PEACE IN COLOMBIA: IDEAS TO RENOVATE, DECONSTRUCT AND REBUILD

Desactivar la guerra. Alternativas audaces para consolidar la paz, Natalia Springer, Bogotá, Aguilar, 2005, 422 pp.

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Bernardo Pérez Salazar*

* Magíster en Planificación del Desarrollo Regional, investigador social, Bogotá, Colombia, bperezsalazar@yahoo.com Fecha de recepción: 30 de septiembre de 2006, fecha de modificación: 6 de octubre de 2006, fecha de aceptación: 20 de octubre de 2006.

Cuentan allegados que en los últimos años de su vida, Jesús Antonio Bejarano solía compartir su satisfacción con alguna jornada docente suya diciendo:

Vengo de dictar la conferencia. Porque al fin y al cabo siempre es la misma conferencia.

Hasta el final, su obra fue prolífica, fecunda y diversa. Siempre mantuvo vivos el interés y la reflexión profunda sobre temas que cubrían la historia económica, la enseñanza de la economía como disciplina profesional y la irenología, los estudios de paz que gustaba referir evocando a Eirene, personificación del tema en la antigua Grecia. A este último campo dedicaba parte principal de sus escritos cuando lo asesinaron en 1999, y lo que dejó publicado sobre el asunto reitera un pensamiento cada vez más elaborado y refinado, como sucede cuando llega la plena madurez.

El libro de Natalia Springer es una incursión importante en los estudios de paz. No le cabe el calificativo de “obra madura” como lo son los escritos de Bejarano, pero su contenido presagia un proyecto intelectual que con el tiempo y libros posteriores hará contribuciones importantes para aclarar ámbitos humanos oscuros y complejos, como aquellos por donde transitan los conflictos violentos en busca de caminos para construir una paz duradera.

La contracarátula lleva el comentario de un conocido analista que promete un libro “novedoso, erudito, relevante y controversial”. Pero quizá la intención final de la autora fue mejor descrita por otro comentarista, que lo destaca como compilación de “la experiencia, la doctrina y las exigencias internacionales, para regular o terminar la guerra”. En palabras de Springer, el libro es

[...] el principio de una revisión metodológica necesaria. Es por eso que la bibliografía, incluida en las notas, es una de las secciones más abundantes y robustas. La idea es ofrecer al lector una biblioteca entera de recursos para consultar (p. 70).

Se trata de un texto escrito al calor de la acción, que ofrece información, percepciones y vivencias directas en lugares como Angola, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Camboya, El Salvador, Sierra Leona, Sri Lanka, y la misma Colombia. Pero aún dista de ser una herramienta de búsqueda y consulta “amigable”. Se echa de menos una sección de referencias bibliográficas autónoma de las notas del final y un índice analítico que facilite la consulta de temas puntuales. Una revisión pausada permitirá, además, suprimir los pequeños equívocos que aún perduran, que de otra manera son inevitables en un manual de esta extensión y alcance.

No obstante, este libro de cómo deshacer ejércitos irregulares y abrir espacios inexistentes en la vida social, económica y política para integrar plenamente tanto a las víctimas de la violencia como a los ex combatientes, es un aporte oportuno y relevante para muchos países, entre ellos Colombia.

Lo cual no deja de ser curioso en un país que, en razón de su dilatadísimo conflicto armado, ha sido laboratorio natural para desarrollar doctrina militar contrainsurgente y, a la vez, técnicas para la negociación política de procesos de desarme, desmovilización y reinserción de grupos armados irregulares. Donde, por consiguiente, sería de esperar que librerías y bibliotecas estuvieran atestadas de referencias como ésta, fruto del aprendizaje sistemático acumulado a lo largo de tantos años de ensayos y errores.

La aparición de este título de Springer indica otra cosa. Pese a los ríos de tinta que se han dedicado al conflicto violento en Colombia, el aprendizaje sobre la construcción de paz es aún precario. Incluso puede haber en ello una advertencia manifiesta: la inclinación de gobernantes y formadores de opinión a recurrir de manera mecánica a un repertorio de burdas respuestas-reflejo que alejan y aplazan los efectos más molestos de la guerra, no expresa ni remotamente un pensamiento maduro, elaborado y refinado sino más bien un estado decadente.

Las recientes intervenciones del Alto Comisionado de Paz del gobierno de Uribe, Luis Carlos Restrepo, en defensa del inicio de la próxima ronda de diálogos de paz con las FARC que revalidan el contenido del acuerdo de cese al fuego suscrito en marzo de 1984 entre ese grupo y la Comisión de Paz del gobierno de Belisario Betancur (Restrepo, 2005), confirman cuán refractarios son nuestros intelectuales y autoridades de gobierno a innovar su repertorio de ideas para la paz.

Vale la pena recordar que el texto de ese acuerdo –en cuya redacción actuó como representante solitario del gobierno y amanuense el abogado laboralista conservador John Agudelo Ríos– propone que los meros enunciados de buena voluntad de los voceros oficiales que suscriben aquel documento

[...] presentan un notable mejoramiento de las condiciones objetivas para la acción política y electoral y [la Comisión de Paz] reitera su invitación a los sectores comprometidos en acciones disturbadoras del orden público, a que se acojan a la normalidad y apliquen sus talentos y prestigio a la conquista de la opinión pública por procedimientos democráticos y pacíficos¹.

En el prólogo de la entrevista que hizo a Agudelo días antes que falleciera en agosto de 2002 aquel precursor de las negociaciones con las FARC, Restrepo reconoce abiertamente el baño de sangre y el exterminio en que desembocó el experimento político producto de ese acuerdo: la Unión Patriótica. Pero, según él, están dadas las condiciones para que ello no vuelva a ocurrir. El paramilitarismo, que en el pasado fue enemigo feroz de una alternativa política para las FARC, da muestras de respetar esa opción con su voluntad de desmovilizarse. Y el presidente Uribe ya empeñó su palabra a Fidel Castro que “con él [Uribe] no se repetiría la experiencia dolorosa de la Unión Patriótica (sic)” (ibíd.).

Aun si es para remozar los diálogos con las FARC, el manual de sistematización de Springer ofrece recomendaciones prácticas y comprobadas. Entre ellas, la insalvable tarea de demarcar juiciosamente, antes de iniciar cualquier proceso de esta naturaleza, los problemas e incompatibilidades que subyacen al conflicto que se pretende desactivar, al igual que el alcance y los límites de las políticas públicas y otros instrumentos que se pondrán en marcha como resultado del proceso.

En la misma línea de otros manuales serios sobre el tema, Springer advierte que en esta etapa el proceso es de naturaleza exploratoria, divergente, creativa y cooperativa, pero no persuasiva ni pedagógica, como la concibió el comisionado Agudelo y lo continúa haciendo su sucesor. La pedagogía tiene su lugar en el ámbito de la justicia transicional, instancia cuyo propósito prioritario ante los ciudadanos más afectados por la arbitrariedad y la violencia propios de la guerra es reforzar la certeza de que las institucionales del Estado están para protegerlos y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Pero en los acercamientos iniciales entre adversarios, la pedagogía en vez de facilitar, entorpece. La autora no incluye ninguna mención explícita a ello en el estudio de caso que presenta sobre Colombia, pero conviene tener presente que el acumulado de experiencia y aprendizaje sobre negociación que le ha quedado a las FARC desde 1984 probablemente les aconsejará que se resistan a participar de procesos cuyo contenido final esté preestablecido en la “cartilla pedagógica” que traen bajo el brazo los negociadores del gobierno. Tales procesos suelen exigir la aceptación incondicional de ciertos principios que se supone son la única base racional para el debate político, como la noción de “conquista de la opinión pública por medio de procedimientos democráticos y pacíficos”.

Sin desconocer el valor de este principio para proteger y garantizar la dignidad humana, su imposición dogmática como condición para iniciar diálogos de paz no sólo menosprecia la realidad de la violencia política con la que se manejan los hilos de las “elecciones pacíficas” que se escenifican en el país, sino también la transmisión intergeneracional de la marginalidad económica, social, política y cultural que se sostiene al amparo de tales procedimientos en Colombia.
]]> ¿… O ES TIEMPO PARA SER AUDACES?

Las recomendaciones de Springer sobre las etapas iniciales de definición de los procesos de desmovilización, desarme y reintegración no son inocuas ni están desprovistas de riesgos. En las condiciones que propone, es posible que lleven a la deconstrucción de verdades y seguridades que eran incólumes a cuestionamientos, tal como lo sugiere el siguiente “reflejo en el espejo” con que nos encara:

En mayor o menor medida e independientemente de si la sustancia de la disputa está asociada con factores étnicos o religiosos, inseguridad económica, aspectos territoriales o culturales, alimentando la raíz del fenómeno violento encontraremos casi inevitablemente condiciones de exclusión, polarización social y amplios niveles de desintitucionalización.

Sorprendentemente, aun en el caso de los conflictos más extremos, todo esto ocurre en el marco de “democracias nominales” en las que abundan los partidos y las formaciones políticas de todas las corrientes ideológicas y en las que elecciones tienen lugar regularmente. Miradas con detalle, se trata de democracias muy restringidas, presentándose comúnmente los casos de fraude y coerción (elecciones en las que se presenta un solo candidato, un solo partido político o los elegidos trabajan bajo fuertes presiones) y de asesinato político. El ambiente político polarizado proporciona las coyunturas que preceden los golpes de Estado o la llegada de líderes autoritarios con el respaldo de amplios sectores de la población que atienden su llegada con alivio (p. 335).

A la luz de este “espejo”, la audacia que anuncia Springer en su título no sólo califica las alternativas incluidas en el libro, sino también el espíritu que debe animar a las sociedades que estén dispuestas a construir una paz duradera. Paz que más allá del fin de la violencia y el alivio de sus efectos más urgentes, implica un cambio cualitativo de la sociedad. No se trata sólo de un proceso de rehabilitación por medio del cual los ex combatientes interiorizan reglas y destrezas que les permitan vivir en sociedad como “reinsertados”. Mejor, hay que concebirlo como un proceso de transformación simultánea de las víctimas y ex combatientes y del contexto social, para así posibilitar una eventual “reintegración” de la sociedad como tal.

El “espejo” con que nos reta Springer insinúa, además, que uno de los mayores obstáculos para que ocurran cambios como éste es la supremacía moral autodeclarada con la que algunos beneficiarios del statu quo se arropan en las discusiones preliminares sobre la paz, en las cuales invariablemente surgen alusiones a “principios no negociables” como si se refirieran a la ley de la gravitación universal y a la trayectoria de los planetas en su órbita alrededor del sol.

El libro no presenta argumentos de fondo para “deconstruir” este tipo de discursos que exacerban la propia rectitud moral. Por eso, cuando la autora lanza la idea de enmarcar los procesos de desmovilización, desarme y reintegración como transformaciones de tal envergadura que “tendrán, necesariamente, que promover la reformulación misma del pacto social” (p. 336), el lector desprevenido puede experimentar perplejidad.

Pero argumentos los hay. La protección de los derechos implica comprometer recursos públicos que por definición son limitados, y por ello es imposible garantizar todos los derechos por igual. En consecuencia, lo previsible en una democracia es que haya disposición permanente a revisar los derechos cuyo respeto, protección y cumplimiento debe primar sobre los demás. Es un asunto que no se reduce a un problema técnico ni de casuística judicial: pasa por la deliberación política en torno a valores, razones y condiciones que justifican o no la modificación del statu quo para dar prelación a la protección de unos derechos sobre otros (Ovejero, 2002).

LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA DE REFUNDAR

Habría muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, podría indagarse la reflexión del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Tunja, monseñor Augusto Castro, que también aparece en la contracarátula del libro de Springer, en la que manifiesta que “sólo si hay voluntad de promover la reformulación misma del pacto social habrá paz”. El asunto no es ajeno al pensamiento ni a las instituciones de la tradición judeo-cristiana, particularmente en cuanto se refiere al “año jubilar”.

El contenido de esta institución se encuentra en el libro del Levítico (Lv 17-26) y hace parte de la “ley de santidad” que fue compuesta hacia el siglo VI a.C. en la época del exilio babilónico o inmediatamente después de tal acontecimiento. El espíritu del año jubilar es similar al que inspira la institución del “sábado” o séptimo día de la semana dedicado al descanso: introducir una pausa temporal periódica para revitalizar la condición humana y alimentar valores como el perdón y la libertad. El Antiguo Testamento prevé que el año jubilar, cuya celebración se marca cada vez que culmina un período comprendido por siete años sabáticos (Lv 25, 8-9), es la oportunidad para remediar con el mismo espíritu con que Dios otorga perdón a su pueblo, algunas de las causas de empobrecimiento progresivo que nos acompañan desde los tiempos bíblicos. La ruina por la adversidad y el sometimiento incondicional de quienes no poseen más recurso que su propia fuerza de trabajo se enmendaban entonces mediante la liberación de los esclavos y la restauración de la propiedad (Guijarro, 1999).

La referencia al “año jubilar” en el contexto de una reformulación del pacto social es pertinente porque hace explícitos los intereses de quienes con más vehemencia se opondrían a tal iniciativa. Es predecible que en la eventualidad de abordarse el tema en la agenda pública saldría, entre otros, el sector financiero a informar al público sobre los riesgos que ello acarrearía para la “estabilidad sistémica” y recordaría la dolorosa situación que podría ocasionar entre los más pobres y desprotegidos una crisis del sistema financiero, como sucedió en Argentina hace unos años. Y en el caso colombiano, donde la deuda pública representa el grueso de la cartera actual de las entidades financieras que operan en el país, los voceros del gremio seguramente recordarían el riesgo moral que le acarrea esta posición al gobierno y lo conminarían a evitar cualquier compromiso que pudiese afectar negativamente el valor de los activos de los acreedores de su deuda. No es necesario mencionar las reacciones de terratenientes, dueños de medios masivos de comunicación…

UN PRINCIPIO CLAVE: MAYOR EQUIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN LEGÍTIMA

Lo anterior ilustra someramente el ámbito de las deliberaciones que tendrían lugar en el contexto de una “reformulación del pacto social”. La restauración de la institución jubilar entre nosotros es improbable, a pesar de que encarna tantos de los principios morales y políticos caros a la civilización occidental. Más apropiado en este contexto sería la búsqueda sincera y razonada de alternativas que no estén condicionadas de partida por la lógica tirana del sempiterno y ubicuo cálculo del costo-beneficio individual, que por lo general subestima los efectos de la obscena concentración de la propiedad y la indignidad de las condiciones de vida de los despojados.

A la luz de los alcances previsibles de un proceso tal, es prudente pensar que éste se debe concebir y organizar como un escenario mucho más amplio y complejo que las mesas de diálogo que los colombianos asociamos con las “negociaciones de paz”. No es necesario argumentar que los grupos armados ilegales no tienen representatividad ni legitimidad para negociar como interlocutores privilegiados de un nuevo pacto social. Una sociedad más incluyente sólo puede ser el resultado de un proceso incluyente y legítimo. Al respecto, es aceptado que cuando el compromiso con la legitimidad de las decisiones es débil, tienden a predominar sistemas de control social basados en mecanismos coercitivos acompañados de sistemas de incentivos complicados y perversos. El corolario inverso es que el compromiso y la legitimidad generalmente se apoyan en el consenso general acerca de la calidad de los acuerdos, relacionada, a su vez, con la naturaleza del proceso deliberativo del que surgen (Ovejero, 2001).

El proceso de “formular un nuevo pacto social” requiere, en consecuencia, el diseño cuidadoso de un marco institucional que conduzca y regule deliberaciones incluyentes, cuya calidad invoque el respeto y el acato voluntario de los acuerdos que se pacten, de todos los sectores cuyo compromiso es necesario para garantizar la construcción de paz. Este marco podría ser el de una “constituyente” o estar basado en mecanismos más permanentes de rendición de cuentas sobre la agenda de compromisos adquiridos entre gobierno, organizaciones ciudadanas y sector privado².

Condición para el éxito de cualquier alternativa que se elija es que incorpore dispositivos para equilibrar los sesgos de información y conocimiento tan frecuentes en los “discursos de poder”. También es deseable que fomente intercambios, aprendizajes y acuerdos con base en razones, más que en la negociación de compromisarios. Por supuesto, los acuerdos son siempre el resultado de una combinación de ambos mecanismos (Elster, 1986). Pero es vital procurar que, en este marco, la acción política legítima de los diversos sectores sociales –incluidos los más vulnerables y postergados– no sólo conduzca a eliminar ineficiencias sino que también contribuya a lograr mayor equidad.

Los acuerdos que resulten de un proceso semejante seguramente no estarán en plena conformidad con principios enunciados en declaraciones universales, sino con aquellos destilados a partir de la dinámica y las necesidades de la construcción de una paz duradera en una sociedad fracturada, llena de rencores y prejuicios, como la nuestra. Tal visión puede resultar extraña a los sectores en los que predomina un intelectualismo adicto a formalismos y formulismos, y propenso al dogmatismo y los purismos. Pero si en el mundo cosmopolita y globalizado de hoy no es anacrónico pensar que los colombianos de todas las clases y etnias, regiones, géneros y edades debemos poder contar y hacer valer nuestras experiencias cotidianas en una trama compartida de duelos y logros que nos permita identificarnos como “comunidad política”, será indicado considerar reparaciones a partir de las necesidades concretas de las víctimas, que no siempre coinciden con sus derechos (Elster, 1998), y edificar la gobernabilidad a partir del reconocimiento de las condiciones y necesidades de los actores sociales locales, y no exclusivamente con base en modelos formales de fortalecimiento institucional de la administración pública (Unsworth, 2006).

NOTAS AL PIE

1. Ver http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/acuerdos-uribe.php

2. Al respecto es relevante una investigación teórica reciente sobre la paradoja del surgimiento de gobiernos populares directamente a partir del caos de los conflictos internos violentos, sin pasar por estadios intermedios dominados por un soberano formidable, sea “Leviatán”, “Príncipe” o dictador (Wantchekon, 2004). El estudio concluye que las facciones en guerra preferirán someterse a una democracia civil –a manera de mecanismo de arbitraje aceptablemente neutral y eficaz– y no a un “Leviatán”, cuando: 1) los intereses económicos de las facciones dependen de la inversión productiva del grueso de la ciudadanía; 2) las preferencias políticas ciudadanas garantizan una asignación de poder político menos sesgada en una competencia democrática, que bajo el régimen de un Leviatán, y 3) hay una agencia externa (p. ej., la ONU) que media y supervisa el proceso conjunto de desarme y reconstrucción del Estado. El artículo ofrece razones sugestivas para pensar que la viabilidad de una democracia depende de mecanismos autorreguladores que restrinjan la concentración de la propiedad y fomenten el control de la inversión productiva en manos del grueso de la ciudadanía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Elster, J. “The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory”, J. Elster y A. Hylland, eds., Foundations of Social Choice Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 103-132.

2. Elster, J. “Coming to Terms with the Past. A Framework for the Study of Justice in the Transition to Democracy”, European Journal of Sociology 39, 1, 1998, pp. 7-48.

3. Guijarro, S. “Las raíces bíblicas del jubileo”, 1999, www.lacasadelabiblia.es/Recursos/Articulos/Jubileo.htm

4. Ovejero F. “Democracia liberal y democracias republicanas”, Claves de la Razón Práctica 111, 2001, pp. 18-30.

6. Restrepo, L. C. “La última charla con John Agudelo Ríos”, 2005, http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

7. Unsworth, S. “Getting Better Governance: Insights from New Research”, Trocaire Development Review, 2006, pp. 17-33, http://www.trocaire.org

8. Wantchekon, L. “The Paradox of ‘Warlord Democracy’: A Theoretical Investigation”, American Political Science Review 98, 1, 2004, pp. 17-33.