Jenniffer Vargas-Reina*

* IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia. Trabajadora social. Candidata a magíster de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia. Investigadora en el proyecto Fallas estatales en el área andina. Equipo de Investigación Conflicto e instituciones desde una perspectiva comparada. Correo electrónico: jenniffervr@gmail.com

El abogado, investigador y experto en conflictos agrarios Alejandro Reyes Posada presenta en su obra Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia un análisis sobre el despojo de tierras rurales por la acción de los grupos armados, problemática que encuentra sus causas más profundas en los conflictos agrarios que desde mediados del siglo XX han ocurrido en el país por la inequitativa distribución y el ineficiente uso de la tierra, debido al fracaso de la reforma agraria y a la expansión de las guerrillas, los paramilitares, y los narcotraficantes, que en su lucha por el dominio territorial y el acceso a recursos estratégicos han segado la vida de miles de colombianos y han llevado al desplazamiento forzado a más de cuatro millones de campesinos, indígenas, afrodescendientes y líderes sociales.

Para comprender la magnitud del problema de las tierras, en primera instancia, el autor se remite a los conflictos agrarios entre terratenientes y campesinos durante la década de los ochenta, y destaca como consecuencias de dichos conflictos: la expulsión del campesinado, la concentración de la propiedad rural, la derrota del movimiento reformista agrario, el fortalecimiento de los grupos armados, y el posicionamiento del mecanismo de la violencia como forma de tramitar los conflictos, ante el fracaso de reformas y mecanismos institucionales para redistribuir la tierra y regular los conflictos de intereses.

El desenlace de dichos conflictos condujo a que el problema de la tierra hoy esté ligado a la fragmentación del dominio territorial en manos de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, control militar, político y administrativo que el Estado debe recuperar en todo el territorio nacional para poder garantizar una política de tierras que permita la restitución a quienes fueron despojados de ellas, y una distribución más equitativa y eficiente.

Por esta razón, Reyes Posada centra su análisis en la acción de los grupos armados, la expansión y capacidad de afectación de las guerrillas sobre los grandes propietarios,¹ y el surgimiento de los paramilitares como grupos de defensa privada de grandes terratenientes, empresarios y narcotraficantes, que frente a la extorsión de las grupos guerrilleros, formaron ejércitos privados para la defensa de sus propiedades y negocios, pero que posteriormente entraron en una lucha por el dominio territorial, el acceso a recursos estratégicos y la captación de contratos, administraciones y recursos públicos, entre otros.

Pero dos de los aspectos centrales que hacen de este texto un aporte novedoso y pertinente es el análisis del surgimiento de la clase emergente agraria financiada por el negocio del narcotráfico, los cambios en la estructura social, política y económica que produjo la compra de tierras por narcotraficantes, y el estudio detallado sobre el despojo de tierras de campesinos por presión de grupos paramilitares en el período comprendido entre 1997 y 2007, aspectos que desarrollo a continuación.

El autor afirma que una de las consecuencias del narcotráfico menos visibles, pero de mayor impacto, ha sido la compra masiva de predios rurales por los barones de la droga, con el fin de lavar dinero ilícito, tener una infraestructura para la operación del negocio de las drogas, disponer de áreas de seguridad y acumular tierras valorizables.

Con la compra de tierras surgieron escuadrones armados dirigidos y financiados, aunque no de manera exclusiva, por los jefes del negocio de las drogas que entraron a disputar la hegemonía local que tenían los frentes guerrilleros, en ocasiones desterrándolos casi por completo, y en otras, acomodándose a pagar impuesto a las guerrillas y manteniendo un inestable equilibrio. Muchos de los líderes de estos escuadrones armados se convertirían en mandos medios y altos de la estructura paramilitar en regiones de la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y los Llanos.²

El autor sostiene que si se estudia la relación geográfica entre la presencia paramilitar, la compra de tierras por narcotraficantes y los conflictos por la tierra, se descubren los apoyos que narcotraficantes y terratenientes le han dado al movimiento paramilitar. En zonas de la Costa Atlántica donde se presentaron conflictos agrarios por la tierra, una de las funciones iniciales de los paramilitares fue la defensa de la gran propiedad. En zonas del Magdalena medio en las que ha primado la compra de tierras por parte de narcotraficantes también se ha constatado el financiamiento a grupos paramilitares.

Pero, además del financiamiento de los narcotraficantes a grupos paramilitares, éstos se expandieron y fortalecieron gracias a las Fuerzas Armadas, las que en ocasiones promovieron, y en otras toleraron, a los que actuaron en coordinación con ellas y contra las guerrillas. A esto se suma el papel cumplido por dirigentes políticos con influencia a nivel regional y nacional que apoyaron al paramilitarismo contra movimientos sociales, lideres y partidos políticos de izquierda, como ocurrió con el exterminio de la Unión Patriótica, y finalmente, gracias a la disposición de muchos hacendados, empresarios, y hasta multinacionales, que prefirieron contribuir a los paramilitares antes de confiar en la seguridad del Estado y por las vías legales, frente a la presión guerrillera.

La compra de tierras por narcotraficantes cambió los términos del problema agrario colombiano: 1) en muchas regiones los narcos han sustituido a las viejas capas propietarias de la tierra y han deteriorado el escaso liderazgo social en las regiones afectadas; 2) contribuyó a elevar los niveles de concentración de la propiedad en pocas manos, con el consiguiente aumento del desplazamiento forzado; 3) financió la vinculación de las estrategias públicas y privadas de contrainsurgencia que disputaron dominios territoriales con las guerrillas, aterrorizaron la población rural y elevaron los niveles de violencia; 4) han reforzado la destinación de las mejores tierras del país a la ganadería extensiva, en perjuicio de la agricultura y los bosques.

2. EL DESPOJO DE TIERRAS POR PARAMILITARES EN COLOMBIA

Reyes realiza un estudio sobre el proceso de expulsión de la población campesina y el despojo de tierras rurales en Colombia entre 1997 (cuando fueron creadas las AUC) y 2007 (cuando había concluido su desmonte y desmovilización en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez). Para llevar a cabo este análisis el autor describe los bloques y frentes en que se dividió el movimiento paramilitar y sus dominios territoriales; posteriormente, analiza el despojo de tierras en los once departamentos más afectados por el desplazamiento forzado debido a la acción de dichos grupos (los departamentos de la Costa Atlántica, y otros como Antioquia, Chocó, Meta y Caquetá), con base en entrevistas a funcionarios responsables de estos temas, investigadores, líderes sociales, consulta documental, y revisión de las bases de datos de las que dispone el país sobre la materia.

La investigación de Reyes describe la dinámica diferencial en cada uno de los departamentos seleccionados. Para ello ubica el frente paramilitar –y los mandos medios y altos que comandaron cada zona–, describe con detalles el proceso de desplazamiento y despojo en cada departamento, señala la cantidad de personas desplazadas por municipio y el número de hectáreas abandonadas o usurpadas; también relaciona de qué manera ha influido o no el proceso de desmovilización en dicha zona, cómo es percibido dicho proceso, y si se han generado o no nuevas bandas emergentes, o han continuado los paramilitares delinquiendo como estructura.

Si bien el proceso y el impacto del despojo, así como las dificultades para restituir las tierras, tienen un carácter diferencial en cada uno de los departamentos seleccionados, hay varios aspectos similares que se presentan en todos ellos y que podemos esbozar aquí. En primer lugar, respecto a los propósitos de los grupos paramilitares, que llevaron a los asesinatos selectivos, las masacres, la imposición del terror, y el despojo de tierras, están: romper todo vínculo de colaboración de la población con las guerrillas, y crear vínculos afines con las autodefensas; colmar el apetito de tierras y riqueza que tenían los mandos medios y altos como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, Macaco, H.H, y Elver Veloza, etc.; controlar territorios y rutas del narcotráfico; desocupar los corredores estratégicos, y regular el mercado de tierras (no se podían hacer intercambios de propiedad si no había un consentimiento de las autodefensas).

En los departamentos de la Costa Atlántica ha primado la utilización de las tierras despojadas a los campesinos para el uso de la ganadería extensiva, pero también para instalación de megaproyectos; por ejemplo, la zona de María La Baja y el Guamo. Esta situación también se ha generado en departamentos como Chocó, en donde los paramilitares se han asociado con empresarios para llevar a cabo proyectos productivos de cultivos como la palma de cera en territorios colectivos, o para la explotación maderera y minera.

En todos los departamentos se presentan dificultades similares para restituir las tierras despojadas a sus legítimos dueños, además del problema de seguridad en varias zonas. En la mayoría de departamentos un foco de inseguridad sobre los derechos de propiedad son las notarías y las oficinas de registro de instrumentos públicos: allí la coacción a los funcionarios y la corrupción han permitido el traspaso de propiedad a manos de los grupos armados o sus testaferros. Además de lo anterior, los campesinos despojados no tienen papeles de sus predios; muchos de los actos de despojo tienen apariencia de legalidad mediante ventas forzadas, compras a menor precio, o expropiación violenta sin contraprestación; no existe actualización del registro; y se ha generado la falsificación de papeles y escrituras.

Inclusive, se ha llegado al extremo de borrar toda evidencia de registro de traspaso fraudulento de propiedades, como el caso de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar y Córdoba que fueron incendiadas para desaparecer los registros de propiedad antes y después de la llegada de los paramilitares. La primera fue incendiada por orden de Jorge 40. Además de la destrucción de estas oficinas, también pesa el asesinato de dos funcionarios jefes de registro en Sincelejo y Valle. En la investigación de dichos crímenes se busca esclarecer si fue a causa de su negativa a legalizar millonarias compraventas de tierras de paras y narcotraficantes. Finalmente, también existen otras dificultades de carácter institucional como cambios en las reglas de juego, desbordamiento de las funciones de las entidades oficiales descentralizadas encargadas del tema, y falta de presupuesto, entre otras.

Teniendo en cuenta el panorama anterior, Reyes concluye que la violencia del conflicto armado y del narcotráfico no sólo ha deteriorado los medios democráticos para expresar y resolver los conflictos sociales, sino que además ha empeorado la inequidad y la ineficiencia.³ Entre las consecuencias de esta guerra está una mayor concentración de la propiedad, el desplazamiento forzado acelerado, el empobrecimiento de campesinos y empresarios, una mayor subutilización de la tierra en ganadería extensiva, y una reducción de la agricultura comercial y campesina (p. 368).

Para Reyes sólo puede aplicarse una política estatal sobre tierras allí donde no llega el poder de los señores de la guerra. El Estado debe recuperar el control y el dominio militar, político y administrativo sobre su territorio. Además de lo anterior, plantea que en este momento en que el Estado ha emprendido una tarea de recuperación del territorio de manos guerrillas y paramilitares es necesario hacer una política de ordenamiento de la población que genere mayor equidad y un desarrollo económico sostenible, impedir la ampliación de su frontera agraria hacia zonas selváticas, y llega a proponer (argumentado que Colombia tiene más territorio que Estado) que se trace una línea fronteriza por fuera de la cual no sería licita la ocupación campesina. Según el autor, reducir el área habitable que el Estado puede controlar facilita la recuperación del monopolio de la fuerza legítima y le quita espacio a las formas de control armado ilegales sobre la población (p. 369).

Reyes afirma que el Estado puede disponer de políticas públicas para regular el uso del suelo. Varias zonas agropecuarias subutilizadas con ganadería extensiva, y cuya propiedad ha sido concentrada en manos ilegítimas, podrían dar cabida a una mayor densidad de agricultores empresariales y campesinos. Las anteriores medidas deben estar acompañadas de una política que contemple la urbanización planificada y ordenada de los desplazados por la violencia, de los cuales, según el autor, por lo menos dos tercios no van a regresar a las regiones de expulsión.

Este texto de Alejandro Reyes constituye, sin duda, un valioso aporte para la comprensión de las causas, dinámicas y consecuencias de los conflictos agrarios que tuvieron lugar en las últimas dos décadas y del proceso de despojo de tierras que hoy ha llegado a dimensiones realmente alarmantes, injustas, e inmorales. El reto que tiene el Estado para enfrentar esta compleja problemática es mayúsculo; pasa por desmantelar completamente las estructuras y alianzas económicas y políticas que los paramilitares y los narcotraficantes han establecido con empresarios y políticos; desmantelar también la red de testaferros y funcionarios que han posibilitado la legalización de las tierras usurpadas; la creación de una jurisdicción especial para hacer de una manera eficiente la restitución de tierras; y por la creación y ejecución de una política que garantice verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a los millones de colombianos y colombianas que han tenido que pagar con sus vidas el costo de una guerra que no es suya.

NOTAS AL PIE

1. Según Reyes, la guerrilla de las FARC desarrolló una estrategia de copamiento geográfico en el país: en 1985 ocupaba las regiones núcleo de la colonización campesina; para 1990 comenzaba actuar en las grandes regiones de ganadería extensiva de la Costa Atlántica, hacia el nororiente y el sur del país. Para el año 2000 se intensificaron sus acciones prácticamente en todas las regiones. Pero desde el 2005 se observa un importante repliegue geográfico desde el norte hacia el sur y desde el occidente hacia el oriente. Reyes atribuye dicho repliegue a la política de Seguridad de Álvaro Uribe que forzó a las FARC a replegarse en zonas de refugio que coinciden con zonas de cultivos ilícitos y rutas de exportación de drogas (p. 58).

3. Sobre esto último se pueden citar las cifras presentadas por Reyes con respecto a la propiedad y el uso del suelo: "En el año 2000 tres millones de pequeños propietarios de predios inferiores a veinte hectáreas poseían un poco menos de siete millones de hectáreas. 422.000 medianos propietarios de predios entre veinte y doscientas hectáreas poseían casi 17 millones de hectáreas, y 47.000 grandes propietarios de predios superiores a doscientas hectáreas tenían 51,4 millones de hectáreas. En los extremos de la pirámide rural las cifras son reveladoras Dos millones de minifundistas, con predios inferiores a una hectárea poseían 1,3 millones de hectáreas. Mientras 2.200 dueños de predios superiores a 2.000 hectáreas, tenían 39 millones de hectáreas..." A propósito de los usos del suelo señala que la ganadería ocupa casi tres veces el área a que debería estar dedicada esa actividad. A expensas de la agricultura y de los bosques "el país tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola y solo usa 4,7 millones en agricultura, entre cultivos transitorios y permanentes que equivalen a menos de una cuarta parte del potencial aprovechable. En cambio ocupa 37,8 millones de hectáreas en ganadería, la mayor parte extensiva, mientras la vocación natural para pastos es solo de 14,2 millones de hectáreas, la mayoría en los llanos orientales" (p. 367).