo, se debe suprayar que el postneoliberalismo de Bolivia presenta características constitutivas de todos los proyectos neoliberales y postneoliberales, aunque su retórica política sea claramente antineoliberal. El principio ideológico de desafío contra el neoliberalismo no supone necesariamente, en la práctica, un enfrentamiento frontal con el neoliberalismo, como se atestiguará en el análisis posterior.

El capitalismo andino-amazónico y el modelo económico, social, comunitario y productivo

La exploración del nuevo modelo postneoliberal se produjo en el cruce de dos rutas. La primera de ellas, es la generada desde la perspectiva sociológico-política por el grupo Comuna, integrado por el actual vicepresidente, García Linera; el exviceministro de Planificación del Desarrollo, Raúl Prada; Luis Tapia y Oscar Vega, entre otros (Arce 2011, 8). El grupo ha definido el socialismo comunitario como el destino final de la sociedad boliviana; sin embargo, el actual contexto boliviano se define como la etapa del capitalismo andino-amazónico, un modelo que refleja las particularidades del capitalismo local que combina procesos de supsunción formal y supsunción real (Stefanoni y Svampa 2007, 154). El capitalismo boliviano de la etapa actual -explica el grupo- cuenta de manera particular con las formas económicas capitalistas y las no capitalistas, y la potenciación de esas formas no capitalistas irá generando procesos de mayor comunitarización que desembocarán en el postcapitalismo (García 2010).

Según dicha definición, la clave radica en lo comunitario como alternativa al capitalismo; sin embargo, la dificultad teórica de lo comunitario sigue ciertamente presente, así como los cuestionamientos sobre la mejor manera de potenciar el sector comunitario. Como indican Bazoberry y Salazar (2008) y Jaldín (2010), conviven en la sociedad boliviana incentivos económicos individuales y lógicas de reciprocidad con prácticas colectivas y comunitarias. Jiménez (2009, 377-378) señalaba en su investigación sobre las economías comunitarias de ayllus (aillus) una modalidad de articulación entre las lógicas de mercado y las lógicas de supsistencia.

La segunda ruta del modelo postneoliberal llega desde los economistas del grupo Duende, organizados en torno al actual ministro de Economía, Luis Alberto Arce Catacora. Aquí, el nuevo modelo parte otra vez del principio de que el Estado debe desempeñar un papel protagónico en la economía mediante políticas proactivas de promoción productiva y mejora de la calidad del empleo, bajo una estrecha articulación y coordinación con políticas de distribución social de la riqueza. Este retorno al estatismo económico no es nuevo en la historia boliviana, que ha transcurrido al ritmo de un movimiento pendular entre las estrategias del estatismo y las del liberalismo (Prado 2012, 1). Los vaivenes se remontan a los primeros años de la República, pero esta vez se distancia tanto del antiguo desarrollismo izquierdista de los cincuenta como de la estrategia neoliberal de los noventa, dando lugar a "la tercera alternativa" (Bresser-Pereira 2007, 114).

El nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (ver el gráfico 1), como sugiere su denominación, reconoce la pluralidad de la economía boliviana, reflejando las diversas formas de organización económica y los retos de las políticas públicas. La institucionalización del modelo se llevó a cabo mediante el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, cuya culminación llegó con la nueva Constitución del Estado Plurinacional de 2009, que en sus artículos 306 y 307 reconoce, promueve y protege la economía plural, constituida por cuatro formas de organización económica: la economía estatal (el Estado y las entidades económicas de propiedad estatal), la privada (las empresas económicas de propiedad privada), la comunitaria (los sistemas de producción y reproducción fundados en los principios y la cosmovisión originario-campesinos de los pueblos y naciones indígenas) y la cooperativa (las asociaciones cooperativas).

Bajo la pluralidad económica de las cuatro formas de organización, el modelo identifica dos pilares: el sector estratégico, que genera excedentes, y el sector generador de ingresos y empleo. Según el gobierno, el modelo funciona primero en el sector estratégico, a través de la recuperación del control estatal en los viejos y tradicionales sectores del modelo primario exportador (hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales). Las rentas generadas por el gobierno en estos sectores se transfieren a la provisión de bienes públicos como la salud, la educación y la vivienda, y a la industrialización y promoción de la diversificación productiva. El segundo pilar, el del sector generador de ingresos y empleo digno, se arma entre la industria manufacturera, el turismo, la vivienda, el desarrollo agropecuario y otros motores todavía no dinamizados que se fomentarán gracias a los excedentes transferidos desde los sectores estratégicos. En este sentido, el Estado adopta el papel de redistribuidor, y el modelo se basa en la administración estatal de los recursos naturales. El propio ministro de Economía, Luis Arce, reconoció en la entrevista¹ que la orientación del modelo es desarrollista, y su meta final es la industrialización de la economía boliviana. Declara que se busca construir una Bolivia industrializada y productiva, abandonando el modelo histórico primario exportador.

Este modelo difiere supuestamente de otros modelos, el pasado y el vigente en la región, desde varias perspectivas. El discurso oficial (García 2010 y 2011) argumenta que, a diferencia del desarrollismo estructural de los años cuarenta y cincuenta -que distinguía únicamente entre obreros y burgueses-, el Estado no intenta sustituir el sector privado ni tutelar la economía sociocomunitaria. La distancia desde el neoliberalismo es aun mayor, en términos filosóficos y epistemológicos, ya que presenta una crítica al libre mercado y a la hipótesis del mercado eficiente. Niega que el libre mercado resuelva todos los problemas, y retoma para el Estado el rol de actor fundamental refutando el papel restringido de las instituciones públicas en asuntos relacionados con la garantía de la propiedad privada o el cumplimiento de los contratos (Wanderley 2011, 259). En el nuevo modelo, el Estado prioriza el mercado doméstico, en contraste con el énfasis neoliberal en la demanda externa para el crecimiento económico, al tiempo que intenta superar la dependencia del ahorro externo. Otra diferencia ideológica sería la insistencia en la inclusión social y la generación de oportunidades para la sociedad (Arce 2011, 11).

La originalidad declarada por el discurso oficial boliviano se halla ciertamente en la modernización pluralista, de acuerdo con las propias lógicas de las diferentes organizaciones económicas. A partir de la propia lógica microempresarial y campesina comunitaria, implementa la especialización, la diversificación, el desarrollo tecnológico, el acceso a mercados y la provisión de servicios. Frente a la vía unitaria de modernización del desarrollismo cepalino, el modelo postneoliberal boliviano, según el discurso oficial (Stefanoni y Svampa 2007, 155), reconoce que hay diversas maneras de medir el bienestar económico, y que, ante la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de la economía mercantil capitalista, cabe adoptar los criterios organizativos de la economía comunitaria: complementariedad, solidaridad, reciprocidad, igualdad, sustentabilidad y equilibro.

Los actores sociales y la transformación social

El modelo anterior representa la correlación de fuerzas entre los diferentes actores económico-sociales: el Estado, la oligarquía oriental y los movimientos sociales. Todos ellos tienen distintos intereses políticos y económicos, a lo que debe sumarse el hecho de que los movimientos sociales de Bolivia no conforman un bloque monolítico, lo que complica aún más la implementación real del nuevo modelo postneoliberal dando lugar a la brecha entre el discurso y la práctica.

El Estado, representado por el MAS, es la suma de diferentes ideologías e intereses entre los indigenistas, izquierdistas y populistas, ya que se trata de la confederación flexible y negociada de organizaciones sociales (Stefanoni y Svampa 2007, 157). El gobierno de Evo Morales es una alianza que, sobre una fuerte base electoral, abarca una amplia gama de etnias, ideologías izquierdistas y clases (Crabtree 2011, 136). La combinación y articulación de la corriente pachamámica, la corriente desarrollista y la corriente populista dentro del MAS y del gobierno han moldeado un modelo con definiciones, en algunos aspectos, conflictivas y contradictorias (Arze y Gómez 2013, 49-51).

Aparte de la naturaleza izquierdista, otro punto particular del discurso postneoliberal es el avance del sector comunitario, debido a la influencia creciente de los indigenistas dentro del gobierno. Los indigenistas, liderados por el canciller, David Choquehuanca, hacen énfasis en los aspectos culturales del Vivir Bien (Medina 2012, 1). El Suma Qamaña (el Vivir Bien, en aimara), concepto que no encaja en la filosofía moderna occidental, hace referencia a la recuperación de la vida en completa armonía con la madre naturaleza, la Pachamama, donde todos son hijos de la naturaleza y del cosmos (Choquehuanca 2010). Allí no existe una dualidad de oposición entre la sociedad y la naturaleza, sino que una contiene a la otra, y ambas se conciben como complementarias e inseparables. Esta lógica indígena promueve, por lo tanto, una visión particular del desarrollo, con base en la comunalidad y en la relacionalidad, frente a la individualidad occidental en la relación entre el hombre y la naturaleza (Bravo y González 2009; Huanacuni 2010), lo que genera un contraste y un conflicto perenne con el desarrollo alternativo propuesto por los izquierdistas (Gudynas y Acosta 2011, 72-75). De los movimientos sociales, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) -en las regiones de Potosí, La Paz, Chuquisaca y Cochabamba- y los indígenas de las tierras bajas en torno a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) exigen la promoción del sector comunitario, a partir de la demanda de la autonomía indígena y la autodeterminación (Fundación Tierra 2011, 12).

Sin embargo, ni todos los movimientos sociales ni los dirigentes del gobierno comparten la ideología indigenista y los proyectos gubernamentales. Al contrario, el pilar con el voto decisivo dentro del gobierno rechaza la importante parte de la reforma postneoliberal, como la descentralización y autonomía indígena. Los movimientos interculturales en torno a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia(CSUTCB), y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS), que crearon este gobierno, catalogado como el gobierno de los movimientos sociales, tienen fuerte identidad campesina y una forma de organización sindical. Ellos piden la transformación estatal hacia un Estado antineoliberal donde todos los bolivianos, indígenas y no indígenas, compartan la riqueza nacional sin discriminación, valorando al mismo tiempo la participación en el poder político para mantenerse en un lugar hegemónico.

La derecha tradicional de la oposición -enquistada en la llamada Media Luna, los cuatro departamentos del Oriente boliviano-, otro actor importante de la sociedad boliviana, ha servido como fuerza de contención en la elaboración y ejecución del nuevo modelo económico postneoliberal. La particularidad boliviana, como es bien sabido, se halla en la discrepancia sobre el centro político y el económico entre La Paz y Santa Cruz (Eaton 2007, 93). Aunque la Media Luna aloja el 35% de la población del país, su peso en el PIB nacional es del 67%, posee el 77% de la tierra cultivable y más del 90% del gas natural del país (Mun 2010, 601-602).

La derecha tradicional, con el sentimiento de privación, convertida ahora en autoridades descentralizadas frente al centralismo del MAS, insiste en el laissez-faire del régimen económico y reclama el control de los recursos naturales regionales (tierra, gas natural y petróleo), y el control y jurisdicción sobre más de dos tercios de todos los ingresos tributarios generados en el departamento (Eaton 2007, 14). Actualmente, la presencia y la acción de la derecha siguen influyendo en los planteamientos de políticas públicas a favor del sector privado, representado por las grandes empresas, todos ellos encaminados hacia un régimen más liberal, como se analizará más adelante.

La transformación social bajo el nuevo modelo

La economía comunitaria y la reforma agraria

En 2005, antes de la toma de posesión del gobierno del MAS, el sector comunitario y el estatal ocupaban aproximadamente el 8% y 14% del PIB, respectivamente, mientras que el sector privado tenía una presencia absoluta del 54% (Arze y Gómez 2013, 100). Bajo estas circunstancias de hegemonía capitalista y debilidad estatal y comunitaria, el gobierno de ideología izquierdista ha impulsado continuamente un papel activo del Estado en la economía a través de las nacionalizaciones de empresas privatizadas en la época neoliberal, como en el caso de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), e incrementado las tasas de impuestos a las compañías transnacionales en sectores estratégicos como el de los hidrocarburos (Kaup 2010, 128).

Por otra parte, el gobierno ha incrementado la participación del gobierno central en la distribución del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), respecto a los gobiernos departamentales (Weisbrot y Sandoval 2008, 10), para fortalecer la hacienda pública. Asimismo, se han constituido nuevas companías estatales para encabezar la industrialización en varios sectores económicos: la Empresa de Cementos de Bolivia (ECEBOL), en 2008; la Planta Industrializadora de Coca, en 2010; Empresas Azucareras, en 2010, y la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), en 2010, entre otras (Arias 2011).

Esta expansión del sector público se instrumenta al compás de la ampliación de programas sociales como la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy, destinados a reducir la pobreza, la desigualdad y la marginación (Molina 2008, 10-11), lo que define el carácter izquierdista del nuevo régimen, con su enfoque estatal y teleológico. Sin embargo, de no ser por el fomento del sector comunitario propio de Bolivia, y a pesar de las iniciativas mencionadas de promoción del sector estatal, el nuevo modelo boliviano carecería de identidad y no existiría ninguna diferencia con la izquierda convencional y otros modelos de desarrollismo puestos en práctica en diversos países latinoamericanos.

El factor clave y estructural que explica dicho fenómeno, es la realidad del sector comunitario, que carece de tierra cultivable, y en el que predominan los minifundios y las pequeñas parcelas familiares. El campo boliviano ha soportado la polarización entre la producción capitalista de las grandes empresas agroindustriales que dominan el sector y la producción campesina de la propiedad colectiva y las pequeñas parcelas familiares. Bolivia es, después de Chile, el segundo país de toda América Latina con mayor inequidad en la tenencia de tierra. Antes de la llegada del gobierno actual, aproximadamente el 3,9% de las familias poseía el 91% de la tierra (Weisbrot y Sandoval 2008, 2-3), y, como consecuencia, la superficie cultivada tanto en el altiplano como en las tierras bajas por el 96% de las familias bolivianas se encuentra entre las 0,5 y las 3 hectáreas (Cartagena 2012, 165).

La otra causa de la debilidad de la economía comunitaria puede hallarse en su diferente modalidad de relación con el mercado, ya que los pequeños productores rurales piensan por lo común en la seguridad alimentaria de su unidad familiar, y en las comunidades se mantiene una racionalidad de supsistencia, en contraste con la racionalidad maximizadora de beneficios del sector privado industrial. Se puede decir que lo anterior se debe a un sistema de normas y valores étnico-culturales alternativo a la racionalidad moderna, de acumulación de capital y organización eficiente y competitiva (Temple 2003). En las comunidades siguen ciertamente las prácticas colectivas de control de los medios de producción en la tenencia de la tierra comunal, y se mantienen las costumbres del trueque y del trabajo colectivo (el ayni y la minka) en los ayllus (Prada 2010, 116).

El tercer factor han sido las políticas públicas equivocadas, que han agravado el problema del campo boliviano, puesto que tanto los gobiernos revolucionarios como los neoliberales han contribuido al mantenimiento del espacio de indecisión mencionado. Los campesinos e indígenas, siendo los proveedores de los alimentos, han recibido pocas veces el apoyo del Estado y sufrieron irónicamente las consecuencias negativas de las políticas oficiales (Rojas 2012, 122). En otras palabras, las comunidades originarias y los productores campesinos recibieron los incentivos menores, en comparación con el sector empresarial agrícola, en el período del capitalismo de Estado, de 1952 a 1985, y no ha habido una política pública integral que incentive y contribuya al desarrollo del sector comunitario y la economía real en el período neoliberal (Wanderley 2011, 246).

Ante semejantes circunstancias, el discurso oficial de fomento del sector comunitario se ha dirigido a procurar equilibros entre los diferentes actores productivos. En el nuevo modelo económico postneoliberal, el principal interés del gobierno es el funcionamiento del sector comunitario como generador de empleo e ingresos, y garantizar al mismo tiempo el suministro de alimentos en el mercado doméstico. Para alcanzar dichos objetivos, el gobierno del MAS ha diseñado e implementado dos políticas fundamentales para el fomento del sector comunitario.

La primera es la reforma agraria, que otorga a la población indígena los derechos sobre la tierra y el territorio como condiciones productivas del espacio físico (Chumacero 2010; Fundación Tierra 2011), y la segunda es la revolución agrícola, que, a partir de una nueva y más equitativa titulación de la tierra, debería promover la producción comunitaria de alimentos hacia el mercado doméstico e incrementar los ingresos de la población campesina (Cartagena 2012; Rojas 2012). Con la conjunción de ambas políticas se espera fortalecer el rol de la economía campesina, indígena y originaria de base comunitaria en la economía nacional, complementando y, en algunos casos, desplazando otros actores productivos. Los indigenistas de la corriente pachamámica del MAS han sido los principales promotores de esta reforma, cuyo objetivo ha sido cambiar la estructura de la tenencia de la tierra en favor de las comunidades que la trabajan (Medina 2012). La demanda de reversión y expropiación de los latifundios improductivos ha resonado con fuerza en el escenario político boliviano.

Sin embargo, la implementación actual de las reformas revela una paradoja por parte del MAS, ya que el gobierno sólo da seguimiento a la política de la época neoliberal en relación con la distribución de la tierra. En la época neoliberal, ya en 1994, el gobierno de Sánchez de Lozada había diseñado, con miras a asegurar la gobernabilidad multicultural, la segunda reforma agraria, que intentaba corregir los errores de la primera reforma agraria, de 1953 (Mun 2010, 603), que había traído el establecimiento de numerosos minifundistas en el oeste y el surgimiento de grandes latifundistas en el este del país, debido al ilimitado reparto sin costo de la tierra (Osborne 1986, 74-76). La reforma agraria neoliberal de 1996 tenía por objetivo impedir el proceso de traslado de tierra gratuita a los latifundistas, y estipuló la Función Económica Social (FES) abriendo la posibilidad de confiscar la tierra distribuida, en caso de ser incumplida. Lo novedoso de la ley 1715 de 1996 era que otorgaba el derecho de propiedad colectiva a las comunidades indígenas en forma de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), y el mecanismo diseñado para la reforma fue el saneamiento del derecho de la propiedad de la tierra por diez años, hasta 2006 (Fundación Tierra 2011, 10).

La política del MAS en la distribución de la tierra en el sector comunitario ha sido exactamente igual a la anterior, y sólo extendió el período del saneamiento durante siete años más, hasta 2013, mediante la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria nº 3545 de 2006 y su Reglamento nº 29215 de 2007.

Por lo tanto, el resultado de la reforma ha sido la expansión de las TCO (ver el gráfico 2), como forma de propiedad de la tierra para las comunidades indígenas y originarias, que suman un total de 22 millones de hectáreas, el 34,95% de las tierras saneadas hasta 2012. Por otro lado, el mayor porcentaje de tierras saneadas pertenece a la tierra fiscal, que ocupa el 36,6% del total, mientras que sólo unos 4,4 millones de hectáreas, el 6,7%, han sido saneadas hasta el momento como tenencia empresarial y mediana. El panorama estadístico general parece conformar la mayor dotación de la tierra para el sector comunitario.

Dicho fenómeno ha provocado críticas, según las cuales la intención del MAS es mejorar la gobernabilidad mediante la articulación de los intereses entre los indígenas, los terratenientes de tierras bajas y el sector empresarial (Regalsky 2010, 47). Lo anterior queda probado en el hecho de que la reversión a propietarios privados llegó sólo a 64 predios con 126.860 hectáreas, hasta 2012, a pesar de las retóricas políticas espontáneas sobre la justicia económica. De hecho, la redistribución de la tierra al sector comunitario ha descansado principalmente sobre la distribución de tierras de vocación forestal, tierras fiscales agrícolas y barracas (tierras agroforestales sin propietario), en vez de la tierra cultivada del oriente.

Otro hecho que complica el proceso de la repartición de la tierra es la pugna interna dentro del sector comunitario. Los campesinos y los movimientos interculturales dentro del MAS reaccionan contra la expansión de las TCO, criticándolas por considerarlas otro tipo de latifundios (Fundación Tierra 2012). Los cocaleros, los movimientos interculturales y los colonizadores de este grupo, que prefieren derechos individuales frente a la propiedad colectiva, han presentado el anteproyecto de la nueva Ley de Tierras, que reclama el reconocimiento de los "asentamientos campesinos"; en otras palabras, avasallamientos espontáneos o promovidos en tierras fiscales, áreas protegidas y TCO, con el agravante de que no se podrán desalojar hasta la conclusión de su trámite de dotación (Rojas 2012, 146). El caso del sonado conflicto delTerritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ocasionado por la construcción de la carretera que traspasa el parque nacional y la TCO, ha demostrado claramente que los campesinos controlan el gobierno (Fortún 2012). Este conflicto entre las organizaciones campesinas y las indígenas afecta al proceso de saneamiento, y por el momento el trabajo de la distribución de la tierra está prácticamente parado por causas políticas.

El desarrollo de la economía comunitaria y el funcionamiento del nuevo modelo

El fomento de la economía comunitaria en el nuevo modelo económico se hace teóricamente a través de una titulación más equitativa de la tierra y el consecuente incremento de la producción agrícola de las comunidades indígenas y campesinas. Por lo tanto, la transformación de los patrones productivos y alimentarios durante el mandato del gobierno del MAS debería revelar el desarrollo de la economía comunitaria y, a grandes rasgos, el funcionamiento del modelo.

La política del gobierno para promover la producción agrícola de la economía comunitaria está siendo instrumentada bajo la denominada revolución agrícola, materialización de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, de 2011 (ver gráfico 3). El objetivo de esta política es incrementar la producción agrícola comunitaria, dedicada por lo general al cultivo de frutas, hortalizas y tubérculos para el mercado local (Cartagena 2012), principalmente para resolver el problema de seguridad alimentaria originado en la época neoliberal como consecuencia del apoyo a la producción capitalista de los cultivos industriales destinados a los mercados externos (Ormachea 2012, 15).

Durante varias décadas, la producción agrícola comunitaria había perdido los terrenos y estaba en clara desventaja competitiva frente a la agricultura capitalista (Ormachea 2008, 5), mientras que la agroindustria aumentaba el cultivo de oleaginosas como la soya, el girasol, y también de la caña de azúcar, para la exportación, en las mejores tierras de Santa Cruz (CAO 2010). Los datos indican que en un lapso de seis décadas, entre 1950 y 2010, la población boliviana creció 3,7 veces, y la superficie cultivada, 4,4 veces. Durante ese lapso, cultivos como la soya y los cereales sobrepasaron el ritmo de crecimiento de la población y la tierra cultivada, mientras que otros cultivos campesinos de alimentos se han mantenido constantes, pese al crecimiento de la población (Rojas 2012, 135-136).

Los hechos y los datos referidos reflejan un empobrecimiento de la economía comunitaria y la crisis alimentaria de Bolivia, que depende de la importación para el abastecimiento de alimentos básicos como el trigo.

Las estadísticas demuestran que el incremento de la producción agrícola durante la presente legislatura ha tenido lugar principalmente en los llanos de Santa Cruz. Así, en el marco de la misma tendencia, han sido los cultivos industriales los que han aumentado su peso en la producción agrícola total, de un 79,1% a un 80,4%. A diferencia de las propuestas de los planes nacionales, el peso de la producción campesina de economía comunitaria se ha contraído, debido a que Santa Cruz ha concentrado el 85% del aumento de las nuevas tierras cultivadas, de las que nuevamente se ha dedicado el 40% a la siembra de soya, y el 36%, a la siembra de caña de azúcar. Las regiones del altiplano y del valle donde se localiza la pequeña producción campesina de frutas, hortalizas y tubérculos sólo han podido incrementar su producción en mínimas proporciones. El resultado fue el incremento de las importaciones anuales de alimentos en un 60%, en comparación con la época neoliberal, durante los cuatro años de mandato del MAS (Arze y Gómez 2013, 110). Las nuevas empresas públicas del sector, como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) e Insumos Bolivia, están por el momento dedicadas a resolver el asunto de la importación alimentaria (Arias 2011).

El panoramo descrito obliga a la formulación de algunas preguntas: ¿A qué se debe el fracaso del gobierno en el fomento de la economía comunitaria? ¿Por qué sigue dominando el patrón de la agricultura capitalista? La razón más importante es la naturaleza de la tierra saneada distribuida a las comunidades originarias e indígenas. Las TCO saneadas son de uso ganadero, forestal o minero en su mayoría, y sencillamente no son adecuadas para la producción agrícola. Las TCO saneadas en las tierras altas son en la mayoría de los casos el resultado de la conversión del estado jurídico de comunidades y ayllus con títulos pro indiviso o colectivos en TCO (Ormachea 2012). Las que se encuentran en zonas de actividad minera, como Oruro y Potosí, no están habilitadas para la producción agrícola de escala, sino más bien interesadas en la producción minera y en el ingreso colectivo extra por el derecho a la consulta previa de la explotación de recursos naturales no renovables, de acuerdo con la nueva Constitución, de 2009 (Chumacero 2010, 162). Por otra parte, la poca producción agrícola en la economía comunitaria de TCO en las tierras bajas está orientada en muchos casos al autoconsumo, y las comunidades completan un 36,3% de sus ingresos con actividades forestales, de recolección, caza y pesca (Cartagena 2012, 165).

Otra razón importante del fracaso en la promoción de la economía comunitaria, es la falta de una política pública integral que apoye y acompañe la gestión productiva y sostenible de los territorios. A partir de la seguridad jurídica de acceso a la tierra, los actores locales y el Estado deben manejar tanto herramientas técnicas e inversiones como un importante grado de organización, regulaciones y acciones políticas para el control y gestión del territorio, que facilitan el uso del mismo (Andaluz 2010). Sin embargo, la permanencia de una estructura inequitativa de tenencia de la tierra y de otros recursos está produciendo, por el contrario, un fenómeno de descampesinización en la economía comunitaria, que consiste en el aumento de personas dedicadas a labores no agropecuarias y en la gradual concentración, en algunas zonas, de las pequeñas parcelas, para dar lugar a pequeñas y medianas empresas (Ormachea 2010, 13).

Ante dichas circunstancias, desde no hace mucho tiempo el gobierno está impulsando, bajo el discurso de la soberanía alimentaria, acciones de incentivación al agronegocio, para extender la frontera agrícola. El gobierno acordó con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que había liderado el conflicto regional de 2007 amenazando con derrocar al gobierno, trabajar en la implementación de medidas destinadas a ampliar la frontera agrícola, como la ampliación del plazo de revisión de la FES de la propiedad agrícola de tres a cinco años, la flexibilización de la normativa de acceso al crédito bancario y la agilización de los permisos para nuevos desmontes (Quispe 2012, 1).

Se puede inferir, por lo tanto, a partir de las políticas públicas y los resultados alcanzados, que los hechos no sustentan la retórica oficial del carácter indígena y comunitario de la transformación social. Existe una distancia entre el discurso del fomento de la economía comunitaria y la práctica de la reforma agraria y la revolución agrícola. El gobierno del MAS ha seguido la misma orientación y mantenido las leyes elaboradas en la época neoliberal, y la economía comunitaria no ha podido convertirse en un proveedor importante de alimentos, ni generar los nuevos empleos, ni incrementar los ingresos. La pretendida transformación contemporánea del sector se ha estancado en la continuidad del patrón primario exportador.

El protagonismo estatal y la hegemonía capitalista en la época postneoliberal

El dominio de la producción capitalista en el campo continúa, a pesar de la retórica comunitaria gubernamental, también a nivel de la economía nacional. El argumento del nuevo modelo postneoliberal, relativo al desarrollo integral entre los diversos actores sociales y las diferentes formas de producción, parece no haber alcanzado su objetivo hasta la fecha. El análisis de este trabajo confirma que los únicos cambios destacables en la economía durante el mandato del MAS han sido el creciente protagonismo estatal y el constante predominio del sector privado empresarial, en contraste con el estancamiento del sector social-comunitario.

Durante los cinco años de mandato del MAS, sólo el sector estatal ha incrementado su participación en la economía nacional, del 14% al 20%, mientras que el sector comunitario redujo su peso del 7,20% al 6,24%, y el sector privado empresarial, del 54% al 52%. Esto prueba que el modelo postneoliberal de capitalismo andino-amazónico y Nuevo Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo es teórica y metodológicamente deficiente en todo lo relativo al desarrollo integral. En otras palabras, la intención del modelo no radica en promover el sector comunitario por encima de otros sectores económicos, ya que el gobierno parece haber dado prioridad al alto crecimiento económico fundamentado en un régimen neoliberal favorable al sector industrial. Por lo tanto, el modelo no ha alcanzado hasta ahora las posiciones intermedias de tránsito hacia el socialismo comunitario.

Por otra parte, el segundo factor que ha contribuido a la configuración actual que no logra la modificación del patrón de desarrollo, ni un cambio de modelo económico, más allá de la mayor presencia estatal en la economía, ha sido la preeminencia del tinte desarrollista de los izquierdistas y populistas, ante la corriente pachamámica en la pugna interna del oficialismo. El MAS nunca ha intentado transformar el Estado de manera revolucionaria en pro de los intereses indígenas, ni tampoco ha buscado la creación de un Estado indígena, sino un nuevo contrato social con miras a garantizar la gobernanza y desarrollar el país sobre la base de una ideología izquierdista. La contradicción entre el discurso del Vivir Bien y la práctica desarrollista se ha resuelto en muchas ocasiones en favor de los proyectos neodesarrollistas.

Las organizaciones sociales dominantes, como las de los cocaleros y los movimientos interculturales, que consideran este gobierno como suyo, han impulsado la agenda pública en función de sus intereses económicos y sociales, enfocados en la mayor intervención estatal y la redistribución de la riqueza. El resultado de este "patrimonialismo plebeyo" de los movimientos sociales (Stefanoni y Svampa 2007, 156), que busca una relación clientelar con un Estado rentista, ha sido el florecimiento de regímenes económicos liberales, que favorecen las actividades de grandes industrias privadas, junto a un creciente papel del Estado en la economía.

Esta tendencia liberal del mandato del MAS ha causado en varias ocasiones conflictos sociales con grupos de diferentes identidades, como en el caso de la carretera del Tipnis, conflicto gestionado por el MAS, con talante autoritario en primera instancia, pero por el que luego se retractó para conciliarse con las organizaciones indígenas. Puede colegirse, por lo tanto, que la etnicidad indígena provee legitimidad al gobierno y que la estabilidad política y social ha sido importante para sentar las bases de la victoria electoral.

De hecho, gracias al fuerte apoyo de las organizaciones afines al gobierno, Evo Morales logró el 12 de octubre de 2014 la reelección para su tercer mandato, con una mayoría absoluta del 61,04%, aunque el apoyo para el Presidente se redujo ligeramente, en comparación con el 64,22% de 2009 (Tribunal Supremo Electoral,www.oep.org.bo). El hecho de que el crecimiento del sector hidrocarburífero, junto a su consecuente expansión de programas sociales y de la inversión pública, haya desembocado en una victoria electoral demuestra la eficacia de la aplicación del pragmatismo del estilo Lula en Bolivia, más que la de cualquier proyecto ideológico.

Conclusión

La introducción del postneoliberalismo en Bolivia suele asociarse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales, que convocó a varios grupos de interés, llenos de frustración e ira contra el modelo neoliberal. Sin embargo, la propuesta de su modelo postneoliberal, que apuntaba a una transición hacia la época postcapitalista, no ha logrado diferenciarse del modelo previo de desarrollo económico, así como tampoco modificar el patrón primario exportador ni llevar a Bolivia a una transformación social verdaderamente trascendental.

En contra del argumento central del nuevo modelo -fundamentado en el desarrollo integral de los diferentes sectores de la economía, de acuerdo con sus propias lógicas, hacia el socialismo comunitario-, lo que se ha observado a la hora de poner en práctica el modelo postneoliberal ha sido un choque entre la noción del Vivir Bien y la práctica desarrollista. El proceso de contra-neoliberalización en Bolivia refleja las dificultades en la transición hacia la época postneoliberal. Su retórica es propia de un proyecto ideológico radical, pero en la práctica se aplica un pragmatismo neoliberal, dado que el discurso postneoliberal, que pretendía satisfacer las demandas de los diferentes actores sociales en un amplio espectro de ideologías, no ha logrado traducirse en una implementación lineal y coherente de prácticas políticas y económicas efectivas.

El mandato del MAS ha priorizado en el contexto particular de Bolivia el equilibrio entre mercado e ideología, con el objetivo de asegurar la estabilidad económica, política y social. Ya que no dispone de las condiciones para ir más allá del neoliberalismo, la época antineoliberal del MAS ha sido testigo de la coproducción de las condiciones neoliberales y más que neoliberales. De hecho, esta gobernanza, basada en los programas sociales prácticos, ha surtido efecto en las contiendas electorales.

Como se ha demostrado, la definición del período postneoliberal actual como una etapa de transición en el nuevo modelo constituye un razonamiento idealista. De una mayor presencia estatal en la economía, con acciones limitadas a superar las fallas del mercado, no puede esperarse un tránsito automático hacia la época postneoliberal, aunque tal vez los teóricos del régimen insistirán en resaltar el carácter de enunciado performativo que encierra su propuesta. Lo que se observa es un país que, enmarañado en las instituciones neoliberales, afronta el triple y difícil desafío de encontrar una alternativa, superar el neoliberalismo e inaugurar una efectiva y verdadera época postneoliberal.

^* La investigación desarrollada en este artículo fue financiada por Hankuk University of Foreign Studies Research Fund, de 2014.

¹ La entrevista se llevó a cabo por el autor en el despacho del Sr. Ministro, el día 24 de julio de 2013, en La Paz (Bolivia).

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Fecha de recepción: 29 de octubre de 2014 Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2015 Fecha de modificación: 24 de mayo de 2015