Significados de Justicia: Una reflexión a partir de un estudio con personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia política

Meanings of Justice: A reflection from a study with persons in situation of forced displacement by the political violence

Significados de Justiça: Uma reflexão a partir de uma pesquisa com pessoas em situação de deslocamento forçado pela violência política

Kelly Johanna Carreño Rangel
Universidad de Ibagué, Ibagué - Colombia
kelly.carreno@gmail.com

Milton Fernando Trujillo Losada
Universidad del Valle, Cali - Colombia
miltontrujillo@hotmail.com

Resumen:

El presente estudio cualitativo tiene como objetivo general comprender los significados de justicia construidos por personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia política, vinculadas a procesos de intervención de la Fundación Menonita Para El Desarrollo comunitario -Mencoldes- durante los años 2002 y 2003 en la ciudad de Bogotá. El problema se construyó a partir de tres elementos fundamentales: desde el enfoque de la psicología cultural, privilegiando la interpretación del lenguaje con el reconocimiento del papel de las narrativas en la construcción de los significados de justicia; desde la historia de la filosofía mostrando el desarrollo del concepto de justicia, hasta llegar a concebirla en el marco de la reconstrucción, reparación y reconciliación (Lederach, 1998); y desde el abordaje sociohistórico de la violencia política y del desplazamiento forzado en Colombia.

Palabras clave: Desplazamiento Forzado (31380), Violencia Política (39440), Justicia (27260), Significados (30170).

Abstract:

The present qualitative study has as general goal understand the meanings of justice constructed by persons in situation of displacement forced by the political violence. The problem was constructed from three fundamental elements: from the approach of the cultural psychology, favouring the interpretation of the language with the recognition of the role of the narratives in the construction of the meanings of justice; from the history of the philosophy showing the development of the concept of justice, up to managing to conceive her in the frame of the reconstruction, repair and reconciliation (Lederach, 1998); and from the sociology and history of the political violence and of the displacement forced in Colombia.

Key words: Forced Displacement (31380), Political Violence (39440), Justice (27260), Meanings (30170).

Resumo:

O presente estudo qualitativo visa compreender os significados de justiça construídos por pessoas em situação de deslocamento forçado pela violência política, vinculadas a processos de intervenção da Fundação Menonita Para o Desenvolvimento Comunitário -Mencoldes-, durante os anos 2002 e 2003 na cidade de Bogotá. O problema construiu-se a partir de três elementos fundamentais: desde o enfoque da psicologia cultural, privilegiando a interpretação da linguagem frente ao reconhecimento do papel das narrativas na construção dos significados de justiça; desde a história da filosofia mostrando o desenvolvimento do conceito de justiça, até chegar a concebê-la no marco da reconstrução, reparação e reconciliação (Lederach, 1998); e desde a abordagem sócio-histórica da violência política e do deslocamento forçado em Colômbia.

Introducción

El presente documento recoge un trabajo que se inscribe dentro de la investigación cualitativa, que tiene como característica principal, la intencionalidad de acceder a la realidad social a partir de la percepción que tienen las personas de ésta. Es de esta manera, como los investigadores se acercan y comprenden la problemática que se pretende abordar desde el mismo individuo y sus formas de interpretar el mundo (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997). Según Taylor y Bogdan (1998) la investigación cualitativa permite que el investigador pueda experimentar la realidad tal y como los otros la experimentan, pues así se posibilita un acercamiento comprensivo de las problemáticas y personas que se estudian (Taylor y Bogdan, 1998).

Se entiende que esta forma de investigación parte del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos, haciendo de la intersubjetividad una pieza clave para acceder a los significados sociales; la realidad social así vista está hecha de significados compartidos, y lo que se busca es percibir escenarios y personas de manera holística, es decir no se reducen a variables particulares, sino que se contextualizan como históricos y en interacción con otros (Taylor y Bogdan, 1998).

Ahora bien, teniendo en cuenta las múltiples orientaciones desde las cuales se puede abordar la investigación cualitativa (Valles, 2000), se hace importante esclarecer que el problema de investigación aquí planteado se abordará desde la psicología cultural, en la cual se privilegian asuntos como "la naturaleza de la construcción del significado, su conformación cultural y el papel esencial que desempeña en la acción humana" alejándose, por el contrario, de las ciencias positivistas y sus enunciados de reduccionismo, predicción, control y explicación causal (Bruner, 1991:13). Como lo menciona Geertz (1989) "el análisis de la cultura ha de ser por tanto, no una ciencia experimental que busca leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significados" (Geertz, 1989:20).

Según Bruner (1991), la nueva revolución cognitiva de la que es participe esta orientación, se basa en un enfoque de tipo interpretativo del conocimiento, en el que aparece como interés central la construcción de los significados, en los que interfiere de manera primordial el papel constitutivo de la cultura humana (Geertz, 1989).

Así mismo, se hace importante hacer referencia a lo que Bruner (1991) ha denominado la "psicología popular" que se encuentra en la base de la psicología cultural y que aparece como un sistema por medio del cual "la gente organiza su experiencia, conocimiento y transacciones relativos al mundo social" y cuyo "principio de organización es narrativo" (Bruner, 1991:49).

Con el fin comprender cómo han construido los significados de justicia seis personas, hombres y mujeres, entre los 30 y 40 años de edad, en situación de desplazamiento por la violencia política, los investigadores utilizaron como metodología el análisis de narrativas.

Bruner (1991) afirma que las narrativas se encargan de organizar la experiencia humana, constan de una secuencia singular de sucesos en la que participan personas como actores, aunque en sí misma no posee significados. Según este autor, los significados vienen dados "por el lugar que ocupan en la configuración global de la totalidad de la secuencia: su trama o fábula" (Bruner, 1991:56). Para comprender las narrativas, entonces, se debe acceder a la trama que da sentido a la narración, y dicha trama a su vez, debe extraerse de la secuencia de sucesos presentes en la narración (Bruner, 1991). Sin embargo, las narraciones no se deben reducir a su estructura o trama, pues ellas también dan cuenta de las acciones e intencionalidades humanas, se encuentran entre la cultura y lo que constituye el mundo simbólico de una persona (sus creencias, deseos, etc.).

Ahora bien, cuando se reconoce que la tarea de esta investigación es indagar por los significados de justicia que poseen algunas personas, es imposible negar la importancia que tiene el lenguaje como medio de expresión de las significaciones culturales que se han dado de una experiencia vivida. Por eso, lo primero que se debe hacer es considerar la perspectiva de la psicología cultural al respecto. Según Bruner (1994), cuando las ciencias sociales se alejaron de su postura positivista se permitió el acercamiento a la perspectiva interpretativa del mundo, a través de la cual se reconoció que el lenguaje es la herramienta más poderosa para "construir realidades"; en este sentido debió entenderse la cultura como un "texto" que podía ser estudiado para entender su significado (Bruner, 1994). Así mismo, Geertz (1989), afirma que siendo el ser humano "un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido" hay que entender la cultura como ese entramado, cuyo análisis no puede ser considerado como "una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones"; lo que nos permite entender que lo que busca son explicaciones o interpretaciones sociales, porque parte del hecho que la conducta humana debe ser vista como acción simbólica, es decir como acción que significa algo (Geertz, 1989:20).

En otras palabras, no es posible pensar en una psicología social, y menos en una cultural, aislada y alejada del estudio de cómo el lenguaje es el instrumento por excelencia empleado por los seres humanos para construir el mundo social y operar en él, pues cada vez que se enuncia algo se está haciendo referencia a algo del mundo, y se emite un sentido, es decir, se da un significado a través del lenguaje.

Por eso, es importante reconocer que a lo largo de la historia del pensamiento, el lenguaje ha despertado el interés de numerosos pensadores, presentándose reflexiones desde la antigüedad hasta el siglo XX, cuando aparecen las reflexiones más rigurosas. Estas reflexiones han pasado por diversos caminos, de modo que la conciencia lingüística o el reconocimiento del lenguaje como condición de posibilidad del pensamiento ha avanzado por diversas vías: una vía etimológica y metafísica donde se considera que hablar de una cosa es recrearla, configurarla; por esta razón, el lenguaje es expresión de lo que vivimos y pensamos. Otra vía está más ligada a la lingüística, pues estima que el pensamiento sólo tiene lugar en el lenguaje; y una tercera vía de análisis es la ofrecida por la lógica, en donde se busca un lenguaje estricto, capaz de expresar sin ambivalencias el saber humano (Vallmajó, 2002).

Este trabajo se inscribe en la primera vía mencionada, desde donde se entiende el lenguaje como un instrumento a través del cual los seres humanos crean, constituyen o estipulan un mundo social que pueden compartir. Esto a partir de la concepción filosófica que afirma que lo que permite que una proposición tenga sentido es su capacidad de representar y reproducir situaciones; respaldada por la concepción psicológica vygotskyana donde se plantea que el lenguaje es un medio para clasificar los pensamientos de las personas sobre el mundo (Vygotsky, 1934). Y esto sólo puede ser porque las proposiciones comparten una estructura común con la realidad; es decir que la estructura de la realidad se identifica con la del lenguaje formal, que la realidad y el lenguaje tienen la misma forma, figura o estructura lógica. En palabras de Bruner, lo anterior significaría que "el lenguaje es el principal medio para construir el mundo social y para regularlo" (Bruner, 1984:196).

Se hace evidente una primera tarea de este trabajo, la de interpretación del lenguaje, pues ahora se defiende una pluralidad de propósitos en el uso de la lengua. Se debe, entonces, distinguir los conceptos que se están empleando para tratar el tema de la justicia, para luego entender las intencionalidades de las personas al momento de hablar de justicia. Para esto, los Participantes de este trabajo investigativo se seleccionaron de forma intencional, es decir, fueron escogidos teniendo en cuenta parámetros establecidos por los objetivos de este estudio. Así, se escogieron seis personas entre 30 y 40 años de edad, sin importar su género. El primer parámetro de selección estuvo dado por la situación de desplazamiento forzado a causa de la violencia política en Colombia, y el segundo, que fuesen residentes actuales de la ciudad de Bogotá. Dentro de este último requerimiento se dividió a la población en dos grupos, entre los cuales tres personas tenían menos de seis meses de haber migrado a la ciudad capital y las tres personas restantes más de seis meses en esta ciudad. Los participantes fueron personas vinculadas a la Fundación Menonita Para El Desarrollo comunitario -Mencoldes-, la cual es una institución no gubernamental que brinda diferentes programas de atención humanitaria y recuperación psicosocial. Dentro de estos programas de atención, la investigación contó específicamente con dos.

Cabe resaltar que los resultados obtenidos por medio de esta investigación no pretendieron buscar una representatividad estadística, sino dar cuenta de las experiencias y significados de justicia construidos por las personas que participaron de este estudio, por lo que los resultados no pueden ser generalizados a toda la población atendida por la fundación con la cual se trabajó, y mucho menos a la totalidad de la población desplazada por la violencia política en Colombia (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997).

Con respecto a los Instrumentos y Técnicas empleadas, en este trabajo académico se utilizaron alternativas cualitativas de narración dentro de las cuales se encuentra la entrevista cualitativa, y más específicamente la entrevista en profundidad, instrumento altamente privilegiado en la investigación de fenómenos sociales (Valles, 2000). Vale aclarar que la guía de entrevista no fue un protocolo estructurado que se utilizó de manera rígida, sino más bien una serie de preguntas que dieron una ayuda tanto al investigador como al entrevistado, así, se modificó dependiendo de las necesidades de las personas que son parte de esta investigación. En este sentido es relevante decir que la entrevista se adaptó al lenguaje de las personas entrevistadas, y fue validada por tres psicólogos, docentes de la Facultad De Psicología de La Pontificia Universidad Javeriana, expertos en el tema de la construcción de significados.

Con el fin de realizar la investigación se llevaron a cabo las siguientes fases:

En un primer momento se realizó un acercamiento con la Fundación, en el que se acordó una serie de especificaciones y compromisos tanto de la fundación como de la investigación para llevarla a cabo de manera satisfactoria. Fue así como se logró un acercamiento con la población vinculada a la fundación, en la que se escogieron a las seis personas que cumplieran con los criterios anteriormente mencionados.

En la segunda fase se realizó una reunión con las personas seleccionadas, en la que se hizo explícito el contenido y los objetivos de la investigación, además de explicar las implicaciones que traía la participación en el estudio, así como la utilización que se haría con la información obtenida.

Posteriormente se realizó un cronograma de manera conjunta con la psicóloga de la institución y los participantes, lo que se hizo con el fin de establecer el horario, el lugar y la fecha en la que se realizarían las entrevistas.

En la tercera fase se realizó la recolección y categorización de la información por medio de las entrevistas en profundidad. Durante esta fase se hicieron las transcripciones de las entrevistas y el ordenamiento de los datos. Este último se realizó partiendo del establecimiento de categorías o tópicos generales que surgieron en la construcción de la fundamentación bibliográfica y por medio de las cuales se pretendió guiar la convocatoria de las narrativas hacia los objetivos propuestos.

Una vez finalizado este marco de referencia, se acudió a la construcción de subcategorías o tópicos específicos que emergieron en el proceso narrativo. Es de esta manera, como se llevó a cabo la construcción de las matrices, en la que se tuvo en cuenta tanto las categorías deductivas como inductivas o emergentes.

Paso seguido se organizó la información recogida por medio de las entrevistas en profundidad, con base en dos matrices, una de naturaleza intratextual y otra intertextual. Dentro de estas se entretejieron las narrativas, para luego ordenarlas de acuerdo a las categorías y subcategorías implicadas en cada una de las matrices correspondientes.

A partir del ordenamiento matricial (Geertz, 1989), se realizó el análisis de la información desde la perspectiva de la psicología cultural (Bruner, 1991), con el fin de describir y comprender los significados construidos sobre el desplazamiento forzado por la violencia política y la justicia, a partir de las narrativas y su contexto comunicativo, histórico y cultural.

Este es un fraccionamiento del universo del análisis en subconjuntos ordenados por temas, que luego se recompone inductivamente en categorías que reflejan una visión holística y totalizante de la construcción de los significados sobre justicia en personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia política. Se debe decir entonces que las categorías emergieron de los datos luego del examen de las recurrencias presentes en ellos. Este tipo de categorización no tiene como fin reflejar la teoría sino el marco de referencia cultural de un grupo de personas, en este caso las seis personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia política (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997).

Por último, se realizó la discusión, que se basó en el diálogo entre la fundamentación bibliográfica, el análisis de los resultados y el aporte personal de los investigadores, como aparece a continuación.

Aportes para la discusión

La realización de este apartado estuvo orientada desde el análisis de la información producto de la organización y codificación de las narrativas de las seis personas en situación de desplazamiento forzado y del cuerpo teórico establecido por los investigadores.

Según Geertz (1989) "el análisis consiste pues en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su campo social y su alcance" es decir que la intención del análisis de la cultura se basa en una búsqueda de significaciones al considerar que toda conducta humana es una acción simbólica, por lo que interesa comprender su sentido y su valor (Geertz, 1989:24).

Ahora bien, hay que aclarar de antemano que abordar este tipo de estudios en donde el discurso de lo sociocultural ("de lo dicho") es central para la interpretación, exige aclarar que las pretensiones explicativas no apuntan a una reducción de la complejidad sino a su inteligibilidad, por tanto es importante abordar este problema a partir del paradigma de la complejidad propuesto por Morin (2001), para alcanzar una comprensión más totalizante de las significaciones.

Es por ello que esta discusión se basa en dos núcleos centrales que surgieron de las narrativas de estas personas. Por una parte, emergen los significados de justicia que han construido los y las participantes en contextos de guerra, poder y dominación, los cuales se han visto altamente permeados por los repetidos actos de violencia, injusticia e impunidad; por otra, se encuentran los significados de justicia construidos desde la perspectiva de un modelo de Estado ideal en medio del conflicto interno armado, en el que además se hace imprescindible abordar la transición desde la guerra hacia la paz.

Al iniciar una discusión sobre la construcción de los significados de justicia en el marco de la dominación y del poder, se hace relevante y necesario dar bases contextuales que aporten a una mejor comprensión de dicha construcción, se hace referencia entonces al desplazamiento forzado, la violencia política y el conflicto interno armado por el que atraviesa el país, así como la impunidad como un marco de referencia desde el cual se van entretejiendo concepciones y sentidos sobre lo que estas personas significan como justo.

La vida campesina y sus dinámicas socioculturales se muestran en principio como un contexto pacífico que se da sobre lo concreto en cuanto a las formas en las que estas personas interactuaban con su mundo. Según Castaño, Jaramillo y Summerfield (1998), un elemento muy importante dentro del marco de la violencia política moderna es la creación de estados de terror que logren penetrar en su totalidad el tejido y las relaciones sociales, así como la vida subjetiva y psíquica, todo con el fin de obtener y mantener un control social; este es el fin último y para llegar a tal se implementan los actos de violencia contra toda la población civil.

Es de esta manera como se evidencia que con la colonización de las tierras por parte de los grupos armados surge una serie de procesos que van permeando las estructuras de estas comunidades y que cambian sus dinámicas radicalmente. Así pues, como confirman los relatos de los y las participantes, son estos nuevos colonizadores los que van imponiendo parámetros muy claros de acción que pretenden establecer códigos de conductas que se extiendan a todas estas comunidades, limitan la interacción de los pobladores en todos los niveles, son ellos quienes deciden cómo se deben relacionar los pobladores con la tierra, su nivel de arraigo, si deben seguir viviendo en sus comunidades o si por el contrario deben desplazarse hacia otras poblaciones, deciden las formas de interrelación con los otros sociales, el establecimiento de vínculos, con quiénes pueden hablar y con quiénes no, en qué medida pueden interactuar con los otros, en qué contextos y hasta el momento más indicado para hacerlo. También redefinen las dinámicas económicas, la repartición de los bienes y el reordenamiento territorial, la participación de los actores armados en las ganancias de los campesinos y el papel que éstos deben tener en lo agrícola y en lo comercial, así como sus niveles de participación política y democrática.

Lo anterior cobra importancia para los grupos al margen de la ley, pues sus imperios se ejecutan desde lógicas particulares y específicas que se encuentran enmarcadas en el contexto del conflicto interno armado; es decir, bajo parámetros que buscan una ventaja estratégica con respecto a los oponentes, por medio del control de las poblaciones y de los territorios, la expansión del régimen y sus militantes, lo que supondría ejercer mayor presión sobre aquellas zonas geo-estratégicamente ubicadas.

En el contexto de la guerra y de los grupos armados ilegales como las FARC y las AUC es evidente que cada uno de estas facciones ejerce formas particulares de hacer justicia, sin embargo, también se puede decir que estas formas de ejercer justicia se entrecruzan, obedeciendo a modelos de justicias locales.

Según De Sousa y García (2001) se entiende que el pluralismo jurídico se podría clasificar de dos maneras: subnacional y supranacional; el pluralismo supranacional, incluye todas aquellas justicias que mezclan el Derecho Estatal con la multitud de derechos y justicias locales; entre las que se encuentran denominaciones de la justicia comunitaria, la justicia indígena, la justicia guerrillera, la justicia miliciana, la justicia de bandas y la justicia paramilitar entre otras. Estas denominaciones entretejen elementos de la justicia legal, distributiva y conmutativa. Es decir, estas justicias aunque no se encuentran bajo parámetros Estatales, sí se ejercen en algunas zonas particulares del país, y se enmarcan dentro de la justicia conmutativa en el sentido de dar a cada quien lo que se merece, y más específicamente dentro de lo punitivo, esfera en la que se privilegia la sanción por el incumplimiento de las normas establecidas por ellos mismos.

Así se hace evidente una relación entre poder y dominación que cobra sentido en un profundo modelo autoritario, arbitrario y de exclusión sociopolítica en el que se maneja "la ley del más fuerte" por lo que el débil debe callar y obedecer, pues el silencio se convierte en la única manera de permanecer seguro.

Se observa que este sistema tiene como forma de afianzamiento las armas, lo cual se va construyendo en un referente no sólo de identidad para aquellos que las utilizan a su servicio, sino como un referente de poder y autoridad para aquellos que son sometidos, pues "El que tiene el fusil, es el que ríe"… "el que tiene el poder se lleva al que no tiene que dar… y el poder se demuestra con el armamento".

Pero esta posición tiene raíces mucho más profundas que cobran mayor sentido en la medida en la que se vuelve sobre la historia sociopolítica de este país; la violencia política en Colombia es el resultado de múltiples factores, dentro de los cuales se hace visible la incapacidad del sistema político por incluir los nuevos intereses sociales que se van generando (Molano, 1988). Es de esta manera como "toda reivindicación social ha tenido que tomar objetivamente los caminos de la oposición política y utilizar la violencia como manera de hacerla" (Molano, 1988:25).

Lo anterior muestra que a la base de la guerra y la dominación política está latente un modelo de Estado caracterizado por el autoritarismo, la exclusión y la violencia estructural, que no obedece a la protección e inclusión de la totalidad de sus ciudadanos sino a la visión unilateral del mundo que se enfoca sobre intereses muy particulares que también se encuentran al servicio de una parte específica de la población.

Este modelo es similar al que se ve reflejado a la base del sistema sociopolítico y jurídico de los grupos al margen de la ley, en el que su rigidez permite incluir sólo a quienes legitiman su accionar y su forma de concebir el mundo, y deja al margen a aquellos que se muestran como diferentes. Así, para las personas que se encuentran en medio del conflicto interno armado y quienes conviven con diferentes facciones de éste, lo que resulta claro es que la lógica del poder que manejan dichos grupos ilegales tiene que ver con la pérdida del valor de la vida, por lo que la resolución del conflicto se encuentra en la aniquilación del contrario o como dirían los participantes "si uno no cumple lo cuelgan". Estas prácticas obedecen a la deshumanización de las personas, no se distingue entre persona-comportamiento, por lo que para erradicar comportamientos que resultan en contra del régimen se ataca a la persona.

Estos elementos aunque guardan relación con la guerra sucia (Martín-Baró, 1990) que funciona como estrategia militar abierta de acción armada en la que se ataca y elimina sistemáticamente a todos aquellos sectores de la población que constituyan un apoyo real o potencial de los contendores, tienen que ver en mayor medida con la dinámica de la guerra psicológica (Martín-Baró, 1990), en la que contrario a la guerra sucia no se busca "eliminar físicamente" al enemigo sino su "conquista psíquica" (Martín-Baró, 1990).

Como parte de la guerra psicológica, una de las estrategias a la que se le ha brindado prioridad por parte de estos grupos, según los teóricos, tiene que ver con la instauración de la impunidad para lograr el control psíquico de las comunidades. Y si bien, en este caso particular no se puede afirmar que desde los grupos ilegales la impunidad sea utilizada con dichos fines, sus resultados sí tienen que ver con el control psicológico de sus pobladores. Esto se hace posible en el diario convivir de estas comunidades con los actores armados, pues se redefine el ser de sus habitantes y, por ende, los fundamentos psicosociales que tradicionalmente han construido estas poblaciones también varían. Así, por ejemplo, al ser víctimas de constantes actos de injusticia y acciones arbitrarias, se observa en estas personas nuevas pautas de comportamientos que modelan su accionar, y en el que se encuentran parámetros específicos de lo que está y no está permitido. Todo esto es interiorizado por la comunidad en general, y aunque en algunos casos se den muestras de resistencia e intentos de algunas formas de organización comunitaria, estos son controlados por los grupos armados dejando en claro sus formas de ejercer su poderío, "todo traga'o pa' dentro, pues si alguien habla a estarse dispuesto a sus consecuencias", así se deja claro también, que ninguna acción de responsabilidad recaerá sobre dichos actos.

Así mismo el acto impune influye en las opciones sociales y políticas de éstas personas. La ley se rompe en la persona desplazada sin ninguna forma de compensación por los daños infringidos, pero queda el miedo y la sensación de persecución, en palabras de Correa y Orduz (1998:59): "no hablamos de paranoia en el sentido psicopatológico, hablamos de un estado social en el cual tememos que el otro realice un acto destructivo sin que haya posibilidad dentro del sujeto de asegurar o defenderse frente a esa acción". Es de esta manera como no sólo se deja de hacer justicia frente a la falta que se cometió, sino que se suma a esto el hecho de que no se hará nada frente a las potenciales o reales posibilidades de daño sobre el mismo.

De esta manera, lo que se genera en la población al ser testigos de los ajusticiamientos sobre las personas que pretenden buscar un espacio en el cual se legitimen sus derechos fundamentales y se respete su decisión de no participar en el conflicto bélico, concuerda con lo que Martín-Baró (1990) ha denominado el síndrome fatalista del latinoamericano que hace referencia al conjunto de ideas, emociones y comportamientos que se combinan para conformar una actitud de vida que sostiene la fatalidad del destino de la persona al que no se puede escapar. La actitud fatalista tiene como resultado una población quieta, resignada a los avatares de la vida social y apática a generar activamente cambios en su vida. Es así como esta actitud de vida se manifiesta en conductas conformistas, de sumisión, pasividad, sostenidas por un sentimiento de impotencia para modificar la realidad, la cual aparece como inmutable y en donde cualquier esfuerzo para cambiarla es inútil. Este fatalismo no es otra cosa que la aceptación pasiva que las personas asumen frente al orden establecido e impuesto, haciendo que se genere una conciencia alienada de la realidad.

En últimas, se trasforma a la población, se instaura una forma de pensar, hablar y actuar en donde las relaciones dadas entre las personas se estructuran sobre la aceptación del régimen y sus prácticas de división y exclusión de los grupos sociales.

Estas formas de pseudojusticia en las que se hace evidente la tergiversación de la justicia se comienzan a generalizar hacia todas las esferas Psicosociales de las personas. En este sentido, se plantean como justas formas de autoprotección como el silencio, por medio del cual pretenden adaptarse a la situación violenta sin ser afectados directamente por ésta. En estos casos la significación sobre la justicia no es el resultado de lo ideal sino de lo circunstancial en donde a la conservación de la vida se le otorga un valor fundamental.

Sin embargo, aunque se reconoce que se asumen estas formas de pseudojusticia o justicias privadas sólo en el plano de lo circunstancial, es decir como una postura necesaria para conservar la vida, esto tiene unas implicaciones mucho más profundas en las que se observan claras afecciones psicosociales en estas personas. Las narraciones de los y las participantes muestran cómo los pobladores van legitimando el régimen y asumiéndolo como parte de su cotidianidad, transformando sus concepciones y haciendo que lo que en principio era contextual se expanda a la propia subjetividad.

“Es que si a mí me sacan la piedra, o si el vecino viene y me casca a mí, y si me dio tanta piedra que no soy capaz de cascarlo, pues voy y busco al grupo… que miren que ese es un mal vecino, entonces ellos van y buscan es a las autodefensas y les dicen que en mi vereda que hay un ladrón, que me robó esto y esto, lo llaman y le dicen: bueno, tiene 24 horas de que se vaya de aquí, si usted no se va en 24 horas lo matamos y no respondemos por su familia…” (Sujeto 2).

Esta ruptura en el tejido social comunitario modifica la configuración social de la población con respecto a la participación ciudadana, pues se incide en la conformación de formas de resistencia básicas como lo son la organización comunitaria, pues como se observaba con anterioridad, prima el pensamiento sumiso, pasivo y de conformismo. De esta manera la comunidad se aleja de la posibilidad de resistir a ser parte de la lógica del conflicto armado y en algunos casos asume la dinámica propia de éste. Así, el papel de "regulador social" que en principio sólo era asumido por los actores armados y que consiste en la vigilancia constante de los comportamientos de los pobladores, pasa a manos de los miembros de la comunidad; es entonces como cada poblador tiene la posibilidad de asumir las veces de vigilante y ser ente participe de un sistema normativo en el que priman intereses particulares, arbitrarios y excluyentes, en últimas cada persona se transforma en agente de la "justicia del más fuerte".

En este sentido se desestructura el tejido social y se generan otros procesos psicosociales que desembocan en la conquista de la vida psíquica de los pobladores (Martín Baró, 1990), estableciendo así un nuevo orden social. Lo que sucede es que se pasa a legitimar la violencia como mecanismo de acción, y al institucionalizarla social y culturalmente entre diferentes grupos que se asumen como contrarios y antagonistas. Se termina entonces, connaturalizando el acto violento, pues es justificable una determinada acción frente a una determinada persona (Martín-Baró, 1975).

Bajo este panorama, surge la pregunta por cómo dentro de un Estado Social de Derecho, que se encuentra fundamentado en la democracia, el pluralismo, la libertad política, el derecho a la justicia y a la garantía del respeto de los derechos fundamentales en general, se pueden generar formas para-estatales en las que se gobiernan poblaciones de manera arbitraria, aterrorizante y anticonstitucional, en las que se vulneran comunidades enteras sin que el Estado haga presencia o, sin que se reestablezca realmente la situación humanitaria de sus ciudadanos, o por lo menos, se les garantice una inclusión más digna y adecuada a su nueva situación. Se convierte este escenario en el contexto ideal para que se sigan ejecutando actos de injusticia e impunidad, y en consecuencia que se implementen como estrategias de guerra con profundas implicaciones en las dinámicas psicosociales de las poblaciones.

De acuerdo con los relatos de los participantes, se puede observar como el papel del Estado en todo el proceso que atraviesa al desplazamiento forzado indica una responsabilidad directa sobre la situación humanitaria por la que atraviesan estas personas.

A partir de los testimonios de los participantes se puede observar que el accionar de los grupos armados se hace más fuerte, y su control y poder más evidente en aquellas zonas donde el poder institucional no es soberano, es decir, donde prevalece, según Uribe (2001:251) "la voluntad manifiesta de no someterse al orden Estatal y de resistirse a su dominio y control, manteniendo abierta la posibilidad de confrontarlo y combatirlo con las armas en mano".

Se muestra entonces un claro dominio territorial donde el Estado debería garantizar la vigencia del orden constitucional y legal, evitando que grupos ilegales proporcionen nuevos órdenes internos caracterizados por la imposición del poder coercitivo.

En este sentido ya no se podría hablar de una soberanía real del Estado en todo su territorio, pues con el surgimiento de "protoestados" (González, 2003) se desliga totalmente al Estado y a los ciudadanos, dejando a estos últimos sin otra opción que la de insertarse y adaptarse a esta nueva organización sociopolítica.

Lo anterior deja claro una fuerte "dislocación de referentes institucionales" (Pécaut, 2001) que afianza el pensamiento de que los mecanismos de justicia Estatales son una mera abstracción y profundiza el escepticismo frente al Estado. Esta dislocación de referentes se acentúa cuando los participantes evidencian un respaldo Estatal al accionar de grupos armados como las AUC.

En otras palabras, la ausencia y debilidad del Estado se revela como un problema de gran importancia para la imposición de los regímenes armados ilegales. Para Oquist (1978:269) este debilitamiento se manifiesta "en la crisis e inoperancia de las instituciones establecida, la pérdida de la legitimidad del Estado, la apelación del mismo a prácticas terroristas que debilitaron aún más la estructuración social existente, la ausencia física del Estado en grandes regiones del país y las contradicciones dentro del aparato armado del mismo".

Con todo, la precariedad de la presencia del Estado en un contexto de violencia generalizada permite una rápida expansión del accionar armado ilegal, pues al no instalar puestos de policía ni equipamiento público deja, en palabras de Pécaut (2001:33-34): "el campo libre al uso privado de la fuerza, así como a organizaciones que se erigen en instituciones sustitutivas".

Sin embargo, la falta de autoridad Estatal en estas zonas no muestra toda la precariedad del Estado, es tan sólo un aspecto de su incapacidad en la garantía de las seguridades y derechos básicos de sus ciudadanos; a este respecto vale la pena anotar que existen zonas donde se desarrolla el conflicto interno armado en los que el Estado no puede reclamar el monopolio de la fuerza y donde la lucha de la insurgencia no enfrenta al Estado sino a grupos opositores que buscan el control del territorio. En este contexto los mecanismos Estatales se muestran, en algunas ocasiones, ineficaces para atender las injusticias de sus ciudadanos y en otras, vinculados a favor de un actor ilegal del conflicto.

Como consecuencia, en Colombia se generan constantes expulsiones de miles de ciudadanos, lo que no implica que se termine con los ciclos de injusticia e impunidad, sino que, por un lado, los mismos actos que se presentaron en el pasado se exacerban, y por otro, se presentan nuevas experiencias de injusticia e impunidad.

Estas nuevas experiencias tienen que ver con la revictimización de estas personas, pues si se sobre entiende que el desplazamiento en sí mismo supone que se vulneren diferentes derechos básicos, luego del desplazamiento se vulneran otros. Lo anterior tiene que ver con el Estado y su ineficiencia para garantizar el cumplimiento de la reglamentación interna que favorece a las personas en situación de desplazamiento, según la cual, se asegura la restitución de los derechos trasgredidos estabilizando la situación humanitaria de estas personas.

Al hablar de la atención humanitaria y psicosocial lo ideal sería pensar que el Estado como garante de los derechos fundamentales de estas personas; debería brindar una atención y un acompañamiento oportuno, eficaz y contextuado para que se logre ajustar a las necesidades de cada una, en general, de cada situación de desplazamiento y emergencia humanitaria que viven muchas de éstas. Sin embargo, este deber del Estado no se cumple, no se logra empoderar a la persona para con su situación, pero en cambio sí se le lleva a que se mantenga en una situación de nueva victimización.

“... debería ser más eficaces con las personas que tenemos este problema si que sean más voluntarios, que de verdad no tienen voluntad para los desplazados”; “llega uno y les pide digamos un ejemplo: niña, por favor necesito una colchoneta no tengo en que dormir, la respuesta es ustedes piden cosas que no necesitan...” (Sujeto 1).

Así se pasa de la violencia política a otras formas de agresión, entre las cuales está la violencia institucional. Ésta se materializa en el trato irrespetuoso por parte de las organizaciones gubernamentales, que no sólo hacen una labor cuestionable en el establecimiento de las ayudas, sino que conciben a estas personas desde la óptica del etiquetaje, la exclusión y el "paternalismo mal asistido".

Es de esta manera como se ve con claridad que no se acompaña a la persona para superar la situación de desplazamiento y lograr posicionarse como ciudadanos de derechos que se encuentran en una experiencia en tránsito, sino que en muchas ocasiones conllevan a la persona a validar el discurso del "desplazado", manteniendo la significación de ellos mismos como personas dependientes y sin autonomía.

Frente a lo anterior, surge la pregunta por cómo un individuo se puede posicionar como sujeto de derecho, cuando a la base estructural del Estado lo que se evidencia es una negación constante de los derechos de sus ciudadanos, el ocultamiento de la verdad y la creación de políticas públicas que dejan ver que en esta sociedad cuentan con mayores privilegios los victimarios que las mismas víctimas.

“...en el gobierno tampoco (confío), el gobierno nunca ha puesto las garantías suficientes, no han hecho nada bien...”; “...como siempre ocurre..., entonces pues alguna cosas armaran ahí para salir todos bien libraos y ellos siempre han tenido negocios con el gobierno, así que estas pantallas en la televisión, sólo son para demostrar quien sabe que porque eso, eso ya hace rato que están en esas”; “no hay ninguna investigación, no hay nada, sólo dejándolos hablar a ellos allá, chévere en el congreso, y ni los cogen, sabiendo que han hecho tantas cosas...” (Sujeto 3).

Todo esto tiene que ver con el papel que ha asumido el Estado frente a la garantía de los derechos judiciales. Para estas personas resulta claro que la justicia parece ser un privilegio que se encuentra en la esfera de lo privado, teniendo acceso real a éste, sólo una parte privilegiada de la población.

Con respecto a los significados en torno a la concepción de lo que es la impunidad aparece como elemento fundamental el no impartir castigos a las personas que han cometido un delito o crimen, afirmación que se encuentra muy ligada a la expuesta por Correa y Orduz (1998:57) en la que se muestra como la negación del "valor negativo de la falta".

Desde la perspectiva de Martín-Baró (1990), la mentira institucionalizada está enfocada al ocultamiento sistemático de la realidad social. Lo que se busca es crear una versión oficial que ignora eventos importantes de la realidad, en la que quien intenta subvertir las mentiras establecidas pasa a ser estigmatizado de uno u otro modo. En palabras de Martín-Baró (1990) "se llega así a la paradoja de que quien se atreve a nombrar la realidad o a denunciar los atropellos se convierte por lo menos en reo de la justicia" (Martín-Baró, 1990).

Lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con las experiencias de los y las participantes, quienes afirman que "la ley como se aplica hoy en día en Colombia es la ley del silencio y si uno habla, si uno delata al culpable a los 3 días o 4 días uno ya no está contando el cuento".

Se pasa a cambiar la justicia por una pseudojusticia que se va institucionalizando al igual que la mentira, lo que se hace posible según Martín-Baró (1990) de la mano de la corrupción de los diferentes mecanismos institucionales.

Otro de los elementos importantes que surgen en las narrativas de estas personas con respecto a la justicia es su significación en el plano de lo divino.

Dentro de las sociedades democráticas uno de los pilares básicos se materializa en el Estado como garante y referente de la justicia imparcial. Sin embargo, para estas personas resulta claro que el Estado no logra representar una figura como garante de sus derechos, sino que por el contrario, se muestra parcializado y al servicio de una parte específica de la población. Así mismo, al ser vinculado por estas personas con grupos armados de derecha, se genera en ellas un sentido de desconfianza y de alta vulnerabilidad.

En estos casos se podría decir que la justicia divina aparece como referente ante la impotencia de la gente en el ámbito de lo terrenal. En estas circunstancias, la figura de Dios como ser protector y garante de lo justo se convierte en una esperanza de que a pesar de todo lo sucedido, sus agresores serán responsabilizados.

Ahora bien, aunque estos significados pueden ser observados como mecanismos que construyen estas personas para lograr elaborar sus historias, cuando no se dan elementos reales para una elaboración más adecuada, como lo son la justicia y el resarcimiento, también pueden analizarse a partir de la impotencia que sufren estas personas al no poder hacer nada frente a las múltiples violaciones de sus derechos.

Ahora bien, como se puede observar a lo largo de este análisis comprensivo se han tenido en cuenta las experiencias culturales, sociales, políticas y económicas que han vivido los y las participantes, todo con el fin de poder dar cuenta de la construcción de significaciones en torno a problemáticas específicas ya mencionadas.

Asimismo, se hace relevante tener en cuenta el contexto, no sólo particular de cada uno los participantes en términos de sus dimensiones pasadas, sino el contexto sociohistórico presente que abarca esferas de acción más amplias y que afectan de uno u otro modo a toda la población víctima de la violencia social y política ejercida por los grupos al margen de la ley.

Dentro de esta investigación se ha entendido la justicia en el plano de "la búsqueda de los derechos individuales y colectivos, de la restauración social y la restitución, que está ligada a la paz, que destaca la necesidad de la interdependencia, el bienestar y la seguridad" (Lederach, 1998:58). Es por ello que "se debe tener en cuenta que la justicia debe cumplir las necesidades de la compensación, la información, la participación y el proceso de sanar a las víctimas; debe realmente responsabilizar a los ofensores y ofrecer posibilidades de restitución" (Zehr y Ineme, 2001). Así, esta nueva directriz de tomar la justicia y enfocarla en el daño, y de promover la participación de los involucrados y afectados en el proceso de ejercerla, debe convertirse en horizonte de esperanza al momento de abordar un proceso de restitución en marcos transicionales.

Es así como esta forma de justicia aborda el delito, no en sí mismo sino desde el daño ejercido sobre los afectados, por lo que va en contraposición a la manera tradicional en la que actúa el sistema legal colombiano, el cual al mantener un enfoque sobre las reglas, las leyes y la triada delito-pena-castigo, pierde de vista a las víctimas directas, haciendo de ellas una preocupación secundaria (Zenr y Ineme, 2001).

Tener en cuenta a las víctimas implica además un proceso de participación por parte de ellas. Este proceso sugiere que a las partes afectadas por el delito se les debe asignar roles específicos en dicho proceso, lo que requiere dar información que los involucre en la toma de decisiones sobre la justicia que se necesita en esta situación (Zenr, 2002).

Sin embargo, en la praxis el panorama no coincide con este ideal, sino que por el contrario se evidencia que las personas directamente afectadas no participan de este proceso, ni desde la óptica de la restitución, pues no se satisfacen sus derechos ni se estabiliza su situación humanitaria, y mucho menos en el ámbito de lo penal, pues no se les garantizan formas de aclarar los crímenes cometidos, ni se les posibilita participar de los parámetros que se establecerán en la judicialización de aquellos que decidan desvincularse de los grupos armados en el actual proceso de negociación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la justicia y su implementación en este contexto aparece como un elemento que involucra sólo a unos sectores muy particulares de la sociedad colombiana, quienes en últimas deciden el curso que debe seguir y el tratamiento jurídico que se les debe dar a los agresores, sin tener en cuenta que las decisiones que se tomen en este sentido van traer múltiples implicaciones sobre aquellos que se han visto afectados y en general en la configuración psicosocial de la sociedad.

Este tipo de negociaciones en el ámbito privado sólo agudiza en los y las participantes significaciones de desconfianza hacia el Estado y hacia los grupos al margen de la ley. Para ellos resulta evidente que entre estos sectores existen intereses particulares que se van a ver reflejados en los acuerdos que se lleguen a pactar: "como siempre ocurre que el gobierno está con ellos, pues entonces alguna cosa se armará ahí para salir todos bien librados, así que estas pantallas en la televisión sólo son para demostrar quién sabe qué".

Pese a esto, en los relatos de los participantes se hace evidente que la verdad sigue siendo un elemento relevante, que para ellos no se puede desconocer cuando se hace referencia a la justicia.

En pocas palabras, las narraciones en torno a la memoria, la justicia y la paz, que se rescatan de los relatos de los y las participantes, deben surgir como elementos prioritarios en un proceso de resarcimiento de los daños para con las víctimas. Es decir, para estas personas hablar de paz debe incluir necesariamente la memoria de los daños cometidos para hacer justicia sobre éstos, por lo que la paz no puede partir de la impunidad, que es lo que se pretendería al proponer que se renuncie a la memoria y a la verdad. Esto permitiría pensar que si no existe claridad sobre los daños cometidos, no puede haber tranquilidad para las víctimas y por ende tampoco perdón.

Desde los planteamientos de Martín-Beristain (2000) la verdad es indispensable para la reconstrucción de las sociedades fracturadas por la violencia, pues es éste el primer paso para romper el silencio y por ende la impunidad. La verdad afirma la memoria y ayuda a reconstruir la historia. El hecho de que la memoria colectiva se distorsione implica que no exista reconocimiento social de los hechos verdaderos, y que de esta manera no haya justicia restaurativa en las relaciones sociales.

La verdad y la reconstrucción de la memoria, además de tener un valor de reconocimiento social, cumple con un valor terapéutico por lo que juega un papel importante a nivel psicológico y sociocultural. Esto se hace posible pues por medio de la reconstrucción de las experiencias dolorosas se les permite a las personas y sus comunidades una forma de elaborar el trauma psicosocial.

Todo esto además, cumple un papel importante en la reconstrucción de la significación de lo que es la justicia, lo que tiene consecuencias en la resignación y aceptación de la realidad tal cual como se da. Posibilita en las personas la seguridad de que son responsables de su propio destino y de que por tal motivo depende de ellas mejorar su calidad de vida, lo que afirma a la persona como autónoma y no dependiente de aquellos sistemas de justicia instaurados por medio del miedo y el terror. La justicia y la reconciliación le devuelven a la persona el control de su propio destino.

Para autores como el mencionado anteriormente, la justicia es un elemento que no puede abordarse sin la verdad y la reconciliación. Para este autor las experiencias dolorosas no pueden quedar en el pasado si no existe primero una "elaboración" de éstas. Lo que implica en sus palabras "ir desalojando poco a poco el lastre del agravio y el resentimiento que nos mantiene apegados a un ayer interminable" (Martín-Beristain, 2000:13).

La reconciliación, según Lederach (1998), es un espacio social que promueve la expresión franca del pasado doloroso y la búsqueda de un futuro que sea independiente a éste. Así mismo la reconciliación, como espacio social, promueve además, el encuentro de elementos como la verdad y la misericordia para la expresión, la aceptación y cicatrización que suponen la voluntad de construir nuevas relaciones basadas en estos principios; y la justicia y la paz con el fin de la equidad, la restitución, la mejora en las relaciones, la armonía, la seguridad y el respeto por la dignidad humana.

Así, pues, se entiende que la justicia en el marco de la reconciliación tiene implicaciones profundas en la psique de la sociedad fracturada por la violencia, pues exige una tarea de reconstrucción de la subjetividad en la que también se reconstruyan las formas en que las personas se relacionan con los otros sociales, cambiando la cultura de la violencia por la cultura de la paz.

Muy ligado a los planteamientos anteriores aparecen las narrativas de los participantes, para quienes un proceso de justicia en el que se busque llegar a la verdad con miras a la reconciliación, tiene que ver no sólo con conocer quiénes han sido los agresores y cuáles fueron los hechos que realmente sucedieron, sino con impartir responsabilidades y establecer las formas en que los victimarios pagarán por los crímenes cometidos, así como tener la garantía de que los hechos de barbarie y terror que hasta ahora han vivido no se repetirán en un futuro.

]]> “…que se sepa la verdad, a mí me gustaría que se hiciera justicia con la muerte de mi mamá porque nosotros sabemos quién la mató pero nada se pudo hacer, y lo mismo con mi hermana, eso quedó así… eso sería lo mejor para nosotros, que paguen los que nos hicieron ese mal, o que digan los del gobierno cuando la embarran que fue un error...”; “yo sé que, por ejemplo, las muertes de mi tío o de mi primo, o de toda la familia, pues no los vamos a resucitar, pero eso fue muy duro para todos, y si ya nosotros podemos estar tranquilos de que eso no va a pasar otra vez, pues muy bueno, eso sería lo mejor que nos puede pasar, o como usted dice, que hacer justicia con las víctimas” (Sujeto 6).

En este sentido, la verdad no se debe quedar en afirmaciones que reconozcan el daño causado, sino que se deben movilizar hacia la consolidación de hechos reales y viables que permitan restaurar y resarcir los daños.

La justicia vista desde una perspectiva de reparación, no sólo le posibilita a las víctimas elaborar sus experiencias dolorosas e iniciar procesos de perdón y reconciliación, sino que además posibilitan que el agresor salde sus cuentas y responsabilidades (Martín-Beristain, 2000). Esta afirmación va muy ligada a lo que Zenr (2002) denomina la responsabilidad genuina, que consiste en generar procesos en los que los victimarios puedan también reconciliarse por medio de la aceptación consciente del daño causado, en el que además, como lo menciona Martín-Beristain (2000) se debe dar la posibilidad a éste de brindar su testimonio (bajo condiciones mínimas de seguridad), su perspectiva de los hechos y reconocer la dignidad de las víctimas.

Según este autor, se debe hacer participes a los agresores de actividades de reparación social de aquellas personas vulneradas que aún se encuentran con vida, además de someterlos a sanciones sociales. Esto no sólo ayuda a la recuperación psicosocial del agresor, sino que también es un aporte a la reconstrucción del tejido social de las sociedades fragmentadas por la violencia (Martín-Beristain, 2000).

En el caso de las personas y comunidades afectadas por la violencia, la justicia restaurativa debe cumplir con la reconstrucción de las relaciones, la convivencia y el respeto por la dignidad y los derechos humanos. Es de esta manera como la justicia posibilita un paso para la reconciliación, pues no sólo repara relaciones y espacios que existían antes de las afecciones, sino que posibilita la consolidación del tejido social permitiendo que espacios que anteriormente no existían se puedan abrir (Martín-Beristain, 2000).

Es de esta manera como el derecho a la justicia implica la reparación integral, no sólo en el que los responsables sean culpabilizados, sino en el que además exista un resarcimiento psicosocial que supone la responsabilidad del Estado en la toma de medidas como una forma mínima de restitución y aliviar los daños. En esas medidas se debe incluir el resarcimiento, la atención a las víctimas, la reparación moral, la restitución de la verdad y la memoria colectiva de las víctimas (Martín-Beristain, 2000; Proyecto REMHI, 2001).

Las medidas de resarcimiento han sido en los últimos años una demanda que ha ido en aumento por las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Según el proyecto REMHI (Reconstrucción de la Memoria Histórica), el Estado debe resarcir a las víctimas mediante medidas económicas, sociales y culturales que compensen en parte las pérdidas y daños ocasionados. Además, se deben implementar nuevas leyes que garanticen criterios de equidad, participación social y respeto a la cultura. Así mismo, se le debe brindar a las personas víctimas de los crímenes de lesa humanidad, como forma de restitución, la atención humanitaria que incluye la salud, reparación psicosocial y jurídica (Martín-Beristain, 2000; Proyecto REMHI, 2001).

En el caso de los participantes, la reparación se debe abordar a dos niveles. Por una parte debe restituir lo que se ha perdido y por otra, debe generar posibilidades de inclusión a la sociedad colombiana, en términos tanto de aquellos que deciden regresar a sus lugares de asentamiento, como para quienes deciden permanecer en la ciudad.

Es de esta forma como se podría afirmar que los significados sobre el concepto de justicia se construyen sobre situaciones en las que se les han vulnerado sus derechos o en las que se les han negado formas más adecuadas de adaptarse al nuevo contexto; en este sentido, lo justo se realiza en la medida en que se logre rescatar la estabilidad que se tenía antes del desplazamiento; es decir, en la medida en la que puedan tener una vida más digna y pacífica. Es así como para la mayoría de estas personas esa vida digna se encuentra ligada al retorno a sus lugares de origen, pero asegurando el cumplimiento de los derechos fundamentales dentro del nuevo contexto que se da, por ejemplo, en el hecho de que las personas se puedan desplazar libremente por el territorio nacional sin ningún tipo de limitación o represalias. Así mismo, se evidencia la justicia ligada a la paz, lo que para ellos va en contraposición de lo que se podría denominar como formas de justicia privada, que en sus experiencias han sido implementadas por los grupos armados:

]]> “Que volviera a ser como era antes... que nosotros pudiéramos vivir en el campo en paz, sin que nadie lo molestara a uno y sin que nadie hiciera justicia como ellos (los grupos armados) la hacen ahora... que pudiera uno andar libremente por donde quisiera, que antes andaba uno por todos los municipios y veredas y nadie le decía nada y si ya era muy tarde le decían quédese aquí y le ensillaban a uno el caballo, se lo soltaban al pasto, le daban a uno de comer, luego desayuno, tome su caballo y uno podía seguir como si nada, entonces era muy bonito, pero ahora no” (Sujeto 5).

Desde la perspectiva de los participantes, la posibilidad del perdón y el olvido en un contexto de negociación entre gobierno y grupos al margen de la ley, resulta una estrategia que no tiene sentido si se encuentra ligada a la impunidad y a la ausencia de la satisfacción de los derechos que les han sido vulnerados a las víctimas.

Con lo anterior se puede dar cuenta de que para llegar al perdón se deben garantizar formas en que se rompan con los ciclos de impunidad y se satisfagan los derechos que se les han vulnerado a estas personas.

Ahora bien, si se analiza todo el proceso de negociación desde los planteamientos anteriormente mencionados y desde las narraciones de los participantes, resulta paradójico pensar en un "perdón y olvido" sin más, pues cómo puede darse un cambio tan radical si la estructura establecida lo único que ha permitido es acumular el odio, la ira y la venganza; además, ¿cómo enfrentar los parámetros impuestos por el accionar autoritarista de los grupos armados si sólo se ha enseñado que el más fuerte impone la ley, que se debe guardar silencio y dejar que lo impune y lo injusto reine?

En palabras de Villa (2004): "por ello cuando hablamos de paz... no podemos pensar que ésta consiste en dejar de disparar, en que simplemente se acabe la guerra; porque además de la guerra está la injusticia, está el odio y la ola de venganza que se ha desatado por la confrontación; está el daño, está el miedo y la desconfianza de unos para con otros, está la imposibilidad del encuentro y de construir nuevamente sociedad".

Por tanto, se puede afirmar que privilegiar el perdón con olvido en esferas que obedecen a la pseudojusticia, dejando de lado la posibilidad del perdón en el marco de la reconcialización y la justicia, es mantener lo justo en el plano privado, es reafirmar la impunidad y negar la dignidad de la víctimas. Así pues, pareciera que desarrollar un proceso de negociación con estas características obedece más a acuerdos de carácter político que se rigen bajo intereses particulares y no a modificar las estructuras de guerra y violencia que se han generado y mantenido por años en este país y que se sustentan en los principios de este tipo de acuerdos.

Es claro entonces que esta lógica lo que va a posibilitar es el surgimiento de nuevas violencias, fenómeno que se conoce como el "espiral de la violencia" (Villa, 2004) en el que las razones y los horizontes de la guerra se pierden y queda sólo la degradación del conflicto con presencia de actos de barbarie y horror.

Según Springer (2003), el perdón y el olvido son las peores estrategias que se pueden implementar, y peor aún si se emplean en nombre de la paz. El perdón no responsabilizante y el olvido supone dejar atrás el pasado, no brindar a las víctimas un tratamiento que reconozca su pasado traumático, así como puede sentar precedentes de impunidad y en consecuencia incredulidad en el sistema jurídico. Se hace entonces importante el hecho de esclarecer las responsabilidades, los perpetradores, las víctimas, así como el reconocimiento público de la memoria colectiva. Sólo de esta manera se podría entrar a establecer posibles amnistías que aunque no totales, apunten a la recuperación psicosocial de los perpetradores y sus familias, así como a la restauración de los afectados.

En este sentido, se hace indispensable tener en cuenta las responsabilidades mínimas que debe asumir el Estado. Estas responsabilidades tienen que ver con la administración de la justicia de forma imparcial y proporcional, administrar la fuerza de manera no coercitiva sino justa, legítima y viable; la reinserción de los agresores de manera constructiva y en un contexto de atención psicosocial, la reconstrucción y reparación de las comunidades afectadas por la violencia, y la promoción de la reconciliación social.

Según Springer (2003), el Estado "no puede ni debe entrar a mediar en esferas privadas, en el fuero de lo íntimo, a promover el perdón de lo imperdonable, y en muchos casos de esta manera liberar de responsabilidad a quien no puede ni debe evadirla, dejando en las víctimas una doble carga: la de superar el dolor del pasado y la de renunciar a su derecho a la verdad y a la justicia, todo ello en nombre de la paz y del futuro".

Como lo menciona Fisas, (2001) "el reto que se nos presenta es el de llegar a reemplazar la violencia instrumental por el poder comunicativo mediante una propuesta intercultural. Se trata también de desarrollar los medios de acción no violentos que permitan comunicar y presionar eficazmente, sin tener que recurrir a la violencia como último recurso".

Finalmente, se puede decir que a lo largo de este ejercicio investigativo, se observa que aunque en los últimos años se nota un creciente aumento en el interés por temas que guían su mirada hacia el trabajo psicosocial y humanitario en el contexto de la violencia y de la guerra colombiana, existe aún un desconocimiento sobre algunas esferas que involucran el ser social de las personas que se encuentran en medio del conflicto.

En este sentido, se evidencia una realidad teórica y práctica que desborda los límites investigativos, por lo que se muestra la importancia por seguir trabajando en temas como lo son la justicia, la verdad, la reconciliación y la reparación en contextos de guerra y de transición hacia la paz.

Ahora bien, para concluir este escrito, guardamos la esperanza de que este análisis sobre la situación actual del país y en particular sobre las historias de los participantes, no queden como letra muerta reposando en los estantes de una biblioteca, antes bien, deseamos que sea una semilla que genere posturas claras ante el acallamiento, la impunidad, el desplazamiento forzado, la violencia política y la injusticia a las que ha sido sometida gran parte de población colombiana.

Esperamos, sin más, que aquellos que hasta ahora están sin voz, víctimas de los horrores de la guerra, encuentren en los lectores de este escrito un actor más que procure el reestablecimiento de la paz, la verdad y la justicia.

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