ECONOMIC CONSEQUENCES OF INDEPENDENCE IN COLOMBIA

Salomón Kalmanovitz*

RESUMEN

[Palabras clave: independencia, crecimiento económico, minería, fiscalidad; JEL: N16, N36, N46]

La Independencia de España fue en todas sus colonias un movimiento complejo de confrontación civil y una larga y cruenta guerra de liberación. Se perdieron vidas humanas, se destruyeron activos, se fugaron capitales, se liquidó la esclavitud y la cosa pública quedó en manos de una administración inexperta, aunque al mismo tiempo hubo una gran reducción de la carga tributaria y una modernización del Estado y de sus regulaciones bancarias. El PIB por habitante se redujo considerablemente hasta los años treinta del siglo XIX, y luego se recuperó. Se deterioró la economía de Popayán y Cartagena, esta última subsidiada por los impuestos del resto del virreinato, y se beneficiaron Antioquia, con su minería de mazamorreros libres, y Cundinamarca.

ABSTRACT

[Keywords: independence, economic growth, mining, public finance; JEL: N16, N36, N46]

Independence from Spain was a complex movement of civil confrontation and long and cruel wars of liberation. Human lives were lost, assets destroyed, capital fled, slavery abolished and public issues left to inexpert administrations, but at the same time there was an important reduction in the tax burden as well as a modernization of both the state and its financial regulations. The GDP per capita was reduced until 1830, and then recovered. The economies of Popayan and Cartagena contracted, the latter having been subsidized by the taxes of the “virreinato”, and Antioquia, with its mining, and Cundinamarca benefited.

El Virreinato de la Nueva Granada logró un notable crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo XVIII, que se frenó desde 1808 con el colapso de España a causa de la invasión y la guerra contra la fuerzas de Napoleón. El crecimiento luego se tornó negativo debido a la interrupción del comercio, las cruentas guerras de Independencia, la decadencia del esclavismo y el estancamiento del comercio internacional, hasta 1850. La inexperta burocracia criolla que remplazó a la de la Corona no tenía capacidad para solucionar los problemas; de modo que la Independencia inauguró un largo proceso de inestabilidad política que resultó muy costoso para la sociedad, aunque se inició una serie de reformas fiscales y legales que empezaron a modernizar la economía de la nueva república independiente.

El proceso de la Independencia produjo entonces costos y beneficios, en contra de la visión sesgada y unilateral de los criollos de la época y de los historiadores tradicionales, para quienes la Colonia fue un período de atraso económico y de oprobio político, y la emancipación el preámbulo de una historia republicana lineal y progresista (Ocampo López, 2007, 201). De acuerdo con otros autores, la Independencia, en cambio, no dio lugar a nada nuevo y el sistema político que se construyó cambió poco y constituyó un prolongado fracaso histórico (Tovar, 2007a, 218).

La república fue surgiendo difícilmente a partir de su legado absolutista y confesional. Los beneficios, que fueron menos tangibles al comienzo y se fueron asentando con el tiempo, integraban los siguientes elementos: una reducción apreciable de los impuestos, incluida la eliminación del diezmo eclesiástico; una modernización de las constituciones y del código civil; la liberación de los esclavos; la profundización de un mercado de tierras; la modernización de la legislación comercial, bancaria, de sociedades y de pesas y medidas; la abolición del monopolio del comercio, de los estancos y del crédito, que era detentado por la Iglesia, lo que hizo posible la aparición de bancos modernos y privados. Pero el establecimiento de un sistema político menos conflictivo que el que existió durante el siglo XIX sólo fue posible, y no del todo, después de la muy cruenta Guerra de los Mil Días, ya en el siglo XX.

La globalización no estaba madura en el tiempo de la Independencia, y cuando se desató con gran fuerza, después de 1850, Colombia estaba demasiado ensimismada en sus conflictos internos y encerrada dentro de su escarpada geografía como para tomar plena ventaja de la expansión del comercio mundial, aunque es os dos hechos se combinaron y reforzaron intrínsecamente: el conflicto político impidió el progreso económico y el fortalecimiento del Estado, de modo que los recursos se destinaban a la guerra y no a la construcción de una infraestructura que derrotara a la geografía, algo que sí se pudo acometer con éxito en el siglo XX. No obstante, Colombia alcanzó a beneficiarse de un comercio creciente, bastante volátil por cierto, en la segunda mitad del siglo XIX, que contribuyó a reanudar el crecimiento económico sobre una base más amplia que aquella permisible bajo la égida del imperio español y de sus arcaicas relaciones de castas y corporaciones.

Además de estos párrafos de introducción, el ensayo consta de una sección sobre los antecedentes económicos de la Independencia y una sobre las constituciones localistas hasta la Constitución de la Gran Colombia en 1821; la tercera examina el desmonte de la estructura económica colonial, y la cuarta discute los costos y beneficios de la Independencia en términos económicos y políticos; termina con una breve conclusión.

ANTECEDENTES: AUGE COLONIAL Y EXCESOS TRIBUTARIOS

La organización económica de la sociedad colonial era ineficiente y se basaba en el monopolio público y privado de la producción y del comercio. La sociedad era jerárquica y se asentaba en el concepto de castas separadas, que convertía a la pureza de la sangre en la principal barrera de entrada a la cúspide, es decir, a los cabildos, a los colegios mayores, a los consulados de comerciantes, a la curia mayor y a la alta oficialidad del ejército (Garrido, 1993, 30-31). La mayor parte de la población disfrutaba de pocas libertades: los mestizos vivían en las haciendas como dependientes y peones o en las fronteras del territorio como colonos, con escasos o inciertos derechos de propiedad; los indígenas eran considerados menores de edad y los esclavos se mantenían en un régimen de trabajo relativamente laxo, alejado del mercado mundial.

La ineficiencia de la organización económica colonial no hacía imposible el crecimiento económico. En contra de la idea de que la opresión colonial impedía todo progreso económico, idea que la historiografía tradicional comparte con los criollos de esa época, en el Virreinato de la Nueva Granada se desarrolló la minería del oro, un sector muy dinámico que creció al 2,5% anual entre 1750 y 1800, tasa notable para una economía precapitalista, que lo convirtió en el sector líder de la economía colonial. Las necesidades de la actividad minera jalonaban la producción agrícola, ganadera y artesanal de muchas regiones del virreinato. La política borbónica de reducción de los impuestos a la minería y los subsidios a sus insumos contribuyeron al auge de esta actividad. Las crecientes necesidades de los mineros del Cauca, del Chocó y de Antioquia eran atendidas por la agricultura del valle del río Cauca y de la Sabana cundiboyacense, y por las artesanías, incluyendo “ropas de la tierra”, de Santander y de Nariño, como muestran los datos del comercio intrarregional (Twinan, 1988, 49). Un cálculo aproximado del crecimiento del producto colonial entre 1750 y 1800 da como resultado una tasa del 1,2% anual: un 0,3% correspondiente a la productividad derivada de una mayor división y especialización del trabajo de las diferentes regiones geográficas del Virreinato y un 0,9% asociado al crecimiento demográfico, que corresponde al período entre los censos de 1778 y 1825, resultado que extrapolamos hacia atrás (Kalmanovitz, 2006, 176).

Como ya se dijo, los Borbones alentaron el auge minero con la reducción de los impuestos a la producción de oro, que pasaron de cerca del 22% del oro extraído, sumando el quinto y el requinto, a un 3%. Esa política de fomento fue acompañada de un enorme aumento de la tributación impuesta a otras actividades, incluidos los diezmos y los márgenes de los monopolios o estancos, lo que llevó a que los criollos se sintieran atropellados y explotados, con justa razón. La gráfica 1 muestra que en 1760 los impuestos podían llegar al 3% del PIB, mientras que en 1800 eran de un 10%, al que se debe sumar un 1,2% por los diezmos. La inconformidad de los criollos aumentó cuando la Corona los excluyó de las posiciones de mando a las que antes tenían acceso y suspendió la venta de cargos. Se extendió entonces el sentimiento de que la Corona había renegado del pacto colonial, que la comprometía tácitamente a consultarles los impuestos, a permitirles que los evadieran y a aceptar su participación en el gobierno colonial (Phelan, 1980, 4). Como resultado, algunos criollos se apoyaron en la teoría legal escolástica que suponía la existencia de un pacto tácito entre el rey y sus pueblos, mientras que los criollos conservadores se opusieron a las visiones más modernas de las revoluciónes norteamericana y francesa. Por otra parte, muchos intelectuales criollos bebieron de las fuentes de la Ilustración y de la economía política (Silva, 2002, 399 y ss.), e hicieron ejercicios constitucionales modernos, que absorbían algunas enseñanzas importantes de la revolución norteamericana, así como de la francesa, especialmente en su fase termidoriana (Urueña, 2007, 62 y 85).

Gráfica 1
Participación de los impuestos en el PIB, 1765-1870 ]]> (Porcentaje)

Aunque los Borbones incentivaron el libre comercio entre los virreinatos, nunca lograron consolidarlo; la Corona intentó limitar el poder de los consulados o gremios de comerciantes de Cádiz y Sevilla sobre el comercio con la metrópoli, y el del consulado de Cartagena sobre la distribución de las mercancías de ultramar en el interior de la colonia, pero no promovió una apertura a fondo ni propició una mayor competencia. La Corona otorgaba monopolios para simplificar el recaudo de los tributos, pues no tenía interés especial en aumentar el comercio ni la riqueza de sus colonias; sólo le interesaba fomentar la minería de metales preciosos.

Los criollos comenzaron a cuestionar la falta de libertad económica y en particular los monopolios de comercio siguiendo el ejemplo de los colonos angloamericanos, que disfrutaban de un libre comercio entre las trece colonias y se habían independizado de Inglaterra en 1776. En las colonias angloamericanas la política comercial contribuyó a crear un mercado interno de crecientes proporciones, y entre ellas Inglaterra, que estaba interesada en importar materias primas y exportar manufacturas porque entendía que así incrementaba la riqueza de todos, lo que hizo posible el surgimiento de una burguesía comercial rica en Norteamérica.

Los criollos sentían más agudamente sus carencias cuando los ingleses y holandeses los surtían de bienes más baratos y de mejor calidad desde Jamaica y Curazao que los que entregaba el monopolio de la Corona y podían exportar a través de ellos el oro que contrabandeaban de las minas, así como algunas materias primas y artesanías que los españoles prohibían comerciar. Surgió una burguesía comercial relativamente débil, anclada en los privilegios del consulado de Cartagena; ésta recurría asímismo al contrabando, que llegaba a un 15% del comercio legal (Meisel, 2005, 4), y atendía el comercio entre las regiones auríferas y zonas productoras de alimentos, artesanías y ropas de la tierra, entre la que se destacaron los arrieros antioqueños.

Con todo, la Nueva Granada no era una colonia especialmente rica hacia 1800. Se ha calculado que su producto por habitante era de unos 27,4 pesos plata anuales (Kalmanovitz, 2006, 167), contra los 41,6 a que llegaba el de Nueva España (Salvucci, 1999, 261), la joya de las colonias españolas. Mientras que la Nueva Granada exportaba un equivalente a 2 millones de pesos plata año a finales del siglo XVIII, Nueva España exportaba 18 millones de pesos y Perú, incluyendo a Potosí, unos 8 millones.

El movimiento por la Independencia se puede entender como la aspiración al auto-gobierno de los criollos que querían entrar a un mundo que se industrializaba, requería materias primas y prometía una gran prosperidad. Pero, en fin de cuentas, no sería un proceso fácil puesto que el legado hispánico sería defendido por otros grupos de la sociedad criolla, que no sólo incluían a los que se aferraban a sus privilegios, a la herencia cultural y a la religión, sino también a los indígenas que habían sido protegidos por la Corona de los abusos de los criollos, con instituciones como el resguardo, el cabildo indígena y el derecho indiano que los criollos se aprestaban a desmontar.

Los liberales que surgieron en el seno de la sociedad post-independiente pensaban que se debía erradicar lo que los españoles habían sembrado: las relaciones de servidumbre –especialmente paternalistas con los indígenas– y de esclavitud, un sistema de castas que consagraba la desigualdad ante la ley, una tributación excesiva, un sistema de crédito monopolizado por la Iglesia y unas normas legales arcaicas que impedían la movilidad de la tierra y de la mano de obra. Pensaban que se necesitaba abrir la economía al comercio internacional, liquidar los consulados y modernizar sus códigos para poder prosperar. Las transacciones de tierras eran escasas porque la propiedad estaba reglamentada por leyes que protegían los mayorazgos, mientras que los censos (préstamos hipotecarios) y las capellanías (propiedades cedidas para financiar con sus rentas los rezos por las almas de los muertos) mantenían parte de la propiedad inmueble por fuera de los circuitos comerciales; las heredades de la Iglesia, a su vez, sustraían otra extensión importante de las tierras de su uso más productivo.

Los conservadores, por el contrario, pretendían mantener el legado hispánico, religioso y legal, cultivar la lengua materna y mantener sometida a la población mestiza, indígena y esclava que, tentada por los liberales, se alzaría –según ellos– en rebelión y liquidaría la civilización que se había heredado de España.

Unos y otros se identificarían con el federalismo, en cuanto les daba mayores oportunidades para asentar o defender sus políticas. En últimas, los criollos de ambos bandos preservaban la desigualdad en el acceso a los recursos productivos de la sociedad colonial, y la modernización liberal la agravaría en el caso de la tierra y aun en el de la tributación.

Mientras que los países situados en la frontera del imperio español que lograron la independencia sin guerras externas, como Argentina y Chile, o Costa Rica más cerca de Colombia, muy pronto establecieron regímenes liberales abiertos al comercio y lograron estabilidad política y constitucional, los que vivieron intensamente el conflicto tardaron en alcanzar alguna estabilidad política y economías abiertas. “Los obstáculos institucionales al crecimiento económico […] fueron mayores en las zonas de población autóctona estable, donde quedaron encarnados en un ‘pacto’ colonial entre España y la élite colonial”, dice John Coatsworth sobre la América colonizada por Iberia. En Colombia los cambios constitucionales fueron muy frecuentes durante el siglo XIX: entre 1830 y 1916 tuvo 9 nuevas constituciones, mientras que los países del Cono Sur tuvieron una sola. Pero hubo países más inestables todavía: Venezuela y Ecuador promulgaron 12 nuevas constituciones en el mismo período (Dye, 2006, 178-179).

DE LAS CONSTITUCIONES LOCALISTAS A LA GRAN COLOMBIA

El secuestro del rey de España por Napoleón desató la anarquía en casi todas las colonias ibéricas. Surgieron iniciativas constitucionales en villas y provincias, y el gobierno provisional instaurado por las cortes de Cádiz ofreció amplia representación a los criollos, súbditos de los virreinatos de ultramar. La constitución aprobada en Cádiz en 1812 propuso una monarquía parlamentaria. La carta era progresiva e incluyente porque estableció el voto universal masculino sin requisito de propiedad ni de educación o sin exigir ser propietario, lo que incluía a criollos blancos, mestizos e indígenas (aunque excluyó expresamente a los esclavos), y estableció gobiernos provinciales y ayuntamientos de origen popular (Rodríguez, 2005, 168). la Nueva Granada no envió delegados, por lo cual la influencia de la constitución gaditana fue limitada en este territorio, mientras que la restauración del rey Fernando VII en el poder en 1814 le permitió abolir las cortes y desconocer la constitución liberal de Cádiz.

En la Nueva Granada, la influencia de las constituciones de las colonias norteamericanas se puso de manifiesto en el pronunciamiento constitucional de Cartagena (Urueña, 2004). En contraposición, la constitución de Cundinamarca de 1811 propuso una monarquía constitucional que reflejaba la actitud excluyente de los criollos frente a los que denominaban “castas” y el temor a perder el dominio sobre el orden político legado por España. Otras iniciativas más federalistas, como las que propuso Camilo Torres bajo la influencia del constitucionalismo angloamericano para conformar las provincias unidas, llevaron a guerras intestinas que facilitaron la reconquista española de 1817.

La historiografía tradicional califica a este período como el de la “Patria Boba”, pero el conflicto no provenía de la estupidez humana sino de la inexistencia de gobiernos proto-nacionales en todas las colonias españolas. La monarquía poco dependía de las cortes o parlamentos regionales españoles, y las debilitó, y dio aún menos representación a los criollos ricos de sus colonias. En cambio, las asambleas de las trece colonias angloamericanas legislaban sobre impuestos y disponían de recursos suficientes para invertir en educación e infraestructura. Dada esta experiencia, se les facilitó entrar en una negociación compleja después de su guerra de independencia que culminó en una confederación dotada de una constitución eficiente y legítima que perdura hasta hoy.

Durante los años posteriores a la Independencia, en los países liberados por los ejércitos comandados por Simón Bolívar hubo una pugna entre los partidarios de una forma de gobierno centralista que concentraban el poder en la presidencia vitalicia del general –quien además podía nombrar a su sucesor– y restringían el ejercicio de la ciudadanía a los que no tenían propiedades o no sabían leer y escribir, y los partidarios de una forma de gobierno más liberal con reglas menos restrictivas de participación política. la Gran Colombia se fundó en Cúcuta en 1821, con la proclamación de una constitución que debilitaba las aspiraciones dictatoriales del Libertador. En el caso de Colombia, la lucha terminó zanjándose a favor de los republicanos santanderistas, que vencieron a los partidarios de Bolívar (1826-1828), y tomó el nombre de República de la Nueva Granada después de la disolución de la Gran Colombia en 1832, dando al traste con otro de los sueños del caudillo: el de ser el conductor de un gran imperio americano (Rodríguez, 2005, 407-408).

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA

La guerra de liberación, combinada con el enfrentamiento social, ocasionó grandes costos: pérdida de vidas, fuga de capitales, destrucción de activos productivos, reses, mulas y caballos, y aumento de los robos, el abigeato, los atracos y asesinatos (Bushnell, 1966, 64- 65). “En 1825-1826 los gastos militares seguían absorbiendo tres cuartas partes de los ingresos del Estado. El conflicto fue destructivo y dejó muchas haciendas en ruinas, víctimas de la confiscación y el saqueo durante las guerras y las venganzas personales después de ella” (Lynch, 2006, 214). Los chapetones ricos sacaron los capitales que habían invertido o al menos la parte que pudieron hacer líquida. Aunque es difícil de probar, la guerra redujo la población en la Nueva Granada, aunque no tanto como en Venezuela, que debió perder cerca de la tercera parte en la cruenta contienda.

Hubo además cambios importantes en la distribución de la propiedad agraria debido a la confiscación de las tierra de los realistas y, luego, al reparto de tierras entre las tropas de los ejércitos libertadores. Los soldados recibieron vales para ser cambiados por tierras, pero los caudillos y altos oficiales se los compraban por una fracción de su valor. “Una nueva élite de terratenientes, recompensada con propiedades secuestradas o tierras de la nación, se unió a los propietarios de la colonia y en algunos casos los remplazó. Los soldados que no habían recibido lo que se les debía se quejaron con amargura del funcionamiento de las comisiones de tierras” (Lynch, 2006, 212).

Las guerras de independencia y los cambios en el régimen de esclavitud también desarticularon la minería y las plantaciones en el Cauca. Lo que había sido un sector líder en la última fase de la Colonia y había jalonado la producción agrícola y artesanal pasó a ser un sector rezagado que dependía de la minería de aluvión, principalmente en la región antioqueña.

Gráfica 2
Producción de oro 1704-1904
Miles de pesos plata

Hay también evidencias de algún grado de desurbanización en todo el país: Bogotá perdió población entre 1825 y 1850, así como los diez municipios principales, que en conjunto perdieron un 2% de su participación en la población total (Ocampo, 1984b).

Las estadísticas de precios son muy imperfectas. Pardo presenta un índice ascendente de precios de los alimentos entre 1780 y 1800, que debe reflejar un auge económico general (Pardo, 1972). Los índices de precios luego caen, e insinúan una deflación generalizada entre 1825 y 1850 (gráfica 3). Lo más plausible es que se trate de una baja sensible de la demanda, que antes era impulsada por la minería del oro y el gasto público en Cartagena, Popayán y Bogotá, lo que reduce los precios de los alimentos. Los dos índices reflejan el mismo fenómeno pero es más aguda la caída en el índice de Urrutia que en el de Pardo. Ambos índices informan que hay una recuperación de los precios de los alimentos a partir de 1850, cuando la economía vive un auge exportador; productos como el tabaco, el añil y la quina, el café y los sombreros tenían un alto impacto sobre la demanda de una economía muy pequeña.

Gráfica 3
Índices de precios 1825-1860, base 1878

El sector exportador se resintió con la pérdida del comercio centrado en Cádiz y el debilitamiento de los consulados locales; por lo demás, no se ampliaron los mercados de materias primas en una Europa en guerra y autocentrada hasta 1850. En la década de 1820 cayeron los precios del café y del cacao, en perjuicio de las haciendas de la capitanía de Venezuela y de Cúcuta. Ocampo estima que entre 1803 y 1850 la caída de las exportaciones per cápita fue de un 42% (gráfica 4). En verdad, había poco que exportar, aparte del oro, el producto de mayor valor entre los que se enviaban a España. El Cauca, que concentraba gran parte del poder político y económico colonial, inició un proceso de segura decadencia económica, aunque tardó en manifestarse, y de pérdida de influencia política en la nueva república. La minería de Antioquia, que se venía ampliando al final del siglo XVIII, siguió produciendo con base en el mazamorreo libre, y más adelante implantaría una minería empresarial mecanizada que compensó las pérdidas de otras regiones y contribuyó a una producción nacional relativamente estable, como se aprecia en la gráfica 2.

Según Vicente Restrepo la producción de oro de Antioquia en el siglo XIX (137 millones de pesos) duplicó la del siglo XVIII (64 millones de pesos), mientras que la del Cauca sin Chocó pasó de 38 millones de pesos en el siglo XVIII a 37 millones en el XIX (Restrepo, 1952, 71 y 104). La provincia de Pasto, que se inclinó por la causa realista, terminó arruinada: “quedó destruida, con su población diezmada y, en términos políticos, condicionada para iniciar su vida republicana por la invasión y la ocupación, como un territorio enemigo bajo el mando de jefes hostiles plenamente autorizados para castigarla y sojuzgarla” (Montenegro, 2002, 33). Más adelante fue gobernada por José María Obando, uno de los “Cuatro Supremos” que se rebelaron en el sur en 1840 contra el gobierno central e iniciaron una guerra que duró dos años y que volvió a destruir vidas y activos, bajo los estertores del esclavismo.

Con el deterioro de la esclavitud, las haciendas del Cauca convirtieron a muchos esclavos en concertados campesinos, sometidos a relaciones de servidumbre, pese a la resistencia y a la rebelión abierta; otros huyeron hacia la frontera agrícola (Mina, 1975, 50-51). La economía regional también involucionó hasta que se abrió el camino a Buenaventura en 1865, cuando comenzaron a llegar capital y algunos inmigrantes, y se estableció un creciente número de asalariados, en el Valle del Cauca mas no en Popayán.

Gráfica 4
Índice de exportaciones reales por habitante, base 1803

Los españoles permitieron que en Antioquia y Santander se asentaran campesinos pobres españoles, que hicieron a esas regiones más democráticas y prósperas que las de los enclaves blancos entre pueblos indígenas sometidos o esclavos (la Costa, la Sabana cundiboyacense, el Cauca y Nariño). Santander era particularmente rico en la Colonia, pues combinaba una pequeña agricultura de tabaco, fique y algodón con talleres artesanales domésticos que elaboraban “ropas de la tierra” y otros productos. Francisco Silvestre observó en 1789 que en Vélez y El Socorro “el comercio de sus efectos y frutos es el más considerable del Reyno de Santa Fe y como esta provincia es la más poblada de él y sus temperamentos varios y fértiles” es mayor la riqueza de la provincia (Silvestre, 1968, 73). Pero mientras que Antioquia se expandió con su minería de base y su colonización hasta las haciendas del Valle del Cauca, Santander estaba rodeado de tierras poco fértiles y no podía colonizar las del Magdalena medio, donde asolaban el paludismo y las fiebres, ni las del oriente infértil; existe la hipótesis de que el aumento y el abaratamiento de las importaciones de textiles ingleses que competían con los suyos llevó a su involución económica en el siglo XIX, pero evidencias de un estudio sobre el contrabando de Muriel Laurent no la confirman (Laurent, 2008). En 1868, Medardo Rivas decía que en suelo santandereano “la población iba mal vestida, estaba mal alimentada y carecía de techo. Los campesinos ignorantes, habitantes de chozas endebles, ganaban menos de dos reales al día” (Johnson, 1984, 227).

Una región poco afectada por las guerras fue la Sabana de Bogotá que “estaba bien cultivada: los agricultores conseguían dos cosechas al año y, gracias a un buen sistema de riego, obtenían una excelente producción de trigo, cebada y alfalfa. Sin embargo, los arados, escarificadores y demás herramientas para la agricultura eran primitivos, y la dependencia de la quincallería importada era todavía considerable” (Lynch, 2006, 215).

Cuadro 1 ]]> Crecimiento demográfico, 1778-1835
(Porcentaje)

El crecimiento demográfico es uno de los pocos indicadores del desarrollo económico regional durante el siglo XIX. El cuadro 1 muestra la tasa de crecimiento anual intercensal entre 1778 y 1835 de la población de las grandes provincias del Virreinato de la Nueva Granada, donde Cundinamarca incluye a Antioquia y la provincia del Cauca a lo que se denominó Gran Caldas. Aunque hay fallas protuberantes en los censos, sobre todo en el de 1835, las cifras indican que Cundinamarca tuvo un crecimiento más elevado que las demás, debido quizá a la expansión demográfica que ya había comenzado en Antioquia y que se profundizó en el período 1835-1898, como muestran los datos ajustados por Flórez y Romero con una mayor descomposición por departamentos (cuadro 2). Es notorio el bajo crecimiento de la Costa Atlántica, aunque allí también fue difícil contar la población durante este período.

El crecimiento de la población total entre el censo colonial de 1778 y el de 1835 fue del 1,22% anual, y de 34 puntos decimales más en el período de 1835-1898, lo que sugiere una mejoría en las condiciones de vida de la población colombiana

Cuadro 2
Evolución de la población por estados, 1835-1898
(Porcentaje)

Entre 1835 y 1898, la tasa anual de crecimiento en Antioquia (2,18%) casi duplica a la de Santander (1,18%), lo que refleja unas mejores condiciones de nutrición, salud y educación que elevan la supervivencia de los infantes y la tasa de natalidad, mientras que la tasa de mortalidad disminuye debido a la mejor salubridad. Santander fue golpeado por las guerras civiles que generalmente se iniciaban en su territorio y por el deterioro de su actividad artesanal y agrícola asociado con el declive general y de la minería mencionado. Sin embargo, entre 1835 y 1851, tuvo una mayor tasa de crecimiento demográfico, del 2% anual, que luego decayó fuertemente; hay que destacar que en las provincias del norte de Santander, Cúcuta y Pamplona, hubo una expansión exportadora y demográfica notable en la segunda mitad del siglo XIX que empeoró la situación de sus provincias del sur (Johnson, 1984, 265). La alta tasa del Cauca (2,14% anual) fue también un reflejo de la colonización antioqueña porque gran parte de los actuales Risaralda y Quindío pertenecían al Gran Cauca, y los colonos llegaron a ocupar varios municipios del norte del valle del río Cauca como Sevilla, Cartago y Buga.

El desarrollo del Chocó durante la Colonia es típico de una ocupación de blancos que martirizaron a los indígenas y después los remplazaron por esclavos, que llegaron a ser un poco más de 7.000 y produjeron una buena cantidad de oro. Los blancos no habitaban de manera permanente el difícil hábitat selvático y por ello no hubo una organización municipal adecuada. Se dio allí “la presencia de instituciones extractivas con relaciones muy verticales y una élite económica poco interesada en la construcción de capital social de la región” (Bonet, 2007, 12). Este patrón no cambió mucho en el siglo XIX, aunque la esclavitud se acabó, como en el resto del país, hacia 1850, y los antiguos esclavos se dispersaron a lo largo de los ríos para dedicarse a la pesca y a la agricultura.

El alto crecimiento demográfico de Colombia refleja una amplia oferta de tierras fértiles que bien podían ocupar los hijos de los arrendatarios, vivientes y aparceros de las haciendas, que disponían de grandes territorios sin explotar dentro de sus linderos, o colonos que se aventuraban hacia la frontera agrícola, todavía no ocupada efectivamente por los terratenientes. Lo cierto es que uno de los efectos de la Independencia y de la república organizada por los criollos fue una mayor concentración de la propiedad de la tierra con la reducción de las tierras de resguardo, la liquidación de la propiedad comunitaria, incluidos los ejidos, y la titulación de baldíos a favor de militares, empresarios y agiotistas que poseían deuda pública respaldada por las tierras del Estado. Con las tierras de la Iglesia pasó lo contrario: hubo una democratización efectiva por el sólo hecho de que pasaron, de una sola corporación propietaria, a manos de 4.024 personas (Jaramillo y Meisel, 2007), esto a pesar de la creencia convencional de que la desamortización reconcentró la propiedad en manos privadas.

LA MODERNIZACIÓN FISCAL, BANCARIA Y LEGISLATIVA

La nueva república acometió importantes tareas de modernización a lo largo del siglo XIX. Quizás el logro más importante de la Independencia fue la liquidación legal del sistema de castas que daba privilegios explícitos a los cristianos viejos. Todos los habitantes de la Nueva Granada eran presuntamente iguales ante la ley, si bien culturalmente siguió primando –y aún no ha acabado de hacerlo– la supremacía de los blancos frente a los demás. Indígenas y negros entraron en una senda de liberación que tardó mucho en concretarse, aunque fue real. Así mismo, los pardos podían aspirar a la propiedad con su participación en las guerras y en el desorden que las acompañó, aunque ganaron más los caudillos y oficiales.

Los impuestos se simplificaron y redujeron (Jaramillo, Urrutia y Meisel, 1997). Se abolieron las formas colectivas y obsoletas de propiedad de la tierra (el mayorazgo y las manos muertas en poder de la Iglesia, los ejidos y propiedades comunitarias de los indígenas), lo que despertaría la resistencia en algunos territorios, y se liquidó el muy racionado sistema de crédito eclesiástico a favor de la banca libre que se pudo desarrollar con fuerza a partir de 1870. En 1853 se introdujo el moderno código napoleónico de comercio que remplazó a las Ordenanzas de Bilbao; además se sustituyó el contradictorio y confuso sistema de medidas español por el sistema métrico decimal. Por último, se liquidaron o debilitaron los fueros corporativos –el del consulado, el eclesiástico y el de los militares– y se caminó en dirección de la igualdad ante la ley, aunque estaba lejos de alcanzarse.

El mayor beneficio inmediato de la Independencia fue la reducción de los impuestos y diezmos, que se contrajeron del 11,2% del PIB a cerca del 5%, una de las grandes ganancias que cosecharon los criollos. El hecho de trasladar al sector privado algo más de 7,5 puntos del PIB, que sostenían a la administración colonial, la defensa de Cartagena y el culto de la Iglesia, debió tener un impacto apreciable sobre el consumo de los criollos. La inversión, sin embargo, no sería vigorosa hasta que se liberaran las trabas al comercio exterior, en particular el estanco del tabaco, que siguió siendo de las rentas más altas del nuevo Estado republicano y que se resistía a soltar por no contar con ingresos sustitutos.

Gráfica 5
Gastos del gobierno como proporción del PIB
Porcentaje)

La gráfica 5 muestra que el gasto público aumentó desde 1800 y durante todo el período de la guerra hasta 1822; luego hubo un colapso del gasto del gobierno central, que en los años del federalismo osciló entre el 2 y el 4% del PIB, aunque paralelamente se amplió el gasto de los estados soberanos y de los municipios. En 1860, por ejemplo, los estados soberanos recaudaban el 3,2% del PIB contra sólo el 2% del gobierno central (cuadro 3).

Los primeros gobiernos criollos consiguieron financiamiento inglés para la guerra de liberación pero no fueron capaces de pagar la deuda, de modo que se les cerró el crédito externo durante el resto del siglo XIX. En cada conflicto interno era frecuente que se recurriera a préstamos forzosos, y a veces voluntarios, o a las requisas de reses y cosechas para alimentar a la soldadesca a cambio de bonos o vales de deuda pública que eran descontados a favor de agiotistas y banqueros con la suficiente influencia política para hacerlos valer (Deas, 2007).

Cuadro 3
Ingresos fiscales 1810-1860
(Porcentaje y miles de pesos plata)

En general, el desorden fiscal incentivó la depredación de los derechos de propiedad de los ricos de la época, incluidas las propiedades de la Iglesia, y la guerra abrió además la posibilidad de que las guerrillas de uno u otro partido también usurparan la propiedad del prójimo, lo que propició la fuga de capitales o el testaferrato para ocultar las riquezas, y en todo caso frenaba la inversión de haber existido un medio que la protegiera.

Los impuestos que pagaban los colombianos a la nación y a los estados en 1870 eran muy bajos, como muestra el cuadro 4.

Cuadro 4 ]]> Rentas por habitante, estados soberanos y gobierno central, 1870

Panamá era el estado soberano que más recaudaba debido a que permitía comunicar al oeste y el este de Estados Unidos por medio de su ferrocarril interoceánico, y por ello era una región de intensa actividad comercial y urbanística. El recaudo de Bolívar y Magdalena se beneficiaba de los gravámenes al comercio que pasaba por Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Antioquia tenía unas finanzas estables basadas en su creciente riqueza minera y agrícola. Boyacá era el estado de la Unión que menos recaudaba, seguido en orden ascendente por Santander, Tolima y Cauca. Cundinamarca era relativamente rico porque albergaba a la capital, que se recuperó demográficamente entre 1850 y 1870, ya que poseía una agricultura y una ganadería prósperas. La estructura económica colonial cambió entonces profundamente durante la república: las tres provincias más prósperas antes de la Independencia –Cartagena, Santander y el Cauca– se empobrecieron, mientras que Antioquia y Cundinamarca continuaron enriqueciéndose y Panamá despegó, impulsada por el intenso comercio que atravesaba su territorio; las demás se mantuvieron en su retraso ancestral.

COSTOS Y BENEFICIOS DE LA INDEPENDENCIA

Después de la Independencia, los resultados en términos de crecimiento fueron desalentadores. El PIB per cápita descendió en un 17% hasta 1850, a una tasa del -0,3% anual. Sin embargo, la inserción en el mercado mundial mediante las exportaciones de tabaco, añil, índigo, cueros y café en la segunda mitad del siglo XIX produjeron un auge importante; a este se sumó la expansión ganadera propiciada por la introducción de los pastos Pará y Guinea desde 1840 y por algunas mejoras en las vías de transporte (caminos y ferrocarriles y la navegación a vapor por el río Magdalena) que permitieron que en 1860 se recuperara el nivel del producto per cápita de 60 años antes. Entre 1850 y 1885 el PIB por habitante creció a una tasa del 0,5% anual, con alguna contribución de una banca dinámica a partir de 1870; el crecimiento se revirtió con la Regeneración y el PIB cayó a una tasa de -0,5% anual entre 1885 y 1905.

La comparación del desarrollo económico colombiano con el de otros países latinoamericanos y el de Estados Unidos no favorece a Colombia, especialmente hasta 1850, como muestra el cuadro 5; y aunque llegó tarde a la globalización, en pleno siglo XX, luego tuvo bastante éxito.

Con respecto al de Estados Unidos, el PIB por habitante de Colombia era el 39% en 1800, el 19% en 1850 y apenas un 13% en 1913, aunque algo se ha recuperado a finales del siglo XX, cuando llega al 23%. Los otros países latinoamericanos muestran un mayor desarrollo que el de Colombia, especialmente a la altura de 1850, cuando Argentina tenía un ingreso por habitante 3,3 veces superior, Brasil algo similar y Chile duplicaba el nivel colombiano. En 1850, Colombia estaba cerca de México, que sufrió intensas guerras civiles y dos invasiones externas. Sin embargo, con el curso del tiempo, especialmente en el siglo XX, las diferencias se han acortado, pero no sustancialmente.

Gráfica 6
PIB por habitante 1765-1905 (pesos plata)

El debate sobre los costos y beneficios de la Independencia se ha dado en torno a las evidencias de que en México y la Nueva Granada la última fase del imperio español en ultramar fue próspera, y de que la Independencia produjo una grave contracción económica que sólo superaron los países que entraron primero a la globalización, hacia 1860, y México sólo con el porfiriato (1870-1910). El trabajo de Dobado y Marrero sobre México insinúa que su desarrollo económico fue rápido y “normal” en el siglo XVIII y que habría seguido así de no ser por la Independencia (Dobado y Marrero, 2006). Ellos suponen implícitamente que el desarrollo capitalista no exigía cambios en la estructura política y económica de la sociedad mexicana, algo que fue necesario incluso en España, la cual también padeció los problemas de unas reformas liberales incompletas que castigaron su desarrollo de largo plazo.

Leandro Prados hace un ejercicio contrafactual sin la revolución de la independencia, suponiendo que el crecimiento económico observado en el siglo XVIII se habría mantenido inalterado en el largo plazo. Supone que el choque independentista que lo interrumpe es temporal y que los países iberoamericanos recuperan su crecimiento más adelante. Prados aduce que la comparación con Estados Unidos, en autores como Engerman y Sokoloff o Coatsworth, no es válida porque pone al continente iberoamericano a competir con el líder mundial del crecimiento económico. Sin embargo, de la comparación de América Latina con África, que también sufrió la opresión colonial de otras potencias europeas, Prados deduce que a los países con legado hispánico les va bastante bien (Prados de la Escosura, 2006, 470)¹.

En nuestra interpretación, España sembró relaciones sociales arcaicas, serviles y esclavistas en el continente, y además legó un sistema absolutista, todos ellos factores retardatarios que dificultaron la instauración de la igualdad ante la ley y la división y la separación de poderes, característicos de la democracia liberal en Occidente. El crecimiento económico no era imposible en esas condiciones pero se veía obstaculizado por las instituciones que monopolizaban el comercio y la producción e imponían tributos excesivos a los súbditos. El sector público asfixiaba al sector privado, para decirlo en términos modernos, con excepción de los sectores que se beneficiaban con las exenciones y los que evadían las innumerables regulaciones de la Corona, que no eran pocas.

Las luchas del siglo XIX en Colombia y en casi toda la América hispana fueron un reflejo de los intereses de los criollos que pretendían avanzar en dirección de la libertad económica y política, separar a la Iglesia del Estado y establecer el federalismo contra los que se empeñaban en defender el legado político y religioso hispánico y su tradición de centralismo político.

Un ejercicio contrafactual distinto al de Prados sería buscar el momento más cercano posible a la revolución democrática en España y en América: la asamblea constituyente en que se erigieron las cortes de Cádiz en 1812, cuando Fernando VII era prisionero de los franceses. Se podría suponer entonces que las cortes organizan un ejército con los tributos y préstamos de los hombres ricos de España, que combate y derrota a los franceses, derroca a Fernando VII, y designan un rey al que puedan someter. Luego se proclama la república, se separa la Iglesia del Estado, se liquida la Inquisición, se reparten las tierras de los nobles, se establece una justicia independiente y se mantiene un nivel de tributación suficiente para construir infraestructura y financiar la educación universal.

El ejercicio contrafactual continúa en los territorios ultramarinos: el ejército español triunfa en una reconquista democrática, se establecen asambleas locales que nombran sendos virreyes y se replican las reformas adoptadas en la metrópoli para contrarrestar la anarquía que estaba asolando las colonias recién liberadas, y así se instaura un orden político de consenso. España y sus colonias prosperan, crean un mercado común y luego los Estados Unidos de Iberia. Eventualmente, los Estados Unidos ibéricos encuentran inconveniente su vínculo con la metrópoli y proclaman su independencia, consolidan sus instituciones democráticas y navegan en paz hacia la prosperidad. La economía florece y en 1950 tenemos un ingreso por habitante más alto que el de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin embargo, la restauración de Fernando VII en el trono español entierra la constitución de Cádiz y también nuestro ejercicio contrafactual. España y sus colonias padecieron trabas para establecer democracias liberales así como para lograr un buen crecimiento económico, aunque España tuvo un comportamiento aceptable en la segunda mitad del siglo XIX; no obstante, hacia la mitad del siglo XX su producto por habitante era inferior al de los países del Cono Sur e igual al de México (Gómez y Silva, 2007, 785).

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La razón obvia para el deterioro económico de las colonias españolas fue la pérdida del orden político que la Corona supo mantener durante más de tres siglos, reconstruido difícilmente en el siglo XIX. La inestabilidad de las exportaciones colombianas quizá también contribuyó a la involución política y a la caída de los regímenes liberales, como insinúa la comparación con la trayectoria diferente de los países del Cono Sur que consolidaron gobiernos liberales respaldados por una gran prosperidad exportadora, que también desfallecieron cuando ésta se agotó.

La herencia hispánica tuvo gran peso en el desarrollo constitucional y legal del país por cuanto legó un sistema de creencias que orientó el diseño de las reglas de juego mediante las que se organizó tortuosamente la república. La endémica debilidad del Estado republicano nunca pudo poner límites estrictos a la revuelta porque pasó de los extremos democráticos de los liberales radicales a los muy represivos de los conservadores, cuando se asentaron en el poder. Los conservadores creían que era justo transgredir el orden constitucional si se atacaba a la Iglesia.

El principal costo de la Independencia fue la pérdida del orden político que tardó casi un siglo en restaurarse, mientras que su mayor beneficio fue la gran reducción de la carga tributaria y la instauración de regulaciones modernas que remplazaran a las que se heredaron de España, en particular el sistema de castas, que se debilitó pero se mantuvo en las entrañas de la república. Sin embargo, ese beneficio quizá también tuvo efectos perjudiciales: la carga tributaria resultó tan pequeña que el Estado fue incapaz de establecer un orden político que le permitiera monopolizar los medios de violencia. Ese Estado era, además, insuficiente para proporcionar a la población bienes públicos de infraestructura, educación e higiene que aumentaran la productividad y redujeran los costos de transporte.

La desigualdad ante la ley, que da lugar a tratamientos distintos según la posición social, corporativa o de casta, resultaba de un sistema político que conservaba derechos ancestrales de pueblos, gremios, razas, monopolios e individuos que los criollos más conservadores también buscaron preservar dentro de la república. Frente a ellos, los liberales trataron afanosamente de establecer un nuevo orden político, mediante el ensayo y el error. La población mestiza y negra obtuvo alguna representación y ciertos derechos, pues en los enfrentamientos se recurría a las masas de artesanos, indígenas o esclavos.

Más adelante, las reformas fiscales y legales buscaron promover un desarrollo económico basado en el comercio internacional que se fue asentando con gran volatilidad, aunque la minería del oro y después de la plata aportaron una cantidad mínima de exportaciones durante todo el siglo XIX, hasta que el cultivo cafetero en el occidente del país se insertó sólidamente en la economía mundial. Con la integración a la globalización, emergieron empresas y bancos que serían el germen del capitalismo que sólo se desarrollaría a un alto ritmo en el siglo XX.

En suma, el costo de la independencia fue la pérdida del orden político, y ello se reflejó en la inestabilidad de las reglas de juego que caracterizaron al siglo XIX colombiano, como resultado de la larga lucha entre liberales y conservadores. Los conflictos frecuentes alimentaron la depredación de los derechos de propiedad de quienes eran víctimas de los préstamos forzosos o de las expropiaciones ejecutadas por el mismo Estado o por individuos y grupos que aprovechaban los desórdenes para apropiarse de los activos de los ciudadanos más pudientes. Los conflictos dieron lugar a fugas de capital y al testaferrato para ocultar los bienes al Estado, bloquearon la inversión en el país y redujeron su crecimiento potencial.

Las luchas entre los partidos, a su vez, tendían a explotar con violencia pues se carecía de un escenario para resolver las disputas y para la negociación política, como el que conforman los diversos niveles de un régimen parlamentario y un sistema de justicia independiente que, entre otras cosas, garantiza elecciones justas. Al no lograr construir y perfeccionar estas instituciones, Colombia perdió el siglo XIX para su crecimiento económico.

NOTA AL PIE

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