Jorge Gámez Gutiérrez^*

^*Jorge Gámez Gutiérrez es economista, especializado en proyectos y docencia universitaria, DEA y doctor en ciencias empresariales. Artículo a partir de la tesis doctoral "Hacia un modelo de emprendimiento en situaciones críticas: Población en Situación de Desplazamiento PSD en Colombia" (2011).

Fecha de recepción: 2 de octubre de 2013
Fecha de evaluación: 11 de noviembre de 2013
Fecha de aceptación: 18 de noviembre de 2013

El conflicto interno de Colombia que abarca el último medio siglo ha generado diversas violaciones de los derechos humanos; casi el 10% de la población ha sido desplazada de sus lugares de vivienda con graves consecuencias económicas y sociales. En algún momento el desplazado cambiará su condición, empero, las pérdidas para el país son incalculables. La Corte Constitucional ha proferido sentencias que reconocen la responsabilidad del Estado y le obliga a reparar hasta donde es posible- a las Personas en Situación de Desplazamiento PSD, situación que se asume desde varios enfoques. Este artículo, derivado de una investigación del doctorado de la Universidad de Nebrija, España, describe los tipos de migración y diferencia entre refugiados y desplazados, presenta una aproximación teórica al fenómeno del desplazamiento, cómo la violencia ha desarraigado a campesinos y minorías étnicas, y muestra algunas cifras y las formas como el Estado atiende esta crisis humanitaria.

Palabras clave

Desplazamiento, violencia, refugiados, migrantes, arraigo, Estado.

SUMMARY

The internal conflict in Colombia that covers the last half century has produced a number of human rights violations, almost 10% of the population has been displaced from their dwelling places with serious economic and social consequences. At some point displaced people change their status; however, the losses for the country are incalculable. The Constitutional Court has issued judgments that recognize responsibility of the State and forces it to repair as far as possible to people in a situation of displacement, PSD, a situation that is assumed from several approaches. This paper derived from a doctoral research at the University of Nebrija, Spain, and describes the types of migration and difference between refugees and IDPs, presents a theoretical approach to the phenomenon of displacement, how violence has uprooted peasants and ethnic minorities, and shows some figures and the ways in which the State addresses this humanitarian crisis.

Key words

Displacement, violence, refugees, migrants, rooting, State.

RESUMO

O conflito interno na Colômbia, que abrange o último meio século tem gerado várias violações dos direitos humanos; quase 10% da população tem sido deslocada de seus lugares de habitação, com graves consequências económicas e sociais. Em algum momento os deslocados mudará seu estatuto; no entanto, as perdas para o país são incalculáveis. O Tribunal Constitucional tem proferidas sentenças que reconhecem a responsabilidade do Estado e obriga-o a reparar até onde é possível para pessoas em situaçõe de deslocamento, e PSD, que presume-se de várias perspectivas. Este artigo, derivado de uma investigação da Universidade de Nebrija, Espanha, descreve os tipos de migração e a diferença entre os refugiados e as pessoas deslocadas, apresenta uma abordagem teórica para o fenômeno do deslocamento, como a violência é desenraizado camponeses e as minorias étnicas e mostra algunos números e formas no Estado atende esta crise humanitária.

Deslocamento, violência, refugiados, migrantes, enraizamento, Estado.

INTRODUCCIÓN

Colombia tiene 47 millones de habitantes y casi 10% es población en situación de desplazamiento, PSD, fenómeno que consiste en el abandono inmediato del lugar de residencia por amenazas de alta credibilidad para el afectado y, muchas veces, su concreción en asesinatos, violaciones y masacres (Stavropoulou, 1999; Acción Social, 2009; Codhes, 2009a; PNUD, 2009; Santana, 2009).

Esta es una crisis humanitaria a juicio de la Corte Constitucional colombiana, que parece tener origen en la propiedad de la tierra como fuente de ingresos, poder, dominio social y político; las zonas de donde se expulsan estas personas son corredores estratégicos para los actores del conflicto armado y tienen importancia estratégica para el Ejército, las guerrillas, los grupos paramilitares -hoy bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico-, narcotraficantes, ganaderos, grandes comerciantes y empresas transnacionales (Ibáñez, 2008);¹ afecta a los más vulnerables -indígenas y afrodescendientes-, y pudo convertir a Colombia en el país con mayor número de personas desplazadas en el mundo; en 2008 hubo 4,3 millones de colombianos desplazados, después de Sudán, donde huyeron de sus hogares 4,9 millones de personas (IDMC, 2009).²

Las cifras de este fenómeno son fuente de discusión entre los organismos del Estado y los observadores: han sido desplazadas 4,6 millones de personas entre 1985 y 2008, con un incremento de 24,47% en 2008 que equivale a 380.863 personas (Codhes, 2009a); sin embargo, para el Estado solo son 2.977.209 (Acción Social, 2009).³

Las medidas previstas por el Estado oscilan entre el "enfoque de derechos" que busca garantizar el resarcimiento de los derechos de la PSD, previstos en la normatividad nacional e internacional, y la opción de brindar atención básica de algunas condiciones materiales para la subsistencia de la población desplazada por la violencia (Forero, 2003).⁴ Para los pequeños propietarios la tierra es símbolo económico y social y por ello, al sufrir el desplazamiento pierden todo y el país ahonda el estancamiento económico de la agricultura, con efectos en la pobreza, inseguridad alimentaria y desarticulación social; en medio del conflicto se han efectuado transacciones de tierras, han aparecido bandas criminales para reclamarlas e incluso se habla de una contrarreforma agraria que pasó más de cinco millones de hectáreas a manos de los terratenientes (Fischer, 2004; Kalmanovitz, 2010; Ortiz Sarmiento, 1995; Posada Reyes, 2009; Santana, 2009).⁵

Se espera que terminado el conflicto haya retorno de la PSD a sus lugares de origen; empero, las cifras muestran que pocas personas retornan (Rettberg, 2002; Sierra, 2002; Pécaut, 2004, 2006). Por tanto, ubicada la PSD en las ciudades permanece en ellas a la espera de rehacer su proyecto de vida (Ibáñez, 2008; CONPES, 2009). Con la presente investigación se busca aportar algunos elementos teóricos del desplazamiento por la violencia.

A continuación se analiza el concepto de migración y sus variantes, desplazamiento voluntario o forzado; se incluyen cifras de esta situación en el mundo y Colombia, las causas y efectos del desplazamiento y algunas formas de regreso pleno a la sociedad.

LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS

La importancia de la migración en desarrollo económico, social y cultural motivó la creación de un organismo que pretende mejorar su gestión, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM (1951); su trabajo se orienta a la promoción del Derecho internacional sobre migración, el debate político y orientación, la protección de los derechos de los migrantes, la migración, salud y dimensión de género. La OIM (2002) define la migración como el movimiento de una persona o grupo de personas desde un lugar o país de origen hacia otro lugar o país de arribo o destino, a través de una frontera administrativa o política, con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal, que puede incluir uno o más lugares o países de tránsito. Es emigrante la persona que deja su país con la intención de residir en otro, inmigrante quien llega al nuevo país en arreglo a las leyes nacionales para tal efecto y migrante cuando no se establece la dirección del movimiento.

La migración legal facilita el acceso al mercado laboral del país anfitrión, aumenta las posibilidades de ser elegibles para recibir asistencia social y médica, y algunos derechos cívicos como el derecho a voto en elecciones locales (ver la Tabla 1). En sentido contrario, la migración ilegal supone que un migrante en situación irregular puede ser detenido, expulsado, deportado, enjuiciado y se expone a posibles violaciones de los derechos humanos. Por extensión, no puede acceder con plenas garantías al mercado laboral, las políticas de nacionalidad y naturalización en el país anfitrión, y en la determinación del estado de refugiado o reunificación familiar.

La migración interna se refiere a movimientos dentro de un mismo país mientras que la migración internacional supone el cruce de una o varias fronteras internacionales. En ambos casos hay cambios en el estatus legal de la persona, pues se denomina refugiada si sale del país y desplazada cuando permanece en él.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 dispuso que si una persona es obligada a salir de su país de origen por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, se denomina "refugiado". La Organización de la Unidad Africana en 1969 incluye en esa definición a cualquier persona que sea obligada a dejar su lugar de residencia habitual debido a agresión, ocupación externa, dominio extranjero, o eventos que interrumpan seriamente el orden público en una parte o en todo su país de origen o de nacionalidad.

Los hechos sobrevinientes y algunas catástrofes -terremotos y tifones- acentúan los problemas de cada sociedad y obligan a las personas a marcharse de sus hogares. Otros individuos y grupos abandonan sus espacios por razones diferentes, entre ellas las crisis humanitarias, las violaciones de derechos humanos y ambientes institucionales y económicos enrarecidos. Por tanto, hay refugiados por motivos ambientales, caso de los habitantes de islas muy bajas que se deben mover por la subida del nivel del mar y la erosión costera, migraciones dentro de China por la desertificación y gente que intenta salir de Bangladesh porque sufre constantes inundaciones.

Las personas forzadas a huir de su país pueden caer en manos de quienes ejercen la "trata de personas", situación en donde se transportan, trasladan, acogen o reciben personas con el uso de la fuerza o coacción, con fines de explotación (Naciones Unidas, 2000). Esta explotación puede derivar en diversas formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares y servidumbre (ver la tabla 2). ⁶

Los colombianos refugiados en Ecuador pueden llegar a 250.000, en Venezuela a 200.000 y hay otros en Brasil, Costa Rica y Panamá. El gobierno colombiano denunció en el ámbito internacional la propagación y contagio del conflicto -amenaza a la seguridad regional-; Venezuela ha recibido las guerrillas varias veces para facilitar diálogos pero afronta las consecuencias negativas y la vulnerabilidad frente a asuntos de migraciones, contrabando, secuestro, robo de vehículos, abigeato, narcotráfico y la violencia de las guerrillas colombianas (Universidad Nacional, 2004).⁷

LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, PSD

el sujeto está abocado al conflicto ya que sus tendencias pulsionales son limitadas a través de las prohibiciones emanadas por la cultura, lo que produce en él una tensión interior. Al tener que armonizar su deseo con la ley... se producen, justo allí... quiebres que introducen el conflicto. Y si el humano en el interior de su ser es conflictivo ¿qué esperar entonces de su encuentro con el otro? Aparece el malentendido, la discordia se instala, se anidan las querellas.

Refugiados y desplazados son individuos o grupos de personas forzados a huir de sus hogares para escapar de conflictos armados, violencia, irrespeto de los derechos humanos o desastres naturales (ACNUR, 2002a); mientras que los refugiados huyen de un país, los desplazados huyen dentro de su geografía. A comienzos del siglo XX se comenzó a contemplar la atención de refugiados rusos, armenios y alemanes por parte de la Sociedad de las Naciones. Finalizada la Segunda Guerra Mundial se firmó el convenio para protección de civiles (1949), se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en 1951 y la Convención de Naciones sobre el Estatuto para los Refugiados el mismo año. Más adelante el Protocolo II estableció que los Estados deben respetar las normas humanitarias en conflictos internos en 1977. En tiempos modernos las invasiones a otros países y las guerras preventivas no diferencian entre población civil y combatientes y, por tanto, no protege los derechos humanos ni los fundamenta cuando estas provocan desplazamientos (Gallardo, 2006).

Los delitos graves contra los derechos humanos incluyen crímenes de lesa humanidad -afectan el derecho a la vida y la integridad personal-, de guerra -infracciones al Derecho Internacional Humanitario- y genocidio -aquellos actos como masacres y traslado forzoso de niños y adolescentes, que tienen la intención de destruir un grupo nacional, étnico o racial. La impunidad es per se una violación a los derechos humanos (Ceballos, 2009). El territorio es el espacio físico y "elemento de identidad... producto de la interacción a largo plazo entre ese espacio y las pautas de su poblamiento, su aprovechamiento (e) identidad... que se tiende a defender, aún en medio de la guerra" (Cubides, en Universidad Nacional, 2004, p. 149).

Si una persona es forzada a dejar su lugar habitual de residencia para huir de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada o violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, o para escapar a desastres naturales o provocados por el hombre y de sus efectos, se denomina PSD. El término incluye a las personas desplazadas dentro de las fronteras de su país de origen, que no están previstos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 debido a que no cruzaron ninguna frontera internacionalmente reconocida.

El desplazamiento precede a las leyes que lo tipifican y lo consideran un problema (Stavropoulou, 1999). Puede abordarse desde dos enfoques: a) antropológico y sociológico, analizado a partir del refugio y el Derecho internacional humanitario; b) Derecho internacional, como violación de derechos humanos. Su propuesta de análisis sugiere que a la luz del Derecho internacional se revisen sus causas y se construya consenso sobre el desplazamiento como violación de los derechos humanos, y que se identifiquen los derechos humanos violados por el desplazamiento. Empero, hay distintas y diferentes definiciones de desplazamiento en el contexto internacional y a veces este es inevitable o beneficioso incluso, para las personas afectadas.

A diferencia de los movimientos poblacionales originados por los intereses de los individuos y su tensión frente a los intereses de las sociedades, el desplazamiento puede ocurrir en tiempos de paz, y en tiempos de guerra y conflicto armado;⁸ considera seis (6) factores causantes: a) el conflicto armado y la conmoción interior; b) la relocalización forzada; c) la violencia comunal; d) los desastres naturales; e) los desastres ecológicos y f) la violación sistemática de los derechos humanos; al mismo tiempo y de manera indirecta cuatro factores pueden producir desplazamiento: a) la violación sistemática de los derechos humanos, b) la guerra, conflicto armado, violencia comunal o agresión, c) la reubicación provocada por proyectos de desarrollo y d) daño al medio ambiente (Stavropoulou, 1999).

El arraigo, según Restrepo (1999) es la sumatoria del espacio -expresado en territorio- y el tiempo -como proyecto-, y se refleja en posesión y continuidad, donde los seres humanos se disponen a encontrarse -lugar o tiempo-, comprenderse -hacerse cargo de su propia situación- y hablar -capacidad de manifestar. Esos seres humanos tiene necesidades vitales -pocas- y existenciales como el orden, la seguridad, la libertad, la consideración, la verdad, el trabajo y el arraigo. Contrario sensu, el desplazamiento es desarraigo geográfico, afectivo y cultural que produce ansiedad. Restrepo define al desplazado, a partir de Weil (1954), como el ciudadano al que le violan sus derechos, por cuyas necesidades nadie responde y ninguno siente obligación. Para Restrepo, en Rodríguez (2010), los desplazados son parias en tanto dejan de ser ciudadanos puesto que no gozan de la plenitud de sus derechos para decidir el futuro de la comunidad política; además, la situación de desplazamiento los convierte en pobres y sometidos al desprecio cultural.⁹

Los desplazamientos -preventivos y reactivos (Ibáñez, 2008)- se producen en países de bajo desarrollo económico y crean miseria humana individual, cargas políticas, económicas y sociales, amenazan la estabilidad política y social, el desarrollo de las regiones, y ponen en peligro la seguridad internacional. Además, generan el rompimiento de familias, ruptura de los lazos sociales y culturales, acaban las relaciones laborales estables, obstaculizan las oportunidades educativas, limitan el acceso a satisfactores de las necesidades vitales y causan vulnerabilidad frente a actos de violencia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 reconstruye los clásicos derechos civiles y políticos; del artículo 22 en adelante agrega nuevos derechos económicos y sociales -entre ellos el derecho al trabajo, la seguridad social, la salud y la vivienda, llamados en general derechos sociales que son de satisfacción más que de concesión o respeto- (Zuleta, 2005).

Francis Deng presentó en 1998 los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Según su propuesta, deberían identificar las necesidades específicas de los desplazados, las obligaciones de los gobiernos, los grupos insurgentes, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) para con estas poblaciones. Los principios rectores reafirman el derecho a no ser desplazado y sugiere unas garantías mínimas que deben respetarse cuando tiene lugar el desplazamiento. Aunque no es un documento legal vinculante es acogido por la mayoría de países que tienen PSD. Deng propuso en 1998 el derecho al no desplazamiento definido como uno de los derechos humanos; a su juicio debería ser un derecho calificado excepto en condiciones en donde la ley establezca que deba moverse un grupo de individuos para garantizar la seguridad nacional, orden público, salud pública o moral o los derechos y las libertades de otros. Derecho con relativa eficacia jurídica puesto que depende de la normatividad de cada país (ver tabla 4)¹⁰. Esas condiciones deben estar definidas con antelación y en ningún caso deben contemplar discriminación de raza, lengua, religión u origen social (art. 4º. del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). En caso de que se deba desplazar a un grupo de personas el Estado debe adoptar todas las medidas posibles para que esa población civil pueda recibir albergue, seguridad y nutrición (art. 17 del protocolo II Adicional de los Convenios de Ginebra).

El papa Benedicto XVI recordó que en el mundo había cerca de 200 millones de emigrantes por razones económicas; 9 millones de refugiados, 2 millones de estudiantes internacionales y 20 millones de desplazados (BEC, 2007). Permanecer en zonas violentas es una opción; sin embargo, ante los riesgos de ser víctimas los individuos evalúan los riesgos, entre ellos, los niveles de vida en los municipios de origen o los municipios receptores, sustituir ingreso por un menor riesgo de convertirse en víctimas y que los miembros del hogar deban desplazarse (Ibáñez, 2008).

Tabla 5 ¹¹

Solo tres países reportan personas desplazadas en América: México con 5.500 según cifras oficiales, 10,000 hasta el año 2003, según el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR y 12,000 hasta 2003, según el Centro para los Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas; Perú, con 150.000 personas desplazadas hasta 2007, según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y Colombia, con 2.649.139 según cifras oficiales y 4.361.355 según Codhes (IMDC, 2007).¹²

Las mediciones del IMDC (2007) muestran alrededor de 26 millones de desplazados en 52 países: en Europa 2,8 millones, Asia - Pacífico 3 millones, África 11,8 millones, Oriente medio 2,7 millones y Latinoamérica 4,1 millones (México 5.500, Colombia 2.649.139 según el gobierno y 4.361.355 según Codhes.¹³

POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA

La idea de que los seres humanos tienen unos derechos anteriores al Estado surgió en el siglo XVII con Hobbes y Locke, y se convirtió en el sustento de las constituciones políticas modernas junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, avances que se han incorporado en las Constituciones colombianas desde 1810, aunque los mecanismos para hacerlos valer han sido débiles y el país ha vivido largos períodos de enfrentamientos armados internos (Melo, 2002). Desde finales del siglo XX se han hecho avances normativos en la promoción de estos -creación de la Defensoría del Pueblo, la tutela, el reconocimiento de derechos a minorías y la incorporación de derechos económicos, sociales y la paz en la Constitución de 1991- al tiempo que han crecido los indicios de que el Estado no los respeta y no tiene capacidad de hacerlos respetar. Por ello, diversas ONG han sentado bases en Colombia y se han convertido en permanentes contradictores de los últimos gobiernos que las descalifican por ser aliadas -voluntarias o involuntarias- de la subversión. Uno de los retos del Estado y sus instituciones es la protección de los derechos de las personas que la subversión limita -la libertad, la vida, la propiedad, la seguridad y el medio ambiente- o los que él mismo pueda quebrantar -el debido proceso para allanamientos y procesos judiciales, tortura o asesinato de guerrilleros y simpatizantes.

Deas reconoce en el caso colombiano y sus guerras la presencia de la clase dominante para defender sus intereses; empero diferencia entre las épocas de guerras civiles y la Violencia, puesto que esta última no tuvo estrategias definidas, fechas de inicio y terminación y la posibilidad de regreso a los hogares (Sánchez y Peñaranda, 1995). Terminadas la Guerra Fría y la pos Guerra Fría -11 de septiembre de 2001-, se ha pasado a la cruzada contra el terrorismo. La guerra colombiana ha pasado por las tres.¹⁴ Fals Borda (1975), respecto de las formas de violencia, encontró que las ligas campesinas lograron organizar la producción eficiente de las tierras antes de 1950, no se sostuvieron en tiempos de la Violencia ya que fueron en ese momento solo grupos de autodefensa sin ideología -los bandoleros-, es decir, los unos fueron dirigentes campesinos espontáneos que reaccionaron en forma violenta ante los engaños para dejar las armas, mientras que otros solo fueron criminales que ejercían retaliaciones; en 1964 los grupos de campesinos se convirtieron en guerrillas.

Colombia tiene tradición violenta y vive en guerra endémica permanente: 63 guerras internas en el siglo XIX, los brotes violentos de 1930, las guerrillas del Llano y el desangre bipartidista entre 1948 y 1953, los bandoleros, las autodefensas campesinas y las "repúblicas independientes" hasta mediados de la década de 1960 cuando surgieron las Farc, el Eln, el Epl, el M-19 y ADO en el decenio de 1970, el grupo Ricardo Franco, el Quintín Lame en los años 80 y la consolidación de grupos paramilitares de derecha a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI (Gómez B., 2003; Sánchez y Peñaranda, 1995).¹⁵ Han sido tres tipos de confrontación: "guerras civiles" para saldar rivalidades de las clases dominantes -siglo XIX-, guerras entre "clases dominantes y clases subalternas" -La Violencia- y guerras para abolir el "régimen" político existente -finales del siglo XX-, aunque los autores no abordan el problema de la tierra para explicarlas y el rol de las confrontaciones internacionales (Sánchez y Peñaranda, 1995, p. 21).¹⁶

En tiempos modernos los países aceptan la existencia de conflictos con otros países pero no los conflictos internos porque ello implica admitir que las fuerzas del Estado combaten dentro de las fronteras a sus connacionales. El conflicto armado colombiano se ha alimentado en los últimos años por el narcotráfico con efectos reflejados en heridos, muertos, consecuencias económicas y sociales, en masacres, secuestros, desapariciones, torturas y grandes volúmenes de personas desplazadas.¹⁷ La guerra del narcotráfico, según Mylène y Le Bonniec (1994), cuenta con la participación de agencias internacioales; no obstante, los insumos químicos siguen ingresando al país y la figura del cartel que se invoca no muestra cómo los carteles colombianos controlan cantidades o precios. La guerra al narcotráfico ha involucrado a Cuba -en permanente disputa con Estados Unidos- y al sistema financiero norteamericano que acoge sin reservas los capitales de todo el mundo, incluidos los generados en esta actividad.

El desarrollo de las guerras ha cambiado junto con las formas de violencia. Mientras que en el siglo XIX la proporción de militares a civiles muertos era de ocho a uno, hoy la proporción se ha invertido de uno a ocho. En consecuencia, los cercos a la población civil y las atrocidades contra los no combatientes se reflejan en personas refugiadas y desplazadas (Americas Watch, 1993). Según Deas, en Sánchez y Peñaranda (1995), los nexos entre las guerras del siglo XIX y lo que pasa después de 1946 incluyen la migración y la actividad electoral, por lo que Pérez (citando a Kircher, 1991) muestra cómo las zonas de conflictos agrarios generan desplazamientos individuales, y las zonas con narcotráfico y paramilitares generan desplazamientos colectivos (Bello et al., 2004; Américas Watch, 1993).¹⁸

Hasta mediados de la década de 1990 el desplazamiento forzado era atribuido a los desastres naturales o razones económicas, y por tanto, el tratamiento fue coyuntural y deficiente; en Colombia no hay desplazamientos masivos como en Sudán y Ruanda, en donde las personas llegan a buscar refugios en grandes campamentos e incluso, cruzando las fronteras; contrario sensu, son desplazamientos individuales y sin cruzar las fronteras (Rodríguez, 2010).

Parece haber relación entre los casos de desplazamiento por la violencia y las bonanzas locales lícitas de petróleo, banano, esmeraldas, oro, caucho, y bonanzas ilícitas por contrabando, coca y amapola, entre otras, en la costa Pacífica, la Orinoquia y la Amazonia en el siglo XX. La expansión de la violencia y el desplazamiento de la vida política se trasladaron de las zonas urbanas -reformas propuestas y consolidadas por López Pumarejo en los años cuarenta- hacia las zonas rurales después del 9 de abril de 1948. El Estado colombiano antes de 1995 no contemplaba el término población desplazada por la violencia (Bello et al., 2004; Americas Watch, 1993; Pécaut, en Sánchez y Peñaranda, 1995).

Según María Clara Echeverría (Universidad Nacional, 2004), las guerras internas y los conflictos territoriales generan desplazamiento forzado interno que desestabiliza los complejos sistemas de vida humana, violencia interna en las ciudades, territorios de las ciudades aprovechados como soporte de la acción armada, reacciones sociales y comportamientos individuales, modelos de urbanización cerrada y enclaves territoriales -modelos de urbanización que imponen barreras ausentes del espacio público que impiden intercambios sociales y generacionales- e impactos en el espacio urbano - deterioro de las condiciones de vivienda, conflictos de espacio, desempleo, informalidad y sobrevivencia, y deterioro de los sectores urbanos-.¹⁹

Para Gina Rodríguez (2005) las alianzas entre grupos armados y narcotráfico son coyunturales y van desde una conexión marginal con las organizaciones narcotraficantes al dominio de varias etapas de la producción. Las Farc incursionaron en el narcotráfico a finales de la década de 1960 aunque inicialmente tuvieron oposición frente a la economía de las drogas ilícitas. Después de 1982 se comenzó el cobro de impuestos directamente por la guerrilla a partir de acuerdos formales con las organizaciones de narcotraficantes. Luego se pasó del cobro del impuesto a cada kilo de pasta o base de coca comprado por cada narcotraficante grande o pequeño a los cultivadores, al gravamen de los mismos cultivadores, raspachines y recolectores. Además se inició el cobro de impuestos por el uso de pistas aéreas para el transporte de precursores químicos y cocaína. Hacia 1998 asumieron el control total del tráfico local en Putumayo y Caquetá, imponiendo precios fijos para la base de coca y obligando a los campesinos a vender únicamente al frente local. Las autodefensas tienen desde sus inicios un lazo con las organizaciones de narcotraficantes en la década de 1980 y comienzos de la de 1990 y solo ahora, tras convertirse en una federación nacional de bloques armados y con motivo del actual proceso de desmovilización, buscan adquirir un estatus político.²⁰ Desde 1996 su confrontación con los grupos guerrilleros y sus apoyos -reales e imaginarios- ha incrementado los niveles de violencia y desplazamiento en las zonas de enfrentamiento. El Instituto de Medicina Legal (2007, 2008) encontró que la violencia sociopolítica y sus acciones armadas incrementan las muertes en zonas rurales. En 2008 entre los muertos hubo 40 desplazados, 197 desmovilizados, 120 de grupos étnicos y 6 sindicalistas.²¹

El 9 de septiembre de 1994 el gobierno de Ernesto Samper reconoció la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, lo que dio como resultado que en 1995 se aprobara el documento CONPES 2804 que esbozó el primer programa nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia en Colombia, con estrategias de prevención, atención inmediata, consolidación, estabilización socioeconómica y comunicación e investigación.²² Puesto que los resultados no fueron inmediatos el documento CONPES 2924 de 1997 redujo a tres las estrategias: prevención, atención inmediata y consolidación y estabilización socioeconómica.

Según el censo de 2005, el más reciente hecho en Colombia, 9.866.733 personas cambiaron de residencia. Entre ellos 416.435 lo hicieron motivados por amenazas para su vida y 209.103 por riesgo de desastre natural.

Gráfica 1

¿CUÁNTAS PERSONAS SUFREN DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA?

A Colombia llegaron 58.700 extranjeros en 1960, 104.300 en 1990 y 110.000 en 2005; como porcentaje de la población es solo 0,3%. En cuanto a emigrantes, en el período 2000-2002 salió de Colombia 3,9% de la población. Respecto de la migración interna la cifra podría estar cerca de 8.100.000 personas (20,3% del total de colombianos) aunque el PNUD resalta la heterogeneidad de definiciones, períodos y fuentes que no permiten las comparaciones (PNUD, 2009, pp. 158-160).

Colombia tiene entre 2,5 y 4,3 millones de personas desplazadas por el conflicto interno. Por no tener cifras unificadas algunos autores hablan de subregistro entre 20% y 30%. La Corte Constitucional afirma que el registro oficial no contempla los desplazamientos forzados de carácter intraurbano, intraveredal o los ocasionados por fumigaciones de cultivos de uso ilícito. El gobierno colombiano ha reconocido la existencia de un conflicto armado de naturaleza política, pero es difícil alejar a los civiles de la confrontación en desmedro de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario que sumadas a la debilidad institucional dificultan la atención de la población desplazada (Romero, 2008).

Según la Conferencia Episcopal el desplazamiento se origina en el conflicto armado interno y su degradación -los bombardeos indiscriminados, los homicidios fuera de combate, las desapariciones, secuestros, reclutamiento forzoso y amenazas a la población civil-, la violación generalizada de los derechos humanos, el narcotráfico -que todavía no termina a pesar del apoyo de Estados Unidos y su propuesta de Plan Colombia y Plan Patriota- y los conflictos sociales que tienen relación con la tenencia de la tierra.²³

Según el DANE (2006a) las personas que huyen de la violencia²⁴ se trasladan en los primeros momentos a municipios cercanos, capitales de departamento y finalmente, la capital del país. Sobresalen como ciudades receptoras Santa Marta en la costa Caribe, Valledupar, Sincelejo, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Popayán, Armenia, Pereira, Manizales, Bogotá y Villavicencio, ciudad a donde llegan los desplazados de la Orinoquia y Amazonia.²⁵

Gráfica 2

Los departamentos de donde salieron los desplazados fueron Antioquia, Santander, Meta, Córdoba, Boyacá, Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Cesar, Arauca, Magdalena, Cundinamarca, Caquetá, Valle, Tolima, Huila, Sucre y Caldas. Los departamentos que más población desplazada recibieron son Cundinamarca, Santander, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Boyacá, Atlántico, Bolívar, Cauca, Arauca, Valle, Magdalena, Meta, Sucre y Caquetá.²⁶

Las comunidades afrocolombianas se enfrentan a diversos retos:

la violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los "megaproyectos" destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos humanos. Algunas comunidades libran una lucha diaria para sobrevivir, al estar desplazadas de sus tierras y obligadas a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad e inseguridad, sin colmar sus necesidades básicas, incluyendo la vivienda adecuada, el agua y la electricidad, la salud y la educación de sus hijos. (Naciones Unidas, 2010, p. 2).

Los megaproyectos más importantes incluyen la base de Bahía Málaga en el departamento del Valle, la Carretera Panamericana, ramal Pereira - Nuquí - Bahía Solano y el Tapón del Darién, proyecto Calima III y IV, hidroeléctricas y transvase del río Cauca y el proyecto estatal "Plan de Acción Forestal para Colombia y Explotación Industrial del Recurso Forestal, Minero, Pesquero y Palma Africana, por parte de compañías nacionales y extranjeras" (Pastoral Social, 2010).

Los principales departamentos expulsores de indígenas son Putumayo, Cauca, Nariño, Cesar y La Guajira (Snaipd, 2009). Según la Conferencia Episcopal (1995) los responsables del desplazamiento fueron la guerrilla (31,87%), paramilitares (21,08%), Fuerzas Militares (19,56%), Policía Nacional (5,42%), narcotraficantes (4,52%), Milicias Populares (3,84%), esmeralderos (2,25%), Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (1,58%) y otros (9,88%).

Entre las ocupaciones que tenían los desplazados había pequeños y medianos comerciantes (10%), profesionales (0,4%), servicios y otros oficios (9,4%), asalariados agrícolas y pequeños campesinos²⁷ (40,7%), empleados (7,4%), obreros (6,1%) y maestros (4,7%). Después del desplazamiento la ocupación de las personas fue de vendedor ambulante y pequeño comerciante (22,5%), obrero (12,9%), otros oficios (11,3%), desempleados (11%), asalariados agrícolas y pequeños campesinos (10,7%), empleados (8,9%) y profesionales (0,3%). El nivel de educación de los jefes de familia desplazados fue de primaria completa (51%), secundaria completa (14,66%), estudios técnicos o universitarios (6,92%) y ninguno (16,05%). Antes del desplazamiento, 83,3% dijo no haber recibido apoyo antes del desplazamiento, 61,1% no tuvo apoyo durante el desplazamiento y 58% no contó con apoyo después del desplazamiento. En cuanto a las razones para regresar a su lugar de origen se señala recuperar lo perdido (8,38%), razones familiares (6,67%), porque es mejor el campo (4,44%), 'allá están mis amigos' (2,48%), las condiciones de vida son más fáciles (2,22%) y otras (58,46%). Por el contrario, las razones para no regresar contemplan la violencia en la región (11,71%), está organizado en la ciudad (8,29%), miedo (8,03%), inseguridad (6,92%), lo perdió todo (2,48%) y otras (29,48), según la Conferencia Episcopal (1995).

Tabla 7

Entre 1997 y marzo de 2008, según la Comisión de seguimiento a la política pública de desplazamiento forzado (2009c, vol. 5) se presume que los responsables fueron autodefensas (37%), guerrilla (11%) y fuerza pública (23%) mientras que los inscritos en el RUPD atribuyen el desplazamiento a paramilitares - AUC, Autodefensas Unidas de Colombia (37%), Farc (29,8%), Eln (3%), fuerza pública (1%), bandas emergentes (1,6%), otros (2,8%), combates (2,3%) y no saben o no responden (22,5%).²⁸

Las consecuencias del desplazamiento forzoso se reflejan en que 95% de los hogares desplazados está por debajo de la línea de pobreza y 75% por debajo de la pobreza extrema (Ibáñez, 2008).²⁹ Los costes brutos del conflicto armado según Gómez Buendía et al. (2003) muestran que el desplazamiento como porcentaje del PIB fue equivalente a 0,04% entre 1991 y 1998, y 0,63% en 2002, sin contar los efectos sobre el ambiente urbano y el medio rural -ejecución inconsulta del Plan Colombia³⁰ con recursos de Estados Unidos y aporte colombiano-, y la posibilidad de que haya subregistro de desplazados.³¹

El subregistro es de 30% según la Universidad de los Andes y la Conferencia Episcopal y de 20% según Profamilia, citados por Guataquí en Rodríguez (2010, p. 47). Varias de las razones que explican el subregistro incluyeron el hecho de que se negara a incluir en el RUPD a quienes informaron su condición un año después de los hechos, la omisión de notificar el rechazo al declarante, personas que por desconfianza ante las autoridades o por persistencia de las amenazas no informan su situación, la negativa de inclusión en el RUPD a quienes volvieron por algún tiempo a su lugar de origen y el rechazo de los desplazamientos intraurbanos, intraveredales y dentro de los territorios colectivos en caso de grupos étnicos (Rodríguez, 2010, p. 52); un inconveniente de difícil solución por falta de voluntad política es que Acción Social valoraba la declaración de la población desplazada y su inclusión en el RUPD.³²

La intervención de la Corte Constitucional frente a la PSD antes de la sentencia T-025 de 2004 se dirigió a través de autos y sentencias contra funcionarios y entidades según las demandas de los interesados, quienes a su vez obtenían de manera individual el resarcimiento de sus derechos y no para toda la PSD. La sentencia se originó en 108 demandas interpuestas en 22 ciudades por 1.150 familias contra instituciones estatales por no haberlos protegido y atendido sus demandas, y el fallo se dirigió a todas las personas que sufrieron desplazamiento aunque no hubieran interpuesto la acción de tutela; la Corte Constitucional ordenó al ejecutivo la creación de un plan de acción para superar el estado de cosas inconstitucional, la realización de todos los esfuerzos posibles para conseguir el presupuesto para atender a la PSD y la garantía del goce efectivo del contenido esencial de los derechos básicos de la población desplazada. Por tanto, podría hablarse de una atención organizada a la PSD desde 2004. La atención a la PSD se sistematizó con la Ley 387 de 1997 al tiempo que se adoptó el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (Decreto 173 de 1998), la organización y funcionamiento del Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada (Decreto 501 de 1998) y la asignación a la Red de Solidaridad Social -hoy Acción Social- de las funciones de la Consejería Presidencial para la Atención a la Población Desplazada (Decreto 489 de 1999), según Rodríguez y Rodríguez en Rodríguez (2010).

El estado inconstitucional de cosas se declaró por las fallas estructurales de políticas públicas, entre ellas la prolongada omisión de las autoridades competentes, la adopción de prácticas inconstitucionales, ausencia de medidas legislativas, administrativas o presupuestales y necesidad de intervención de varias entidades. Estas fallas se reflejan en deficiente asignación de funciones y responsabilidades en la política pública, falta de capacidad para cumplir planes trazados en estabilización socioeconómica en la implementación de la política pública y fallas en la asignación de recursos (Rodríguez, 2010). A partir de esa sentencia se han emitido más de 50 autos, orientados a la superación de esta emergencia humanitaria y a saber con certeza todo sobre la PSD: cuántos son, dónde están, cómo viven, qué pasó con las tierras y bienes abandonados en la huida, qué hace el gobierno para atender y proteger esta población, qué pasa con las mujeres, indígenas, afrodescendientes, niños y personas discapacitadas y cuánto invierte el gobierno para los desplazados.³³

En agosto de 2005 se conformó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, integrada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Decanatura de Derecho de la Universidad de los Andes y personalidades de la vida nacional. Su labor consiste en hacer seguimiento técnico y sistemático a las acciones que contribuyen a la solución de esta crisis humanitaria y la elaboración de informes a la Corte Constitucional, que más adelante, a través del Auto No. 109 de 2007, se convirtieron en verificación nacional del goce efectivo de los derechos y divulgación pública de los resultados. La Comisión ha hecho dos encuestas nacionales de verificación con apoyo financiero internacional y de la Universidad Nacional de Colombia; hasta el mes de mayo de 2009 se han presentado 14 informes sobre las etapas de atención humanitaria y de estabilización socioeconómica; de igual manera, la Comisión ha propuesto indicadores de goce efectivo de derechos, entre ellos los derechos a la reparación que incluye la restitución -devolver a la víctima a la situación en que se encontraba antes de la comisión del crimen-, indemnización, rehabilitación, a medidas de satisfacción y sus vínculos con los derechos a la verdad y a la justicia, a garantías de no repetición, a la igualdad y a la no discriminación en el ámbito del desarrollo de las políticas destinadas a satisfacer el derecho a la reparación integral. Entre ellos destaca la generación de ingresos y acceso a la propiedad (Comisión, 2008).

La Comisión de seguimiento (2010) a partir de entrevistas efectuadas en 10.433 hogares en 68 municipios, encontró que 83% de los inscritos en el RUPD perdió algún bien -sin contar los muebles del hogar-, 72% animales, 50% maquinaria y equipos, 42% tierras, 32% cultivos, 24% infraestructura productiva, y 19% bienes raíces no rurales. Entre quienes no están inscritos en el RUPD, 78% perdió algún bien, 63% animales, 45% maquinaria y equipo, 35% tierras, 23% cultivos permanentes, 17% bienes raíces no rurales y 16% infraestructura productiva. Los grupos familiares debieron huir y solo 3,5% pudo vender libremente la tierra o dejarla en manos de conocidos. Alrededor de 6,65 millones de hectáreas fueron despojadas o forzadas a ser abandonadas sin contar los territorios de comunidades étnicas, equivalentes a 12,9% de la superficie agropecuaria del país; de ellas, un millón entre 1980 y 1997, 5,3 millones entre 1998 y 2008, y 0,35 millones de hectáreas entre 2009 y 2010. Las zonas más azotadas por el despojo son Antioquia y Chocó, con 1,9 millones de hectáreas, Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y el municipio de Buenaventura, con 1,5 millones de hectáreas, Meta, Arauca, Casanare, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada con un millón de hectáreas, Guajira, Magdalena, Cesar y Norte de Santander con 0,9 millones de hectáreas, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre con 0,7 millones de hectáreas, y Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Huila, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y el Distrito Capital con 0,6 millones de hectáreas.

La Comisión (2010) encontró además que 53% de los grupos familiares cree que sus predios continúan abandonados y 30% no saben nada de ellos; respecto del uso que se les está dando en este momento, 76,8% dicen no conocerlo y 22,4% sí; de ellos, 39% dice que la tierra está descuidada -rastrojo-, 36% que se usa en cultivos de pequeña escala y 6% que se usa para cultivo o transporte de sustancias ilícitas.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, según la Ley 975 de 2005 "Justicia y Paz" y el Decreto 4760 de 2005, tiene entre sus funciones recomendar al Gobierno la implementación de un programa institucional de reparación colectiva en las zonas más afectadas por la violencia; recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia. (Ver el sitio www.redepaz.org.co/Comision-Nacional-de-Reparacion-y,16).

Reparar a las víctimas de la guerra en Colombia supera la entrega de dinero, requiere la llegada del Estado a todo el territorio, en particular a las regiones golpeadas por la violencia que además son remotas y pobres. Reparar a las víctimas es obligación del Estado, no un acto de caridad. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Organización Internacional para las Migraciones y las ONG hacen ingentes esfuerzos para cumplir el mandato de la Corte Constitucional pero no es fácil vencer los obstáculos burocráticos para que funcionen de manera articulada los programas y proyectos de reparación. Más allá de compensar dolor con dinero, se debe propender por el reconocimiento, la enmienda y las garantías de superación de su situación de vulnerabilidad acompañadas de sólida confianza en el Estado para que facilite su inclusión política. La Ley 975 de 2005 creó un instrumento para cumplir con el deber de la reparación llamado incidente de reparación integral y el Decreto 1290 de 2008 estableció, para las víctimas de grupos armados ilegales, las indemnizaciones solidarias por vía administrativa, con plazo de dos años para que las víctimas se inscribieran -hasta el 22 de abril de 2010 lo hicieron más de 300.000 personas pero fueron rechazadas otras 300.000- y fueran beneficiarias de los desembolsos del Estado. Empero, el Gobierno llama a estos desembolsos pagos solidarios, sumas recibidas por las víctimas en solidaridad con su dolor, pero el Estado no acepta la responsabilidad directa o indirecta que le cabe por estas reparaciones ni ha condenado moralmente a sus culpables -entre ellos algunos agentes estatales-. A esta situación se suma la continuación del conflicto y la aparición de nuevas víctimas.

El desplazamiento forzado ha generado la pérdida o abandono de 5,5 millones de hectáreas con un lucro cesante que genera pérdidas por 42 billones de pesos, y se ha desmejorado la calidad de vida de 98% de los hogares desplazados incluidos en el Registro oficial que vive en condiciones de pobreza y de 82% que subsiste por debajo de la línea de indigencia³⁴ (Santana, 2009). La comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado (2009, tomo 5, p. 45) estima que el número de hectáreas abandonadas está entre 1,2 millones, apoyados en Ibáñez, Moya y Velásquez (2006) y 10 millones según Catastro Alternativo del Movimiento Nacional de Víctimas (2007); el dato oficial es de Acción Social de 2005, que calcula 6,8 millones de hectáreas abandonadas por el desplazamiento. La segunda encuesta de verificación encontró que 55% de los grupos familiares tenían tierras antes del desplazamiento y 94% de ellos debió abandonarlas.

NOTAS

¹ Los combatientes de los grupos armados en general son adoctrinados, mediante "convenciones, estatutos, reglas y modos de comportarse... que buscan crear en el combatiente una actitud de subordinación... en los ámbitos político, ideológico, militar o cotidiano" (Cárdenas Sarrias, 2005, p. 123). La incorporación a los grupos paramilitares se basó en el salario, con vacaciones y un seguro de vida. Empero, vivieron las mismas dinámicas de sus enemigos naturales -la guerrilla- de autoridad y obediencia, y la orientación por la restauración del orden y la redefinición de regímenes locales y regionales (Cárdenas Sarrias, 2005). Volver

² Jaime Arocha en Díaz et al. (2002), resalta cómo Bogotá se ha sorprendido con el aumento de habitantes de raza negra y cita el estudio Acá antes no se veían negros (Claudia Mosquera, 1998); la masiva presencia de afrodescendientes se refleja en los nuevos aromas y maneras desconocidas para los capitalinos. En principio se encuentran afrobogotanos descendientes de los esclavizados en la Santafé colonial y quienes han llegado en los últimos años víctimas del desplazamiento forzado.Volver

³ En julio de 2009 Amnistía Internacional presentó las cifras de desplazamiento en Colombia: 380.000 desplazados y 500.000 personas que han huido del país; el gobierno nacional reconoció; 180.000 personas que huyeron de la violencia. (El Tiempo, recuperado en julio de 2009 de:www.eltiempo.com/colombia/politica/cifras-de-desplazamiento-son-menores-a-las-divulgadas- por-amnistia-internacional-dice-el-gobierno_5642035-1). Volver

⁴ Colombia es un país de alta centralización que contribuyó a ampliar su endogamia cultural y genera formas de intolerancia y violencia (Yunis, 2006); los intercambios entre regiones son pocos, se ampliaron las periferias, la incomunicación y el bajo comercio. Volver

⁵ La geografía parece tener alguna incidencia en las guerras civiles. Países enormes con zonas montañosas y población dispersa parecen dar a los rebeldes más sitios para formarse y esconderse (Collier, 2010, p. 55). A juicio de la Defensoría del Pueblo de Colombia el desplazamiento es forzado por violencia de quienes buscan el control territorial y pretenden erradicar todo tipo de oposición, dándoles muerte o forzando su salida de la región; las políticas estatales para prevenir el desplazamiento han resultado ineficientes (PUJ, 2001). La ocupación forzada y la explotación de la tierra son los factores que fuerzan el desplazamiento; las comunidades indígenas son especialmente vulnerables porque viven en territorios colectivos ricos en recursos como petróleo, biocombustibles y coca, y están localizados en sitios estratégicos (ACNUR, 2009). Volver

⁶ El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es un instrumento de la Defensoría del Pueblo para monitorear y advertir las situaciones de riesgo de la población civil con relación al conflicto armado. Volver

⁷ En Ecuador hay 45 mil refugiados, de los cuales 98% son colombianos, según Andrej Mahecic, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con corte a marzo de 2010; sin embargo, consideran que hay unas 100.000 personas adicionales (El Tiempo, www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/refugiados-en-ecuador-se-duplican-dice-la-onu_7541227-1, recuperado el 4 de abril de 2010); durante 2008 hubo 25.430 solicitudes de refugio a Ecuador en su gran mayoría, 15.051 personas. (Codhes, 2010). Volver

⁸ En su tesis doctoral defendida en Harvard, Stavropoulou muestra los esfuerzos internacionales para solucionar el "problema mundial de refugiados se han centrado en remediar la situación de refugiados después (cursiva en el original) de que estos han acontecido" (1999, p. 27). Recuerda que la ACNUR tardó años para asumir el problema de refugiados como asunto de derechos humanos mientras se dedicó a la aplicación de medidas protectoras y humanitarias; su acción es limitada porque no puede detener a los Estados que fuerzan el exilio de su gente. Hoy ya se incluye el tema en la legislación y se prohíbe la expulsión masiva de nacionales de un país, aunque se queda corta en cuanto a desplazamientos por coerción indirecta, desplazamiento interno o relocalización forzada.Volver

¹⁰ Este pacto fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966; entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.Volver

¹¹ Según el Estado colombiano, 1.776.482 personas fueron desplazadas en forma individual y 451.684 en forma masiva, para un total de 2.228.166 a 2008 (Observatorio, 2008).Volver

¹² Los desplazamientos forzados en México obedecen a múltiples causas; el conflicto de Chiapas -combates entre el Ejército mexicano y el EZLN iniciado en 1994 y la aparición de grupos paramilitares en 1997-, disputas por tierras, tráfico de estupefacientes, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y desastres naturales. El conflicto armado interno peruano, cuyos actores fueron el Ejército, Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y grupos de autodefensa, se concentró en las regiones andinas de la sierra centro-sur y la región selvática (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2002). Volver

¹³ CODHES muestra acumulados desde 1985 mientras el gobierno tiene cifras desde 1994 que no incluyen desplazamientos intraurbanos ni desplazados por las fumigaciones. Volver

¹⁴ Desde 1997, las FARC y el ELN figuran dentro del listado de organizaciones terroristas internacionales del Departamento de Estado norteamericano, y el 11 de septiembre de 2001 fueron incluidos los paramilitares (Rodríguez, 2005; Fundación Ideas para la Paz, 2004). Volver

¹⁵ A juicio de Hobsbawm, en Sánchez y Peñaranda (1995), los bandoleros sociales son un fenómeno rural sin ser formas de protesta revolucionaria que se diferencian de los delincuentes profesionales o en armas al servicio de terratenientes, militares o bandidos. El bandido es político y existe por la incapacidad de la ley para castigarle, además de que no acepta la autoridad estatal. Las guerrillas que hoy subsisten nacieron en 1964 (Farc) y 1965 (Eln). Según Medina, en Chalk y Rabasa (2003), las Farc buscan el reconocimiento de su influencia en la gestión local del país; no por ausencia de Estado sino como forma de consolidación de poder de facto en los municipios para ganar legitimidad y representatividad. Aunque no siempre su motivación es altruista pues se acude a la apropiación de rentas (Ibáñez, 2008) y los medios utilizados -secuestro, por ejemplo- son criticados. El presidente Guillermo León Valencia mediante el decreto legislativo 3398 llamó a toda la ciudadanía para "cooperar en la defensa nacional" (art. 4) y autorizó a las Fuerzas Armadas para amparar las armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas (art. 33), es decir, el gobierno renunció al monopolio de las armas (Corporación Observatorio para la Paz, 2009). El gobierno de César Gaviria con el decreto 356 de 1994 creó las Convivir, en donde autorizó a los particulares para prestar servicios de vigilancia y seguridad privada; estas cooperativas de seguridad se vieron envueltas en relaciones con los grupos paramilitares y de Autodefensa. El presidente Álvaro Uribe dice al respecto: "Siempre he aceptado mi responsabilidad en promover 67, 69 organizaciones de Convivir de Antioquia (...) Las Convivir que yo impulsé en Antioquia obedecen al mismo principio de colaboración ciudadana con la Fuerza Pública que hoy ha llevado al Gobierno a estimular más de tres millones de cooperantes con la Fuerza Pública" (recuperado el 10 de enero de 2010, de: www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3428232).Volver

¹⁶ Kalmanovitz sugiere que un impuesto predial justo induciría a la explotación más intensiva de la tierra; quien no logre el ingreso para pagarlo deberá vender sus tierras sobrantes al que sí esté dispuesto a explotarlas intensivamente. Recomienda también el desmonte de la política agraria basada en el latifundismo empresarial que distribuyó recursos públicos entre personas muy ricas y la revisión de las funciones ejecutadas por las instituciones públicas para el campo; recuerda que han sido incompetentes y permeadas de corrupción, con trato diferenciado a la palma africana y la caña de azúcar que han recibido apoyo a través de fijación de precios que castigaron a los consumidores. (Recuperado de El Espectador, de: www.elespectador.com/columna196668-cuestion-agraria-hoy, el 4 de abril de 2010).Volver

¹⁷ Una de las masacres más conocidas en el ámbito internacional es la de Bojayá, Chocó, cuando el 2 de mayo de 2002 se trenzaron en un combate los frentes 5 y 57 del bloque José María Córdoba de las Farc y el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con un saldo de 119 civiles muertos, 90 heridos, combatientes muertos de ambos bandos, un número indeterminado de personas desplazadas, y la zozobra posterior por la recuperación de la zona a sangre y fuego por parte de las Fuerzas Armadas (Lancheros y Rincón, 2006). Otra masacre fue ejecutada en Trujillo, Valle, en 1990, en donde fueron asesinados y torturados el párroco del pueblo y 25 personas más; el motivo fue de tierras y los autores fueron terratenientes, paramilitares y algunos miembros del Ejército (Americas Watch, 1993).Volver

¹⁸ Respecto a la aceptación de la sociedad a comienzos de los años noventa, Carlos Castaño afirmó que "fuimos tolerados por la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el DAS y la Procuraduría... el propio presidente... ¡y así tenía que ser!" (Aranguren, 2001, p. 142). Por su parte, el Estado considera que autodefensas y guerrillas se han unido por el narcotráfico con el "objetivo de (lograr) el control de la economía coquera y la extracción de rentas por métodos ilegales" (Observatorio, 2008, p. 69). Volver

²⁰ En el Pacífico colombiano está la mayor concentración de excombatientes de las AUC desmovilizados, alrededor de 3.200 en Urabá, zona norte que corresponde a Chocó y Antioquia, según Mejía Walker, citado por Pastoral Social (2010, p. 53). Volver

²¹ Hoy Departamento para la Prosperidad Social.Volver

²² Los documentos CONPES son guías de acción para el Estado y sus entidades mas no garantías de ejecución; así "En 1996, entidades como la Corporación Mixta para el Desarrollo de la Micro empresa (y) el Sena. prácticamente no desarrollaron las actividades enunciadas en los documentos CONPES y algunas de ellas sólo empiezan a aparecer en los programas gubernamentales en 1998, ya sea por razones de desinformación institucional, por desconocimiento de los desplazados" (Codhes y Unicef, 1999, p. 171).Volver

²³ Bello (2004) asegura que las zonas expulsoras tienen importancia para los actores del conflicto armado -guerrillas, militares, paramilitares, ganaderos, narcotraficantes, grandes comerciantes y empresas nacionales y transnacionales- puesto que en ellas se ubican proyectos estratégicos, son corredores para su paso y hay presencia de guerrillas. LA PSD huye del campo a pequeños municipios y después a grandes ciudades. A esas fuentes de desplazamientos se suma la delincuencia propia del mercado ilegal de drogas prohibidas, que se ha mezclado con los actores del conflicto. Pécaut sugiere diferencias entre la PSD a causa de las guerrillas, los paramilitares y entre quienes no han vivido esa experiencia; en todos los casos sugiere unas relaciones marcadas por la desconfianza que se pueden y deben abordar desde la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación y la Comisión de la Verdad Histórica (González, 2008).Volver

²⁴ Las cifras del Estado muestran 130.470 homicidios entre 1998 y 2002, y 96.521 entre 2003 y 2007; los homicidios atribuidos a la confrontación armada fueron 2.539 en 2003, 2.561 en 2004, 2.553 en 2005, 1.919 en 2006 y 1.744 en 2007 (Observatorio, 2008).Volver

²⁵ Americas Watch y defensores de derechos humanos los consideran una política de "tierra arrasada" con el fin de "destruir la zona para evitar que la guerrilla pueda operar allí" (Americas Watch, 1993, p. 109).Volver

²⁶ Las representaciones sociales de los universitarios que pueden interpretar al conjunto de la sociedad colombiana muestran que en general la información sobre PSD "ha sido adquirida... a través de los medios... que el conocimiento de las estadísticas no es tan claro, tan solo se manifiestan saberes comunes respecto a la problemática, así como su poca o nula participación en el mejoramiento de la situación o en la reconstrucción de (la) sociedad" (Sánchez et al., 2008, p. 126); según los autores, las emociones que despiertan los desplazados entre los entrevistados incluyen tristeza, engaño, inseguridad e impotencia.Volver

²⁷ Alrededor de 60% de la PSD proviene de áreas rurales y en muchos casos no han visitado antes los centros urbanos y menos las grandes ciudades. Además el desplazamiento corta los lazos entre las personas y las redes sociales, rompe las formas de organizaciones de la comunidad y destruye capital social, necesarios todos para la el desarrollo social y la construcción de una nueva vida. Los retos de la sociedad son las formas de contribuir de manera efectiva en la atención de la PSD, pero la pregunta más importante se refiere a la forma como se reconstruye el capital social en medio del conflicto armado (Carrillo, 2010).Volver

²⁸ Las discrepancias entre las fuentes se pueden explicar por el temor que siente la PSD de señalar al agresor ante una autoridad pública que, señala la comisión de seguimiento, muestra la desconfianza en las instituciones estatales y gubernamentales (Codhes, 2009, vol. 5, p. 36). Volver

³⁰ Ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos en 2000 llamada Alianz Act en donde se destinan 882 millones de dólares a Latinoamérica (588 millones de euros), y 399 millones de dólares (266 millones de euros) a Colombia, para consolidar la dimensión bélica ofensiva, incluir a Estados Unidos en Suramérica en la guerra contra el narcotráfico -una meta era disminuir los cultivos de coca en 50% en 6 años- y fijar un cordón sanitario, diplomático y militar en torno de Colombia -Tokatlián, citado por Estrada (2001)-. Las críticas al Plan Colombia -aparte de que no sea una iniciativa suramericana- se refieren a su impacto en la intensificación del conflicto social y político armado, sus consecuencias ambientales, su eficacia y legitimidad (Estrada, 2001). El plan Colombia se presentó como una forma de llegar a la solución del conflicto social y armado; se esperaba que creara condiciones para modificar el balance estratégico militar a favor de las instituciones formales, y facilitar la negociación con una insurgencia débil en lo político, económico y militar que terminara en desmovilización, planes individuales de reinserción en la vida civil y algunas reformas al sistema político. Es un proceso de modernización capitalista que busca el control territorial sobre el sur del país pero que implica la expropiación masiva, concentración de propiedad de la tierra, desplazamiento y repoblación simultáneos, y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura (Estrada, 2001).Volver

³¹ La Corte Constitucional afirma que el registro oficial no contempla los desplazamientos forzados de carácter intraurbano, intraveredal o los ocasionados por fumigaciones de cultivos de uso ilícito. La Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado encontró en el segundo informe a la Corte Constitucional un subregistro de 34,3% de grupos familiares que se niega a ser incluido en el registro oficial (Codhes, 2009b, vol. 2, p. 33).Volver

³² Las cifras de desplazamiento dependen de su reporte al Estado a través de sistemas de información a los cuales no pueden acceder todos los afectados; el sistema no actualiza motu proprio la situación de cada persona -nuevos hijos, por ejemplo- que de no ser informados por cada individuo no serán tenidos en cuenta por las instituciones del Estado, según Guataquí en Rodríguez (2010, p. 55).Volver

³³ La procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió investigación al director de Acción Social por incumplimiento de sus deberes al no acatar lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 ni los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la ayuda humanitaria y de alimentación, y administración del Registro Único de Población Desplazada, RUPD. Además, hay deficiencias en la elaboración y aplicación de indicadores sobre el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, la omisión en la toma de correctivos para evitar la obstaculización del registro de la población desplazada en el RUPD y el bajísimo nivel de satisfacción de atención humanitaria. (Procuraduría, recuperado el 20 de agosto de 2009, de:www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2009/noticias_627.htm).Volver

³⁴ Según el Estado colombiano, "el 69,6% de los hogares en situación de desplazamiento dejaron abandonados los predios que poseían o en los que vivían. Algunos poseían más de un predio entre casas, fincas o parcelas, lotes o casalotes y otros predios. Fincas o parcelas y casas o apartamentos son los tipos de predio abandonado más frecuentes". (CONPES, 2009, p. 52).Volver

REFERENCIAS

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