HOMICIDES IN SOUTH AMERICA: ARE THE POOR DANGEROUS?

Mamadou Camara y Pierre Salama*

RESUMEN

[Palabras clave: violencia, homicidios, pobreza, América del sur; JEL: I39, O10]

Este artículo estudia la evolución de la violencia en América del Sur. Para ello, analiza y discute la influencia de las diferentes variables económicas sobre la tasa de homicidios mediante una prueba econométrica basada en datos de algunos países de América del Sur para los años 1995-2000. Muestra que este enfoque económico de la violencia puede ser útil pero también peligroso cuando lleva a políticas equivocadas de exclusión social. Además, variables como la rápida urbanización, un esfuerzo educativo insuficiente y la alta impunidad a menudo ligada a la corrupción juegan un papel importante en la generación de la violencia. Finalmente, recomienda cambiar la manera de concebir lo económico y sus relaciones con lo social recurriendo a su interacción con otras ciencias sociales.

ABSTRACT

[Key Words: violence, homicides, poverty, South America; JEL: I39, O10]

This paper studies the evolution of violence in South America. It analyzes and discusses the influence of different economic variables on homicide rates, using an econometric test based on data of some South American countries during the period 1995-2000. It shows that this economic approach can be usefull but can also be dangerous when it leads to the wrong policies of social exclusion. Furthermore, it also shows how variables such rapid urbanization, low education, and inefficient regulations, together with corruption, play an important role in the generation of violence in South America. Finally, the paper recommends changing the way of perceiving economics and its social implications, by examining the interaction of this discipline with other social sciences.

La violencia es, a priori, difícil de medir. En efecto, aunque sea posible calcular parte de la violencia a partir de las estadísticas que publican las autoridades de policía o de justicia de diferentes países, es difícil valorar otra parte –de lejos, la menos marginal– porque las declaraciones dependen de la confianza que se tenga en la policía y en la justicia y, en general, ésta no es muy alta en América del Sur. Otro problema para cuantificar este fenómeno es la existencia de varios grados de violencia. Estos, que van de los homicidios voluntarios a las infracciones en materia de droga pasando por infracciones sexuales, golpes y lesiones, robos a mano armada, estafas y falsificación de moneda, por ejemplo, dificultan la agregación de los hechos violentos. Para obviar esta dificultad, así como la que proviene de las diferencias de calificación o percepción de un mismo hecho, decidimos tener en cuenta únicamente los homicidios voluntarios¹.

Para dar una idea de la magnitud de las tasas de homicidios en América del Sur tomamos como referencia las de Francia. Por regla general, las tasas de homicidios en América del Sur son mucho más elevadas que las que se observan en Francia. Caben tres observaciones: las tasas de homicidios difieren fuertemente según los países y todas tienden a crecer con excepción de Bolivia en el período 1995-2000. Son bastante diferentes: muy altas en Colombia y Bolivia, altas en Brasil, Venezuela y Ecuador, medias en Uruguay y Paraguay², bajas en Chile, Perú y Argentina donde no son muy diferentes de las que se observan en Francia, al menos en 1995. La evolución de las tasas de homicidios es también diferente según los países: aumentan notablemente en Argentina y Venezuela, bajan considerablemente en Bolivia, y aumentan ligeramente en los demás países. Cuando cada país se toma por separado se observan dos cosas: una heterogeneidad muy alta de las tasas en cada país según las ciudades o los barrios de las grandes ciudades³; una fuerte caída de la tasa de homicidios en las grandes ciudades de Colombia desde 1993, pero un fuerte ascenso en las ciudades medianas⁴.

¿Los pobres son los principales responsables de esta situación? ¿Las políticas represivas pueden ser eficaces para reducir en forma significativa las tasas de homicidios o es necesario replantear los modos de desarrollo dominantes en estos países? Las respuestas de los economistas a estas preguntas son diversas. Este artículo repasa, primero, el estado de la cuestión. Luego analiza y discute la influencia de las diferentes variables económicas sobre la tasa de homicidios mediante una prueba econométrica basada en datos de algunos países de América del Sur para los años 1995-2000. Por último, muestra que pese a que la violencia y su expansión suelen tener raíces de orden económico, es infructuoso limitar su explicación a un determinismo económico. El enfoque exclusivamente económico de la violencia ofrece ricas enseñanzas, pero es limitado y a veces engañoso. Y peligroso, porque los economistas y quienes deciden las políticas sienten gran tentación de atribuir la expansión de la violencia a causas económicas que convendrían corregir (de allí la ayuda material a los pobres) o al resultado de una elección racional (de allí más represión). Ahora bien, la comprensión de la violencia está en la intersección de numerosas disciplinas. Algunos factores económicos son variables de tipo “proxy”: su efecto aparente sobre la magnitud de los homicidios obedece a sus consecuencias sobre factores de tipo sociológico y aun antropológico que afectan el grado de violencia. Mostraremos que, lejos de un determinismo económico exclusivo, la reducción de la violencia pasa ante todo por la cohesión social, y ésta exige otra manera de pensar la economía y los modos de inserción de estas economías en la economía-mundo.

LOS TRABAJOS ECONOMÉTRICOS: ¿LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA DEBILIDAD DE LA REPRESIÓN SON FACTORES QUE EXPANDEN LA VIOLENCIA?

Con ayuda de pruebas econométricas, Fajnzylber, Lederman y Loaysa⁵ (2001; 2002) muestran que el ingreso per cápita puede no influir en el grado de violencia cuando la desigualdad no varía, y a la inversa, cuando la desigualdad aumenta y el ingreso per cápita crece poco, la pobreza tiende a aumentar, lo que explica el incremento de los homicidios. De modo algo brutal, se podría decir entonces que “la desigualdad de riquezas e ingresos incita a los pobres a dedicarse al crimen” (Barro, 2000, 7). Esta opinión tiene cierto eco en muchos universitarios y políticos que consideran a los pobres como la nueva clase peligrosa⁶.

No obstante, muchas otras pruebas econométricas rechazan la relación entre pobreza y violencia. El análisis del caso colombiano es muy instructivo: enorme pobreza, desigualdad, narcotráfico y tasas de homicidios muy altas. El estudio de Sarmiento (1999) muestra que no hay relación entre la pobreza y los homicidios. La variable explicativa pertinente sería el aumento de la desigualdad. Según Sánchez y Núñez (2001), que analizan el período 1991-1998 a partir de una muestra de 769 municipios, la pobreza tiene un ligero efecto sobre la tasa de homicidios (-0,02), pero el coeficiente no es significativo; las variables más importantes son las que están ligadas al narcotráfico y a la guerrilla, y a variables más directamente económicas, como la desigualdad del patrimonio y la ineficacia de la lucha contra el narcotráfico. Según estos economistas, la relación entre pobreza y homicidios tendría la forma de una U invertida: la tasa de homicidios crece a medida que la pobreza aumenta, hasta cierto nivel de pobreza. Más allá, la tasa de homicidios disminuye cuando la pobreza sigue creciendo. Para otros autores como Péralva (2001, 8), “sea cual sea la importancia de las desigualdades sociales […] no es posible ignorar que las tasas de delincuencia crecen allí donde las desigualdades disminuyen”, como en el caso de Brasil, país que se caracteriza a la vez por grandes desigualdades y alta violencia. Por último, Péralva observa que altos Índices de Desarrollo Humano regionales corresponden a altas tasas de criminalidad y viceversa.

La aparente falta de relación entre lo económico y la violencia es una idea que comparten muchos investigadores en ciencias sociales. En este sentido, se podría añadir que con el fin de las hiperinflaciones en Brasil (1994) el nivel de vida de los pobres aumentó más que el de las otras capas de la población durante los dos primeros años de estabilización relativa de los precios. Con el retorno del crecimiento, las desigualdades, la amplitud y la profundidad de la pobreza disminuyeron⁷. Es cierto que esta evolución favorable a los pobres no fue duradera y los índices que miden la pobreza y las desigualdades tendieron a estabilizarse con ligeras fluctuaciones al alza y a la baja. Pero sea cual sea esta evolución, la tasa de homicidios siguió en ascenso: pasó de 40 a 70 por 100.000 desde finales de 1992 hasta finales de 1995 en la región metropolitana de Río, es decir, un nivel cercano al de algunas ciudades colombianas, y en São Paulo pasó de 43 a 52 por 100.000 en el mismo período (Viegas y de Barros, 2000, 387).

La tasa de homicidios a veces cambia bruscamente, de un estado de relativo equilibrio a otro, lo que indica la existencia de equilibrios múltiples en el tiempo. En Colombia, la violencia aumentó fuerte y súbitamente en los años 80 para luego disminuir de manera significativa en las grandes ciudades. Según Gaviria y Vélez (2001), la explicación del paso de un equilibrio a otro superior provendría de la baja y decreciente probabilidad de ser arrestado y castigado. La expansión del narcotráfico sería la principal causa del paso de un equilibrio a otro porque la insuficiencia de recursos públicos destinados a la represión no permitía adelantar investigaciones por cada homicidio cometido y, cuando las investigaciones terminaban, el insuficiente número de jueces llevaba a la congestión de los tribunales. Investigaciones cada vez más escasas, falta de medios suficientes y congestión de los tribunales provocan una disminución de la probabilidad de ser arrestado y castigado. La probabilidad de ser acusado por homicidio pasó del 48% en 1980 al 40% en 1981, se eleva ligeramente en 1983, 46%, y luego cae: 38% en 1986 y 16 a 17% en 1992 (ibíd.). La disminución de la probabilidad actúa como “detonante”⁸ y permite entender el paso de un grado de violencia a otro más alto. Según este enfoque, la alta impunidad lleva al aumento de la tasa de homicidios. Por esto, esos autores dicen: “los narcotraficantes cumplieron papeles diferentes en el surgimiento de la violencia en Colombia. Por una parte, generaron violencia directamente por medio de sus actividades; por otra parte, generaron violencia indirectamente por medio de externalidades criminales: congestión del sistema judicial, transferencia de conocimientos criminales (aprendizaje), aumento de la disponibilidad de las armas y creación de una cultura⁹ de búsqueda de dinero fácil y resolución violenta de los conflictos” (ibíd., 179 y 180). Al contrario, después de haber bajado considerablemente desde finales de los años 70, el ascenso de las “tasas de capturas” por homicidio en las grandes ciudades a partir de 1996 aumenta la probabilidad de ser capturado y castigado, y lleva a una reducción de la tasa de criminalidad (Sánchez y Núñez, 2001, 317)¹⁰.

Reexaminemos ahora estos temas con la ayuda de pruebas econométricas.

EL PROCEDIMIENTO ECONOMÉTRICO

Consideramos una muestra de países de la misma zona, América del Sur. La muestra está compuesta por diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La variable explicada es el logaritmo de la tasa de homicidios (por cada 100.000 habitantes) calculado con datos de varias fuentes, en particular, de la oficina de Naciones Unidas para el crimen y la droga, la organización internacional de policía, la base de datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Brasileño de coyuntura del crimen¹¹. Las pruebas efectuadas cubren el período 1995-2000, que corresponde al final de las hiperinflaciones y al retorno del crecimiento económico en América del Sur.

Seleccionamos ocho variables económicas que pueden explicar la evolución (pero no el nivel) de la violencia en América del Sur durante el período reciente. 1) La eficacia del sistema de represión del crimen (EFFSR). Este indicador expresa el porcentaje de casos de homicidios resueltos con respecto al número total de homicidios, y fue calculado a partir de las mismas fuentes que el índice de homicidios. 2) La participación del 40% del sector más pobre en el ingreso disponible (PPRN) y del 10% más rico en el ingreso nacional (PRRN). Estos indicadores fueron tomados de distintas publicaciones de la Cepal y de la CNUCED¹². 3) El Índice de Desarrollo Humano (IDH)¹³ fue tomado de los informes anuales del PNUD. 4) El logaritmo del PIB por habitante (PIBH), la tasa de crecimiento anual del PIB (CROISS), la tasa de urbanización (URBA) y el índice de escolaridad del nivel de secundaria (SCOLSEC) provienen de la base de datos del Banco Mundial y de la Cepal¹⁴.

Nuestro procedimiento econométrico tiene dos etapas:

1. En la primera, elaboramos una matriz de correlaciones. El interés de esta matriz es triple. En primer lugar, permite identificar las variables estrechamente correlacionadas, como pueden ser, naturalmente, SCOLSEC e IDH o PIBH y URBA. En segundo lugar, permite identificar el carácter de los vínculos (positivo o negativo) entre el logaritmo de la tasa de homicidios y las distintas variables explicativas. Por último, la matriz de correlación completa, que integrando las variables dummy o efectos fijos introducidos para cada país¹⁵, permite ubicar en cada serie la posición estadística del país con respecto a la media. Gracias a esta ubicación establecemos los diferentes grupos de países cuyas particularidades se deben tener en cuenta para dar un alcance más general a los resultados obtenidos en las regresiones.

2. La segunda etapa consiste en probar un modelo explicativo de la violencia mediante una serie de regresiones econométricas. En esta etapa se intenta estimar las elasticidades entre el logaritmo de la tasa de homicidios y las diferentes variables explicativas consideradas en forma simultánea, primero en un modelo general, luego en tres modelos con efectos fijos, para identificar aquellos de los ocho factores que explican aparentemente mejor la evolución de los homicidios. La técnica que se emplea es la de mínimos cuadrados ordinarios con datos de panel.

LAS ENSEÑANZAS DE LA MATRIZ DE CORRELACIONES

Conforme a la lógica de nuestro procedimiento, partimos del siguiente subconjunto de la matriz de correlaciones para examinar los mecanismos económicos que pueden respaldar una relación entre el logaritmo de la tasa de homicidios y las diferentes variables.

Cuadro 1 ]]> Coeficientes de correlación entre el logaritmo de la tasa de homicidios y distintas variables

Todas las correlaciones, tomadas de dos en dos (variable explicada y variable explicativa), tienen el signo esperado, excepto CROISS y PPRN. Para facilitar la exposición, clasificamos los valores obtenidos en tres niveles: bajo (hasta 0,15), medio (hasta 0,30) y alto (más de 0,30).

Los coeficientes de correlación bajos son la “velocidad” del crecimiento (CROISS)¹⁶, la eficacia del sistema represivo (EFFSR), la participación del 10% más rico (PPRN) y el crecimiento del PIB per cápita (logPIBH). El primer factor (cuyo valor es muy bajo) no tiene el signo esperado pues el crecimiento va acompañado de un ligero aumento de la tasa de homicidios. Esta paradoja quizá obedezca al tipo de crecimiento vigente en los años 90. En efecto, el crecimiento afecta a otros factores que parecen determinar la violencia, sobre todo cuando está acompañado de un aumento de las desigualdades, pues es particularmente volátil y avaro en la creación de empleos formales pero pródigo en empleos informales (Salama, 2002; Camara, 2001). La relación entre la participación del 40% más pobre y la violencia, positiva aunque poco elevada (0,11), es también sorprendente. La interpretación de esta correlación positiva descansa quizá en la constatación de que el primero e incluso el segundo decil, excluidos del crecimiento por estar ubicados en empleos informales de estricta supervivencia debido a su escasa cualificación, ven declinar relativamente su participación, en favor del cuarto decil por ejemplo. Esta hipótesis parece ser corroborada por las tasas de criminalidad, más altas entre los pobres que en el conjunto de la población. Por último, el aumento de la eficacia del sistema represivo actúa, como vimos, sobre el índice de homicidios pero débilmente, lo mismo que el aumento del PIB per cápita. En este último caso, la baja correlación se explica por la evolución concomitante de la desigualdad en la distribución del ingreso. El modo de crecimiento de los años 90 es, en efecto, muy volátil y los primeros años de recuperación económica están acompañados de un efecto de histéresis debido al mantenimiento de desigualdades acentuadas por el desarrollo de la crisis¹⁷.

Todos los coeficientes de correlación promedio tienen el signo esperado: más desigualdad y una urbanización creciente favorecen el aumento de los homicidios, pero una mejora del IDH permite reducirlos en la medida en que representa un mejoramiento de la calidad de vida. El coeficiente de correlación entre la participación del 10% más rico (PRRN) y la violencia es de 0,17 e indica que un aumento del ingreso en favor de los muy ricos acentúa la violencia porque la desigualdad sigue creciendo y es percibida como algo anormal por los que no se benefician del retorno del crecimiento después de haber sufrido los efectos de la crisis. Esta situación engendra violencia cuando parece ser una injusticia insoportable. La relación entre la creciente urbanización de las sociedades latinoamericanas y la evolución de la violencia es positiva¹⁸. Éste es un resultado esperado: expresa los efectos de la expansión de lo informal, del subempleo en las grandes ciudades, expansión debida al modo de desarrollo específico de estos años y cuyos efectos son mayores cuanto más aumenta la urbanización. Más fundamentalmente, además de la especificidad ligada al modo de desarrollo, la urbanización va acompañada de una disolución de la solidaridad de clan y familiar que debilita los “códigos de valor”¹⁹, considerados aquí en su aceptación más general.

El coeficiente de -0,41 indica que un aumento de la escolarización secundaria disminuye notablemente la violencia extrema. Menos marginalidad, mayores ingresos y un trabajo más interesante pueden disminuir las tensiones, las frustraciones e indirectamente la criminalidad. Quizá esta relación no sea lineal. En conjunto, la relación es clara y robusta en el período muestral y permite entrever de qué manera evolucionarían los homicidios con una política ambiciosa de educación de los niños de las capas más desfavorecidas de la población.

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ECONOMÉTRICAS SON A VECES SORPRENDENTES

El examen de los vínculos que se pueden establecer entre la violencia y los determinantes económicos nos lleva, en esta segunda etapa, a probar una serie de variantes del modelo econométrico, con datos de panel del período 1995-2000 para los diez países de América Latina²⁰. Primero se estiman las dos especificaciones del modelo:

(1) Log(HOM) = Constante + aEFFSR + bPPRN + cPRRN + dIDH + eLogPIBH + fCROISS + gURBA + hSCOLSEC+ ut

]]> (2) Log(HOM) = Constante + bPPRN + cPRRN + dIDH + eLogPIBH + fCROISS + gURBA + hSCOLSEC + ut

Esta segunda variante elimina la eficacia de la represión. Los resultados son los siguientes:

Cuadro 2
Resultados de la estimación de los modelos 1 y 2

La estimación del primer modelo permite identificar seis factores principales como determinantes de la violencia en América del Sur a partir de la segunda mitad de los años 90²¹: la eficacia del sistema represivo, la urbanización, el ingreso per cápita, la escolarización, el aumento de la participación del 10% más rico en el ingreso nacional y la eficacia del sistema represivo. Como se observa en el cuadro 2, todos los coeficientes tienen el signo esperado. Aparecen entonces como fuentes de la violencia:

a) La urbanización creciente: la elasticidad es alta, positiva y significativa al nivel del 1%. Una aceleración de un punto en la tasa de urbanización se traduce en un aumento del 15,6% en la violencia. La solidaridad se puede agrietar y basta que las oportunidades de empleo se tornen escasas, que se multipliquen las actividades informales de estricta supervivencia, para que la violencia tenga más posibilidades de desarrollarse, más aún quizá por obra de los habitantes urbanos de segunda generación que por la de los que acaban de emigrar del campo.

b) Los cambios en la distribución del ingreso: un aumento de un punto en la participación del 10% más rico acentúa la violencia extrema en 3,27%. Este resultado concuerda con la idea de que el aumento de la desigualdad explica la tendencia creciente de la violencia en América del Sur.

Los efectos que producen estos factores se pueden atenuar con una mayor eficacia del sistema represivo, un crecimiento económico sostenido y un mayor esfuerzo en el nivel de escolarización secundaria. En efecto, según las estimaciones del modelo (1) se observa que:

a) El aumento de la eficacia del sistema represivo influye fuertemente en la tasa de homicidios. Este efecto se matiza a continuación introduciendo efectos fijos tanto en las situaciones que parecen ser diferentes entre países como en los niveles de las índices de homicidios y de eficacia del sistema represivo.

c) El tercer factor que puede contribuir a reducir la tasa de homicidios en América del Sur es el crecimiento de la tasa de escolarización secundaria. Según los resultados de la estimación, un aumento de un punto en la tasa de la región reduce los homicidios en el 3,15%.

La segunda variante de este primer modelo, que excluye la eficacia del sistema represivo como factor explicativo de la violencia, no modifica sustancialmente la naturaleza de los resultados. En este modelo (2), los factores de acentuación de la violencia son: la creciente urbanización, el aumento de la participación del 40% más pobre y en menor medida el aumento de la participación del 10% más rico. El hecho de que un aumento de un punto en la participación del 40% más pobre se traduzca en un aumento del 0,11% en los homicidios puede parecer contradictorio con la idea común de que una distribución del ingreso favorable a los más pobres reduce la violencia. Como subrayamos antes, el nexo ligeramente positivo se puede explicar por la acentuación de la desigualdad entre el primero y el cuarto decil paralela al mejoramiento de esta relación: un reparto desigual del crecimiento del ingreso entre los pobres puede aumentar la violencia. Esta idea llega a ser muy interesante si el efecto de la desigualdad entre los pobres se combina con el que produce la desigualdad entre pobres y ricos. En efecto, según los resultados de la estimación del modelo (2), el primer efecto supera al segundo en grado de significancia aunque la elasticidad del aumento de homicidios ligados a la desigualdad en provecho de los más ricos (3,08) sea más alta que la de homicidios ligados al crecimiento de la participación del 40% más pobre. Se puede deducir entonces que es muy probable que la combinación entre la profundidad de la pobreza y la desigualdad entre los pobres (ambas medibles) es un elemento clave de la relación entre desigualdad y violencia que debe ser confirmado por pruebas posteriores²².

Se podría reprochar a nuestros resultados por no tener en cuenta la especificidad de algunos países, pues se trata de un sesgo que puede cambiar la naturaleza de los resultados²³. Tomamos en cuenta entonces este sesgo y estimamos el modelo introduciendo efectos fijos. Estos últimos están diseñados para que capten las particularidades de algunos países²⁴. Apoyándonos en la matriz total de correlaciones (ver anexo), identificamos tres grupos de países que al tenerse en cuenta en las estimaciones permiten corregir varios sesgos.

a) El grupo Brasil y Chile posee las tasas de eficacia del sistema represivo más altas. Estos países son también dos economías dominantes, y Brasil, además, tiene la particularidad de ser muy desigual.

b) El segundo grupo incluye Argentina, Chile y Uruguay. Su particularidad es que posee los indicadores de desarrollo humano y las tasas de escolarización secundaria más altas de la región.

c) El último grupo, formado por Bolivia y Colombia, posee el nivel más alto de violencia y una muy baja eficacia del sistema represivo. Su particularidad es la de ser importantes productores de droga.

La consideración sucesiva de estas particularidades nos lleva a estimar tres tipos de especificaciones:

(3) Log(HOM) = aEFFSR + bPPRN + cPRRN + dIDH + e(LogPIBH) + fCROISS + gURBA + hSCOLSEC + kDUMBRA + nDUMCHIL + ut

]]> (4) Log(HOM) = aEFFSR + bPPRN + cPRRN + dIDH + e(LogPIBH) + fCROISS + gURBA + hSCOLSEC + iDUMARG + jDUMCHIL + lDUMURUG + ut

(5) Log(HOM) = aEFFSR + bPPRN + cPRRN + dIDH + e(LogPIBH) + fCROISS + gURBA + hSCOLSEC + rDUMBOL + sDUMCOL + ut

Los resultados se presentan en los cuadros 3 y 4

Cuadro 3
Resultados de la estimación de los modelos 3 y 4

* Estimación por MCO en panel corregido por la matriz de White
Fuente: estimación de los autores

En la especificación (3), que tiene en cuenta a Brasil y Chile, son tres los factores que parecen determinar la evolución de la violencia extrema en América del Sur: dos factores de acentuación: la distribución del ingreso (el 10% y el 40%) y una variable de atenuación: la tasa de escolarización secundaria. La comparación entre las elasticidades de estas variables con respecto a los homicidios permite subrayar que los efectos de ampliación de la violencia extrema provenientes de una distribución del ingreso muy desigual superan el efecto proveniente de una mejora de la educación (0,19+5,52 contra -3,45). Teniendo en cuenta la especificidad de Brasil y Chile, el modelo (3) sugiere que en el resto de países la distribución del ingreso es un factor determinante de la violencia. Los resultados de la eficacia del sistema represivo no son significativos.

Tomando en cuenta las especificidades del segundo grupo de países, el modelo (4) permite identificar cuatro determinantes de la evolución de la violencia, dos que la acentúan (la urbanización y en menor medida el aumento de la participación en el ingreso del 10% más rico) y dos que la atenúan (la eficacia del sistema de represión en mayor medida y el crecimiento económico –log PIB– en menor medida). Neutralizando los efectos ligados a la educación y al mejoramiento del desarrollo humano, el modelo (4) permite subrayar que en es estos países la urbanización se mantiene como un factor que acelera la violencia, puesto que un aumento de un punto en esta tasa contribuye a aumentar los homicidios en 7,40% con un nivel de significancia del 1%. La eficacia del sistema represivo es también determinante. Teniendo en cuenta la baja tasa de resolución de casos de homicidio en la mayoría de los países (a excepción de Chile y Brasil), se comprende por qué la violencia se mantiene aun en niveles muy altos. Si se tienen en cuenta los resultados de la estimación del modelo (4), un aumento de un punto en la tasa de resolución de casos de homicidios los reduce en el 16,06%. La enseñanza que se puede sacar de este modelo es la siguiente: una urbanización controlada en un contexto de alto crecimiento puede reducir la violencia externa en América del Sur si se da al sistema judicial la posibilidad de que funcione bien. No obstante, como sabemos, parte de esta violencia está ligada directa e indirectamente a la droga y a la disolución de la sociedad que de allí resulta. Esto nos lleva entonces a estimar el modelo (5) con la introducción de efectos fijos para Bolivia y Colombia.

Esta última estimación toma en cuenta la especificidad de ambos países donde los niveles de violencia son elevados y la impunidad es alta. Permite identificar tres elementos determinantes de la violencia: el aumento de la participación en el ingreso del 40% más pobre y el crecimiento real, por un lado, y la escolarización secundaria, por otro lado. Como las elasticidades respectivas son significativas al nivel del 1%, es interesante comparar sus valores: la elasticidad de la escolarización secundaria (-3,76) supera a las elasticidades del crecimiento y de la participación en el ingreso del 40% más pobre, cuya suma es 0,77. Esto significa que aun en un contexto de crecimiento inequitativo, el esfuerzo en materia de educación secundaria contribuye a una reducción relativa de la violencia extrema en América del Sur, siempre que no se expanda la industria de la droga.

EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA PUEDE SER REDUCCIONISTA

La magnitud de la pobreza tiene poco efecto sobre la magnitud de la tasa de homicidios mientras que la profundidad de la pobreza y la desigualdad entre los pobres, de manera general, no aumenten considerablemente. Si esto no sucede y si esta evolución va acompañada de una urbanización rápida y no controlada, de un esfuerzo educativo insuficiente y de una alta impunidad, a menudo ligada a la corrupción y al tráfico de drogas, la violencia podría aumentar o desencadenarse. La utilización del condicional es necesaria en este caso: la relación entre los homicidios y estos factores es más compleja de la que sugiere un simple enfoque determinista. Así como la curva de combatividad de los obreros, medida por el número de huelgas, no es un calco inverso de la actividad económica en los países desarrollados, así tampoco la curva de la violencia se confunde con la de la pobreza o la desigualdad. Un aumento de la pobreza y de la desigualdad, en una crisis económica, no se traduce necesariamente en aumento de la violencia en un primer momento. Por el contrario, la violencia puede aumentar durante la recuperación económica cuando el nivel de pobreza y desigualdad sigue aumentando debido a los fenómenos de histéresis mencionados²⁵ o cuando la crisis es duradera, como muestra el análisis del caso argentino.

El enfoque económico de la violencia puede ser a veces engañoso. Limitado y a veces engañoso, porque muchos economistas y responsables políticos sienten gran tentación de atribuir el aumento de la violencia exclusivamente a causas económicas que convendría corregir o al resultado de una elección racional, y abrazar así un enfoque caracterizado por el determinismo económico. Más exactamente, en el segundo caso, llamado “beckeriano”, con una mayor eficacia, debida al aumento del gasto público (policía, justicia), la mayor probabilidad de ser “castigado” debería alterar las condiciones de la elección (cometer o no cometer un acto delictivo) y llevar a una reducción de la tasa de homicidios. Pero se sabe que aunque la prevención es necesaria, no es suficiente cuando se limita a los aspectos estrictamente materiales (aumento del gasto público en justicia y policía). A la inversa, una prevención que no se limita únicamente a los aspectos materiales sino que trata también, y sobre todo, los problemas de integración, de cohesión social, puede reducir la violencia en algún plazo. Es cierto que la represión por sí sola tiene efectos positivos en algunos casos, pero no se puede dejar de constatar que, la mayoría de las veces, esta eficacia se refiere más a la percepción de la seguridad por la población que a la misma inseguridad cuando el grado de eficacia es de facto elevado. Dicho de otro modo, la eficacia es discutible o, al menos, su interpretación no es tan simple como sugieren las pruebas econométricas. Según algunos investigadores, no hay o hay poca correlación positiva entre la tasa de criminalidad y la tasa de encarcelamientos²⁶. En ciertos casos límite²⁷, cuando la impunidad es desmesurada, bien sea por falta de fondos públicos o bien por un nivel de corrupción que impide aplicar la justicia, la represión es eficaz pero de corta duración si no se atienden las causas fundamentales de la violencia.

En realidad, detrás de esta insistencia en resolver la violencia únicamente mediante la represión hay dos puntos que merecen consideración: el primero es que reforzar el sentimiento de mayor seguridad, aunque la inseguridad se mantenga en el mismo nivel, permite ser reelegido más fácilmente. L. Wacquant (1999) recuerda, por ejemplo, que el 58% de los blancos de Nueva York elogian al alcalde por su intolerancia frente al crimen y el 87% se consideran menos amenazados. En cambio, el 72% de los negros “consideran que la policía es una fuerza hostil y violenta que representa un peligro para ellos” (ibíd., 31). De hecho, en Estados Unidos, en 1995, medida por la probabilidad acumulada a lo largo de la vida, un negro tiene una posibilidad sobre cuatro de ir a prisión por un año, un latino una posibilidad sobre seis y un blanco una sobre veintitrés (ibíd., 86).

Detrás de la política represiva se revela una filosofía que atribuye al Estado de Bienestar la principal responsabilidad por el incremento de la criminalidad. Este sería un Estado permisivo, que desalienta el trabajo, el esfuerzo y “disculpa” la violencia mediante la insuficiencia del gasto público. Se trata, entonces, de culpabilizar²⁸ a los pobres y de imponer una mutación del welfare al workfare de obligar a los pobres a trabajar en vez de esperar una ayuda social. Los pobres que no deseen trabajar y se dejen tentar por la violencia para asegurar su supervivencia, a falta de ayuda social, deben ser castigados; así se pasaría de una atrofia deliberada del Estado social a una hipertrofia deseada del Estado penal. Se ve aquí cuán lejos de ser neutral es este debate entre prevención y represión y que detrás de preguntas que pueden parecer técnicas (más gasto social, más represión), al final existe un debate sobre el tipo de sociedad. Ahora bien, este debate es actual en América Latina no sólo a causa del discurso anglosajón dominante que favorece la represión, sino también y sobre todo porque la violencia ha crecido, a veces notablemente, en sociedades que conocen poco, si no de manera fragmentada, el Estado de Bienestar.

“Los hombres hacen libremente su historia en condiciones que no son determinadas libremente por ellos”. Aplicada a la violencia, esta cita de Marx resume bien la imposibilidad de investigar las causas de la violencia únicamente en el nivel individual (enfoque del individualismo metodológico) o en el nivel de la sociedad (enfoque holista). En efecto, si la violencia es decidida por un individuo, su acción suele ser producto de fuerzas que no controla. Pero estas fuerzas no lo aprisionan como un yugo. El libre albedrío existe, aunque limitado por estas restricciones generales. No existe entonces determinismo económico de la violencia pero tampoco libre elección. De ahí la dificultad del tema. Por esta razón, no es posible entender esta violencia y su evolución si no se la inscribe en su historia y si no se recurre a otras ciencias sociales como la antropología y la sociología.

El Estado, muy debilitado por la crisis de los años ochenta, atrapado en la restricción neoliberal de los noventa, reduce sus funciones (infraestructura, escuelas, salud, etc.) y deja que el mercado produzca desigualdades. Ahora bien, hemos visto que una educación insuficiente, una urbanización no controlada (transporte y viviendas insuficientes), un aumento del empleo informal, una acentuada desigualdad entre ricos y pobres, y también entre los pobres, pueden llevar a un aumento de los homicidios. De manera más general, reduciendo su papel en beneficio del mercado, el Estado ejerce menos control sobre la nación, el territorio se vuelve poroso y en los bolsones –barrios de las ciudades, regiones de las provincias– el poder mafioso, y también las guerrillas en algunos países, pueden ejercer un poder de hecho. En casos extremos, como en Colombia, el abandono del poder de jure del Estado en estos territorios, su incapacidad para mantener el orden, deja la puerta abierta para que se desencadene la violencia, única manera de regular los conflictos y, también, medio privilegiado para adquirir rentas, es decir, enriquecerse sin trabajar cuando falta trabajo o está menos protegido. La violencia, pues, no sigue entonces el curso previsto y analizado por Norbert Elias (1969) en las sociedades occidentales, en las que “la estabilidad particular de los mecanismos de autocontrol psíquico [...] está ligada estrechamente a la monopolización del control psíquico y a la solidez creciente de los órganos sociales centrales” (ibíd., 188).

UN CASO EXTREMO: COLOMBIA

En casos extremos, cuando los conflictos no llegan a ser resueltos y la violencia se autoperpetúa; cuando la industria de la droga, por ejemplo, llega a ser lucrativa para los narcotraficantes, los paramilitares y a veces para sectores de las fuerzas armadas, cuando esta industria logra gangrenar el Estado desde adentro, la violencia cobra aspectos que se aproximan a los que los antropólogos analizan en los países menos avanzados, donde los dirigentes de los proto Estados “patrimonialistas” se disputan la renta con los grupos armados²⁹. La violencia así desencadenada, generalizada, “no lleva a una guerra política ni a un conflicto social [...] sólo un bajo porcentaje se puede imputar directamente a causas políticas o a la acción de grupos organizados de narcotraficantes, y los porcentajes más altos están vinculados a ajustes de cuentas o disputas rutinarias” (Pécaut, 1994, énfasis nuestro). Esta violencia, despolitizada, banalizada, generalizada, en la que el Estado no tiene ya el monopolio de la violencia legítima, se transforma en terror, según D. Pécaut³⁰. Cuando un país llega a esta situación extrema, es al menos reduccionista limitar el razonamiento a los aspectos económicos.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El contexto económico, social y político influye en los comportamientos y favorece la expansión de la violencia cuando el Estado pierde su legitimidad en el ejercicio de su propia violencia, bien sea de manera estructural en razón de la rápida difusión de las relaciones mercantiles o bien, de manera más coyuntural, por la institucionalización de un modo de desarrollo particularmente excluyente. No es tanto el nivel de la pobreza el que genera la violencia, sino la percepción de la profunda injusticia, de una injusticia sin apelación, sin recurso posible a un Estado sometido a las restricciones neoliberales que favorecen la exclusión que padecen los pobres. A la inversa, un esfuerzo en educación, por ejemplo, actúa claramente en favor de una reducción de la violencia ya que permite una mayor integración y limita la marginalización.

Los pobres no son de por sí, ni por naturaleza “una clase peligrosa” (bajo CI), pero las políticas económicas de exclusión pueden volverla “peligrosa”. Por el contrario, una política de gasto social (educación, salud, subsidios diversos), lejos de favorecer el “parasitismo” o la “holgazanería”, o entorpecer el funcionamiento del mercado impidiéndole alcanzar el equilibrio, favorecería la movilidad social y sería un factor de integración que podría establecer nuevos códigos de valor que frenen el desencadenamiento de la violencia. Los niveles de violencia que se han alcanzado en América del Sur exigen entonces un cambio drástico en la manera de concebir lo económico y sus relaciones con lo social.

ANEXO
Matriz de correlación

1. En la clasificación internacional de mortalidad elaborada por la Organización Mundial de la Salud se considera homicidio voluntario a toda muerte provocada por la acción voluntaria de otra persona. Esta definición permite excluir las muertes causadas por accidentes, errores médicos, guerras civiles y suicidios. Existen márgenes de error, pero son bajos. Esta estadística es pertinente para medir la magnitud de la violencia en la medida en que corresponde al grado más extremo. Para otros tipos de violencia, las encuestas de victimización son más fiables que las declaraciones a la policía, pero por definición excluyen los homicidios

2. Para que la gráfica sea más legible no representamos estos dos países. Como recordatorio, señalamos que la tasa de homicidios pasó en Uruguay de 2,54 (por 100.000 habitantes) en 1995 a 6,67 en 2000. En Paraguay pasó de 16,08 a 11,57 entre 1995 y 2000.

3. Para Brasil, ver Chadarevian (2003).

4. Ver Levitt y Rubio (2000). No obstante, cabe señalar que pese al descenso de estas tasas en las grandes ciudades, siguen siendo muy superiores a los promedios nacionales, sobre todo en Medellín.

5. La muestra examinada en el estudio de Fajnzylver, Lederman y Loayza (2001; 2002) incluye también a los países del África Subsahariana, el Sudeste Asiático, Europa del Este, así como a los de América Latina y la ocde en el período 1970-1994. Pese a la importancia de los vínculos obtenidos entre la violencia y los factores económicos, se puede pensar que la heterogeneidad de la muestra, sobre todo desde el punto de vista de las características culturales de cada país, reduce la pertinencia de los resultados, tanto más cuanto que los autores no introducen efectos fijos.

6. El mejoramiento del nivel de vida de los pobres (“programa de hambre cero”) en Brasil, según el responsable de este programa, debería disminuir la peligrosidad de los pobres provenientes del nordeste que viven en las grandes ciudades del sur y del centro, como São Paulo..., punto de vista que, por cierto, fue enseguida rechazado por otros miembros del gobierno de Lula.

7. Medida por la distancia del ingreso de los pobres a la línea de pobreza.

8. Se identifica aquí un razonamiento de tipo beckeriano basado en un arbitraje entre el interés del crimen cometido y el costo que podría implicar, medido por la probabilidad de ser castigado, que combinado con la idea de un choque externo (en este caso la expansión del narcotráfico) explica el paso de un equilibrio a otro.

10. Matizando, la tasa de homicidios bajó en las grandes ciudades (en 1991 en Medellín, 1994 en Bogotá y 1993 en Cali) algunos años antes del aumento de la tasa de capturas. La ejecución paralela de gastos públicos destinados a seguridad, defensa y justicia, y la evolución de la tasa de homicidios muestra que hay una fuerte caída en la primera mitad de los años 70, del orden de la mitad del porcentaje del PIB (4% a 2% del PIB), sin que en esta época haya habido un crecimiento importante de la violencia (Posada y González, 2001, 134). Aumenta sensiblemente en la segunda mitad de los años 80, período caracterizado por la “bonanza” de la cocaína y de estabilidad relativa de los gastos en seguridad, en una cifra 50% mayor que la de los años 1975-1983. También es cierto que el aumento de la participación de estos gastos a partir de 1992 (en 1989 llegó a cerca del 4,6% del PIB) es paralelo a la caída de la tasa de homicidios en las grandes ciudades.

11. Respectivamente: [www.odccp.org, www.interpol.int, www.conjunturacriminal.com.br]

12. Como ya señalamos, estos dos indicadores nos parecen más pertinentes que el coeficiente de Gini. Por otra parte, el 40% de la población más pobre indica más o menos a la magnitud de la pobreza, pero aquí se trata sobre todo de un indicador de distribución del ingreso.

13. Recordamos que el Índice de Desarrollo Humano está compuesto por cuatro elementos: la esperanza de vida al nacer, la alfabetización de los adultos, la tasa bruta de escolarización combinada y el PIB per cápita de paridad del poder de compra.

14. Habríamos podido añadir otras variables de tipo micro, a riesgo de recargar la prueba, como el número de años de llegada a la ciudad, la tasa de divorcios, el tamaño de la familia, etc. (Gaviria y Pages, 1999). Si estuviésemos interesados en analizar los motivos de las acciones de los criminales, habría sido pertinente tomar en cuenta la frecuencia de los actos delictivos si la eficacia de la represión fuera suficientemente importante para que la muestra fuera relevante, lo que está lejos de ser el caso (ver Viegas et al., 2000).

15. La variable toma el valor de 1 para este país y de 0 para los demás. Este efecto busca captar todo lo que el modelo especificado no tiene en cuenta para explicar mejor el fenómeno que se ha elegido estudiar.

16. Recordemos que probamos la variación de la tasa de crecimiento, de ahí esta expresión.

17. Este fenómeno de histéresis obedece esencialmente a la acentuación de la desigualdad durante la crisis, crisis cuyos efectos son varias veces mayores que en los países desarrollados a causa de la baja protección social de la mayor parte de la población. Los servicios públicos, en particular la educación y la salud, sufren reducciones del gasto que se adoptan para recobrar el equilibrio presupuestal. La duración media de la escolaridad baja y su calidad disminuye. Los niños pobres van menos a la escuela y trabajan más. La búsqueda de actividades de sobrevivencia de corta duración que la crisis torna necesaria, la menor calidad y duración de la escolaridad, la reducción de la protección sanitaria y la nutrición aún más insuficiente disminuyen, en algunos casos de manera irreversible, las capacidades de salir de la pobreza una vez llega la recuperación económica (Salama, 2002).

18. Habría que ser más precisos y diferenciar de acuerdo con la antigüedad de la urbanización. Es posible pensar, por ejemplo, que puede ser más difícil apoyar a los habitantes urbanos de segunda generación cuando el empleo formal escasea, o que las perspectivas de mejoramiento del nivel de vida se tornan más sombrías cuando la movilidad social ya baja, empeora.

20. Para e vitar los problemas de autocorrelación entre variables asociadas entre sí por construcción, como por ejemplo entre el PIB, la escolarización y el idh o las variables de distribución del ingreso (PPRN y PRRN), corregimos nuestras estimaciones mediante la matriz de White.

21. Tradicionalmente, la comparación entre el t Student estimado y el que figura en las tablas usuales permite determinar los niveles de significancia. El programa E-views proporciona directamente estos niveles. Por esto remplazamos todos los niveles superiores al 10% por NS (no significativo).

22. No pudimos probar esta relación porque los datos son insuficientes para los países y sobre todo para los años estudiados.

23. Recordemos que ésta es la crítica que hicimos a las pruebas de Fajnzylber et al. (2001; 2002).

24. Damos un ejemplo para ser más claros: si un país tiene grandes desigualdades de ingreso, su presencia influye fuertemente en los resultados que se obtienen con el análisis de la muestra. La introducción de un efecto fijo para este país permite analizar y apreciar mejor el efecto de las grandes desigualdades existentes en otros países sobre la violencia.

25. El ejemplo de Argentina es diciente. La violencia aumentó fuertemente entre 1995 y 2000 (vér gráfica). Durante la crisis de 1995, la pobreza aumentó notablemente y alcanzó al 24,8% de la población. Dos años más tarde, aunque la recuperación duró más de un año, la pobreza siguió aumentando y alcanzó al 26,3% de la población. Con el retorno de la recesión en 1999, seguido del estallido de la crisis a finales de 2001, la pobreza alcanzó a más del 50% de la población.

26. Recordamos que esta tasa es de 648 por 100.000 habitantes en Estados Unidos y de 90 por 100.000 en Francia para el conjunto de acciones delictivas. El rigor de las penas explica la mayor parte de la diferencia entre las tasas de encarcelamiento. L. Wacquant (1999), basado en numerosas encuestas realizadas en Estados Unidos, subraya que “el éxito de la política de tolerancia cero” que se siguió en Nueva York es baja en comparación con otras experiencias adelantadas en Estados Unidos. En San Diego, por ejemplo, la política de lucha contra la delincuencia se llevó a cabo poniendo en práctica la llamada política de proximidad. Entre 1993 y 1996 el descenso de la criminalidad fue idéntico al de Nueva York con un costo más bajo y menos encarcelamientos (el número de arrestos disminuyó el 15%, mientras que en Nueva York aumentó el 24%).

27. Recordemos que la probabilidad de ser arrestado y de ser sometido a un proceso era apenas del 11% en Colombia a finales de los años 90, mientras que era del 65% en Estados Unidos (Martínez, 2001).

28. Según Herrntein, psicólogo de Harvard y autor de un libro exitoso, The Bell curve, la criminalidad es producto de una depravación mental y moral que se detecta sobre todo en aquellos que no se benefician de un ci elevado, es decir, sobre todo entre los pobres. No serviría de nada entonces reducir las desigualdades “fundadas en la naturaleza” mediante políticas sociales (para profundos comentarios, ver Wacquant [1999]; Mucchieli y Philippe [2002]).

30. “El paso al terror corresponde a un momento en que sus protagonistas recurren a medios que buscan romper los lazos sociales que definían la particularidad de ciertos sectores de la población, sectores que se encuentran, en lo sucesivo, sometidos a una empresa contra la que no pueden apelar a ningún tercero, a ninguna institucionalidad reconocida” (Pécaut, 1998).

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