Violencia y criminalidad urbana en Colombia (2000-2010): El enfoque económico ortodoxo*

Urban crime and violence in Colombia (2000-2010): The orthodox economic approach

Deiman Cuartas C.**; Germán Darío Valencia A.***; Oswaldo Zapata Q.****

** Economista de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y filósofo y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y miembro de los grupos de investigación Hegemonías, guerras y conflicto y Violencia urbana de la misma universidad. Dirección electrónica: dlcuartas@gmail.com.

*** Profesor Titular del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y miembro de los grupos de investigación Hegemonía, guerras y conflicto y Microeconomía Aplicada de la misma universidad. Correo electrónico: german.valencia@udea.edu.co y gdvalencia@yahoo.com.

–Introducción. –I. Una mirada económica a la violencia y la criminalidad. –II. Balance en torno a la literatura del análisis económico ortodoxo de la violencia y la criminalidad urbana en Colombia. –III. Evolución reciente de la violencia homicida y el crimen contra el patrimonio económico en los principales centros urbanos de Colombia (2000-2010). – IV. Como conclusión: Avances y limitaciones del enfoque económico ortodoxo. –Referencias bibliográficas.

Primera versión recibida el 8 de abril de 2011; versión final aceptada el 6 de julio de 2011.

RESUMEN

La incidencia transversal que tiene la violencia y la criminalidad sobre la mayoría de variables económicas ha inducido a que sean consideradas como objetos de estudio de la ciencia económica. El artículo presenta la mirada económica ortodoxa sobre la violencia y la criminalidad urbana, sintetiza los principales aportes de la literatura colombiana al tema en las últimas décadas y describe el comportamiento reciente de algunas variables asociadas con estos fenómenos en las principales ciudades colombianas; mostrando al final, los avances y limitaciones que tiene este enfoque económico para comprender y proponer soluciones al problema.

Palabras clave: violencia homicida, economía del crimen, seguridad urbana, coyuntura política colombiana.

ABSTRACT

Key words: homicidal violence, economic crime, urban security, political situation in Colombia.

RÉSUMÉ

Les effets de la violence et la criminalité sur la plupart des variables économiques ont été un objet d'étude de la littérature économique. Cet article présente, depuis un point de vu orthodoxe, les principales contributions de la littérature colombienne apparue dans les dernières décennies. Nous faisons une étude du comportement violence et à la criminalité urbaine dans les grandes villes de Colombie. Finalement, nous montrons la portée et les limites de l'approche économique orthodoxe, afin de mieux comprendre les problèmes de violence et d'en trouver une meilleur solution.

Mots clef : Violence homicide, économie du crime, sécurité urbaine, situation politique en Colombie.

Clasificación JEL: D78, H56, J18, O11.

Introducción

La violencia y la criminalidad afectan de manera muy diversa a la mayoría de variables económicas: la inversión, el empleo, el consumo, el comercio, los términos de intercambio, la productividad y el crecimiento económico, entre otras variables que se han mostrado sensibles al comportamiento de estos fenómenos transversales; de allí, el interés creciente por estudiar sus causas, naturaleza y consecuencias. Desde los economistas clásicos hasta hoy son muchos los esfuerzos por analizar los actos violentos y criminales, creando con ello un buen número de enfoques para su análisis¹. En Colombia viene desarrollándose, desde la década de 1990, una línea de trabajo, que basada en el análisis económico ortodoxo, realiza importantes esfuerzos por explicar y comprender los efectos que tienen estos fenómenos sobre las variables económicas, con el objeto de proponer formas de aminorar y controlar sus nocivos efectos².

I. Una mirada económica a la violencia y la criminalidad

A pesar de que la teoría económica, desde su surgimiento en el siglo XVIII como ciencia, ha incluido la violencia y el crimen en sus investigaciones (Eide, 2000; Restrepo, 2001; Restrepo y Aponte, 2009; Valencia, 2006), fue con los trabajos de Gary Becker (1968), George Stigler (1970) y Gordon Tullock (1971) cuando se comenzó a hablar del crimen como un mercado. Este enfoque, que se conoce como Escuela económica del crimen, plantea que los crímenes se cometen porque hay una oferta y demanda que producen determinados comportamientos delictivos, incentivados por la relación de costos y beneficios. Estos economistas ''hacen énfasis en la actitud de los seres racionales ante los costos y beneficios –castigos y recompensas– del crimen'' (Gaitán y Montenegro, 2000: 4)³. Los agentes racionales dividen sus decisiones diarias entre realizar actividades legales e ilegales con el fin de maximizar su función de utilidad, lo cual los lleva a realizar cálculos estratégicos en la toma de las acciones que consideran mejores (Restrepo, 2001).

La difusión de este enfoque en el mundo fue muy amplia y los efectos que tuvo sobre los estudios de la violencia y el crimen también. Un primer efecto se dio en la manera de ver la violencia y la criminalidad: estas se redujeron a variables observables como tasas de homicidios, de hurtos y de secuestros, entre otras; igualmente, se difundió el uso de técnicas matemáticas y econométricas para explicar sus variaciones y comportamientos; y se construyeron modelos teóricos para probar las hipótesis comúnmente aceptadas por la literatura del análisis de la violencia y la criminalidad⁴. Un segundo efecto fue establecer como hipótesis explicativa de los actos criminales y violentos la libre voluntad de los individuos: considerar que la conducta desviada de algunos sujetos se debe a que estos son actores racionales (tomadores de decisiones), que realizan actos criminales, luego de calcular los beneficios, los costos y las probabilidades de ser capturados; es decir, los agentes libremente deciden realizar actos que se consideran criminales, pues encuentran incentivos, al igual que barreras y costos que les permiten delinquir.

Pero tal vez el efecto más importante que tuvo fue –desde el punto de vista social– la generación de una oleada de estudios que brindaron argumentos para que los tomadores de decisiones adoptaran políticas públicas de seguridad, buscando reducir comportamientos delictivos. La propuesta de este enfoque económico ortodoxo es cambiar los incentivos, las probabilidades y los costos de los sujetos que delinquen para buscar su control y reducir así las tasas de criminalidad. Por ejemplo, leyes más severas y facultades procesales más amplias que permitan aumentar los niveles de eficiencia del sistema, con el objeto de aumentar las probabilidades de captura y sanción por la comisión de actividades criminales que condujeran a la reducción de los incentivos asociados con las mismas; es decir, construir un sistema policial y judicial disuasivo que reduzca los incentivos para el desarrollo de las actividades criminales y violentas.

Otras visiones también económicas, que intentan complementar los estudios de economía del crimen, introdujeron variables como el crecimiento urbano como determinantes de la criminalidad (Bennet, 1991; Carroll y Jackson, 1983; Eberts y Schwiran, 1996). Según estos estudios, el grado de urbanización y cantidad de hombres jóvenes, junto con otras variables como el nivel de escolaridad y la estructuración del núcleo familiar, obran como barreras de ingreso a la actividad criminal. Consideran que la inseguridad urbana aumenta debido a los incrementos bruscos de la urbanización y de las migraciones internas que se encuentran fuertemente asociadas con aumentos en la tasa de delitos. Al igual que los anteriores enfoques, estos proponen políticas para reducir los actos criminales, dirigidos a controles en el hogar, mejorar los niveles de acceso y calidad de la educación que contribuyan en los procesos de socialización y cohesión social que pueden desarrollarse en los barrios. En síntesis, favorecer procesos de socialización desde la familia y la escuela que contribuyan a mejorar el capital cultural y social con los que cuentan los jóvenes y grupos sociales vulnerables para que les permitan insertarse mejor en el entorno social y laboral.

Finalmente, la perspectiva ortodoxa ha dirigido la mirada a los efectos y costos que generan la violencia y el crimen sobre las diversas variables de la economía. Para ello utilizan técnicas estadísticas y econométricas cada vez más refinadas que les permiten mostrar la incidencia de hechos violentos y de criminalidad sobre la formación bruta de capital, el crecimiento de la productividad, diferencias en el crecimiento del PIB, variaciones en las expectativas de los agentes económicos alrededor del consumo, la inversión y el ahorro y la destrucción del capital en sus diversas formas –natural, infraestructura, humano y social–, etc. Estudios aplicados, por lo general a un contexto o región específico, que muestran cómo la violencia y el crimen afecta estas variables incidiendo de manera negativa sobre la productividad, el crecimiento regional y la formación de capital humano, alterando con ello las expectativas y las tasas de retorno (a mediano y largo plazo) de los sujetos alrededor de los procesos de capacitación y educación. Además, se ha venido avanzando en el desarrollo de estudios que muestran los efectos sociales que tiene la migración internacional, el desplazamiento, la descomposición social, la distribución de la renta y la ineficiencia⁵.

Esta visión simplista y mono-causal de la realidad ha tenido muchas críticas, algunas de ellas provenientes de la misma teoría económica, quienes defienden que las personas no delinquen porque estén destinadas para ello, sino por otros factores sociales como la pobreza y la exclusión que los impulsan a cometer actos ilícitos (Coser, 1970; Gurr, 1970; Hann, 1999; Kurt, 1996; Muller, 1985; Muller y Sligson, 1987; Weede, 1987). El enfoque económico de corte heterodoxo plantea que los sujetos son víctimas de unas condiciones objetivas de concentración de recursos esenciales para la vida, entre los cuales aparecen la propiedad y la riqueza que los empuja a actuar por fuera del marco de la legalidad (lo hacen para sobrevivir). Esta visión alternativa hizo que comenzara a producirse investigaciones que buscan demostrar como los ciclos económicos, el desempleo en grupos vulnerables (hombres jóvenes con un escaso nivel educativo y acceso a ingresos) y –fundamentalmente– la desigualdad social son variables fuertemente asociadas con cambios en el nivel agregado de delitos (Fajzylber, Lederman y Loayza, 1999, 2001). Estas variables obran como incentivos o desincentivos de la actividad criminal. En este sentido, una política de Estado que busque reducir la delincuencia, el crimen y la violencia debería tener en cuenta reformas sociales y económicas que reduzcan los niveles de pobreza, de concentración del ingreso y de desempleo; que mejore de forma importante las condiciones de vida de sectores sociales vulnerables como los jóvenes y las mujeres cabeza de familia, entre otros (Valencia y Cuartas, 2009).

En Colombia, la violencia y la criminalidad en las ciudades ha sido un problema social creciente. Antes de la década de 1980 la mayoría de estudios se dirigían a analizar la violencia en el campo (Guzmán, Fals y Umaña, 1963; Oquist, 1978; Sánchez, 1977; Weinert, 1966; Williamson, 1965), sin embargo a mediados de esta década se comenzó a ver cómo estos fenómenos invaden las ciudades. Esta situación llevó a que el interés en el estudio y comprensión de la violencia y la criminalidad urbana se difundiera entre las diversas ciencias sociales (sociología, historia, antropología, política y economía) y sobre todo en las instituciones encargadas de la seguridad en las urbes.

Las explicaciones que surgieron fueron muy diversas: la configuración de una sociedad moderna, estable y democrática; el precario entorno institucional (sobre todo del sistema judicial); la baja credibilidad en el Estado; el conflicto interno armado y el narcotráfico, entre otros factores (Camacho, 1990; Camacho y Guzmán, 1997; Henderson, 1985; Pécaut, 1985; Rubio, 1997, 1998). A esta misma conclusión llegó, en 1987, la Comisión Nacional para el Estudio de la Violencia, quien encontró que las violencias y la criminalidad en las ciudades se debían a un amplio conjunto de factores (económicos, sociales, políticos y culturales), asunto este que requería visiones complejas, interdisciplinarias y múltiples políticas para su diagnóstico, prevención y tratamiento.

El enfoque económico ortodoxo, acostumbrado a realizar análisis parsimoniosos, mono-causales y cuantitativos, criticó los estudios multi-causales, holísticos y complejos sobre la violencia y la criminalidad urbana realizados por esta Comisión, y en general por los estudios llevados a cabo desde perspectivas disciplinares diferentes a la ciencia económica (Valencia y Cuartas, 2009) y comenzaron a explorar otras alternativas en la explicación a estos fenómenos (Deas y Gaitán, 1995; Montenegro y Posada, 1995; Rubio, 1998a).

Desde mediados de la década de 1990, este enfoque económico, basado en el neoinstitucionalismo, en modelos de la elección racional, en la teoría de juegos y en el uso de la econometría y estadísticas, comenzó a profundizar en otras hipótesis explicativas de la violencia y la criminalidad en Colombia.

El resultado fue un conjunto de trabajos que se pueden agrupar en tres bloques: Uno primero, en donde se encuentran aquellos trabajos que critican y deslegitiman la incidencia de los factores socioeconómicos como explicación de la inseguridad y la violencia presentes en las ciudades colombianas, dando lugar a proponer como factores explicativos de las mismas a los denominados factores subjetivos, es decir, aquellos factores que se asocian con los sujetos y en general los agentes sociales que toman decisiones sobre el comportamiento criminal y violento amparados en estructuras de costos y beneficios, como antes ha sido señalado. Uno segundo, que analiza las relaciones de la inseguridad y la violencia con otras expresiones del crimen como el narcotráfico y diversos actores armados que se relacionan de forma estrecha con el conflicto armado interno. Y, finalmente, un último bloque que señala los diversos costos económicos, sociales y políticos que estos flagelos le imprimen a las ciudades y la sociedad colombiana en general. A continuación se realizará una síntesis general de estos tres bloques de investigaciones.

En términos generales se podría sugerir que este primer bloque de trabajos se inicia en Colombia con la investigación de Deas y Gaitán (1995), quienes, tomando la hipótesis de la Escuela Económica del Crimen, enfatizan en que la violencia y la criminalidad urbana son consecuencia de factores subjetivos, asociados con los incentivos y la probabilidad de captura (Montenegro y Posada, 1995, 2001; Rubio, 1997, 1999; Sánchez, 2007; Sánchez y Núñez, 2001). Sus análisis se caracterizan por ser empíricos y utilizan modelos econométricos para evidenciar como es contradictoria la relación entre pobreza y violencia. Muestran, por ejemplo, cómo desde la segunda mitad del siglo XX, las condiciones de vida de los entornos urbanos en Colombia han venido mejorando (acceso a saneamiento básico y a servicios de salud y educación) (Urrutia y Posada, 2004: 1-8; 22-23) y cómo los niveles de ingresos de la población son mayores (Melo, 2003; Santos, 2004), sin embargo la violencia urbana sigue aumentando, lo cual evidencia que son otros los factores que inciden en estas variables⁶. Esto ha llevado a proponer otras explicaciones a la violencia y la criminalidad urbana en Colombia, por ejemplo, deficiente desempeño del sistema judicial (Martínez et al., 2007: 5-9; 19-23; 27-29; Montenegro y Pedraza, 2009: 3-7; Restrepo et al., 2004: 36-37; Restrepo et al., 2007: 4-12; Rubio, 1998a, 1999: 26-27) y la intolerancia y la dimensión cultural (Llorente et al, 2001; Restrepo y Aponte, 2009).

El segundo bloque, cuya difusión es cada vez mayor, considera que la emergencia, consolidación y transformación del narcotráfico –desde finales de la década de 1970 hasta el presente (2011)– es uno de los elementos más incidentes para el deterioro en los niveles de inseguridad y violencia presentes en las ciudades (Camacho, Gaviria y Rodríguez, 2010; Mejía y Restrepo, 2008; Rubio, 1999; Sánchez y Núñez, 2001; Steiner y Corchuelo, 1999; Tabares y Rosales, 2005: 3-4). Para esta línea de trabajo, el narcotráfico incide en la violencia y criminalidad urbana por varios motivos: i) Los altos ingresos del negocio corrompen el sistema político, judicial y social; ii) La constitución de ejércitos privados para la protección y monopolio del negocio ilícito; iii) El uso de la violencia, y no la institucionalidad, es la que regula el mercado; y iv) El financiamiento de otras actividades ilegales conexas (empresas criminales). El negocio del narcotráfico es una lógica de disputa y control que usa la violencia instrumental para expandir y consolidar las estructuras criminales (Camacho et al, 2010: 3-7; Díaz y Sánchez, 2004: 21-31; Echeverry, 2004: 9-11; Mejía y Restrepo, 2008: 2-6; Romero, 2011; Sánchez y Núñez, 2001: 13-26; Steiner y Corchuelo, 1999: 2-9, 16-20).

Finalmente el tercer bloque enfatiza en la determinación sobre los costos y efectos de estos flagelos tanto para la economía como para la sociedad en general (Echeverry et al., 2001; Ibáñez y Vélez, 2005; Latorre, 2004; Rubio, 1997; Sánchez, 2007; Steiner y Corchuelo, 1999; Trujillo y Badel, 1998). Este bloque de trabajos, aunque reconocen que una parte de estos efectos no son monetizables (Rubio, 1997: 2-4), buscan una aproximación a la determinación de los diversos costos económicos, sociales y políticos que las diversas expresiones de la inseguridad y la violencia urbana representan para el desarrollo de una sociedad como la colombiana. Los trabajos se dirigen a calcular los efectos negativos sobre el bienestar de la población y del país (Sánchez y Díaz, 2005: 22-52), en el desplazamiento forzado interno (Ibáñez y Moya, 2006: 23-40; Ibáñez y Querubín, 2004: 5-28; 55-73) y en la concentración de la riqueza y el ingreso (Duncan, 2004; Querubín, 2003; Sánchez y Chacón, 2005: 14-23), entre otros aspectos.

También se ha desarrollado en esta misma línea, trabajos que calculan los costos asociados a la inversión en defensa, seguridad y justicia (Arias y Ardila, 2003: 12-13; Steiner y Corchuelo, 1999), en la atención física, psicológica y de rehabilitación de las víctimas de la violencia (Trujillo y Badel, 1998: 27-28; 38), el deterioro en los niveles de inversión y empleo derivados de los aumentos en los costos de transacción a causa de un mayor nivel de incertidumbre (Prada-Sarmiento, 2010: 3-4, 31; Pshisva y Suárez, 2005: 12-24) y los costos sociales, debido a las muertes de miles de personas que caen asesinadas cada año en las ciudades, en su mayoría hombres jóvenes (pérdida de capital humano y años de vida saludables perdidos) (Bonilla, 2009: 3-24; Pinto et al., 2004: 18-23).

III. Evolución reciente de la violencia homicida y el crimen contra el patrimonio económico en los principales centros urbanos de Colombia (2000-2010)

Como se pudo advertir, son muchas las líneas de trabajo que se vienen desarrollando en la literatura colombiana desde la visión ortodoxa de la economía para analizar la violencia y la criminalidad en las ciudades. Esto hace posible que se pueda utilizar una o varias de estas líneas para analizar su evolución reciente. En este trabajo se ha adoptado como estrategia metodológica analizar primero la violencia homicida⁷ en las trece ciudades principales durante la última década y luego estudiar la dinámica de los delitos más representativos contra el patrimonio económico en las áreas metropolitanas de Bogotá, Cali y Medellín para el mismo período⁸.

A. La violencia homicida

A pesar de que la tasa de homicidio en las ciudades colombianas sigue siendo una de las más altas en el mundo, su evolución en la primera década del siglo XXI puede catalogarse como positiva. La tasa de homicidios del país pasó de 63,75 por cada 100.000 habitantes (hpcmh) en 2000 a 34,46 en 2010 (Gráfico 1). Esta década heredó la tasa creciente de homicidios del decenio de 1990, que logró ubicar la tendencia en 67,34 hpcmh en 2002, pero a partir de allí comenzó su caída y sólo al finalizar el período (2009) se presenta un incremento (5,08 unidades) que no se mantuvo, cayendo de nuevo para 2010.

Para calcular las tasas se emplearon las estimaciones de población municipal para 1985-2004 y las proyecciones de la misma por área para 2005-2020 presentadas por el DANE.

La misma tendencia nacional se presentó para las 13 principales ciudades. Sin embargo hay diferencias entre ellas, que se pueden agrupar así: un primer conjunto de ciudades (Manizales, Cúcuta y Pereira) donde la reducción fue mayor que el promedio nacional entre 2000 y 2010; otro, donde la caída es muy similar a la nacional (Bogotá, Medellín y Cali con un 35,5%, 43,7% y 17,6%, respectivamente) con incidencia en el comportamiento global en este tipo de violencia; y finalmente otro grupo cuyas tasas aumentaron (Barranquilla, Cartagena y Villavicencio, 13,6%, 18,3% y 2,2%, respectivamente). De estos tres conjuntos es importante resaltar el segundo, en donde se presentan las mayores disparidades en cuanto a la participación y la volatilidad en las tasas. Cabe resaltar a Medellín que, aunque tuvo una caída en casi la mitad de la tasa de homicidios en la década, incluso superior a la presentada por Bogotá, la tasa de muertes violentas fue más del triple que la presentada por la capital colombiana (86,3 de Medellín frente a 25,2 de Bogotá); lo mismo sucede con la de Cali, cuya tasa de homicidios fue superior a la de Medellín (87,5). En cuanto a la volatilidad, también Medellín es la más cambiante: la tasa de homicidios cayó a un ritmo promedio de 28% anual entre 2002 y 2007 y luego creció a uno muy superior al de su reducción, de cerca de 83% entre 2007 y 2009.

Las explicaciones que se proponen en la literatura alrededor del comportamiento en la tasa de homicidios en las principales ciudades del país son diversas: Se resalta, en primer lugar, la presencia de estructuras armadas asociadas con los grupos insurgentes (FARC-EP y ELN), que aunque han sido debilitadas (estratégica, económica, política y militarmente después de dos gobiernos (2002-2010) de Política de Seguridad Democrática –PSD–)su nivel de incidencia sobre las expresiones de la violencia homicida y la actividad criminal es importante (Restrepo y Aponte, 2009).

Y en tercer lugar, unido al fenómeno anterior de desmovilización paramilitar, está la reconfiguración de nuevas estructuras armadas en diversos espacios de la geografía nacional, denominadas unas veces Neoparamilitares, Águilas Negras, Bandas Emergentes o Bandras Criminales –Bacrim–. Esta nuevas agrupaciones armadas han incidiendo de forma importante en el aumento en las tasas de homicidio y de la violación de derechos humanos desde finales de 2008, específicamente en grandes ciudades como Medellín y Cali (Giraldo, 2008; Montoya, 2009; Restrepo y Aponte, 2009; Romero, 2011).

B. Delitos contra el patrimonio económico

En cuanto a los delitos contra el patrimonio económico, su comportamiento es diferente comparado con el de los homicidios. No puede hablarse en términos generales de una tendencia a su disminución en la última década, pues hay ciudades donde la tendencia en ciertas variables fue incluso creciente toda la década (Acero y Pérez, 2008); además, el comportamiento es heterogéneo entre ciudades. En cuanto a la tasa de delitos totales por cada 1.000 habitantes, por ejemplo, en Bogotá el comportamiento fue positivo (cayó de 11 a 10 entre 2003 y 2009 y entre el periodo con niveles de 8) y lo mismo ocurrió en Medellín. En oposición, en ciudades como Cali y Barranquilla terminan el período con una tasa superior a la del comienzo de la década (Gráfico 2). En el total nacional de delitos contra el patrimonio económico Bogotá, Medellín y Cali concentran cerca del 57,58% de estos en el período 2003-2009.

Desagregando la tasa de delitos contra el patrimonio económico, se observa que los hurtos y la extorsión ocupan el primer lugar, con un 88,5% en promedio entre 2000 y 2009, distrubuidos así: un 75,5% corresponden a hurtos (especialmente a residencias, comercio, personas, automotores, motocicletas y abigeato) y el restante 13% a extorsión. Se resalta una caída nacional en los hurtos (pasaron de 88,7% en 2000 a 61% en 2009) y un crecimiento de la extorsión (pasa de 3,1% a 18,4% para el mismo periodo) (Gráfico 3). A excepción de Medellín, cuya tasa de hurtos cayó un 30,1%, el comportamiento global colombiano es negativo: 46,6% para el total nacional, 36,3% para Bogotá y la sorprendente cifra de 1.636,3% para Cali, que pasó de tener tasas relativamente bajas entre 2003 y 2005, a ser la más alta entre 2006 y 2009 (en 2006, la tasa fue de 397%). Sin embargo, Bogotá sigue siendo la ciudad donde mayor número de hurtos a residencias, comercio y personas se registra en Colombia (12.704 en 2000 y 24.381 en 2009, lo que sintetiza un incremento cercano al 200%, que representa el 27,7% del total nacional entre 2000 y 2009).

En relación con el hurto de vehículos (automotores y motocicletas) se presenta una reducción notable en el total nacional y en las áreas metropolitanas de Bogotá y Medellín, durante la década; en Cali, por su parte, hubo un significativo incremento (179,7% entre 2000 y 2009) (Gráfico 4). Medellín se destaca en este indicador como una de las ciudades donde hubo una mayor reducción en el número de vehículos hurtados durante el periodo: pasó de 8.587 en 2000 (superior incluso a Bogotá con 7.621) a 3.702 para 2009 (la cifra para Bogotá fue de 4.406 vehículos) (Gráfico 5).

Frente a la piratería terrestre, el hurto a entidades financieras y la extorsión, el comportamiento general fue muy similar entre las áreas metropolitanas y el total nacional. Se presenta una caída en los tres tipos de delitos: para el total nacional hubo en los eventos de pirateria terrestre una reducción del 82,2% entre 2000 y 2009 (pasaron de 3.260 casos a 580 para el mismo periodo) (Gráfico 6), para los hurtos a entidades financieras la reducción en el total nacional fue de 78,64% (pasaron de 412 en 2000 a 88 en 2009) (Gráfico 7)¹⁰ y la extorsión pasó de 5 a 3 por cada 100.000 habitantes (pccmh) entre 2003 y 2009 (Gráfico 8).

En síntesis, el cuadro 1 presenta un resumen global de las variables descritas. Se resalta la reducción significativa en algunos indicadores, particularmente en los asociados con los delitos contra el patrimonio económico. Sin embargo, esto no oculta otras realidades encontradas: a) el aumento reciente de la tasa de delitos en la mayoría de áreas metropolitanas, en especial en Cali y b) las preocupantes cifras de tasa de homicidios que aún se mantienen en las ciudades, las cuales son altas en relación con estándares internacionales. Estos dos aspectos se constituyen en factores preocupantes, que contribuyen en el aumento de la percepción negativa sobre la seguridad y la convivencia en las ciudades colombianas, afectando los niveles de confianza y capital social; además estarían confirmando el deterioro en el que se encuentra los niveles de seguridad en las principales áreas metropolitanas del país, asuntos estos que remiten a pensar y profundizar en los cuestionamientos sobre la naturaleza y estabilidad de los logros políticos en materia de control del delito urbano.

IV. Como conclusión: Avances y limitaciones del enfoque económico ortodoxo

Hay que subrayar que a pesar de lo limitado que pueda ser el análisis económico ortodoxo de la violencia y la criminalidad urbana en Colombia, este resulta ser un importante aporte a las ciencias sociales. Los trabajos realizados en las dos últimas décadas constituyen un avance al renovar las teorías y metodologías para el abordaje de estos temas; permitiendo entender sus causas y naturaleza, así como los diversos cursos de acción que pueden ser implementados para su tratamiento y control. Los análisis económicos han ofrecido un marco general en el cual se pueden implementar políticas y programas que permiten entender la incidencia de las diversas expresiones que estos problemas comportan para una sociedad como la colombiana, y propender por hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Además, han ayudado a aumentar la confianza y riqueza en la aplicación de metodologías asociadas con el uso de bases de datos y modelos cuantitativos para la descripción y análisis de estos flagelos.

Estos aportes, aunque importantes, no significan respuestas definitivas sobre la naturaleza y causas de estos complejos fenómenos, más bien se reconoce que se cuenta con una teoría y una metodología eficaz para ofrecer un marco general interpretativo sobre algunos rasgos de estas problemáticas. Si bien hoy se entiende con más elementos analíticos y teóricos algunos aspectos del crimen y la violencia que tienen motivaciones económicas, se reconoce también la importancia de contar con un sistema de justicia eficiente para la reducción de algunas modalidades delictivas asociadas con cálculos estratégicos que los sujetos que delinquen realizan, asociados con los incentivos y los costos de estas actividades, o incluso reconocer que las actividades criminales tienen altos niveles de profesionalización y derrames en factores técnicos y humanos que las hacen cada vez más eficientes, concentradas y con mayor capacidad para penetrar el tejido social, económico y político, entre otros aspectos (Beltrán y Salcedo, 2007).

Sin embargo, es necesario reconocer que una buena parte de estos estudios desarrollados desde la perspectiva de la teoría económica ortodoxa podrían situarse como un retroceso en la comprensión de estos fenómenos de violencia y criminalidad al derivar visiones simplistas o monocausales de la naturaleza, causas y efectos de estos problemas para la economía y la sociedad colombiana en general. Por ello es necesario reconocer que si bien al considerar desde la perspectiva económica ortodoxa y sus formulaciones inductivas –amparadas en modelos econométricos y su uso de fuentes de información cada vez más depuradas– pueden considerarse como herramientas útiles al servicio de una comprensión más amplia de estos temas. Ello no implica que sean la única prueba que pueda ser considerada como suficiente e incluso irrefutable para el desarrollo de explicaciones, hipótesis y resultados sobre estas problemáticas, sobre todo cuando se desconoce la complejidad de las diversas expresiones de la inseguridad y la violencia presentes en la sociedad colombiana y la basta, compleja y rica literatura que desde diversas ciencias sociales las han venido estudiando, desde hace ya varias décadas.

Tener claro lo anterior, permite reconocer también que en el afán de operacionalizar diagnósticos sobre estos temas con el objeto de convertirlos en políticas públicas o en planes y programas, en no pocas ocasiones simplifica complejos problemas que como el narcotráfico, el conflicto armado interno, las redes criminales, entre otros, que no solo requieren de una respuesta desde el aparato de seguridad y justica, sino también de otras formas de intervención que pasen por lo social, lo político, e incluso, lo cultural y ambiental. Factores que por lo general no son integrados dentro de estos análisis por la diversidad de componentes que encierran. Sería pertinente, entonces, que los economistas tuvieran un acercamiento más sistemático y juicioso al estudio de estos temas desde otras perspectivas analíticas y económicas que les posibiliten una lectura más integral y compleja.

Igualmente es necesario que se aprovechen los desarrollos complementarios de otras disciplinas. Otras ciencias sociales han venido construyendo sugestivas interpretaciones sobre los diversos niveles de inseguridad y violencia presentes en las sociedades. Los analistas económicos tendrían que ser más modestos y reconocer de forma concreta, que la sociología, la ciencia política, la criminología, la antropología, la psicología y el derecho, entre otros campos del saber, han venido recorriendo un camino analítico y metodológico que no puede dejarse de lado, pues aunque la mayoría de las veces no ofrezcan pruebas inductivas de sus formulaciones, ello no implica que no aporten conocimiento significativo sobre la realidad social, y más aún, sobre aspectos tan relevantes como las diversas expresiones de inseguridad y violencia; al menos esto no debería olvidarse, no sin antes haber sido estudiadas de manera más juiciosa y reflexiva.

Sin embargo se reitera, que los avances logrados por la disciplina económica en el estudio de la violencia no implican que por esta vía se estén ofreciendo ya respuestas satisfactorias a los interrogantes básicos.

Igualmente, hay vigencia en el señalamiento que el mismo Rubio (1998b) hace sobre las limitaciones que enfrenta el enfoque económico para estudiar la violencia. Las cuales pueden agruparse en cuatro: La primera tiene que ver con los datos: con la escasa atención que la mayor parte de la profesión le presta a los problemas de recolección, o evaluación de la calidad, de la información, y con la mala capacidad para utilizar evidencia distinta de la estadística. La segunda con lo difícil que ha sido para la disciplina modelar los procesos históricos, las actividades no competitivas con rendimientos crecientes y los fenómenos de localización espacial. La tercera se refiere a lo inadecuados que resultan, cuando se analizan las conductas violentas, algunos de los supuestos básicos del modelo de comportamiento de los agentes racionales. Y por último está el escaso interés que ha mostrado la disciplina por desarrollar una teoría del comportamiento que tenga en cuenta las diferencias de género, aspecto este que ha venido siendo integrado desde otras ciencias sociales de forma cada vez más dinámica y constante.

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NOTAS

1 Se pueden mencionar, por ejemplo, las vertientes de la economía política que analizan el tránsito de la anarquía ''hobbesiana'' a un estado mínimo protector que regule el intercambio, y de los cuales se deduce la importancia del poder coercitivo sobre el surgimiento de las instituciones; también la nueva economía institucional que ofrece un marco conceptual para entender cómo evolucionan las reglas de juego en una sociedad; igualmente, la teoría económica de las mafias, que postula que lo pertinente de estas organizaciones es la venta de servicios privados de protección, en forma independiente de la naturaleza de su actividad (Rubio, 1997: 16). En este artículo se discutirán los aportes que desde la teoría económica del crimen (Becker, 1968; Erlich, 1996), permiten entender las estructuras de incentivos y los cálculos estratégicos con el objeto de explicar algunos comportamientos delictivos y violentos relacionados con motivaciones económicas (narcotráfico, delitos contra el patrimonio, entre otros). Además, desde la teoría economía también se viene analizando los efectos económicos, políticos y sociales, relacionados con la presencia y persistencia de conflictos internos en las sociedades en desarrollo (Collier y Hoeffler, 2000; Valencia, 2006).

2 Para una interesante síntesis de las perspectivas de análisis económico del crimen y la violencia en el contexto colombiano ver Beltrán y Salcedo (2007), Martínez (2001), Restrepo y Aponte (2009), Rubio (1999) y Sánchez (2007), entre otros.

3 Para Restrepo (2001: 3), el trabajo de Trygve Haavelmo (1954), una década antes de aparecer esta Escuela, representa un esfuerzo superior, pues este autor, siguiendo los planteamientos de Pareto, logró construir un modelo económico más general, que permitía analizar también las guerras, los conflictos y acciones delictivas como las extorsiones (Valencia, 2006).

4 En el contexto colombiano algunos de los trabajos pioneros que se pueden citar desde esta nueva perspectiva serían, entre otros, Deas y Gaitán (1995), Montenegro y Posada (1995) y Rubio (1997, 1998a, 1999). Todos ellos se caracterizan porque ponen a prueba, con las herramientas propias del análisis económico, un conjunto de hipótesis denominadas en la literatura como a las causas objetivas de la violencia, las cuales critican la idea que la concentración de recursos económicos, sociales y políticos por algunos sectores tiene efectos negativos en las tasas de violencia y crimen en las sociedades (Valencia y Cuartas, 2009).

5 Los efectos sobre la distribución del ingreso se dan cuando personas o grupos se apropian de ingresos por medio de la violencia e irrespetando los conductos regulares de ascenso social por la vía de la educación o el trabajo, al lograr privilegios por fuera del marco de la legalidad; actos como robos, atracos y amenazas, entre otros, provocan que actores ilegales se apropien y concentran rentas. Y los efectos sobre la ineficiencia son debido a que se producen aumentos en el gasto en seguridad y justicia del Estado, aumentos en la inversión en seguridad privada, todo ello contribuyendo a que los diversos agentes económicos requieran utilizar una parte de sus recursos en protegerse de la violencia y el crimen, en la reposición de los daños, físicos y humanos, causados por las diversas expresiones de los mismos y hasta en justicia penal privada; además, ''afectan las decisiones de inversión en capital físico, capital humano y el llamado capital social'' (Rubio, 1997: 11) y producen daños actividades como el turístico y el comercio nocturno, entre otros.

6 En estos trabajos se descarta la incidencia de los factores socioeconómicos, políticos y culturales como relevantes en la explicación del tema, ya que no resistían los niveles de significancia de las diversas modelaciones econométricas propuestas (que básicamente se relacionaban con modelos de descomposición factorial, de correlación, hasta llegar a los más avanzados que utilizan la econometría espacial, entre otras técnicas).

7 Un referente interesante es la revista Forensis, Datos para la Vida, publicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF–, en donde se analiza desde una perspectiva multidisciplinar las diversas expresiones de violencia que se suceden en las diversas regiones del país, entre ellas el homicidio.

8 De las 18 modalidades delictivas que aparecen como títulos del Código Penal, los delitos contra la vida y la seguridad personal (Título I) y aquellos contra el patrimonio económico (Título VII), son generalmente los más frecuentes y de mayor impacto social. Entre estos últimos, algunos de los más importantes en número e impacto son, de lejos, las diferentes modalidades de hurto, y de allí siguen otros como la extorsión, la estafa, el abuso de confianza o el daño en bien ajeno, entre otros. Un referente también interesante, para el estudio y análisis de las diversas expresiones de delitos que se suceden en el territorio nacional es el desarrollado por la Policía Nacional, sintetizado en su publicación, Revista Criminalidad.

9 Los datos utilizados aquí son los que aparecen publicados por la Policía Nacional a través de su revista Criminalidad. Esta última circunstancia imprime un cierto sesgo a los datos en el sentido de que se construyen con base en denuncias y se podría estar descuidando por ello el efecto del subregistro, lo que deja un manto de duda sobre la magnitud y evolución real de los indicadores. En este sentido, las encuestas de victimización permitirían lograr una mejor valoración de la delincuencia urbana; sin embargo, las que se han realizado, no permiten consolidar un conjunto consistente de información cuantitativa por períodos de tiempo, lugar de ocurrencia y categorías del delito. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la información que suministra la Policía Nacional sigue siendo considerada comúnmente como un buen referente o proxy de la dinámica real de la criminalidad. Más aún, se puede conjeturar que los datos que aquí se usan para los principales centros urbanos son particularmente cercanos a la realidad, por cuanto hay allí una mayor presencia de las instituciones judiciales y policiales del Estado (Rivas, 2004; Rubio, 1998a).