La convención de las discordias: Ocaña, 1828 ^*

Daniel Gutiérrez Ardila^**

^** Doctor en Historia por la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia). Docente investigador del Centro de Estudios en Historia (CEHIS) de la Universidad Externado de Colombia. Miembro del grupo de investigación "Arqueología de la Modernidad Política" (categoría D en Colciencias). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Les commissaires de la Restauration auprès des États hispanoaméricains (1818-1826). La Révolution française 6 (2014), y Matar a un rey ausente. Los regicidios simbólicos durante el interregno neogranadino (1808-1816), Economía y Política 2 (2014): 5-37. Correo electrónico: danielgutierrezardila@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.11

RESUMEN

Los congresos constituyentes en la Hispanoamérica independentista fueron por lo general reuniones que decidieron o ratificaron la existencia de nuevos Estados. En ese sentido, puede decirse que se caracterizaron en lo fundamental por la convergencia de pareceres y por la búsqueda de la unanimidad. Por eso, cuando los acuerdos alcanzados comenzaban a degradarse, se recurría naturalmente al expediente de convocar a un nuevo cuerpo constituyente que reparara las fisuras y conjurara las amenazas de disolución. Pero, ¿cómo aparejar tendencias irreconciliables? ¿Y qué sucedía si en lugar de resolver las más álgidas disputas, la esperanza de medianía se esfumaba definitivamente y el cuerpo de diputados faltaba a su cometido esencial? Mediante el análisis de la Convención de Ocaña (1828), cuyo fracaso tuvo mucho que ver con la disolución definitiva de la República de Colombia (1819-1831), este texto se interesa por tales cuestiones y busca analizar, echando mano de la documentación disponible en el Archivo General de la Nación (AGN), sistemáticamente confrontada con fuentes diplomáticas francesas y chilenas, el momento en que las asambleas constituyentes se transformaban en hitos de demarcación política y preparaban el advenimiento de la guerra civil. Así mismo, el artículo busca impugnar la idea, ampliamente difundida, del apoyo masivo y espontáneo de los pueblos colombianos a la dictadura de Bolívar.

PALABRAS CLAVE

Convención de Ocaña, asambleas constituyentes, revolución de independencia, República de Colombia, Simón Bolívar.

The Convention of Discords: Ocaña, 1828

Constituent congresses in pro-independence Spanish America were generally meetings that declared or ratified the existence of new States. In this sense, it can be said that they were basically characterized by the convergence of opinions and by the quest for unanimity. For that reasonl, when the agreements reached began to disintegrate, they naturally resorted to the procedure of convening a new constituent body to repair the fissures and ward off the threats of dissolution. But how were they to resolve irreconcilable differences? And what happened if, instead of settling the most heated disputes, all hope of compromise finally vanished and the corps of deputies failed in their essential mission? By analyzing the Ocaña Convention of 1928, the failure of which had a great deal to do with the final dissolution of the Republic of Colombia (1819-1831), this text poses such questions and seeks to analyze the moment in which the constituent assemblies became milestones for political boundaries and prepared the way for civil war. It does so by making use of the documentation available in the Archivo General de la Nación (AGN) and systematically confronting it with French and Chilean diplomatic sources. The article also seeks to challenge the widely disseminated idea of massive and spontaneous support of the Colombian peoples for the dictatorship of Bolivar.

KEYWORDS

Ocaña Convention, constituent assemblies, war of independence, Republic of Colombia, Simon Bolivar.

A convenção das discórdias: Ocaña, 1828

RESUMO

Os congressos constituintes na América Espanhola independentista foram, em geral, reuniões que decidiram ou ratificaram a existência de novos Estados. Nesse sentido, pode-se dizer que foram caracterizados fundamentalmente pela convergência de pareceres e pela busca da unanimidade. Por isso, quando os acordos atingidos começavam a se desintegrar, recorria-se naturalmente à convocação de um novo corpo constituinte que consertasse as fissuras e acabasse com as ameaças de dissolução. No entanto, como igualar tendências irreconciliáveis? O que aconteceria se, em vez de resolver as mais agudas disputas, a esperança de mediania desaparecesse definitivamente e o corpo de deputados faltasse a seu cometido essencial? Mediante a análise da Convenção de Ocaña (1828), cujo fracasso teve muita relação com a dissolução definitiva da República da Colômbia (1819-1831), este texto se interessa por essas questões e busca analisar, com base na documentação disponível no Archivo General de la Nación (AGN), sistematicamente confrontada com fontes diplomáticas francesas e chilenas, o momento em que as assembleias constituintes se transformavam em indicações de demarcação política e preparavam a chegada da guerra civil. Além disso, este artigo pretende impugnar a ideia, largamente difundida, do apoio massivo e espontâneo dos povos colombianos à ditadura de Bolívar.

PALAVRAS-CHAVE

Convenção de Ocaña, assembleias constituintes, revolução de independência, República da Colômbia, Simón Bolívar.

Antecedentes

No obstante, en el mes de febrero la casa Goldschmidt de Londres se declaró en bancarrota y arruinó el crédito y las finanzas de Colombia. El 30 de abril, pocos días después de conocerse en Valencia la decisión del Congreso de suspender al influyente militar José Antonio Páez de la comandancia general de Venezuela, y de llamarlo a juicio, se originó una revolución que se extendió muy pronto a las provincias de Caracas, Carabobo y Apure. El movimiento desembocó en la sustracción de estos territorios a la autoridad del gobierno de Bogotá, en la designación de Páez de una magistratura extraordinaria con el título de "jefe civil y militar de Venezuela" y en la decisión de remitir un diputado a Bolívar en Perú, para solicitarle que regresase a la república y facilitara con su influjo la reunión de una convención capaz de reformar la Constitución. Para legitimar estas actuaciones se acudió a un expediente que habría de gozar en los años sucesivos de gran popularidad: la redacción de actas en que supuestamente se consignaba la voluntad de los diferentes vecindarios.

Como ha anotado Clément Thibaud, esta práctica "permitía, en períodos de crisis, afincar alternativamente la soberanía" y constituía "un poder constituyente capaz de ser movilizado en cualquier momento contra el poder ejecutivo" (Thibaud 2006, 16). Conviene, con todo, anotar que el descontento del territorio de la antigua Capitanía General con el gobierno y las leyes de Colombia venía incubándose desde la creación misma de la república, y se había manifestado previamente por medio de una comisión que ofreció a Bolívar una corona bonapartista. El incidente de la suspensión de Páez fue visto entonces como una ocasión inmejorable para manifestar con vigor, en un primer momento, un separatismo genuino y para proclamar, más adelante, el sistema federal (Bushnell 2007, 251-260; Guerra 1908, 20-33; Restrepo 1858, 497-515, tomo 3).

Mientras esto sucedía, Simón Bolívar logró que comenzara a gestionarse en Perú la adopción del proyecto de Constitución, que había redactado en especial para la república de Bolivia y que, entre otras cosas, preveía la creación de una Presidencia vitalicia e irresponsable (Paz Soldán 1874, 70-110).¹ Al recibir las noticias de Venezuela, y en lugar de esforzarse por defender el orden constitucional, el Libertador aprovechó la situación para promover también en Colombia la adopción de la Carta y encargó a un amigo personal que la llevase a Bogotá, la reimprimiese y la circulase profusamente (Restrepo 1858, 527-528, tomo 3; Vargas 1978, 33; Villanueva s. f.). Los temores abrigados por los "hombres liberales" de Colombia, según los cuales el Libertador había modificado sus ideas políticas en Perú y cortejaba ahora la Corona, parecieron confirmarse cuando las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Panamá, Cartagena y Maracaibo expidieron actas por medio de las cuales le conferían facultades dictatoriales y lo llamaban a ejecutar la variación del sistema. Para colmo, detrás de aquellos tumultos se descubrieron instancias puntuales de diferentes emisarios de Bolívar -el general Salom, el coronel Demarquet y, sobre todo, Antonio Leocadio Guzmán- y hasta cartas de éste, que circularon entonces manuscritas (Bushnell 2007, 264-266; Cuervo y Cuervo 2012, 50-66; Guerra 1908, 77-84; Soto 1978, 121-123; Restrepo 1858, 529-535 y 655-656, tomo 3; Restrepo 1954, 299, 304-305 y 307; Vargas 1978, 16-17).²

Bolívar regresó por aquel tiempo a Colombia tras tres años de residencia en Perú, y desde su llegada a Guayaquil (12 de septiembre) su comportamiento fue contrario a la Constitución. En efecto, usando una "autoridad de dictador" que prescindió de reivindicar, promovió oficiales comprometidos en las actas de la dictadura, derogó sentencias ejecutoriadas en la corte marcial y dispuso a su antojo de los caudales públicos. Semejantes facultades sólo podían proceder de las actas emitidas por las juntas populares de Guayaquil, Ecuador y Azuay, en las cuales se les habían conferido explícitamente (Bushnell 2007, 266-268; Restrepo 1858, 550, tomo 3; Restrepo 1954, 307; Vargas 1978, 24-25). A continuación, Bolívar se dirigió a Bogotá (14 de noviembre), y nueve días más tarde hacia Venezuela, con el objeto de restablecer la concordia. Para entonces, si, con excepción de tres, todos los departamentos de la república se habían pronunciado a favor de una reforma de las instituciones, Antonio Leocadio Guzmán había fracasado en Caracas en su misión de promover la adopción de la Constitución boliviana y causado por ello un "extraño disgusto" a Bolívar, según refiere José Manuel Restrepo, que fue informado puntualmente de la rabieta (Restrepo 1954, 312 y 315-316). En Venezuela, el Libertador contemporizó con los rebeldes, ofreciéndoles amnistía y comprándolos con puestos. Páez fue así confirmado como "jefe superior de Venezuela"; otros revoltosos como Francisco Carabaño y Andrés Torrellas recibieron ascensos, y el dominicano José Núñez de Cáceres obtuvo el juzgado de Maturín. Entre tanto, los hombres que se habían mantenido fieles a las leyes y defendido el orden constitucional permanecieron en su sitio, sin ningún tipo de reconocimiento (Bushnell 2007, 271-276).

En Maracaibo, camino hacia Caracas, Bolívar había expedido un decreto ilegal el 19 de noviembre de 1826, en virtud del cual ofreció convocar los colegios electorales de la república para que decidieran cuándo, cómo y en qué términos debía instalarse la convención nacional. No obstante, dos meses después, graves sucesos en el Sur frustraron toda posibilidad de uniformar las instituciones de Colombia con las de Perú y Bolivia. En efecto, el 26 de enero una revolución en Lima, en la que participaron las tropas colombianas allí estacionadas, derogó la Constitución boliviana que apenas regía en el país desde el mes de diciembre. La revuelta se extendió a Guayaquil y aun a Bolivia, donde comenzó a vacilar también la autoridad de Sucre (Restrepo 1858, 579-593, tomo 3 y 7-17, tomo 4; Restrepo 1954, 322, 324 y 325; Vargas 1978, 49-55). En consecuencia, fracasaron el proyecto de establecer la gigantesca confederación de los Andes y, simultáneamente, las tentativas de imponer en Colombia, mediante asambleas tumultuarias, el código de la presidencia vitalicia (Lecuna 1995, 365-402). En adelante, la reforma constitucional habría de llevarse a cabo siguiendo vías menos expeditas.

Por las dificultades que se presentaron para completar el quórum, el Congreso Constitucional colombiano tuvo que instalarse en la ciudad de Tunja en torno a un senador moribundo y con una tardanza de cuatro meses. Según apuntó José Manuel Restrepo en su Diario político y militar, desde el comienzo de la legislatura se perfilaron dos grandes partidos: el de los "militares-aristócratas" y el de los "republicanos exaltados". El examen de las renuncias presentadas a la corporación por el Presidente y el Vicepresidente demuestra que ya para entonces la figura de Bolívar constituía una línea de fractura, pues 24 de los 74 congresistas se manifestaron a favor de su retiro. En cualquier caso, el Libertador, a la sazón en Caracas, explicaba sin recelos en sus conversaciones privadas que su dimisión no era sincera y que con ella sólo buscaba que se le entregase el mando supremo, sin sujeción a la Constitución (Porter 1997, 221, 223 y 225). Santander, por su parte, suscitaba menos resistencia en el Legislativo en ese momento, como parece indicarlo el hecho de que su continuación en el gobierno fuese decidida por una aplastante mayoría de 70 votos a favor (Restrepo 1954, 336; Soto 1978, 129-145; Vargas 1978, 58-64). El principal cometido del Congreso Constitucional de 1827 fue decidir la cuestión de la convocatoria a la convención revisora, que se veía obstaculizada por el artículo 191 de la Constitución en vigor. En efecto, éste preveía que tan sólo cuando una práctica de "diez o más años" hubiera descubierto los inconvenientes o ventajas de la carta promulgada en Cúcuta podría convocarse una asamblea que la examinase o reformase en su totalidad. Mediante una interpretación abusiva, y tras acaloradas discusiones, el Congreso fijó a finales de julio la fecha de la reunión (2 de marzo de 1828) y eligió como sede de ella a la ciudad de Ocaña, por tener ésta una situación geográfica favorable a los desplazamientos de los diputados venezolanos y porque los antibolivianos pensaban que allí podría deliberarse con mayor libertad que en la capital (Guerra 1908, 199-221 y 254-259; Restrepo 1858, tomo 4, 53-56; Vargas 1978, 56-58 y 86-87). El empeño de los santanderistas por salvaguardar las bases del gobierno republicano representativo los llevó a conseguir que se exigiese a los diputados de la Convención un juramento previo, que devela sus temores de que se aprovechase la reunión para instaurar un protectorado, una corona o una presidencia vitalicia:

juro a Dios Nuestro Señor sobre estos santos evangelios, y prometo a la República de Colombia [...] no promover nada que sea contrario a su integridad e independencia de otra potencia o dominación extranjera, ni que sea en tiempo alguno el patrimonio de ninguna familia ni persona, antes bien sostendré, en cuanto esté de mi parte, la soberanía de la nación, la libertad civil y política, y la forma de su gobierno popular representativo, electivo y alternativo; que sus magistrados y oficiales investidos de cualquier especie de autoridad sean siempre responsables a ella de su conducta política; y que el poder supremo se conserve siempre dividido, para su administración, en legislativo, ejecutivo y judicial.³

El decreto del Congreso no calmó los ánimos ni distendió el ambiente, en buena medida porque ya para entonces había llegado a su fin la feliz cooperación entre el Presidente y el Vicepresidente, y con ella, la asociación del carisma y la legalidad, que tanto había facilitado la marcha de la república (Calderón 2005). Francisco de Paula Santander actuaba desde hacía varios meses como "cabeza de facción" alentando proyectos separatistas y publicando artículos contra el Presidente en la gaceta ministerial. Bolívar, por su parte, ordenaba movimientos de tropas y continuaba otorgando ascensos militares y licencias a diversos oficiales, a pesar de no haber prestado juramento ni tomado posesión aún como máxima autoridad de la república (Restrepo 1954, 350-351; Vargas 1978, 67). Como si esto fuera poco, los coroneles Arismendi y Fergusson recorrieron las provincias de Socorro y Tunja por órdenes suyas, con el fin de promover en ellas la redacción de actas semejantes a las de Venezuela, y el coronel Pedro Alcántara Herrán hizo gestiones en el mismo sentido con los regidores de Bogotá (Santander 1988, 70). Además, varios militares del séquito del Libertador agredieron públicamente a periodistas comprometidos con la defensa del orden constitucional, y cuya cercanía con el Vicepresidente era de conocimiento público (Posada 1865, 82-83; Restrepo 1954, 363-364 y 373; Vargas 1978, 74-76 y 100-103). Ni siquiera el Congreso escapaba a la exaltación general, pues algunos de sus miembros trataron a Bolívar de "gran criminal" o lo compararon con César o Bonaparte, mientras que otros atacaron a Santander, acusándolo de corrupto (Guerra 1908, 225-236).

En otras palabras, cuando los diputados de la Gran Convención comenzaron a llegar a Ocaña, el ambiente político estaba dominado por la zozobra, las arcas públicas se hallaban exhaustas, el Ejército resultaba amenazante por su tamaño, por sus pretensiones y por sus excesos, y los fundadores de la república se habían dividido en torno a las figuras de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. El primero, elegido como diputado por Cundinamarca a la Convención, se convirtió naturalmente en el jefe de un grupo que se consideraba como el defensor de las instituciones democráticas y se daba el epíteto de "liberal" (Restrepo 1858, 83, tomo 4). El segundo no se abstuvo tampoco de intervenir en los debates y se instaló en Bucaramanga para seguirlos de cerca e influenciarlos, gracias al correo semanal que desde Ocaña iba hasta su residencia (O'Leary 1883, 210; Perú de Lacroix 1945). En su derredor se hallaban la generalidad de la alta y mayoritaria oficialidad venezolana, los extranjeros al servicio de Colombia y "patriotas antiguos" que creían de buena fe en la necesidad de un poder ejecutivo enérgico (Baralt y Díaz 1939, 266-268, tomo 2). Las disensiones abrían de nuevo la cuestión del sistema de gobierno más propicio para edificar en la Tierra Firme una sociedad feliz e ilustrada: las vacilaciones en torno al federalismo y las tentaciones autoritarias, cortadas desde 1819 por la guerra con España, volvieron a emerger con inusitada fuerza.

El testimonio del agente francés Claude Buchet Martigny resulta muy valioso para el estudio de la Gran Convención. Nacido en Sury-en-Vaux (departamento de Cher) en 1795, Buchet Martigny comenzó su carrera como agregado de la legación francesa en Estados Unidos y fue nombrado como representante de su país en Colombia tras haber administrado los asuntos consulares en Charleston, Norfolk y Filadelfia (1816-1822). A Bogotá llegó primeramente como "agente superior de comercio" a principios de agosto de 1826, antes de convertirse en "inspector de comercio" y, en abril de 1827, en cónsul general.⁴

Desde su llegada a Colombia, Buchet Martigny se forjó una visión de conjunto de la situación del país que se modificó muy poco durante los siete años de su permanencia en Bogotá, y en cuya comprensión la Convención de Ocaña ocupa una parte esencial. En opinión del representante francés, la república ofrecía pocas posibilidades de consolidación y estabilidad si Simón Bolívar dimitía o era derribado. Si hemos de creer en sus repetidas denuncias, la administración del vicepresidente Santander era corrupta; los legisladores, ignorantes, y los jueces, prevaricadores.⁵

Los prejuicios políticos y nacionales de Buchet Martigny lo llevaron a ver en el Libertador-Presidente un aliado potencial de las Restauraciones europeas y del principio del orden contra el espíritu demagógico. En consecuencia, Francia y sus aliados continentales debían apoyar los proyectos de transformación de las instituciones colombianas que Bolívar venía promoviendo desde Perú y que, en concepto de Buchet Martigny, apuntaban claramente a la fundación de un sistema muy próximo a la monarquía constitucional, mediante la adopción de una presidencia vitalicia e irresponsable. "El general Bolívar será rey", aseguraba el agente francés, "mas superior en sabiduría a César, se contentará con serlo de hecho sin tomar el título".⁶

Por lo menos desde mediados de agosto de 1826, Buchet Martigny se mostró convencido en su correspondencia de que las pretensiones de Bolívar apuntaban en esa dirección. ¿Acaso no había visto el Libertador en la revuelta de Páez una ocasión inmejorable para modificar las instituciones de Colombia? Y si en un primer momento el representante francés desestimaba la posibilidad de que Bolívar estuviese detrás de las actas de diversas capitales departamentales, para finales de octubre había adquirido la certeza de que tales movimientos hacían parte de sus maquinaciones.⁷

Es conveniente en este punto citar un extracto de la correspondencia:

[...] il semble aujourd'hui démontré que Bolivar lui-même, a été le fomentateur des mouvements de Venezuela, de ceux de Guayaquil, Quito, Panama, Carthagène, Sainte-Marthe, Maracaibo, etc. Il avait envoyé des émissaires dans toutes ces parties de la république pour y suggérer d'y demander des reformes dans le gouvernement, se faire nommer dictateur et proposer le plan modifié de la Constitution de Bolivia, pour l'adoption duquel il se trouverait président à vie et irresponsable des trois républiques de Colombia, du Pérou et de Bolivia, qui a, dit-on, intention de réunir sous un même empire.⁸

Las opiniones de Buchet Martigny se afianzaron con la llegada de Simón Bolívar a Bogotá después de una larga ausencia en Perú y, más que nada, con la audiencia en la que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. Durante la entrevista, ocurrida el 20 de noviembre de 1826, el Libertador se expresó en francés en presencia del vicepresidente Santander y observó con franqueza "que el gobierno republicano no era conforme a las costumbres, los hábitos, la educación o el genio de los habitantes de la América meridional", antes de recordar que tiempo atrás, ante el Congreso reunido en Angostura, había anunciado ya esta verdad, a sus ojos incontrovertible. El mensaje tácito era claro: los males padecidos recientemente por el país hallaban su origen en la porfiada inadvertencia del oráculo y se originaban exclusivamente en la naturaleza de las instituciones republicanas. Habiéndose apresurado Buchet Martigny a refrendar el diagnóstico, basado en su corta experiencia en Colombia, Bolívar agregó que una monarquía tampoco era conveniente "porque el país era demasiado pobre para mantener un rey y un gobierno real". El único remedio, en palabras del propio Bolívar, era la dictadura, capaz de obviar a un tiempo los inconvenientes suscitados por uno y otro sistema.⁹ Cinco días más tarde, en medio de una cena ofrecida por el representante británico en Bogotá, Bolívar hizo un brindis en el que renovó su fe política y envió nuevamente señales claras de sus proyectos, declarando que Francia poseía "el mejor gobierno de su historia y que se encaminaba a pasos redoblados hacia el último grado de la prosperidad".¹⁰

En otras palabras, la Convención de 1828 habría sido, según Buchet Martigny, un recurso imaginado por el Libertador-Presidente para modificar de manera solapada las instituciones de Colombia. Ocaña fue, en opinión del representante francés, un nuevo intento -después de Angostura y Cúcuta- por crear en el país una monarquía constitucional disfrazada, una "realeza con librea republicana", para emplear las propias palabras del agente.¹¹ Ello quiere decir que la asamblea revisora de 1828 significó, desde tal punto de vista, un tercer fracaso. ¿Cómo explicar tan repetidos y fatales tropiezos en un hombre que, en opinión de Buchet Martigny, se encontraba muy por encima del resto de sus conciudadanos? La respuesta del comisionado francés es también persistente e invariable desde las primeras comunicaciones oficiales que remitió a París en 1826: el alto precio que Bolívar concedía a su propia gloria, edificada sobre su condición de héroe antimonárquico, le habría impedido presentar y promover abiertamente sus proyectos y sus aspiraciones. Por lo tanto, cuando la adopción por vía legal de sus diseños institucionales resultó imposible, se contentó con ejercer una dictadura limitada en el tiempo y, por lo mismo, ineficaz.¹²

¿Vio Bolívar en la convocatoria de la Gran Convención de 1828 un mecanismo capaz de imponer a Colombia la Constitución boliviana? Tal es la opinión de Buchet Martigny, que tuvo a bien recordar en su correspondencia que el Presidente mismo había asestado varios golpes letales a la Carta de Cúcuta al prometer en una proclama a los venezolanos la convocatoria de una nueva asamblea constituyente (en contravía de lo estipulado por las leyes fundamentales) y al premiar a Páez y sus aliados con ascensos y favores.¹³ Las miras del Libertador habrían apuntado, en última instancia, a la creación de una vasta confederación que se extendería desde Colombia hasta el Perú y Bolivia.¹⁴

La Gran Convención

Un gran escollo surge al estudiar la Convención de Ocaña: como durante toda su existencia careció de imprenta, aparentemente por la estudiada negligencia del Secretario del Interior (Vargas 1978, 86),¹⁸sólo una porción de las actas circuló en su momento. Cuando en 1993 el proyecto editorial liderado por Luis Horacio López para el bicentenario del natalicio y el sesquicentenario de la muerte de Francisco de Paula Santander encaró la cuestión, halló incompleto en el Archivo Histórico Restrepo (Bogotá) el Registro Oficial de la asamblea, por lo que debió recurrir a la Gaceta de Colombia y a la publicación de Blanco y Azpurúa para cubrir algunos de los vacíos. Al final, sólo fue posible dar con las sesiones preliminares, las actas de instalación y de los dos primeros días de labores (2 de marzo-11 de abril de 1828), así como con la del 8 de mayo y con las que marcaron el cierre de la asamblea (6, 7, 9 y 11 de junio). En suma, es fácil estudiar allí lo relativo a la calificación de los poderes de cada representante y a la instalación propiamente dicha, no así los tempestuosos debates que llevaron a los diputados a separarse sin haber encontrado una solución a sus desacuerdos.¹⁹

Por fortuna, en el Archivo Legislativo del Congreso (que se conserva en el Archivo General de la Nación) existe un tomo con actas manuscritas de la Gran Convención. Si bien está incompleto, pueden allí leerse, además de los registros de las sesiones preliminares, los correspondientes a casi todo el mes de abril y los de la primera quincena de mayo.²⁰En suma, las actas faltantes de la asamblea son pocas y corresponden esencialmente a las últimas dos semanas de dicho mes. No obstante, la información que ofrece el recuento oficial de la Convención es desalentadora: varias transcripciones manuscritas de las sesiones no pasan de ser imperfectos borradores y, a pesar de la presencia de taquígrafos (ver la imagen 1), los debates son consignados con un laconismo desesperante que se abate como un telón entre los diputados y nosotros. Así, por ejemplo, a propósito de la sesión del 25 de abril, puede leerse en los originales que "varios señores tomaron la palabra alternativamente y esforzaron muchas razones para persuadir que no debía adoptarse en su totalidad el parecer de la comisión", mientras que en el acta del 14 de mayo aparece consignado que ciertos diputados "sostuvieron lo contrario y manifestaron varias razones a favor de la moción". Resulta entonces imposible comprender a través de una fuente semejante la conformación y el dinamismo de los bandos en pugna, seguir el rastro a las principales disputas o confrontar argumentaciones, réplicas y contrarréplicas. Limitarse, pues, al solo registro oficial de la asamblea impide ver la Convención de Ocaña como el "campo de batalla" y el escenario de largos y acalorados debates a los que se refieren otras fuentes contemporáneas.

La cronología es sencilla: el 2 de marzo de 1828, doce miembros de la Convención se encontraban en Ocaña y acordaron comenzar el examen de los registros de las asambleas electorales y la redacción de informes sobre los resultados de los sufragios. ¿Se realizaron las votaciones en la fecha prevista? ¿Se siguió estrictamente lo mandado por el reglamento? ¿Tenían los elegidos tachas que les impidieran el ejercicio de sus augustas funciones? ¿Eran patriotas notorios? ¿Carecían de las propiedades estipuladas o del tiempo de residencia preciso? Tales son las cuestiones que ocuparon y opusieron en un principio a los pocos diputados presentes (O'Leary 1883, 155-200; Vargas 1978, 118). En ese punto se produjo un movimiento armado en Cartagena encabezado por el general pardo José Padilla, quien fracasó en el intento y buscó refugiarse en Ocaña (Helg 2004, 195-236). Allí se reunió con los diputados santanderistas, con quienes consideró la posibilidad de organizar una revolución contra Bolívar y las miras tiránicas que le atribuían.²¹

El 9 de abril, habiendo ascendido el número de los diputados presentes en Ocaña a 64 (de un total previsto de 108), pudo instalarse finalmente la asamblea en la iglesia parroquial, tras la invocación del Espíritu Santo. A partir de ese momento finalizan las actas impresas y es forzoso recurrir a las manuscritas que se conservan en el Archivo General de la Nación. Lo esencial del tiempo se empleó a continuación en discutir el reglamento interno de la corporación, que comprendía al menos cinco títulos y 70 artículos. Igualmente, el 16 de abril la asamblea expidió un decreto declarando urgente la reforma de la Constitución, y el 14 de mayo se rechazó por 40 votos contra 28 el proyecto de exhortar a Bolívar a que se trasladase a Ocaña con el fin de facilitar la conciliación de opiniones.²²De ahí en adelante, las actas se interrumpen, y sólo se sabe con certeza que el 2 de junio, cuando se alcanzó la cifra de 74 diputados presentes, 19 de ellos tomaron la decisión de no concurrir más a las sesiones, pretextando enfermedades. Si bien el quórum se mantenía, era éste muy frágil, pues con dos nuevas ausencias o defecciones la Convención tendría que disolverse. Por ello, los presentes optaron por abandonar la discusión de la Constitución y concentrarse en examinar un "acto adicional" a la maltrecha Carta imperante que pudiera discutirse y aprobarse en tres debates. Así, al menos la república vería confirmadas en lo esencial sus instituciones y no quedaría enteramente huérfana de ordenamiento legal. Como un nuevo diputado se fingió enfermo (Fernández Peña), otro más anunció su defección (Anastasio García de Frías), y los remisos optaron por abandonar la ciudad, la asamblea quedó herida de muerte y acordó su separación el 11 de junio de 1828.

En conclusión, las actas resultan insuficientes para el estudio de la Convención. Para tener alguna idea de los desacuerdos y las polémicas generados en el seno de la asamblea es preciso remitirse a otras fuentes. Por ejemplo, a los oficios de Buchet Martigny que he utilizado ya, combinados con escritos de la época y, en particular, con el Diario político y militar de José Manuel Restrepo. Redactado como materia prima de la Historia de la revolución de la República de Colombia, su autor, entonces secretario del Interior, consignaba en él con franqueza sus primeras impresiones y sus opiniones personales. Unas y otras estaban, claro está, fundadas en evidencia de primera mano, pues Restrepo, a más de las ventajas propias de su posición, mantenía correspondencia activa con varios diputados e intervenía activamente por su intermedio en las discusiones de la Convención.²³El Diario político y militar es entonces un testimonio muy valioso porque va librando poco a poco instantáneas de la lid de la constituyente y de la manera en que las diferentes etapas de la confrontación eran leídas por una figura eminente del gobierno.

Para llegar a Ocaña, los primeros diputados se hallaron desprovistos de toda clase de auxilios pecuniarios y debieron sufragar de su propio bolsillo los gastos de viaje, los "útiles indispensables para el despacho" y la "conducción de algunos muebles para la asamblea y conclusión del local de las sesiones". La guerra había golpeado duramente a la ciudad, que se hallaba comunicada con el resto de la república a través de caminos deficientes, por lo que todo escaseaba o alcanzaba precios muy altos. Las dificultades de los vocales se acrecentaban por la falta de pago de las dietas, la interceptación o el extravío de la correspondencia y la presencia constante de agentes y espías de Bolívar, y particularmente del coronel O'Leary (AGN. AHL, Correspondencia oficial, tomo 20, ff. 1 y 23-26;Santander 1988, 78; Vargas 1978, 85-88 y 102).²⁴

Tanto el representante francés como José Manuel Restrepo coincidieron en pronosticar desde el comienzo que la Convención sería el escenario de una violenta confrontación de partidos. El encabezado por Santander estaba mucho más organizado: a tal punto, que O'Leary lo describe como una "máquina" movida por un solo resorte. De hecho, sus miembros se reunían habitualmente en una fonda y no entraban a la Convención sin saber primero "lo que han de hacer, lo que van a proponer, quién ha de hacer la moción, quién debe apoyarla, etc., etc." (O'Leary 1883, 202). La serenidad estuvo ciertamente ausente desde el principio, y los espíritus tendieron a caldearse aún más por la recepción en Ocaña de "muchas actas insultantes de los cuerpos de ejército del Sur y el Norte de Colombia", que buscaban que se confiriese a Bolívar un "poder discrecional sin límites" y amenazaban con no aceptar decisión alguna contraria a estos deseos (AGN. AHL, Correspondencia oficial, tomo 20, ff. 20 y 89; Mosquera 2012, 87; Vargas 1978, 90). Además, numerosas municipalidades de la república remitieron representaciones a la Convención, abogando en su mayoría por la permanencia de Bolívar en el mando y por el establecimiento de un gobierno fuerte.²⁵Sería errado ver en semejante movimiento una expresión espontánea o concluir, como hicieron apresuradamente José Manuel Groot y José Joaquín Guerra, que tal era la opinión unánime del país (Groot 1953, 312 y 314; Guerra 1908, 294). Con toda razón, los diputados Santander y Montoya denunciaron la incoherencia que había entre algunas de aquellas manifestaciones y las que tan sólo unos meses atrás habían suscrito los vecinos de los mismos pueblos a favor de la federación.²⁶ Más convincente resulta por ello el análisis del diputado Vargas Tejada cuando afirma que se trataba en realidad de una conformidad facticia, producida por una "causa extrínseca e independiente de la voluntad pública" (Vargas 1978, 145-147). En el mismo sentido, Rafael María Baralt y Ramón Díaz aludieron a la inconsecuencia de los pronunciamientos expedidos por las municipalidades antes y después de las elecciones a la Gran Convención y no dudaron en atribuirla a la interesada influencia de los bolivianos (Baralt y Díaz 1939, t. 2, 271 y 274). Por su parte, David Bushnell señaló en 1983 que con frecuencia las peticiones habían sido "preparadas de antemano en formularios impresos listos para ser enviados a la convención" y que había incluso manifiestos en los cuales "el lugar de origen se había dado como 'Bogotá' o 'Cartagena' y luego se había corregido para inscribir el nombre en un lugar diferente" (Bushnell 2006, 59).

Cuando vi ahora en la gaceta número 341 la instalación de la Gran Convención, no pude menos de recordar la recomendación de Vuestra Señoría, y aunque desde el día 5 del mes pasado abril participé a los cabildos de los cuatro cantones de que se compone esta provincia (La Plata, Timaná, Neiva y Purificación) la conveniencia de dar el paso que Vuestra Señoría tuvo la bondad de indicar, relativo a la forma de gobierno en aquella asamblea, hoy tengo el dolor de avisar a Vuestra Señoría que, excepto el de Purificación, de los demás, ninguno ha acusado recibo, e ignoro cuál haya sido la causa de su morosidad: me considero en la obligación de anunciarlo a Vuestra Señoría para que por ningún caso se persuada que puedo tener parte en la tardanza, y mucho menos que yo sea de contraria opinión. Esperaba las contestaciones para reunir la municipalidad de esta capital con su vecindario y obtener sus firmas después de representarles las ventajas de esta medida, pero ya queda informado el señor comandante Silverio José Abondano, que me ha sucedido, para tomar las providencias conducentes y verificar la remisión a Ocaña.²⁸

La representación compuesta en la capital de la república circuló impresa efectivamente por la provincia de Neiva y fue adoptada por los diferentes pueblos mediante un procedimiento tan sencillo como burdo: a punta de tachones se disimularon el lugar y la fecha de expedición que aparecían en letras de molde ("Bogotá, marzo 21 de 1828, 18º") y se les reemplazó en el costado con la pluma, antes de agregar las firmas de los vecinos. Así sucedió en Purificación el 10 de abril, y en El Espinal cuatro días más tarde (ver imágenes figura 2 y figura 3).

A otros lugares llegó un traslado manuscrito del acta, a la que sólo restaba agregar el día, el nombre del poblado y, por supuesto, las rúbricas de los padres de familia: tal fue el caso de Dolores y Alpujarra, donde fueron suscritas respectivamente el 20 y el 21 del mes citado. Al cotejar una con otra, resulta innegable que una única y misma mano elaboró las copias, lo que confirma el origen exógeno de la iniciativa (ver las imágenes figura 4 y figura 5).

Se presentó también un tercer caso, en el que el acta fue remitida manuscrita incluyendo el lugar y la fecha originales, de modo que fue necesario corregirlos chapuceramente por encima: ello aconteció en Prado, Natagaima y Coyaima, que revalidaron todos el acta el 21 de abril (ver las imágenes figura 6, figura 7 y figura 8)²⁹.

Cuando el secretario Restrepo recibía las actas que propiciaba con tanta diligencia, las enviaba a diputados de su partido en Ocaña con el fin de que a su vez las presentasen en la asamblea.³⁰ No obstante, se sabe que no todas las municipalidades entraron en la combinación. En una carta escrita desde Ocaña, Santander refirió a un corresponsal en Popayán que poblaciones como Girón y San Gil se habían resistido abiertamente a ejecutar lo que se les mandaba.³¹ Aunque no he podido dar con documentos sobre estos dos casos, sí encontré un acta de la municipalidad de Arauca de naturaleza semejante. En ella se lee que tras haber recibido de manos del jefe político y militar una comunicación del gobernador de la provincia que los instaba a que manifestasen a la Gran Convención "su opinión acerca del sistema de gobierno más conveniente", los capitulares se negaron a pronunciarse sobre el particular, "supuesto que han depositado su confianza en los miembros de aquella respetable corporación y que han sometido su voluntad a la de aquellos, que los consideran con el patriotismo, luces y demás necesario para mirar por la felicidad de Colombia".³²

¿Quiere esto decir que la coacción no era tan terminante y que, por consiguiente, las actas enviadas a Ocaña desde muy diversos rincones de la república deben leerse como una adhesión sincera al sistema central y a la permanencia del Libertador en el poder? En realidad, los casos de San Gil, Girón y Arauca resultan verdaderamente excepcionales y, en ese sentido, parecen sugerir más bien la residencia en dichas poblaciones de delegados del poder ejecutivo afines a los liberales o menores posibilidades locales de constreñimiento.

Para el 14 de abril de 1828, Buchet Martigny juzgaba ya inútil esperar algún resultado de la asamblea. No obstante, al conocer que el antiguo secretario de Hacienda José María del Castillo había derrotado al general Santander por un estrechísimo margen en la elección por la presidencia de la corporación, alcanzó a ilusionarse a finales de mayo con un triunfo del partido boliviano y el establecimiento de "instituciones más adecuadas con el Estado moral" del país. Esta tendencia pareció confirmarse, además, por la derrota de los proyectos federales que propusieron dividir la república en ocho pequeños Estados o en tres de mayor tamaño.³³Restrepo comentó también la apurada elección de Del Castillo y agregó en su diario que los cuatro secretarios designados eran "enemigos de Bolívar". Basado en esta evidencia, auguró que Ocaña iba a convertirse en "un campo de batalla" en el que se opondrían dos partidos, y señaló que los pocos diputados "moderados" o "independientes" que allí había (particularmente, los antioqueños y dos miembros de la poderosa casa Mosquera, de Popayán) tendrían un papel decisivo en la contienda.

En cuanto a la alternativa federal, Restrepo criticó la inconsecuencia de Santander, que había abandonado su entusiasmo por el "gobierno central", sólo para oponerse a Bolívar, y dio cifras concretas de su derrota del 28 de abril: 42 votos contra 22. Así mismo, Restrepo tuvo la oportunidad de revisar 34 artículos del proyecto de Constitución presentado a la Convención por una comisión de cinco miembros nombrada para tal efecto, y lo calificó con dureza de "miserable reglamento" porque, en su opinión, debilitaba la acción del Ejecutivo. Por el Diario político y militar se sabe, además, que Bolívar se disgustó con el proyecto de los santanderistas y que amenazó con retirarse a Venezuela. Sus partidarios en Ocaña quisieron entonces presentar una moción para que se le llamase y se acordase con él el perfil de las nuevas instituciones. Pedro Briceño Méndez quedó encargado de enunciarla una vez que se hubieran conseguido con certeza los votos precisos para su aprobación. Se trataba, evidentemente, de ahorrar al Libertador una afrenta innecesaria. Según se dijo, 38 diputados, entre los cuales se contaba el mismísimo general Santander, ofrecieron apoyar la iniciativa. No obstante, el 14 de mayo la moción fue rechazada, como se ha dicho, por 40 votos contra 28 (Restrepo 1858, 96-98 y 592-593, tomo 4; Restrepo 1954, 377-380).³⁴

Buchet Martigny mencionó el hecho en su correspondencia e indicó que se trató en realidad de un engaño muy bien zurcido por los santanderistas, algunos de los cuales fingieron malintencionadamente estar de acuerdo con las miras del partido boliviano, con el fin de imprimirle una derrota humillante.³⁵En los días siguientes (22-28 de mayo), el combate giró en torno a la nueva constitución propiamente dicha, mediante la oposición de dos proyectos: uno, formado esencialmente por Vicente Azuero, buscaba debilitar el Ejecutivo, particularmente mediante el aumento del número de los departamentos (de 12 a 20) y el establecimiento en cada uno de ellos de asambleas con amplias atribuciones; el otro, redactado por José María Castillo, se afanaba, por el contrario, por darle fuerza, ampliando, por ejemplo, el período presidencial (Restrepo 1954, 380).³⁶Si bien ambos borradores comenzaron a discutirse al mismo tiempo, el segundo fue admitido tan sólo como una modificación del primero, y, por lo demás, había quedado muy claro quién poseía la mayoría en la Gran Convención. Al parecer, las discusiones se desarrollaron sin mesura ni sosiego: la correspondencia de Santander fue violada descaradamente (O'Leary 1883, 228-231), y los diputados bolivianos fueron insultados por ser "sostenedores de la tiranía y de los planes ambiciosos de Bolívar" y acusados de querer establecer una constitución de corte monárquico (Restrepo 1858, 99, tomo 4).

A pesar de que para entonces habían llegado algunos representantes más, la preponderancia santanderista se mantuvo. Bolívar escribió, en consecuencia, a un convencionista pariente suyo (Briceño Méndez) para manifestar su disgusto y amenazó con "no firmar las reformas" que se decretasen y con abandonar el país. Alarmados por la noticia, los llamados serviles despacharon al coronel O'Leary a Bucaramanga con la intención de que acordase con el Libertador una estrategia para lo venidero.³⁷Consta que, desde mediados de mayo, Bolívar había recibido con satisfacción, y como una "profecía" que deseaba "ver cumplir", las protestas de los diputados que le eran adictos, según las cuales éstos estaban resueltos "a no firmar ni votar cosa que no sea excelente, y que más bien abandonar[í]an el campo a los facciosos, retirándose de Ocaña y denunciándolos a la nación como perturbadores y enemigos públicos".³⁸En otras palabras, es imposible salvar la responsabilidad del Presidente de la república en lo sucedido a continuación (Santander 1988, 80-81; Sañudo 1995, 444-456).³⁹Como estaba previsto, los bolivianos decidieron retirarse masivamente de la asamblea sólo cuando estuvieron seguros de que, al dejar de concurrir a las sesiones, ya no podría alcanzarse el quórum preciso.⁴⁰Es importante señalar que el grupo de los disidentes tenía una clara cohesión regional, puesto que lo formaban todos los diputados del Sur (nueve), seis de la antigua Venezuela, cuatro del departamento del Magdalena y uno del de Cundinamarca. En otras palabras, se trataba de individuos que debían su elección a los "jefes superiores" Páez y Flores y al intendente Montilla, y que representaban, en consecuencia, los intereses de los oficiales del Ejército colombiano. Mediante el arbitrio escogido, el gobierno de la república debía quedar luego en manos de Bolívar, a quien se declararía dictador en Bogotá. Y como las principales poblaciones de Colombia habían de replicar el acto, comenzaron a tomarse de inmediato las medidas apropiadas.⁴¹

Antes de resignarse a disolver la Convención, los diputados liberales intentaron aprobar aun cuando fuera un "acto adicional" a la Constitución de 1821. Compuesto de 19 artículos, él puede verse como la expresión más sencilla de sus reivindicaciones, y apuntaba particularmente a regular con claridad las atribuciones del poder ejecutivo en casos de conmoción interior y a garantizar las reivindicaciones de los federalistas mediante la creación de las asambleas provinciales (Pineda, Epps y Caicedo 1993, 221-224, tomo 2). Dicho de otro modo, se trataba de poner coto al influjo de Bolívar.

¿Abusó el partido santanderista de la mayoría con que contaba en la asamblea? Tal acusación, enunciada por los historiadores Baralt y Díaz en su Resumen de la historia de Venezuela, merece ser tenida en cuenta (Baralt y Díaz 1939, 278, tomo 2). Para abordar la cuestión viene como anillo al dedo la correspondencia oficial de Joaquín Campino, ministro de Chile en Estados Unidos, quien siguió muy de cerca los trabajos de la Gran Convención. Para 1828, Campino contaba con una abultada carrera pública, desarrollada esencialmente en la década de 1820, habiendo sido, entre otros, miembro del Parlamento, agudo gacetero y secretario del Interior y Relaciones Exteriores. El pensamiento político de Campino dio en Estados Unidos un giro importante, pues empezó a desconfiar allí de los "principios abstractos y de escuela" y a valorar el ascendiente de hombres como O'Higgins, cuyo gobierno, "a pesar de todas sus cosas vituperables", era, en su concepto, el único que había merecido el nombre de tal en Chile. Campino moduló, en consecuencia, su antibolivarianismo de hogaño, juzgando, por ejemplo, que los diputados liberales cometieron un error al no lisonjear al Libertador y capitular con él, "respecto a que le reconocían intención, poder e influjo bastante para frustrar sus deliberaciones, procediendo en guerra abierta". Ciertamente, Bolívar había combatido la legitimidad de la asamblea por medio de sus escritores; sin duda, había tratado de levantar en su contra la opinión del Ejército y de los pueblos, sacándoles actas venenosas. Sin embargo, los convencionistas se habían dedicado también a ofender y punzar al Presidente:

¿Esperaban acaso estos diputados que un hombre lleno de gloria, extremadamente celoso de ella y con bastante poder para sostenerse, inclinase la cabeza y permitiese aparecer ante el mundo, declarado criminal por esta misma convención? ¿No conocían estos representantes que el único modo de salvar a su país era legitimar y dar opinión al poder y fuerza de hecho que Bolívar tenía, y asegurar la obediencia y cumplimiento de las deliberaciones de la Convención con el apoyo y el poder de aquel? [...] Aquellos liberales parece que no conocieron la alhaja preciosa y el valor e importancia que tiene en un país, y más en una revolución como la nuestra, un ciudadano que haya logrado reunir un tan gran capital de influjo, ascendiente, poder y opinión si se le da a ésta una dirección conveniente. En mi concepto la exaltación o terquedad de los liberales de Colombia ha perjudicado a la causa de la libertad, y puesto a Bolívar en la necesidad de pasar sobre ella. La minoría de la convención que de hecho se ha retirado, ha procedido de un modo muy ilegal, juzgándoseles por las reglas comunes y ordinarias, y todas las justificaciones que a este respecto ellos han dado me parecen muy superficiales. La verdadera justificación la encuentro en que ellos conocían y veían el estado de disolución y anarquía de todo su país, y en que sabían que las deliberaciones de la convención, la constitución misma que diesen iba a ser desobedecida y rechazada por el ejército y por muchas provincias.⁴² ]]>

Campino veía en la figura de Bolívar una garantía de estabilidad que convenía conservar, y, al mismo tiempo, en caso de excluirlo del mando, una amenaza formidable para Colombia. En tales circunstancias, le parecía que la única manera de preservar la república era un pacto que engatusara al caudillo. ¿Era posible tal cosa? Para el mes de septiembre, cuando Campino se enteró de la declaración de guerra de Colombia al Perú y renacieron sus temores de que Bolívar estuviese buscando conformar un imperio de tipo napoleónico en América del Sur, su respuesta al interrogante anterior se hizo terminantemente negativa:

Mucho me equivocaba yo cuando creía que una conducta lisonjera hacia aquel por parte de la última convención habría servido a contenerlo en los límites de la moderación y la justicia. Sus planes eran resueltos. Si la convención no los hubiese autorizado y aprobado, ella habría sido concluida del mismo modo que lo ha sido. Sin embargo, en mi opinión, aquellos representantes habían estado en la obligación de capitular con él, y esta conducta política y generosa de su parte, habría recomendado más su causa, y puesto más en descubierto y descrédito los planes y miras de Bolívar. Pero los tales representantes liberales de la convención se han manejado de un modo muy imprudente y apasionado en su conducta con éste, y después muy imbéciles y pusilánimes para sostener sus propias pretensiones, abandonando el campo por la sola retirada ilegal de una corta minoría, sin haber hecho la menor gestión ni insistencia por sostenerse, ni haber dado la menor muestra de energía. Ellos han proporcionado a Bolívar con su terca e imprudente conducta al principio, y con este abandono posterior que hicieron del poder, pretextos para colorir la necesidad de investirse del mando supremo para no dejar la nación acéfala y entregada a todas las facciones.⁴³

Los preparativos de la dictadura

Como se ha visto, la agonía de la Gran Convención comenzó el 2 de junio de 1828 con la defección de 19 diputados y se prolongó por nueve días más hasta su clausura definitiva, habiendo resultado inútiles todas las tentativas de conciliación (Guerra 1908, 424-432). La reunión se cerró con un rotundo fracaso y costó a la quebrada república de Colombia la bicoca de 200.000 pesos (Porter 1997, 336). En el proceso, el partido santanderista, que había controlado las elecciones del año anterior y gozado en Ocaña de una mayoría tan indisputable como precaria, perdió el control de la situación en beneficio de las autoridades bolivianas de Bogotá. El 13 de junio, aprovechando la ausencia de los principales líderes del partido opositor, y acudiendo al llamado del intendente de la capital (el coronel Pedro Alcántara Herrán), "la mayor parte de las autoridades civiles, judiciales y eclesiásticas", respaldadas por un "gran concurso de ciudadanos principales y del pueblo", retiraron los poderes que la provincia había dado a sus diputados en la Gran Convención y depositaron en Simón Bolívar toda la autoridad pública.⁴⁴

Lejos de ser un acto espontáneo, la movida había sido preparada con cautela en "varias reuniones de personas notables" (Groot 1953, 325-326; Restrepo 1954, 380-381), que obraban de consuno y por medio de estafetas, tanto con Simón Bolívar como con los diputados bolivianos de Ocaña. En efecto, la maniobra no podía más que ser una consecuencia de la disolución previamente discutida y acordada de la asamblea y del beneplácito (tácito o expreso) del Libertador de asumir la dictadura. A pesar de que, según José Manuel Restrepo, el Consejo de Gobierno "aprobó el acta bajo su responsabilidad y sin órdenes o instrucciones" de Bolívar (Restrepo 1954, 381), pensar en una manifestación improvisada y aislada de las autoridades de Bogotá resulta tan absurdo como suponer que pudo tratarse de un movimiento unánime del pueblo. Por el contrario, la creación de la dictadura en junio de 1828, antes de que se conocieran en Bogotá las noticias de la disolución de la Gran Convención, debe ser vista como una respuesta del partido boliviano a la preponderancia santanderista en Ocaña.⁴⁵No hay que olvidar que, pocos meses después, el intendente Pedro Alcántara Herrán recibió el grado de general en reconocimiento a los importantes servicios prestados (Bushnell 2006, 59-60).

El acta de Bogotá fue replicada en toda la República de Colombia con una rapidez y una efectividad asombrosas. En cuatro días se consiguió la adhesión del Socorro; en diez, la de Cartagena, y en menos de tres semanas, las de Antioquia y Panamá.⁴⁶El proceso encaja muy bien en la definición de Thibaud de los pronunciamientos, a los que ve como mecanismos de "reproducción de los consensos políticos", menos deliberativos que duplicativos (Thibaud 2006, 17).⁴⁷No obstante, si se repara en la trastienda, surge en alto relieve una poderosa y bien articulada red que sustentaba las pretensiones bolivianas. Por lo demás, éstas recibieron el apoyo oportuno del Secretario del Interior, que se dirigió por escrito a todos los intendentes de la república para solicitarles que se encargasen de reproducir en el territorio a su mando una declaración semejante a la de los vecinos de la capital.⁴⁸Afortunadamente, se han conservado documentos que demuestran que las órdenes recibieron un diligente acatamiento y que los ciudadanos de las diferentes provincias fueron convocados no tanto para deliberar como para refrendar y suscribir. Mírese, si no, la manera en que el gobernador de Guayana se permitió convocar una de las asambleas de notables:

Necesitamos ya de nuestros propios esfuerzos. La misma energía que nos inspiró el deseo de sacudir la tiranía de los antiguos opresores, nos manda hoy autorizar al más grande de los héroes, al inmortal Bolívar, con los más amplios poderes, para que nos liberte del abismo que nos amenaza.⁴⁹

Las instrucciones que el intendente Mariano Montilla dirigió al coronel Adlercreutz para que éste consiguiese en Mompox el acta apropiada, incluso con derramamiento de sangre, si fuere necesario, son aún más elocuentes.⁵⁰Con semejantes auxilios, no es de extrañar que en todas las provincias (salvo en Manabí y Coro, que creyeron necesario ir más allá y dar al Libertador un poder ilimitado "para constituir a Colombia como le pareciese") (Mosquera 2012, 86-87) se refrendase, ya por miedo, ya de buena fe, lo establecido en la capital. El general José María Córdoba, que había sido uno de los principales promotores del acta del 13 de junio en Bogotá,⁵¹sabía, pues, de qué hablaba al denunciar posteriormente aquellas ceremonias, recordando que el acta se preparaba de antemano y que sólo concurrían y tenían licencia para hablar en las reuniones los sujetos más conocidos por sus ideas "antiliberales".⁵²En síntesis, ver en las muy numerosas réplicas del acta de Bogotá del 13 de junio un "pronunciamiento general y uniforme como nunca se había visto" (Groot 1953, 328) o un "movimiento plebiscitario" (Tovar 1986, 383-388) a favor del Libertador resulta un poco traído de los cabellos.

No obstante, se trataba de un triunfo tan frágil como el de los santanderistas el año anterior. Dos partidos se habían insinuado a partir de las maniobras de Bolívar en Perú y en Venezuela, se perfilaron durante las elecciones a la Gran Convención y se consolidaron en la liza de Ocaña. Ambos tenían una dimensión semejante al territorio de la república, y sus nervaduras respectivas se extendían por ciudades, villas y pueblos. No en vano, uno se beneficiaba de las clientelas construidas por Francisco de Paula Santander a lo largo de los ocho años en que se desempeñó como vicepresidente de Cundinamarca y presidente del poder ejecutivo de Colombia, y el segundo fundaba su fuerza no sólo en la muy promovida figura del Libertador, sino también en los secretarios del despacho y en las poderosas jerarquías militar y eclesiástica.

]]> En consecuencia, la alternativa de la dictadura no podía ser aceptada dócilmente por el partido perdedor, que aprovechó los últimos días en Ocaña para preparar una revolución simultáneamente desde diferentes provincias.⁵³El gobierno tampoco tardó en perseguir y expatriar a muchos de los convencionistas antibolivianos, a pesar de que la ley los declaraba irresponsables (Baralt y Díaz 1939, 289-290, tomo 2). El diferendo político con que se cerró la Gran Convención estimuló también en el mes de septiembre a varios jóvenes a planear y acometer un atentado homicida contra Bolívar. El crimen no pudo concretarse, los cómplices fueron apresados y castigados, y Santander, que tuvo noticia de la trama y se abstuvo de denunciarla, fue condenado a muerte, pena que se le conmutó después por la de destierro (Restrepo 1858, 116-123, tomo 4). Colombia, no obstante, había salido de Ocaña agonizante y tenía para entonces los días contados.

Conclusiones

Según Restrepo, la Convención de Ocaña estaba conformada por hombres de luces, experiencia y patriotismo, en todo comparables a los que expidieron en Cúcuta la Constitución de 1821. ¿Por qué, pues, no lograron como aquéllos hallar un compromiso entre las diferentes tendencias? La respuesta del historiador, según la cual muchos de los diputados de 1828 estaban dominados por "violentas pasiones", resulta hoy enteramente insatisfactoria (Restrepo 1858, 91-94, tomo 4). Si los miembros de la Convención fueron incapaces de fundar la concordia en torno a las premisas concurrentes del orden y la libertad, o de hallar un justo medio entre el centralismo y el federalismo, esto se debió, antes que nada, a que el espíritu de unión del grupo de los fundadores de la república se fue relajando a medida que se perfilaba el desenlace de la guerra de independencia. El agente francés en Colombia Benoît Chassériau indicaba ya en uno de sus informes de 1821 las trágicas consecuencias de una victoria quizás demasiado rápida contra los españoles, al señalar que ésta iba generando el surgimiento de las "pretensiones particulares", en detrimento de los "intereses generales". Aparentemente, los hombres sensatos del país comenzaron a temerles desde entonces a las paradójicas consecuencias de una liberación demasiado abrupta.⁵⁴

En su estudio clásico sobre el período, David Bushnell recuerda que la adopción del régimen central en 1821 contó aun con el voto de federalistas convencidos, y que ello no se debió a la intimidación de los militares, sino a la convicción sincera de que el primer sistema era más apropiado para continuar la lucha contra España y de que su elección no impedía que en tiempos de paz se hiciesen las reformas convenientes. Es por eso que, en opinión de Bushnell, la decisión de convocar constitucionalmente una convención al cabo de diez años puede considerarse como el "gran compromiso" del Congreso de Cúcuta (Bushnell 1966, 33-34). La revolución de Venezuela de 1826 y los desórdenes promovidos por el propio Bolívar en el resto de la república abreviaron la vida de un pacto de suyo brevísimo y extremadamente frágil. Peor aún, los acontecimientos que tuvieron lugar desde entonces y hasta la instalación de la Gran Convención en Ocaña contribuyeron a consolidar dos partidos cuyas orientaciones políticas hacían prácticamente imposible cualquier acuerdo. La figura de Bolívar constituía ciertamente el mayor escollo, puesto que, para los primeros, su permanencia al frente del poder ejecutivo no sólo era necesaria sino indispensable para la pervivencia de Colombia, mientras que los segundos veían en el Libertador a un hombre poseído por la ambición y a un enemigo de las instituciones republicanas. Las numerosas actas expedidas por las municipalidades para exigir la adopción del sistema federal, conceder facultades omnímodas a Bolívar o presionar a la Convención; la intervención en los desórdenes de jefes militares, secretarios del despacho y agentes del Libertador, y la obligación en que se vio el Congreso de anticipar la convocatoria de la Convención -prevista en principio por la Constitución para 1831- sentaron un precedente gravísimo al dar muerte al "principio de legalidad" (Posada 1865, 72) y abrir la puerta a las vías de hecho.

Una vez quebrantado el "gran compromiso de Cúcuta", ¿era posible acaso fundar otro? La respuesta es a todas luces negativa. Luis Vargas Tejada, hombre cercano a Santander y diputado como éste en Ocaña, se lamentó tardíamente del apego mostrado por los hombres liberales de la Nueva Granada a las leyes fundamentales de la república hasta 1828 y de su incapacidad para comprender que en la alianza con los federalistas de Venezuela se encontraba la clave para vencer las pretensiones de Bolívar y salvar la existencia de Colombia (Vargas 1978, 21-22, 45-46 y 167). No obstante, su lamentación parece vana porque no se ve cómo hubieran podido luchar los civiles de ambos territorios contra un estamento militar tan poderoso y celoso de sus prerrogativas. La historia de la Nueva Granada, de Ecuador y de Venezuela en las décadas siguientes demuestra la capacidad palpable que poseían los oficiales del Ejército libertador para conmover rápidamente sus regiones de influencia y poner en entredicho el orden constitucional.

Tampoco puede pensarse que el respeto del statu quo hubiera sido una garantía de estabilidad y de paz. De hecho, la existencia de Colombia no hubiera podido prolongarse por mucho tiempo porque sus instituciones deprimían gravemente los intereses de los departamentos del Sur y el Norte de la república (es decir, de la antigua Capitanía General de Venezuela y de la desaparecida Presidencia de Quito). Sólo el federalismo podía remediar esas contradicciones, pero el partido boliviano se empeñaba en ver en él un sinónimo de la anarquía, muy a pesar de que en la práctica no eran otra cosa las amplias facultades con que obraban los llamados "jefes civiles y militares", los intendentes y el mismo Bolívar, en uso de sus atribuciones extraordinarias.

¿Qué decir, finalmente, del establecimiento de una magistratura personal de amplias facultades en la que los bolivianos cifraban el porvenir de Colombia? La premisa reiterada de la incapacidad de los habitantes de la república de gozar de la libertad de su siglo fue leída con razón como una apostasía y como un atentado contra el más fundamental de los acuerdos: el sistema republicano de gobierno. No hay ninguna duda de que los liberales temieron sinceramente entre 1826 y 1830 la creación de una Corona, de un protectorado o cuando menos de un consulado vitalicio en Colombia. Difícilmente puede reprochárseles que vieran en ello un insulto a la causa revolucionaria.

¿Qué concluir, en suma, de la Convención de las discordias? ¿Cómo evitar decir tan sólo una verdad de Perogrullo que corrobore, por ejemplo, que la asamblea se disolvió por falta de acuerdos? El análisis de los antecedentes de la asamblea y de los debates que en ella tuvieron lugar permite, en primer lugar, comprender que la narración fundacional de José Manuel Restrepo en su Historia de la revolución, acerca de lo sucedido en Ocaña, es eminentemente partidista. Los hechos que oculta o disimula el autor acerca de su propio accionar, así como del Libertador y sus copartidarios, tienen, en últimas, la intención de justificar la dictadura y deben leerse en ese sentido.⁵⁵En otras palabras, las "pasiones" que el historiador fustiga como causantes del fracaso de la Convención no pueden atribuirse exclusivamente a los santanderistas. La asamblea de Ocaña se disolvió ciertamente por falta de acuerdos, pero dicha falta de acuerdos no se debió a la ceguera interesada de unos cuantos, sino a la desaparición de los consensos más elementales acerca del sistema republicano.

En segundo lugar, los acontecimientos de Ocaña escenifican una oposición fundamental a la legítima expresión de la voluntad popular. En efecto, aquellos que se titulaban liberales insistieron en ver en las elecciones y en el sistema representativo la voz natural de la soberanía instaurada por la revolución de independencia. Los bolivianos, entre tanto, fustigaron la manipulación de los comicios y apoyaron "sus pretensiones en el legajo de papeles enviados a la convención con el carácter de expresión libre del pueblo" (Santander 1988, 79). Como se ha visto, estas actas no pueden tomarse tampoco como una manifestación espontánea y cierta de los ciudadanos (pasivos o activos) de la república, y los defectos evidentes que las invalidaban (y que la investigación confirma) fueron denunciados oportunamente por los santanderistas.⁵⁶Luego, ¿se trataría en últimas de dos manipulaciones concurrentes del mismo calibre? Forzoso es reconocer que no, puesto que mientras la primera se atenía a las reglas de juego, la segunda no sólo las infringía sino que hacía posible su eterno cuestionamiento.

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Comentarios

]]> ^*Esta investigación fue financiada por el programa Research in Paris, de la Alcaldía de París, en 2013.

¹ Ver también Andrés de Santa Cruz a Bolívar y a La Fuente (Lima, 12, 19 y 28 de septiembre y 8 y 23 de octubre de 1826), Santa-Cruz Schuhkraft (1976, 207-210, 214-216 y 218-219).

² Ver también el discurso de Miguel Uribe ante el Senado de 1827, Mendoza y Yánez (1828, 116-117).

³ "Reglamento de las elecciones de los diputados a la Gran Convención". Bogotá, 29 de agosto de 1827. art. 40, en: Gaceta de Colombia 310. Reproducido por Pineda, Epps y Caicedo (1993, 214, tomo 1).

⁴ Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), Dossiers du personnel, première série 676.

⁵ Lo mismo decían los jefes de la insurrección en Venezuela, y tal era también la opinión del cónsul británico en Caracas (Porter 1997, 193). Restrepo desestima la acusación en su Historia y afirma que el gabinete al que perteneció él mismo estaba compuesto por "hombres de integridad pura y de integridad conocida" (Restrepo 1858, 632, tomo 3).

⁶ "Le général Bolivar sera roi, mais plus sage que César, il se contentera de vouloir l'être de fait, sans en prendre le titre",Buchet Martigny a sus comitentes. Bogotá, 18 de agosto de 1826. AMAE. Correspondance consulaire et commerciale, tomo 1, ff. 26-29. Ver también el oficio dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia el 20 de mayo de 1828, Correspondance Politique Colombie (en adelante, CPC), tomo 4, ff. 8-9.

⁷ Buchet Martigny a sus comitentes. Bogotá, 19 de septiembre y 15 y 28 de octubre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 63-64, 69-70 y 75-76.

⁸ Buchet Martigny a sus comitentes. Bogotá, 23 de enero de 1827. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 122-125.

⁹ Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 20 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 84-85.

]]> ¹⁰ Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 25 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 88-89.

¹¹ Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 18 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 82-83.

¹² Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 18, 20 y 25 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 82-85 y 88-89.

¹³ Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 23 de enero y 6 de marzo de 1827. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 122-125 y 161-162.

¹⁴ Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 27 de mayo de 1828. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 10-13.

¹⁵ Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 14 de septiembre y 18 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 58-62 y 82-83.

¹⁶ En la primera vuelta, de los tres mil electores del cantón de Bogotá sólo 200 se presentaron a votar y lo hicieron siempre a favor de candidatos "liberales", Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores. Bogotá, 21 de diciembre de 1827 y 2 de enero de 1828. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 271-272 y 274-275; Ver también Porter (1997, 193). Un impreso de la época confirma las afirmaciones del agente francés. Aparentemente, sólo 8.000 individuos habrían tomado parte en las elecciones en la totalidad de la república (Torres 1828).

¹⁷ No hay ningún estudio sistemático sobre los diputados de Ocaña. Algunos estudios someros y de desigual calidad se encuentran en Mier (1978).

¹⁸ Vargas (1978, 86). Consta que el 3 de marzo de 1828 Francisco Soto escribió al Ministro del Interior solicitando con urgencia la remisión de una imprenta y de taquígrafos desde Bogotá o Cartagena. Archivo General de la Nación (AGN). Fondo Congreso, tomo 28, f. 325. Como Restrepo se excusó aduciendo falta de operarios, la Convención reanudó sus instancias, aun cuando la máquina llegara a Ocaña sin los oficiales necesarios, Soto a Restrepo (Ocaña, 01 de abril de 1828). AGN. Fondo Congreso, tomo 28, f. 372.

¹⁹ Pineda, Epps y Caicedo (1993, 3-107). Un traslado manuscrito de esta serie de actas se encuentra en: AGN. Fondo Congreso, tomo 28, ff. 302-421.

]]> ²⁰ AGN. Archivo Histórico Legislativo (AHL), Originales de actas, tomo XIII Bis.

²¹ Según José Manuel Restrepo (1858, 87-91, tomo 4), la conspiración fue aprobada en Ocaña; Luis Vargas Tejada (1978, 91-100), por su parte, afirma que el proyecto fue contemplado y descartado.

²² AGN. AHL, tomo XIII Bis, ff. 121-192.

²³ Ver al respecto las cartas que dirigía a Restrepo el diputado José Joaquín Gori desde Ocaña (Pineda, Epps y Caicedo 1993, tomo 3), y en especial la del 10 de abril de 1828, donde se ve que la intervención del Secretario fue determinante para la falta de calificación del santanderista Ezequiel Rojas (Pineda, Epps y Caicedo 1993, tomo 3, 229-232).

²⁴ Ver también: el oficio de José Joaquín Gori a J. M. Restrepo (Ocaña, 24 de marzo de 1828), Pineda, Epps y Caicedo (1993, 221-222, tomo 3), y los de Francisco Soto al Secretario de Hacienda. Ocaña, 10 de marzo de 1828. AGN. Fondo Congreso, tomo 8, ff. 955-957. Dice O'Leary en sus memoriasque salió de Bogotá el 4 de marzo para Ocaña "con orden [del Libertador] de permanecer allí mientras duraren las sesiones, para darle cuenta de lo que ocurriera" (O'Leary 1883, 156). Lynch también anota que O'Leary era "el observador personal de Bolívar en la Convención" y recuerda que "detestaba a Santander", a quien veía como un hombre mediocre e inmoral (Lynch 2006, 236).

²⁵ Ejemplos numerosos de las actas remitidas a la asamblea por militares y municipalidades se encuentran en Pineda, Epps y Caicedo (1993, tomo 1 y 2). Al recibir y examinar las de Venezuela y las del Ejército del Sur, las autoridades de la Convención las remitieron a Bolívar, "como a quien corresponde mantener el orden público y la disciplina militar". 29 de abril y 30 de mayo. AGN. Fondo Congreso, tomo 28, ff. 359-360 y 408-410.

²⁶ "Opinión de Francisco de Paula Santander acerca de la reforma del gobierno" y Francisco Montoya a J. M. Restrepo (Ocaña, 10 de abril de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 197, tomo 2 y 233-234, tomo 3).

²⁷ "El gobierno de esta provincia, invitado por la filantropía y conocimientos prácticos del Sr. Secretario de Estado y del despacho del Interior, tiene el honor de ofrecer a la consideración de V. S muy ilustre la adjunta representación impresa que manifiesta bastantemente su objeto, para que, participándola a los ciudadanos honrados y beneméritos de este cantón, si mereciese la aprobación universal, se transcriba y se [¿firme?], devolviéndola a este gobierno para dirigirla oportunamente", Circular dirigida por Tomás Escobar y Rivas a las municipalidades de la provincia de Neiva. Neiva, 5 de abril de 1828. AGN. Sección República. Fondo Historia, tomo 7, f. 131.

²⁸ Tomás Escobar y Rivas al Secretario del Interior. Neiva, 6 de mayo de 1828. AGN. Sección República. Fondo Historia, tomo 7, f. 130.

²⁹ AGN. AHL, Asuntos varios, tomo 70, ff. 238, 275-276, 277-278, 281-283, 284-285, 294-206, 297-298.

]]> ³⁰ Gori a Restrepo (Ocaña, 1º de mayo de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 257-259, tomo 3).

³¹ Santander a Rufino Cuervo (Ocaña, 1º de mayo de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 251-253, tomo 3).

³² Acta sin fecha de la municipalidad de Arauca. AGN. Negocios Administrativos (NA), tomo 2, f. 642.

³³ Buchet Martigny al Ministro francés de Relaciones Exteriores. Bogotá, 14 de abril y 20 de mayo de 1828. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 3-4 y 8-9.

³⁴ Ver también las cartas de José María del Castillo y José Joaquín Gori a José Manuel Restrepo (Ocaña, 10 y 17 de mayo de 1828), en Guerra (1908, 307-309, 312-313 y 321-362).

³⁵ Buchet Martigny al Ministro francés de Relaciones Exteriores. Bogotá, 13 de junio de 1828. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 24-25.

³⁶ Ambos proyectos de constitución han sido publicados en múltiples ocasiones (por ejemplo, Guerra 1908, 321-362 y 368-402).

³⁷ O'Leary a su esposa Soledad Soublette (Bucaramanga, 14 de mayo de 1828), en Carbonell (1937, 173-174). Gori a Restrepo (Ocaña, 10 de mayo de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 271-272, tomo 3).

³⁸ Bolívar a Rafael Urdaneta, José María Castillo, José Rafael Arboleda y José Antonio Páez (Bucaramanga, 14 y 15 de mayo y 1º y 2 de junio de 1828), en O'Leary (1883, 290-292, 293-294 y 315-319).

³⁹ Restrepo sostiene lo contrario en su Historia y afirma, sin allegar pruebas, que se trata de una "calumnia" encaminada a despedazar "el honor del Libertador" (Restrepo 1858, 593, tomo 4). El general Posada Gutiérrez, en sus Memorias histórico-políticas, coincide con él, basándose en las conversaciones que tuvo posteriormente con José María del Castillo y Rada y el propio Bolívar sobre el asunto. Tales evidencias son, por supuesto, del todo insatisfactorias (Posada 1865, 102 y 107-108). Lynch también supone que Bolívar era ajeno a la decisión de establecer una dictadura (Lynch 2006, 237).

]]> ⁴⁰ A mediados de mayo, tan sólo entre 16 y 18 diputados habían tomado semejante resolución, Briceño Méndez a Bolívar (Ocaña, 15 de mayo de 1828), O'Leary (1883, 297-299).

⁴¹ Oficio citado de Buchet Martigny del 13 de junio de 1828. AMAE, CPC, t. 4, ff. 24-25.

⁴² Campino a sus comitentes. Baltimore, 10 de agosto de 1828. Archivo Histórico Nacional de Chile (AHNC). Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, tomo 22, ff. 31-44.

⁴³ Campino a sus comitentes. Baltimore, 3 de septiembre de 1828. AHNC. Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, tomo 22, ff. 48-52.

⁴⁴ Buchet Martigny al Ministro francés de Relaciones Exteriores. Bogotá, 13 de junio de 1828. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 24-25. Ver también la narración de Posada Gutiérrez sobre el particular (Posada 1865,107). El Acta de Pronunciamiento de Bogotá puede leerse en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 283-286, tomo 2).

⁴⁵ Véase lo afirmado al respecto por Restrepo, que cumplió un papel fundamental en la adopción de la estrategia: "Adoptóse, pues, la base de que era útil, conveniente y aun necesario hacer todo lo posible para que la Convención de Ocaña no diera constitución alguna. Como no había otro arbitrio que escoger entre males harto graves, éste pareció menor", Restrepo (1858, 103, tomo 4).

⁴⁶ Ejemplos numerosos de estas actas se hallan en AGN. NA, tomo 1 (provincia de Antioquia), 2 (Pore, Chire, Santiago de las Atalayas), 3 (Guayana), 5 (Medellín), 6 (Zipaquirá), 10 (Socorro) y 11 (antigua Venezuela). Algunas de éstas, y otras más, fueron reproducidas en Pineda, Epps y Caicedo (1993, tomo 2 y 3).

⁴⁷ Más particularmente, María Teresa Calderón ha señalado que, tras la disolución de la Convención de Ocaña, la disyuntiva entre la pluralidad de los pueblos y la necesaria singularidad de la soberanía del pueblo se resolvió a través de la figura del Libertador (Calderón 2005, 210-211).

⁴⁸ "Las autoridades constituidas y todos los colombianos, debemos cooperar con Su Excelencia [el Libertador] [...] manifestando la ilimitada confianza que tenemos de sus virtudes, y nuestro profundo reconocimiento por los eminentes servicios que ha prestado a la patria". Circular dirigida por José Manuel Restrepo a los intendentes (Bogotá, 21 de junio de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 19-20, tomo 3).

⁴⁹ Proclama del comandante del Orinoco (30 de julio de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 87-88, tomo 3). Con respecto al departamento de Maturín y a la provincia de Apure, en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 98-99 y 117-118).

]]> ⁵⁰ Montilla a Federico Adlercreutz (Cartagena, 25 de junio de 1828), en Parra (1928, 56-57).

⁵¹ Buchet Martigny al Ministro francés de Relaciones Exteriores. Bogotá, 28 septembre 1829. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 286-287.

⁵² Córdoba a Bolívar. Medellín, 22 de septiembre de 1829. AGN. Sección República. Fondo Historia, tomo 1, ff. 133-142.

⁵³ La acusación la hace Restrepo y parece confirmada por El diario de Bucaramanga (entrada del 26 de junio) y por los posteriores levantamientos de José Hilario López y José María Obando en Popayán y de José María Córdoba en Antioquia (Restrepo 1858, 102, tomo 4).

⁵⁴ Aperçu de la situation de la République de Colombie, sus les rapports politiques, économiques et commerciaux à la fin de l'année 1822, pp. 26-27. Archives Nationales de France (ANF). AE/B/III/456.

⁵⁵ La interpretación de Restrepo ha tenido un infinito número de seguidores y cabe calificarla como preponderante. Recientemente, por ejemplo, John Lynch, al abordar con rapidez la Convención de Ocaña, escribió sin rubor: "Most delegates agreed on the need for constitutional reform, though not on the details. But while the Bolivarians were determined to behave correctly, free of party spirit, the 'anarquists' formed a tied group, eating and living together, and coordinating their tactics, all targeted on weakening the executive" (Lynch 2006, 236).

⁵⁶ En mi opinión, es imposible, pues, atribuir a estos pronunciamientos una "legitimidad igual o superior a la de los poderes ejecutivo y legislativo nacionales" o tenerlos por un sinónimo "inequívoco del bien común", para retomar los términos empleados por Clément Thibaud (2006, 18).

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Fecha de recepción: 31 de octubre de 2014 Fecha de aceptación: 24 de marzo de 2015 Fecha de modificación: 08 de mayo de 2015

]]> 1 1939 2 2 1966 3 2006 57-116 4 2007 5 2005 181-223 6 1937 7 2012 8 1953 5 9 1908 10 2004 11 1995 2 12 2006 13 1828 X 14 1978 15 2012 77-197 16 1883 III 17 1928 18 1874 2 19 1945 20 1993 21 1997 22 1865 23 1858 3 y 4 24 1954 1 25 1915 26 1961 27 1976 1 28 1988 31-104 29 1995 30 1978 31 2006 5-26 32 1828 33 1986 2 369-395 34 2000 35 1978 36 A. S. f. 37 1924 38 Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE) 39 Archives Nationales de France (ANF) 40 Archivo General de la Nación (AGN) 41 Archivo Histórico Nacional de Chile (AHNC)