Campos en movimiento. Algunas reflexiones sobre acciones colectivas de pobladores rurales en Colombia

Ruralities in Movement. Reflections on Collective Actions of Rural People in Colombia

Flor Edilma Osorio Pérez
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
floredyosorio@gmail.com

Recibido: 1° de octubre del 2015 Aprobado: 22 de abril del 2016

Resumen

El texto examina y analiza las tendencias de un conjunto de acciones colectivas diversas de la población rural en Colombia, que dan cuenta de ciclos de protesta e inconformidades acumuladas, así como de espacios colectivos locales que se construyen para resolver pequeños y grandes problemas cotidianos. Se sistematizaron 158 acciones colectivas, distribuidas en 23 departamentos del país, la mayoría desarrolladas a partir del año 2000. El análisis identifica problemas, necesidades e intereses que articulan y expresan viejos y nuevos desafíos, y recoge reflexiones de conjunto sobre los procesos, actores y acciones tradicionales y emergentes. La diversidad de acciones colectivas, escenarios y alcances expresan el movimiento permanente de pobladores rurales -marcado por protestas y propuestas concretas- y corroboran su capacidad y vigencia como actores políticos.

Palabras claves: acciones colectivas, campesinos, indígenas, afrodescendientes.

This article examines and analyzes trends in a diversity of collective actions carried out by rural populations in Colombia, which reveal cycles of protest and accumulated dissatisfaction, as well as local collective spaces to solve major and minor problems of everyday life. 158 examples of collective actions, most of them carried out from 2000 onward, in 23 departments of Colombia, were systematized. This analysis identifies problems, needs, and interests that articulate and express old and new challenges, and offers broad reflections on traditional and emerging processes, actors, and actions. The diversity of collective actions, their scenarios and scope, express the permanent movement of rural people -marked by concrete protests and proposals- and corroborate their capacity and validity as political actors.

Keywords: collective action, peasants, indigenous people, afro descendants.

Introducción¹

A políticos, prepolíticos, apáticos, conformistas y resignados son algunos de los calificativos con los cuales se suele valorar la dimensión política de las expresiones organizativas y asociativas de los pobladores rurales del país². Al tiempo que se estigmatiza esta dimensión, se refuerza la noción de vanguardia autoasignada a la ciudad, asociada con la concentración de los espacios del conocimiento académico, la tecnología, las decisiones y el poder en todas sus expresiones y dimensiones (Zibechi 2007). Alrededor de estos atractivos condensados en pocos lugares, asistimos a procesos vertiginosos y muchas veces agresivos de urbanización, anclados al sector terciario, mientras lo agropecuario y rural se relega de manera simbólica a lo marginal, al asociarlo con lo premoderno. Como lo señala Echeverría, "la gran ciudad capitalista se considera a sí misma absoluta, necesita del campo pero solo como apéndice suyo. Se plantea a sí misma capaz de improvisar un campo artificial hecho a su medida" (2013, 76). Sin embargo, al tiempo que se fomentan procesos de marginalización y empobrecimiento del campo y desplazamiento hacia la ciudad, se favorecen nuevos usos del espacio rural para industrias extractivistas, ganadería extensiva y agronegocios, entre otros.

En medio de espacios jerarquizados e impuestos, quienes habitan el campo también cuestionan y subvierten ese lugar asignado. Un movimiento permanente y a veces imperceptible de pobladores rurales, marcado por acciones contestatarias, dinámicas organizativas y prácticas diversas, permite corroborar su vigencia como actores políticos concretos; desde lugares particulares intentan transformar sus territorios, asumiendo muchas veces propuestas organizativas de orden regional y nacional. Reconocer y analizar estas tendencias es el propósito de este texto que busca visibilizar tanto ciclos de protesta que recogen inconformidades acumuladas, como espacios colectivos locales y microlocales que se construyen para resolver pequeños y grandes problemas de la vida cotidiana. Planteamos que unos y otros constituyen expresiones de participación y fortalecimiento organizativo desde el sector rural.

El estudio en el que se basa este artículo se inscribe en lo que Hall denomina método de empirismo teorizado, que retiene la referencia empírica concreta como un "momento" privilegiado para la reflexión teórica (Hall en Grossberg 2006). Lo concreto que se estudia aquí son acciones colectivas diversas de la población rural en Colombia; cada caso encarna una "condensación de diferencias" que es a la vez una "unidad articulada" a otras (Hall en Grossberg 2006, 48). Por lo mismo, una práctica política "no es nada por sí sola [...] sino dentro de una serie de relaciones" (Hall en Grossberg 2006, 49).

El texto se divide en cinco secciones. En la primera se precisa la metodología que da soporte a estas reflexiones y que se inscribe en la relación dinámica y de doble vía entre la docencia y la investigación. En la segunda se discuten algunas cuestiones relacionadas con el alcance y los límites de la categoría de acción colectiva y su vínculo con otras, como los movimientos sociales, organizaciones y resistencias. La tercera hace referencia a las razones y motivaciones que están detrás de estas acciones colectivas, mientras que la cuarta sección centra su análisis en los actores e identidades de tales acciones. La quinta y última parte recoge los repertorios y estrategias que se identifican en estos procesos colectivos, para cerrar con unas reflexiones finales.

Reflexiones metodológicas

La fuente empírica de este análisis es la sistematización de 158 experiencias de acciones colectivas rurales -recopiladas durante 5 años (2009 2014)-, seleccionadas por los estudiantes del curso de Problemas Rurales de la Maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá³. Los casos, que deben estar vinculados con el entorno rural, son identificados por cada estudiante a partir de sus motivaciones personales y posibilidades prácticas para su documentación a través de fuentes bibliográficas y entrevistas a los protagonistas. Los análisis consideran actores, procesos, territorialidades, temporalidades, conflictos, entre otros aspectos. En su gran mayoría, los estudiantes optan por documentar y analizar casos de sus regiones y municipios de origen, y dan cuenta de un sin número de acciones colectivas inéditas; y aunque se centran en tiempos y espacios concretos, no tienen la misma calidad y alcance⁴.

El proceso de sistematización de experiencias permitió organizar una información disponible aunque dispersa y poco valorada en la investigación, como son los trabajos de los estudiantes. No hubo una directa injerencia nuestra en la selección de las experiencias, ni una decisión previa de investigar que motivara el ejercicio solicitado. Por el contrario, lo que estimuló la iniciativa de investigación fue el reconocimiento de la existencia de materiales significativos no solo por su número sino por la documentación realizada.

Los casos disponibles se sitúan en 25 de los 32 departamentos del país⁵. De cada 10 experiencias, 8 ocurrieron en los últimos 15 años (2000 a 2014) y muy pocas tienen una temporalidad más amplia. En su gran mayoría se refieren a la esfera local y regional, y solo una minoría son de orden nacional. La riqueza de estos ejercicios radica en el carácter inédito de buena parte de ellos. Si bien los casos sistematizados no tienen pretensiones de representatividad, ponen en evidencia la existencia y diversidad de acciones colectivas rurales, razón por la cual son materiales que posibilitan diferentes rutas analíticas. Aquí se propone una de ellas.

Empleamos la categoría de pobladores rurales para dar cuenta de una diversidad de grupos: poblacionales campesinos, indígenas, afrodescendientes, productores y pobladores en general, con actividades y conflictos particulares, tanto de veredas como de algunas cabeceras municipales. Este análisis privilegia las voces y experiencias de aquellos que no forman parte de las estructuras de poder o que se encuentran en sus márgenes. Justamente por eso, porque no son escuchados, ni sus necesidades valoradas, construyen acciones colectivas diversas, que van desde la exigibilidad de acuerdos y derechos, hasta procesos de autonomía e incidencia territorial.

De las inconformidades a las acciones colectivas

La acción colectiva es entendida aquí como una experiencia social que involucra a un grupo de personas -en este caso pobladores rurales en toda su diversidad-, con un propósito específico orientado a resolver una dificultad, exigir la garantía y cumplimiento de un derecho, confrontar un trato indigno o expresar un desacuerdo por una situación que afecta sus vidas. Por ello, la acción colectiva es asumida en tanto categoría amplia que recoge diversas expresiones y denominaciones, que van desde acciones puntuales hasta procesos más densos y prolongados, desde experiencias locales hasta dinámicas en red que aglutinan variados actores y espacios colectivos. Asimismo, abarca acciones claramente contestatarias, procesos de organización social y prácticas políticas cotidianas más silenciosas.

No todas las acciones colectivas son de orden político, ni llegan necesariamente allí. Sin embargo, es interesante dar cuenta de cómo cualquier acción colectiva, por restringida o funcional que sea, tiene un potencial enorme para activar dinámicas de orden político. Corresponde a lo que Bloch (2004) denomina lo que todavía no es o que aparenta no ser, cuando se valora no solo su estado actual sino su potencial activo. Es el caso, por ejemplo, de las nuevas realidades que se configuran con las explotaciones y concesiones minero energéticas, como las de la provincia Sogamuxi (Boyacá) (Escobar y González 2016) o los procesos de defensa del territorio que se han consolidado y reposan en las juntas de acueductos veredales de Tasco, Pesca y otros municipios de la región. Aunque no existe una motivación política explícita en la creación y conformación de estas juntas, el hecho de administrar el agua para un grupo de vecinos permite la creación y fortalecimiento de relaciones de vecindario y confianza, la toma de decisiones, el manejo de conflictos cotidianos, entre otros, que en coyunturas de amenaza al territorio los convierten en actores con enorme capacidad de movilización y legitimidad política.

¿Entonces qué son? Nos preguntamos con cierta incomodidad y afán de definirlos. ¿Son organizaciones? ¿Son movimientos sociales? ¿Son acciones colectivas? La mirada desde las potencialidades de estos procesos exige situar las realidades en el centro del análisis. Es el contexto territorial, y las tensiones que allí se despliegan, lo que motiva el encuentro y la acción colectiva. Así, frente a realidades dinámicas, las personas y sus acciones adoptan formas de plantear y resolver los problemas que desafían las categorías existentes en las cuales no se dejan atrapar.

La zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra (Pinto, Cifuentes y Joven 2016), por ejemplo, da cuenta de un proceso organizativo consolidado, con dinámicas de producción agropecuaria y de formación de redes de trabajo internas. Anima al movimiento campesino del país, del cual forma parte, promoviendo dinámicas de resistencia y crítica a las políticas agropecuarias y formulando propuestas. A su vez, desarrolla protestas masivas y sostenidas en respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por grupos paramilitares y el ejército.

Condiciones y motivaciones que activan la inconformidad

Los campos de demandas los comprendemos aquí como espacios sociopolíticos con actores particulares, que enfrentan estructuras de poder específicas, con diferentes recursos en juego, así como ritmos, tiempos y urgencias particulares, en el marco de diversas escalas de acción y resonancias variadas de legitimidad en la sociedad. Estos campos, que están en permanente construcción, Campos en movimiento son entendidos como sistemas estructurados de posiciones, con reglas y apuestas específicas, en los cuales se desarrollan luchas y alianzas entre diferentes agentes por un capital material y simbólico distribuido de manera desigual (Lahire 2002)⁶. Las demandas, en tanto motivaciones o detonantes de una acción colectiva, hacen hincapié en el carácter contextual de las acciones colectivas. Por ejemplo, las exigencias a comandantes de grupos armados, los procesos organizativos de grupos de personas en situación de desplazamiento forzado, los ejercicios de memoria y duelo que reconstruyen y conmemoran hechos dolorosos, como masacres y desapariciones en tomas armadas de poblaciones, se sitúan en el campo de acciones colectivas derivadas de la guerra. Remiten a expresiones colectivas que agencian fracturas sociales provocadas por el conflicto, en medio de una correlación de fuerzas, en el nivel local, pero articuladas con disputas armadas de orden nacional.

Las fronteras entre los campos son porosas y fluidas dado que las dinámicas colectivas articulan demandas plurales. Además, en su caminar -y en la medida en que se explicitan logros y dificultades- los actores redefinen intereses, capitalizan aprendizajes y desplazan los centros de atención y de interpretación de la realidad. Así, en el Bajo Cauca (Antioquia), los impactos de las fumigaciones de cultivos ilícitos han sido el punto de encuentro de comunidades indígenas y campesinas desde el año 2009 (Martínez 2016). La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) lideran el proceso y han generado estrategias no solo de movilización, denuncia y seguimiento a los acuerdos realizados con el Gobierno, sino frente a diversas problemáticas de orden comunitario que los aquejan. Así, las acciones colectivas desarrolladas inicialmente por el impacto de las fumigaciones se enmarcan en el contexto de la guerra, pero la trascienden y complejizan al considerar otras propuestas de orden socioeconómico y ambiental, que no se cristalizan necesariamente en demandas directas de intervención y acción institucional. A continuación se presentan los campos de demandas definidos en este análisis.

Las demandas y propuestas derivadas de la guerra se sitúan en condiciones límite y tienen con frecuencia un carácter urgente. En ese caso, los pobladores rurales construyen demandas y propuestas en medio de condiciones desesperadas y peligros inminentes, cercados por la desconfianza que impone la lógica de la guerra pero sacando valor del miedo que paraliza. Actuar colectivamente en medio de tales condiciones implica nuevos riesgos y, a la vez, descubrir posibilidades de resistencia para enfrentar con palabras el poder arbitrario de las armas. Aquí encontramos reclamaciones directas a diversos actores armados -incluyendo el Ejército Nacional- por hechos considerados injustos, que se dan en tiempos muy cortos para salvar de la muerte o del destierro a un vecino, en departamentos como Meta, Sucre y Cesar. También hay acciones que se inscriben en procesos inciertos y frágiles pero de larga duración, de comunidades desplazadas por la guerra que buscan recomenzar en otros lugares rurales, como las que se registran en Guaviare y Caquetá, o retornar a sus lugares de origen luego del destierro en Antioquia, Magdalena o Norte de Santander. Igualmente, están las experiencias diversas de protesta y discusión con el Estado sobre los impactos de las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito en Norte de Santander y Putumayo (Castro 2016; Pallares 2016), entre otros.

Las acciones de reconstrucción de memoria y manejo de duelos, impulsadas especialmente por mujeres, las marchas contra la guerra y los actores armados y algunas dinámicas de reconciliación entre pobladores -como la sucedida en la zona del Ariari (Meta) desde 1998 (Castañeda 2016)-, que buscan trastocar los referentes de miedo y señalamiento fomentados por los actores armados en función del control militar territorial, forman parte de este múltiple quehacer político en medio de la guerra.

Demandas y propuestas encaminadas a la autonomía. Las demandas de autonomía territorial surgen de la insatisfacción de grupos sometidos a una exclusión histórica en el marco de sociedades nacionales. Más que un estado, es un proceso constante y exigente de autogobierno, democracia directa y autodeterminación. Es "horizonte de una práctica que intenta superar la injusticia y alienación de un orden impuesto y empujar la emancipación colectiva, la dignidad, la esperanza, como un proceso activo, consciente, creador y creativo" (Thwaites 2013, 11).

Construir autonomía territorial exige cohesión interna, formación política, decisión y prácticas colectivas que permitan asumir las riendas de su territorio. Es un camino de largo plazo, con muchos aprendizajes y tropiezos, con claridades que se van precisando y ajustando en el recorrido y que pasan también por la resignificación del lugar físico y simbólico de estos grupos en la sociedad. Las demandas autonómicas usualmente son vistas con desconfianza, como potenciales amenazas de fragmentación de la sociedad nacional. En contextos de guerra tales recelos adquieren mayor relevancia, y sus propulsores fácilmente son estigmatizados como enemigos de la paz, insurgentes y transgresores.

Estas acciones colectivas expresan procesos configurados a partir del reconocimiento de campesinos, indígenas y afrodescendientes como actores sociales específicos y diferenciables (Osorio y Ferro 2014). Si bien pueden surgir en el marco de la guerra, potencian la autonomía de los pobladores rurales como una manera no solo de tomar distancia de los actores armados -incluyendo al mismo Estado- sino de construir alternativas basadas en la producción solidaria, el conocimiento propio y la capacidad de análisis. Por ejemplo, en Arboleda (Nariño) (Moreno 2016), la Asociación Agroambiental de la Arboleda (Asoagrar), surge con el propósito de crear granjas agroecológicas basadas en la recuperación de semillas nativas, la producción orgánica y el fortalecimiento de los mercados locales frente a los nefastos impactos de las economías de bonanza (quina, maíz y, recientemente, cultivos de coca), que van desde el secamiento de fuentes hídricas hasta el desplazamiento masivo de más del 60% de sus habitantes.

Las acciones colectivas de los pobladores afrodescendientes e indígenas están sustentadas en la relación ancestral con la tierra. Las luchas por el acceso a la tierra y la conservación de sus territorios motiva de manera histórica a estos pobladores, aunque sus estrategias tienden a variar en el tiempo, y transitan de las acciones directas hacia la incorporación de iniciativas de orden jurídico. Es el caso de los pobladores afrodescendientes de La Sierra, en Chiriguaná (Cesar) (Umaña 2016), cuyas luchas se remontan a las décadas de 1940 y 1950, cuando surgen estrategias de despojo por parte de familias adineradas de la región. Pasan luego por la defensa de las sabanas comunales en las décadas del sesenta y setenta, la llegada de grupos armados a la región entre los ochenta y los primeros años del 2000 y, finalmente, los procesos de organización bajo la figura del consejo comunitario y las estrategias orientadas a la titulación colectiva de sus territorios.

Por su parte, en San Andrés de Sotavento (Córdoba), en octubre del 2005, el resguardo indígena zenú se declara territorio libre de transgénicos (Henao 2016). Esta iniciativa, apoyada por más de 300 líderes y autoridades indígenas, y ratificada en el 2010, incluye medidas como: la destinación del 5 °% del presupuesto de las transferencias de la nación⁷ al desarrollo y monitoreo de sistemas de cultivo, almacenamiento y distribución de semillas nativas, así como el establecimiento de alianzas con otras organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes para la defensa de estas semillas frente a las medidas gubernamentales que autorizan los cultivos transgénicos, en especial de maíz.

Los procesos extractivistas encuentran en las políticas del Estado a su mejor aliado; por ello, cambiar el rumbo de tales decisiones tomadas al margen de los pobladores mismos es un camino largo y tortuoso. Sin embargo, y debido a que los recursos más afectados son vitales como el agua y la tierra, estas demandas tienen un potencial significativo para trascender el nivel local y regional en el mediano y largo plazo, aunque exigen una gran capacidad de persistencia, como lo demuestran los pescadores e indígenas afectados por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, en Tierralta (Córdoba) (Vallejo 2016).

Igualmente, frente al impacto negativo del uso del suelo y los recursos naturales, muchas de las acciones colectivas documentadas están encaminadas a la generación de procesos de producción sostenible como mecanismo de conservación de ecosistemas y recursos naturales. En Aquitania (Boyacá) la Asociación de Productores de Cebolla Limpia de Aquitania Parcela está implementando la producción limpia de cebolla desde el 2006 (Chaparro 2016). Aunque las lógicas del mercado afectan el ritmo y la capacidad de incidencia de la acción, los asociados han ido transformando sus ideas y prácticas de cultivo y comercialización. Ese tipo de propuestas las hemos identificado como prácticas autoafirmativas y sobre ellas reflexionamos con mayor atención más adelante.

Al igual que en otros países de América Latina, estas acciones confrontan decisiones gubernamentales que auspician la intensificación de procesos extractivos de todo orden, en el marco de la globalización asimétrica. Como lo señala Svampa,

el consenso de los commodities apunta a subrayar el ingreso a un nuevo orden económico y político, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. (2011, 16)

La rápida reprimarización de las economías, la pérdida de soberanía alimentaria y la profundización de las dinámicas de desposesión, dominación y despojo tienen efectos diversos en los pobladores rurales y sus territorios. Las respuestas, que van desde acciones contestatarias y directas hasta la creación de alianzas de distinta índole entre movimientos territoriales y ecologistas marcan un "giro ecoterritorial" que fortalece y dinamiza a unos y otros (Svampa 2011).

Demandas y propuestas de producción y comercialización agropecuaria. Las condiciones de producción agropecuaria y el acceso a servicios básicos constituyen las demandas más frecuentes y también las más tradicionales de los pobladores rurales. Como lo refieren Salgado y Prada en su estudio sobre la protesta campesina entre 1980 y 1995, "la protesta muestra que los campesinos no han pedido otra cosa que el mismo tipo de apoyo y protección concedido a los detentadores del poder sobre la tierra [...] sus protestas han sido por la equidad" (2000, 248). La continuidad y frecuencia de este tipo de demandas muestra la vigencia de la deuda en la redistribución de recursos y servicios hacia este sector, que tiene intereses y necesidades diversos de acuerdo con su escala de producción, recursos disponibles y articulación al mercado, frente a los nuevos desafíos de competitividad que imponen los tratados de libre comercio (TLC).

Una experiencia excepcional en este campo es el Paro Nacional Agrario y Popular (PNAP) del 2013 y sus diferentes expresiones de orden nacional, regional y local (Capera 2016). El paro constituyó no solo un espacio contestatario y de acción directa con movilizaciones, bloqueos de vías y cese de actividades, sino que también permitió la creación de alianzas y mecanismos de articulación de diferentes sectores agropecuarios, del transporte y la salud. Entre agosto y septiembre del 2013, el PNAP logró visibilizar un sinnúmero de situaciones que afectan la calidad de vida de los pobladores rurales; recogió múltiples demandas de sectores que habían tratado sin éxito de negociar por separado con el Gobierno nacional; articuló movimientos regionales de gremios tradicionales como el cafetero, que venían realizando acciones directas bajo la denominación de Protestas de Dignidad Cafetera; y, al hacer evidente el uso desmedido de la fuerza militar, confrontó no solo al Gobierno, sino a las sociedades urbanas, que poco a poco fueron expresando públicamente su solidaridad con las demandas de los pobladores rurales. Lemas como "todos somos agrodescendientes", o el uso de la ruana⁸ como expresión simbólica de solidaridad con el paro, dieron cuenta de los alcances de estas movilizaciones que traspasaron el umbral de lo gremial para enunciar inconformidades y propuestas de país mucho más generales.

En este campo también encontramos propuestas para la consecución de tierras a través no solo de la defensa, sino de la gestión y compra comunitaria de estas. Por ejemplo, en el Patía (Cauca) (Jaramillo 2016), pese a la presencia mayoritaria de afrodescendientes, las acciones colectivas no han estado dirigidas a la constitución de un consejo comunitario ni a la titulación colectiva de las tierras⁹. A través de la Cooperativa Agropecuaria de Usuarios Campesinos de Patía (Coagrousuarios), el acceso a la tierra ha pasado por varias estrategias que van desde acciones directas, como la invasión de una hacienda para la construcción de viviendas, hasta la compra de lotes comunes gracias a la capitalización de la actividad ganadera y los aportes realizados por cada asociado.

La ausencia o baja calidad de los servicios básicos son como pequeñas piedras en el zapato que, al no ser atendidas oportunamente, se acumulan y configuran razones para la formación de alianzas de grupos articulados en su condición de pobladores locales, quienes realizan protestas importantes acompañadas de profunda indignación. Estas demandas y propuestas -junto a aquellas relacionadas con la producción y comercialización señaladas- constituyen lo que se puede denominar como viejas demandas que dan cuenta del saldo histórico de exclusión y abandono del campo.

En menor proporción, dada la poca formalización del empleo rural, identificamos en este grupo de demandas la exigencia de mejoramiento de las condiciones laborales, como sucedió con los corteros de caña en el Valle y Norte del Cauca, quienes durante dos meses del 2008 se concentraron en el municipio de Pradera (Valle) (Pinzón 2016). Cerca de 10.000 corteros se reunieron y protestaron por el sistema de contratación laboral mediante cooperativas de trabajo, que exoneran a las empresas azucareras del pago de prestaciones sociales, parafiscales, dotaciones, primas y auxilios, incluyendo el de transporte.

Actores e identidades movilizadoras

Los protagonistas de las acciones colectivas documentadas no siempre se identifican bajo categorías identitarias ya reconocidas y existentes, como campesinos, indígenas y afrodescendientes. También encontramos que las problemáticas, los intereses y las acciones se articulan frecuentemente en torno a dos ejes identitarios: el de las identidades productivas y el de las identidades territoriales.

El eje de identidades productivas se construye en función de actividades como la ganadería, la producción de café, panela, cacao, la minería y la pesca, entre otras, que implican experiencias y vivencias comunes en la producción y comercialización. Las acciones colectivas, generalmente agenciadas por gremios o asociaciones, realzan una identidad productiva específica más que la genérica de campesinos.

Esta situación la ilustra Asopanela, que en 1988 llevó a cabo una toma pacífica del Ministerio de Agricultura y convocó el apoyo de los paneleros del municipio de Villeta (Cundinamarca) por su cercanía a la capital (Vera 2016). La pertenencia a un gremio nacional y el llamado a participar en una acción directa permitió que los productores de panela de Villeta se sintieran parte activa de una iniciativa cuyos efectos positivos solo pudieron apreciarse tiempo después con la constitución de Fedepanela y la aprobación de la Ley 40 de 1990, que protegía la producción de panela artesanal.

Estas acciones, orientadas a resolver situaciones específicas, también hablan de sentidos de pertenencia mucho más específicos. Sin embargo, la fuerza de estos referentes identitarios tiene que ver también con la manera como las políticas y programas institucionales -a través de servicios puntuales- fragmentan, diversifican y estimulan sentidos de pertenencia a partir de agendas específicas de los pobladores rurales que rivalizan por los recursos institucionales.

El eje de las identidades territoriales se concreta en la noción de pobladores, habitantes que configuran un vecindario local y regional. Desde esa pertenencia fraguada por las carencias y los intereses que allí se construyen, se articulan como fuerza colectiva para protestar y proponer. Así, por ejemplo, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) surge en la década de los ochenta después de una serie de movilizaciones y protestas motivadas por las condiciones de empobrecimiento de sus pobladores y la precariedad de los servicios públicos en el marco de un olvido estatal de larga data (Moreno 2016). Su propuesta de acción, basada en la identidad territorial macizeña, apunta a la autorregulación y gestión territorial, sin desconocer ni exonerar al Estado de sus responsabilidades sociales.

Las identidades se hacen explícitas en las acciones colectivas derivadas de la guerra, de los problemas ambientales y de las limitaciones en los servicios. Los intereses y demandas en juego pasan fundamentalmente por la experiencia colectiva de habitar un mismo territorio, lo cual implica una participación en la construcción de vecindario, con solidaridades, reglas comunes, apropiación de recursos y resolución de necesidades colectivas que van configurando memorias vinculadas al lugar. En varios casos, la experiencia de un habitar compartido se impone como fuerza aglutinante por encima de actividades productivas, pertenencias étnicas, diferencias de género y edad, y fortalece los ejercicios de demanda y las propuestas comunes a un territorio.

De repertorios y estrategias

Los repertorios, en tanto prácticas sociales concretas para lograr objetivos, son variados y están en estrecha correspondencia con diversas formas de expresar y encauzar las inconformidades, demandas y propuestas. Su sentido contestatario tiene aquí una acepción amplia -que va más allá de sus expresiones públicas y acciones directas-, pues confrontan situaciones que les afectan y frente a las cuales discuten y proponen otras maneras de hacer las cosas, de usar los recursos y de distribuir el poder. Las expresiones contestatarias tradicionales más evidentes, como las marchas, bloqueos y paros, son la cara pública de un proceso casi invisible, inadvertido, pero muy exigente de organización social y de relación entre diferentes actores comunitarios, estatales e institucionales.

A partir de la sistematización hemos identificado cuatro tipos de repertorios que se exponen a continuación.

Los repertorios institucionales corresponden a trámites y procedimientos que se usan para gestionar las demandas por los canales regulares del sistema, acudiendo a mecanismos jurídicos de participación, como tutelas, acciones directas, derechos de petición, demandas, entre otros. Aquí también se sitúa la gestión de servicios y recursos a través de peticiones institucionales y cabildeo. Este repertorio se emplea en la mayoría de las experiencias pero suele pasar desapercibido y no se documenta o incluye suficientemente.

Es ahí cuando los repertorios disruptivos surgen como fruto de la desatención o el incumplimiento institucional. Estos implican acciones contestatarias explícitas y públicas como marchas, paros, protestas, manifestaciones y ocupación de vías, instituciones y lugares públicos. Incluyen también amenazas de suicidio colectivo, huelga de hambre y desobediencia de pagos, entre otros. Estas expresiones, mayoritariamente pacíficas, dan cuenta de la exasperación colectiva frente al incumplimiento, la indolencia y la ausencia de respuestas institucionales públicas y en algunos casos, privada. Pero, como lo precisa Tarrow (1997), descansan "en la incertidumbre puesto que no es violenta pero amenaza con serlo" (193), aunque algunos casos se convierten en hechos violentos y son fuertemente controlados por la fuerza pública. La respuesta institucional a estas acciones disruptivas se sitúa generalmente en mesas de concertación, actas y acuerdos para tramitar soluciones y respuestas. Sin embargo, estas medidas con frecuencia no se cumplen y se adicionan a un acumulado de incumplimientos que debilitan profundamente la legitimidad del Estado. Al mismo tiempo, las comunidades maduran alianzas y estrategias más contundentes que se expresan en repertorios mucho más complejos.

Los repertorios de denuncia pública buscan poner en evidencia el agravio y sus responsables ante la opinión pública. Incluyen diversas formas de comunicar y compartir su situación, en una escala mayor, a través de medios masivos de comunicación, redes sociales, debates públicos, foros ambientales, mesas de diálogo, celebraciones religiosas y rituales como los pagamentos¹⁰, entre otros. Esto se aprecia en la experiencia de la Red de Mujeres de la Asociación de Lideresas del Pacífico Nariñense (Asolipnar), en Tumaco (Nariño), quienes a través del programa radial Voces del Pacífico: desde el manglar, rompiendo barreras, tratan temas relacionados con las rutas de acceso a la justicia, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, las normas que favorecen a las mujeres y, sobre todo, establecen un espacio de encuentro y reconocimiento desde la experiencia como mujeres (Tafur 2016). Estas acciones promueven con frecuencia la convergencia de redes de movimientos, de organizaciones no gubernamentales y centros de investigación y universidades, en eventos que articulan análisis de expertos y experiencias de las comunidades. Estos encuentros propician la discusión, el afinamiento de argumentos, el aprendizaje entre las mismas comunidades y la alianza política de actores diversos. Son acciones y espacios claves para legitimar demandas que suelen ser estigmatizadas, subvaloradas o silenciadas.

Los repertorios de prácticas autoafirmativas son acciones cotidianas expresas, que no están orientadas hacia un actor externo, ya que buscan cambios importantes en el ser y quehacer de las mismas comunidades; es decir, buscan "construir un mundo diferente desde el lugar que ocupan" (Zibechi 2007, 92). Incluyen acciones cotidianas poco visibles que conforman una base potencial para proyectos contrahegemónicos y que hacen parte de la economía comunitaria, "que articula un conjunto de conceptos y prácticas relacionadas con la interdependencia económica" (Gibson Graham 2011, 207). Usualmente poco evidentes hasta para sus propios protagonistas, se inscriben también en lo que se conoce como resistencias cotidianas (Scott 2000) y se fundamentan en el fortalecimiento organizativo a través de la formación y la discusión de su proceso y las alianzas con otros para tejer redes, decantar su experiencia y consolidarse como colectivo.

Las prácticas autoafirmativas se hacen más evidentes en el campo ambiental a través de acciones de uso, cuidado y vigilancia de bosques, siembra de cultivos orgánicos, conservación e intercambio de semillas, entre otros. Optar por poner en marcha otras formas de hacer las cosas tiene un carácter contestatario profundo, aunque poco explícito, frente a prácticas predatorias vigentes, que se encuentran incorporadas e incluso legitimadas en las acciones de los pobladores rurales. Por ello, son procesos lentos y difíciles. Así, cuando en Arboleda (Nariño) la Asociación Agroambiental comenzó su trabajo, muchos de sus vecinos los llamaban "Asopobres", como una expresión de burla frente a la pretensión de trabajar al margen de los cultivos ilícitos (Moreno 2016).

Reconocer la diversidad de repertorios de las acciones colectivas implica asumir que esta se vale de formas y métodos no convencionales, y usa para ello "acciones y estrategias que están más directamente relacionadas con la gente, con su vida cotidiana, con el juego, con la lúdica, con el deporte, con la fiesta, que muchas veces se realizan de manera simulada, discreta o tras el disfraz cultural" (Nieto 2009, 57). Los repertorios de las acciones colectivas tienen una estrecha relación con los procesos, historias y contextos socioculturales y políticos donde se inscriben. En ese sentido conviene señalar que las experiencias sistematizadas muestran cómo los pobladores rurales configuran territorialidades de reivindicación frecuentemente orientadas hacia escenarios urbanos. Es decir, sus marchas y protestas siguen trayectorias rurales y urbanas y de las regiones hacia la capital del país; de los márgenes a los centros de poder donde residen los dirigentes y los funcionarios estatales, destinatarios usuales de sus demandas.

Reflexiones finales

Hacer visibles las formas de exigir y de comunicar inconformidades a partir de acciones colectivas rurales permite reconocer lenguajes, estrategias, escenarios y actores que van configurando lo organizativo y lo político desde la perspectiva de los pobladores rurales. Exige a quien investiga "una mirada capaz de posarse en las pequeñas acciones, con la misma rigurosidad y el interés que exigen las acciones más visibles, aquellas que suelen "hacer historia'" (Zibechi 2008, 9).

La existencia y vigencia de diversos procesos, experiencias y potencialidades de orden político, orientadas a transformar la realidad cotidiana por parte de los pobladores rurales, pasan muchas veces inadvertidas y quedan ignoradas en la historia de las sociedades en donde se gestan. Con frecuencia, son las memorias de sus protagonistas las que hacen posible su reconstrucción. Un ejercicio de documentación continua está permitiendo recuperar desde diferentes rincones del país estas narraciones, motivando este análisis y dejando abierta la invitación para otras miradas.

Las acciones colectivas de los pobladores rurales muestran la fuerza vital del territorio (Oslender 2002), entendido como la concreción de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, en donde se condensan los medios y formas de vida. El territorio desempeña un papel central no solo como espacio de vida, sino como vínculo simbólico en el cual se generan y recrean identidades, relaciones sociales, prácticas, sentidos y representaciones sobre sí mismos y sobre los demás. Es escenario, medio, motor y objetivo de luchas y reivindicaciones en su defensa y en contra del despojo por parte de actores armados y empresas con proyectos minero energéticos, agroindustriales y turísticos, entre otros. Luchas cotidianas para proteger el agua, los bosques y las semillas; por la reivindicación del territorio como productor y abastecedor de alimentos; para construir mejores condiciones y acceso a servicios en ese lugar habitado; y, todas ellas, por un lugar digno en la sociedad, porque si bien todas las demandas y propuestas pasan por las condiciones materiales de vida, en muchos casos las superan. Las demandas de los pobladores del campo exigen tanto la distribución de recursos y servicios, como el suficiente reconocimiento de sus diferencias, para su participación activa en la construcción de una sociedad democrática. Redistribución, reconocimiento y participación, como paradigmas de justicia (Fraser 2008), sub yacen en estas demandas y propuestas.

Con dificultades y fragmentaciones, en medio de las adversas condiciones de la guerra que silencia voces y limita la ya exigua democracia colombiana, las acciones contestatarias y organizativas rurales mantienen no solo una vida propia sino que llegan, en algunos casos, a liderar procesos de protesta y de propuesta en diversas escalas de la vida nacional. La sistematización de estos casos de acción colectiva permite reconocer y visibilizar la tenacidad política de mujeres y hombres del campo, que aportan con su quehacer conjunto -con frecuencia discreto y poco aparente- a la creación de otras posibilidades de habitar y construir el territorio. Con sonoros y silenciosos gritos colectivos de inconformidad, en medio de la persistencia de prácticas autoafirmativas y transformadoras, la "clase incómoda" a la que se refiriera Shanin (1983) por fortuna sigue presente, incomodando.

Notas

¹ Esta versión fue posible gracias a la generosa dedicación de Amanda Orjuela y al apoyo de Olga Elena Jaramillo.
² La afirmación sobre el carácter prepolítico de la acción colectiva de los campesinos fue propuesta por Quijano en tanto etapa que no buscó la modificación de la estructura de poder (2000). Las otras afirmaciones se registran en diversas fuentes que señalan la subvaloración política del sector rural (Cinep 2013; Malassis 2004; Zibechi 2007).
³ Este ejercicio de sistematización se desarrolló durante el segundo semestre de 2014 y posteriormente se convirtió en un proyecto de investigación (2015 2017), financiado por la Pontificia Universidad Javeriana. ]]> ⁴ La sistematización está publicada en el blog Campos en movimiento, espacio que recoge la descripción de los casos y busca ser un punto de encuentro abierto para actualizar y analizar prácticas políticas rurales. La página se hizo pública en febrero de 2016. Puede consultarse en http://camposenmovimiento.wix.com/camposenmovimiento.
⁵ Los ocho departamentos sin casos documentados son Atlántico, Caldas, San Andrés y Providencia, Sucre, Guainía, Vaupés, Vichada y La Guajira. Esto no significa que en estas regiones no se hayan dado acciones colectivas rurales, sino que no fueron consideradas por los estudiantes.
⁶ La categoría de campo propuesta por Bourdieu y también por Elias tiene muchas potencialidades, como la noción de habitus, que no se desarrollaron en este estudio. Pero la categoría tiene también limitaciones que, siguiendo a Lahire (2002), provocan diferenciaciones y autonomizaciones artificiales de los campos, además de que centra el lente en los actores solo cuando están en el escenario del campo y no en los otros espacios en donde se desarrollan la vida y las relaciones.
⁷ En tanto entidades territoriales étnicas y diferenciadas, el Sistema General de Participaciones (SGP) transfiere anualmente recursos económicos a los resguardos indígenas -proporcionalmente a la población del resguardo indígena reportada por entidades oficiales-, los cuales están destinados a satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario.
⁸ La ruana es una prenda cotidiana que se usa como protección contra el frío; tiene un fuerte arraigo en el altiplano cundiboyacense, pero su uso se extiende a todo el país. Se fabrica con materiales y procesos diversos, desde la lana de oveja en telares tradicionales, hasta tejidos más livianos de producción industrial. Su uso ha sido asociado con las clases populares, subordinadas; de allí el dicho "la justicia es para los de ruana".
⁹ El consejo comunitario es la forma organizativa formalmente reconocida para la población afrodescendiente en el país, que tiene como propósito central administrar los territorios colectivos reconocidos por el Estado, desde una perspectiva de gobierno propio. Fue reconocida por la Ley 70 de 1993 y, a diferencia del resguardo indígena, no implica transferencia de recursos estatales.
¹⁰ Ritual indígena de agradecimiento colectivo a la naturaleza que se realiza en lugares sagrados.

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