Reconfiguración de los órdenes locales y conflicto armado: el caso de tres municipios del Norte del Cauca (1990-2010)¹

Social Order Reconfiguration in the Middle of an Armed Conflict Situation: Case Studies of Three Municipalities in the Cauca State North Region (1990-2010)

Reconfiguração das ordens locais e conflito armado: o caso de três municípios no Norte Del Cauca (1990-2010)

Álvaro Guzmán Barney²
Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales -CIER- de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali-Colombia
alvaro.guzman@correounivalle.edu.co

Alba Nubia Rodríguez Pizarro³
Directora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Universidad del Valle, Cali-Colombia
alba.rodriguez@correounivalle.edu.co

¹ Este artículo hace parte de una investigación en la que participan el INER de la Universidad de Antioquia que lidera el proyecto nacional, el CINEP y el Grupo de Acción Colectiva y Cambio Social (Acaso) del CIDSE de la Universidad del Valle, al cual pertenecen los dos autores. La investigación fue financiada por Colciencias (proyecto Col 0008434). Este ensayo presenta el trabajo que correspondió al Grupo Acaso. Los autores agradecen el apoyo y los comentarios de sus colegas del INER, del CINEP y de Univalle, así como el apoyo administrativo del CIDSE. Agradecen también el aporte al proyecto de los asistentes de investigación Renata Moreno, Catalina Gómez y Maryuri Castaño, especialmente en lo que se refiere al estudio de caso de Jambaló. De igual modo, a las monitoras Donney Carabalí y Vivian Ladino.

² Sociólogo y Doctor en Sociología.
³ Antropóloga y Doctora en Sociología.

Resumen

Se presentan los casos de reconfiguración del orden social de los municipios de Jambaló, Buenos Aires y Puerto Tejada en el contexto de la región del Norte del Cauca entre 1990 y 2010. Siguiendo una metodología histórica comparativa, se sugieren factores independientes (clase, etnia, organización, acción colectiva y presencia de actores armados, entre otros), que contribuyen a la estructuración de diferentes tipos de orden social local. Este se concibe como resultante de interacciones entre la agencia de los grupos sociales y la coerción estatal y de los grupos armados.

Palabras clave: Orden Social, Metodología Histórica Comparativa, Factores Explicativos del Orden Social, Región Norte del Cauca (Colombia).

Abstract

This article presents the social order reconfiguration of three municipalities: Jambaló, Buenos Aires and Puerto Tejada, in the North Region of the Cauca State (Colombia), between 1990 and 2010. Following a comparative method, some independent variables are suggested (class, race, organization, collective action, and presence of armed actors, amongst others) and they are related to different types of local social order. The latter is conceptualized as a result of the social groups' agency and coercion from both the state and the armed groups.

Resumo

Apresentam-se os casos de reconfiguração da ordem social dos municípios de Jambaló, Buenos Aires e Puerto Tejada, no contexto da região do Norte Del Cauca no período 1990-2010. Seguindo a metodologia histórica comparativa, sugerem-se fatores independentes (classe, etnia, organização, ação coletiva e presença de atores armados, dentre outros) que contribuem à estruturação de diferentes tipos de ordem social local, resultado de interações entre a agência dos grupos sociais e a coerção do Estado e dos grupos armados.

Palavras-chave: Ordem Social, Metodologia Histórica Comparativa, Fatores Explicativos da Ordem Social, Região Norte Del Cauca (Colômbia).

Introducción

El propósito de este artículo es presentar, de manera comparada, los casos de tres municipios del Norte del Cauca: Jambaló, Buenos Aires y Puerto Tejada, centrando la atención en la reconfiguración del "orden social" en situaciones de conflicto armado por las que han atravesado dichas localidades, entre 1990 y 2010. El aporte del texto está en ensayar un enfoque comparativo en donde se propone una explicación a la reconfiguración del orden social local.

El orden social alude al problema de la reproducción de la sociedad con consecuencias normativas para esta, sus instituciones y actores. En el proyecto se construyó una tipología de órdenes sociales que resulta del cruce de dos categorías generales: la agencia y la coerción⁴. La agencia estima las posibles relaciones entre los actores sociales y los grupos armados, y se desdobla en cuatro posibilidades: la solidaridad, el acomodo, el sometimiento y la resistencia. En la coerción se distinguen dos formas alternativas: aquella en la que domina la coerción de los actores armados, aunque haya alguna presencia estatal, y aquella en la que hay presencia estatal predominante, en medio de la coerción de actores armados.

El orden social de un municipio se asume como un resultado que es posible comparar⁵. En la comparación surgen aspectos que juegan un carácter explicativo en la conformación de los distintos órdenes sociales. En nuestra consideración, para la región del Norte del Cauca, es indispensable tener en cuenta: 1) los aspectos de clase, así como los aspectos étnicos que se anudan en formas económicas; 2) los niveles de organización y formas de acción colectiva que muestran las poblaciones locales; 3) el actor armado legal o ilegal predominante en la localidad; 4) la presencia del Estado; y 5) los contextos de oportunidad, regionales, nacionales o internacionales. Es en el despliegue histórico del conflicto que estos diferentes factores aparecen encadenados de manera explicativa y con peso diferenciado.

La región del Norte del Cauca está compuesta por trece municipios. Metodológicamente, escogimos tres municipios que presentan situaciones altamente diferenciadas y que resultan en órdenes sociales distintos. Jambaló tiene una economía campesina, población mayoritariamente indígena, organización en resguardo y cabildo que la hace una comunidad fuerte, hay presencia guerrillera y confrontación. Su orden social lo caracterizamos como de resistencia en medio de un conflicto armado con presencia estatal. Buenos Aires es una comunidad campesina, de minería tradicional, con niveles de organización medios, y con mayoría de población negra, en medio de un conflicto armado que tuvo presencia muy fuerte de paramilitares. Su orden social lo caracterizamos de acomodo en medio de coerción de los armados con alguna presencia estatal. Por otra parte, Puerto Tejada es un municipio proletario, predominantemente negro, con bajos niveles de organización y presencia de bandas criminales, en medio de una coerción estatal significativa que no controla la criminalidad. En suma, situaciones distintas en cada localidad que conducen a la conformación de órdenes sociales diferentes. Después de describir brevemente el contexto del Norte del Cauca, presentamos los tres casos locales (ver Mapa 1) y concluimos con la comparación y los factores explicativos⁶.

1. El Norte del Cauca

Los municipios del Norte del Cauca tienen una extensión aproximada de 345.000 has y una población estimada para el 2005 en 363.992 habitantes. Topográficamente, la región posee zonas planas con una altura promedio de 1.100 mts sobre el nivel del mar, a lo largo del río Cauca entre las dos cordilleras, la Central y la Occidental, desde Santander de Quilichao en el sur hasta Puerto Tejada en el norte. En la zona plana predomina la agricultura comercial. Hay también territorios de ladera, entre 1.100 y 1.600 mts de altura (alrededor de la parte plana) sobre la vertiente occidental de la cordillera Central, desde Caldono al sur hasta Miranda al norte, y sobre la vertiente oriental de la cordillera Occidental, desde Suárez al sur hasta Buenos Aires al norte. También hay una zona de alta montaña y páramo en las cordilleras Central y Occidental. Se puede considerar que Santander de Quilichao, en el extremo sur de la parte plana, es el centro urbano más importante del Norte del Cauca.

En términos socio-económicos, entre 1990 y 2010, la región norte caucana ha sido impactada notablemente por los siguientes procesos: 1) la expansión adicional del cultivo de caña de azúcar, que pasa de 30.000 a 45.000 has, aproximadamente; 2) el desarrollo de una industria de punta, apoyada por el Estado, a partir de la Ley Páez. En 2005, se puede afirmar que un conjunto de empresas se consolida en el Norte del Cauca como un polo muy importante de desarrollo industrial, estrechamente ligado con Cali y el Valle del Cauca, con un total de 139 empresas y 4.836 empleados (Urrea 2010: 113); 3) la construcción de la hidroeléctrica de La Salvajina y el resurgimiento de la minería. La obra se llevó a cabo en tierras de explotación agropecuaria campesina y minera; 4) una importante economía ilegal, cuyos cultivos de coca se pueden estimar para 2009 en 1.258 has (estimativo nuestro sobre la base del World Drug Report: United Nations 2010, 263-266); y 5) la subsistencia, en medio de condiciones adversas, de una economía campesina que produce para el auto-consumo y para el mercado.

El orden social en las localidades y en la región se construye en medio del conflicto armado. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes es un buen indicador del conflicto violento que permite precisar "coyunturas" en las que profundizamos en la investigación (ver Gráfica 1). La región inicia con una tasa alta en 1991, aproximadamente de 55, que decrece en los dos años siguientes. La tasa aumenta desde 1994, año tras año y, de forma muy pronunciada, entre 1998 y 2002, con un año pico en 2001, cuando la tasa es mayor de ochenta. Entre 2003 y 2004 la tasa tiene sus expresiones más bajas del presente siglo (alrededor de 40), pero ésta vuelve a aumentar de manera continua entre 2005 y 2012 para pasar por encima de 60. Estas tasas nos permiten inferir la pertinencia de un análisis del conflicto armado en tres coyunturas: 1) 1990-1992: Constituyente Nacional y desmovilización guerrillera parcial, 2) 1999-2004: llegada del paramilitarismo, desplazamiento de la guerrilla y desmovilización paramilitar, y 3) 2008-2010: auge de la guerrilla y de bandas paramilitares, pero también mayor presencia estatal y de la sociedad.

Aunque los órdenes sociales locales son muy diversos en la región y nuestra investigación se centra en el estudio de tres localidades altamente diferenciadas, el Norte del Cauca se puede caracterizar en su conjunto por una agencia que se acomoda al conflicto desencadenado por los actores armados. De manera general, se asiste a un proceso de modernización regional diferenciado que se acompaña de manera intermitente de violencia. Lo que está en juego es la soberanía del Estado frente a otras fuerzas: guerrilla, paramilitares o crimen organizado. La sociedad ha establecido un acomodamiento con esta situación y los estudios de los municipios de Jambaló, Buenos Aires y Puerto Tejada muestran diferencias y similitudes con esta caracterización.

2. Jambaló

Jambaló se encuentra ubicado en la vertiente occidental de la cordillera Central de los Andes colombianos; tiene una extensión de 25.400 hectáreas y limita al norte con los municipios de Toribío y Caloto, al oriente con el municipio de Páez, al sur con el de Silvia y al occidente con Caldono. El 96% de su territorio es zona de Resguardo, exceptuando la cabecera municipal.

En el año 2011, Jambaló contaba con una población de 12.863 habitantes: 923 en el casco urbano y 11.940 en el área rural⁷. El 95% de ellos son indígenas nasa y en menor medida guambianos y el 5% son mestizos. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2008-2011, Jambaló se divide en tres zonas: alta, media y baja, y se encuentra integrado por cuatro barrios en el casco urbano y 36 veredas en la zona rural. Si bien municipio y resguardo confluyen en algunos aspectos y acciones, cada entidad tiene su autonomía: el cabildo tiene a su cargo la Guardia Indígena y la Alcaldía municipal administra los programas de la localidad.

La economía del municipio se basa en la agricultura, en cultivos de pan coger como fríjol, maíz, fique, papa y caña panelera y en cultivos de café para el mercado. En lo pecuario, en especies menores como aves de corral, cuyes, ovinos, porcinos y caprinos. En algunas veredas de las zonas media y baja existen cultivos de coca, asunto que juega un papel fundamental no sólo en la economía de las familias y las dinámicas de las veredas, sino también en el conflicto armado que se vive en la localidad y en las formas de resistencia de la comunidad indígena.

El poblamiento de Jambaló se remite al siglo XVI, cuando la invasión española provocó la migración de indígenas nasa desde el oriente de la cordillera Central hasta el occidente de la misma. El corregidor Hernando Arias Saavedra ordenó la reubicación de población indígena en el valle del río Jambaló. Entre 1720 y 1746, Jambaló fue territorio de encomienda. Después de la muerte del encomendero Antonio Beltrán, cuando sus tierras pasaron a la Corona y se estableció relación directa entre los nasa y el Rey, se intensificó una ardua y larga lucha por la tierra entre los indígenas y los colonizadores (Van de Sandt 2012).

Esta lucha de los nasa por la tierra contribuyó a que tuvieran una activa participación en las guerras de independencia (1811-1819). Más que adherirse a las reivindicaciones políticas de los grupos involucrados en la guerra de independencia, los indígenas buscaban eliminar el tributo colonial y reafirmar la soberanía territorial, propósito que lograron en 1863 cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera, siendo presidente de la Confederación Granadina, devolvió las tierras a los indios de Pitayó y Jambaló.

Entre 1865 y 1880 se dictaron distintas leyes, tanto en contra como a favor de la propiedad de la tierra de los indígenas. En Jambaló, Guambía y Pitayó, la propiedad de la tierra fue amenazada por la extracción de quina lo cual provocó una tensión legal que desapareció con la disminución de los cultivos, su desplazamiento hacia Tierradentro y la posterior desaparición de su demanda en 1885, cuando el cultivo fue llevado al Asia.

La Constitución de 1886 consolidó la configuración política y económica de un país centralizado, con un enfoque económico antiliberal y la renovación de alianzas entre la Iglesia y el Estado, manifiestas en el Concordato de 1887. Modificó la política dirigida a los grupos indígenas, en particular con la Ley 89 de 1890. Esta ley tuvo una vigencia de más de cien años e implicó dos perspectivas frente a los indígenas: una, según la cual fueron asumidos como "menores de edad" que requerían "civilizarse", de mano de la Iglesia Católica; otra, que institucionalizó el Resguardo indígena, dotándolo de una base jurídica propia lo que implicaba excluir a la comunidad perteneciente al Resguardo de la aplicación de la legislación general de la República (Van de Sandt 2012). La ley posibilitaba mecanismos de elección de las autoridades de forma anual por parte de la misma comunidad, elaborar leyes propias, realizar censos anuales y llevar a cabo la titulación de tierras mediante registro público. Estas tareas eran supervisadas por personas no indígenas, representantes del Estado, debido al carácter de inferioridad que se les asignaba a los indígenas. La ley también contenía mecanismos para que el Resguardo fuera disuelto en un periodo de cincuenta años y la comunidad indígena se integrara al resto de la sociedad. A pesar de estas tensiones, la ley fue una herramienta para la conservación del territorio por los indígenas, así como para la consolidación de un gobierno propio, frente a procesos de apropiación de tierras por terratenientes y élites económicas y políticas⁹.

Estos antecedentes de poblamiento de Jambaló permiten identificar cómo se van sedimentando algunos principios de articulación de la comunidad indígena alrededor de la recuperación de la tierra, no solo para su usufructo, sino también como un espacio de reconocimiento como primeros pobladores, con costumbres y cultura propias, diferentes a las de los colonos españoles y los mestizos. Los principios de articulación de la comunidad indígena alrededor de la recuperación de la tierra como eje central para su existencia continuaron consolidándose durante el siglo XX, a partir de diversos procesos de lucha y resistencia que se fueron construyendo, especialmente el liderado por el indígena Manuel Quintín Lame, elegido como cacique general por varios resguardos del Norte del Cauca, entre ellos el de Jambaló, para representar a los indígenas ante el gobierno nacional en 1910.

Manuel Quintín Lame no sólo fue representante ante el gobierno nacional, sino que generó procesos de concientización en las comunidades indígenas, en contra de los esquemas culturales que justificaban su dominación por parte de los terratenientes blancos. En 1911, el gobernador del Cauca autorizó a los terratenientes para consolidar ejércitos privados que contrarrestaran el movimiento que Lame estaba conformando. En 1915 el líder fue arrestado y en 1917 judicializado por robo, insurrección y asalto, por lo que fue condenado a cuatro años de prisión y en 1922 fue expulsado del departamento del Cauca (Van de Sandt 2012, 73).

En la búsqueda de la recuperación de tierras y de reconocimiento, los indígenas nasa establecieron alianzas con sectores populares (campesinos y obreros) y con fracciones alternativas del Partido Liberal y el Partido Comunista. Esto les permitió recuperar tierras cuando se intensificaron los procesos de colonización en Jambaló hacia 1929. Una expresión de dichas alianzas se plasmó en las Ligas Campesinas, que se crearon durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), como parte de la llamada Revolución en Marcha y de la Ley 200 del 36 que estipulaba que las tierras no cultivadas por sus propietarios podían ser expropiadas por el Estado y redistribuidas entre campesinos poseedores. En Jambaló se realizaron fuertes luchas para la recuperación de tierras por medio de las Ligas Campesinas. Pese a los procesos de alianza y recuperación, la violencia bipartidista permitió que grandes propietarios de tierras en el Cauca ampliaran y fortalecieran su dominio, quitándoles tierras a los campesinos e indígenas y diezmando organizaciones y alianzas para la resistencia.

Avanzados los años sesenta, los indígenas seguían construyendo alianzas con sectores alternativos del Partido Liberal, el Partido Comunista y el Movimiento Revolucionario Liberal¹⁰. Los sectores de izquierda y las organizaciones campesinas, si bien promulgaban la entrega de tierras de forma gratuita a campesinos e indígenas, la eliminación completa del latifundio y la devolución de las tierras a quienes habían sido despojados de ellas, no articulaban la lucha por la identidad cultural, ni el rescate de tradiciones y formas organizativas propias. En este marco, en 1971 se gestó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como una organización autónoma e independiente que reuniría y gestionaría los intereses de la comunidad indígena frente al gobierno nacional.

Los procesos organizativos propios de las comunidades indígenas se fortalecieron en medio de la presencia de las Farc, desde 1964, en el Norte del Cauca y del ingreso, en la década de los setenta, de otros grupos armados a Jambaló: el M-19, el Epl, el Quintín Lame, en 1986, y el Eln en los años noventa. Inicialmente hubo coexistencia, solidaridad y alianzas con los grupos guerrilleros, pues se compartían visiones políticas y se hicieron pactos de no agresión a los territorios indígenas. Progresivamente y especialmente después de la desmovilización del Quintín Lame, los indígenas se fueron alejando tanto de las organizaciones armadas más radicales como de los partidos tradicionales, definiendo y reforzando una línea más centrada en su identidad como indígenas y en el rescate de sus tradiciones, formas organizativas y de liderazgo propias.

Son tres los momentos que interesan para entender la reconfiguración del orden social en Jambaló, entre 1990 y 2010. Es importante aclarar que hay diferencias con las coyunturas establecidas para los otros dos municipios, asunto que es significativo.

2.2.1 Proyecto Global, desmovilización guerrillera y Constitución de 1991

En 1987, se creó en Jambaló el Proyecto Global, que surge con el Plan de Vida Nasa, apoyado por el sacerdote indígena Álvaro Ulcué. El Proyecto Global permitió a los indígenas de Jambaló articularse a los procesos organizativos propios de la comunidad nasa del Norte del Cauca y, a su vez, constituirse como comunidad y atender sus problemas y necesidades: pobreza, negación de la cultura, explotación, despojo, prohibición de hablar su propia lengua (nasa yuwe), violencia partidista y del conflicto armado.

A finales de los años ochenta se presentó una actividad de fortalecimiento de los procesos organizativos autónomos de la comunidad nasa y del Resguardo de Jambaló, paralela con la deslegitimación creciente y finalmente desmovilización del Quintín Lame. Se configuró un orden social en el que se ponía de relieve la autonomía construida desde la identidad étnica. A partir de allí, se gestaron procesos tendientes a consolidar una educación, lengua y autoridades propias: se afianzó la cultura nasa. La fuerza de la agencia permitió recuperar el territorio y construir resistencias ante actores privados y grupos armados. La Constitución de 1991 fue un marco fundamental de apoyo a los cambios por los que atravesaba Jambaló. Se configura un orden social local que resulta de una agencia comunitaria con gran autonomía, que se traduce en instancias políticas como el resguardo y el cabildo y que hace resistencia a los grupos armados. De manera significativa, se contribuyó a que las comunidades se propusieran derrotar, bajo el sistema de elecciones por sufragio, a los partidos tradicionales Liberal y Conservador que tenían fuerte presencia en la región. En las elecciones de 1992 ganó por primera vez el candidato propuesto por el Movimiento Cívico de Convergencia, Diego H. Yule.

También a comienzos de los noventa se evidencia el cultivo de amapola en la zona alta, y de coca en las zonas media y baja, así como el inicio del negocio en todos sus niveles de producción. Más que un recurso en disputa, la coca catapulta el conflicto hacia la búsqueda del control de la tierra por los armados. En un encuentro para analizar la situación de los cultivos de uso ilícito en la localidad, la comunidad, con la coordinación de un equipo conformado por el Cabildo y la administración nacional, firma el "Acuerdo de Jambaló", que impide la fumigación de cultivos de uso ilícito en el municipio, remplazándola por la erradicación manual voluntaria. Este acuerdo no prosperó debido a que los gobiernos regional y nacional destinaron muy pocos recursos para ello. Sin embargo, esto permitió hacer un diagnóstico sobre la situación de Jambaló y construir el primer Plan de Desarrollo en un municipio del Norte del Cauca. Este plan se apoyó en leyes que reglamentan el derecho que tienen los resguardos indígenas a recibir recursos económicos de la nación (Ley 60 de 1993 y 715 de 2001).

En el marco de las transformaciones legislativas de la Constitución del 91, en los territorios indígenas se impuso una nueva forma de gobierno basado en la autonomía territorial de los resguardos, en la participación de los mismos en los ingresos de la nación y en la jurisdicción especial indígena. Adicionalmente, los indígenas empezaron a participar en las elecciones locales, regionales y nacionales y su presencia en la elaboración de las leyes de la república se aseguró mediante la circunscripción electoral para indígenas. De esta forma, las relaciones entre los indígenas y el Estado adquirieron un nuevo marco jurídico.

2.2.2 Disputa por el poder local

En 1994 se eligió en Jambaló el primer alcalde indígena del municipio, perteneciente al Movimiento Cívico Independiente, Marden Betancourth, quien es asesinado por la guerrilla del Eln, frente Cacique Calarcá, el 19 de agosto de 1996, por presunta desviación de 100 millones de pesos del presupuesto municipal para apoyar a las Cooperativas Convivir.

Frente a las acciones de la guerrilla, la comunidad indígena de Jambaló se manifestó con una gran movilización (en la que participaron 6.000 indígenas) hacia la vía Panamericana, bloqueando el tramo entre Piendamó y Popayán, como forma de protesta por los hechos violentos en el territorio. Por otro lado, reivindicaron una "justicia propia". Como resultado de esto, la Corte Constitucional se pronunció a favor de la jurisdicción especial indígena y se aprobaron sanciones como el cepo, el fuete y el destierro. El asesinato del alcalde indígena se puede interpretar como un "ajusticiamiento" de parte de la guerrilla que busca intervenir en la localidad y especialmente en la Alcaldía y en desacuerdo con el alcalde. Significa, por otro lado, un empoderamiento de la comunidad indígena en su representación social y política.

La junta directiva del CRIC, reunida en Jambaló, aprueba la Resolución de Autonomía de 2002, según la cual las comunidades indígenas exigen respeto a su autonomía y al propio Plan de Vida frente al conflicto armado. Nuevamente, frente a la coerción armada, la agencia es de resistencia para el mantenimiento del control territorial y la autonomía frente a los armados.

En el marco de estos procesos, surge la Guardia Indígena para brindar apoyo al cabildo en el control territorial. En el 2004 continúa la expansión de los cultivos de coca y se agudizan los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, lo cual implicó retomar las acciones de control territorial por parte de la Guardia Indígena. Inicialmente las acciones estaban encaminadas a controlar el ingreso de extraños al resguardo, luego la Guardia Indígena realizó acciones para erradicar los cultivos de uso ilícito, y también incautó armamento y estableció horarios para movilizarse en las veredas. Es importante tener en cuenta que en esta coyuntura no hubo presencia paramilitar en Jambaló, mientras que si fue el caso en los otros dos municipios.

2.2.3 Disputa de los grupos armados por el territorio

En los últimos años, el municipio de Jambaló muestra una clara resistencia de la comunidad indígena al conflicto armado. Pero territorio y población son foco de disputa entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas. La Guardia Indígena ejerce actividades de control territorial del resguardo que no se coordinan con la fuerza pública, para evitar que la guerrilla asuma que la comunidad indígena está de lado del Ejército o de la Policía, justificando sus ataques hacia la comunidad, al identificarla como colaboradora.

Los cultivos de coca y su procesamiento se han mantenido durante la última década. De igual manera, la guerrilla ha implementado distintas formas de control del territorio: uso de armas artesanales, como "tatucos" y minas antipersonas, lo que le permite delimitar zonas de tránsito tanto de la población como de la Fuerza Pública. Esta situación se agudizó en el año 2009 con el inicio de una operación de control territorial por parte del Ejército. No obstante, continuó la utilización del territorio por los grupos armados como lugar de siembra y procesamiento de la hoja de coca, y para el acopio y distribución de material de guerra. Tanto los cultivos como las caletas parecen concentrarse en las zonas media y baja del municipio, lugares cercanos a los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, lo que facilita la entrada y salida del material en cuestión, así como el tránsito de la guerrilla y la consolidación de un corredor estratégico que conecta con el Pacífico y entradas al centro y sur del país.

La guerrilla recluta jóvenes, paga a familias indígenas para que cultiven coca, suministra a los cultivadores la semilla, y también a veces abono y dinero. Igualmente señala a miembros de la comunidad como colaboradores del Ejército y asesina a líderes indígenas que intenten impedir su accionar¹¹.

En este contexto, se considera que el Proyecto Global y los Planes de Vida son elaborados como formas de resistencia y atienden múltiples ámbitos de la vida social de la comunidad indígena, con base en un principio fundamental: la preservación de la vida, la cultura y la autonomía. Nuevamente, en este periodo, las resistencias ante los armados se construyen desde los procesos y parámetros del pueblo nasa y las organizaciones indígenas regionales como la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), que también se articulan con las asambleas permanentes para discutir problemáticas coyunturales, con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia Indígena, y con la comunicación alternativa a nivel nacional e internacional (Moreno 2008).

2.3 Jambaló: resistencia y coacción armada

Pese a la persistencia de un agudo conflicto y a las acciones de coerción armada de la guerrilla, el hecho dominante, aunque no homogéneo, es el de la resistencia de la comunidad indígena. Con el diseño y fortalecimiento del Plan Global, manteniendo la autonomía y retomando la cosmovisión nasa, reforzando la educación propia, la medicina propia, la lengua y luchando por la tierra, por la autonomía y por el reconocimiento, pilares de la identidad, los indígenas de Jambaló han desarrollado resistencias y confrontado problemas como los que se derivan del manejo del poder local o de la presencia de grupos armados que se disputan el dominio del territorio y su población.

El municipio fue fundado en 1823, tiene un área de 406,07 km2, está dividido en dos subregiones naturales separadas por el río Cauca: en la margen izquierda, la subregión occidental está situada en la vertiente oriental de la cordillera Occidental de los Andes, con cerca del 35% de la población. En la margen derecha se encuentra la subregión central, localizada en la vertiente occidental de la cordillera Central, donde habita el 65% de la población total de la localidad, con predominio étnico afrodescendiente. La presencia estatal institucional en esta zona está representada por la Alcaldía municipal, la Casa de justicia e instituciones educativas y de salud.

3.1 Poblamiento

Los procesos de poblamiento de Buenos Aires se remiten a los años 1636 y 1637, época en la que los colonizadores europeos introdujeron los primeros esclavos provenientes de África para que iniciaran la explotación minera en la zona. Este aspecto determinó la prevalencia de población afrodescendiente y un poblamiento con mayor densidad en áreas rurales y menor concentración en la cabecera municipal, habitada por familias mestizas provenientes del Cauca, Huila y Nariño, quienes formaron las élites económicas y políticas de esta localidad hasta avanzada la década de los ochenta del siglo XX. Es entonces cuando emerge una élite política afrodescendiente que venía consolidándose desde los años setenta de la mano de redes clientelares del liberalismo (Rojas y Sevilla 1994). Esta nueva élite comienza a interpelar y socavar el dominio político y económico de las élites tradicionales, hasta conseguir la elección del primer alcalde afrodescendiente en 1986¹².

La economía de este municipio ha estado históricamente sustentada en la explotación minera, desarrollada por sus habitantes de modo tradicional (minería de filón y aluvión), y en la agricultura a menor escala de café, cítricos, plátano y yuca. A partir de las primeras décadas del siglo XX, ingresaron multinacionales norteamericanas y alemanas que trajeron nuevos habitantes a la localidad, tanto extranjeros como nacionales, para la explotación minera. Posteriormente han tratado de ingresar compañías canadienses, japonesas y británicas, encontrando resistencias de afros, indígenas y campesinos mestizos, que después de la década de los ochenta han impedido el ingreso, exploración y explotación -al menos explícito- de estas empresas, para evitar el despojo de sus tierras y los daños ambientales.

Con base en las características descritas, podemos afirmar que Buenos Aires ha sido una zona en continua disputa entre los distintos pobladores: campesinos y mineros negros, encomenderos, dueños de las minas, multinacionales y migrantes. Es una localidad con una economía sustentada en la minería y en la agricultura de pan coger, en la que confluyen tres etnias: afrodescendientes, indígenas y campesinos mestizos, por lo que se yuxtaponen diversos patrones culturales que tienen expresiones propias de cada colectivo y que a su vez conforman un agente interétnico.

Cada colectivo tiene expresiones propias, que se evidencian en procesos organizativos y movilizaciones frente a sus diferencias y conflictos relacionados con el significado y la propiedad de la tierra. También confluye como actor colectivo interétnico que lucha por la defensa del territorio, contra el ingreso y la permanencia de empresas multinacionales que se han dedicado a la explotación minera desde comienzos del siglo XX, y contra los proyectos modernizadores trazados por el Estado nacional desde la década de los sesenta, como la construcción de la represa La Salvajina. La localidad se ha vinculado con procesos nacionales y globales, especialmente con la explotación de recursos naturales a gran escala. En este marco, se han generado procesos de expropiación de la tierra, daños ambientales y culturales y desplazamiento de comunidades de áreas con gran riqueza en recursos naturales.

3.2 Antecedentes de movilización social y de conflicto armado

Desde el periodo de poblamiento hasta los años noventa, Suárez y Buenos Aires constituyeron una sola localidad, escenario de diversos conflictos sociales: confrontaciones entre pobladores y agentes gubernamentales locales, regionales y nacionales por los daños ocasionados a sus territorios por la construcción de megaproyectos como el de Salvajina fase I¹³. Resistencia de negros, indígenas y campesinos mestizos contra el ingreso de multinacionales y la concesión de licencias para la exploración y explotación minera¹⁴; enfrentamientos entre negros e indígenas por la propiedad y tenencia de la tierra, protestas y movilizaciones para exigirle al Estado servicios básicos (salud, vivienda y educación).

De acuerdo con los procesos y las luchas sociales descritos, podemos afirmar que en el periodo comprendido entre principios de la década de los ochenta y finales de la década de los noventa se presenta un fortalecimiento de los actores sociales en la zona, que se expresa en movilizaciones y protestas, al mismo tiempo que comienza a manifestarse una naciente élite afrodescendiente que socava el poder de las élites económicas y políticas que dominaban la localidad. Las nuevas élites instauran un liderazgo propio para favorecer la generación de políticas que beneficiaran a la mayoría de la población.

En este contexto de diversos conflictos sociales y fortalecimiento de procesos colectivos étnicos e interétnicos, los pobladores de Buenos Aires referencian la presencia de grupos guerrilleros en la localidad: las Farc con el Frente Sexto, la brigada móvil Jacobo Arenas y el Frente 30; el Eln con el frente Manuel Vásquez Castaño¹⁶, y el M-19, que en 1986 perpetró la única toma que ha sufrido la localidad desde el ingreso de los grupos armados.

Las dinámicas del conflicto que han configurado y reconfigurado el orden social de Buenos Aires han variado según las lógicas locales, regionales y nacionales de la confrontación armada. Podemos identificar tres momentos de presencia armada, vinculados con la reconfiguración del orden social local. El primero coincide con la expansión de los grupos armados a nivel nacional, especialmente las Farc y el Eln y con el auge de cultivos de coca en la región. El segundo, va desde el año 2000 hasta mediados de la primera década del siglo XXI, con la presencia de grupos paramilitares (Bloque Calima de las AUC) que les disputan el territorio y los corredores estratégicos a las guerrillas. El tercero, desde mediados de la primera década del siglo XXI hasta el año 2010, con la presencia de los grupos guerrilleros Farc y Eln, en coexistencia con algunos reductos de grupos paramilitares, en medio de desarrollos estatales locales.

3.3 Tres momentos de reconfiguración del orden social (1990-2010)

3.3.1 Entre las luchas sociales y el acomodo de los actores a la presencia y control de los grupos armados

La interacción entre armados y civiles en el periodo 1990-2000 fue diversa. Inicialmente hubo acciones violentas para someter a quienes se oponían al ingreso y permanencia de los grupos armados¹⁷. Los grupos guerrilleros buscaban permanecer por largo tiempo en la localidad porque esta área es importante para los armados por dos razones: como zona de retaguardia debido a la dificultad para el acceso por la débil presencia institucional, y como zona estratégica por constituirse en corredor de movilidad e ingreso de recursos para la guerra y de productos de alto valor, como la coca. Para el dominio de la subregión, además de las acciones violentas era necesario obtener reconocimiento y ganar autoridad; para ello intervinieron en asuntos de la vida de los pobladores: regularon conflictos entre vecinos y reglamentaron el valor del transporte. Igualmente, fueron voceros de los intereses de los campesinos y pobladores ante la administración municipal, ejerciendo coerción armada sobre los alcaldes (amenazas de muerte, secuestros) para la puesta en marcha de obras públicas y, a su vez, como veedores del gasto público e interviniendo ante cualquier sospecha sobre el ingreso de multinacionales con la anuencia del gobierno local¹⁸.

Con este tipo de acciones se consolida la paradoja según la cual los grupos armados ilegales que no reconocen la autoridad del Estado y que además la combaten por la vía armada, favorecen la articulación de los moradores locales con la administración municipal, lo cual puede facilitar acomodos de la población civil con los armados.

3.3.2 Violencia extrema de los grupos paramilitares y "sometimiento" de la población

A finales de la década de los noventa ingresan a la localidad las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes ocuparon las dos subregiones del municipio unificando la dinámica diferenciada que había tenido el conflicto en el periodo anterior. En su ingreso y permanencia, la violencia fue avasalladora en el municipio: en enero del 2001 en la vereda Betulia del municipio de Suárez, según lo contado por José de Jesús Pérez Giménez, alias "Sancocho", mataron a cinco personas y saquearon sus pertenencias. El 5 de abril del 2001, llegaron al corregimiento de Munchique, zona oriental del municipio de Buenos Aires; desde este corregimiento pasaron a Timba y entre el 10 y el 13 de abril del 2001 llegaron al Naya, masacrando a los habitantes de la subregión occidental del municipio de Buenos Aires. Como resultado, los paramilitares asesinaron a, por lo menos, 32 miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. También desaparecieron a diez personas, aunque algunos testimonios señalan que las víctimas podrían ser más de cien.

La trayectoria de la tasa de homicidios de Buenos Aires, entre 1990 y 2012 (ver Gráfica 1), comparada con la de la región del Norte del Cauca, permite señalar que entre los años 2000 y 2002 los homicidios en la localidad ascendieron por encima de la tasa del Norte del Cauca. Si bien en el 2003 decrecieron, hay un nuevo incremento entre 2005 y 2006, hasta igualar la tasa de homicidios del Norte del Cauca. Entre 2003 y 2005, el dominio de los paramilitares fue total; sus amenazas de violencia tenían tanta credibilidad que prácticamente suprimieron su expresión letal¹⁹. La población se doblegó ante los paramilitares que controlaron todos los ámbitos de la vida local. Actuaron en contubernio con las autoridades locales y regionales para influir en la elección de un alcalde, e intervinieron en la economía de la localidad, especialmente en la sustentada en cultivos de uso ilícito. Diversas esferas de la vida social e individual fueron controladas, transformadas y disciplinadas (horarios, compra de víveres y medicinas). Se instauró un orden social homogéneo fundamentado en la violencia, y todos los pobladores debían comportarse de acuerdo al mandato paramilitar: ser obedientes, trabajadores y cumplidores del deber, y las mujeres debían permanecer exclusivamente en el ámbito privado²⁰.

Después de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares, de nuevo se evidencia presencia permanente de grupos guerrilleros: frentes sexto y treinta de las Farc, y el Eln con el frente Manuel Vázquez, especialmente en la vertiente oriental de la cordillera Occidental y presencia móvil en la vertiente occidental de la cordillera Central. Se instaura un nuevo ciclo de presencia guerrillera en la que estos grupos vuelven a ejercer control de una parte del territorio, buscando permanencia de largo plazo, para lo cual interactúan con los pobladores mediante coerción armada y política, retomando estrategias semejantes a las de la primera etapa: son aliados del negocio de la coca, cuidan los cultivos y cobran impuestos tanto por las hectáreas cultivadas como por la pasta de coca procesada. Además, ejercen funciones de veeduría y control del gobierno local, y en algunas ocasiones han intervenido frente a sospechas de despilfarro de recursos públicos y de encubrimiento, por parte de los alcaldes, al ingreso de multinacionales²¹. Nuevamente las dinámicas del conflicto fragmentan la localidad: en la subregión occidental, en la zona de del Naya, existe un dominio de las guerrillas, y en la vertiente oriental la presencia es móvil.

Los pobladores locales han instaurado acomodos con las acciones de la guerrilla, sobre todo para la intermediación entre gobierno y sociedad local y para los cultivos de coca, así como en su procesamiento (economía ilegal que beneficia a pobladores y armados, favoreciendo el acomodo de los pobladores). No obstante, los grupos armados no tienen un dominio total de la población; aún se reconocen las instancias institucionales y se recurre a ellas como entes que contribuyen al bienestar y seguridad de la población, la cual se fortalece a través de procesos organizativos: juntas de acción comunal en veredas y corregimientos, que establecen relación con las instituciones locales. De igual manera, se mantienen los consejos comunitarios, especialmente el de Cerroteta, y las movilizaciones y luchas en contra del ingreso de multinacionales. En estos procesos hay presencia de actores colectivos conformados por afrodescendientes, indígenas y mestizos. Sin embargo, continúan las luchas por la tenencia de la tierra entre afros e indígenas²², sin que se logre la consolidación de un actor interétnico con una identidad construida en los intersticios de las diferencias.

4. Puerto Tejada

En la fecha de su fundación (1912), los límites municipales de Puerto Tejada eran aproximadamente de 181 km2, que en 1966 quedarían en 101 km2 con la creación del municipio de Padilla. Tanto el área urbana como la rural del municipio son parte de la llanura del valle del río Cauca, ubicadas a 1.050 mts de altura.

El sentido económico inicial de Puerto Tejada fue el comercio con Cali, distante solo 30 kilómetros, articulando una próspera economía campesina negra que proveía de alimentos a la ciudad, y de otros bienes como café, cacao y tabaco, sin que se puedan menospreciar los materiales de construcción como la guadua, el ladrillo y la teja. Los trapiches paneleros y posteriormente los ingenios productores de azúcar, mediante compras y despojos de tierras, llevaron a la concentración de la propiedad y al desplazamiento de la población hacia la cabecera, especialmente después de 1950.

En nuestros días, desde la segunda mitad del siglo XX, la población de Puerto Tejada tiene los rasgos típicos de una población proletaria y negra, vinculada con la agricultura intensiva de la caña de azúcar. El casco urbano se transformó también en una "ciudad dormitorio" para trabajadores empleados en Cali. Recientemente, hay un importante desarrollo industrial regional y local, a partir de la Ley Páez. El municipio muestra grandes penurias en servicios públicos que han activado protestas cíclicas y multitudinarias.

4.1 Poblamiento, economía y movilización social

En 1897, la Gobernación del Cauca oficializa la creación del pueblo de Puerto Tejada que en 1912 se erige como municipio con aproximadamente 3.000 habitantes. Como sucedía desde que era parte de Caloto, el municipio quedó inicialmente en manos de autoridades foráneas y gamonales mestizos y de unos comerciantes recién llegados de Cali, en medio de una población fundamentalmente negra (Aprile 1994).

Entre 1910 y 1930, se asiste a una recomposición de la importancia de los municipios en la parte plana del Norte del Cauca, en la que Puerto Tejada muestra claros signos de prosperidad (Aprile 1994, 191-197). El 30 de junio de 1933, el encargado de la recién creada Oficina de Estadística de la Alcaldía presenta un primer informe sobre la localidad. En el informe se listan 115 establecimientos ocupando un personal cercano a las 250 personas. Además, se hace un censo de "fábricas" que incluyen al Ingenio Bengala con 92 trabajadores y tres fábricas de bebidas gaseosas con siete operarios²³.

La lucha por la tierra y la consolidación de una economía campesina contribuyeron a reafirmar la identidad y el liderazgo de los negros nortecaucanos. Se formó un núcleo de líderes negros y liberales que identificaban con este partido la opción histórica de liberación de la esclavitud. Como resultado, tomaron distancia de los centros de influencia del poder regional (De Roux 1991, 7-8). En el caso de las votaciones presidenciales de 1930, la participación electoral es de 81,5% en Puerto Tejada y la votación por el candidato liberal (Olaya Herrera) alcanza 93,6% de la votación (Aprile 1994, 196). El 9 de abril de 1948 se presentaron hechos de violencia en Puerto Tejada como saqueos, ataques a la propiedad privada de liberales y de conservadores y asesinatos con rasgos de barbarie. Posteriormente hubo violencia liberal, como "venganza", contra los conservadores. Se llegó a formar el grupo de los "Viáfaras" para contrarrestar la violencia conservadora (Mina 1975, 101).

Con la fundación del Ingenio La Cabaña, así como con la puesta en funcionamiento del Ingenio del Cauca en los años cincuenta, se desarrolla notablemente el cultivo de la caña de azúcar en el municipio de Puerto Tejada. En los años sesenta y setenta se asiste a un cambio notable en el uso del suelo, acompañado de cambios en la propiedad. Hay un auge inusitado en la compra/venta de tierras de algunos hacendados empobrecidos, pero ante todo, de muchos campesinos, acorralados por la fuerza del mercado de tierras. Datos del catastro de Puerto Tejada muestran que: "…de 1933 en adelante disminuye la tierra en manos de campesinos. Y si bien, hacia 1933 existía una distribución más equitativa de la tierra (parcelas entre 5 y 10 plazas), en 1967 prácticamente todos los campesinos tienen menos de dos plazas, mientras que un número muy pequeño tenía más de veinte" (Mina 1975, 109). Como indicadores de cambio y especialización en el uso del suelo se pueden tener en cuenta las valorizaciones de los predios, su localización, urbana o rural y las extensiones respectivas; la información catastral es muy valiosa con este propósito²⁴.

Durante la segunda mitad del siglo XX, se hace manifiesta una relación entre clientelismo y empobrecimiento de la población, especialmente mantenida durante el Frente Nacional (De Roux 1991). Esto sucede mientras el contexto de la agricultura comercial y del azúcar muestra una enorme pujanza, sin que los ingenios tengan una injerencia directa en la estructuración del electorado norte caucano.

En Puerto Tejada se han presentado problemas graves de suministro de agua potable, de energía eléctrica, de hacinamiento y vivienda. Apelando a una tradición de rebeldía, la población ha protestado en varias oportunidades. Algunos ejemplos de organización comunitaria y movilización son los siguientes²⁵: a finales de 1960, la población obligó a los ciclistas de la Vuelta a Colombia a pasar por Puerto Tejada por carretera destapada. Esto llevó a la pavimentación del trayecto. En 1970, se realizaron "jornadas cívicas" para buscar soluciones a problemas de servicios públicos. Se destaca una Asociación de Destechados que se focaliza en el tema de la vivienda, ya que el perímetro urbano no había aumentado y se encontraba encerrado por los cultivos de caña. Se dieron a conocer "negociados" de administraciones municipales que habían enajenado bienes públicos a favor de particulares y testimonios de campesinos que afirmaron que habían sido presionados por empresas azucareras a vender sus fincas.

El 21 de marzo de 1981, cerca de 1.500 familias que representaban alrededor del 20% del total de la población de Puerto Tejada, invadieron un lote de propiedad del ingenio La Cabaña, con el liderazgo de la Asociación de Destechados. La empresa y el gobierno municipal insistían inicialmente en no hablar con organizaciones "al margen de la ley". Hoy en día es un barrio establecido del pueblo. El mismo año aparece el Movimiento Cívico Popular Norte Caucano (MCPN) en el que convergen la Asociación de Destechados, el Comité Interveredal pro Defensa del Medio Ambiente, el Comité Regional pro Electrificación y los comités cívicos de Santander, Villarrica y Puerto Tejada. Se esperaba romper con el manejo clientelista y el monopolio del poder. Este movimiento, amplio e independiente de los partidos tradicionales, buscó incursionar en elecciones de manera puntual, en un contexto nacional de movimientos cívicos.

En diciembre de 1985, se llevó a cabo un foro en Villarrica sobre los problemas del servicio de energía con 250 delegados de 20 comunidades. La amenaza de no pago y de realizar un paro cívico regional, lleva a la empresa Cedelca a negociar con los usuarios. Este proceso contribuyó a la formación de una Red de Organizaciones de Base de diversas comunidades reivindicando intereses generales: servicios públicos, salud, educación, tierra y créditos. A mediados de 1985 hacían parte de la Red unos 25 grupos de 15 comunidades: grupos cívicos, educativos, de producción y deportivos. El mismo año, aproximadamente, 95 familias afrodescendientes, campesinos, asalariados y residentes urbanos invadieron la Hacienda El Pílamo, en la vereda de Guachené, municipio de Caloto, con apoyo de indígenas páez y del CRIC. La Hacienda fue negociada con los propietarios por el Incora y cedida en una parte comunal a los indígenas y otra en parcelas a los campesinos negros. Se constituye la Organización Comunitaria de Sociedades Negras de El Pílamo, con la reivindicación principal del derecho a la titulación de predios agrícolas que habían sido explotados originalmente con mano de obra esclava y que posteriormente habían dado lugar a formas de terraje, por parte de manumisos o libertos (Hurtado y Urrea 2004).

En suma, de manera específica en Puerto Tejada, aunque también en municipios cercanos, hay una proletarización de la población que se asienta en el casco urbano y que retoma elementos de memoria colectiva, étnicos y de clase para reivindicar intereses sobre su nueva condición social. Aunque el salario y las condiciones de vida se vuelven temas centrales, no se puede afirmar que el antiguo arraigo a la tierra se haya perdido totalmente. La proletarización de la población de Puerto Tejada tuvo espacial impacto en la familia y en la mujer (Mina 1975, 145-154). Con anterioridad, el rol de la mujer había sido importante, tanto por su trabajo en la parcela como por el sostenimiento de la familia. Una forma de matriarcado tiene continuidad en las nuevas condiciones socio-económicas, de manera que muchas mujeres son al mismo tiempo cabeza de hogar y viven de vender su fuerza de trabajo a destajo, por tareas, en la mayoría de los casos sin las condiciones y prestaciones de ley. Hacen parte del contingente femenino de "iguazos", proletarias del campo sin estabilidad laboral. Muchas mujeres, o no tienen marido, o bien tienen varios compañeros en su trayectoria vital, pero tienen hijos para sostener, en cualquier caso. En medio de la proletarización de la población, la situación de la mujer es la de una desprotección adicional, por género, que se manifiesta en mayor pobreza de ella y de sus hijos.

4.2 Tres coyunturas de conflicto y violencia (1990-2010)

Entre 1990 y 2012, las tasas de homicidio de Puerto Tejada son las más altas del Norte del Cauca (ver Gráfica 1). Podemos identificar tres coyunturas significativas para el análisis del conflicto. La primera, entre 1990 y 1992, cuando la tasa de homicidios es decreciente, con cifras muy parecidas a la de otros municipios del Norte del Cauca. La segunda entre 1998 y 2004 coincide con la llegada de los paramilitares, con un aumento notable en la tasa hasta 2002 y una disminución ostensible hasta el 2004. Finalmente, entre 2008 y 2010, con tasas de nuevo altas, dominan los grupos de criminalidad organizada y las pandillas, con un control estatal precario. El conjunto del análisis nos permite sustentar una idea central de ausencia de regulación del orden social, en una perspectiva civilista, democrática y de largo plazo. La criminalidad de diverso orden tiene al estado local sitiado y a la población sometida.

Es el período de la nueva Constitución y de la desmovilización de la guerrilla del M-19 y del Quintín Lame. Se debe tener en cuenta que en Puerto Tejada, la Unión Patriótica y posteriormente el M-19 lograron una representación política minoritaria, siempre en un contexto de mayorías liberales.

Para 1994 es notable el aumento de los homicidios en Puerto Tejada, a diferencia de los otros municipios del Norte del Cauca, pero en concordancia con lo que sucedía en el sur del Valle y particularmente en Cali, con la actividad del cartel. El narcotráfico y la violencia centrados en el Valle y en Cali se manifestaron en el Norte del Cauca y, de manera particular en Puerto Tejada, especialmente en una modalidad de violencia "dentro de la operación del cartel".

Para nuestra argumentación es importante tener en cuenta que los escenarios de violencia predominantes que se extendieron a lo largo del valle geográfico del río Cauca y que se asociaban con el auge del cartel de Cali, corrompieron y penetraron un Estado que ya era débil, cooptaron grupos de jóvenes que aprendieron el uso de las armas y consolidaron una forma de vida social en la que se abrían oportunidades para las trayectorias de vida en medio de la ilegalidad. Puerto Tejada es un caso extremo de esta situación.

4.2.2 Violencia y control para-militares, limpiezas y seguridad (1998-2004)

Los paramilitares llegaron a Puerto Tejada a finales del año 2000. En 1998 el municipio atravesaba una aguda situación de violencia. A diferencia de otros municipios en los que hicieron presencia los paramilitares, Puerto Tejada no estaba dominado por la guerrilla. La violencia estaba asociada con la criminalidad y con una importante participación de jóvenes. Los paramilitares focalizaron sus actividades en "limpiezas sociales" contra los integrantes de pandillas o bandas delincuenciales a lo largo del año 2001, cuando la violencia homicida llegó a una tasa de más de 133 homicidios. Entre los años 2002 y 2004, Puerto Tejada vive una situación de "seguridad" que solo se entiende a partir del control armado de los paramilitares. Entre 2002 y 2004, las tasas de homicidio se redujeron en Puerto Tejada a menos de la mitad²⁶.

4.2.3 Desregulación, delincuencia, pandillas juveniles y limpiezas (2008-2010)

Desde 2008 hasta 2010, el conflicto y la violencia se concentran en el casco urbano de Puerto Tejada e involucran a los jóvenes como principales víctimas o victimarios. Con la desmovilización del Bloque Calima en 2004, la tasa de homicidios en el municipio pasó de 63 en 2004 a 183 en 2005, es decir, se multiplicó por tres. Entre 2008 y 2010, la tasa se mantuvo muy alta: por encima de 100. ¿A qué se deben estas tasas de homicidio tan elevadas?

Para el año 2012, la coordinación de la Casa de Justicia de Puerto Tejada identifica un total de 22 pandillas que tienen dominio territorial de 26 barrios de un total de 34. ¿Por qué prosperan las "pandillas" y cómo se asocian con la violencia urbana? Algunas explicaciones salen de conversaciones con los habitantes de Puerto Tejada, racionalizaciones que, es importante anotar, también tienen alcance en la teoría social:

]]> 1. La situación de pobreza y desempleo. Es la explicación a la que más se acude, por todos los sectores de la opinión pública y que también se repite en Puerto Tejada.

2. La vinculación con economías ilegales. El micro tráfico de drogas en la localidad, o el apoyo a un corredor de tráfico de droga que cubre de manera más amplia el Norte del Cauca y que es la antesala de llegada a Cali.

3. Los barrios como trincheras urbanas. Para un grupo juvenil, el sentido de "territorio" es definitivo. Allí se crea un sentimiento de solidaridad con los conocidos más cercanos, los familiares, y ocurre buena parte de la socialización. Es probable que muchas de la "pandillas" listadas por la Policía tengan la primera característica, que se puede considerar como "normal" en la vida urbana contemporánea. El problema aparece cuando hay un uso de la violencia usual, alrededor de formas de subsistencia, especialmente vinculadas con economías ilegales y dentro de formas organizativas de diverso grado. Esta realidad plantea un problema para nuestra investigación: ¿cuál es la relación entre la comunidad de Puerto Tejada y las pandillas? ¿Son estas un desarrollo armado de los jóvenes que cuenta con la solidaridad de sus vecinos, frente a la coerción armada de otros grupos y del Estado? O bien, ¿demuestran la imposibilidad de la agencia comunitaria, su sometimiento, frente a la coerción armada de grupos delincuenciales juveniles?

4. La proveniencia étnica. En Puerto Tejada hay diferentes grupos de afros que compiten entre ellos según su proveniencia.

5. Los proyectos de vida. En conversaciones con líderes comunitarios de Puerto Tejada argumentan una crisis de los modelos de vida tradicionales para los jóvenes, con énfasis en el éxito escolar y profesional, para pasar a la actual idealización de la trayectoria armada.

6. Un Estado local precario. En las visitas realizadas, impacta el conocimiento que los pobladores tienen sobre los miembros de las pandillas, sus relaciones de parentesco en la "comunidad". Es altamente sintomático que, periódicamente, se llegue a un "pacto de convivencia", del que hacen parte las autoridades civiles locales. Los pactos se rompen de manera abrupta con hechos de "limpieza" que las personas del común justifican, pero no se atreven a atribuir. La Policía local también tiene conocimiento de las pandillas, de sus territorios y de sus líderes. La situación se reproduce sin mayores cambios. La sociedad y el Estado conviven con las pandillas, con la violencia que afecta la población. El Estado no controla la violencia de las pandillas juveniles.

7. Las limpiezas. Para nuestra investigación es de la mayor importancia destacar que los hechos de violencia no se originan solamente en las pandillas juveniles; hay eventos de violencia que son "limpiezas" que se hacen contra los jóvenes.

4.3 Puerto Tejada: un caso de acomodamiento y coerción armada, con presencia estatal y política

El orden social de Puerto Tejada no se puede disociar del rasgo dominante que le imprime una sociedad con sectores económicos muy pujantes, residentes en Cali, Bogotá o pertenecientes a corporaciones multinacionales. Hay una economía altamente desarrollada y tecnificada alrededor de la caña de azúcar y de industrias situadas en parques industriales. Esta forma de economía y de sociedad funciona con altos niveles de seguridad, garantizados por las Fuerzas Armadas del Estado y con el apoyo de compañías privadas de seguridad. Al mismo tiempo, una situación antagónica se manifiesta en el casco urbano de Puerto Tejada, donde impera la pobreza y los rasgos del Estado local son de corrupción y clientelismo. En un mismo municipio de 10.000 hectáreas, se combina la producción de riqueza en medio de la pobreza, un Estado y una ciudadanía precarios.

Desde el punto de vista de la agencia, hemos tratado de sustentar el lugar protagónico que tuvo históricamente el campesinado en Puerto Tejada. La pérdida de la tierra y la proletarización de la población fueron contundentes, entre 1950 y 1980. La población proletaria asentada en el casco urbano buscó formas de organización y de reivindicación de intereses, notablemente alrededor de la vivienda y de los servicios, siempre con un sello étnico y una memoria de su pasado campesino, aunque sin orientarse por las posibles reivindicaciones derivadas de la Ley 70 de 1993, dado su carácter proletario. Estas formas de organización y reivindicación fueron duramente golpeadas por la presencia del paramilitarismo en Puerto Tejada. Pero vuelven a surgir de manera espontánea en movilizaciones puntuales. En el período de nuestra investigación (1990-2010), al lado de la agencia de los sectores sociales urbanos ya descrita, surgen organizaciones juveniles que se enfrentan entre sí y a otros ciudadanos en lógicas propias de la criminalidad.

5. Comparación y factores explicativos de los órdenes sociales locales

Aunque en cada localidad hay diferencias en la trayectoria de configuración del orden social durante los veinte años, nos parece central argumentar a favor de una configuración dominante del orden social resultante. En el caso de Jambaló, de múltiples formas de resistencia a los actores armados que hacen presencia en el territorio y ejercen distintas formas de coerción sobre la población. Este no es el caso de Buenos Aires ni de Puerto Tejada, en los que predomina el acomodamiento, en medio de la coerción de los actores armados, distintos en un caso y en otro, así como la presencia estatal, también diferenciada en cada localidad. Para Buenos Aires, el acomodamiento se hizo a partir de una presencia inicial en el territorio de la guerrilla, que siguió a un desplazamiento muy fuerte de esta por los paramilitares y a un regreso tanto de la guerrilla como de grupos armados articulados con el narcotráfico, segmentando territorialmente el municipio. Puerto Tejada desarrolla un proceso de acomodamiento de su población, en un contexto de grupos armados criminales que dominan el medio urbano, con desarrollos significativos de una coerción estatal y política que no controla la criminalidad. ¿Qué factores pueden explicar estas distintas configuraciones de los órdenes sociales locales?

5.1 Las configuraciones económicas de clase y étnicas

En el proceso de poblamiento de varios siglos en el Norte del Cauca es fundamental la relación que se establece con la tierra y la manera como esta relación la atraviesan factores étnicos. Podemos hablar de campesinado con tradición esclavista (Puerto Tejada y Buenos Aires), o de un campesinado articulado con la tradición indígena de los resguardos (Jambaló). En los dos primeros casos, se trata de poblaciones afrodescendientes que combinan una relación inicial con la tierra con su condición de esclavos, con su lucha por la libertad y su consolidación posterior como campesinos libres. En el tercer caso, hay una memoria histórica centenaria de lucha por la tierra y por la autonomía de los indígenas, tema indisolublemente ligado con el primero. Ahora bien, hay una circunstancia muy importante que diferencia en el proceso histórico a los campesinos negros de Puerto Tejada y los de Buenos Aires: el desarrollo capitalista del campo entre 1950 y 1980 hizo que los campesinos de Puerto Tejada perdieran la tierra y se convirtieran en proletarios y proletarias. Puerto Tejada no es una localidad campesina y negra: es hoy una población negra y proletaria, que no ha perdido su memoria histórica de campesinado liberado de la esclavitud. Etnia y clase son factores determinantes en cuanto están presentes y actúan, pero lo hacen en el largo plazo y como variables independientes de estructuración de los órdenes locales y de la sociedad en general.

Clases y etnias dependen y se anudan localmente en formas de economía que las sostienen en el tiempo. El campesinado sigue siendo importante localmente, en Jambaló y en Buenos Aires. En el primer caso, son ante todo indígenas en tierras de Resguardo, dedicados al ganado lechero, a los cultivos de pancoger y a cultivos de coca y amapola. En Buenos Aires, el campesinado es también significativo y con importantes variaciones en la geografía local: en una parte son campesinos-mineros o incluso proletarios mineros y en la otra campesinos y trabajadores en territorios de cultivos de uso ilícito. La economía campesina se reproduce subsidiada por la minería, ya sea la artesanal o la empresarial. También se articula con la producción ilícita. Puerto Tejada es un territorio de capitalismo avanzado, agrícola e industrial que por su forma de operación y relación con la población local permite pensar en una forma moderna de "enclave agrícola e industrial". Estas distintas formas de economía constituyen aspectos centrales de estructuración del orden local en medio del conflicto, ya sea en su modalidad de resistencia o en la de acomodamiento. En Jambaló la prosperidad de la economía local, legal e ilegal, se articula con la resistencia. En Puerto Tejada la enorme prosperidad de la economía sólo genera acomodamiento de sus pobladores y en Buenos Aires, el acomodamiento en medio de la minería y la agricultura de pancoger o de cultivos de uso ilícito en la zona de El Naya, se relaciona con la constitución de un orden social fragmentado territorialmente.

5.2 La organización comunitaria y la acción colectiva²⁷

El caso de Jambaló es emblemático de una agencia que recupera una memoria histórica de lucha por la tierra y por la autonomía; tiene sentido de las circunstancias históricas por las que atraviesa y se proyecta al futuro con un Plan de Vida que le permite a la comunidad indígena poner de presente sus intereses particulares, en diálogo con intereses distintos que se mueven en la región y en la sociedad colombiana. Esto se traduce en una dinámica organizativa muy desarrollada para racionalizar dichos intereses, socializarlos internamente y llevarlos al terreno de la política y del Estado. Las formas de organización se manifiestan en los más diversos ámbitos de la vida indígena, desde el Resguardo y el Cabildo. Las acciones colectivas tienden a ser contenciosas cuando se relacionan con actores armados externos, pero son altamente rutinarias e institucionales cuando se desarrollan en los marcos de las formas de poder indígena local.

El rasgo de organización comunitaria y de acción colectiva contenciosa no se repite de manera tan marcada en Buenos Aires y, menos aún, en Puerto Tejada. En Buenos Aires existe una relación entre la economía campesina-minera y formas de organización comunitaria. Aunque nuestra caracterización como orden social es de acomodo, este es ambiguo en relación con la guerrilla. En los años noventa, especialmente, muestra formas de resistencia hacia las consecuencias de la construcción de la represa de La Salvajina y de empresas mineras nacionales o multinacionales. Los paramilitares diezmaron la organización campesina, pero esta se ha reconstituido, sobre todo en el sector de los campesinos mineros y con un rasgo importante de participación femenina. En los últimos años, el acomodo es entonces también ambiguo y la organización de campesinos y mineros, más de los segundos que de los primeros, es manifiesta y define un orden social con visibilidad de las organizaciones comunitarias, a pesar de la presencia de los grupos armados. Hay acomodo con acción colectiva rutinaria, pero con elementos contenciosos, vinculados con el apego a las formas de economía tradicionales campesinas y mineras.

En Puerto Tejada hacen presencia varias ONG que realizan trabajo comunitario. También iglesias distintas de la Católica. Pero la organización comunitaria autónoma que desarrolla intereses de conjunto de la población, en la situación que vive, es incipiente. No lo fue en la misma medida en el pasado, en los años ochenta, alrededor de la movilización por los servicios y la vivienda. Pero el efecto del narcotráfico y de los paramilitares fue devastador. Hay signos de recomposición en los últimos años, como en el caso de los corteros de caña. Pero las formas de organización más importantes que se han desarrollado y que se relacionan con nuestra idea del orden social local, son aquellas que vinculan a las juntas comunales, a los padres de familia y a los profesores, también con un rasgo importante de participación femenina. Hay acomodo en medio de actores armados, algunos de ellos conocidos como pandillas.

Jambaló es un caso de presencia de la guerrilla del sexto frente de las Farc. Es importante tener en cuenta que los paramilitares no entraron en el año 2000 a este municipio y Resguardo. En 1991 se desmovilizó la guerrilla indígena del Quintín Lame, en buena medida por la falta de apoyo que tuvo en comunidades como las de Jambaló. De allí en adelante, la relación entre las Farc, las Fuerzas Armadas y Resguardo ha sido, de manera general y aunque puede haber apoyos puntuales de indígenas guerrilleros, de resistencia y oposición a los grupos armados "de izquierda y de derecha". Son reiterados los pronunciamientos y manifestaciones explícitas de rechazo a las Farc y a los asesinatos cometidos contra líderes y personas de la comunidad. También a la actividad de las Fuerzas Armadas del Estado.

Buenos Aires tuvo y tiene presencia guerrillera, suspendida durante un tiempo con la llegada de los paramilitares. Estos buscaron desplazar a la guerrilla y acabar con sus apoyos entre la población. Lo que se vivió entre los años 2000 y 2004 con la presencia de los paramilitares fue una situación de sometimiento de la localidad, en medio de dos períodos de acomodamiento con la guerrilla que son distintas a su vez. En el segundo, en los años recientes, la presencia de la guerrilla se combina con la presencia de bandas criminales y de grupos armados del narcotráfico en determinadas zonas del municipio.

En Puerto Tejada no hay guerrilla y se presentó una arremetida muy fuerte de los paramilitares para "aconductar" a la población y llevar a cabo "limpiezas". Esto es definitivo para entender la proliferación de grupos criminales, que aumentaron con el retiro de los paramilitares. Son grupos criminales en los que participan de manera importante los "jóvenes". Desarrollan actividades criminales y violentas y sobre ellos también se ejecutan operaciones de "limpieza" que quedan en la impunidad.

El tipo de actor armado y la relación que establece con la población es central para la constitución del orden social. Así, en Jambaló pudo existir solidaridad con la guerrilla del Quintín Lame y resistencia posteriormente a las Farc. En Buenos Aires, acomodo con la guerrilla, distinto en su forma en los años noventa y después del 2005. En Puerto Tejada y Buenos Aires, sometimiento de la población a los paramilitares que logran constituir un orden de seguridad paraestatal.

5.4 La presencia del Estado

Aunque hemos sustentado que Jambaló es un territorio en disputa por los actores armados, también es cierto que la administración del Estado es muy fuerte y muestra notables resultados desde 1991. La vida política del municipio es pronunciada. El Resguardo y las autoridades del Cabildo han tenido ingerencia en la alcaldía y su administración. Los recursos municipales son significativos y hay resultados, en el funcionamiento práctico del Estado local, tanto en educación como en salud. La presencia del Estado es entonces claramente dual: armada con el Ejército y la Policía en confrontación con la guerrilla, y de prestación de servicios públicos que se canalizan a través de la alcaldía con participación directa de las autoridades indígenas.

En Buenos Aires, la administración del Estado es precaria pero cuenta con funcionarios que desarrollan múltiples tareas con un escaso presupuesto. La Policía tiene un puesto fijo en la cabecera municipal y el Ejército es móvil en el territorio. A pesar del conflicto armado local, no se puede descartar la función del Estado en los servicios sociales. Los grupos armados buscan incidir en la prestación de servicios estatales.

La presencia armada del Estado en Puerto Tejada es predominantemente de la Policía que asume una forma de funcionamiento casi militar y de acuartelamiento. Parecería que su operación se transforma en funcional con la criminalidad armada local. La presencia administrativa del Estado cuenta con recursos cuantiosos; estos no siempre han tenido un uso adecuado, pero llegan a la población como asistencia a sus precarias condiciones de vida. En su operación, el Estado es clientelista y de una larga tradición patrimonialista.

5.5 Contextos extra locales y oportunidades

Según lo expuesto, variaciones en las formas como históricamente aparecen concatenados estos seis aspectos en cada municipio explican los órdenes sociales de sus respectivas localidades. La ausencia de uno de ellos o la presencia de otro con rasgos determinados es definitiva para la explicación. Hemos hecho un ejercicio de tipificación de los órdenes sociales y de identificación de sus factores explicativos que posibilita, por la vía comparativa, una cierta generalización, pero de casos locales que son históricamente irreproducibles.

Citas de pie de página

4. Para la teoría fue indispensable el concepto de agencia de Mustafá Emirbayer y Ann Mische (1998). En cuanto al de coerción fue importante el aporte de Charles Tilly (1992).

5. La metodología comparativa que nos fue más útil es la desarrollada por Charles Ragin (1987).

6. Para nuestro trabajo han sido importantes algunos análisis previos: un estudio sobre el Valle y el Cauca a finales del siglo XX, concluye que desde el punto de vista de la violencia homicida, el departamento del Valle, dada la criminalidad, tiene una situación peor, a pesar de ser más industrializado y "moderno" que el departamento del Cauca, donde se concentraba el conflicto armado con la guerrilla (Guzmán et al. 2003). En otro trabajo se incursionó en los municipios del norte del Cauca y sur del Valle con un estudio detallado sobre "Acciones colectivas conflictivas" y sus escenarios mostrando, para el norte del Cauca, la interrelación entre conflicto armado político y criminalidad, especialmente dependiente del narcotráfico (Castillo et al. 2010). Igualmente fueron relevantes los planteamientos sobre la "Vieja Guerra" en torno al conflicto agrario y sus nuevos contextos, con referencia al suroccidente colombiano (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011).

7. Datos suministrados por la Alcaldía Municipal, marzo de 2013.

8. Los datos en los que se sustenta este apartado han sido tomados especialmente de Joris van de Sandt (2012).

9. En términos demográficos, se aprecia que en medio de estas disputas el crecimiento de la población indígena no era significativamente alto: uno de los censos de la época muestra que la población de Jambaló pasó de 1.900 habitantes en 1855 a 2.900 en 1905 (Van de Sandt 2012, 68).

10. El Movimiento Revolucionario Liberal creado por Alfonso López Michelsen (1961-1962) estaba integrado por liberales y comunistas, quienes propusieron la entrega de tierra de forma gratuita a los campesinos, la eliminación completa del latifundio, el fomento del cooperativismo, la participación activa de organizaciones campesinas en órganos de reforma, así como la entrega de crédito fácil y barato. Sectores indígenas y populares del Cauca participaron en este movimiento (Cátedra Nasa-Unesco-ACIN 2001). También la Iglesia impulsó la creación de algunas organizaciones con base en la doctrina social, como la Federación Agraria Nacional (FANAL), donde participaron algunos sectores indígenas, especialmente de Jambaló.

12. Las élites afrodescendientes fueron conformadas por hijos de mineros y campesinos que accedieron a educación superior (abogados, administradores de empresas), que nacieron y crecieron en las distintas veredas y corregimientos de la localidad.

13. En la "gran marcha del 86", confluyeron indígenas, afrodescendientes y campesinos mestizos que se movilizaron hasta la ciudad de Popayán para exigir al gobierno regional y nacional la reparación de los daños ocasionados por la construcción de La Salvajina.

14. En 1991 los japoneses, con la empresa Hiliski, intentaron ingresar a la localidad para realizar actividades de exploración. Indígenas del Resguardo Las Delicias y afros marcharon hacia el cerro Catalina y destruyeron los mojones marcados por la multinacional Hiliski, logrando que esta empresa se retirara.

15. Los indígenas nasa habitantes en la localidad de Buenos Aires pretendieron en esta época que la localidad fuera Resguardo.

16. Datos obtenidos de la Monografía Político Electoral: Departamento del Cauca 1997-2007. Investigación coordinada por Claudia López (2011) y financiada por la Fundación Ford.

17. En las entrevistas, los pobladores manifestaron que en 1986 ocurre el primer desplazamiento en Buenos Aires, especialmente de la vertiente occidental (Timba hacia arriba) provocado por la guerrilla. De igual manera, manifiestan que en esta zona algunas familias tradicionales como los Sarria tenían fincas con grandes extensiones de tierra; estas propiedades fueron abandonadas por el cobro de extorsiones y por las continuas amenazas que realizaban, especialmente las Farc.

18. Datos obtenidos en entrevistas realizadas con pobladores de la localidad.

19. Según se ha mostrado en otros estudios realizados por autores como Tilly (1992, 72) y Kalyvas (2006, 310).

20. Datos obtenidos en entrevistas realizadas a los pobladores de la localidad.

22. Un ejemplo de estos conflictos es la disputa por la Hacienda de San Rafael.

23. Retomamos algunos datos del informe de la Oficina de Estadística transcrito en Aprile (1994, 204-208).

24. La fuente histórica principal de la información catastral hasta 1990 está en Aprile (1994, 197-199) quien cita la información de la Seccional de Catastro del Cauca en Popayán o de los Archivos de la Alcaldía de Puerto Tejada.

25. Los ejemplos son tomados de De Roux (1991, 3-26).

26. Michel Taussig, quien había hecho una etnografía sobre la violencia vivida por la población en mayo de 2001, observa 17 meses después (julio de 2002):,
El vandalismo ha desaparecido; ya no se rompen vidrios ni se destruyen avisos, los muchachos que viven de llevar carretillas en el mercado ya no se pelean entre ellos, ya no hay peleas en la calle. En un encuentro con los padres de familia, el rector del colegio se negó a renunciar. Algunos paras llegaron ¿Te vas o te quedas? Él tomó sus papeles y se fué. Ya no hay huelgas de trabajadores. A pesar de la aparente seguridad, la gente está nerviosa (Taussig 2003, 188, traducción nuestra).

27. Para el concepto de acción colectiva conflictiva utilizado en el trabajo, ver Guzmán (2010).

Referencias bibliográficas

Aprile-Gniset, Jacques. Los pueblos negros caucanos y la fundación de Puerto Tejada. Ensayo, Colección de Autores Vallecaucanos. Cali: Gobernación del Valle del Cauca, Gerencia de Desarrollo Cultural, 1994.         [ Links ]

Castillo, Luis Carlos, Álvaro Guzmán, Jorge Hernández, Mario Luna y Fernando Urrea. Etnicidad, acción colectiva y resistencia. El Norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo XXI. Cali: Universidad del Valle, 2010.         [ Links ]

Cátedra Nasa-Unesco-ACIN. La recuperación de tierras del Resguardo de Toribío y la zona norte. Cartilla. [S.I: s.n], 2001.         [ Links ]

De Roux, Gustavo. «Orígenes y expresiones de una ideología liberal». Boletín Socio-económico (CIDSE, Universidad del Valle), No. 22, 1991: 3-26.         [ Links ]

Emirbayer, Mustafá y Ann Mische. «What is Agency?». American Journal of Sociology, Vol. 13, No. 4, enero de 1998: 962-1023.         [ Links ]

Guzmán, Álvaro. «Reflexiones teóricas y metodológicas sobre acción colectiva conflictiva». Documentos de Trabajo (CIDSE-Universidad del Valle), No. 125, 2010a: 1-27.         [ Links ]

________, Jorge Hernández, Carlos Ortiz y Jaime Escobar. Cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo XX. Cali: Cerec, CIDSE-Universidad del Valle, 2003.         [ Links ]

Hurtado, Teodora y Fernando Urrea. «Políticas y movimiento social negro agrario en el Norte del Cauca». En Gente negra en Colombia, editado por Olivier Barbary y Fernando Urrea, 359-388. Medellín: CIDSE-Universidad del Valle-IRD-COLCIENCIAS, 2004.         [ Links ]

Kalyvas, Stathis. La lógica de la violencia en la guerra civil. Madrid: Akal, 2006.         [ Links ]

López, Claudia (directora). Monografia político electoral. Departamento del Cauca 1997-2007. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris, 2011.         [ Links ]