Resumen

En el Pacífico colombiano no hubo fuertes disputas por la tierra en las últimas décadas del siglo diecinueve y las primeras del veinte, como sucedió en otras partes de Colombia, pero sí hubo conflictos territoriales. Estos estuvieron centrados en el acceso a recursos naturales considerados valiosos: semillas de palma de tagua, oro y platino. Al estudiar estos conflictos este artículo ayuda a comprender por qué la mayoría de la región mantuvo su carácter de baldío de la nación en momentos en que se aceleró la titulación de tierra en otras partes del país. Así, contribuye a entender la particular historia del Pacífico colombiano, que generó las condiciones que favorecieron la titulación colectiva a comunidades negras que estipula la Constitución política de 1991.

Palabras clave: Pacífico colombiano, tagua, oro, platino, grupos negros.

Abstract

At the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, the Pacific lowlands of Colombia diverged from national trends: local conflicts did not center on land, but on the access to vegetable ivory, gold and platinum. By studying these conflicts, this article helps explain why much of the land in this region was not titled at the time when land titling took off in other parts of the country. In this way, the article helps us understand the particular history of the Pacific lowlands, which allowed the rural population to gain title to communal land as defined by the 1991 Constitution.

Key words: Pacific region of Colombia, vegetable ivory, gold, platinum, Afrocolombians.

La Constitución colombiana de 1991 estableció el derech o de las comunidades negras de la región del Pacífico a la propiedad colectiva de las tierras que ocupan hace décadas e, incluso, siglos². A pesar de que desde finales del siglo diecinueve el derecho colombiano establece la ocupación como fundamento de la propiedad, la gran mayoría de estas tierras pertenecía al estado, es decir, eran baldíos de la nación. La novedosa Constitución política, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, por primera vez incluyó oficialmente dentro de los grupos étnicos a la gente negra que habita las selvas del Pacífico y otras zonas del país. La idea de que esta población comparte una historia común y una cultura, en especial unas prácticas tradicionales de producción, sirvió como base para definir su carácter étnico y, así, establecer que sus derechos territoriales, al igual que los de los indígenas, deberían ser colectivos (Sánchez et al., 1993; Arocha, 1991; Agudelo, 2005). Este reconocimiento ha dado origen a la titulación de ciento cuarenta y nueve territorios colectivos, que cubren un poco más de cinco millones de hectáreas y benefician a casi sesenta mil familias³. Mediante un examen de las disputas generadas en torno al acceso a los recursos naturales de la región entre 1870 y 1930, este artículo ayuda a comprender por qué buena parte de este territorio permaneció baldío en aquellos años en que la titulación de tierras se aceleró en muchas partes de Colombia. De este modo contribuye a esclarecer las razones históricas que permitieron uno de los desarrollos más significativos de la actual Constitución colombiana.

Para entender algunos de los conflictos sociales más relevantes de esta región es fundamental tener en cuenta que allí la principal fuente de riqueza natural no se halla en la tierra, sino en los recursos minerales y vegetales. En el Pacífico colombiano los suelos cultivables son muy escasos, pues apenas forman franjas estrechas en las planicies aluviales. Además, la baja luminosidad y la alta pluviosidad limitan la productividad agrícola (West, 2000: 41-47, 64-76, 192-198). Pero en las partes altas de los ríos que drenan la cordillera de los Andes los suelos contienen oro y platino, mientras que los bosques que cubren todo el litoral han proporcionado materiales demandados desde fuera de la región, tales como caucho, tagua, madera y palmitos. El tipo de economía que ha generado posibilidades de acumulación en el Pacífico ha sido entonces de carácter extractivo, es decir, ha consistido en tomar elementos producidos por la naturaleza para comercializarlos (Leal y Restrepo, 2003: 1-5). Por ello, en esta región los conflictos no han girado en torno al control de la tierra sino al acceso a los minerales preciosos y a los recursos del bosque.

Dadas estas particularidades, la explicación más influyente sobre el origen de la estructura agraria en Colombia no funciona en esta región. En su excelente libro Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950 (1988), la historiadora Catherine LeGrand explica que la colonización de tierras baldías generó luchas por la tierra que definieron la inequitativa estructura agraria del país. El proceso colonizador se caracterizó por la migración de habitantes de las montañas hacia las zonas bajas y cálidas, donde se hallaban o se podía cultivar nuevos productos de exportación. LeGrand analiza cómo este proceso estuvo mediado por enfrentamientos entre colonos pobres y empresarios. Aunque desde la década de 1870 el estado colombiano estipuló que quienes llevaran más de cinco años ocupando y trabajando un terreno tendrían derecho al respectivo título, relativamente pocos colonos lograron beneficiarse de dicha legislación. Los empresarios estaban mucho mejor equipados para realizar los trámites legales y sufragar los costos asociados con la titulación de tierras, de modo que lograron hacerse a grandes propiedades. Prueba de ello es que más de tres cuartas partes de la tierra titulada entre 1827 y 1931 fue entregada en predios de más de mil hectáreas (LeGrand, 1988: 79).

Este artículo comienza por dar cuenta del proceso de ocupación del Pacífico colombiano. Después analiza, en sendas secciones, los conflictos generados por el acceso a la tagua y a los metales preciosos. Termina con unas reflexiones en torno a la pertinencia de tener en cuenta el mundo natural dentro de la historia social.

LA OCUPACIÓN DEL PACÍFICO POR GRUPOS NEGROS

La historia de las tierras bajas del Pacífico colombiano se enmarca de forma singular dentro de las tendencias nacionales de colonización. Allí, el proceso de poblamiento republicano comenzó temprano y en vez de implicar la migración de colonos de tierra fría laderas abajo se caracterizó por los desplazamientos de antiguos esclavos y sus descendientes que vivían en las zonas mineras de la región. Para comprender este proceso hay que comenzar entonces por el pasado colonial.

Los esclavos que trabajaron las minas del Pacífico colombiano produjeron la mayor parte del oro exportado por la Nueva Granada durante el siglo dieciocho. Aunque desde el siglo dieciséis la Nueva Granada fue la región del nuevo mundo que más oro le reportó a la metrópoli, el valor de las exportaciones de dicho metal fue pírrico en comparación con las exportaciones de plata de la Nueva España y del virreinato del Perú (Bakewell, 1990; McFarlane, 1997: 118). Durante el siglo diecisiete la producción de oro de la Nueva Granada declinó, pero hacia finales del mismo comenzó a recuperarse gracias a que la conquista tardía del Pacífico permitió la explotación de las minas de aluvión ubicadas en las partes altas de los ríos que drenan la cordillera occidental de los Andes. Dada la escasez de indígenas, su beligerancia y las leyes que los protegían, desde sus inicios la minería en esta región dependió del trabajo de esclavos negros, quienes vivían en campamentos itinerantes llamados reales de minas y trabajaban en grupos -denominados cuadrillas- que por lo general no tenían más de treinta miembros (Sharp, 1976; Colmenares, 1979; Romero, 1995; Cantor, 2000; Jiménez, 2004).

Los esclavos buscaron la libertad por diversos medios. Aun cuando algunos huyeron, muchos más hicieron uso del derecho que tenían de comprar su libertad. La pagaron con el polvo de oro obtenido los domingos y festivos, que eran días libres, y también los sábados, que en muchas minas eran días de trabajo para sí, usualmente para producir comida y ayudar a su manutención. Una vez libres, muchos de ellos continuaron trabajando para liberar a sus familiares. Así, hacia 1780 entre 30 y 40% de la población negra de la región era libre (Tovar et al., 1994: 305-324, 336-345, 353-371). En 1851, cuando finalmente se abolió la esclavitud, sólo cerca de 10% de la gente negra del Pacífico permanecía esclavizada (Aprile-Gniset, 1993: 57; Almario, 2003: 172).

Inicialmente, la gran mayoría de los negros libres continuaron habitando las zonas mineras e incluso conviviendo con las cuadrillas de las que habían hecho parte⁴. Aun cuando la minería siguió siendo su ocupación principal, pasaron a dedicar más tiempo a actividades de subsistencia como la agricultura, y algunos incursionaron en nuevos oficios como la boga y la elaboración de alcoholes (Sharp, 1976: 151-153; Romero, 1995: 87-114; Jiménez, 2004: 129-130). Ya en el siglo diecinueve, y especialmente después de medio siglo, grupos de negros libres originarios de las zonas mineras comenzaron a migrar hacia otras áreas de la región. Bajaron a establecerse en las partes medias y bajas de los ríos, y ocuparon las costas (Aprile- Gniset, 1993; West, 2000: 161-167; Leal, 2004). En algunos casos estas migraciones fueron incentivadas por las nuevas oportunidades económicas que se presentaron en la segunda mitad del siglo. Una de ellas, la extracción de caucho, fue de corta duración debido a que la especie que crece en el Pacífico -el caucho negro (Castilla elastica)- era cosechada derribando el árbol y así la oferta natural se acabó en un par de décadas (Leal, 2004)⁵. La recolección de semillas de tagua, por el contrario, se prolongó por lo menos setenta años, pues, además de ser una actividad sostenible, su demanda se mantuvo hasta la segunda guerra mundial. Algunos de los colonos que se establecieron en las inmediaciones de los bosques de tagua debieron hacer frente a quienes quisieron establecer un monopolio sobre las ganancias derivadas del comercio de las semillas. Como veremos, aunque lograron poner freno a estas pretensiones, ello no los convirtió en propietarios legales de sus áreas de trabajo.

DISPUTAS POR EL CONTROL DE LOS TAGUALES

Las disputas sobre las que trata este aparte tuvieron como objeto unas semillas que se parecen en forma y color a un huevo de gallina y en textura al marfil. Debido a su tamaño y a que a veces tienen un hueco en el centro, sólo pueden utilizarse para hacer objetos pequeños. En la segunda mitad del siglo diecinueve, fábricas italianas y alemanas las emplearon para hacer botones. Después de la primera guerra mundial, Estados Unidos pasó a ser el principal fabricante, hasta que hacia 1940 el plástico reemplazó por completo a la tagua (Acosta, 1944; Barford, 1989: 181- 190).

Tanto al norte como al sur de la costa Pacífica colombiana, la existencia de taguales o bosques de tagua atrajo migrantes de las zonas mineras que se convirtieron en recolectores de semillas (véase el mapa). En la zona de Tumaco, al sur, en los límites con el Ecuador, se daba en abundancia Phytelephas tumacana, una especie cuyos ejemplares alcanzan hasta cinco metros de altura. En la parte norte de la costa, conocida como Chocó, crece Phytelephas seemannii, otra especie que parece arrastrarse por el piso pero tiene la punta erguida⁶. Las comunidades que se establecieron en las inmediaciones de los taguales sembraron huertas y aprendieron el arte de la pesca, además de dedicarse a recoger las semillas de estas palmas, actividad que podían desarrollar durante todo el año. Los colonos del sur vendían las semillas a los comerciantes del puerto de Tumaco, quienes las exportaban, y los de la costa norte a los compradores del caserío de El Valle, quienes las llevaban a Panamá para revenderlas.

A finales del siglo diecinueve y principios del veinte algunas personas intentaron obtener derechos exclusivos sobre ciertos taguales para eliminar la competencia de los comerciantes y así beneficiarse de la comercialización de toda la cosecha. Los métodos empleados variaron con el tiempo. A finales del siglo diecinueve los acaparadores trataron de obtener o validar títulos de propiedad sobre las áreas de taguales, mientras que después de 1907, cuando el gobierno reglamentó el uso de recursos naturales en los bosques nacionales, buscaron que se les otorgaran concesiones.

En las últimas décadas del siglo diecinueve hubo por lo menos dos intentos de monopolizar el acceso a la tagua en los ríos cercanos a Tumaco. En 1878, Manuel Velasco y José María Reinel solicitaron el título de un terreno de sesenta hectáreas ubicado en el río Caunapí, para "realizar un proyecto agrícola en grande escala". Argumentaban que en Tumaco los alimentos básicos, como el plátano, eran muy costosos, porque todos los pobladores de los alrededores se dedicaban a recoger tagua. Pero en su petición inicial no indicaron que el lugar escogido estaba en una zona reconocida por sus extensos taguales y que allí vivían cinco familias dedicadas justamente a la recolección de estas semillas. Dado que en Tumaco el único negocio rentable consistía en exportar tagua y que en los registros históricos no hay evidencia de ningún otro intento de proyecto agrícola destinado a surtir el mercado local por lo menos hasta 1930 (Leal, 2004), sospecho que el objetivo de estos tumaqueños era asegurar su participación en el comercio de la tagua. Según ellos, los cuatro comerciantes que compraban la tagua del lugar motivaron a los recolectores a objetar el título. Por ello se vieron obligados a escribirle al presidente de la nación aceptando la existencia de cinco casitas en el terreno solicitado y, tras acusar a sus dueños de ser nómadas y violentos, de no cultivar y de destruir los taguales, pidieron nuevamente que se les otorgara el título⁷.

Un mes después, las autoridades caucanas escribieron a Bogotá diciendo que había motivos para creer que sobre los terrenos solicitados por estos señores había derechos anteriormente constituidos. Por esta y otras razones los funcionarios de Bogotá decidieron negar el título⁸. Además de la existencia desde 1874 de legislación que protegía a los colonos al establecer la ocupación y el uso de la tierra como principal criterio para acceder a títulos de propiedad, la alianza entre recolectores y comerciantes contribuye a explicar el desenlace de esta disputa. En la década de 1870 el puerto de Tumaco contaba con un grupo de exportadores de tagua que formaba el ápice de una pequeña élite blanca⁹. Estos comerciantes constituían el principal grupo de poder local, que al parecer movió sus influencias para evitar la privatización del recurso del cual dependía su posición.

Unos años después, en la vecina cuenca del río Cajapí, se presentó un enfrentamiento de mayores proporciones a raíz de que Nicolás Arias y Gervasio Vallecilla intentaron apropiarse de cerca de cinco mil hectáreas de terrenos ricos en tagua que eran aprovechados por numerosos recolectores. Dado que la casa y pequeña labranza que tenían frente al tagual no daban pie para solicitar un área tan extensa, estos señores buscaron probar que el terreno había sido entregado por el estado colonial -y posteriormente comprado por ellos- por medio de una dudosa copia del documento original de 1804. En 1889, un juez local les dio posesión oficial de la propiedad, lo que generó airadas protestas y la intervención del Ministerio de Hacienda¹⁰. Aun cuando los documentos que se conservan sobre este asunto no muestran su desenlace, otro caso posterior aclara que Arias y Vallecilla no lograron salirse con la suya. En 1897 un grupo de recolectores de la vecina zona de Chilví escribieron al procurador general de la nación para solicitar que los defendiera ante Silverio Castillo, quien "trata[ba] de adueñarse e [impedía] la extracción de la tagua titulándose dueño de esos terrenos baldíos". En su carta citan el caso de Cajapí como ejemplo, pues allí gobierno puso "coto al abuso"¹¹.

Los colonos de Cajapí y sus aliados solicitaron que los terrenos en disputa permanecieran baldíos como medio para garantizar el acceso a la tagua. El personero municipal explicó que escribía su misiva al Ministerio de Hacienda porque de "por medio están los derechos de la nación y los intereses de infinidad de vecinos pobres que viven de la industria de explotación y que hoy se las privan ilegalmente". Argumentó que "ese bosque que á no dejar duda es baldío, siempre se ha explotado libremente y de él han retirado la subsistencia muchas familias pobres"¹². Este funcionario no abogó por el derecho de los colonos a ser dueños de tierras, sino por su derecho a recolectar tagua en terrenos de la nación. Del mismo modo, en 1884, cuando la disputa apenas comenzaba, el jefe municipal del distrito de Barbacoas prohibió poner traba alguna a la explotación de tagua. Los propios colonos, por su parte, después de aclarar que ese "inmenso tagual siempre ha sido del común", solicitaron que esos terrenos se declararan baldíos, "porque para nosotros no pedimos sino la libertad de continuar ejerciendo nuestra industria"¹³. Ninguno de los actores locales estaba buscando que los bosques les fueran titulados a los recolectores. Tampoco abogaban por la titulación de las pequeñas parcelas cultivadas. Por el contrario, avalaban la condición de baldíos de la nación de esos terrenos, pues esto equivalía a respaldar el derecho consuetudinario a recolectar tagua.

En el siglo veinte las estrategias usadas por los acaparadores de tagua cambiaron, dada la nueva normativa puesta en funcionamiento para regular el acceso a los recursos forestales. El gobierno modernizador de Rafael Reyes (1904-1909) prohibió la libre explotación de bosques nacionales, incluyó en la definición de tales bosques a aquellos que contenían tagua y estableció que estos terrenos no podrían ser adjudicados como baldíos¹⁴. Siguiendo con el patrón que se venía presentando en las disputas alrededor de la tagua, la legislación de bosques no generó protestas por impedir que los colonos legalizaran sus predios, sino por la violación del libre acceso a los bosques.

En la costa Pacífica chocoana el gobierno otorgó en 1910 la primera y última concesión de la región sobre los taguales de la cuenca del río Valle al general Tomás Quintero¹⁵. Gracias al poder que le otorgaba el monopolio, el general disminuyó el precio de compra de la tagua, lo cual generó descontento entre los escasos pobladores del área, muchos de los cuales decidieron emigrar a Panamá. Quienes se quedaron escribieron al gobierno amenazando con irse al "departamento rebelde", a pesar del dolor que les causaba, pues la situación de esclavitud a la que se habían visto reducidos los obligaba a hacerlo. Las autoridades locales y regionales apoyaron a los colonos: acusaron al general de abusar de ellos, expresaron su preocupación por la migración de pobladores hacia el país vecino y recomendaron que se volviera a instaurar el libre acceso a los bosques del río Valle¹⁶. Esta presión surtió efecto, tal como lo demuestra un informe de 1912 del comisionado especial de Juradó: "Afortunadamente, el actual gobierno, llevando á cabo un acto de reparación y de justicia, ha echado por tierra el ominoso contrato, devolviendo á sus legítimos dueños lo que la naturaleza les ha dado"¹⁷. Al año siguiente este mismo funcionario informó que muchas de las familias que habían emigrado estaban de regreso¹⁸. Una vez más, los recolectores lucharon por mantener su acceso a los taguales, no por privatizarlos a nombre propio. Ellos, igual que muchos de los actuales pobladores de las zonas rurales del Pacífico, combinaban el cuidado de pequeños cultivos con la recolección de recursos del bosque. Mientras que los cultivos y las áreas de habitación han sido tradicionalmente considerados de uso privado por los pobladores locales, las áreas de recolección son de acceso común pero regulado de los miembros de las comunidades aledañas (Restrepo, 1996: 294-298; Rivas, 1999: 21-47; Hoffmann, 2007: 86-93). Ni la legislación sobre baldíos que intentó beneficiar a los colonos al reconocer la ocupación y el trabajo como base de la propiedad privada, ni la legislación sobre bosques nacionales, que impidió que estos territorios fueran titulados, reconocieron el derecho de usufructo colectivo de los recursos forestales. Muy por el contrario, las élites republicanas lucharon por eliminar la propiedad colectiva representada por terrenos ejidales, tierras indígenas y propiedades eclesiásticas (Palacios y Safford, 2002: 360-362). Entre 1878 y 1912, cuando se sucedieron las disputas aquí relatadas, la mejor forma para garantizar el acceso de las comunidades locales a los bosques era mantenerlos como baldíos y hacer lo posible para evitar que fueran titulados o entregados en concesión.

El éxito de las luchas de los recolectores de tagua les permitió mantener el control sobre su territorio y con él su independencia. Este éxito estuvo mediado por el apoyo que recibieron de parte de comerciantes y funcionarios públicos; apoyo logrado gracias a que la supervivencia de los pobladores rurales no era lo único que estaba en juego, sino también la economía misma de las localidades en cuestión. Al dejar la recolección de tagua en manos de los moradores de los bosques, los comerciantes evitaban incurrir en gastos de derechos de recolección, salarios o supervisión laboral, y lograban así permanecer en el negocio¹⁹. Los recolectores trabajaban parte de su tiempo produciendo comida por medio de la agricultura y la pesca, y obtenían del bosque materiales para construcción y la elaboración de diversos objetos, es decir, no dependían únicamente de los ingresos de la venta de tagua. Ello permitía, como sucede con tantas economías campesinas, que el precio que recibían por su producto comercial no cubriera el costo total de su reproducción. De este modo, los recolectores subsidiaban la economía de la tagua. Además de garantizar el funcionamiento de esta economía, el acceso de los recolectores a los bosques les permitió ejercer control sobre sus procesos de trabajo y mantener el dominio sobre su territorio.

Las disputas por el control de los taguales muestran sólo una faceta de las luchas de poder centradas en algunos de los recursos naturales que moldearon la historia del Pacífico colombiano y de su gente negra. Por más extensos que fueran los taguales, sólo cubrían una pequeña porción de la región. Además, los enfrentamientos por el acceso a la tagua parecen haber sido más bien escasos y no abarcaron todas las zonas de recolección. Así como la minería fue más importante que la economía de la tagua, los intentos por apropiarse de minas fueron muchísimo más frecuentes. Como veremos a continuación, el acaparamiento de derechos mineros no logró arrebatarle a los grupos negros el dominio de su territorio, salvo en unos pocos y significativos casos, pero tampoco les garantizó derechos de propiedad.

Las expectativas de un cambio tecnológico que transf ormaría la minería de aluvión dio origen a un auge especulativo que comenzó en la década de 1880 y se extendió por casi cincuenta años. Los miembros de la élite regional, así como unos pocos extranjeros, buscaron obtener títulos de minas, acciones de compañías mineras e, incluso, concesiones mineras. Estas expectativas de inusitadas riquezas respondían a la disminución de la productividad de las minas y a los avances tecnológicos desarrollados en otras latitudes.

A mediados del siglo diecinueve, gracias a la demanda internacional de caucho y tagua, el oro dejó de ser el único producto exportado por el Pacífico colombiano, pero siguió siendo el más importante. Sin embargo, la producción disminuyó notablemente; ya desde finales de las guerras de independencia la región había perdido su lugar como principal exportadora de oro del país (Ocampo, 1984: 347-348; Melo, 1989). A finales del siglo dieciocho los placeres auríferos que habían comenzado a explotarse un siglo atrás mostraban signos de agotamiento y con las tecnologías tradicionales resultaba imposible reactivarlos. La principal forma de extraer oro seguía siendo la técnica del canalón, que consistía en excavar un canal en declive en una terraza aluvial, donde se echaba y lavaba tierra de la misma terraza (West, 1972: 52-57; West, 2000: 243-250). Con esta y otras técnicas similares resultaba prácticamente imposible acceder al oro más profundo que no había sido extraído aún.

Además de la disminución de la producción, la minería de la región tuvo otro cambio significativo en el siglo diecinueve: los negros libres adquirieron control sobre los procesos de extracción. Tal cambio estuvo mediado por el fin de la esclavitud. Debido en parte a la baja productividad de las minas, la élite esclavista andina vio con buenos ojos los esfuerzos que hicieron los esclavos por comprar su libertad, pues con ello recuperaban una inversión que era cada día menos rentable. Después de la abolición de la esclavitud en 1851, la mayoría de los dueños de minas, que vivían fuera de la región y estaban muy golpeados por las guerras de independencia y las tumultosas décadas que siguieron, abandonaron sus propiedades. Sólo algunos dueños menores residentes en la región mantuvieron sus minas y se las arrendaron a negros libres. Otros mineros negros tuvieron la suerte de no pagar arriendo, pues trabajaban minas propias o sin dueño (Ragonnet, 1895; Brisson, 1889: 101-129; Restrepo, 1988: 59 y 65; Barona, 2000: 105 y 141)²⁰. Gracias a este nuevo sistema, los descendientes de esclavos adquirieron el control del proceso minero y así lograron dar mayor significado a su libertad: no se trató sólo de dejar la condición de esclavos, sino, además, de tener independencia en el manejo de su tiempo y de sus vidas²¹. De este modo fue posible también mantener a flote la actividad minera, pero con unos márgenes de acumulación mínimos, dada la disminución de la productividad de los depósitos y la falta de inversión en las minas.

A finales del siglo los hombres más acomodados de la región y algunos extranjeros se convencieron de que la importación de nuevas tecnologías pronto reactivaría la minería. Hacia 1870 los californianos inventaron los monitores: aparatos que producían enormes chorros de agua de alta presión, con los que las terrazas aluviales podían deshacerse rápidamente para así lavar sus arenas y recuperar el oro que ellas contenían (Greenland, 2001). Sin embargo, la principal novedad en cuanto a métodos para la minería de aluvión fueron las dragas, que comenzaron a fabricarse en Nueva Zelandia en 1862 y se perfeccionaron hacia finales de siglo en Estados Unidos (Earl, 1913: v y vii; Haynor, 1941: 11-12, 16, 21-25, 27-28, 34, 36-38; McGeorge, 1964: 8-9). Debido a los altos costos de importar estas maquinarias al Pacífico colombiano y a la pobreza relativa de los empresarios locales, estos centraron sus esperanzas en el arribo de capital extranjero. Su estrategia consistió en hacerse a un alto número de derechos mineros y confiar en que una de las minas en las que tenían intereses resultara elegida por los futuros inversionistas y, además, fuera muy productiva y por tanto rindiera copiosas ganancias.

La legislación colombiana facilitó la adquisición de minas con fines especulativos. Dado que en el país la propiedad del suelo y el subsuelo eran independientes, cualquiera podía solicitar título de una mina ubicada en terreno de propiedad de otra persona, siempre y cuando su área no excediera los diez kilómetros cuadrados. Hasta 1909 era posible también solicitar la titulación de los lechos de los ríos en extensiones de máximo cinco kilómetros. La titulación de minas implicaba un trámite que podía ser largo, pero sencillo y poco costoso. Para mantener la propiedad sobre las minas sus dueños debían pagar un pequeño impuesto anual, pero no tenían ninguna obligación de explotarlas. También podían cancelar el valor del impuesto equivalente a cuarenta años en un solo pago y no tener que pagar nunca un solo centavo adicional (Granger y Trewille, 1899: 85; Olano, 1913; Bell, 1921: 100-101, 118-119).

El auge especulativo comenzó en el Chocó y tuvo como protagonistas a dos estadounidenses. Entre 1888 y 1904, el señor Benjamin S. Pray, de Boston, y unos pocos aliados suyos obtuvieron títulos de cuarenta y seis minas. Este grupo no sólo inició un proceso masivo de apropiación de terrenos mineros, sino que a diferencia de la gran mayoría de los especuladores que les siguieron intentó poner a producir algunas de sus minas con monitores y dragas. Con grandes esfuerzos, Pray logró traer dos dragas: la primera naufragó antes de llegar a la mina y la segunda sólo funcionó por un tiempo muy corto. También explotó una mina con monitores, pero sólo por un mes²². Henry Granger tuvo mejor suerte, como veremos más adelante, a pesar de no haberse esforzado por poner a producir ninguna de las muchas minas que denunció. Entre 1897 y 1899 obtuvo títulos de setenta y seis minas, muchas de ellas en lechos de ríos. Dado que entre 1904 y 1906, a causa de la separación de Panamá, el estado prohibió adjudicar propiedades a extranjeros en el Chocó, Granger hizo que los procesos de titulación que llevaba adelantados fueran traspasados a su esposa, que era colombiana. Así, en 1906, con ciento trece propiedades mineras, se convirtió en el mayor especulador de minas del Chocó, honor que nadie logró arrebatarle²³.

En el siglo veinte la especulación de minas se extendió más allá del Chocó e involucró no sólo a extranjeros sino también a residentes locales, entre quienes se destacan comerciantes y algunas autoridades regionales. Estos nuevos especuladores solicitaron minas por medio de compañías. La compra de acciones permitió que más individuos participaran en la ola especulativa y que cada uno de ellos accediera a derechos en un mayor número de minas, aumentando sus posibilidades de obtener alguna ganancia en el futuro. En el Chocó la especulación alcanzó su punto más alto entre 1909 y 1914, cuando hubo 2.148 solicitudes, que dieron origen a 866 títulos. Entre los mayores especuladores estaba Félix Meluk, el principal comerciante de Quidbó, la capital chocoana, quien logró hacerse a más de cien minas por medio de varias compañías que él mismo fundó. Hacia al sur del Pacífico se repitió este patrón. Entre 1911 y 1914, Jorge Mercado, comerciante de Buenaventura, adquirió acciones en más de cuarenta y dos compañías dueñas de minas ubicadas en seis de los ríos que desembocan al sur de dicho puerto. Y Ramón Payán, comerciante del pequeño pueblo de Guapi, ubicado aún más al sur, logró obtener títulos de diecisiete minas en el río que lleva el mismo nombre que la población (Aprile-Gniset, 2002: 339-402)²⁴. La ola especulativa fue tal que en 1920 el intendente del Chocó expresó que más de la mitad del territorio de la intendencia había sido titulado a compañías mineras, pero que 90% de las minas no estaba siendo explotado²⁵.

Los efectos de la especulación territorial en el Pacífico sobre la estructura agraria se vieron menguados por su carácter minero y por la escasez de explotaciones con tecnología moderna. Debido a que los títulos en cuestión eran mineros, por un lado, no tenían efecto sobre la propiedad de la tierra y, por otro, dejaban por fuera extensas áreas de la región ubicadas fuera de las zonas mineras (véase el mapa). Además, el éxito de la especulación dependía de que las minas tituladas fueran explotadas con maquinaria importada. Las posibilidades de que una compañía extranjera se interesara por una cierta mina y que ella resultara rentable, o que la tecnología importada funcionara en una región carente de repuestos y de personal con conocimientos técnicos, era mínima. Los especuladores de tierras de los que habla LeGrand hicieron una inversión mucho más segura. Como explica esta autora, muchos de ellos obtuvieron títulos donde ya había colonos establecidos para negociar las propiedades con ellos (LeGrand, 1988: 89-90). Por otra parte, la mayoría de los especuladores de minas debieron haber perdido eventualmente sus derechos mineros, cosa que no sucedió con los especuladores de tierras. Debido a la bajísima probabilidad de que una mina dada generara las ganancias esperadas, los inversionistas no debieron pagar en una sola cuota el valor de cuarenta años de impuestos para asegurar su propiedad. Dado que la inmensa mayoría de las minas tituladas durante este periodo no fue explotada con tecnología moderna, sus dueños debieron haber dejado de pagar el impuesto anual y así perdieron sus derechos.

Ese mismo hecho de que la mayoría de las minas disminuyó los posibles conflictos causados por la especulación minera, pero no los eliminó del todo. Hubo varias disputas entre los especuladores mismos, que se oponían a que a sus competidores les fueran tituladas minas y entablaban pleitos sobre límites o sobre la posesión de una misma mina titulada dos veces con nombres diferentes. Pero la especulación afectó también el control de ciertas minas explotadas por comunidades locales con métodos tradicionales e incluso de terrenos agrícolas. Algunos especuladores aprovecharon sus títulos para obtener arriendos de mineros con derechos consuetudinarios derivados de muchos años de ocupación. En otras partes algunos avivatos intentaron usar de manera fraudulenta la legislación minera para cobrarle arriendo por la tierra a campesinos que carecían de títulos. Esta modalidad se utilizó tanto en zonas mineras como en otras donde no había oro. Funcionarios locales y regionales, periodistas y hasta curas levantaron sus voces de protesta contra estos abusos, mitigando sus efectos²⁶.

El conflicto ocurrido en torno a la mina La Lozana ejemplifica este poder y la oposición que generó. La Chocó Pacífico adquirió numerosos derechos mineros y propiedades en el área del río San Juan -del cual es afluente el río Condoto-, incluyendo la mina La Lozana, que se extendía por varios kilómetros sobre ambos márgenes del río Condoto en su parte más baja. La reconocida familia Lozano de Condoto obtuvo en 1911 título de esta mina, pero al año siguiente la compañía había comprado más de la mitad de las acciones y para 1920 era dueña de 75% de ellas. Desde su posición como socio mayoritario, la empresa entorpeció las prácticas mineras de los demás dueños, a las que ellos consideraban que tenían derecho, dando origen a las primeras disputas en torno a la mina. Cuando la Chocó Pacífico comenzó a explotar la mina con dragas, en 1919, el precio del platino estaba por los cielos y Colombia había alcanzado el lugar de principal exportador mundial, en buena medida gracias al platino extraído de la rica cuenca del río Condoto. Esta situación aumentó el resentimiento contra la compañía, pues, según sus opositores, esta compró las acciones a bajo precio, y algunas incluso a la fuerza antes de que los antiguos accionistas se percataran del valor de su inversión. El descontento que el poder de la Chocó Pacífico produjo entre la población local -incluidos los accionistas de La Lozana- estalló de manera violenta en 1926 por los intentos de parar los trabajos de la draga debido a los daños que estaba causando. De una contienda jurídica se pasó a una batalla en terreno, que resultó en la muerte de un empleado y uno de los accionistas, el arresto del asesino que fue tratado como héroe, el envío de tropas, la suspensión temporal de los trabajos y la salida, también temporal, de los empleados extranjeros de la zona de Condoto (Cruz, 1921: 15, 39-40; Escalante, 1971: 100-102)³⁰.

Aun cuando la Chocó Pacífico eventualmente terminó de dragar la mina La Lozana, los enfrentamientos surgidos por el derecho de los pobladores a bucear y extraer mineral al lado de las dragas muestran que ellos mantuvieron cierto control de parte de la minería en la zona. Al ser dueña de diez kilómetros del lecho del río Condoto, la compañía consideraba que quienes practicaban la técnica del zambullidero, aprovechando la remoción de material que efectuaban las dragas, estaban cometiendo un robo. Sin embargo, ante sus reiteradas protestas, el estado colombiano defendió por varios años los derechos de estos mineros, sobre la base de la legislación existente que amparaba los denominados "derechos de mazamorreo". A pesar de que el Ministerio de Industrias terminó por limitar los derechos de mazamorreo al área fuera del alcance de las dragas, tal medida tuvo poco impacto en terreno³¹. Por tanto, a pesar de ver muy disminuido su control de la minería en la cuenca del río Condoto, los mineros locales lograron continuar extrayendo oro y platino de manera independiente, incluso aprovechando la novedosa tecnología de la compañía.

Una situación similar se presentó en la cuenca del río Timbiquí, hacia el sur de la región. Allí, la especulación minera tomó otra forma: en 1898 el alemán Leon Vogt compró un título de origen colonial a los herederos de las familias Mosquera y Arboleda, los esclavistas más poderosos de todo el Pacífico. Tras pasar de manos un par de veces, su nuevo propietario inglés formó la Timbiqui Gold Mines Limited en 1899. La New Timbiqui Gold Mines Ltd, una compañía británica con capital y personal francés, se formó en 1902 en reemplazo de su predecesora y comenzó a explotar la propiedad en 1907. El título abarcaba casi toda la cuenca y, según la compañía y las mismas autoridades, cubría tanto los derechos sobre el suelo como sobre el subsuelo. La empresa entonces era dueña de cerca de 250 kilómetros cuadrados, donde vivían alrededor de dos mil personas agrupadas en cuatro poblaciones y diseminadas a lo largo de las riberas del río Timbiquí. El choque entre estos pobladores y una empresa que pretendía administrar un territorio habitado como si fuera un gran campamento minero era inevitable (Aprile-Gniset, 2002: 411-412; Tirado, 1974: 51, 56)³².

Al igual que sucedió con la tagua, las disputas no se centraron en el acceso a la tierra, sino al recurso considerado valioso, que en este caso era el oro. Es decir, el conflicto giró en torno al derecho de extraer este metal. La compañía trató de impedir que los habitantes locales explotaran las minas por considerar que tal actividad era un robo, y además prohibió la compra de oro dentro de la cuenca. Esta situación llevó a enfrentamientos violentos en 1909: el alcalde, quien aparentemente apoyaba a los extranjeros, tuvo que buscar refugio justamente en las instalaciones de la compañía. El estado intervino, por medio del Ministerio de Defensa, avalando los derechos de la New Timbiqui y estableciendo que los pobladores, considerados arrendatarios, debían trabajar un cierto número de días al mes para la compañía. Algunos pocos recibieron permiso para trabajar las minas, pero debían vender el oro a la compañía y cumplir con su cuota de trabajo. Ante la persistencia del conflicto, en 1914 el Ministerio de Obras Públicas resolvió el asunto al establecer que los habitantes de la cuenca tenían derecho a realizar trabajos mineros, tal como lo establecía el Código minero, pero sólo en las playas y los lechos de los ríos no ocupados por la compañía. Así, la New Timbiqui y el estado terminaron por aceptar la extracción de oro en aquellos lugares que no eran del interés de la compañía. Esta no trabajó con monitores o dragas, sino que introdujo el uso de socavones en las terrazas más altas. En las zonas donde esta tecnología no podía operar, los mineros siguieron trabajando según sus costumbres, pero con la condición de venderle el oro a la compañía. Para explotar las demás minas tenían que solicitar permiso; si este era otorgado debían entregarle la mitad de lo producido a los franceses (West, 2000: 247; Tirado, 1974; Yacup, 1976: 148-149)³³. De este modo los mineros pudieron mantener parcialmente sus métodos tradicionales de extracción. Además, aunque los franceses eran dueños tanto de las minas como de la tierra misma, en las partes de la cuenca donde no había oro las formas de propiedad consuetudinaria se mantuvieron. Los libros de la notaría de Timbiquí contienen amplia evidencia de que se siguieron comprando y vendiendo tanto terrenos agrícolas como propiedad urbana³⁴.

La especulación minera en el Pacífico colombiano de finales del siglo diecinueve y principios del veinte puede compararse con la especulación de tierras de la que habla LeGrand para otras partes del país; pero sus resultados son muy disímiles. En el Pacífico fueron pocos los casos en que dicha especulación fue exitosa, porque dependía de la puesta en marcha de tecnologías novedosas. En los dos lugares en donde esto ocurrió, hubo fuertes conflictos alrededor del acceso al oro y al platino entre las compañías extranjeras y los pobladores locales. Las empresas lograron un fuerte control local sobre los recursos minerales, especialmente donde podían operar con sus respectivas tecnologías -dragas y socavones-. Sin embargo, en ambos casos, los pobladores locales ejercieron control sobre parte de la actividad minera. En el resto de las zonas mineras de la región, con excepción de aquellas áreas hacia donde se expandió la Chocó Pacífico -el alto río San Juan y el río Telembí en el sur-, los habitantes locales siguieron manejando el territorio por medio de la minería. Además, las compañías extranjeras eventualmente abandonaron la región después de extraer los metales que les interesaban. Dejaron un terreno empobrecido, pero dieron pie a la adquisición de nuevos derechos. De hecho, tanto la cuenca del río Condoto como la del río Timbiquí fueron tituladas como territorios colectivos después de 1993³⁵.

HISTORIA, AMBIENTE Y POLÍTICA

Mientras los conflictos por la tierra en buena parte de Colombia en las últimas décadas del siglo diecinueve y las primeras del veinte dieron origen a la titulación de extensas áreas, en el Pacífico la gran mayoría del territorio permeneció como propiedad estatal. El tipo de disputas territoriales que se presentaron en esta región entre 1880 y 1930 se centraron en el acceso a la tagua, el oro y el platino. En el caso de la tagua, los recolectores, con el apoyo de las autoridades regionales y otros personajes locales, lucharon por mantener el carácter baldío de los bosques como forma de garantizar el acceso comunal a las semillas de esta palma. En el caso de las minas, la inmensa mayoría de los derechos que con ansias buscaron tanto las élites regionales como algunos extranjeros no afectaba la propiedad sobre la tierra, sino únicamente el subsuelo. Además, buena parte de esos títulos caducaron sin que las minas en cuestión fueran puestas a producir. Y en aquellos lugares donde hubo una explotación intensiva, las compañías terminaron por irse después de haber extraido los minerales que buscaban. De ese modo dieron lugar al establecimiento de nuevos derechos sobre un territorio transformado. Así, los esfuerzos por acaparar derechos sobre los taguales y la especulación minera no generaron titulación privada que determinara una cierta estructura agraria.

Las disputas analizadas en este artículo se centran en recursos naturales diferentes a la tierra. Las ciencias sociales en América latina y en especial los estudios agrarios han puesto mucha atención a este recurso y a los conflictos que se han generado en torno suyo. Esto ha sido necesario en una región con una distribución muy inequitativa de la propiedad agraria. Sin embargo, la tendencia a utilizar el término tierra para agrupar a todos los recursos naturales, tal como lo enseña la economía política clásica, puede dificultar la comprensión de algunos fenómenos. Mary Roldán y James Sanders presentan ejemplos de esta confusión asociados a uno de los recursos analizados aquí: la tagua. En un sugestivo artículo sobre la relación entre geografía y violencia relativo a Urabá, Roldán se refiere a los conflictos generados por las concesiones forestales otorgadas en esta región. Analiza una con cierto detalle en la cual sesenta y siete colonos de Chigorodó, zona rica en tagua, reclaman sus derechos. Al respecto concluye que: "[l]o que preocupaba a los habitantes de Chigorodó era la institucionalización de un sistema de producción que les prohibía el acceso a tierras hasta entonces consideradas públicas" (Roldán, 1998: 15). Como vimos en los casos de Tumaco, el objeto del deseo no era la tierra sino la tagua. Aunque Roldán tiene claro que las concesiones a las que se refiere permitían la extracción de recursos naturales, prosigue diciendo que "[l]a lucha por el acceso a la tierra en la zona de Urabá continuó hasta la época de la Violencia" (Roldán, 1998: 16). Equiparar tagua con tierra evita que esta autora comprenda cabalmente los conflictos regionales que son fundamentales en su argumento sobre la Violencia en Urabá.

James Sanders cae en un error similar. En su estupendo libro sobre republicanismo popular este autor dice que en el siglo diecinueve los afrocaucanos basaron sus ideas de ciudadanía en el derecho a trabajar y en el derecho a la tierra. Como ejemplo de lo segundo cita, entre otros, el caso de los recolectores de "resina" de Tumaco (Sanders, 2004b: 49, 46-47). No sólo no se trata de resina sino de tagua, sino que la confusión entre tierra y un recurso forestal impide a este autor diferenciar las dinámicas de los negros de la costa Pacífica de los de la parte andina del Cauca. Su análisis deja de lado las particularidades de la población de la costa Pacífica, donde el porcentaje de población negra era más alto que en cualquier otra parte del Cauca. Vemos aquí que el Pacífico colombiano se incluye sin mayor reflexión dentro del análisis de realidades andinas. Algo similar sucede en el libro de LeGrand: se habla de Colombia sin analizar las especificidades de regiones como el Pacífico. El énfasis en la tierra, por tanto, conlleva el riesgo de dejar sin historia a vastas áreas geográficas cuyas dinámicas han estado centradas en el acceso a recursos distintos a la tierra. El campo de la ecología política, que entre otros aspectos estudia los conflictos generados en torno a los recursos naturales, presenta elementos útiles para incluir en la historia a estas áreas marginales o de frontera, y a sus lógicas particulares (Leal, 2002; Offen, 2004; Neumann, 2005; Robbins, 2005).

Por otra parte, este escrito da algunas luces sobre otro fenómeno relacionado con la titulación de territorios colectivos negros que estipula la Constitución de 1991. Aunque en términos generales los pobladores locales no tuvieron derechos de propiedad sobre la tierra, ni tampoco sobre los bosques o las minas, sí ejercieron control sobre el territorio por medio de sus diversos sistemas productivos. Los recolectores de tagua manejaron su tiempo, su espacio y sus métodos sin imposiciones de capataces o patrones. Combinaron la recolección de semillas con la pesca, la cacería, la agricultura y de ese modo manipularon su entorno y lo llenaron de significado (Losonczy, 2006: 123-169; Restrepo, 1996). Los habitantes de las zonas mineras, por su parte, continuaron manejando técnicas heredadas de la época colonial, a las que añadieron algunas nuevas, como el método del socavón que llevaron los franceses al río Timbiquí (Friedemann, 1974). Así, en 1991, cuando se reunió la Asamblea Nacional Constituyente, dichos manejos del territorio se redefinieron como prácticas tradicionales de producción y dieron origen al más fuerte argumento para considerar a las comunidades negras como grupo étnico (Restrepo, 2005). La idea de las prácticas tradicionales de producción descansa sobre el supuesto de que son sostenibles. Así, las comunidades negras se asemejan a la idea del nativo ecológico que ha sido muy importante como justificación para definir los derechos territoriales indígenas (Hoffman, 2007: 44-45; Ulloa, 2004). Por tanto, el manejo del terrritorio por medio del control de los procesos productivos, además de la persistencia del carácter baldío de grandes porciones de la región, sirvió para apoyar la idea de expedir una ley "que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley"³⁶.

Notas

1 Agradezco a Mónica Hernández por su ayuda en la consecución de algunos documentos útiles para la elaboración de este artículo; a Ann Farnsworth por prestarme las notas que tomó en la Harvard Business School Baker Library que contienen información sobre Benjamin S. Pray; y a los dos evaluadores anónimos de la Revista Colombiana de Antropología por sus comentarios.

2 Este derecho, consagrado en el artículo transitorio 55, fue desarrollado posteriormente en la ley 70 de 1993.

3 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Ministerio de Agricultura. "Territorios colectivos entregados a las comunidades negras, cuenca del Pacífico colombiano, ley 70 de 1993, decreto reglamentario 1745 de 1995, años 1996-2006".

4 Los censos del Chocó de 1778, 1779, 1782 y 1783, muestran que las áreas con mayor número de libres coinciden con aquellas donde vivían más esclavos (Tovar et al., 1994).

5 El aumento considerable de los precios del caucho en la última década del siglo diecinueve y la primera del veinte motivó a muchos habitantes de la región a cultivar caucho, dado que la oferta natural ya había sido agotada. A diferencia de lo que sucedía con los árboles silvestres, a los cultivados se les extraía el látex sin tumbarlos. La mayoría de estos árboles -todos de la especie Castilla elástica- fueron cultivados por campesinos en sus predios, pero también hubo unas pocas plantaciones, casi todas en el Chocó. Ninguna de ellas estaba en producción en 1908 y se esperaba que las primeras comenzaran a producir en 1910. Pero con la caída dramática de los precios del caucho a partir de ese año el incentivo para cultivar caucho desapareció y las exportaciones, que de por sí eran pocas, cayeron. Algunos de los árboles sembrados fueron explotados durante la segunda guerra mundial (Leal, 2004).

6 Las palmas de tagua forman una subfamilia (Phytelephantoidae) de la gran familia de las palmas (Araceae), compuesta por tres géneros y siete especies. Tres especies del mismo género, Phytelephas tumacana, Phytelephas semannii y Phytelephas aequatorialis, que crecen en las selvas de Panamá, Colombia y Ecuador, produjeron la gran mayoría de la tagua que se comerció en el mercado mundial. Sobre información botánica de este grupo, véase Barfod (1991).

7 Carta de José María Reinel y Manuel Velasco al Presidente de la Nación, 28 de octubre de 1878. AGN, Fondo Baldíos, folios 291 y 292.

9 El Montaraz. Barbacoas. 1 de mayo 1878, 20 de julio de 1878; El Elector. Tumaco. 20 de noviembre de 1878.

10 AGN: Fondo Baldíos, Tomo 10, fols. 134-135, 300; Tomo 11, fols. 106-110, 210-242; Diario Oficial. Bogotá. 28 de agosto de 1889.

11 AGN: Fondo Baldíos, Tomo 17, fol. 377.

12 Carta de Francisco Otero, personero municipal de Bocagrande, al Ministro de Hacienda, 1 de noviembre de 1889. AGN: Fondo Baldíos, folios 107-109.

13 Carta de varios vecinos de Cajapí al Ministro de Hacienda, 28 de junio de 1889. AGN: Fondo Baldíos, Tomo 11, fols. 210-214r.

14 Decreto 552 de 1905, ley 30 de 1907, decreto 976 de 1907 y decreto 625 bis de 1910. Desde principios de la república hubo esfuerzos por reglamentar el arrendamiento de bosques y el otorgamiento de licencias de extracción de productos forestales. Sin embargo, en 1870 el gobierno declaró libre la explotación de los bosques nacionales, con lo que avaló la situación de hecho en las zonas donde se extraía tagua. En 1884 se estableció que todo aquel que quisiera explotar bosques nacionales debía obtener licencia, y en 1892 se hizo explícito que los explotadores de tagua quedaban cobijados por tal requisito. Sin embargo, no hay indicios de que esta normativa haya tenido mayor efecto. Tanto así que el gobierno de Rafael Reyes expidió las normas arriba mencionadas. Estas normas pueden ser consultadas en Botero (1994) y en Memoria del Ministerio de Industrias al Congreso Nacional en las sesiones ordinarias (1931).

15 Diario Nacional, No.13911, Bogotá, 8 de febrero de 1910, 119; Diot, 1975: 100.

16 AGN: Fondo Baldíos, Tomo 26, fol. 262-3, 610, 719-22; Tomo 33, fols. 11-12, 212; Tomo 34, fol. 261-2; Tomo 35, fols. 1, 43-44, 328, 564; Fondo Ministerio de Gobierno, Sección 1ª, Tomo 659, fol. 260-8; Tomo 677, fols. 65-72, 76.

17 AGN: Fondo Ministerio de Gobierno, Sección 1ª, Tomo 677, fol. 65-72.

19 En 1914, el gobierno nacional cedió al municipio de Tumaco el usufructo de los bosques nacionales que se hallaban en su jurisdicción (decreto 136). Para ejecutar tal medida se creó un impuesto a la exportación de tagua. Es decir que en Tumaco sí hubo que pagar derechos de recolección.

20 AGN: Fondo Ministerio de Gobierno, Sección 4ª, Tomo 51, fol. 404-408; Tomo 3, folio 450; Perry Belden, Chargé d’Affaires, al Secretary of State, Dec 1, 1917, NARA, M1294, Roll 26 821.6343/12, RG59; Report prepared by Vice Consul Thomas McEnelly, Buenaventura, notas de A. H. Noyes, Mar 14, 1923, NARA, RG59, 821.63/16, M1294, Roll 26, RG59.

21 Sobre la importancia de la libertad y la independencia para los negros libres en el siglo diecinueve en Colombia, véase Sanders, 2004a y 2004b.

22 La mayoría de la información sobre Pray se encuentra en las colecciones Atrato Mining and Development Company y Chocó Hydraulic Mining Company de la Harvard Business School Baker Library. Los libros de la notaría de Quibdó entre 1884 y 1908 también contienen información valiosa, por ejemplo: 1884: n.22, fol.52; n.46, fol.126. Se puede consultar igualmente Granger y Trewille, 1899: 83; Dreyfus, "Mining in the Chocó District", RG 84, Records of Foreign Service Posts, Consular Posts, Quibdó, Colombia, Vol.4, NARA.

23 AGN: Baldíos, Tomo 22, fol. 145; Tomo 24, fols. 252; Tomo 25, fol. 299. Fondo Ministerio de Minas, tomo 12.

24 AGN: Fondo Ministerio de Gobierno Sección 1ª, Tomo 965, fols. 1, 502-63. AGN: Baldíos: Tomo 33, fol. 552. AGC: Títulos de Minas, 1914-1934.

25 AGN: Fondo Ministerio de Gobierno, Sección 1: Tomo 836, fols. 108-150.

26 AGN: Fondo Ministerio de Gobierno Sección 1: Tomo 685, fol. 147-148; Fondo Ministerio de Gobierno, Sección 4ª, Tomo 63, fol. 398; Tomo 64, fols. 207-211; Baldíos, Tomo 26, fols. 625-6; Tomo 31, fol. 289; Tomo 33, fol. 215-6; Tomo 34, fol. 337; Los Avisos n. 12, Quibdó, 10 de junio, 1891; El Istmo n. 2, Istmina, 10 de agosto, 1912; Tomo 35, fol. 297-8, 322, 604-7.

27 AGN: Ministerio de Minas: Tomo 9, fols. 1-62, 195-267, Tomo 10, Tomo 12; Baldíos: Tomo 25, fol. 529, Tomo 29, fols. 623, 672; Ministerio de Industrias, "Memorandum sobre la propiedad minera en la intendencia nacional del Chocó", en Boletín de Minas y Petróleos, Tomo 10, n. 55-60, Bogotá, julio-diciembre 1933.

29 AGN: Ministerio de Minas: Tomo 12.

30 AGN: Fondo Ministerio de Gobierno, Sección 1ª: Tomo 920, fol. 324; Tomo 936, fol. 155-293; Tomo 977, fol. 141-144; Fondo Ministerio de Gobierno Sección 4ª: Tomo 139, fol. 23; Baldíos: Tomo 31, fol. 251; Tomo 32, fol. 406; Tomo 33, fol. 241; Tomo 35, fol. 303; Fondo Ministerio de Minas: Tomo 16; El Istmo, n.1, Istmina, 11 de julio, 1912, n. 12, 31 de agosto, 1913; n. 65, 18 de abril, 1918.

31 AGN: Fondo Ministerio de Minas: Tomo 16; White Uribe. E. "Código de explotación de minas para mineros pobres". Boletín de Minas y Petróleo. Órgano del departamento de minas y petróleo del Ministerio de Industrias. Bogotá, Tomo IV, Números 19 y 20, Julio-agosto de 1930, 12-13.

32 Notaría de Timbiquí: 1911: n. 23, fol. 81; 1912: n. 15, fol. 51; Sobre South American Mines 1908 Pt 4 L-P en http://archiver.rootsweb.com/th/read/SOUTH-AM-EMI/2000-09/0969297140; AGN: Sección: Archivo Anexo II, Fondo: Censos, Serie documental: Censos de poblaciones, Cauca, Caja: 20, Carpeta: 1.

33 AGN: Baldíos: Tomo 36, fol. 27; Tomo 37, fols. 152 y 239; Fondo Ministerio de Minas: Tomo 16, fol. 111-112.

34 Véase, por ejemplo, notaría de Timbiquí: 1911: n. 1, fol. 1; n.4, fol. 11; n. 11, fol. 33; n. 16, fol. 54; n.17, fol.57; n. 19, fol. 64; n. 21, fol. 73; n. 22, fol. 77; n. 25, fol. 95.

35 Resolución (y expediente) n. 18978 del 16 de julio de 2002 mediante la cual se otorga el territorio colectivo al Consejo Comunitario Mayor del Municipio de Condoto e Iró; resolución (y expediente) n. 002067 del 18 de noviembre de 2002 mediante la cual se otorga el territorio colectivo al Consejo Comunitario Negros Unidos (parte baja del río Timbiquí); Resolución (y expediente) n. 01120 del 16 de mayo de 2001 mediante la cual se otorga el territorio colectivo al Consejo Comunitario Renacer Negro (parte alta río Timbiquí). Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

36 Artículo transitorio 55, Constitución política de la República de Colombia, 1991.

ARCHIVOS CONSULTADOS

Sección República.

Fondo Ministerio de Gobierno Sección Primera.

Fondo Ministerio de Gobierno Sección Cuarta.

Fondo Baldíos.

Fondo Ministerio de Minas.

Archivo de la Gobernación del Cauca (AGC), Popayán. 36. Artículo transitorio 55, Constitución política de la República de Colombia, 1991.

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

U.S. National Archives and Records Administration (NARA), Washington.

RG 84 Records of Foreign Service Posts. Consular Posts. Quibdó, Colombia.

Notaría de Guapi: libros de la notaría de Timbiquí.

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El Elector, Tumaco, 1878.

Los Avisos, Quibdó, 1891.

El Istmo, Istmina, 1912.

Diario Nacional, Bogotá, 1910.

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