The treatment of amnesty from an international law perspective

Andrea Mateus-Rugeles**
Juan-Ramón Martínez-Vargas ***

* Este artículo se deriva del proyecto de investigación "Terrorismo e Instrumentos internacionales", de la línea de investigación en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y de la investigación para la tesis doctoral en Derecho de la Universidad Alfonso x El Sabio, "Acercamiento al tratamiento del terrorismo en el sistema interamericano de derecho internacional".

** Universidad del Rosario, Bogotá D.C., Colombia. Abogada de la Universidad del Rosario, Máster (LLM) en Estudios de Derecho Internacional, New York University, 2007. Profesora de carrera académica en Derecho Internacional y Derecho Penal Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: andrea.mateus35@urosario.edu.co

*** Universidad del Rosario, Bogotá D.C., Colombia. Abogado de la Universidad del Rosario, Máster (DEA) en Cuestiones Actuales de Derecho Internacional, 2007, y candidato a Doctorado de la Universidad Alfonso x El Sabio. Profesor de carrera académica en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: jrmartin@urosario.edu.co

Fecha de recepción: 26 de febrero de 2009
Fecha de aceptación: 28 de abril de 2009

El artículo presenta una aproximación a la figura de la amnistía desde la perspectiva del derecho internacional. Con este fin, se parte de la identificación de casos en los sistemas interamericano, europeo y africano, en los que se han promulgado leyes de amnistía dentro de ordenamientos nacionales. Posteriormente se revisa el tratamiento a partir de instrumentos internacionales y se estudian decisiones de tribunales sobre este tipo de normativas. Este trabajo constituye una herramienta para conocer, desde la responsabilidad colectiva de los Estados y la responsabilidad internacional del individuo, el tratamiento que se da a la figura de la amnistía.

Palabras clave: amnistía, terrorismo, derecho internacional, sistemas regionales.

ABSTRACT

This paper offers an approach to the issue of amnesty from an international law perspective. With this aim, it begins with the identification of legal cases in the Inter-American, European, and African systems, in which amnesty laws have been enacted within national legal systems. It continues with the verification of the way in which international instruments deal with this type of law, as well as the study of decisions of international tribunals in this matter. It constitutes a tool that helps to understand the treatment that international law gives to the topic of amnesty, from the point of view of the collective responsibility of states, and of individual international responsibility.

Key words: Amnesty, terrorism, international law, regional systems.

1. INTRODUCCIÓN

El 22 de abril de 1997, trascurridos 126 días desde el inicio de la toma de la residencia del embajador de la República del Japón en Lima, se realizó el operativo Chavín de Huántar, que permitió la liberación de 72 rehenes y que ocasionó la muerte de 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Las investigaciones realizadas apuntan a señalar que parte de los individuos que perdieron la vida aparentemente fueron ejecutados extrajudicialmente.¹ El 27 de febrero de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la admisibilidad del caso al encontrar 5 posible afectación de los derechos protegidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Convención IDH).²

No obstante lo anterior, el 6 de noviembre de 2008 se presentó ante el Congreso de la República del Perú un proyecto de ley "que otorga amnistía a los comandos que participaron en el operativo Chavín de Huántar y que crea una comisión Ad hoc para evaluar, calificar y proponer el otorgamiento de la amnistía al personal militar y policial defensor del Estado de Derecho y de la democracia".³ En la exposición de motivos, los autores de esta iniciativa, a pesar de reconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) veda la concesión de amnistías⁴ para casos de violaciones de derechos humanos, sustentan la necesidad de la admisión de esta norma cuando se trate de acciones dirigidas a una llamada "pacificación social que no tengan como finalidad la impunidad por la comisión de violaciones a los derechos humanos y la evasión de una investigación adecuada en el marco de un debido proceso". En la motivación del proyecto en comento se busca justificar el accionar violatorio de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Ante la presencia continua de situaciones como la referida, surge la cuestión sobre el tratamiento dado en el derecho internacional a las leyes de amnistía.

2. CONCEPTUALIZACIÓN

La amnistía⁶ es un beneficio otorgado por el gobierno de un Estado que implica la extinción de la acción penal⁷ a través de una manifestación legislativa. Para algunos, como Jescheck, la figura denota una connotación negativa, al definirla como "la concesión de la impunidad en virtud de una ley, para una multitud de casos de acuerdo con sus características generales".⁸

Ramelli señala que "la expedición de una ley de amnistía corresponde al ejercicio de un derecho del Estado a no ejercer el ius puniendi, de manera transitoria, contra determinados sujetos que o bien han atentado contra la existencia de aquel o, en cambio, en su calidad de servidores públicos han delinquido gravemente, so pretexto del ejercicio de la 'legítima defensa' de un orden establecido, sea democrático o autoritario".⁹

Velásquez, refiriendo lo señalado por Sobremonte Martínez, sostiene que la institución de la amnistía "consiste en un acto de poder del soberano mediante el cual se borran, con el olvido total y absoluto, las infracciones a la ley penal catalogables como de carácter político, poniendo fin tanto a los procesos comenzados o por iniciarse, como a las condenas pronunciadas".¹⁰ En el mismo sentido, Velásquez afirma que la amnistía está ligada a una política estatal, a través de la cual los gobiernos decretan la nulidad de ciertas leyes con el fin de establecer "la paz y la seguridad de las instituciones estatales, vitales para el ordenado funcionamiento de la organización social".¹¹

El tratadista en comento señala como características de la amnistía, en primer lugar, su generalidad, esto es que a diferencia del indulto la amnistía se otorga de manera impersonal y no particular. Otro punto de distanciamiento entre el indulto y la amnistía, como lo expresa Manzini, se relaciona con el momento en el que surten los efectos de cada una de estas dos figuras: la amnistía surte sus efectos sobre el pasado, mientras que en el indulto se dan en el futuro.¹² En tercer término se destaca que la amnistía únicamente procede en relación con los delitos políticos, y en algunos casos con los delitos conexos¹³ a estos, excluyendo los delitos comunes. Una cuarta característica es "la supresión de la acción represiva del Estado", que implica la exclusión de la responsabilidad penal, sin excluir la responsabilidad civil.¹⁴

A nivel de instrumentos internacionales cabe resaltar la mención que se hace en el seno del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al comentar el párrafo 5.° del artículo 6.° del Protocolo Adicional II (P.A. II) a los Convenios de Ginebra de 1949. En este comentario se señala que "[l]a amnistía [...] se trata de un acto del poder legislativo que borra un hecho punible, detiene las diligencias y anula las condenas. Jurídicamente, se hace una distinción entre amnistía y gracia, que concede el jefe de Estado y suprime la ejecución de la pena, pero deja subsistir los efectos de la condena...".¹⁵

Aclarado así lo que se entiende por amnistía, se procederá, a través de un ejercicio casuístico, a realizar una aproximación al uso que en sistemas regionales dentro del derecho internacional se le ha dado a la figura de la amnistía. Este artículo no hace mención del caso colombiano, sin embargo es de interés el tratamiento jurisprudencial que se ha dado a la figura.¹⁶ El Tribunal Constitucional ha prohibido conceder amnistía a delitos como el terrorismo,¹⁷ determinando como no violatorio del derecho a la igualdad el excluir los beneficios y subrogados penales frente a este crimen,¹⁸ al considerarse como un delito abominable y atroz.¹⁹

3. LEGISLACIONES DE AMNISTÍA EN EL DERECHO COMPARADO

El tratamiento que en los Estados americanos ha tenido la amnistía en sus diferentes regímenes y estructuras normativas ha sido signado por el interés nacional determinado por cada gobierno, muchas veces contrariando el derecho internacional.

En 1995 el Congreso peruano expide la Ley 26479, mediante la cual se otorga una amnistía general a los militares, policías y personal civil por todos los hechos ocurridos "con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo".²⁰

El 28 de junio del mismo año se expide la Ley 26492, la cual aclara el ámbito de aplicación de la Ley 26479 al establecer en su artículo 3.° que la amnistía se aplica para los hechos que "con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo" ocurrieron entre mayo de 1980 y el 14 de junio de 1995. Igualmente, mediante esta ley se cierra toda posibilidad de que la amnistía sea judicialmente revisada, al disponer que su otorgamiento es un "derecho de gracia" exclusivo del Congreso.²¹ Considerando esta declaración como omni-comprensiva y suficiente, se afirma en el artículo 1.° de esta norma que la amnistía concedida mediante Ley 26479 no es violatoria de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado peruano en relación con el respeto y garantía de los derechos humanos.²² En este caso, estudiado a fondo por la Corte IDH,²³ se vislumbra una posición definida en el derecho internacional, específicamente en el sistema regional, frente a la amnistía, que determina la prohibición en la concesión de este beneficio para casos de violaciones de derechos humanos.

Constituye este un cambio de capital importancia en la posición de la Corte IDH.

3.2. Argentina

En el caso argentino, como resultado de la persecución contra los insurgentes, considerados por el establecimiento como grupos terroristas, se cometieron serias violaciones a la vida, a la integridad personal y a la libertad, entre otras. Estas violaciones se vieron materializadas en las torturas, desapariciones forzadas y muertes causadas durante el periodo comprendido entre 1976 y 1982.

En 1983, antes de dejar el poder, la Junta Militar expidió una ley de auto-amnistía denominada "Ley de Pacificación Nacional",²⁴ la cual abarcaba los crímenes cometidos desde mayo 25 de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Sin embargo, el 27 de diciembre de 1983 esta ley fue revocada al ser declarada inconstitucional y nula. Posteriormente, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se expidieron dos leyes que en sus efectos otorgaron amnistía para los crímenes cometidos durante la lucha contra el terrorismo por miembros de la Fuerza Pública.²⁵ La "Ley de Punto Final", expedida en 1986,²⁶ cerró la posibilidad de llevar a juicio a los responsables de cometer conductas violatorias de derechos humanos durante el gobierno de la Junta Militar que no habían sido enjuiciados hasta ese momento.

Por otro lado, la "Ley de Obediencia Debida"²⁷ estableció una presunción de derecho que eximía de responsabilidad penal a todos aquellos oficiales que hubiesen cometido un crimen en cumplimiento de la orden de un superior. Esta norma, expedida en 1987, consagraba en su artículo 1.° que los crímenes cometidos por estos oficiales se habían llevado a cabo como consecuencia de una coacción, en subordinación a una autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin posibilidad de resistir o rehusarse a seguirlas y sin poder examinar su legalidad.²⁸

Durante la vigencia de estas disposiciones se evidenció la intención en la República Argentina de evadir la responsabilidad penal de la Fuerza Pública en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

3.3. Chile

3.4. República Federativa de Yugoslavia³²

En Europa resulta de interés revisar la Ley de Amnistía promulgada en la República Federativa de Yugoslavia (RFY) el 26 de febrero de 2001.³³ Esta ley establece en su artículo 1.° las personas a las que está dirigida y los delitos que ampara. Así, cobija a quienes hasta el 7 de octubre de 2000 hubieran cometido o estuvieran bajo sospecha de haber cometido delitos relacionados con: negarse a recibir y usar armas, evitar el servicio militar, evitar el servicio militar por la mutilación o el engaño, deserción del ejército yugoslavo, evitar el registro e inspección y el incumplimiento de las necesidades materiales; todos estos delitos establecidos y entendidos de conformidad con la regulación interna. Este primer artículo permite no solamente fijar un límite de tiempo para quienes hubieran cometido tales delitos, sino señalar el carácter de los delitos sujetos a la amnistía, el cual está eminentemente relacionado con temas de seguridad nacional y los deberes de los ciudadanos a este respecto. A su vez, en el inciso 2.° establece que se podrá conceder la amnistía a las personas que en el período comprendido entre el 27 de abril de 1992 y el 7 de octubre de 2000 hubieran cometido o fueran sospechosos de haber cometido los delitos de: prevención de la lucha con el enemigo, levantamiento armado, instigación a la fuerza para el cambio de sistema constitucional, asociación para actividades hostiles y violación de la reputación de la RFY.

Este artículo 1.° da, entonces, un carácter de tipo temporal y otro objetivo con respecto al delito. El temporal, al establecer un período de tiempo para la comisión de los delitos; el objetivo, al circunscribir la aplicación de la ley de amnistía, en el período de tiempo señalado, a los delitos específicos mencionados. Por último, aclara que los párrafos 1.° y 2.° suponen la absolución de la persecución penal, de la ejecución de la pena y la eliminación del registro.

El segundo artículo es importante ya que establece que una cuarta parte de la pena privativa de la libertad prescrita en última instancia se suprime para las personas que habían sido condenadas hasta el 7 de octubre de 2000, para los delitos establecidos en el Código Penal de la RFY; pero al mismo tiempo establece una prohibición expresa de aplicar la ley de amnistía a las personas condenadas en última instancia por el delito de terrorismo, los actos criminales contra la humanidad y el derecho internacional, el delito de producción y venta ilegal de estupefacientes y los actos delictivos de crear las condiciones para disfrutar de los estupefacientes.

El artículo 3.° simplemente aclara que en los casos enunciados en el artículo 1.°, los procesos que no se hubieran iniciado no deberían iniciarse, y en los que ya hubiera ocurrido esto deberían suspenderse los trámites.

El artículo 4.° afirma que la aplicación de la ley de amnistía no afecta ningún derecho de terceras personas. Por último, el artículo 10.° establece que si la persona de que trata el artículo primero, al ser beneficiaria de la ley de amnistía, se encontraba en detención o cumplimiento de su pena en prisión, debía ser puesta en libertad inmediatamente.³⁴

En conclusión, esta ley de amnistía no aplica para delitos constitutivos de violaciones a derechos humanos ni para actos terroristas.³⁵

3.5. Sudáfrica

En 1995 el Parlamento Sudafricano aprobó el Acta de Promoción de Unidad Nacional y Reconciliación,³⁶ la cual ordenaba el establecimiento de una Comisión de Verdad y Reconciliación. Su aspecto más controversial³⁷ fue el ofrecimiento de una "amnistía por la verdad" dirigida a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos que estuvieran dispuestos a confesar sus crímenes.³⁸ Esta acta se cimentaba en lo dispuesto en la Constitución Sudafricana de 1993,³⁹ donde se buscó promover la reconciliación y la reconstrucción a través de la promulgación de una ley de amnistía concedida respecto de los actos, omisiones y delitos relacionados con objetivos políticos.⁴⁰

3.6. Sierra Leona

Dentro del sistema africano destaca la importancia de la figura de la amnistía como mecanismo político para dar solución a un conflicto interno. Un ejemplo de esto es el Acuerdo de Paz de Lomé,⁴² firmado entre el Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido (RUF),⁴³ en 1999. El artículo 9.°⁴⁴ dispuso una amnistía total para los miembros del grupo rebelde RUF, del Consejo de Fuerzas Armadas Revolucionarias,⁴⁵ del Ejército de Sierra Leona⁴⁶ y de la Fuerza de Defensa Civil,⁴⁷ con el fin de promover la paz y la reconciliación nacional. A pesar de que el Acuerdo de Lomé estableció una amnistía total, el Estatuto de la Corte Especial de Sierra Leona estableció en su artículo 10.°⁴⁸ que la amnistía otorgada para crímenes de guerra y de lesa humanidad no era obstáculo para que los responsables fueran juzgados. Gracias a ello, la mencionada Corte ha dictado acta de acusación formal⁴⁹ contra trece personas, estableciendo su responsabilidad penal. Igualmente ha emitido sentencia determinando la culpabilidad de tres dirigentes del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC) por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. No obstante este importante avance, la amnistía establecida en el Acuerdo de Lomé afecta notoriamente el desarrollo de procesos de investigación y juzgamiento para hechos anteriores a 1996.

Los casos referidos en Perú, Chile, Argentina, Yugoslavia, Sudáfrica y Sierra Leona son apenas una muestra que permite denotar el uso que en ordenamientos internos se ha dado a la figura de la amnistía; en ellos se ha aceptado no determinar la responsabilidad penal de quienes hayan cometido los delitos cobijados por las leyes que consagran esta figura dentro de cada Estado. El derecho interno determinará hasta qué punto la amnistía es una figura autorizada y compatible con las disposiciones constitucionales, penales y, en general, con cualquier normatividad, y determinará su alcance y ámbito de aplicación.

Sin embargo, no debe olvidarse que con la consolidación del derecho internacional los Estados, en ejercicio de su soberanía, han adquirido compromisos internacionales que imponen obligaciones y limitan a su vez este elemento esencial del Estado. Por esto, a la hora de establecer una ley de amnistía no es suficiente considerar las disposiciones internas, además se debe tener en cuenta la regulación internacional, así como las obligaciones adquiridas.

4. TRATAMIENTO DE LA AMNISTÍA EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

4.1. Sistema universal - Organización de Naciones Unidas

El artículo 55 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, establece en su literal c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como la efectividad de tales derechos y libertades sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. A partir de esta preceptiva, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad han impulsado el desarrollo de resoluciones para determinar la responsabilidad penal por violaciones de derechos humanos. De dichas manifestaciones puede concluirse que son contrarios al objetivo y fin de la Carta de la ONU los actos unilaterales de sus miembros que busquen directa o indirectamente impedir la investigación y juzgamiento de responsables de violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 1992, mediante Resolución 47/133 de la Asamblea General, se aprueba la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En ella se deja claro que los responsables de este delito deben ser investigados, procesados y juzgados (artículo 14).⁵⁰ Por su parte, el numeral 3.° del artículo 16⁵¹ prohíbe el otorgamiento de privilegios, dispensas e inmunidades en los procesos llevados en contra de los responsables del delito de desaparición forzada. Más enfático aún es el artículo 18,⁵² que acaba con cualquier duda acerca de la posibilidad de conceder una amnistía para los responsables del delito de desaparición forzada, al establecer que los autores o presuntos autores de dicho delito no podrán beneficiarse "de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal".

Si bien la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,⁵³ a diferencia de la declaración anteriormente referenciada, no hace mención expresa de la prohibición de la amnistía para este tipo de delitos, sí puede considerarse que implícitamente la rechaza. El artículo 10⁵⁴ dispone que en caso de estar frente a una situación de tortura se debe iniciar proceso penal contra el supuesto culpable. De esta manera excluye las figuras que, como la amnistía, impiden la realización de un procedimiento penal.

Esto no implica que no pueda concederse un indulto o conmutación de la pena, como dispone el mismo numeral 4.° del artículo 6.° del Pacto, por cuanto estos dos beneficios no niegan la existencia de un juicio y de una sanción –como sí ocurre con la amnistía– y por ende no se estaría incumpliendo con las obligaciones estipuladas en la Convención.

Algunos instrumentos internacionales, aunque no abordan la figura de la amnistía, contienen disposiciones que evidencian, si bien no un rechazo, sí la imposibilidad de su aplicación. Esto en virtud de que mientras la amnistía extingue la acción penal, hay tratados que establecen como obligación de los Estados Parte el deber de investigación, juzgamiento y sanción del penalmente responsable. Cuando se aplica la extinción de la acción penal, se desconocen obligaciones contraídas convencionalmente a partir de los tratados mencionados. Los siguientes son ejemplos de los instrumentos internacionales a los que hacemos referencia:

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes⁵⁸ dispone que los Estados Parte deben establecer como delitos dentro de su ordenamiento penal la tortura y la tentativa, la complicidad y la participación en esta conducta. Igualmente, en virtud del artículo 4.°⁵⁹ deben establecer una pena adecuada para dichos delitos. En esta misma línea que propende por la imposición de una sanción penal al responsable de los delitos contemplados en esta convención, el artículo 7.°⁶⁰ contempla el principio aut dedere aut judicare,⁶¹ ya que establece que si no se extradita al responsable de cualquiera de los delitos ya mencionados, el Estado en el que se encuentre debe juzgarlo.

En el mismo sentido, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía⁶² establece en su artículo 10.°⁶³ que los Estados Parte tienen el deber de adoptar medidas que fortalezcan la cooperación internacional con el fin de investigar, enjuiciar y castigar a quienes sean responsables de cometer los actos que se busca prevenir con el Protocolo.

El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena⁶⁴ asume disposiciones de mayor fuerza en relación con el castigo a los responsables de las conductas que el instrumento pretende reprimir. Establece, en su artículo 1.°,⁶⁵ el compromiso de los Estados Parte de castigar a toda persona que con el fin de satisfacer a otra convenga o explote –aun de manera consentida– la prostitución de otra persona, así como al que mantenga, administre, financie, dé o tome en arriendo una casa de prostitución. El artículo 9.°⁶⁶ reafirma este deber de realizar un juicio e imponer una sanción por las conductas mencionadas.

Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial⁶⁷ consagra en su artículo 4.°⁶⁸ el deber de los Estados Parte de establecer como delito la "difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación".

A su vez, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid⁶⁹ dispone como obligación de los Estados Parte el adoptar medidas "para perseguir, enjuiciar y castigar" a los responsables de cometer dicho crimen. Esta disposición, que tiene la relevancia de constituir derecho imperativo o ius cogens, implica protección especial, a tal punto de generar nulidad absoluta de cualquier acuerdo internacional celebrado en contravía de ella. Por lo tanto, en este caso, el deber de investigar y juzgar surge, más que de una obligación convencional, de un derecho inderogable.

La misma conclusión se deriva de instrumentos relacionados con la responsabilidad penal internacional. De acuerdo con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio,⁷⁰ los Estados Parte tienen el compromiso de "establecer sanciones penales eficaces" para las personas responsables de haber cometido el delito de genocidio, así como la tentativa, instigación, asociación y complicidad para cometerlo.

Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc del Consejo de Seguridad⁷¹ establecen la admisibilidad de un caso que ha sido de conocimiento por parte de la jurisdicción nacional, cuando: el juicio no ha sido ni imparcial ni independiente, se busca sustraer con el proceso a la persona de su responsabilidad penal, o las diligencias no fueron realizadas de la manera en que correspondía.

Por otro lado, en virtud del artículo 28⁷² del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, y del artículo 27⁷³ del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, se acepta la posibilidad del indulto y de la conmutación de la pena. No puede pensarse que podrá hacerse extensiva esta situación a una amnistía, pues es claro que los artículos tratan de la concesión de estos beneficios una vez se ha llevado a cabo un juicio y se ha interpuesto una pena, situación que no ocurre en los casos de amnistía.

En el mismo sentido, el Estatuto de Roma⁷⁴ dispone como criterio de admisibilidad en su artículo 17⁷⁵ que la situación no se encuentre en investigación o en juicio, que por ella no se haya iniciado una investigación que haya terminado con la decisión de no iniciar una acción penal y que no se haya llevado a cabo ya un juicio por la misma situación. Si se está frente a alguno de los anteriores supuestos, la Corte Penal Internacional (CPI) podrá conocer del caso cuando se demuestre la falta de voluntad o falta de capacidad del Estado que tiene jurisdicción para realizar la investigación y el enjuiciamiento. Esto es, cuando la decisión se ha tomado con el propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad penal, cuando se ha dado una demora injustificada en el juicio, o cuando el proceso ha sido sustanciado de tal manera que la actuación es contraria a "la intención de hacer comparecer a la persona"⁷⁶ ante la justicia; igualmente, cuando el proceso no se ha llevado de manera independiente o imparcial y cuando haya un "colapso total o sustancial"⁷⁷ de la administración de justicia del Estado que tiene jurisdicción sobre el asunto. Esto implica que, tal como se mencionó al referir los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc, si el Estado con jurisdicción sobre un asunto del que puede conocer la CPI concede una amnistía a los responsables de los crímenes de la competencia de dicha Corte, esta podrá conocer del asunto si demuestra que la decisión sobre la amnistía obedece a una falta de capacidad o de voluntad del Estado para realizar la investigación o levar a cabo el juicio penal correspondiente.

Por otro lado, el artículo 53⁷⁸ habla del interés de la justicia. Si bien no define a qué hace referencia específicamente este concepto, sí expone, a manera de ejemplo, algunas situaciones que pueden considerarse contrarias a ese interés, a tal punto que el fiscal de la CPI puede negarse a iniciar investigación en caso de estar frente a alguna de estas situaciones. En virtud de esta disposición, una amnistía concedida por un Estado podría llegar a ser óbice para iniciar investigación ante la CPI, si cumple con ciertas condiciones que, por un lado, no impliquen una falta de voluntad o capacidad del Estado para investigar y juzgar a los responsables (artículo 17 ER),⁷⁹ y por otro, indiquen que dadas las especificidades de la amnistía concedida, iniciar investigación a sus beneficiarios es contrario al interés de la justicia (artículo 53 ER). Veamos un ejemplo:

Un Estado Parte del ER concede una amnistía a los responsables de crímenes de la competencia de la CPI, a cambio de lograr la paz y reconciliación en dicho Estado y de garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la verdad. Esta amnistía no busca la impunidad sino que es utilizada como medio de reconciliación y pacificación y además es respetuosa de los derechos de las víctimas. Iniciar una investigación, en el ámbito de la CPI, a los beneficiarios de dicha amnistía puede truncar el proceso de reconciliación y pacificación al interior del Estado, y por ende, el actuar de la CPI ser "contrario al interés de la justicia".

De esta manera, se concluye que el Estatuto de Roma no niega del todo la posibilidad de conceder amnistías, y no puede afirmarse entonces que la CPI pueda considerar per se contraria a su misión la concesión de una amnistía.

Finalmente, en materia de Derecho Internacional Humanitario, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949⁸⁰ disponen como obligación de los Estados Parte el juzgar y establecer sanciones penales que se han de imponer a los responsables de graves violaciones a dichos convenios.⁸¹ Sin embargo, no existe disposición alguna dentro de ellos que prohíba a los Estados dictar leyes de amnistía relativas a los ilícitos cometidos durante el conflicto.

A pesar de esta posición, que como se ha indicado está más inclinada a no aceptar una amnistía, el Protocolo Adicional II⁸² a los Convenios de Ginebra relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional indica en su artículo 6,⁸³ acerca de las "diligencias penales", que una vez cesen "las hostilidades, las autoridades" competentes "procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado".⁸⁴ Hay quienes afirman que esta disposición obedece a la posición reinante en el momento en que se expidieron los protocolos adicionales, que veía como viable y aceptaba con menor oposición que hoy la concesión de amnistías con fines de pacificación.⁸⁵

4.2. Sistema interamericano

La Convención Americana sobre Derechos Humanos⁸⁶ consagra en su artículo 4.°, sobre el derecho a la vida, el derecho que tiene toda persona condenada a muerte a solicitar que le sea concedida una amnistía por el delito que ha cometido, sin importar de qué conducta típica se trate. En ningún otro artículo de la convención se habla de la posibilidad de conceder tal beneficio por violación a alguno de los derechos que consagra dicho instrumento internacional; de hecho, la Corte Interamericana, en aplicación de esta convención, ha establecido en diferentes pronunciamientos su incompatibilidad con las leyes de amnistía. Esto implica que en los Estados Parte en los que la pena de muerte esté prohibida o no se encuentre consagrada como sanción penal, la prohibición de una ley de amnistía aplicable a los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos consagrados en aquella convención, no solo no se encuentra respaldada por la convención, sino que sería violatoria de sus preceptos.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas⁹² reafirma la posición a favor de establecer la responsabilidad y sancionar a quienes cometan ese delito. En virtud del artículo 1.°⁹³ los Estados Parte tienen la obligación de sancionar dentro de su jurisdicción a quienes cometan, en calidad de autor, cómplice o encubridor, el delito o la tentativa de desaparición forzada. Para hacer esto efectivo el artículo 3.°,⁹⁴ en concordancia con el 4.°,⁹⁵ impone la obligación para los Estados Parte de establecer como delito, dentro de su ordenamiento interno, la desaparición forzada, así como de establecer una sanción adecuada para quien incurra en él. El artículo 4.°, que reafirma esta obligación de tipificación, establece los casos en que un Estado tendrá jurisdicción para conocer un caso relacionado con dicho delito. El artículo 7.°,⁹⁶ que contempla la posibilidad de la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena para el delito en cuestión, permite concluir que esta convención no contempla la opción de una amnistía para los responsables. Así, los Estados Parte no pueden, sin violar las obligaciones derivadas de esta convención, otorgar ese beneficio penal a los autores, cómplices o encubridores del delito de desaparición forzada.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer⁹⁷ establece como deber de los Estados Parte, en su artículo 7.°,⁹⁸ el adoptar políticas para investigar y sancionar las conductas constitutivas de violencia contra la mujer, definidas en los artículos 1.°⁹⁹ y 2.°,¹⁰⁰ así como el establecer como parte de su ordenamiento jurídico normas de carácter penal, administrativo y civil orientadas hacia el mismo propósito. Esto, de acuerdo a la interpretación que ya se ha expuesto, indicaría que la convención no admite una figura que, como la amnistía, dejaría sin sanción al responsable de aquellas conductas.

En este mismo sentido se encuentran la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (CITIM)¹⁰¹ y la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional (Convención sobre Actos de Terrorismo).¹⁰² La primera establece como su objeto la prevención y sanción del tráfico internacional de menores y la adopción de disposiciones penales relacionadas con la materia. Con este fin, el artículo 1.°¹⁰³ obliga a los Estados Parte a establecer un sistema de cooperación transfronterizo para prevenir y sancionar dicho delito. El artículo 7.°,¹⁰⁴ en relación con los aspectos penales, obliga a los Estados Parte a adoptar medidas que prevengan y sancionen "severamente" la conducta que busca prevenir la convención. Así, es claro que toda posibilidad de amnistía queda excluida en el marco de la CITIM. La misma conclusión se desprende de las disposiciones de la Convención sobre Actos de Terrorismo, al establecer en su preámbulo la conveniencia de adoptar normas relacionadas con la cooperación internacional para la prevención y sanción de los actos de terrorismo. En el mismo sentido, el artículo 1.°¹⁰⁵ establece como obligación de los Estados Parte el cooperar entre sí tomando medidas adecuadas para sancionar los actos terroristas, dentro de los que incluye el secuestro y el homicidio.¹⁰⁶

4.3. Sistema europeo

El sistema europeo de derecho internacional ha logrado estructurar un aparato normativo para la defensa y protección de los derechos humanos. Es así que instrumentos como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convenio EDH), la Carta Social Europea, el Protocolo 14 para la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos y Degradantes, han dado la pauta no solo para la protección y defensa de estos derechos, sino a su vez para desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de las conductas que atentan contra ellos.

Dentro del Convenio EDH se enuncian y reconocen derechos y libertades cuyo cumplimiento están obligados a garantizar los Estados Parte. Uno de los aspectos que ha motivado mayor número de reclamaciones ante la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte EDH) ha sido el análisis sobre la violación del artículo 6.°. Este es uno de los artículos estructurales del Convenio EDH, habida cuenta de tener un papel de garantía o instrumental transversal a los derechos humanos. Las violaciones de estos no pueden pasar por alto y deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas, razón por la cual se excluye la concesión de cualquier tipo de amnistía.

No obstante, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (Carta Europea) abre hasta cierto punto la posibilidad de la aplicación de la amnistía. Si bien no hace referencia expresa a esta figura, el numeral 1.° del artículo 50 refiere la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta cuando las limitaciones sean "necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Unión, o a otros intereses legítimos en una sociedad democrática o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás". Podría argumentarse entonces, con base en esta disposición, que una amnistía que no se conceda con fines de impunidad sino que se utilice como mecanismo político para dar una solución a una situación de orden social, en respeto de los derechos de las víctimas, estaría cumpliendo con los requisitos del numeral 1.° del artículo 50.

Los numerales 2.° y 3.° establecen como regla de interpretación que los derechos contenidos en la Carta Europea y que al mismo tiempo se encuentren reconocidos por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convenio EDH), deberán ser entendidos con las limitaciones comprendidas por este. Si bien el Convenio EDH tampoco habla expresamente de la amnistía, en su artículo 18 establece que las restricciones a los derechos y libertades contenidos no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas, y cierra así la posibilidad de abusos en las limitaciones permitidas. Sin embargo, no manifiesta ningún tipo de limitación hacia el Estado para su garantía; por tanto, de esta misma manera se deberán interpretar los derechos y libertades de la Carta Europea que coincidan con el convenio. Con base en esto, si bien no se puede deducir la prohibición tácita de la amnistía por parte de la Carta Europea, a partir de una interpretación sistémica se puede señalar que el sistema europeo se ha estructurado bajo el supuesto de no permitir amnistía cuando se violan los derechos humanos.

5. PRONUNCIAMIENTOS DE TRIBUNALES INTERNACIONALES

5.1.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH ha expresado en diferentes ocasiones su posición respecto a las leyes de amnistía, y ha señalado la discordancia existente entre este tipo de leyes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La CIDH considera incompatibles estas leyes con la obligación de prevenir, investigar y castigar a los responsables de cometer violaciones de derechos humanos, consagrada en la CADH.¹⁰⁷

Desde el informe anual de 1985-1986, la CIDH planteó su posición acerca de las leyes de amnistía, que si bien no era tan radical como la expresada en informes posteriores, sí denotaba su rechazo a las leyes de auto-amnistía. En dicha ocasión, por ejemplo, la CIDH fue enfática en afirmar que el llamado a determinar una ley de amnistía era el parlamento, democráticamente establecido, y no los beneficiarios de la ley; y que, en todo caso, era vital para la sociedad –lo calificaba como "derecho irrenunciable"– el conocer la verdad de lo ocurrido en relación con violaciones a derechos humanos, incluso cuando estas hubieran ocurrido bajo regímenes anteriores.¹⁰⁸

En el informe realizado por el profesor Humberto Nogueira Alcalá, como perito de la CIDH ante la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano contra Chile,¹⁰⁹ se expresó la oposición al Decreto Ley 2191 de 1978, de amnistía en Chile, con varias disposiciones de instrumentos internacionales que obligan al Estado chileno. Por ejemplo, de acuerdo con el peritazgo, el decreto de amnistía era contrario a disposiciones consagradas en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (la Declaración), y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que establecen como compromiso de los Estados Parte el adoptar medidas legislativas o de otro tipo que hagan efectivos los derechos reconocidos en el Pacto y la Convención, y garantizar a toda persona cuyos derechos correspondientes hayan sido violados la interposición de un recurso efectivo y la solución de este a través de autoridad competente, cuya decisión tendrá efectivo cumplimiento.¹¹⁰ Tales afirmaciones, aunque hacen referencia al caso chileno, pueden claramente aplicarse a cualquier ley de amnistía de un Estado que sea parte de estos instrumentos, y cuya ley impida el cumplimiento de estas obligaciones.

De acuerdo con el peritazgo mencionado, esta ley es igualmente violatoria del derecho consuetudinario y de los principios de ius cogens, que contemplan las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad como delitos de tal magnitud que no pueden quedar en la impunidad; por el contrario, se debe establecer la responsabilidad de sus autores y castigarlos, y se debe garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas, entre ellos el derecho a la verdad.

Finalmente, el profesor Nogueira aclara que la misma ley de amnistía desconoce las obligaciones de los Estados Parte consagradas en los artículos 1.1¹¹¹ y 8.°¹¹² de la CADH, así como en el artículo 14.1¹¹³ del PIDCP y en los Convenios de Ginebra. Estas obligaciones básicamente hacen referencia a la necesidad de respetar los derechos y libertades reconocidos en la CADH y de garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna; y de garantizar el derecho que tiene toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, con el respeto a las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Además, deben garantizarse los principios de inocencia, non bis in idem, publicidad del proceso penal y garantías mínimas de un proceso judicial. En cuanto a los Convenios de Ginebra, el perito parece referirse a la obligación que recae sobre los Estados respecto a juzgar y establecer sanciones penales para los responsables de cometer violaciones graves contra sus disposiciones.

También la CIDH ha establecido posición respecto a las leyes de amnistía, al realizar reportes acerca de casos específicos de violaciones de derechos humanos que no han sido investigadas o sancionadas –en virtud de una ley de amnistía que obstaculiza los procesos– por el Estado sobre el que recae la jurisdicción. Por ejemplo, en el Reporte No. 61 de 2001,¹¹⁴ en relación con el caso del señor Samuel Alfonso Catalán Lincoleo contra Chile, la CIDH manifestó que el Decreto Ley 2191 de 1978, por el cual se concedía una amnistía general que beneficiaba a los violadores de derechos humanos durante el régimen militar chileno de 1973 a 1990, era una "continuación de la política de violación de derechos humanos perseguida por [dicho] régimen militar", y su aplicación era incompatible con la CADH y con las obligaciones derivadas de esta para los Estados Parte, al punto de generar responsabilidad internacional al Estado de Chile por denegar justicia con la aplicación del mencionado decreto.¹¹⁵

Enfatizó además que ya en varias ocasiones ha sido clara en su posición respecto a la aplicación de leyes de amnistía en casos relacionados con serias violaciones a derechos humanos. Para la CIDH, las leyes de amnistía que impiden que uno de estos casos sea llevado ante un tribunal judicial y que los responsables reciban el castigo correspondiente, dejan sin efecto alguno la obligación de los Estados Parte de la convención, en cuanto a respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento, y a garantizar su pleno y libre ejercicio.¹¹⁶ Como consecuencia de esta imposibilidad de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, argumenta la Comisión que este tipo de leyes violan el derecho de acceso a la justicia y de protección judicial, consagrados en la convención.¹¹⁷

5.1.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

En el mismo sentido, en el caso El Amparo contra Venezuela la Corte IDH reafirmó su posición respecto a la obligación de las Partes de la CADH en cuanto a llevar a cabo una investigación seria y sancionar de la misma manera, y no simplemente como una formalidad, a los responsables de cometer violaciones de derechos humanos. Esto, claramente, excluye la figura de la amnistía.¹²⁰

En relación con la práctica peruana de conceder amnistías generales para los responsables de conductas violatorias de derechos humanos, la Corte IDH se pronunció en el caso Barrios Altos contra Perú. Haciendo referencia expresa a las leyes de amnistía y sentando su posición al respecto, la Corte señaló la incompatibilidad de este tipo de leyes con distintas obligaciones y derechos consagrados en la convención. En opinión de la Corte, cuando estas leyes impiden el acceso a la justicia, el inicio de investigación, el enjuiciamiento y la imposición de penas o castigos a los responsables de violar derechos humanos, violan los derechos a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la convención) y a la protección judicial (artículo 25 de la convención), así como desconocen la obligación de respetar los derechos consagrados en la convención (artículo 1.1) y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que hagan efectivos los derechos y libertades reconocidos en tal instrumento (artículo 2.°).¹²¹ Con fundamento en esto, la Corte declara que las leyes de auto-amnistía peruanas no tienen efectos jurídicos "y no pueden seguir representando u obstáculo para la investigación de los hechos [...] ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú".¹²²

En sentencia de 3 septiembre de 2001, de interpretación de la sentencia de fondo del caso Barrios Altos, la Corte IDH responde al interrogante planteado por la CIDH en relación con el alcance del pronunciamiento hecho por la primera sobre las leyes de amnistía del Perú. La Comisión pregunta a la Corte: "¿Tiene la Sentencia en el Caso Barrios Altos, con referencia a la incompatibilidad de las leyes Nos. 26479 y 26492 con la Convención Americana, alcance general o se limita solamente al caso indicado?".¹²³

El tribunal, para responder a este interrogante, se inclina por un alcance general y no limitado al caso, con base en "la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía...".¹²⁴ Esto es, en virtud de que, como lo afirmó en la sentencia de fondo, este tipo de leyes violan derechos y obligaciones consagrados en la CADH al no permitir el acceso a la justicia, al dejar sin castigo a los responsables de violar derechos humanos y al no constituir medidas que garanticen el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por la convención (artículo 2.°); cualquier ley de amnistía (y no solo las peruanas) que tenga estas consecuencias será contraria a la CADH.

En la Sentencia del 26 de septiembre de 2006, que resuelve el caso Almonacid Arrellano contra Chile, la Corte reafirma esta posición, afirmando que "los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna".¹²⁵ Yendo más allá de la Sentencia en el caso Barrios Altos, en la que se basó para hacer la anterior afirmación, concluye la Corte IDH que "los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía".¹²⁶

5.2. Sistema europeo

Pasando a los casos presentados ante la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte EDH), los hechos relacionados a continuación revelan una posición hasta cierto punto dual. En primera instancia se respeta el desarrollo de la figura de la amnistía dentro de los ordenamientos de los Estados, pero por otro lado se revela la obligación de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad al aplicar leyes de amnistía.

Un análisis similar al anterior, en donde la Corte EDH determina un trato distinto, no solo con respecto a la figura misma de la amnistía, sino también en cuanto a factores como la condena y el tipo de delito, se encuentra en el caso Mahmudov y Agazade contra Azerbaiyán,¹²⁷ en el que se estudia la condena de nacionales azerbaiyanos a prisión.¹²⁸ Las demandantes,¹²⁹ con base en el artículo 10.° de la Convención IDH (libertad de expresión), discuten su condena a cinco meses de prisión por difamación,¹³⁰ sentenciada a pesar del derecho otorgado por una resolución de amnistía¹³¹ vinculada al aniversario de la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que los eximía de cumplir sus condenas. Sobre el particular la Corte EDH refiere el necesario respeto de la figura de la amnistía, sin importar la nimiedad en el tiempo de la pena.¹³²

En términos de investigación sobre la amnistía y su aplicabilidad resulta de interés el caso Barberá, Messegué y Jabardo contra España.¹³³ En este caso el juez de primera instancia determinó la ausencia de competencia debido a que el hecho constituía un acto terrorista. Una vez remitido el caso a la Audiencia Nacional, esta decidió dar aplicación a la Ley de Amnistía No. 46 de 1977,¹³⁴ argumentando que la conducta criminal había sido cometida por motivos políticos. El interés del caso radica en que refiere la posibilidad de que individuos que cometen actos terroristas puedan recibir los beneficios de la aplicación de leyes de amnistía.

En Isayeva, Yusupova y Bazayeva contra Rusia¹³⁷ se trata de un bombardeo aéreo en contra de un convoy de civiles, en un contexto de enfrentamientos en Chechenia entre las Fuerzas Federales Militares y las guerrillas chechenas, en 1999. Los demandantes señalaron que sus familiares fueron torturados y asesinados por miembros del ejército ruso, que la investigación de su muerte era ineficaz y que no tenían acceso a recursos eficaces a nivel nacional. Rusia alegó que el ataque fue legítimo y las medidas absolutamente necesarias y proporcionadas para suprimir la resistencia activa de los grupos armados ilegales. La Corte EDH consideró que Rusia, debido a la falta de planificación de este ataque en lo atinente al requisito previo de atención a la vida de la población civil, había violado el artículo 2.°, acerca del derecho a la vida, del Convenio EDH. Además, sostuvo que la ineficacia de las investigaciones constituía una violación del artículo 3.° de la prohibición de la tortura del Convenio EDH. Por último, se refirió específicamente a la ausencia de eximentes de responsabilidad, habida cuenta de que a pesar de existir una ley de amnistía que favorecía a los miembros de las Fuerzas Militares rusas, esta no aplicaba a delitos comunes, como el homicidio.

Finalmente se encuentra la sentencia que dirime el caso Saadi contra Italia.¹³⁸ La acción interpuesta por Nassim Saadi, nacional tunecino residente en Milán, sostiene que su deportación a Túnez, donde fue condenado en ausencia, en el año 2005, a veinte años de prisión por terrorismo, lo expondría a un riesgo cierto de ser tratado de forma contraria al artículo 3.° del Convenio EDH. Es de anotar que en Túnez, a partir de legislación antiterrorista, se han realizado detenciones masivas, especialmente de activistas del partido islamista Nahdha. La Corte EDH reconoce en este caso el derecho de cada Estado a controlar la entrada, residencia y deportación de extranjeros, pero advierte que esta última podría causar responsabilidad del Estado contratante si el deportado estuviese en riesgo cierto de ser sometido a tratamientos contrarios al artículo 3.° del Convenio EDH, en cuyo caso habría una obligación de no deportar. En otras palabras, la Corte EDH, al reafirmar el carácter absoluto del artículo 3.°, acepta la posibilidad de que una persona acusada y condenada por terrorismo –en ausencia– no pague la condena¹³⁹ si existe riesgo de tortura. La Corte aplica el principio de favorabilidad, cobijando cualquier tipo de beneficio a favor del procesado, incluida la amnistía, habida cuenta de que la prohibición de la tortura y del trato inhumano o degradante es absoluta, independientemente de la conducta de la víctima y la naturaleza del delito presuntamente cometido.¹⁴⁰

5.3. Sistema universal

A nivel de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a las leyes de amnistía. En su comentario sobre el artículo del PIDCP que prohíbe la tortura¹⁴¹ afirmó que existe una incompatibilidad general de las leyes de amnistía con la obligación de los Estados de investigar los actos que constituyen este delito, y con la de garantizar que los ciudadanos no sean víctimas de dichos actos y que estas conductas no ocurran en el futuro.¹⁴²

Por su parte, el Consejo Económico y Social de la ONU, a través del informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, ha señalado que "las decisiones recientes han reafirmado la incompatibilidad de las amnistías que acarrean la impunidad con el deber de los Estados de sancionar los delitos graves de derecho internacional (principios 18 y 25 a). En particular, en su informe sobre el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, el Secretario General llegó a la conclusión de que "los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca pueden prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o de lesa humanidad o infracciones graves de los derechos humanos".¹⁴³

Por su parte, los tribunales penales internacionales también se han pronunciado al respecto. En 1998, en el caso Furundzija,¹⁴⁴ el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, refiriéndose al tema de la prohibición de la tortura como norma de ius cogens, manifestó que sería una violación a esta norma imperativa el permitir que un Estado concediera el beneficio de la amnistía a los perpetradores de dicho delito. Indicó que como consecuencia del carácter de ius cogens de aquella prohibición, los Estados tienen la obligación de "investigar, juzgar, castigar o extraditar a los individuos acusados de cometer tortura, que se encuentren en el territorio de su jurisdicción";¹⁴⁵ en consecuencia, una amnistía no sería jurídicamente viable en estos casos.

Por último, en cuanto a la CPI, si bien a la fecha no ha emitido su primera decisión de fondo, ya en la etapa de investigación indirectamente ha tenido que lidiar con este tema. En la situación de Uganda, más precisamente en los casos de la comisión de crímenes de competencia de la CPI por parte de los líderes del Ejército de Resistencia del Señor (Lord's Resistance Army, LRA), en diciembre de 2003 el presidente de aquel país, Yoweri Museveni, remitió la situación para investigación al fiscal de la CPI. En aquel momento existía una amnistía para los miembros de dicho grupo. Museveni expresamente indicó al fiscal su intención de modificar la amnistía para excluir de sus beneficios a los líderes del LRA, con el fin de garantizar que fueran investigados, juzgados y castigados por crímenes de derecho internacional.¹⁴⁶

Actualmente, la investigación y el avance del proceso en la situación de Uganda en el caso del fiscal contra Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen¹⁴⁷ se encuentra en "suspensión", pues aunque desde el 13 de octubre de 2005 la Sala de Cuestiones Preliminares II hizo públicas las órdenes de arresto sobre estos líderes del LRA, no han sido capturados. El gobierno de Uganda ha emprendido en varias ocasiones diálogos y procesos de paz con el grupo, y en virtud de estos no ha hecho efectivas las mencionadas órdenes. A pesar de las circunstancias, el fiscal y el relator de la CPI en distintas ocasiones han requerido al gobierno de Uganda para que en cumplimiento de su obligación de cooperación con la Corte haga efectivas las órdenes de captura. En la última comunicación formal conocida¹⁴⁸ por parte del gobierno de Uganda a la CPI, se informa que en virtud de un proceso de negociación adelantado con el LRA se creó una división especial de la Corte Suprema de Uganda, la cual se encargará de juzgar a estos líderes. Se afirma igualmente que en caso de incumplimiento de lo pactado por parte del grupo LRA, el gobierno de Uganda hará efectivas las órdenes de arresto de la CPI.

Dependiendo del curso que tome esta situación, podría evidenciarse una posición de la Corte respecto a procesos y diálogos de paz que involucren, entre otras figuras o beneficios, procesos de amnistía. Una opción podría ser que el fiscal, en virtud del artículo 53 del ER, decida no continuar con la investigación, argumentando que esto sería contrario al "interés de la justicia".¹⁴⁹ Por otro lado, podría argumentarse que la posición de la CPI específicamente en relación con la amnistía es en principio de rechazo, pues cuando en 2003 la situación fue remitida por el Presidente de Uganda, el fiscal, a pesar de la existencia de la amnistía, decidió realizar las averiguaciones previas con el fin de iniciar una investigación contra los líderes del LRA, y posteriormente ha insistido –a pesar de la existencia de diálogos y negociaciones– en la ejecución de las órdenes de arresto por parte de Uganda, en respeto a su obligación de cooperación con la CPI consagrada en el artículo 86 del ER.

6. CONCLUSIONES

El derecho internacional reconoce la amnistía como un instrumento legítimo del Estado dentro de su política punitiva. Sin embargo, el establecimiento de los límites en el ejercicio de esta facultad no es un tema pacífico ni en la jurisprudencia de los tribunales internacionales ni en las legislaciones domésticas. En efecto, si se observan los casos emblemáticos presentados en este artículo, se concluye que los gobiernos utilizan la figura para solucionar situaciones de desmembramiento del Estado por conflictos internos, y conceden en algunos casos amnistía para toda clase de delitos. Desde esta perspectiva resulta de interés resaltar la presencia de casos en los cuales se promulgan leyes de amnistía para eximir de responsabilidad penal al accionar violatorio de derechos humanos de agentes del Estado; la amnistía se usa como un escudo en la llamada "lucha contra el terrorismo". Así mismo, se pueden observar de manera excepcional casos en los que ha operado la figura de la amnistía para conductas constitutivas de actos terroristas, como en el caso Barbera, Messegué y Jabardo contra España, o tangencialmente en casos como Saadi contra Italia.

En los inicios del derecho internacional contemporáneo, predominaba la admisión de amnistías amplias, con pocas limitaciones. Sin embargo, al desarrollarse el sistema de protección de los derechos humanos se ha visto una creciente regulación en los diferentes sistemas regionales, encaminada al desarrollo de límites a la amnistía a través de decisiones de tribunales, así como de instrumentos internacionales.

Con la reivindicación de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, la promulgación y aplicación de leyes de amnistía, en especial de auto-amnistía y amnistía general que buscan la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos, se ven claramente limitadas. Esta afirmación no es tan rotunda en algunos escenarios como el de la responsabilidad del individuo a nivel internacional, cuando la amnistía otorgada respeta los derechos de las víctimas y no busca la impunidad.

El papel de los tribunales internacionales resulta capital para determinar la recepción o rechazo de esta figura en el derecho internacional. Así, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen una posición clara y reiterativa acerca de la imposibilidad de conceder amnistía a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, postura que se deriva de las terribles consecuencias de las dictaduras militares de la región. Por su parte, los tribunales penales internacionales y el sistema europeo no han sido tajantes en aquella prohibición, por cuanto figuras tales como "el interés de la justicia" podrían permitir el no juzgamiento de los responsables de crímenes de derecho internacional cuando opere una amnistía que sin desconocer los derechos de las víctimas y sin buscar la impunidad, favorezca procesos de pacificación y reconciliación al interior de un Estado.

ANEXO

Decisiones de tribunales internacionales

Manifestaciones nacionales

NOTAS AL PIE

2. Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 13/04[1], Petición 136/03, 27 de febrero de 2004.

3. Perú, Congreso de la República, Proyecto de Ley 2844 de 2008.

4. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de fondo Caso Barrios Altos vs. Perú, serie C, No. 75, 14 de marzo de 2001.

5. Bastante se ha escrito acerca de la amnistía y sus efectos sobre los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación, así como sobre la necesidad y conveniencia de estas figuras en procesos de transición. Por esto, el presente artículo no se detiene en reiterar consideraciones ya presentadas. El estudio de la amnistía puede asumirse desde diferentes puntos de vista, como el mencionado en relación con los derechos de las víctimas, así como el de la soberanía del Estado y los derechos humanos; estas perspectivas sin embargo, no corresponden al objetivo de este artículo. Sobre el particular son pertinentes, entre otros documentos relacionados en la bibliografía: Naomi Roht-Arriaza, "The Challenge of Non-State Actors: Transitional Justice: Amnesties, Truth Commissions and beyond", American Society of International Law Proceedings, 1998, (92), pp. 313-315; Charles P. Trumbull, "Giving Amnesties a Second Chance", Berkeley Journal of International Law, 2007, (25), pp. 283-345; Garth Meintjes y Juan E., Méndez, "Reconciling Amnesties with Universal Jurisdiction", International Law Forum du Droit International, 2000, (2), pp. 76-97; Robert O. Weiner, "Trying to Make Ends Meet: Reconciling the Law and Practice of Human Rights Amnesties", St. Mary's Law Journal, 1994-1995, (26), pp. 857-75.

6. La palabra amnistía proviene del griego amnos, olvido. "En su acepción principal, esta voz hace alusión a su suerte de perdón general, que por motivos de alta política, un gobierno acuerda a unos culpables o presumidos tales, luego de una insurrección, revuelta o de otros actos de desobediencia, mediante un tratado o una ley, la cual declara que olvida el pasado, lo tiene por no ocurrido y promete no hacer una investigación". Luis Fernando Bohórquez u Jorge Iván Bohóruqez, Diccionario jurídico colombiano, Editora Jurídica Nacional, Bogotá, 1999, p. 68.

7. Puede hablerse de amnistía propia o impropia dependiendo de lo que esta figura extinga. La primera hace refencia a la extinción de la acción penal, mientras que la segunda extingue la pena impuesta. La doctrina ha equiparado el indulto con la amnistía impropia.

8. H. H. Jescheck y T. Weigend, Tratado de Derecho penal general, Comares, Granada, 2002, p. 994.

9. Alejandro Ramelli Arteaga, La Constitución colombiana y el derecho internacional humanitario, 2.ª ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 271.

10. Sobremonte Martínez, Indultos y amnistía, citado por Fernando Velásquez, Derecho penal. Parte general, 3.ª ed., Temis, Bogotá, p. 727.

12. Bohórquez y Bohórquez , Diccionario jurídico colombiano, op. cit., p. 68.

13. Esto ocurre en países como Colombia, en los que la figura de amnistía se limita a los delitos políticos –en Colombia, en virtud del articulo 150, numeral 17 de la Constitución Política- y a los delitos conexos a los delitos políticos –en el caso colombiano, de acuerdo al articulo 30 transitorio de la Carta, que permite la amnistía para este tipo de delitos cometidos por miembros de grupos guerrilleros con anterioridad a que expidiera la Constitución, cuanto se reintegren a la vida civil-.

14. En este mismo sentido, Gerardo Landrove Díaz, Las consecuencias jurídicas del delito, 6.ª ed., Tecnos, Madrid, 2005. Afirma este autor que: "se entendía que la amnistía no sólo extinguía la pena [...], sino que también determinan un olvido [...] del propio delito, con todos sus efectos. La consecuencia más característica era que suprimía todos los antecedentes penales y todos los efectos penales del recuerdo del delito".

15. Comité Internacional de la Cruz Roja –en adelante CICR-, comentario al párrafo 5 del artículo 6 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Acta X, p. 136, CDDH/234/REV. 1, párrafo 95, y Acta VII, pp. 97 y 99, CDDH/SR.50, párrafos 79 y 99.

16. Es de interés la posición de la Corte Constitucional colombiana de aceptar un tratamiento fuerte y diferenciado para el delito del terrorismo, como puede observarse en las sentencias C-695 de 28 de agosto de 2002, M.P.: Jaime Córdoba Treviño, expediente D-3945; y C-762 de 17 de septiembre de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, expediente D-3972, en las cuales se deja sentado que existe, en virtud del derecho internacional, una prohibición de conceder amnistía o indultos a delitos de terrorismo. Véase: Juan Ramón Martínez, "Terrorismo. Acercamiento conceptual y breve análisis del tratamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana en el marco del derecho internacional público", en Ricardo Abello (ed.), Derecho internacional contemporáneo, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006. pp. 333-351.

17. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-695 de 2002, cit. La decisión parte del artículo 150, numeral 17 de la Constitución, que permite la amnistía únicamente para delitos políticos.

18. Organización de Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 51/210, 17 de diciembre de 1996.

19. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-762 de 2002, cit.

20. Perú, Congreso de la República, Ley 26479 de 1995, artículo 1.°

22. Ibíd., artículo 1.°

23. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos, cit.

24. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos, cit.

25. W.Daniel Schwarttz, "Rectifying Twenty-five Years of Material Breach: Argentina and the legacy of the 'Dirty War' in the international Law", Emory International Law Review, 2004, (18), pp. 317-370.

26. Argentina, Congreso de la Nación, Ley 23492 de 1986.

27. Argentina, Congreso de la Nación, Ley 23521 de 1987.

28. Ibíd., artículo 1.°

29. La junta inició tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y duró hasta el 11 de marzo de 1990.

30. Chile, Junta Militar, Decreto Ley 2191 de 1978.

32. Debe recordarse que a partir del 15 de marzo de 2002 Yugoslavia desapareció y pasó a llamarse oficialmente Serbia y Montenegro.

33. República Federativa Yugoslava, Parlamento Federal, Ley de Amnistía, official Gazette of FRY, 2001, (9).

34. Íd cabe anotar que desde el articulo 5.°hasta el 9. ° están relacionados con los jueces competentes para la aprobación de la aplicación de la ley de amnistía.

35. Otro caso de interés resulta posterior a la guerra Franco-Argelina, a partir de los Acuerdos de Evian de 1962, en los cuales se gestó el establecimiento de una amnistía a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

36. Republic of South Africa, Office of the President of the Republic, Act 35 of 1995 (Promotion Of National Unity and Reconciliation Act).

37. En la segunda mitad del año 2004 el Centro Internacional de Justicia Transicional estableció una oficina en Cape Town, la cual en este momento se ha unido con diferentes organizaciones, como el Centro de Recursos Legales, para apoyar una petición presentada por las víctimas del apartheid en contra de la política de la autoridad de procesamiento nacional que pretende otorgarles a los perpetradores una segunda amnistía.

38. Esta situación provocó alarmar en las víctimas; la opinión pública sudafricana consideró que se "generaría una inalcanzable justicia y palpable impunidad".

39. Modificada por la Constitución de la Republica de Sudáfrica, ley 108 de 1996.

40. Republic of South Africa, Constitution of the Republic, Act 200 of 1993, Chapter 15: National Unity and Reconciliation. Paragraph 250: "In order to advance such reconciliation and reconstruction, amnesty shall be granted in respect of acts, omissions and offences associated with political objectives and committed in the course of the conflicts of the past. To this end, parliament under this Constitution shall adopt a law determining a firm cut-off date, which shall be a date after 8 october 1990 and before 6 december 1993, and providing for the mechanisms, criteria and procedures, including tribunals, if any, through which such amnesty shall be dealt with at any time after the law has been passed".

42. Sierra Leone, Government of Sierra Leone and Revolutionary United Front of Sierra Leone, July, 1999.

43. Revolutionary United Front (RUF).

44. The Armed Forces Revolutionary Council (AFRC).

45. Sierra Leone Army (SLA).

46. Civil Defence Force (CDF).

47. Special Court for Sierra Leone, Trial Chamber II, Case No. SCSL-04-16-T, 20 June, 2007.

48. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara y Santigie Borbor Kanu fueron declarados culpables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en un conflicto armado no internacional, que abarcan homicidios ilegítimos, exterminio, violación, actos de terrorismo, castigos colectivos y mutilación. Los tres fueron absueltos, en cambio, de los cargos de esclavitud sexual y de otros actos inhumanos.

49. Special Court for Sierra Leone, Case The Prosecutor v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara and Santigie Borbor Kanu (the AFRC Accused), SCSL-04-16-T, 20 June, 2007.

50. Artículo 14. "Los presuntos autores de actos de desaparición forzada en un Estado, cuando las conclusiones de una investigación oficial lo justifiquen y a menos que hayan sido extraditados a otro Estado que ejerce su jurisdicción de conformidad con los convenios internacionales vigentes en la materia, deberán ser entregados a las autoridades civiles competentes del primer Estado a fin de ser procesados y juzgados. Los Estados deberán tomar las medidas jurídicas apropiadas que tengan a su disposición a fin de que todo presunto autor de un acto de desaparición forzada, que se encuentre bajo su jurisdicción o bajo su control, sea sometido a juicio".

52. Artículo 18. "1. Los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 supra no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. 2. En el ejercicio del derecho de gracia deberá tenerse en cuenta la extrema gravedad de los actos de desaparición forzada".

53. Naciones Unidas, Asamblea General, A/RES/3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975, Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

54. Artículo 10.°. "Si de la investigación a que se refieren los artículos 8 o 9 se llaga a la conclusión de que parece haberse cometido un acto de tortura tal como se define en el artículo 1, se incoará un procedimiento penal contra el supuesto culpable o culpables de conformidad con la legislación nacional. Si se considera fundada una alegación de otras formas de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes, el supuesto culpable o culpables serán sometidos a procedimientos penales, disciplinarios u otros procedimientos adecuados".

55. Naciones Unidas, Asamblea General, A/RES/2200 A (XXX), de 16 de diciembre de 1966, Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.

56. Artículo 6.4. "Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos".

57. Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, A/RES/39/49, de 10 de diciembre de 1984, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

58. Artículo 4.°. "Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tengan en cuenta su gravedad".

59. Artículo 7.°. "El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento...".

60. El principio de aut dedere aut iudicare, que consiste en la obligación que tiene el Estado donde se encuentra el autor de un delito e enjuiciar a esta persona o de extraditarla a otro Estado que pretenda llevar a cabo el juicio en contra de dicho autor, ha sido consagrado en distintos instrumentos internacionales como los mencionados en el presente documento. Para profundizar sobre este principio, ver M. Cherif Bassiouni y Edward M. Wise, "Aut dedere aut judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law", American Journal of International Law, 1997, 91, (1).

62. Artículo 10.1. "Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual...".

63. Organización de Naciones Unidas, Asamblea General, A/RES/317 (IV), de 2 de diciembre de 1949, Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

64. Artículo 1.°. "Las partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona".

65. Organización de Naciones Unidas, Asamblea General, A/RES/2106 A (xx), de 21 de diciembre de 1965, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

66. Artículo 4.°. "Los Estados Partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el oído racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, [...] tomarán, entre otras, las siguientes medidas: a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia O toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnicos, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación...".

67. Organización de Naciones Unidas, Asamblea General, A/RES/3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973, Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

68. Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, A/RES/ 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948, Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

69. Organización de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, RES/827 de 25 de mayo de 1993, Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. RES/955 de 1994, Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

70. Artículo 28. "Indulto y conmutación de pena".

72. Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998.

73. Artículo 17. "Cuestiones de Admisibilidad. 1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando: a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; c) la persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20; d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la corte. 2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado,la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5; b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia; c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. 3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio".

74. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 17.

75. Íd.

76. Artículo 53. "Inicio de una investigación. 1. El Fisca, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proteger a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si: a) la información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte; b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17; c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia. El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares. 2. Si, tras la investigación, el fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que: a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparencia de conformidad con el artículo 58; b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen; notificará su conclusión motivada a la salo de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o al consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo 13. 3. a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b) del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión; b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basare únicamente en el párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la sala de cuestiones Preliminares. 4. El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones".

77. En el acápite 4 de este documento se analizará el tema de la cosa juzgada en relación con la amnistía dentro del ámbito de la CPI.

78. Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales Destinados a Proteger a las Víctimas de la Guerra: I Convenio de Ginebra para Aliviar la suerte que Corren los Heridos y los enfermos de las fuerzas Armadas en Campaña. II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar. III. Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra. IV Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra. Todos aprobados el 12 de agosto de 1949.

79. Véanse: Convenio I: artículo 49; Convenio II: artículo 50; Convenio III: artículo 129; Convenio IV: artículo 146.

81. Artículo 6.°, inciso 11. "A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado".

82. En el comentario hecho por el Comité Internacional de la Cruz Roja en relación con esta disposición, se hace la siguiente aclaración: "En este párrafo sólo se considera la amnistía, lo cual nos significa que se haya querido excluir la gracia. El proyecto aprobado en comisión establecida, por una parte, que todo condenado tendría el derecho a pedir la gracia o la conmutación de la pena y, por la otra, que la amnistía, la gracia o la conmutación de la pena de muerte podría concederse en todos los casos".

83. Véase por ejemplo: Jorge Perdomo, "Corte Penal Internacional y amnistía", Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 2006, (81), pp. 159-172.

84. Organización de Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969.

85. Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

86. Artículo 6.°, inciso 2.°. "Los Estados partes se aseguran de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta gravedad."

87. Articulo 8.°, inciso 2.°. "Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal".

88. Artículo 14. "Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición".

89. Organización de Estados Americanos, Asamblea General, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994.

91. Artículo 3.°. "Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de persona, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad...".

92. Artículo 4.°. "Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos en cualquier Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos: a. Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción; b. Cuando el imputado sea nacional de ese Estado; c. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado".

93. Artículo 7.°. "La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente la responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción...".

94. Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

95. Artículo 7.°. "Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia...".

96. Artículo 1.°. "para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado".

97. Artículo 2.°. "se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra".

98. Organización de Estados Americanos, Quinta Conferencia Interamericana Especializada en Derecho Internacional Privado, México, 18 de marzo de 1994.

99. Organización de Estados Americanos, Asamblea General, Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, Washington, D.C., 2 de febrero de 1971.

101. Artículo 7.°. "Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, conforme a su derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfico internacional de menores definido en esta Convención".

102. Artículo 1.°. "Los Estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas legislaciones y especialmente las que se establecen en esta Convención, para prevenir y sancionar los actos de terrorismo y en especial el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexa con estos delitos".

103. La Resolución 1373 de 2001 de la Asamblea General de las Naciones Unidas señala la obligación de los Estados de tomar medidas preventivas para combatir el terrorismo. Trata aspectos como el enjuiciamiento de los presuntos terroristas y, en particular, de la cooperación entre los Estados en este ámbito. Desde este momento a la fecha, las Naciones Unidas han preferido diferentes resoluciones que abordan de alguna manera la lucha contra el terrorismo. Las últimas han sido las resoluciones 1625 y 1624 de 2005. La Resolución 1624 del Consejo de Seguridad ha instado a todos los Estados que adopten las medidas necesarias y adecuadas en cumplimiento de sus obligaciones de derecho internacional para: a) prohibir por ley la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo; b) impedir dicha conducta; c) denegar protección a toda persona respecto de la cual se disponga de información fidedigna y pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable de esa conducta. Véase Martínez, "Terrorismo Acercamiento conceptual...", op. cit.

104. Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, complementado por 11 Protocolos. Roma, 4 de noviembre de 1950.

105. Artículo 6.°. "Derechos a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. [...] 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

106. Artículo 50.1. "Limitación de los Derechos Garantizados. 1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá haber sido estipulada por la autoridad legislativa competente. Respetando el principio de proporcionalidad, sólo se podrán introducir limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Unión, o a otros intereses legítimos en una sociedad democrática o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás".

107. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 1992-1993; Informe anual 1996; Reporte 28/92 caso Argentina; Reporte 29/62 caso Uruguay; reportes 34/96 y 36/96 caso Chile.

108. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1985-986; capítulo V. Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

109. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Almonacid Arrellano contra Chile, 26 de septiembre de 2006, serie C, No. 154.

111. Artículo 1.1. Obligación de respetar los derechos.

112. Artículo 8.°. Garantías judiciales.

113. Artículo 14.1. "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia".

114. Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Report No. 61, 2001, Case 11.771, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, Chile, April 16, 2001.

115. Ibíd., Párrafos 41 y 44 (traducción no oficial).

116. Ibíd., párrafo 49. La obligación referida es la consagrada en el artículo 1.1. CADH.

117. Ibíd., párrafo 50.

118. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez contra Honduras, 29 de julio de 1988, serie C, No. 4, párrafo 166.

119. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Godínez Cruz contra Honduras, 20 de enero de 1989, serie C, No. 5, párrafo 175.

121. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Barrios Altos, párrafos 41-43.

122. Ibíd., párrafo 44.

123. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de Interpretación de la Sentencia de Fondo Caso Barrios Altos contra Perú, 3 de septiembre de 2001, serie C, No. 83, párrafo 14.

124. Ibíd., párrafo 18.

125. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Almonacid Arrellano contra Chile, párrafo 114.

126. Íd.

127. European Court of Human Rights, Judgment in the Case of Mahmudov and Agazade v. Azerbaijan, 18 December, 2008, Application No. 35877/04.

128. Pena de prisión en virtud de los artículos 147.1 y 148 del Código Penal de Azerbaiyán. El tribunal fija una pena total de cinco meses de prisión en relación con cada solicitante.

129. Rovshan Asgar oglu Mahmudov y Vagif Yashar Agazade, eran editor y periodista del periódico Müxalifet.

131. Azerbaiyán, Parlamento de Azerbaiyán, proferida en sección 2.3 de la Milli Majlis el 6 de mayo de 2003. Texto en inglés: "Persons sentenced, for deliberate commission of a criminal offence, to imprisonment for a term of no more than three years shall be dispensed from serving their sentences".

132. Véase: supra, 138.

133. European Court of Human Rights, Plenary, Judgment in the case of Barbera, Messegué and Jabardo v. Spain, 26 May, 1994. En este caso, el señor Bultó (la victim), es amenazado por dos individuos que entran por la fuerza a su apartamento y ponen en su pecho un dispositivo explosivo con el objeto de que bultó cancele una suma de dinero. En caso de no hacerlo, la bomba sería activada. Finalmente el dispositivo explota y le causa la muerte.

134. España, Jefatura de Estado, Ley 46 de 1977.

135. European Court of Human Rights, First Section, Judgment in the Case of Gast and Popp v. Germany, 25 February, 2000, Application No. 29357/95.

136. Los hechos se desarrollan en la década de los noventa, en la que Alemania se encontraba dividida en la República Federal Alemana (RFA) y en la República Democrática Alemana. La tensión entre estos dos países causó numerosas situaciones, una de ellas el espionaje.

137. European Court of Human Rights, First Section, Judgment in the Case of Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russian, 19 December, 2002, Applications No. 57947/00, 57948/00, 57949/00.

138. European Court of Human Rights, Plenary, Judgment in the case of Saadi v. Italy, 28 February, 2008. Application No. 37201/06.

139. Por lo menos no en el lugar donde fue condenado cuando en este exista el riesgo de tortura.

141. Artículo 7.°. "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos científicos".

142. United Nations, Human Rights Committee, General Comment No. 20, 1994. Citado por International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Judgment in the case of The Prosecutor v. Furundzija, December 10, 1998, Case No. IT-95-17/1-T; nota al pie 172.

143. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/102, 18 de febrero de 2005.

144. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Judgment in the Case of The Prosecutor v. Furundzija, párrafos 148-157.

145. Ibíd., párrafo 156.

146. Véase: International Criminal Court, Press Release, "President of Uganda Refers Situation Concerning the Lord's Resistance Army (LRA) to the ICC", 29 january, 2004, ICC-20040129-44; en www.icc-cpi.int/, consulta del 14 de febrero de 2009.

147. International Criminal Court, Case The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/05.

148. Republic of Uganda, "Answer to the Request for Information from the Republic of Uganda on the Status of Execution of the Warrants of Arrest", 27 March, 2008.

149. Véase: nota 77, supra.

BIBLIOGRAFÍA

1. Argentina, Congreso de la Nación, Ley 22924 de 1983, Ley 23492 de 1986, Ley 23521 de 1987.        [ Links ]

2. Bassiouni, M. Cherif y Wise, Edward M., "Aut dedere aut judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law", American Journal of International Law, 1997, 91, (1).        [ Links ]

3. Bohórquez, Luis Fernando y Bohórquez, Jorge Iván, Diccionario jurídico colombiano, Editora Jurídica Nacional, Bogotá, 1999.        [ Links ]

4. Cassel, Douglass, "Accountability for International Crime and Serious Violations of Fundamental Human Rights. Lessons from the Americas: Guidelines for International Response to Amnesties for Atrocities", Law & Contemporary Problems, 1996, (159).        [ Links ]

5. Castellanos, Ethel, "Verdad, justicia y reparación en Argentina, El Salvador y Sudáfrica. Perspectiva comparada", Estudios Socio- Jurídicos, 2005, 7, número especial.        [ Links ]

6. Chile, Junta Militar, Decreto Ley 2191 de 1978.        [ Links ]

7. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-695 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Treviño.        [ Links ]

8. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-762 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.        [ Links ]

9. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes anuales 1985-1986, 1992-1993 y 1996, en www.cidh.org/anual.esp.htm        [ Links ]

10. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.771, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, Chile, 2001.        [ Links ]

11. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporte No. 61, 2001.        [ Links ]

12. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 13/04[1], Petición 136/03, 27 de febrero de 2004.        [ Links ]

13. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporte 28/92, Argentina.        [ Links ]

14. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporte 29/62, Uruguay.        [ Links ]

15. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reportes 34/96 y 36/96, Chile.        [ Links ]

16. Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentario al párrafo 5 del artículo 6 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949.        [ Links ]

17. Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969.        [ Links ]

18. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984.        [ Links ]

19. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985.        [ Links ]

20. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994.        [ Links ]

21. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994.        [ Links ]

22. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 1965.        [ Links ]

23. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, 1973.        [ Links ]

24. Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, 1971.        [ Links ]

25. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, complementado por 11 Protocolos. Roma, 4 de noviembre de 1950.        [ Links ]

26. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Almonacid Arrellano contra Chile, 26 de septiembre de 2006, serie C, No. 154.        [ Links ]

27. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Barrios Altos contra Perú, 14 de marzo de 2001, serie C, No. 75.        [ Links ]

28. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso El Amparo contra Venezuela, 14 de septiembre de 1996, serie C, No. 28.        [ Links ]

29. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Godínez Cruz contra Honduras, 20 de enero de 1989, serie C, No. 5.        [ Links ]

30. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, 29 de julio de 1988, serie C, No. 4.        [ Links ]

31. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de Interpretación del Caso Barrios Altos contra Perú, 3 de septiembre de 2001, serie C, No. 83;        [ Links ]

32. Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1975.        [ Links ]

33. Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 1992.        [ Links ]

34. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998.        [ Links ]

35. Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1993.        [ Links ]

36. Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 1994.        [ Links ]

37. European Court of Human Rights, First Section, Case of Barbera, Messegué and Jabardo v. Spain, 26 May 1994.        [ Links ]

38. European Court of Human Rights, First Section, Case of Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia, 19 December 2002, Applications Nos. 57947/00, 57948/00, 57949/00.        [ Links ]

39. European Court of Human Rights, First Section, Case of Mahmudov and Agazade v. Azerbaijan, 18 December 2008, Application No. 35877/04.        [ Links ]

40. European Court of Human Rights, First Section, Case of Vanyan v. Russia, 15 December, 2005, Application No. 53203/99.        [ Links ]

41. European Court of Human Rights, First Section, Judgment in the Case of Gast and Popp v. Germany, 25 February 2000, Application No. 29357/95.        [ Links ]

42. European Court of Human Rights, Plenary, Case of Saadi v. Italy, 28 February 2008, Application No. 37201/06.        [ Links ]

43. Gavron, Jessica, "Amnesties in the Light of Developments in International Law and the Establishment of the International Criminal Court", International & Comparative Law Quarterly, 2002, (51).        [ Links ]

44. Goldstone, Richard J., "Past Human Rights Violations: Truth Commissions and Amnesties or Prosecutions", Northern Ireland Legal Quarterly, 2000, (51).        [ Links ]

45. International Criminal Court, "President of Uganda Refers Situation Concerning the Lord's Resistance Army (LRA) to the ICC", press release, 29 January 2004, ICC-20040129-44.        [ Links ]

46. International Criminal Court, Case The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen, ICC-02/04- 01/05.        [ Links ]

47. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Judgment in the case of The Prosecutor v. Furundzija, December 10 1998, Case No. IT-95-17/1-T.        [ Links ]

48. Jescheck, H. H. y Weigend, T., Tratado de Derecho penal general, Comares, Granada, 2002.        [ Links ]

49. Landrove Díaz, Gerardo, Las consecuencias jurídicas del delito, 6.ª ed., Tecnos, Madrid, 2005.        [ Links ]

50. Martínez, Juan Ramón, "Terrorismo. Acercamiento conceptual y breve análisis del tratamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana en el marco del derecho internacional público", en Ricardo Abello (ed.), Derecho internacional contemporáneo, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006.        [ Links ]

51. Meintjes, Garth y Méndez, Juan E., "Reconciling Amnesties with Universal Jurisdiction", International Law Forum du Droit International, 2000, (2).        [ Links ]

52. Meisenberg, Simon M., "Legality of Amnesties in International Humanitarian Law. The Lomé Amnesty Decision of the Special Court for Sierra Leone", International Review of the Red Cross, 1994, (856).        [ Links ]

53. Organización de Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General 260 A (III), 9 de diciembre de 1948.        [ Links ]

54. Organización de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Resolución 827 de 1993, por medio de la cual se crea el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.        [ Links ]

55. Organización de Naciones Unidas, Resolución 955 de 1994, por medio de la cual se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.        [ Links ]

56. Organización de Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 51/210, 17 de diciembre de 1996.        [ Links ]

57. Parlamento de Azerbaiyán, sección 2.3 de la Milli Majlis, 6 de mayo de 2003.        [ Links ]

58. Perdomo, Jorge, "Corte Penal Internacional y amnistía", Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 2006, (81).        [ Links ]

59. Perú, Congreso de la República, Ley 26479 de 1995, Ley 26492 de 1995, Proyecto de Ley 2844 de 2008.        [ Links ]

60. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, 2000.        [ Links ]

61. Ramelli Arteaga, Alejandro, La Constitución colombiana y el derecho internacional humanitario, 2.ª ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003.        [ Links ]

62. Republic of South Africa, Constitution of the Republic, Act 200 of 1993.        [ Links ]

63. Republic of South Africa, Office of the President of the Republic, Act 35 of 1995.        [ Links ]

64. Republic of Uganda, "Answer to the Request for Information from the Republic of Uganda on the Status of Execution of the Warrants of Arrest", 27 March 2008.        [ Links ]

65. Republica de Sudáfrica, Constitución de la Republica de Sudáfrica.        [ Links ]

66. República Federativa Yugoslava, Parlamento Federal, Ley de Amnistía, Official Gazette of FRY, 2001, (9).        [ Links ]

67. Roht-Arriaza, Naomi, "The Challenge of Non-State Actors: Transitional Justice: Amnesties, Truth Commissions and beyond", American Society of International Law Proceedings, 1998, (92).        [ Links ]

68. Schwarttz, W. Daniel, "Rectifying Twenty-five Years of Material Breach: Argentina and the Legacy of the 'Dirty War' in the International Law", Emory International Law Review, 2004, (18).        [ Links ]

69. Slye, Ronald C., "The Legitimacy of Amnesties under International Law and General Principles of Anglo-American Law: Is a Legitimate Amnesty Possible?", Journal of International Law, 2002-2003, (43).        [ Links ]

70. Special Court of Sierra Leone, Trial Chamber II, Case SCSL-04-16-T, June 20 2007.        [ Links ]

71. Trumbull, Charles P., "Giving Amnesties a Second Chance", Berkeley Journal of International Law, 2007, (25).        [ Links ]

72. United Nations, Human Rights Committee, Communication 1123/2002: Portugal, 18 April, 2006, CPR/C/86/D/1123/2002.        [ Links ]

73. Velásquez, Fernando, Derecho penal. Parte general, 3.ª ed., Temis, Bogotá.        [ Links ]

74. Weiner, Robert O., "Trying to Make Ends Meet: Reconciling the Law and Practice of Human Rights Amnesties", St. Mary's Law Journal, 1994-1995, (26).        [ Links ] ]]> 1 Argentina, Congreso de la Nación 2 1997 91 1 1 3 1999 4 1996 159 159 5 2005 7 7 6 Chile, Junta Militar 7 Colombia, Corte Constitucional 2002 8 Colombia 2002 9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001 11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001 12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 27 d e fe 13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 16 Comité Internacional de la Cruz Roja 17 1969 18 1984 19 1985 20 1994 21 1994 22 1965 23 1973 24 1971 25 4 de n ov 26 Corte Interamericana de Derechos Humanos 26 d e se 27 Corte Interamericana de Derechos Humanos 14 d e ma 28 Corte Interamericana de Derechos Humanos 14 d e se 29 Corte Interamericana de Derechos Humanos 20 d e en 30 Corte Interamericana de Derechos Humanos 29 d e ju 31 Corte Interamericana de Derechos Humanos 3 de s ep 32 1975 33 1992 34 1998 35 1993 36 1994 37 European Court of Human Rights 26 M ay 1 38 European Court of Human Rights 19 D ec em 39 European Court of Human Rights 18 D ec em 40 European Court of Human Rights 15 D ec em 41 European Court of Human Rights 25 F eb ru 42 European Court of Human Rights 28 F eb ru 43 2002 51 51 44 2000 51 51 45 International Criminal Court 29 J an ua 46 International Criminal Court 47 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Dece mb er 48 2002 49 2005 6.ª ed. 50 2006 51 2000 2 2 52 1994 856 856 53 9 de d ic 54 Organización de Naciones Unidas 55 Organización de Naciones Unidas 56 Organización de Naciones Unidas^dAsamblea General 17 d e di 57 Parlamento de Azerbaiyán 6 de m ay 58 2006 81 81 59 Perú, Congreso de la República 60 2000 61 2003 2.ª ed 62 Republic of South Africa 1993 63 Republic of South Africa 1995 64 Republic of Uganda 27 M ar ch 65 Republica de Sudáfrica 66 República Federativa Yugoslava 2001 9 9 67 1998 92 92 68 2004 18 18 69 2002 -2 00 43 43 70 Special Court of Sierra Leone June 2 0 71 2007 25 25 72 United Nations, Human Rights Committee 18 A pr il 73 3.ª ed 74 1994 -1 99 26 26