EL PAPEL DEL CONFLICTO ARMADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y DIFERENCIACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN DE "EL CAGUÁN", AMAZONÍA OCCIDENTAL COLOMBIANA¹.

THE ROLE OF THE ARMED CONFLICT IN THE CONSTRUCTION AND TERRITORIAL DIFFERENTIATION IN "THE CAGUAN" REGION, WESTERN COLOMBIAN AMAZON.

Por: Teófilo Vásquez^*.

^* Sociólogo, Magister en Geografía Investigador CINEP. Bogotá, Colombia. teofilovasquez@hotmail.com.

Recibido: Junio 2013 Revisado: Octubre 2013 Aceptado: Diciembre 10 de 2013

RESUMEN.

En este artículo se muestran las variaciones temporales y territoriales del conflicto armado en la región del El Caguán. Se interpelan las explicaciones que asocian la región solamente con el dominio exclusivo de la FARC, con los cultivos de coca y con la ausencia del estado, y que además, consideran al territorio como una realidad homogénea e indiferenciada. Para proponer que el conflicto armado en El Caguán no ha sido un proceso continuo y homogéneo, sino que se desarrolló de manera heterogénea en el espacio y el tiempo, con grandes variaciones según las dinámicas del poblamiento y la configuración social y política del territorio. Por eso en este artículo serán mostrados los factores que explican las modalidades de inserción, niveles de intensidad diferenciados del conflicto armado en el piedemonte de San Vicente del Caguán y en la zona media y baja del Río Caguán. Esas diferencias, deben ser tenidas en cuenta para enfrentar los retos que impone la actual negociación con las FARC y son insumo para concretar lo que se ha denominado la dimensión territorial de postconflicto.

PALABRAS CLAVE: Conflicto armado- territorio-política.

ABSTRACT.

KEY WORDS: Armed Conflict; Territory; and Politics.

Introducción.

En el imaginario generalizado de la opinión pública de Colombia, la región de El Caguán aparece relacionada con "la zona del despeje", el área desmilitarizada otorgada entre 1998-2002 por el presidente Pastrana a las FARC para facilitar los fallidos diálogos con este grupo. Tal desmilitarización reforzó en las narrativas periodísticas y académicas la percepción de la región de "El Caguán" como uno más de los territorios que Margarita Serje reconociera como parte del "revés de la nación", o sea, uno más de los territorios de frontera, de las regiones periféricas que se resisten a ser insertadas en el orden político y económico del estado central y la sociedad nacional, mirada que muchas veces es legitimada y fortalecida por las categorías y explicaciones que los investigadores sociales producen sobre estas zonas (Serje, 2005).

Una revisión somera de bibliografía sobre el conflicto en la región da cuenta de la singular visión marginalizada que ha predominado sobre El Caguán. En efecto, la región se asocia con el control exclusivo de las FARC y con cultivos de coca, lo cual es atribuido a la ausencia de las instituciones estatales, (Conferencia Episcopal de Colombia, 2006) (2004) (Sinchi, 2000) (2007). Así, el particular proceso de colonización ligado a las FARC en los años 60, permitió acuñar a William Ramírez (1981) el concepto de colonización armada. Por su parte, Molano y Reyes (1980), insistieron en el tratamiento de zona roja que el Estado ha dado a la región, y que se concretó en la represión militar que el gobierno de Turbay (1978-1992) desató contra las zonas del alto Caguán y el Pato. Mientras tanto, Jaramillo, Mora y Cubides (1989) analizaron la respuesta organizada de las comunidades, con incidencia de las FARC, en la zona del medio y bajo Caguán durante diálogos con el presidente Betancur (1982-1986) y llegaron a afirmar que la región "…no se puede considerar tal por sus rasgos diferenciales geográficos, o económicos, o de otro tipo, sino lo que  la define como región  es el hecho político militar de la presencia y dominio guerrillero" (Jaramillo, Mora , & Cubides, 1989).

Más recientemente, los estudios de Valencia (1998), González (1998 y 2000a, 2000b), del Sinchi (2000), Ferro y Uribe, (2004a y 2004b), Vargas (2003), de la Vicepresidencia (2004) y López (2007) se ocuparon de la situación de la región durante el antes mencionado proceso de negociación, y de las trasformaciones del conflicto armado y la economía de la coca durante los ocho años de la Seguridad Democrática de gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, es preciso matizar las visiones que asocian al departamento con el conflicto, los cultivos de coca y la ausencia estatal. Esas miradas no tienen cuenta que en El Caguán, el Estado no estuvo totalmente ausente en su conformación territorial, ni que las FARC han tenido el control exclusivo sobre la región. Más bien se ha tratado de una incesante disputa por la regulación de la vida social y económica de sus pobladores, que se transformaba al albur de los cambios en decisiones estratégicas de los actores en contienda y de los diferentes momentos de intensificación de la guerra y de las negociaciones de paz. Además, esas miradas consideran al territorio como una realidad homogénea e indiferenciada, dejando de lado que las zonas de frontera y colonización no son una condición estática de determinados territorios, sino que se van transformando a partir de la inserción social, política y económica en la sociedad y en el Estado (Vásquez T., 2013)

Por eso, en este artículo discuto e interpelo varias de las visiones dominantes que existen sobre la región del El Caguán, pues estas no hacen justicia a las dinámicas cambiantes e internamente diferenciadas de los procesos de poblamiento, desarrollo económico y conflicto armado de la región. Igualmente, este artículo es una contribución al análisis de la historia y la geografía de la interacción entre el conflicto armado y los procesos sociales, políticos y económicos del Caguán para mostrar que ellos no han sido, de manera alguna, procesos homogéneos en el tiempo y el espacio.

En consecuencia, el propósito de este artículo consiste en ofrecer una mirada sobre la construcción territorial, capaz de dar cuenta de la naturaleza y especial expresión del conflicto armado en la zona del Caguán. Es así que en este texto serán expuestos los factores que explican las modalidades de inserción, desenlaces y niveles de afectación diferenciados del conflicto armado en el piedemonte de San Vicente del Caguán y en la zona media y baja del Río Caguán. Esas diferencias, deben ser tenidas en cuenta para enfrentar los retos que impone el postconflicto. Ese énfasis en la dimensión geográfica del conflicto, es además, un insumo para concretar lo que se ha denominado la dimensión territorial de la paz. Más aún pertinente cuando se desarrolla actualmente una negociación con las FARC.

El artículo se encuentra dividido en las siguientes secciones. La primera, muestro los elementos metodológicos. En la segunda expongo las diferencias geográficas, de los procesos de poblamiento, de la estructura agraria, así como también de las identidades políticas y las modalidades diferentes del conflicto armado en el piedemonte de San Vicente del Caguán y en el medio y bajo Caguán. En la tercera explico el proceso histórico y de conformación socioespacial que conllevo a la diferenciación entre el piedemonte de San Vicente del Caguán y el medio y bajo Caguán. En la cuarta sección describo las dinámicas de la violencia contemporánea y el conflicto armado en ambos territorios. En las conclusiones, resumo los principales hallazgos del ejercicio comparativo entre los dos territorios estudiados.

Son tres los ejes metodológicos desde los cuales se articula el texto: las diferencias geográficas intraregionales, los procesos de poblamiento que la dinamizaron, la estructura agraria que le caracteriza, así como el papel que juegan las identidades políticas en la articulación de estos factores.

Metodológicamente, combiné evidencias cualitativas y cuantitativas: el trabajo de campo en la región, entrevistas y talleres con pobladores, líderes políticos y sociales de la región y la lectura de bibliografía secundaria sobre el Caquetá y El Caguán, junto con la consulta del Archivo de prensa del CINEP; además estadísticas demográficas, del conflicto armado y electorales. Realicé 30 entrevista en diferentes momentos: entre 1999 y 2001 en función de hacer un seguimiento al proceso de paz y evaluar las condiciones de los municipios que hicieron parte de la Zona Despeje; en febrero del 2011 y en mayo 2012, específicamente para mí tesis.

Es necesario advertir que los dos territorios que analizamos y comparamos no coinciden con las divisiones administrativas municipales. Esa situación plantea problemas metodológicos, especialmente en la comparación basada en datos estadísticos, ya que la escala mínima de desagregación de estos datos es municipal. Por eso asumo que los datos de San Vicente del Caguán son una buena aproximación a lo que denominó como piedemonte, a pesar de que el área San Vicente del Caguán se extienda al oriente hasta las partes altas y medias de la cordillera y al occidente hacia los llanos de Yarí y la selva amazónica; y tomo los datos Cartagena del Chaira, como representativos del bajo y medio Caguán, cuyo territorio se ubica dentro de la jurisdicción de ese municipio.

Mis investigaciones me han llevado a plantear la necesidad desagregar el conflicto armado en diferentes indicadores. Para el análisis de las tendencias estadísticas, trabajé con los datos del CERAC distinguiendo los siguientes indicadores: en primer lugar, las acciones de los actores armados contra la población civil que expresan el grado de interacción entre el conflicto amado, la sociedad y las dinámicas políticas y económicas, es decir las disputas por el control de la población civil y sus territorialidades; y en segundo lugar, las acciones bélicas o acciones armadas entre combatientes que expresarían más claramente los momentos en que predomina una lógica militar y territorial (González, Bolívar & Vásquez, 2003; Vásquez, 2005 y 2006; Vásquez, Vargas & Restrepo, 2011). Esto con el objetivo de desarrollar el argumento propuesto por Stathis Kalyvas (2001a, 2001b, 2004, 2006, 2008 & 2010), acerca de la reproducción de la violencia en las guerras civiles y señalar las principales transformaciones en las decisiones estratégicas y militares, los cambios en las lógicas y en los repertorios de violencia de los grupos armados.

Resultados - discusiones.

Elementos para una geografia socioespacial.

Las diferencias intraterritorales.

Como antes se ha insinuado, para este trabajo la región del Caguán comprende el piedemonte de San Vicente del Caguán y en la zona media y baja del Río Caguán (Véase mapa 1).

De otro lado, el medio y bajo Caguán se encuentra ubicado en la llanura amazónica en una altitud entre 100 y 200 msnm. En este paisaje el área correspondiente a las terrazas y las llanuras aluviales conforman las tierras más fértiles del departamento, es decir, son los terrenos preferidos para la ubicación de los asentamientos de los colonos (IGAC, 1993) (2011). Allí la masa boscosa fue devastada y transformada en potreros para la ganadería y por la colonización cocalera.

Igualmente, son notorias las diferencias en el proceso de poblamiento: San Vicente del Caguán fue fundado a principios del siglo XIX en medio del auge cauchero, en cambio, Cartagena del Chairá fue fundada en 1966, como resultado de la violencia de los años 50 y de la crisis del modelo de colonización dirigida por el Estado en el piedemonte Caqueteño en los años 60 y 70. En el piedemonte, la etapa colonizadora ya se culminó, y por ende, se cerró la frontera agraria. Allí la ocupación territorial tiene como ejes las vías terrestres y la población se ubica mayoritariamente en el casco urbano de San Vicente del Caguán. En cambio en Cartagena del Chairá aún está activo el proceso colonizado y ante la falta de vías terrestres la ocupación territorial tiene como ejes los ríos. En este municipio, al contrario de San Vicente, la población se ubica en su mayoría en la zona rural (Sinchi, 2009)².

Esas distinciones, son también evidentes en las estructuras agrarias predominantes en los dos territorios. En San Vicente del Caguán la principal actividad económica es la ganadería de doble propósito, caracterizada por el predominio de la gran propiedad y mediana propiedad. En efecto, en San Vicente del Caguán, predomina la gran propiedad con el 51% del total, seguida por la mediana con el 47%, y es residual la pequeña con el 2 %. Ese relativo predominio de la gran propiedad, se explica por la preponderancia de la actividad ganadera de doble propósito que caracteriza históricamente a este municipio.

En cambio, en Cartagena del Chairá, la economía se basa en el predominio del cultivo, producción y procesamiento de coca, y en menor medida la actividad ganadera. En Cartagena del Chaira, el predominio de la mediana propiedad es más acentuado con el 64 %, seguido por la gran propiedad con el 24% y tan solo el 2% de la pequeña.

Asimismo, son diferentes las identidades políticas: mientras en piedemonte de San Vicente del Caguán, las identidades políticas de sus pobladores están adscritas mayoritariamente al Partido Liberal, en contraste, en Cartagena del Chairá, las identidades políticas están adscritas a la izquierda política, existe una fuerte organización comunitaria y una larga tradición de protesta social. Esa situación es resultado de trayectorias históricas diferentes, pues en San Vicente del Caguán la conformación de un notablato local se trasformó en una elite local y regional con mayor relacionamiento con las redes políticas nacionales, mientras que en el medio y bajo Caguán las Farc-Ep, al igual que en otras regiones, asumieron el papel de mediadores políticos, subordinaron los aparatos clientelistas de los partidos tradicionales y se constituyeron en cuasi-Estado primitivo con alcances a escala local (Reyes, 2009) (Vásquez, 2013).

Más visibles son las diferencias en términos de la intensidad del conflicto armado y en la distribución de las acciones violentas de los grupos armados³. Así, según cifras de Cerac, en San Vicente del Caguán ocurrieron el 22% de acciones unilaterales del total departamental, lo cual es significativo teniendo en cuenta que éste es sólo uno de los 16 municipios del departamento, y en cambio, en Cartagena del Chairá sucedieron solamente el 8% de las acciones unilaterales del conflicto armado ocurridas en el Caquetá. Así mismo, también son evidentes las diferencias de la violencia ejercida por los grupos armados: mientras en San Vicente el 36% de las acciones unilaterales fueron adjudicadas a las FARC, el 63% fue adjudicado a la Fuerza Pública. En cambio, en Cartagena del Chairá, las acciones unilaterales se dividen de la siguiente manera: el 20% fueron adjudicadas a las FARC y el 80% a la Fuerza Pública

Esos contrastes permiten explicar, en buena medida, la caracterización del piedemonte de San Vicente como territorio en disputa y del medio y bajo Caguán como un territorio estructurado por la guerra y donde se conformó un orden insurgente.

El proceso histórico de la conformación socioespacial del piedemonte y el bajo y medio Caguán.

La conformación de esas dos territorialidades diferenciadas en lo político, en lo económico, en la intensidad del conflicto y en la presencia de los actores armados es resultado de un proceso socioespacial e histórico que se pude dividir en las siguientes etapas: la primer etapa, entre 1880 y 1978, cuando se constituyó el piedemonte; la segunda etapa, entre 1978 y 1988, en la que se produjo la escisión entre piedemonte y el bajo y medio Caguán; y finalmente, la violencia contemporánea en la que se hicieron más evidente las diferencias entre estas dos territorialidades. Las siguientes secciones dan cuenta de tales etapas.

La formación del piedemonte Caqueteño: 1880-1978.

El proceso de configuración regional del piedemonte caqueteño comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El comienzo de esa etapa se caracterizó por la presencia indirecta del Estado, por cuanto éste cedió la administración de los territorios salvajes e incivilizados a los misioneros de la orden capuchina, y además porque la acción del Estado estuvo determinada por los intereses de los caucheros colombianos que demandaban una mayor presencia estatal, ante los avances de los caucheros peruanos y la Casa Arana, en el contexto de la geopolítica del caucho que dominó la cuenca amazónica a comienzos del siglo XX (Ciro, 2008).

En los años 30 el conflicto con el Perú dio lugar al mejoramiento de las vías, que permitió avanzar en la articulación del Caquetá al resto del país. Esa confrontación se convirtió en un factor que permitió aumentar la agencia de los ganaderos y políticos, especialmente los huilenses, frente al Estado Central. Ese proceso se expresa en las diferentes legislaciones y cambios de estatus que el Estado central, a través de sus leyes, promulgaba sobre el actual territorio del Caquetá (Ciro E., 2008).

Un segundo momento de poblamiento del piedemonte estuvo relacionado con la violencia política de mediados del siglo XX y el éxodo campesino andino hacia la frontera agraria. Ese éxodo en su mayoría estuvo compuesto por campesinos huilenses y tolimenses, con identidades políticas adscritas al Partido Liberal y al Partido Comunista, que huían de la violencia y del problema campesino no resuelto en esos dos departamentos (Artunduaga, 1987) (González, 1992,1998 & 2000a) (Carrillo, 2009).

Posteriormente, ya en el Frente Nacional, la violencia tiene su mayor expresión en los bombardeos a las regiones El Pato y El Guayabero. En abril de 1965, en el marco de la Guerra Fría, el gobierno nacional desató una gran ofensiva militar que incluía bombardeos y operaciones militares contra las llamadas Repúblicas Independientes, que se habían convertido en refugio de las autodefensas comunistas, una de estas era la región del río Pato. Esas acciones militares contra las autodefensas comunistas y las "Repúblicas Independientes" asentadas en Riochiquito, Marquetalia, El Pato y el Guayabero darían lugar a la conformación de las Farc-Ep, y por ende, al inicio a una nueva etapa de la confrontación (Pécaut, 2008) (Aguilera, 2010) (Pizarro, 1991 & 2011) (González, 1992 & 2000a).

Un tercer momento de conformación del piedemonte estuvo relacionado con la colonización dirigida por el Estado en los años 60 y 70. En efecto, en el contexto reformista del Frente Nacional y con apoyo de recursos internacionales, el Estado incentivó la colonización dirigida que aceleró el poblamiento espontáneo. Dicha colonización terminó por consolidar la economía ganadera y no estabilizó el proceso colonizador como era su propósito inicial (Brucher, 1974) (Marsh, 1983) (Artunduaga, 1987) (Serrano, 1994) (González, 1998) (Sinchi, 2000) (Ciro, 2009).

En esa etapa, al lado de esta colonización dirigida y espontánea, es necesario destacar la colonización empresarial, el fortalecimiento del Estado y el monopolio de la representación y la mediación política de los partidos tradicionales que tuvieron su máxima expresión en la hacienda Larandia y en el cacicazgo del político liberal Hernando Turbay, que se extendió desde 1960 hasta mediados de los años 90.

En el primer caso se trató de la gran hacienda de Oliverio Lara y sus hermanos, que llegó a ser considerada la de mayor tamaño en el país, pasando de tener en 1935 un total de 1.794 hectáreas a 35.000 hectáreas, en 1965, incluso alcanzó a manejar un presupuesto mayor que el de la entonces intendencia del Caquetá (Brucher, 1974) (Artunduaga, 1987) (Jaramillo, Mora , & Cubides, 1989) (Sinchi, 2000) (Serrano, 1994) (González, Ramón, & Torrijos, 2003) Su dueño Oliverio Lara Borrero es recordado como un visionario y se llegó a afirmar que "todos los indicios señalan que se trata de una empresa económicamente floreciente" (Brucher, 1974).

La hacienda Larandia era un complejo empresarial muy importante para su momento. En el eje central de la hacienda se concentraron desde una lujosa vivienda, taller de reparaciones, oficinas administrativas y establos, corrales y carpinterías. Las instalaciones también tenían un acueducto interno alimentado por un tanque central y de corriente eléctrica propia que era generado por un lago represado en el corazón de la misma hacienda. También contaba con 350 diques o represas que eran abrevaderos de ganado, así como un muelle sobre el río Orteguaza, el aeropuerto, 40 kilómetros de vías internas y 1.200 puentes. La hacienda fue pionera en la introducción de pastos, como el Micay, Pará, el Elefante y el Yaguaré, y de nuevas razas ganaderas. En cuanto a la organización del trabajo, sus peones devengaban un sueldo que para 1966 estaba por encima del promedio nacional. Los trabajadores permanentes de la hacienda promediaban los 600 y el número total alcanzaba 1.200 en los meses picos, incluyendo contratistas, jornaleros y baquianos. Pero también cabe destacar que la hacienda cobraba a los campesinos el impuesto por el uso de Puerto Lara, que era paso obligado para la comercialización de sus productos en Florencia (Brucher, 1974) (Serrano, 1994) (Mora et al, 1987).

En el segundo caso se trató del político liberal oficialista Hernando Turbay, quien poco a poco se convirtió en el principal dirigente del departamento, mediante sus prácticas clientelistas y corruptas (Ciro, 2012 y 2013). Hernando Turbay fue lanzado a la política por Alberto Galindo, otro líder liberal del departamento, y su carrera comenzó en 1950 cuando fue elegido concejal de San Vicente del Caguán. En 1961 fue Secretario de Agricultura de la Intendencia y luego entre 1962 y 1965 fue intendente del Caquetá. En 1968, salió electo y mantuvo esta curul desde esa fecha hasta 1990, cuando murió. En efecto, Hernando Turbay no hizo otra cosa que afianzar su dominio durante la década de 1970. A mediados de dicha década, controló el concejo de la Intendencia del Caquetá, así como el Concejo de Florencia y en 1978 derrotó definitivamente a la fracción llerista del Partido Liberal en la región, que se había convertido en su principal opositor dentro dicho partido y no pocas veces había denunciado sus prácticas clientelistas y corruptas (Mujica, 2000) (Delgado, 1987) (Ciro 2012 & 2013) (González, Ramón, & Torrijos, 2003)

Su vida política, su ascenso gradual de político local a regional y nacional, expresa con nitidez el proceso de autonomización de las élites regionales del Caquetá frente al tutelaje de las élites del Huila. Su biógrafa resume esa trayectoria, cuando indica "…el Huila lo vio nacer y el Caquetá lo engendra políticamente" (Mujica, 2000). Hernando Turbay personificaba, la emergencia de una élite provincial de derecha que combinaba hábilmente un discurso de ascenso y de reivindicación social frente al centro, al tiempo, que se enfrentaba al radicalismo político de los partidos y movimientos de oposición que propugnaban por la apertura de la política regional (Gutiérrez, 2006) (Ciro, 2012 & 2013).

La crisis del modelo colonizador, la guerra del Caquetá y la economía de la coca, 1978- 1988.

La definitiva escisión entre esas dos territorialidades que hemos denominado el piedemonte de San Vicente y el medio y bajo Caguán, se produjo entre 1978 y 1988. En efecto, la crisis del modelo colonizador, la "Guerra del Caquetá", el frustrado intento de paz, desarrollo y apertura política de presidente Belisario Betancur fueron factores que produjeron estas dos territorialidades.

En primer lugar, el fracaso del modelo colonizador había producido lo que se ha denominado como la emigración de retorno y la activación de nuevos frentes de colonización. La migración de retorno estaba conformada por los colonos que no lograron consolidarse o hacer tránsito hacia la ganadería, ante lo cual se convirtieron en jornaleros en el piedemonte, emigraron hacia los centros poblados con el producto de la venta de sus mejoras o hacia llanura selvática. Esas migraciones comenzaron a tomar cuerpo a mediados de la década del 70 y alcanzaron características masivas entre 1978 y 1982, como resultado de la denominada Guerra del Caquetá y tras los bombardeos a la región del El Pato en 1980 (Ramírez, 1986) (Delgado, 1987) (González, 1998) (Molano & Reyes, 1980) (Cinep , 1982) (León, 1995).

El culmen de la crisis y del punto de inflexión que sentó las bases para la escisión entre piedemonte y el medio y bajo Caguán fue la denominada guerra del Caquetá. Esa guerra, se produjo en el contexto de la implementación del Estatuto de Seguridad adoptado por el presidente Turbay Ayala: consistió en una ofensiva militar como respuesta a la creación del Frente Sur del M-19 y a las sucesivas tomas de poblaciones y ataques guerrilleros contra el ejército por parte tanto de las FARC como del M-19. Estos hechos desataron una ofensiva de la Fuerza Pública que consistió en la militarización de la región, así como asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones por parte de miembros del ejército contra dirigentes sociales, políticos y campesinos (Molano & Reyes, 1978) (Mora, et al, 1987) (Cinep, 1982) (Delgado, 1987) (Conferencia Episcopal de Colombia, 2004) (Valencia, 1998). Según cifras del Cinep (1982) entre 1979 y 1982 fueron asesinados 144 campesinos y sometidos a torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles 240. La represión generalizada del Estado y la consiguiente respuesta militar por parte de los grupos armados encontró en la crisis del modelo colonizador y en las tensiones políticas y sociales la oportunidad para la reproducción regional de la violencia en el Caquetá (Vásquez, 2013).

La situación de imbricación entre la guerra generalizada, la movilización social y la polarización política, que caracterizó al gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) daría un giro sustancial bajo el gobierno Belisario Betancur (1982-1986) en el contexto de los diálogos con la guerrilla y los intentos de abrir el régimen político. En el Caguán, en medio del proceso de paz entre las guerrillas y el gobierno de Belisario Betancur, se pasaría de los intentos de ampliación de la comunidad política regional y del optimismo de la paz a un nuevo ciclo de violencia política. Lo anterior porque el proceso de paz entre las FARC y Belisario Betancur implicó un escenario que amenazaba con reconfigurar el orden político regional y local, y por tanto el consenso regional sobre la paz duró poco. Además esos diálogos coincidirían con la inserción y consolidación de la economía cocalera en el medio y bajo Caguán y con el fortalecimiento de la ganadería de doble propósito en el piedemonte (Ciro, 2012 & 2013) (Mujica, 2000) (Delgado, 1987) (Jaramillo, Mora , & Cubides, 1989) (Carroll, 2011).

El frustrado proceso de paz entre las guerrillas y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) no solo reforzó la diferenciación territorial sino que facilitó la mayor imbricación del conflicto armado con las tensiones políticas y sociales del departamento. En un primer momento, en el ámbito político se presentó un relativo aumento de la izquierda producto del optimismo del proceso de paz y la apertura democrática, pero luego esa ampliación de la comunidad política se revertería rápidamente por cuanto amenazaba con reconfigurar el orden político regional y local, dando lugar a un nuevo ciclo de violencia. El proceso de paz de mediados de los 80 se puede sintetizar de la siguiente manera: se pasó gradualmente de un escenario de apertura política y espacios de concertación para enfrentar los graves problemas económicos y sociales de la región, a una disputa violenta por el poder local y a la intensificación de la confrontación armada entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas (Ciro, 2012 & 2013) (Carroll, 2011) (Mujica, 2000) (Jaramillo, Mora , & Cubides, 1989) (Delgado, 1987).

Es en ese preciso momento cuando la economía cocalera y la extracción de rentas que de ella hacen las Farc-EP permitieron redefinir el papel del movimiento guerrillero en la región, dando comienzo al proceso de fortalecimiento de esta agrupación Farc-EP en el noroccidente del departamento, el medio y bajo Caguán, y los inicios de su expansión hacia el sur (Sinchi, 2000) (Vásquez, 2013).

La violencia contemporánea 1988-2010.

La violencia contemporánea hizo más patente la diferenciación entre el piedemonte de San Vicente y el medio y bajo Caguán. En efecto, desde finales de los años 80, el piedemonte se convirtió en territorio de disputa entre el Estado y las FARC. San Vicente adquirió una inusitada importancia nacional, ya que fue sede de las frustradas negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC (1999-2002). Y, posteriormente, durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) fue central en la política de Seguridad Democrática, pues allí se llevaron a cabo grandes operaciones militares dirigidas contra las FARC, como el Plan Patriota y el Plan Consolidación.

En cambio, la bonanza de la coca continuó alimentando la afluencia de población, consolidando a Cartagena del Chairá como eje central del proceso de colonización cocalera. Esa situación se concretaría, en primer lugar, en la criminalización del campesino cocalero por parte del Estado, ante lo cual estos respondieron a través de las multitudinarias marchas campesinas de 1996. En efecto en 1996 se producen las marchas de los campesinos cocaleros, que hacían ya evidente la convergencia entre los problemas de éstos y las FARC. Estas marchas, es importante resaltar, no eran otra cosa que la expresión de la agenda represada del derecho de ciudadanía de los colonos de la Amazonia (Ramírez, 2001) (Ferro, 2004) (Ferro & Uribe, 2004). Y en segundo lugar, en el predominio de las FARC como actor capaz de imponer un tipo de orden alternativo y un control territorial, haciendo que el Estado dispute de manera esporádica ese dominio de la guerrilla. Es decir las dinámicas de conflicto armado se imbricaron con la economía cocalera: de un lado, el Estado ensayó unas veces con la represión generalizada, ya sea a través de la fumigación o erradicación, y otras con los llamados planes de desarrollo alternativo; y de otro lado, la imbricación entre la economía cocalera y las FARC dieron viabilidad económica al crecimiento y expansión de la organización insurgente proyectada por la VIII Conferencias de 1993 (Vásquez, 2013).

Tal imbricación entre lucha contrainsurgente y lucha antidrogas se profundizó desde finales de los años 90, cuando el Estado colombiano presionado los Estados Unidos decidió darle el mismo tratamiento al problema de los cultivos ilícitos y la lucha contrainsurgente, hecho que se concretó en el Plan Colombia y que a la postre sería uno de los principales factores de discordia de las frustradas negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (Vásquez, Vargas, & Restrepo, 2011) (Vásquez, 2013).

La imbricación entre lucha contrainsurgente y lucha antidrogas, se agudizó durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) en el contexto internacional de la lucha contra las drogas y el terrorismo, cuando el medio y bajo Caguán se convirtió en un objetivo central en la política de Seguridad Democrática por medio de grandes operaciones militares dirigidas contra las FARC, que tenían como objetivo la derrota de la guerrilla, hecho que a la postre no se logró. Como elemento para entender la particular expresión del conflicto durante los años de la presidencia de Uribe, a continuación será expuesto el comportamiento histórico de la guerra en la región durante el periodo analizado en esta sección.

A finales de los años 80 y hasta mediados de la década del noventa, los resultados del frustrado intento de apertura política, sumados a la violencia desatada desde diferentes lados contra el oficialismo liberal y la Unión Patriótica, empezaba a tener sus consecuencias. El liberalismo se había consolidado en el dominio político regional, lo que se concretó con el triunfo en la primera elección popular de gobernadores por parte de un candidato del turbayismo, y la Unión Patriótica se hallaba prácticamente extinguida (Carroll, 2011) (Ciro, 2012 & 2013).

Luego, entre 1998 y 2002, el gobierno de Pastrana firmó la resolución por medio de la cual se establecía la Zona de Distensión que abarcaba cinco municipios, entre los cuales estaba San Vicente del Caguán, escenario principal de los frustrados diálogos. Las FARC utilizó la zona para desde allí construir corredores militares en función de sus objetivos de expansión militar y territorial. En el ámbito político, las FARC desarrollaron una estrategia basada en amenazas, intimidaciones y vetos contra funcionarios públicos, que buscaba generar una ausencia total de las autoridades estatales en la región. También, se incrementó la disputa por el poder político local, que se expresó en la violencia de las FARC contra la dirigencia liberal, la cual tuvo en la masacre contra la familia Turbay Cote, perpetrada por las FARC el 30 diciembre del 2000, su máxima expresión (Arana, 2002) (El Tiempo, 1997) (Base de datos Derechos Humanos y violencia Política-CINEP).

La situación de territorio en disputa se intensificó más aún durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe. En ese momento, al contrario de la tendencia nacional de disminución del conflicto, en San Vicente éste alcanzo los mayores niveles de toda la serie, pues mientras a nivel nacional: "Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) disminuyeron en un 48% y las acciones bélicas en un 81%" (Vásquez, 2010), en San Vicente la violencia asociada al conflicto aumento, como se observa en la gráfica N°1.

Esa circunstancia fue resultado de la ofensiva que el Estado desató contra las FARC que se concretó en los planes Patriota y Consolidación. Estos planes tuvieron como escenario principal a San Vicente y al bajo y medio Caguán, y se proponían golpear a las FARC en sus bastiones históricos, quebrar sus corredores estratégicos de movilidad y erosionar las bases sociales que estas habían construido en estos dos territorios Esa ofensiva, permitió que el Estado recuperara parcialmente el control del piedemonte y la normalización del tránsito por las vías principales del departamento antes controladas por las FARC. Ante lo cual, la guerrilla optó por replegarse a la zona montañosa (El Pato y Balsillas), los llanos de Yarí y el medio y bajo Caguán, sin dejar de asediar y actuar en el piedemonte (Vásquez, Vargas, & Restrepo, 2011) (Vásquez, 2013).

En esa etapa fue cuando se produjo el mayor número de acciones por parte de la Fuerza Pública que afectaron a la población civil, es decir que además de la intensificación de los combates, la política de la Seguridad Democrática también afectó la vida e integridad personal de los pobladores de este municipio. Así, la recuperación de la seguridad a nivel nacional, representó el aumento de la inseguridad y la vulneración de los Derechos Humanos de los pobladores de San Vicente del Caguán (Vásquez, 2013).

Simultáneamente, al igual que en los períodos anteriores, las FARC prosiguió su asedio contra la clase política y la economía ganadera. De un lado, asesinó y amenazó a funcionarios y políticos locales, lo que implicó la parálisis de la administración municipal. Esa situación fue revertida a partir del 2005, cuando el Estado y Fuerza Pública, redoblaron su presencia en la región y se logró recuperar el normal funcionamiento de la alcaldía de San Vicente del Caguán. Y de otro lado, mientras el Estado implementaba una guerra sin antecedentes contra los campesinos cocaleros del medio y bajo Caguán, esta guerrilla decidió realizar varias acciones violentas contra Nestlé y la industria lechera que afectaron la economía del piedemonte (Conferencia Episcopal, 2006) (Bedoya, 2008) (Reyes, 2009) (Arias, 2009).

En resumen, si bien en San Vicente se reconocieron los avances en materia de seguridad por el parte del Estado, también se criticó que esa estrategia no avanzó más allá del terreno militar, pues el tratamiento que se le dio a la crisis generada en el mercado de la leche no hizo sino ahondar las tensiones y el malestar que han existido en las relaciones entre el Estado y los pobladores de la región (Arias, 2009) (Vásquez, 2013).

Paralelamente, a pesar de los esfuerzos estatales, en el medio y bajo Caguán se reforzó aún más la condición de territorio, donde las FARC ha construido un orden contraestatal (Vásquez, 2009) (Vásquez, Vargas, & Restrepo, 2011) (Vásquez, 2013). Esa condición de retaguardia que para las FARC tiene el medio y bajo Caguán, se hace más evidente mostrando la evolución temporal del conflicto armado. En Cartagena del Chairá entre 1988 y 2003 el conflicto armado fue bastante reducido, excepto los leves aumentos de 1997, 2001 y 2002. En esa primera etapa, a pesar del efectivo control territorial de las FARC desde los años 80, el Estado no tenía presencia militar salvo esporádicas incursiones. En contraste, entre 2003 y 2010 se produjeron 85% de las acciones unilaterales y el 57% de los combates, llegando incluso la mayoría de estos a concentrarse en los años 2004 y 2005, cuando se desarrollaron el Plan Patriota y el Plan Consolidación que con todo no lograron revertir el domino de la FARC en la región.

En resumen, desde el medio y bajo Caguán, las FARC durante años han desplegado buena parte de sus efectivos y fortaleza militar en desarrollo de sus objetivos estratégicos, han mantenido un efectivo control territorial y han regulado con éxito la vida social, económica y política sus habitantes. Por su parte, el Estado se ha concentrado en neutralizar ese accionar y ocasionalmente en realizar operativos militares sobre esa retaguardia de las FARC, lo que no ha implicado mayores cambios en los controles territoriales de esta guerrilla y tampoco ha redefinido estratégicamente la guerra (Vásquez, 2013).

En cuanto al comportamiento político entre 1988 y 2010, en primer lugar, se produjo la definitiva pérdida del protagonismo de la izquierda, el afianzamiento de los liberales turbayistas y el repunte del partido conservador para el final del periodo. Y, en segundo lugar, las FARC renunciaron a la posibilidad y oportunidad de ampliar su influencia social y política mediante la participación electoral, tras el fracaso del experimento de la UP, e iniciaron la práctica de abstenerse de participar directamente, para hacerlo indirectamente, es decir, por medio de un control y "fiscalización" a la gestión de los alcaldes elegidos. Luego, desde 1997, comenzaron una nueva etapa, centrada en el sabotaje y la prohibición de las elecciones locales y regionales para anular cualquier vestigio de presencia estatal e institucional en sus zonas de influencia, con el objetivo de consolidar una especie de "poder dual" (Cubides, 2005) (Vásquez, Vargas, & Restrepo, 2011). Esto conllevó a la pérdida de protagonismo de la izquierda electoral a nivel municipal, a pesar de la influencia y peso histórico de la guerrilla en esta localidad.

Pero lo que es más importante para resaltar es que el proceso de convergencia entre la economía de la coca y las FARC, en el medio y bajo Caguán, permite interpelar la explicación según la cual el proceso de inserción de las FARC en la economía de las drogas le ha permitido, simple y sencillamente, la obtención de mayores recursos para financiar el crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora sustancial de su infraestructura militar resulta limitada. Igualmente, el tratamiento del Estado a los cultivos de coca, basados en las explicaciones que reducen la relación entre conflicto armado y coca a su dimensión económica, a la avidez de los diferentes grupos armados, deja de lado las dimensiones políticas e históricas de lo que denominó como las economías regionales de la coca y orden insurgente (Vásquez, 2013).

Para mostrar el proceso de conformación de un orden insurgente basado en una economía ilegal, es necesario enfatizar en las interacciones entre las decisiones estratégicas a escala nacional del Estado y la FARC en relación con la guerra, la negociación y la imbricación de esas decisiones con las tensiones a escala regional y local. Así como en las transformaciones de las relaciones entre el Estado y los campesinos cocaleros; y en las relaciones de las FARC con la economía cocalera, que pasaron del inicial rechazo a los cultivos de coca, a la tolerancia y penetración parcial en el narcotráfico y luego al control de toda la cadena productiva en función de sus estrategias de guerra (Vargas, 2003)(Ferro, 2004) (Ferro & Uribe, 2004) (Puentes, 2006) (Reyes, 2009) (Vásquez, Vargas, & Restrepo, 2011). En el siguiente apartado se analiza el papel de la coca en la economía de la región, en la economía política del territorio y las trasformaciones de la relación de las FARC con la economía de la coca.

La coca y su papel en la violencia contemporánea.

Posiciones como la antes expuesta, en las que se relaciona de manera unívoca y unilateral la existencia de las Farc al narcotráfico, desconocen que en el caso del Caquetá y del medio y bajo Caguán, la relación de la guerrilla y la coca obedece a la producción socioespacial de un territorio donde la convergencia territorial entre las FARC y estos cultivos, han tenido como trasfondo el problema agrario aún no resuelto, la exclusión política y económica de los campesinos, donde la guerrilla ha tenido eco para imponer un orden a veces alternativo, a veces sustituto del Estado central (Vásquez, Vargas, & Restrepo, 2011) (Vásquez, 2013).

Sin duda que las diferentes etapas de la economía de la coca (cultivo, producción y comercialización) funcionan con altos niveles de violencia, especialmente cuando hay colisiones por su control y monopolización. Sin embargo, la siguiente gráfica, donde se relacionan los cultivos de coca con el conflicto armado en el Caquetá, muestra que entre 1992 y 1996, cuando el conflicto armado no era tan intenso, los cultivos de coca se expandieron; y al contrario, entre 2002 y 2010, cuando el conflicto alcanzó su máxima intensidad, los cultivos de coca disminuyeron. Por eso, más que una relación mecánica entre la economía de la coca, la persistencia del conflicto y la expansión territorial de los grupos armados, es central mostrar que las transformaciones en las decisiones estratégicas del Estado y las FARC explican la expansión o diminución de los cultivos ilícitos.

Es más, las economías cocaleras transforman el espacio en función de los diferentes momentos de la cadena productiva. Lo anterior se hace evidente en el medio y bajo Caguán con los relevos de los centros de comercialización cocaleros que avanzan siguiendo el curso del río: desde el medio Caguán en los años 80, cuyo núcleo era Cartagena del Chairá; luego hacia el bajo Caguán en los años 90 con eje en Remolinos del Caguán; y después hacia Peñas Coloradas a finales de los 90 y comienzos década del 2000 (López, 2007).

Hacia finales de los años 70 y comienzos de los 80, la organización guerrillera se enfrentó a la disyuntiva de autorizar los cultivos u oponerse a ellos. El dilema terminó resolviéndose a favor de la aceptación de los cultivos, luego de un corto período de oposición y en presencia de una fuerte presión social y de falta de oportunidades económicas en la región (Ferro, 2004).

Para finales de los años 80, la guerrilla cumplía la función de cobrar gramaje, es decir un impuesto sobre los cultivos, e imponía precios de compra a los intermediarios. A comienzos de los años 90, la guerrilla realizó el tránsito de mediador dentro de los circuitos de compra y venta de pasta básica, a regulador de la producción (Vargas, 2003). En 1996 se produjeron las marchas de los campesinos cocaleros, que hacían ya evidente la convergencia entre los problemas de éstos y las FARC. La dimensión de las marchas cocaleras no ha sido suficientemente relievada. Según José Jairo González (1998), se trató del máximo nivel de condensación del conflicto económico, político y social del proceso de colonización de la Amazonia colombiana y del Caquetá en particular.

Luego, durante las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, la guerrilla avanzó en su participación en la economía cocalera hasta crear condiciones de monopsonio en función de la guerra. En efecto en el medio y bajo Caguán, para el año 2000, ya era evidente que las FARC habían empezado a aumentar su actividad impositiva sobre la economía cocalera, pasando del gramaje a la tributación de los compradores de pasta básica de cocaína, en lo que denominaron un impuesto de guerra (El Heraldo, 2000)

Y además se había intensificado la disputa militar y económica con el paramilitarismo por la economía de la coca: las FARC comenzaron a restringir la venta de coca, entre otras razones para evitar que la coca llegara a manos paramilitares, que controlaban el mercado del sur de Caquetá y pagaban a mayor precio el kilo de PBC (Verdad Abierta, 2011). Esto no solo era parte de una estrategia económica sino que obedecía también a razones de seguridad y políticas, ya que el proceso de comercialización y producción de la cocaína era percibido como más proclive a la creación de bases sociales del paramilitarismo (Vargas, 2003)(Puentes, 2006) (Richani, 2003) (Vásquez, Vargas, & Restrepo, 2011)

Posteriormente, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), el Estado decidió ejecutar una política de tierra arrasada que incluía la total desaparición de la base económica de los campesinos a través de las fumigaciones indiscriminadas que no solo afectaron a los cultivadores, sino también los cultivos de pan coger. Se trataba de hacer inviables las economías regionales de la coca a través de la fumigación y del exagerado control militar sobre la movilización de alimentos. En efecto, por la intensificación de la guerra y la represión contra los campesinos los cultivos de coca disminuyeron en Cartagena del Chairá entre el 2001 y el 2009 en un 90%.

Pero cabe insistir que la acción de las FARC, no solo se restringió la regulación de la economía cocalera. En el medio y bajo Caguán, además de recursos las FARC se jugaron, y aun lo hacen, la construcción de territorialidades en el campo político y cultural. Allí la inserción de las FARC a finales de los años 70, la regulación sobe la economía del coca y el orden insurgente que construyeron tuvo como trasfondo el problema agrario aun no resuelto y la exclusión política y económica de los campesinos. Estos factores permitieron a esta guerrilla su implantación militar y construcción de un orden social a veces alternativo a veces sustituto del Estado central (Vásquez, 2013).

Conclusiones.

El contraste entre las trayectorias del conflicto en el piedemonte y del medio y bajo Caguán, permite hacer evidente que el conflicto armado y los grupos armados no se insertan y despliegan su accionar bélico en territorios vacíos sino en espacialidades que son resultado de procesos históricos de largo y mediano plazo.

Esa diferencia socioespacial entre el piedemonte y el medio y bajo Caguán, como ha sido presentado en este texto, muestra elementos evidentes. En el piedemonte, la consolidación de la economía ganadera de doble propósito fue simultánea con una mayor presencia del Estado, producto de una mayor capacidad de agencia de las élites locales y regionales frente al Estado central. Allí, las FARC disputaron la presencia estatal y la intermediación política de la clase dirigente liberal. En cambio, en el medio y bajo Caguán, es el Estado el que disputa de manera esporádica el dominio territorial de las FARC en el terreno militar y ha enfrentado de manera equivoca, el problema de los cultivos ilícitos, lo cual ha permitido reforzar la legitimidad que las FARC han alcanzado entre sus pobladores. Y, al contrario, de la consolidación de élite política y ganadera del piedemonte, en el medio y bajo Caguán, se fue fortaleciendo una economía campesina y de colonos basada en la coca y una baja legitimidad del Estado. En el medio y bajo Caguán, las FARC, al igual que en otras regiones, asumieron el papel de mediadores políticos, subordinaron los aparatos clientelistas de los partidos tradicionales y se constituyeron en cuasi-Estado primitivo con alcances a escala local.

El proceso de convergencia entre la economía de la coca y las FARC en el medio y bajo Caguán me permitió concluir que se trata de un caso de colonización cocalera, donde las FARC ordenaron la vida social y política de los colonos y campesinos. Con esa descripción del establecimiento de la economía cocalera en el medio y bajo Caguán intenté debatir con la explicación, no pocas veces instrumental y "política", según la cual el proceso de inserción de los grupos armados en la economía de las drogas, les ha permitido, simple y sencillamente, la obtención de mayores recursos, lo que, por ende, les ha posibilitado el crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora sustancial de su infraestructura militar. Para proponer que "el narcotráfico", entendido como una nueva etapa de la economía agro-exportadora del país, debe comprenderse a partir de la base de su concreción territorial y social. Y las dinámicas territoriales del conflicto no se pueden reducir exclusivamente a la disputa entre actores armados por recursos en función de financiar su guerra. El conflicto armado es, ante todo, una disputa por el monopolio de la fuerza y la coerción, que hace que la economía cocalera se halle todavía subordinada a una estrategia política, aunque también trate de garantizar el monopolio sobre los recursos económicos.

Esas distintas dinámicas hacen que sea diferente la manera como los actores armados se insertan en los territorios, interactúan con la población civil y el modo como el conflicto armado afecta a las regiones, y nos dice mucho sobre las posibles respuestas institucionales igualmente diferenciadas que éste requiere para su solución. Aún más en el actual escenario de diálogo y negociación que desarrollan el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana. Ese eescenario ha permitido generar un consenso, tanto el mesa de negociación, como en la academia, en sociedad civil y en la cooperación internacional, sobre las estrecha relación que se ha establecido entre el problema agrario, el narcotráfico, la democracia local y el conflicto armado. Igualmente, hay acuerdo general sobre las variaciones territoriales y temporales de esa relación. Esa situación ha implicado que en agenda púbica nacional este posicionado, como nunca antes, lo que se puede denominar como un giro territorial en la investigación, en la intervención sobre el conflicto y en la construcción de una paz estable y duradera.

Por eso la importancia de estudios que muestren las variaciones temporales y espaciales del conflicto armado, especialmente regiones tan afectadas por este como lo sido El Caguán. Se trata de "aterrizar" los puntos de la agenda de la actual negociación de La Habana y sus problemas en regiones determinadas. Específicamente en tres temas: el problema agrario, las instituciones locales y la democracia política rural en los ámbitos regional y local. Y así, convertir los puntos de la agenda en temas estratégicos que aseguren una paz estable y duradera, que reduzcan los riesgos de rearme, de nuevos ciclos de violencia o de la violencia criminal asociada al postconflicto (como en El Salvador y Guatemala).

En primer lugar, el punto relacionado con el desarrollo rural y el narcotráfico, que se enmarcan en lo que hemos denominado como el problema agrario no resuelto. Una propuesta de desarrollo rural debe construir políticas públicas sobre los conflictos generados en las zonas de colonización de la frontera agraria abierta en la Orinoquía y la Amazonía, las cuales también han sido fuente del conflicto y han permitido la reproducción y expansión territorial de las FARC, como es el caso del Caguán.

También, el Caguán es un ejemplo de que las políticas y acciones para enfrentar el narcotráfico, tanto a nivel internacional como nacional, han mostrado su fracaso pues se reducen a un tratamiento penal, punitivo y militar. Estos enfoques desconocen que el denominado narcotráfico es una nueva etapa del modelo agrónomo-exportador que tiene una economía política desigual, tanto territorial como socialmente, donde los grupos armados han logrado insertarse y expandirse. Más bien, se trata analizar el fenómeno como consecuencia de la convergencia entre el problema agrario y los actores armados, que desde los años 80, se transformó en lo que podemos denominar: economías regionales de la coca.

Y en segundo lugar, el punto que hace referencia a la inclusión política, debe tener prever los impactos que la inserción política de las FARC pueda tener en la reconfiguración del poder político regional y local. Pues, en el pasado fue uno de los principales motivos para dar al traste con la negociación, sobre todo especialmente porque las élites políticas sentían que la ampliación de la comunidad política erosionaba las bases sociales de su poder, y es por eso, que cabe la pregunta en la actual coyuntura sobre si: ¿nos hemos preguntado sobre el papel que tienen los poderes autónomos locales para su implementación?

Sin duda, uno de los puntos de la agenda que se podría enfrentar a mayores problemas, es el relacionado con la inclusión política de las FARC, especialmente en aquellas regiones donde esta inserción amenace con reconfigurar el orden político local y regional. Y allí distinguimos dos tipos de territorios: en aquellos donde ya haya una élite más o menos consolidada como en el piedemonte , esta inserción se va a ver abocada a serias resistencias por parte de quienes monopolizan el poder político local. Diferente sería la situación en aquellas regiones donde las FARC han sido y ha jugado un papel importante de intermediación entre el Estado central y los pobladores de las regiones, como es caso del Medio y Bajo Caguán.

En síntesis, en el Caguán una política estatal no puede reducirse solamente a su recuperación militar, también se hace necesario crear escenarios propicios para que el Estado dispute de manera legítima el orden contraestatal que las FARC han venido construyendo, especialmente en el medio y bajo Caguán. Un escenario de postconflicto supone crear agendas regionales de desarrollo y paz con el concurso del Estado, pero también de los actores y agentes locales y regionales de la economía y de la política.

¹ Este artículo en una síntesis de mi tesis de Maestría en Geografía en la Universidad de los Andes "Territorios, conflicto armado y política en el Caquetá: 1900-2010" presentada en enero de 2013 que se desarrolló el marco de la línea de investigación conflicto y territorio de ODECOFI (Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado) centro de excelencia en el área de ciencias sociales financiado por Colciencias y liderado por el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular).

² El nivel de urbanización en San Vicente del Caguán es del 54% y en Cartagena del Chaira es del 32%.

³ Sobre esas diferencias y sus dinámicas contemporáneas me detendré más adelante.

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