Antropología y "estudios de la violencia" en Colombia: en busca de una perspectiva crítica
Anthropology and "Studies of Violence" in Colombia: Looking for a Critical Perspective
Juan Pablo Vera Lugo
Departamento de Antropología
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
veraj@javeriana.edu.co
Recibido: 29 de sep. del 2014 - Aprobado: 24 de abril del 2015
Resumen
El presente artículo se enfoca en la investigación de la literatura antropológica que se ha producido sobre la violencia en Colombia, particularmente desde 1979 hasta 2010. Se presentan los trabajos de antropólogos colombianos que aportan y desarrollan líneas críticas sobre los estudios de la violencia en dicho periodo. Posteriormente, se revisa comprensivamente el trabajo de antropólogos que se han preguntado por la violencia en general, así como por la violencia política y étnica. El objetivo de este artículo es indagar por el papel de la antropología en el desarrollo y crítica de los estudios de la violencia en Colombia, así como por el planteamiento de una antropología que dé cuenta de las dimisiones ideológicas, culturales y materiales que estos estudios han producido y que han derivado en la formación del estado y diversas políticas públicas.
]]> Palabras clave: antropología de la violencia, estudios de la violencia, estudios críticos de la violencia.Abstract
This article focuses on the anthropological literature produced on Colombian violence, particularly from 1979 to 2010. The article observes with particular attention the work of Colombian anthropologists who provide and develop critical lines on the studies of violence during this period. Subsequently, the article reviews comprehensively the work of anthropologists who have investigated problems regarding violence in general as well as political and ethnic violence. The aim of this paper is to investigate the role of Colombian anthropology in the development and critique of the studies of violence as well as the importance of advancing a critical anthropological account of the ideological, cultural and material outcomes of these studies which have partially promote contemporary state formation processes and the development of a variety public policies.
Keywords: anthropology of violence, studies of violence, critical studies of violence.
Introducción
Hace veinte años, en un ensayo importante sobre la violencia, el terror y el estado, Carol Nagengast (1994) escribió:
En Colombia, por otra parte, los estudios sobre la violencia se han asociado tradicionalmente a los informes que han producido las diferentes comisiones de estudio llevadas a cabo en los últimos cincuenta años (en 1958, 1987 y 2013), y a las trayectorias y debates que adelantaron los investigadores y funcionarios que hicieron parte de dichas comisiones1. Estas comisiones, por mandato de diferentes gobiernos y en el marco del fin del conflicto o de las negociaciones de paz, han integrado diagnósticos elaborados por expertos que indagan sobre las causas de la violencia desde diferentes disciplinas. Por lo general, dichos informes contienen unas recomendaciones que han sido incorporadas, algunas veces y de manera parcial, por medio de políticas públicas y reformas institucionales. El presente artículo se pregunta por el lugar de la antropología y la etnografía en el contexto particular de la producción y difusión de los estudios de la violencia2, que proliferaron a partir de la década de los ochenta, específicamente con el informe Colombia: violencia y democracia, encomendado por el presidente Virgilio Barco después del fracaso de los diálogos de paz que se iniciaron en 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur. Con esto no solo se quiere señalar la importancia de la antropología en la construcción y en la crítica de estos estudios, sino también resaltar la utilidad de comprenderlos como una forma de conocimiento que ha contribuido a la construcción de un saber experto y de unas interpretaciones dominantes sobre el tema.
El presente artículo se enfoca en la literatura antropológica que se ha producido sobre la violencia en Colombia, particularmente desde 1979 hasta mediados de la primera década de este siglo. Se trata de una última fase que no necesariamente hace parte de los estudios de la violencia. Con este fin, se selecciona a autores representativos de este periodo y se señalan sus perspectivas, en el contexto de los estudios tradicionales sobre la violencia en Colombia. Se realiza una revisión sintética de la literatura producida por antropólogos que se han preguntado por la violencia, en general, y por la violencia política y étnica, en particular, abordando marcos, conceptos e ideas que han sido generadas y utilizadas por antropólogos colombianos para analizar la violencia y la violencia política en este país.
Antropología y violencia en Colombia
En Colombia no existe una "antropología de la violencia", ni un intento de sistematizar las manifestaciones complejas, los espacios y los actores de la violencia desde esta disciplina. A pesar de lo anterior, se puede decir que sí hay una serie de trabajos que han servido para explorar el concepto y las experiencias de violencia, una "cuestión que se ha convertido en la carga más pesada de los colombianos así como el mayor constructor de su identidad nacional" (Villaveces 2006, 305). Esta sección está dedicada a estudiar el papel de los antropólogos en el estudio de la violencia en Colombia, particularmente desde la emergencia de metodologías modernas y contemporáneas de las ciencias sociales y desde la creciente legitimidad de estas ciencias para investigar y producir conocimiento al respecto.
¿Una antropología de la violencia?
Graduado de la Universidad de Columbia en 1975 con una investigación titulada La violencia en Quindío, Jaime Arocha presenta un estudio de caso en el que se pregunta por la persistencia de la violencia y el crimen en esta región. El Quindío, centro del mercado del café desde la década del veinte, es uno de los departamentos donde la violencia política, conocida como, la Violencia3, tomó sus formas más trágicas, junto con Tolima, Viejo Caldas y Cauca. En la década de los setenta, la violencia continuaba presente en el Quindío y, de acuerdo con Arocha, esto se atribuía a los rezagos de las disputas partidistas más violentas entre liberales y conservadores, que ocasionaron un incremento dramático de homicidios, particularmente en las áreas rurales, entre 1930 y 1965 (1979, 19). Arocha señaló que en las sociedades agrarias "hay heterogeneidades sociales y económicas que implican diferentes intereses, los cuales, como en el caso de pequeños propietarios y jornaleros, motivarían hostilidades de clase en cualquier insurrección rural", e inscribió su argumento dentro del enfoque teórico norteamericano conocido como cultura y personalidad (1979, 21-28). En comparación con los sinuanos de la costa atlántica, sobre quienes había investigado previamente, Arocha percibió la agresividad de los quindianos. En el Quindío, la violencia —las acciones realizadas por héroes guerrilleros y bandidos, las riñas en los bares, las prácticas violentas relacionadas con los juegos, la cacería y el fútbol en el colegio— era el tema frecuente de las conversaciones y narraciones cotidianas de la gente.
Hacia el final de su estudio, Arocha no termina de desarrollar esta línea argumentativa a profundidad, pero su tesis se vuelve interesante en la medida en que revela su hipótesis: las manifestaciones de violencia en áreas rurales suelen volverse más frecuentes en la medida en que quienes cultivan la tierra se "descampesinizan". Con este término, Arocha se refiere al proceso en el que "el número de decisiones que un cultivador puede tomar sobre la optimización de su producción agrícola es reducido por un agente externo" (1979, 31-32). Para desarrollar su hipótesis retoma a Eric Wolf (1982), quien argumenta que la desigual distribución de riqueza, el hacinamiento, la malnutrición y otras características relacionadas con el subdesarrollo no son consecuencia de la marginalización de la economía de los estados del sistema capitalista sino, por el contrario, de la incorporación creciente de las áreas satélite (periféricas) a las áreas metropolitanas como proveedoras de materia prima (1979, 32).
Tomando como referente a Wolf, Arocha sostiene que la difusión del capitalismo noratlántico trajo trauma y conflicto a las sociedades campesinas. Según este autor, el incremento en el número de homicidios producidos por el impacto de la modernización agraria en el Quindío se relacionaba con la historia política del país y, dentro de ese contexto, se requería contemplar un tipo de violencia rural como la de los homicidios al azar4. Siguiendo este hilo conductor, Arocha muestra cómo, durante la década del cincuenta, la violencia política era inducida desde fuera del departamento de Quindío siguiendo fines políticos centralistas. Así, la violencia era atribuida a una serie de factores multicausales que ocurrían paralelamente a la Violencia y la política nacional. Arocha sostiene que los casos de homicidios al azar que estudió (atracos, asesinatos, peleas) no tenían relación alguna con el partido político de la víctima. Sin embargo, la imposibilidad de aclarar estos asesinatos y la débil presencia de las instituciones del estado en la región hicieron que fueran percibidos como crímenes políticos, de modo que las disputas locales pasaban por disputas políticas. Debido a la dificultad de periodistas y abogados para identificar los crímenes, con frecuencia estos fueron adjudicados a grupos o bandas opuestas a la afiliación política de la víctima (1979, 139). Una de las principales conclusiones de este trabajo es que los homicidios rurales al azar tienen las mismas características de los cometidos durante la Violencia y encajan dentro de la tipología criminal asociada a esta. Sin embargo, la tasa de homicidios sin precedentes, más que una consecuencia de conflictos bipartidistas, tiene que ver con la emergente tensión entre la economía capitalista en expansión y las tradicionales estructuras sociales campesinas, con sus relaciones de patronazgo.
Durante la década de los ochenta, Arocha continuó desarrollando su investigación sobre la violencia desde de las territorialidades étnicas, la etnicidad y el conflicto. También formó parte de la Comisión de Estudios sobre la Violencia en Colombia de 1987 y contribuyó a que, por primera vez, la violencia étnica fuera incluida dentro de las diversas formas de violencia recogidas en el reporte. El equipo de investigación estaba coordinado por Gonzalo Sánchez e incluía a los sociólogos Álvaro Camacho, Álvaro Guzmán y Carlos Eduardo Jaramillo; al politólogo Eduardo Pizarro; al general retirado Alberto Andrade, y a los antropólogos Darío Fajardo y Jaime Arocha. El informe Colombia: violencia y democracia, que fue presentado en 1988 por esa comisión, sin ningún poder vinculante, influyó decididamente en las interpretaciones oficiales sobre la violencia y en el desarrollo de políticas públicas, probablemente hasta la plena inserción del Plan Colombia (M. C. Ramírez 2011). Dicho informe sostiene que "la violencia tiene múltiples expresiones que no excluyen, pero sí sobrepasan, la dimensión política" (1988, 17). Los autores señalan la existencia de la violencia política y otras expresiones de violencia como el crimen organizado, la violencia doméstica y la violencia étnica. Todas estas formas "se ven reforzadas por una cultura de violencia que se reproduce a través de la familia, la escuela y los medios de comunicación como agentes centrales de los procesos de socialización" (1988, 11). La impunidad relacionada con la violación de los derechos humanos es abordada con preocupación en el informe. Según este, "la impunidad no solo es producto de la ineficiencia en los aparatos políticos y jurídicos sino también de una histórica desigualdad en el acceso a bienes materiales" (1988, 28). En este sentido, la violencia en Colombia tiende a ser un mecanismo para la resolución de conflictos que tendrían que ser solucionados mediante canales no armados.
]]> Arocha enfoca su capítulo en las formas de violencia asociadas a raza y etnicidad, y ofrece una interpretación de la violencia histórica ejercida sobre grupos indígenas y afrocolombianos, en relación con los efectos que tienen la colonización interna y la difusión de la violencia política sobre los acuerdos interculturales tradicionales y las formas de autoridad y convivencia que permitían la resolución pacífica de conflictos. En un libro compilado posteriormente (Arocha, Cubides y Jimeno 1998), en el capítulo "Etnia y guerra: relación ausente en los estudios sobre las violencias colombianas", Arocha (1998) critica el desarrollo de la violentología5 por ignorar las dimensiones étnicas de la violencia en Colombia. Asimismo, critica el informe Pacificar la paz, de 1994, elaborado por la Comisión para la Superación de la Pobreza, creada por la administración de Gaviria (1990-1994), en tanto lo considera un retroceso en comparación con los avances previos. Según Arocha, dicho informe se enmarca en un fundamentalismo cultural que marcha en contravía del pluralismo de Colombia: violencia y democracia. Mientras que este reconoce la etnicidad de los indígenas, los afrocolombianos y otros grupos campesinos, Pacificar la paz tan solo lo hace para los amerindios. En reemplazo de una complejidad trazable con la información disponible entre 1991 y 1992, este último subsume a los afrodescendientes en las categorías genéricas de "campesinos y colonos" (1998, 216). De esta manera, quedan ocultos aspectos cruciales de la violencia, como el carácter social y racial de los actores de la violencia y de las víctimas de las masacres y del desplazamiento. "[E]l ocultamiento de los afrochocoanos no depende de una carencia en el saber de técnicas de investigación científica, sino más bien en la infranqueabilidad que el fundamentalismo cultural les atribuye a los paisajes construidos desde la supuesta primordialidad indígena" (1998, 221).El antropólogo Darío Fajardo, que también participó en el informe de 1988, continuó con el estudio de la tenencia de la tierra en Colombia, la desigualdad rural, la crisis de la agricultura y el impacto de la violencia en dichos contextos. Uno de sus trabajos más recientes (Fajardo 2004) sobre la distribución de la tierra en Colombia señala las siguientes como las características más representativas de la década comprendida entre 1984 y 1996: el aumento de las grandes propiedades de tierra y la acumulación de esta en pocas manos, el detrimento de la propiedad a mediana escala y la continua fragmentación de la pequeña propiedad. Si a lo anterior se le suman la violencia, el desplazamiento y las continuas masacres, queda configurado un escenario en el que, a punta de sangre y fuego, la violencia paraestatal ha moldeado dominios territoriales, en un proceso de acumulación de ingresos institucionales que sigue un estilo primitivo (Fajardo 2004). Junto al fenómeno del desplazamiento y la ampliación de la frontera agrícola, continúa Fajardo (2004), la protección de los santuarios de biodiversidad —ricos en características climáticas y suelos— resulta poco atractiva para la producción agrícola o ganadera, que sigue los modelos tecnológicos dominantes. Así, estas áreas se convierten en escenarios para el desarrollo de economías extractivas que alimentan la financiación de la guerra. La exclusión de pequeños campesinos del acceso a la tierra, su acumulación en manos de pocos y la presión sobre áreas marginales han generado la mayoría de conflictos económicos y políticos.
Otro antropólogo, Francisco Gutiérrez (1998), analiza la violencia contemporánea en Colombia como una manera anormal de movilidad social que ya ha sido institucionalizada. Gutiérrez argumenta que esta se ha materializado no solo en la sociedad, por ejemplo en el narcotráfico, y en el estado, a través de la corrupción, sino también entre los actores armados. Con base en una serie de entrevistas realizadas a milicianos, Gutiérrez desarrolla el concepto de ciudadanía armada, que utiliza para referirse a la instrumentalización del lenguaje de los derechos y a la lucha de los grupos armados por ampliar la ciudadanía. Marco Palacios (1998) sostiene que Gutiérrez es convincente en demostrar, primero, cómo la violencia es cohesiva desde abajo y desde adentro de los grupos armados y, segundo, cómo en Colombia la violencia se articula mediante el lenguaje de la ley. Gutiérrez y Stoller (2001) señalan la relación particular que opera entre la ley y la violencia. En Colombia, los discursos legales se difuminaron a tal punto que activismos judiciales de todo tipo tienen lugar entre actores armados: grupos guerrilleros y paramilitares también utilizan discursos de derechos con fines estratégicos y, quizás, "humanitarios". En este sentido, la ley se ha vuelto un medio para que acciones de todas partes obtengan legitimidad, de modo que la ley y las normas quedan inscritas en una dinámica que es independiente de las instituciones judiciales. Como señalan Gutiérrez y Stoller (2001), "los asesinos aprenden a ser abogados" (65). De este modo, la relación entre la violencia y la esfera jurídica ofrece múltiples claves explicativas que dan luz sobre ciertas particularidades del orden social contemporáneo en Colombia.
Por otra parte, también es importante destacar el trabajo de Myriam Jimeno como una contribución central de la antropología al estudio de la violencia en Colombia, desde una perspectiva crítica, durante los últimos veinte años. El trabajo de Jimeno es de amplio alcance y transforma el ámbito tradicional de los estudios de violencia en Colombia. En vez de abordar la violencia política o la violencia espectacular causada por diferentes grupos armados o acciones terroristas, busca entender cómo es experimentada, representada y percibida la violencia por los actores en su cotidianidad, sin sacar de este microanálisis de experiencias personales y familiares el panorama más amplio de la violencia en relación con una crisis de estado, con inusuales formas de autoridad y con procesos más amplios de socialización. En este sentido, Jimeno entiende la violencia como un hecho social que está presente en una variedad de escenarios, situaciones encadenadas, relaciones, actores y procesos de aprendizaje de la cultura. Argumenta que hay personas, creencias, valores, expectativas, formas de comunicación y acciones individuales e institucionales relacionadas especialmente con la violencia:
Haciendo uso de métodos cualitativos y cuantitativos, Jimeno identifica los marcos bajo los cuales las personas comprenden y representan determinadas formas de violencia que van más allá de la violencia política y el terrorismo. Estas se relacionan con experiencias diarias que han sido incorporadas, así como con la violencia doméstica y los abusos de autoridad (por parte de la policía, el ejército, profesores, curas, jefes, etc.). Algunas de estas representaciones también se articulan, aunque tangencialmente, a formas de representación de la violencia más amplias, como la subversiva y la paramilitar. Al relacionar la violencia con el sufrimiento y la subjetividad, Jimeno argumenta que el énfasis maximalista de la concepción de la violencia en los estudios tradicionales no permite observar el desarrollo de los marcos de sentido personales y los mecanismos culturales y psicológicos (como la indiferencia) que permiten a los actores superar el sufrimiento y reorientar sus prácticas cotidianas (1998, 314).
Otro influyente artículo de Jimeno (2007) estudia lo que ella identificó como la relación entre el cuerpo personal y el político ¿Cómo se ve afectada la acción como ciudadanos de aquellos que han experimentado la violencia personal? La autora acude a una aproximación emocional y cognitiva para referirse a la comprensión de la violencia íntima y pública, y propone que el elemento central en la experiencia de la violencia es una arraigada desconfianza en la autoridad y en su incapacidad para mediar en los conflictos6. Lo anterior lleva a que las personas, sospechosas de las múltiples formas de participación colectiva, acudan a sus propias habilidades para la resolución de conflictos (2007, 2).
La violencia es un acto social disruptivo que conecta niveles de personalidad, interacción y estructura social, no solo a través del acto violento inmediato sino también mediante la producción de un sentido crítico común de la vida social (Jimeno 2003). La conciencia social ha sido afectada por un sentido fragmentado de lo social, que a su vez ha sido producido por un aumento en los tipos de violencia: hay una percepción de estar viviendo en una sociedad que contiene una variedad de fuerzas y tipos de violencia frente a las cuales las personas se sienten relativamente impotentes. Jimeno sostiene que esta percepción hace parte de una crítica cadena de aprendizaje, en la cual significados culturales y experiencias relacionadas con la violencia doméstica son referentes que orientan la vida pública. La representación cultural de la autoridad como algo arbitrario es un concepto clave y se encuentra en el corazón cognitivo y emocional de los actos de violencia pública y doméstica:
Ahora bien, los antropólogos también han encontrado en la violentología y en el violentólogo objetos de estudio en sí mismos. El trabajo de Santiago Villaveces (2006), en particular, presenta una fina aproximación crítica a la historia intelectual de los violentólogos y a su transición a la tecnocracia del estado colombiano en la década de los noventa, al pasar de la figura del "intelectual crítico" a la del "intelectual por la democracia" (2006, 313). En su trabajo, Villaveces explora cómo estos intelectuales se perfilan como agentes de cambio en el ejercicio mismo de construir narrativas sobre la violencia. El autor expone tanto las identidades que estos expertos adoptan como las utopías que defienden, de modo que muestra cómo la mirada de los violentólogos contempla ciertas críticas y a la vez invisibiliza otras (2006, 306). Villaveces critica el rol de los violentólogos en su vuelco hacia el proyecto de construir estado, que finalmente fracasó cuando, hacia finales del siglo XX, el conflicto tomó un curso inesperado con el aumento dramático del paramilitarismo y la degradación de los objetivos políticos e ideológicos de la guerrilla.
Aproximaciones a la violencia étnica y el etnocidio
El etnocidio en América ha sido abordado por muchos antropólogos e historiadores como la característica principal del colonialismo y como un presagio de lo que sería la formación de los estados modernos (Espinosa 2007; Gómez 1998; Taussig 1989; Todorov 1984). En Colombia, sin embargo, los reportes y noticias sobre cacería y masacres indígenas no solo hacen parte de la historia de la formación del estado sino que retratan prácticas cotidianas bastante naturalizadas, relacionadas con un proceso interno de colonialismo y presión capitalista por la expansión de la frontera agrícola. Hasta bien entrada la década de los sesenta, se escribieron noticias sobre la cacería de indígenas y las masacres aún continúan. A partir de lo anterior, intelectuales y académicos colombianos han relacionado la reciente violencia en Colombia con unas condiciones históricas ancladas en la colonia (Guzmán, Fals Borda y Umaña 2005). La incorporación de esta narrativa en estudios contemporáneos de violencia ha señalado como central la relación de la formación del estado con el genocidio, la raza/etnicidad y la violencia.
]]> En este sentido, Mónica Espinosa (2007) ha explorado la articulación entre colonialidad, modernidad y genocidio, centrando su análisis en las manifestaciones de la violencia social y política, enraizadas en el racismo y en las jerarquías epistémicas de la modernidad/colonialidad. La autora ofrece una interpretación del significado de genocidio como práctica de violencia y efecto del poder dentro de una mirada retrospectiva de la historia moderna de Colombia:Espinosa retoma la idea del totalitarismo sin régimen totalitario del filósofo colombiano Estanislao Zuleta, y la emplea desde el concepto de Susan Buck-Morssen de zona salvaje de poder, que sitúa a la violencia como esencialmente arbitraria (2007, 271). De este modo reflexiona sobre la dimensión simbólica de la violencia:
Para efectos empíricos, la autora explora la masacre en San José de Indias (Tolima) en 1931, con el objeto de investigar las implicaciones de la lucha indígena y la urgencia de reexaminar su política de memoria y sus reivindicaciones de autodeterminación (270).
Otro antropólogo que ha sido relevante en el estudio de la cacería indígena en la Colombia contemporánea es Augusto Gómez (1991, 1998). Revisando detenidamente archivos de la Corte Suprema, Gómez explora la cacería de indígenas guahibos por parte de colonos en los Llanos Orientales, una práctica conocida como cuivar o guahibar. En concreto, Gómez examina el caso de la masacre de Rubiela y las implicaciones más amplias de los testimonios dados por quienes la perpetuaron. En estos se afirma que ellos "no sabían que matar indios estaba en contra de la ley". El episodio, sostiene Gómez, no es más que otro capítulo de la guerra emprendida en contra de la población indígena, en un proceso de colonización interna y de incorporación general de "nuevas tierras" que se inició hacia el final del siglo XIX (Gómez 1998, 352).
La evidencia histórica recogida por Gómez le permite revelar un largo periodo de violencia étnica (desde 1870 hasta 1970), en el que acontecimientos aparentemente aislados compartían una misma causa: la lucha por la posesión, el dominio y la tenencia de la tierra y de los recursos naturales históricamente disponibles en esta región (1998, 388). Desde la llegada de los colonos y de la ganadería a territorios habitados por indígenas, surge un conflicto interétnico permanente que ha sido la base de un sistema social particular en el que emergieron nociones acerca de la naturaleza del indígena que lo catalogaban de "inmoral, perezoso, agresivo y salvaje" (1998, 348), y así justificaban la guerra terrateniente en su contra. Es alarmante cómo representaciones de raza y etnicidad operan aún hoy como indicadores sociales de clase y estatus en Colombia7. Otros antropólogos, como Marta Rodríguez (2008), han producido archivos y documentales en los que se registra el exterminio de varios grupos indígenas. Rodríguez revela la masacre de los pueblos sicuani y guahibo en 1970 en el Vichada, así como la que, en agosto del 2009, sufrió el pueblo awá en el mismo departamento, cuando veintiséis de sus miembros fueron asesinados. También documentó las matanzas de pueblos indígenas en Gran Rosario, ubicado en Tumaco, Nariño, cuando doce personas, incluyendo siete niños, fueron asesinadas.
En el clásico Herederos del jaguar y la anaconda, Nina de Friedemann y Jaime Arocha (1985) escribieron el capítulo "Aniquilamiento en metáfora", en el que se evoca vívidamente el abuso y la violencia ejercidos sobre las comunidades indígenas. Estos autores también problematizan la violencia a la cual ha estado sujeta la población afrocolombiana y desarrollan el concepto de asimetrías étnicas para señalar los conflictos y otras formas de violencia que derivaban de la invisibilidad de la gente negra afrocolombiana en la historiografía nacional, y en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. En contraste con un ininterrumpido reconocimiento de la etnicidad indígena, dicha invisibilidad política se da también respecto a las implicaciones contemporáneas de los procesos históricos de la trata, la esclavitud, las manumisiones, el cimarronaje y sus repercusiones traumáticas8.
En un estudio sobre el papel de Jaime Arocha y Nina de Friedemann en la definición de Colombia como nación multicultural, Pulido (2010) sostiene que la relevancia que adquirió el movimiento social de comunidades negras en el contexto de la puesta en marcha del multiculturalismo, promovido por la Constitución colombiana de 1991, se debe en buena parte al énfasis conceptual en la ecuación de la etnicidad y la violencia que abordó la Comisión de Estudios de la Violencia de finales de los ochenta. Es interesante, como también muestra Pulido (2010), el hecho de que Arocha, miembro de la comisión de expertos de 1987, fuese un comentarista importante en la reforma constitucional de 1991 y un comisionado especial para la elaboración de la Ley 70 de 1993.
No es coincidencia que el trabajo de Arocha y la creciente preocupación académica por el tema de la violencia confluyeran en la Asamblea Constituyente de 1991, para que se abrazara, dentro del contexto de reformas neoliberales, la incorporación de un modelo multicultural enmarcado en estudios de violencia. Esto produjo la inclusión de antiguos actores sociales y la democratización del proyecto colombiano de estado-nación. Sin embargo, es importante subrayar que los estudios antropológicos de la violencia en Colombia se concentraron en analizar la violencia y la exclusión indígena y afrocolombiana, una perspectiva que generó un nuevo marco de comprensión y transformó la manera como se entendía la violencia más allá del conflicto sociopolítico9. Hoy la etnicidad aparece como una forma particular de identidad politizada en la que esta se inventa y se resignifica para revitalizar ciertos aspectos políticos y culturales.
]]> Christian Gros (2010) sostiene que la etnicidad no solo ha tomado forma de política de identidad sino también de protección frente a intereses territoriales y de respuesta concreta a la violencia. La posición indígena sobre el conflicto armado ha sido usualmente distante y ha proclamado su imparcialidad. Dadas las condiciones históricas de violencia estatal en contra de comunidades campesinas e indígenas, lo anterior no debería resultar sorprendente. Gros argumenta que dicha actitud está enraizada en una reacción histórica en contra de las políticas del estado y del carácter de sus propias luchas (Gros 2010). Esta postura con relación al conflicto supone también unas políticas de la memoria acerca de la violencia que la desestabilizan como concepto y como objeto, y avanzan hacia una exploración de las prácticas y espacios para representarla.Violencia, memoria y resistencia
La violencia rural que azotó al país en las décadas de los ochenta y noventa estuvo asociada a la agudización del problema agrario, a las guerrillas y a la emergencia de grupos paramilitares. Estos problemas fueron de la mano con la propagación del narcotráfico, la influencia y las presiones del contexto internacional y la fragmentación institucional y territorial de Colombia (Centro Nacional de Memoria Histórica 2013, 111). El conflicto propició un proceso de urbanización y concentración urbana, especialmente en las ciudades menores pertenecientes a las áreas metropolitanas de los grandes centros urbanos del país y ciudades intermedias (Duncan 2015, 31). Esta situación transformó la naturaleza del trabajo antropológico, que hasta ese momento estudiaba fundamentalmente los territorios periféricos y de frontera para el estado. El aumento de la población urbana transformó el paisaje demográfico; les añadió conflicto y desesperación a la pobreza y a la miseria que ya existían en las principales ciudades del país y generó una situación que no podía ser ignorada por la disciplina. Junto al desarrollo de una antropología más urbana, la violencia tomó unas dimensiones nuevas e inesperadas que no habían sido previstas por los violentólogos a comienzos de los años ochenta: más de 5.700.000 personas desplazadas hacia las ciudades que se volvieron objeto para el ejercicio de todo tipo de violencia.
Quizás sea María Victoria Uribe la antropóloga más prolífica en el estudio de la violencia, el terror y la memoria desde los inicios de los años noventa. Como antropóloga e historiadora, Uribe está interesada en el estudio de las masacres, el desarme y la población vulnerable como fenómeno social continuo en la historia colombiana contemporánea (Uribe 2004a, 4). En su trabajo más temprano (1990), examinó 250 masacres perpetradas durante la Violencia, entre las décadas de los cincuenta y los sesenta. La autora señala el carácter sacrificial y simbólico de las masacres cometidas en ese entonces y posteriormente retoma su estudio, dada la reaparición de estas durante los años ochenta y noventa (Uribe 2004a, 2004b). Uribe analiza 1.200 masacres, que ocurrieron entre 1980 y 1992, a partir de lo que ella llamó operaciones semánticas, que consisten en transformar al otro en algo menos que humano (2004a, 5). Estas tecnologías del terror buscaban expulsar a habitantes rurales de sus hogares para así consolidar el control territorial. Uribe señala que, si bien dichas masacres son una recurrente práctica social, las alteridades específicas alrededor de las cuales son construidas han cambiado de un periodo al siguiente. Así, la obsesión por manipular el cuerpo del otro, como ocurría durante la época de la Violencia, fue reemplazada recientemente por una faunalización que imitaba la matanza industrial del ganado, lo que llevó a una reducción de la persona (2004b).
Autores representativos, como Aparicio (2012), Blair (2004, 2009, 2011), Castillejo (2000), M. C. Ramírez (2004), Riaño (2006), Roldán (2002) y Salcedo (2008), han realizado contribuciones a los estudios de la violencia que están relacionadas con la visibilización del narcotráfico, el desplazamiento forzado, la diseminación de los derechos humanos, las crisis humanitarias internas, la justicia transicional y las políticas públicas. Han examinado cómo estos fenómenos se articulan con expresiones sociopolíticas y espaciales, en contextos territoriales urbanos y rurales donde indígenas, afrocolombianos y campesinos dan sentido a la violencia y al mismo tiempo resisten frente a acciones impuestas por diferentes formas de poder. Este es el caso de los trabajos etnográficos que han realizado con grupos de víctimas y desplazados, en los que han estudiado las diferentes formas de articulación social y política en comunidades de paz, zonas de reserva campesina o en distintos contextos de marginalidad y poblamiento urbano.
Hacia una antropología crítica de la violencia
La antropología contemporánea ha desarrollado un amplio y fructífero acervo de conocimiento sobre la violencia como campo de investigación. En los últimos años, los académicos han repensado la relación entre violencia, formación del estado, narrativas de estado-nación e identidad (Coronil 1997; Coronil y Skurski, 2006; Feldman 2003; Foucault 2003; Geyer 2002; Malkki 1995; Nelson 1999; Siegel 1998; Taussig 1997; Zulaika 1988). De manera similar, otros antropólogos, reto-mando perspectivas de estudio más tradicionales, han destacado la emergencia conflictiva del estado, las identidades y las subjetividades (Althusser 1972; Aretxaga 2003, 2005; Bourdieu 1998; Das y Poole 2004; Desmond y Goldstein 2010; Gramsci, Hoare y Nowell-Smith 1972; Taussig 1992).
De igual forma, los antropólogos han registrado la tensión emergente de los proyectos nacionalistas en contextos poscoloniales (Bhabha 1990; Chatterjee 1993; Geyer 2002; Siegel 1998), estudiando la histórica problematización del otro (Espinosa 2007; Gómez 1998; Siegel 1998; Tausig 1989, 1987; Todorov 1984; Trouillot 2003) y dando cuenta de las dimensiones ritualizadas y colectivas de la violencia y la violencia política contemporánea (Appadurai 2006; Feldman 1991; Malkki 1995; Nugen 1988; Taylor 2002; Uribe 1990, 2004a, 2004b; Uribe y Vásquez, 1995). De otro lado, los antropólogos también han abordado el problema de la violencia cotidiana (Auyero y Swistun 2009; Bourdieu y Wacquant 2007; Espinosa 2010; Farmer 2004; Han 2011; Jimeno 1998, 2003; Taussig 1989) y de la experiencia corporalizada de la violencia (Das 2006; Foucault 1999; Scarry 1985; Taussig 1984). En este contexto, también diferentes perspectivas etnográficas han dado cuenta, no solo de las dimensiones materiales de la violencia, sino de sus manifestaciones en el tiempo y en el espacio (Arocha 1979; Das y Poole 2006; Feldman 1991; Panourgiá 2009).
Tal como lo han señalado algunos de estos estudios, la violencia más dramática y menos evidente, porque la damos por natural, es la violencia estructural que invisibiliza las relaciones de producción y fragmenta las formas sociales de organizaciones (Arocha 1979; Farmer 2004; Han 2011; Taussig 1980). Esta forma de violencia se encuentra fijada en vínculos de poder y micropoder, mediante relaciones históricas de producción y mecanismos naturalizados de explotación de individuos, grupos y organizaciones. No obstante, estos fenómenos encuentran resistencias en manifestaciones creativas, de agencia y organización social (Auyero 2009; Espinosa 2010; Jimeno 2006; Sanford 2004).
Los antropólogos también han hecho variadas contribuciones a la comprensión de experiencias subjetivas, afectivas, emocionales e incorporadas de violencia (Aretxaga y Zulaika 2005; Das 2007; Feldman 1991; Ochs 2006; Taylor 2002). En particular, los académicos han relacionado la formación subjetiva de la víctima y su trauma con estrategias de posconflicto para transformar los diseños institucionales de gobernanza estatal (Fassin y Rechtman 2007; Humphrey y Val-verde 2007; Petryna 2013) y han analizado las intersecciones entre victimidad10 y política (Jeffery y Candea 2006). Respecto a esto último, han argumentado que la victimidad es un hecho mediado, rastreable mediante el análisis de procesos históricos específicos (Ochs 2006), como es el caso de la construcción social del pueblo judío como víctima, o del pueblo palestino y, por no ir más lejos, de las víctimas de secuestro o de los falsos positivos en Colombia.
]]> Por último, la antropología también ha discutido la transformación del estado-nación en contextos de transición política (Borneman 1997; Hinton 2010; Robben 2010; Wilson 2001) y ha pasado del análisis del terror al del trauma, para representar los daños históricos sufridos por individuos y comunidades (Das 1995; Degregori 2004; Humphrey 2003).A diferencia de muchos de estos estudios, los antropólogos colombianos —ubicados tanto en la periferia como en el centro de proyectos coloniales y capitalistas— se han tenido que enfrentar y relacionar con el estado como críticos y como constructores, con las contradicciones que dicha tensión produce. La antropología colombiana en esta materia ha aportado a la reflexión sobre la violencia en Colombia y cuenta con un inmenso acervo de conocimiento sobre las problemáticas nacionales y territoriales, además de haber impactado en la historia de la conformación de comisiones de expertos, de cuyos hallazgos se han derivado políticas públicas y de seguridad. Ese es el caso de la Comisión de Estudios de 1987 y del Grupo de Memoria Histórica, que hacen parte de un escenario de incorporación de un nuevo marco de interpretación del pasado centrado en la memoria del conflicto desde la perspectiva de las víctimas.
Por otra parte, encontramos las variadas perspectivas de análisis que los antropólogos han estudiado por fuera de los marcos de la violentología expuestas en este artículo, que enfatizan las múltiples formas en las que el poder es configurado y en las que la violencia se naturaliza. Estas perspectivas coinciden con los violentólogos en señalar que el origen de la violencia se afinca en problemas estructurales, pero puntualizan que estos problemas están asociados al avance del capitalismo y de la colonización (Arocha 1979), y a la lucha constante por el territorio y la propiedad de la tierra (Fajardo 2004). También señalan los problemas ligados a la exclusión histórica de los grupos étnicos (Friedemann y Arocha 1985; Gómez 1998), que se traduce hoy en formas de exclusión territorial, étnica y social. Así mismo, se han realizado análisis de las manifestaciones espectaculares de la violencia, como las masacres, y su carga simbólica y semántica (Uribe 1990, 2004a), que condensa los aspectos más abigarrados de una cultura del miedo y el terror (Taussig 1989). Igualmente, hay análisis asociados a expresiones más sutiles pero contundentes, como el uso de la norma y el derecho para legitimar la fuerza ejercida por diferentes actores (Gutiérrez y Stoller 2001). Todos estos procesos son manifestaciones de un fenómeno histórico y latente muy problemático, sobre el cual es importante reflexionar más profundamente, que está en consonancia con lo planteado por Espinosa (2007): el problema asociado al otro como enemigo, ese otro que es casi el mismo (Espinosa 2007). Este panorama general evidencia las tensiones y las contribuciones de la antropología a los estudios de la violencia, y así resalta el problema de la otredad epidérmica, étnica y cultural, pero también la importancia de articular una cartografía del conocimiento sobre la violencia.
Es claro que problemas como la violencia racial, étnica, cotidiana y estructural están aún lejos de ser parte de un diagnóstico generalizado del problema de la violencia en Colombia y de políticas públicas para enfrentarla. Como muestra este artículo, algunos antropólogos han tratado de descentrar el problema de la violencia política señalando los aspectos de clase, género y raza que históricamente han justificado unas formas de violencia de unos sobre otros. Las causas de este tipo de violencia se atribuyeron en algún momento a los problemas estructurales asociados a la desigualdad y a la inequidad social. Sin embargo, hoy los conceptos de violencia y conflicto son predominantes y son también movilizados activamente por instituciones del estado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y grupos de interés que utilizan este saber para activar agendas políticas, como en el caso de la política pública para el fin del conflicto, que soslaya sistemáticamente los problemas asociados a la cultura, la educación y la desigualdad social. En este sentido, es válido afirmar que el saber que se ha producido sobre la violencia tiene una diversidad de efectos sociales que es importante rastrear, y que el no hacerlo puede impedir plantear salidas críticas a las teorías y a las manifestaciones de la violencia.
De esta manera, podemos preguntarnos también, por ejemplo, ¿cuál es el carácter "productivo" de la violencia en nuestro contexto, en relación con la formación del estado, el desarrollo económico y las relaciones sociales, políticas y de parentesco tejidas entre los intereses públicos y privados? ¿Cómo afectan las dimensiones ideológicas de la violencia a la organización de alternativas y a las prácticas económicas y políticas más democráticas? ¿De qué manera el giro hacia una perspectiva más subjetivista e histórica en los estudios de la violencia determina la comprensión del conflicto en Colombia y la proyección de la política pública? ¿Qué marcos conceptuales y teóricos sobre la violencia y la paz sustentan el direccionamiento de las instituciones públicas y académicas, y cuáles de estos son promovidos por las organizaciones sociales, las ONG, la cooperación internacional y los organismos multilaterales? ¿De qué manera los sujetos se apropian de dichos marcos y crean nuevas epistemologías? Algunas de estas preguntas y otras, que van en la misma dirección, pueden resultar pertinentes para el desarrollo de una antropología crítica de la violencia que tenga la posibilidad de comprender los alcances de los saberes expertos y alternativos, y a su vez, de contribuir al análisis de las políticas públicas, de sus lugares de enunciación y de su implementación.
Pie de página
1 De acuerdo con Jefferson Jaramillo (2014), desde 1958 se han constituido al menos doce de estas comisiones. Sin embargo, el autor retoma tres hitos centrales en las investigaciones sobre los estudios de la violencia: la publicación del informe de la comisión investigadora de 1958, La violencia en Colombia, de Guzmán, Fals Borda y Umaña; la publicación del informe Colombia: violencia y democracia, de 1987; y el Basta ya Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en 2013. Al mismo tiempo, muchos de estos estudios influenciaron políticas sociales como el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) o la Red de Solidaridad Social (RSS), en su momento .Referencias
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