Iniciativas de paz en Colombia^*

Catherine González^**

^* Este artículo es producto del proyecto de investigación 'Análisis sobre la construcción ciudadana y democrática en Colombia y América Latina'.

^** Ph.D en Filosofía y Ciencia Política, directora del área de Instituciones Políticas y docente investigadora de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Correo electrónico: catherine.gonzalez@usa.edu.co

Recibido: 5 de enero de 2010 - Revisado: 29 de enero de 2010 - Aceptado: 03 de febrero de 2010

Este artículo revisa la literatura más representativa sobre las iniciativas de paz desarrolladas en Colombia, proponiendo una tipología de interpretación de las mismas que complementa investigaciones anteriores. Esta propuesta caracteriza dos niveles de iniciativas: las nacionales y las comunitarias, cada uno de estos se subdivide correspondientemente en cuatro ítems distintos. Esta categorización se funda en las variaciones de impacto de dichas iniciativas en dos sentidos: uno, su influencia en las dinámicas y problemáticas de las comunidades inmersas en el conflicto; y dos, las posturas políticas y las proyecciones de sus acciones respecto a la construcción de paz y democracia del país; en este marco se destacan las iniciativas comunitarias como las más significativas.

Peace initiatives in Colombia

Abstract

This paper reviews representative literature on peace initiatives in Colombia developed, proposing a typology of interpretation of them which complements previous investigations. This proposal features two levels of initiatives: the national and community, each of these levels is correspondingly divided into four different items. This categorization is based on the variations of impact of these initiatives, in two senses: one, its influence on the dynamics and problems of the communities involved in the conflict, and two, political views and projections of their actions regarding the construction of peace and democracy in the country, in this context highlights community initiatives as the most significant.

Keywords: Peace, participatory democracy, Colombian conflict, initiatives.

Cet article résume les plus représentatives initiatives de paix développées en Colombie, en proposant une typologie d'interprétation de celles-ci basée sur des recherches antérieures. Cette proposition comporte deux niveaux d'initiatives: national et communautaire, chacun de ces niveaux étant divisé en quatre articles différents. Cette classification est basée sur les variations de l'impact de ces initiatives, dans les deux sens: premièrement, son influence sur la dynamique et les problèmes des communautés impliquées dans le conflit, et deuxièmement, les positions politiques et projections de leurs actions concernant la construction de la paix et de la démocratie dans le pays, qui dans ce contexte, souligne les initiatives communautaires comme le plus important.

El contexto político colombiano presenta diferentes problemas que repercuten en el óptimo desarrollo de la ciudadanía, así como en la consecución de la paz y la democracia participativa en nuestro país. Entre ellos el conflicto armado ha sido uno de los objetos más comunes de estudio entre los científicos sociales, principalmente entre sociólogos, politólogos y los denominados "violentólogos"; por el contrario, muy pocos investigadores han examinado específicamente la respuesta de la sociedad colombiana frente al conflicto de su país. En los últimos años se aprecia un florecimiento de pesquisas y publicaciones sobre el tema (Cinep, 2007: 25-43; García-Durán, 2006: 18-70, 2004; Hernández E., 2005; Hernández J., 2002, 2003; González, 2008; Indepaz, 2000, 2002; Rettberg, 2006), lo cual contribuye de alguna manera en el mejoramiento de la realidad colombiana. Algunos estudios con esta orientación han analizado las llamadas "iniciativas de paz de Colombia", las cuales se caracterizan por ser acciones colectivas, organizaciones comunitarias o instituciones de colombianos que han buscado, por sus propios medios, soluciones a las consecuencias más graves del conflicto armado o social que les rodea.

De acuerdo al impacto, medio y objetivos de estas iniciativas se han realizado distintas categorizaciones. El presente texto complementa investigaciones ya realizadas, pues propone una nueva tipología de iniciativas de paz en Colombia analizando particularmente las variaciones de su impacto en dos sentidos: uno, su influencia en las dinámicas y problemáticas de las comunidades inmersas en el conflicto; y dos, las posturas políticas y proyecciones de sus acciones respecto a la construcción de paz y democracia del país. Este artículo espera dar cuenta de estas diferencias a la luz de la categorización realizada entre las iniciativas nacionales y las iniciativas comunitarias, respecto a su efecto en la construcción de paz en Colombia.

Desde esta perspectiva de análisis se distingue el impacto social de foros, seminarios, campañas, celebraciones o actos en torno a la construcción de paz, del efecto producido por las protestas, marchas, huelgas, paros, concentraciones organizadas con un objetivo similar. Estas dos estrategias de participación, si bien coinciden en su temporalidad, manifiestan posturas políticas disímiles frente a la manera como se construye la paz en el país.

Asimismo las iniciativas cuyas acciones tiene un impacto temporal se diferencian de las organizaciones que cuentan con una consolidada trayectoria en el tiempo. Las acciones temporales responden frecuentemente a detonantes generados por el sistema, mientras las de mayor data suelen contar con una reflexión política más clara sobre sus metas a corto, mediano y largo plazo, lo que les permite influir en debates más estructurales alrededor de las implicaciones, maneras y perspectivas de construcción de paz, así como de la materialización de la democracia en Colombia.

Para delimitar la clasificación de dichas iniciativas, esta investigación realizó una revisión del estado de arte sobre el tema, por medio de la metodología Grounded Theory. Así también se realizó observación directa e indirecta de varias de estas iniciativas, participando de sus actividades y de la misma manera observando fuentes documentales sobre estos temas. La recolección de información sobre las iniciativas comunitarias se realizó fundamentalmente a través de varios años de trabajo con el método Investigación Acción Participación y entrevistas a expertos.

Así este artículo se compone de una parte introductoria donde se caracterizan las principales problemáticas que aquejan el desarrollo de la democracia y la construcción de paz en Colombia. En un segundo aparte este texto desarrolla su principal objetivo: complementar los estudios ya realizados sobre las iniciativas de paz en el país. Esto en primera medida a través de una breve caracterización de los estudios realizados sobre el tema, para posteriormente presentar una tipología de las mismas, diferenciando las iniciativas nacionales y las iniciativas comunitarias en los dos sentidos arriba citados.

La larga existencia de acciones armadas de grupos legales e ilegales en nuestro territorio nacional condiciona significativamente el sistema político y el comportamiento social de Colombia. Debido al desarrollo del conflicto, el Estado no ha logrado un monopolio efectivo de la fuerza y de la violencia. En las diferentes regiones del país el Estado ha disputado históricamente su autoridad con los grupos guerrilleros y paramilitares y con otros actores ilegales (González et al., 2003; Pnud, 2003). Colombia representa uno de los países con mayor violencia y menor soberanía en el mundo (Helfrich, 2002). Cabe aclarar que las dos últimas administraciones del gobierno Uribe han construido soberanía e institucionalidad estatal, pero principalmente a través de fuertes estrategias militares, mediáticas y asistencialistas. En la actualidad los grupos armados ilegales siguen alterando el normal desarrollo de la autoridad estatal.

Mientras algunos análisis aseguran la existencia de un punto de inflexión en la dinámica del conflicto armado interno, que favorece el Proyecto de Seguridad Democrática del gobierno uribista y con ella, el logro histórico de una mayor autoridad estatal y menor violencia en el total del territorio nacional (Pizarro, 2004), otros muestran cómo parte de la complejidad del mismo tiene relación directa con problemas estructurales de la realidad colombiana (desigualdad social y económica, debilidad estatal, exclusión social y política, González et al., 2004). Estos problemas aún no han sido resueltos, hoy día la mayor encrucijada parece quedarse en el desequilibrio refiere al debilitamiento de la justicia, tanto en su dimensión institucional y legal, como en cuanto a la legitimidad y preponderancia de sus decisiones.

Daniel Pécaut y Fernán González afirman que la transformación duradera del conflicto tiene relación directa con las causas estructurales del conflicto y las subculturas políticas y económicas del país, estas últimas mediadas por la lógica amigo-enemigo, la fragmentación del poder y la presencia histórica de una ciudadanía débil (Pécaut, 2003; González F., 2004). Además existen diferencias entre la evolución del conflicto, no solo entre el centro del país y las zonas periféricas sino entre las diferentes regiones del país¹.

Una de las principales causas de esta permanencia y recrudecimiento del conflicto bélico es su financiación, resultado en gran parte de actividades ilegales. La ilegalidad no solo vincula los actos delictivos del narcotráfico sino también los del contrabando de bienes de consumo y de armas, así como el lavado de activos. La financiación de los ejércitos ilegales por la vía de los cultivos ilícitos incrementó el conflicto de manera exponencial, tanto en número de combatientes, como en las técnicas utilizadas. Mientras en 1990 el total de hectáreas de cultivos ilícitos fue de 41.600, hacia 1998 hubo un crecimiento exorbitante que los elevó a 114.350 has. En el año 2000 se obtuvo el pico más representativo, con un alarmante guarismo de 171.489 has (DNE: 2008).

De otra parte, la narcotización de las prácticas sociales y de los estereotipos socialmente legitimados marca la historia reciente de la sociedad colombiana y ha permeado todos los estratos sociales, tanto a las clases populares y las periferias urbanas y rurales, como a la dirigencia política y las elites sociales y económicas (Camacho Guizado, 1991: 65-73). En este marco se inscribe el llamado 'Proceso 8000 de la Fiscalía General de la Nación'², en el cual se evidenciaron vínculos entre la clase política y los traficantes de droga que operan en Colombia. En el proceso judicial se abrieron diferentes investigaciones a funcionarios públicos que incluyeron al entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano (1994-1998), debido a que su campaña política presidencial fue financiada con dineros del narcotráfico. La investigación evidenció abiertamente la narcotización de las instituciones políticas y del conflicto, y provocó una deslegitimación del Estado colombiano frente a la opinión pública y a los centros de poder mundial (González F., 2004: 83-84).

A partir de 2006, el escándalo de la parapolítica hace también parte del escenario nacional, en este se evidencian públicamente los vínculos que numerosos políticos de la clase dirigente nacional han mantenido con los paramilitares. Investigaciones sobre la parapolítica demostraron alianzas de dirigentes políticos y dirigentes del Estado con los grupos paramilitares para intimidar e incluso exterminar población civil en algunas zonas del país (Romero et al.: 2007); así también se demostró que algunos políticos, desde sus cargos, habrían desviado dineros para la financiación y conformación de estos grupos armados ilegales y habrían filtrado información para beneficiar acciones de los mismos, tales como masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado (Ibídem). Otras pesquisas judiciales y denuncias de los sectores políticos revelaron ante los medios de comunicación los crímenes y alcances de la parapolítica, lo cual provocó fuertes debates y controversias que han polarizado a la opinión pública.

Por otro lado, en la cultura política colombiana se presenta la dualidad entre una cultura dominante excluyente y unas prácticas clientelistas de inclusión (Gutiérrez, 1996: 43-64). Esta dualidad mimetiza la exclusión cultural a través de formas de inclusión formal, como, por ejemplo, la promoción constitucional de la votación popular y de otros mecanismos de participación.

Nuestro país ha sido promovido formalmente como una de las democracias más estables de Latinoamérica y su Carta constitucional es reconocida como una de las más modernas del continente; sin embargo, en la práctica la democracia se reduce y es verificable solo en el terreno electoral. En algunas regiones colombianas el ejercicio electoral no representa una acción consciente, que incluya el conocimiento, compromiso y valoración de la opción política, sino que es más bien una práctica obligada por el cacique político de turno, el patrón (armado o potentado), quien ofrece una contraprestación puntual³. Durante las elecciones la maquinaria consolidada promueve un discurso de participación democrática ciudadana, pero en los periodos administrativos de los elegidos, estos reproducen vicios de la política tradicional, como el clientelismo y la corrupción, los cuales son conjugados con ciertos esquemas culturales de exclusión característicos de las sociedades latinoamericanas (AFP: 2007).

A este respecto, para el común de los colombianos, el carácter de lo público (el espacio público, las políticas públicas, los servicios públicos), e igualmente el cumplimiento de la ley, son algo ajeno y en muchos casos desconocido. Dentro de las llamadas prácticas disciplinantes de Foucault, y de conformidad con el derecho consuetudinario, esto implica una "ilegitimidad de lo legal", cuestión gravísima que afecta tanto el contenido axiológico predominante en la sociedad⁴, como la normalización de estos antivalores, porque dichas prácticas han permeado a la sociedad, a tal punto que han llegado a ser masivas.

Esta incongruencia en la implementación de la participación ciudadana en Colombia se refuerza debido al alto grado de desigualdad económica y social, que obliga a los ciudadanos a concentrar sus esfuerzos en la sobrevivencia, sin importar si estos medios son legales o ilegales. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de la Misión registraron que para 2008 la pobreza en Colombia alcanzó el 46% y la indigencia el 17,5%, así respecto a índices de años anteriores la pobreza disminuyó 4 puntos, mientras que la indigencia aumentó 3 puntos porcentuales, manteniendo a Colombia como el país más desigual del área andina.

Esta cadena perversa de relaciones sociales y productivas ha formado ciudadanos ausentes de voluntad respecto a sus decisiones políticas; el ciudadano común se preocupa por asegurar a cualquier precio su sobrevivencia y la de su familia. En este marco se hace comprensible que, en el nivel político, los votantes sean presas fáciles de la maquinaria electoral y de la persuasión de los caciques politiqueros, por motivos económicos o de seguridad⁷.

En contraposición a este complejo balance sobre algunas problemáticas estructurales de Colombia, existen en varios lugares del país iniciativas ciudadanas de tipo nacional, regional y local. Es por eso que luego de este panorama sobre los condicionantes que han socavado la construcción de paz y la materialización de la democracia participativa en Colombia, este artículo enfatiza en una perspectiva más proactiva: el contexto de iniciativas de paz desarrolladas en todo el territorio nacional, las cuales han fomentado directa o indirectamente el desarrollo de nuestra participación ciudadana.

En la nación colombiana durante las últimas tres décadas ha tenido lugar un florecimiento de iniciativas de tipo nacional, regional y local en pro de la construcción de paz, democracia, movilización y participación ciudadana, e igualmente, para contrarrestar los múltiples efectos del conflicto, las violaciones a los derechos fundamentales y a los derechos económicos, sociales y culturales. Estas tendencias reflejan que, de manera concomitante al escalamiento del conflicto, existen grandes esfuerzos sociales por transformar la realidad de nuestro país. Por ello, paralelamente a esta tendencia social, varios académicos se han interesado en profundizar mucho más sobre estas temáticas (Cinep, 2007: 25-43; García-Durán, 2006: 18-70, 2004; Hernández E., 2005; Hernández J., 2002, 2003; González, 2008;Indepaz, 2000, 2002, Rettberg, 2006).

Estudios de la Base de Datos para la Paz (Datapaz)⁸ muestran cómo entre 1994 y 1998 hubo un aumento progresivo de acciones colectivas en pro de la paz, incluso mayores y más significativas a las que históricamente se han dado en Colombia. (Figura No. 1).

Entre los estudios que se han realizado acerca de las iniciativas de paz se establecen distintas tipologías, unas más "extensivas" valoran todo tipo de acciones colectivas, desde las temporales hasta las que presentan una trayectoria consolidada; otras se dedican más a diferenciar ciertos niveles de cobertura de estas organizaciones sociales. El libro Movimiento por la paz en Colombia, 1978 - 2003, de Mauricio García-Durán, representa uno de los más significativos estudios de esta primera tendencia. Este trabajo doctoral define movimiento por la paz como una masiva movilización social integrada por un rechazo a la guerra y por una demanda de soluciones pacíficas. Las manifestaciones de esta movilización van desde las acciones colectivas singulares hasta diferentes tipos de organizaciones y redes⁹ (García-Durán, 2006: 33-90). Así lo define García-Durán en sus propias palabras:

En un contexto de conflicto armado, un movimiento por la paz es una masiva movilización social, arraigada en organizaciones y redes con un variado repertorio de acciones colectivas y que articula un consenso que favorece la movilización al integrar tanto el rechazo a la guerra como la demanda de soluciones pacíficas, en una forma que reta a las partes enfrentadas, tanto al gobierno como a los grupos armados ilegales. El surgimiento, la evolución y los resultados de dicha movilización dependen de cómo el movimiento asume las oportunidades y amenazas en el contexto político, construye alianzas y promueve sus objetivos específicos (Ibíd., 90).

Este estudio identifica un repertorio variado de acciones y estrategias específicas por la paz¹⁰, con impacto en todo el territorio colombiano, especialmente en las regiones más golpeadas por el conflicto armado (Magdalena Medio, Urabá, Antioquia y Valle del Cauca); así también en Bogotá, como núcleo político del país (Ibíd.:125). Desde esta perspectiva, este riguroso estudio asegura que Colombia ha tenido una de las más grandes y masivas movilizaciones por la paz en el mundo, la mayor en países con un conflicto armado vigente. A través del seguimiento de la información recopilada por Datapaz, este autor demuestra que la movilización aumenta con el recrudecimiento del conflicto y disminuye con los diálogos bilaterales (García, 2006, 51, 117, 167, 175). Así también este análisis amplio y sistemático de la movilización por la paz en Colombia define las siguientes tensiones en la estructura de organización del movimiento (Ibíd.; 33-90, 163-245):

• Tensión 1: Entre articulación y coordinación, y organización del movimiento (cuando la estructura crece significativamente).

• Tensión 2: Desarrollo de diferencias entre ideologías, principios axiológicos, tácticas y estrategias entre los líderes.

• Tensión 3: Burocratización y desrradicalización frente al manejo de recursos.

• ]]> Tensión 4: Entre la efectividad local, los personalismos y el reconocimiento regional, nacional e internacional.

• Tensión 5: Alternancia entre una paz minimalista (acción militar) y una paz maximalista (aspiraciones altruistas).

• Tensión 6: Entre el cambio personal de conciencia y la transformación estructural.

• Tensión 7: La población se moviliza pero sigue pensando que la responsabilidad es de los dirigentes estatales y de los actores armados.

• Tensión 8: La paz se desarrolla en medio de la impunidad, los medios y los despliegues organizativos gubernamentales.

A pesar de la riqueza de los hallazgos de esta investigación doctoral, este análisis no enfatiza en el impacto social de estas acciones en cuanto a la solución de las problemáticas que afectan a las comunidades, más bien hace un amplío despliegue y seguimiento histórico de la dinámica de estas iniciativas, estableciendo incluso comparaciones entre el recrudecimiento de la violencia, la represión de la movilización y los índices de agitación social en el país.

En otra investigación, Esperanza Hernández propone una sistematización de estas iniciativas estratificándolas de acuerdo con su ámbito de acción en: Iniciativas de base, Iniciativas regionales e Iniciativas nacionales. Esta autora se concentra en la caracterización de las iniciativas de base entre las que distingue tres clases: las primeras son las iniciativas democráticas¹¹, que como su nombre lo indica están dedicadas a fortalecer la democracia en los espacios locales; las segundas, las iniciativas de resistencia, que hacen contraposición a las agresiones de los actores del conflicto armado y social; y las últimas, que son las iniciativas de resistencia y autonomía¹², que además de resistir el conflicto, muestran su oposición política contra la violencia estructural y el modelo económico neoliberal (Hernández E: 2004, 24-29). Esta tipología, más que caracterizar las iniciativas regionales, las representa en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm); asimismo entre las iniciativas a nivel nacional destaca procesos como el Mandato por la Paz, la Asamblea por la Paz, Redepaz y Paz Colombia (Ibídem).

El aporte del presente texto consiste en complementar los estudios ya realizados analizando las iniciativas de paz a partir de las variaciones de su impacto. Precisamente en dos sentidos, uno que mide su influencia en las dinámicas y problemáticas de las comunidades afectadas por el conflicto; y el segundo, que expresa las posturas políticas y proyecciones de sus acciones respecto a la construcción de paz y democracia del país. Esta perspectiva no considera equiparable el impacto social de iniciativas como foros, seminarios, campañas, celebraciones o actos, al efecto producido por otras actividades como las protestas, marchas, huelgas, paros, concentraciones con un objetivo similar.

Estas dos estrategias de participación, si bien coinciden en el carácter breve de su temporalidad, manifiestan efectos políticos distintos frente a la manera como se construye la paz en el país. Las primeras abarcan estrategias orientadas a educar para la paz, concibiendo a la educación como una herramienta eficaz para transformar problemas de la sociedad, sin que ello signifique necesariamente asumir una postura política. Cabe aclarar que no todas las iniciativas enfocadas en la educación están desligadas de un carácter político. Las iniciativas con una fuerte influencia religiosa, como es el caso de las comunidades de los Montes de María o del Pdpmm, vinculan en sus estrategias educativas acciones con carácter político.

Las protestas, marchas, huelgas, paros, concentraciones expresan una postura política de inconformidad frente a una perspectiva de construcción de paz que no implique un aseguramiento de sus demandas, por ello recurren a vías de hecho para presionar al Estado. Estas acciones sin embargo, al sensibilizar a sectores de la opinión pública, se acercan a un ejercicio educativo. Cabe aclarar que el carácter político de estas, si bien puede verse influido significativamente por la naturaleza pedagógica o reaccionaria de las mismas, también se afecta de manera considerable según el contexto político en que se desarrollen, por ejemplo en algunos casos la presencia de actores armados hegemónicos y la tensión por la autonomía hace que las acciones de resistencia adquieran su efecto político a partir acciones o acciones simbólicas.

Asimismo las iniciativas que corresponden a acciones más temporales se diferencian de aquellas adscritas a organizaciones con más trayectoria histórica. Las acciones más temporales responden frecuentemente a detonantes generados por medidas y decisiones del sistema político, o de actores del conflicto armado, como por ejemplo la militarización de determinadas zonas, o las confrontaciones bélicas de los actores armados. La reflexión política de las iniciativas de mayor experiencia les permite ajustar sus objetivos organizativos a debates más estructurales alrededor de las implicaciones, formas y perspectivas de la construcción de paz y la materialización de la democracia en Colombia.

Con base en estos puntos de partida a continuación se diferencian dos niveles, uno abarca las iniciativas de la trayectoria o impacto nacional, y el otro, las iniciativas comunitarias enfocadas en los procesos locales o regionales de comunidades de base. Este artículo presenta el siguiente cuadro como síntesis de la tipología que desea aportar:

A nivel nacional encontramos cuatro tipos destacados de iniciativas: las iniciativas de educación para la paz y resolución de conflictos, las iniciativas estatales de diálogo y negociación, las iniciativas recientes de movilización masiva por la paz y las iniciativas de coordinación regional y nacional.

Las iniciativas de educación para la paz y resolución de conflictos representan todas estas metodologías y/o organizaciones dedicadas a transformar los distintos tipos de conflicto emergentes en nuestra sociedad a partir de procesos de tipo formativo, pedagógico, simbólico, etc. Un ejemplo representativo de la labor de estas organizaciones es la del Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz (Indepaz). Esta mirada de construcción de la paz sostiene que la educación e investigación transformadora, fundada en la no-violencia, el respeto a los derechos humanos y una cultura de paz, son una herramienta que empodera la sociedad para equilibrar los distintos niveles de desigualdad.

Las iniciativas estatales de diálogo y negociación refieren a todas las políticas gubernamentales encaminadas al logro de acuerdos con los grupos armados ilegales.

Durante el gobierno de Belisario Betancur se realizó el Acuerdo de Cese al Fuego de la Uribe con las FARC en marzo de 1984, este tipo de acuerdo se firmó en agosto del mismo año con el M-19 y el EPL; mientras que con el ELN se hicieron solo en algunos sectores en diciembre de 1985 y durante abril y julio de 1986. Con el gobierno de Virgilio Barco aunque hubo acuerdos preliminares el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, solo se firmó un Acuerdo Final con el M-19 en marzo de 1990. Bajo el mandato de César Gaviria, gracias al contexto de la Asamblea constituyente y con la gestada Constitución de 1991, se obtuvo acuerdos finales con el PRT (enero 1991), EPL (febrero 1991), Quintín Lame (mayo 1991), Comandos Ernesto Rojas (marzo de 1992), CRS (abril de 1994) y Frente Garnica (junio de 1994) (Ibíd.: 40-73).

Durante el cuestionado gobierno de Ernesto Samper (a raíz del proceso 8000) se distinguen el Acuerdo Humanitario de Remolinos del Caguán con las Farc (junio de 1997) y el Acuerdo final MIR-Coar (julio de 1998). A lo largo del gobierno de Andrés Pastrana, a pesar de que se promovió la Diplomacia para la Paz, no se dio ningún acuerdo final, solamente acuerdos premilinares y múltiples diálogos con las Farc y el ELN, asimismo la soberanía y seguridad nacional se cuestionó por la concesión de la zona de distención¹³ a las Farc y por el aumento progresivo de secuestrados políticos en esta época¹⁴. Toda la ineficacia política de la tendencia "blanda" del gobierno Pastrana facilitó el ascenso de poder a Álvaro Uribe con su Política de Seguridad Democrática, la cual enfatizó en una política de abierta confrontación con las Farc y en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito con las AUC (Ibídem). La prevalencia del conflicto armado en Colombia, así como la polarización de las posiciones gobiernistas y de la insurgencia, verifican cómo estas instancias de acuerdo han producido más documentos que efectos en la dinámica armada de país, y con ello, en las consecuencias negativas del mismo en la población civil.

Las iniciativas recientes de movilización masiva por la paz abarcan las movilizaciones nacionales de los últimos años¹⁵, que expresan un descontento de la población colombiana frente a las acciones del conflicto. No obstante, esta movilización masiva se ha visto influida fuertemente por sectores gobiernistas o de la oposición, que con ayuda de los medios masivos de comunicación han coadyuvado a la polarización de la sociedad en general. Esta polarización oscila entre quienes están a favor de una mirada del conflicto en pro del establecimiento y quienes están en su contra. Estas iniciativas, si bien reflejan la inconformidad de los ciudadanos frente al desarrollo del conflicto y sus consecuencias, no surgen como un proceso de reflexión ciudadana individual y colectiva acerca de los problemas estructurales del país, más bien evidencian la disputa entre ciertos discursos, poderes y maneras de construir la paz en Colombia.

Por último, en este nivel nacional, también se encuentran las iniciativas de coordinación regional y nacional, las cuales representan el trabajo de varias ONG que coordinan nacional y regionalmente ciertas agendas orientadas a consolidar procesos de construcción de paz y han incidido de distintas maneras en las políticas nacionales de este tipo. Una de las más representativas es la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz).

Asimismo, si bien han logrado ser mediadores formales de los esfuerzos regionales y locales, no se hacen evidentes ni efectivas sus articulaciones con las iniciativas. La mayoría de las organizaciones nacionales no han logrado mostrarle a las microcolectividades sus potenciales, para que dejen de sentirse al margen o utilizadas por las lógicas de las macrorredes. Dentro de algunas encuestas de percepción ciudadana, estas han sido duramente criticadas, por percibirse como instancias más burocráticas que participativas (Velásquez y González: 2003, Anexo 2). En ese sentido, se reconoce como más eficaz la labor de las organizaciones comunitarias y de algunas facciones de la Iglesia en pro de la construcción de tejido social y del empoderamiento social. Es por ello que teniendo en cuenta las contradicciones nacionales ya citadas respecto al desarrollo de la paz y la democracia en el país, este análisis ubica a estas iniciativas como pertinentes para el avance en estos temas en las agendas nacionales de paz, pero no como las más efectivas para la transformación del país en términos de solución a la problemáticas que afectan directamente a las comunidades; ya que como se ha descrito brevemente, los esfuerzos de estas iniciativas no modifican directamente las condiciones de las comunidades más afectadas por el conflicto.

En el segundo nivel de cobertura se distinguen cuatro tipos de iniciativas: las iniciativas de paz y desarrollo, las iniciativas a favor de la democracia y el desarrollo, las iniciativas de base en resistencia a la violencia y el conflicto, y las iniciativas de los movimientos sociales emancipatorios. En adelante caracterizaremos brevemente cada una de estas iniciativas.

Las iniciativas de Desarrollo y Paz promueven la construcción de paz en zonas de conflicto a través de proyectos productivos que aseguren una "Vida con dignidad" para sus habitantes. Estos aúnan sus esfuerzos comprendiendo que esta iniciativa conjunta promueve una visión de la paz como producto de dos esfuerzos interrelacionados: lograr una dinámica de desarrollo socioeconómico regional que involucre e impacte los sectores marginados, y mantener un proceso que reconstruya y recupere bienes colectivos, como educación, salud, medio ambiente y patrimonio cultural (Katz, 1999, 2004: 30-34). Entre estas iniciativas en Colombia se destaca fundamentalmente el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) (1995), como la iniciativa más representativa, hoy día cuenta con más de 250¹⁶ proyectos en 30 municipios.

En su evolución este programa se ha caracterizado por mantener interlocución con los actores regionales del conflicto, como la manera de defender la vida y la construcción ciudadana de la paz. A diferencia de las otras iniciativas comunitarias, el PDPMM ha adelantado diálogos y alianzas con los actores regionales, facilitando el fortalecimiento de la gobernabilidad estatal en procesos de cobertura nacional como los Laboratorios de Paz¹⁷. Las otras iniciativas mencionadas en adelante han presentado una posición política más radical frente a las denuncias y reivindicaciones frente al Estado.

Las iniciativas de base a favor de la democracia y el desarrollo local surgen para promover la participación ciudadana en procesos democráticos relacionados con temas públicos y de interés general. Las organizaciones más representativas de estas iniciativas son las Asambleas constituyentes, creadas en un 78% por los gobiernos locales y regionales. Las asambleas tienen un amplio impacto municipal (89%) y, a diferencia de las otras iniciativas, están conformadas por pobladores urbanos, aproximadamente el 52% de estas iniciativas se realizan en las ciudades (Sarmiento et al., 2007).

Entre 1993 y el 2002 se crearon 135 Asambleas Constituyentes, sin embargo gran parte de estos procesos organizativos aún no han logrado consolidarse (solo un 19%), la mayoría asegura estar en un momento de exploración (37%) o de instalación (31%). Entre estas se distingue la Asamblea Constituyente de Mogotes, que ganó el Premio Nacional de Paz en 1999, reflejando el esfuerzo de una población mayoritariamente mestiza y urbana por encontrar caminos hacia la participación y la construcción de una cultura política (Ibídem).

Como bien expone Esperanza Hernández, las iniciativas de base en resistencia a la violencia y el conflicto suceden en zonas de alta conflictividad armada como una respuesta de la sociedad en pro de la defensa y reconocimiento público de su neutralidad política y de la protección a sus derechos fundamentales. Debido a que históricamente estas poblaciones han estado bajo la presión directa de los actores armados y violencia intensa, estas comunidades han ganado cierta experiencia para crear continuamente nuevas estrategias que respondan a las transformaciones de las dinámicas del conflicto (Hernández E: 2004, 24-29).

Las iniciativas de los movimientos sociales emancipatorios abarcan los movimientos colectivos cuya trayectoria de lucha les permite ubicarse en un lugar diferente al marginal que históricamente les han asignado las formas existentes de dominación, logrando un reconocimiento de su dignidad y su autonomía desde una perspectiva integral. Estos procesos son políticos pero tienen una amplía proyección que articula las dimensiones cultural, social y económica en diferentes temporalidades y a escala local, nacional y global (Ferro, 2007: 1-49)¹⁸. Las asociaciones sociales de esta categoría parten del reconocimiento de sus formas propias de sociabilidad comunitaria y territorial para proponer soluciones estructurales a sus problemáticas, de ahí que sus propuestas plantean reflexiones claras alrededor de lo político, una solución negociada del conflicto, el desarrollo de la soberanía alimentaria, de la autonomía como pueblos y de una vida social comunitaria, precisamente en este nivel se encuentra el proceso de movimiento indígena Nasa del norte caucano en Colombia.

Esta tipología destaca las iniciativas comunitarias por varias razones, la primera es que estas constituyen procesos enfocados en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, ya surgen o se articulan a sus experiencias comunitarias. En esta medida estos procesos representan una alternativa para las comunidades, pues se desarrollan como parte de sus planes de vida o proyectos de desarrollo de las mismas. En tal sentido estos procesos comunitarios superan las acciones colectivas temporales sucedidas como respuesta a detonantes puntuales, que tienen un carácter más reivindicativo que estructural. Casi la mayoría de estos procesos han consolidado una trayectoria en el tiempo, pues los objetivos que las orientan a resolver problemáticas estructurales tienden a ser más estables.

Las iniciativas comunitarias tienen en su mayoría una cobertura municipal o regional, constituyéndose así en las más numerosas dentro del panorama nacional de construcción de paz. Durante el gobierno de Ernesto Samper se realizaron alrededor de unas 380, a lo largo del gobierno de Andrés Pastrana se redujeron a un poco menos de 250 y con el primer gobierno de Álvaro Uribe se realizaron unas 351 acciones municipales (Sarmiento et al., 2007). A pesar de que estas iniciativas son en su mayoría de carácter local, en los últimos años estas acciones han impactado de manera importante las oportunidades políticas de actores, instituciones y políticas de carácter nacional e internacional, cuestión que coincide con un aumento progresivo de financiación a sus proyectos por parte de organizaciones de cooperación interinstitucional e internacional.

Otro aporte fundamental de estas iniciativas se relaciona con el hecho de fundar los procesos de participación social democrática, principalmente en zonas de conflicto. Sus acciones, al ser más directas y concretas al desarrollar mecanismos novedosos de tipo reactivo (para afrontar las presiones, agresiones o amenazas externas) o proactivo (por la reconfiguración de las lógicas de poder) y al basarse en la formación y capacitación política, han impuesto dinamismo al sistema político, el cual podría hacer parte de una estructura de reactivación de la población colombiana frente al letargo político que ha aquejado a la ciudadanía durante tantos años.

Las iniciativas de paz en Colombia constituyen un tejido numeroso y complejo de acciones que coadyuvan en el mejoramiento de la realidad nacional. De la misma manera estas iniciativas, sus múltiples expresiones y frecuentes manifestaciones verifican la capacidad de transformación del conflicto armado y social a partir de distintos esfuerzos ciudadanos individuales y colectivos.

La tipología aquí expuesta permite caracterizar un contexto dinámico que combina el carácter temporal y la cobertura espacial (local, regional y nacional) de las iniciativas. La categorización aquí presentada caracteriza el impacto de las mismas, desde una perspectiva que no intenta desarticular unas de otras, es decir, las iniciativas nacionales así como las comunitarias regionales o comunitarias de resistencia están interrelacionadas en distintos niveles. Sin embargo, el balance aquí presentado da mayor importancia a aquellas cuyo efecto coadyuva a mejorar las condiciones de comunidades de colombianos que han sido afectadas directamente por el conflicto. El análisis realizado en este artículo destaca las iniciativas comunitarias como las más eficaces en términos de: mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, superación de acciones temporales por propuestas que han impactado de manera importante sus oportunidades en el ámbito nacional e internacional, establecimiento de procesos en pro de la participación social democrática, la transformación de los conflictos y la consecución de la paz local y comunitaria.

¹ Estos reconocidos académicos y analistas arguyen cómo el conflicto armado y la construcción del Estado en Colombia deben estudiarse por medio de delimitaciones conceptuales como "territorialidades bélicas", "soberanías en vilo", "colapso parcial del Estado", "precariedad del Estado" (González et al.: 2004).

² "Así se denomina uno de los más grandes escándalos de corrupción de la historia colombiana, en el cual cientos de políticos de la administración estatal fueron investigados y muchos de ellos encarcelados. Su nombre hace razón al número con que este proceso fue archivado en la Fiscalía General de la Nación, 'expediente 8.000'" (Helfrich, 2002: 23).
"En 1995 Colombia se estremeció cuando se reveló que el presidente Ernesto Samper recibió seis millones de dólares en contribuciones de los narcotraficantes de Cali para su campaña política. Las acusaciones fueron dadas a conocer inicialmente por Andrés Pastrana, quien las ofreció en un casete difundido en su primera presentación televisada el 24 de julio de 1994, después de haber sido derrotado por Samper en las elecciones presidenciales. Este casete contenía grabaciones de conversaciones en las que los hermanos Rodríguez Orejuela hablaban de sus aportes monetarios a la campaña presidencial. Este fue el comienzo de todo.
Entre 1995 y 1997, el fiscal Alfonso Valdivieso puso en marcha un esfuerzo titánico -conocido como el Proceso 8000- para desenmascarar la corrupción en los círculos políticos. Decenas de políticos y empresarios acusados de recibir sobornos de los narcotraficantes fueron enjuiciados y encarcelados. El Proceso casi paraliza al gobierno, pero el Presidente recurrió a su astucia política para mantenerse en el poder, pese al profundo disgusto y repudio de la opinión pública. El Congreso colombiano lo absolvió de los cargos de conducta impropia. Muchos miembros del Congreso temieron que ellos también fueran investigados. El Proceso dividió al pueblo colombiano entre aquellos que apoyaban a Samper y su Partido Liberal, y los que exigían una responsabilidad total y su renuncia. El presidente Samper logró terminar su mandato y entregó el gobierno a su sucesor, Pastrana, en agosto de 1998" (Arana: 1999).

³ "En el informe, la OEA (Organización de Estados Americanos) dijo que 'Un número considerable de los observadores de la Misión constató personalmente cómo de manera casi pública se entregaba dinero en efectivo o bolsas con alimentos para obtener el voto favorable para uno u otro candidato'. Precisó que 'en un 8% de los puestos de votación observados -sin indicar el total- se presenció compra de votos', mientras que 'en el 4% hubo evidencia de amenazas y/o violencia dirigida a los electores'" (AFP: 2007).

⁴ En este caso legitimaría ciertos antivalores, como la 'narcobelleza', los chanchullos, la falsificación de documentos, el lavado de activos, etc.

⁵ Hoy día existen más de 30 instancias diferentes de participación (Velásquez y González, 2003: 108).

⁷ "Sin datos precisos de las zonas, el Ministro comentó que de los 1099 municipios que existen en Colombia, el 7% (77), están en alto riesgo electoral, es decir, que las elecciones pueden ser afectadas por varias situaciones, ya sea por intimidación de grupos armados ilegales contra electores y candidatos, financiación ilícita de campañas, compra y venta de votos y otros mecanismos de fraude electoral" (Molina, 2007).

⁸ Datapaz fue creada en 1994 y actualiza acciones de paz desde 1978 considerando eventos que cumplan los siguientes criterios:

]]> Evento considerado explícitamente por sus organizadores o promotores como una iniciativa orientada a la paz.
1. Evento que rechaza el uso de la violencia y favorece la toma de conciencia, visualización, demanda, discusión, presión y construcción de una alternativa de paz.
2. Evento como acción colectiva de un agrupación organizada o solamente un grupo adhoc-temporal.
3. Cualquiera de esta clase de eventos debe estar registrado en uno de los diez periódicos colombianos seleccionados en el Archivo de prensa Cinep.

9 En las últimas décadas se han gestado cientos de iniciativas y grupos a nivel local: más de 1500 experiencias se han postulado al Premio Nacional de Paz, se han realizado más de 50 'Mesas de trabajo por la paz', y más de 70 constituyentes municipales y departamentales. Así mismo se han establecido diferentes tipos de redes y alianzas, por ejemplo la Red de Universidades por la Paz (46 universidades), la red Programas de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Confluencia para la Democracia y contra la Guerra, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines para una Cooperación para la Paz y la Democracia (Londres - Cartagena - Bogotá), entre otras (García-Durán, 2007).

¹⁰ "Estrategia 1 - Educar: encuentros, foros y seminarios, campañas y acciones educativas, actos culturales y deportivos, celebraciones y actos religiosos, y los premios y homenajes -»51%.
Estrategia 2 - Organizarse: creación de organizaciones y redes ->3,5%
Estrategia 3 - Actuar políticamente: participación electoral (consultas populares), procesos de concertación ciudadana y diálogos y negociaciones 10,1%
Estrategia 4 - Protestar: marchas y concentraciones, paros y huelgas, y tomas y bloqueos 30,5%" (Ibídem, diapositiva 13).

¹² Las últimas iniciativas de base, además de resistir al conflicto, enfocan sus recursos humanos y materiales para hacer contraposición a la imposición de la violencia estructural y del modelo neoliberal, con el fin de erradicar las causas estructurales de sus problemáticas. Las organizaciones pertenecientes a esta categoría incentivan el desarrollo local en medio de su propia autonomía y tienen un cierto poder o reconocimiento, que les permite ser reconocidos interlocutores frente al Estado y a los actores armados (Hernández E: 2004).

¹³ La zona de distensión era del tamaño territorial de Suiza y dio autonomía a la guerrilla de las Farc en dicho territorio.

¹⁴ Durante esta época fueron secuestrados por la insurgencia miembros de la clase política del país como Íngrid Betancourt, su asistente Clara Rojas y los 12 diputados del Valle del Cauca, entre otros.

¹⁵ Entre estas movilizaciones se destacan la marcha del 4 de febrero de 2008 "contra las Farc y los secuestros" y la marcha del 6 de marzo del mismo año "en homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado". Esta primera marcha fue promovida por sectores gobiernistas, quienes responsabilizaban la realidad del conflicto armado alrededor de la problemática de las acciones de secuestro de las Farc. Esta movilización fue sin duda masiva y tuvo total cubrimiento de los medios de comunicación. Los organizadores de la marcha afirmaron haber convocado más de 14 millones de personas en todo el mundo, los críticos de la misma hablaron de unos 4,5 millones de personas en el país (Gutiérrez, 2008). La marcha del 6 de marzo se realizó de manera contestataria a la del 4 de febrero, con una participación entre un millón y ocho millones de personas en las principales ciudades del país y del extranjero para mostrar a la opinión pública otras causas fundamentales de esta confrontación directa. Las movilizaciones masivas suman en la historia reciente de Colombia más de 65 millones de participantes, como un porcentaje acumulado suma de acciones como los "mandatos por la paz" (12,7 millones de personas), la campaña del 'No Más' (14 millones) y las dos ya mencionadas.

¹⁶ Estos proyectos promueven la garantía y el desarrollo integral de los Derechos Humanos y de la construcción de Paz, la construcción de redes, el fortalecimiento de instituciones, la educación pertinente y la Cultura, apuestas en finca campesina y economía popular (Pdpmm, 2009).

¹⁷ Dichos Laboratorios han sido criticados por sectores radicales de las ONG y la izquierda, ya que hacen parte del dinero recibido desde el Plan Colombia, como el aporte social de este plan, que fundamentalmente se concreta en la modernización y robustecimiento al aparato gubernamental de Colombia, en particular sus fuerzas armadas (Castañeda, 2009).

¹⁸ "En suma, el concepto de movimientos sociales emancipatorios nos sirve para distinguirlos del concepto de movimientos identitarios, movimientos de clase, movimientos comunitarios, movimientos de resistencia civil, movimientos anticapitalistas, movimientos altermundistas, entre otros. Precisamente porque los movimientos emancipatorios son todo eso: identitarios, feministas, clasistas, comunitarios, de resistencia civil, anticapitalistas y altermundistas. Lo son en la medida en que construyen y proponen un proyecto político-y-cultural integral y antihegémonico, porque representan y desarrollan una cosmovisión, una sociabilidad o un proyecto de vida profundamente diferente al modelo liberal-capitalista hoy en día dominante. Porque luchan contra el poder patriarcal, el poder étnico (o basado en cualquier diferencia cultural), el poder de clase, el poder estatal, el poder militar, el poder del capital y el poder hegemónico mundial. Son emancipatorios por estar en contra de cualquier forma de poder, definido como cualquier relación social regulada por un intercambio desigual, y vendrían a ser los movimientos revolucionarios del siglo XXI, si consideramos que el siglo XX acabó con la caída del muro de Berlín. Sin embargo, preferimos el término de emancipatorios al de revolucionarios por la carga semántica que hace que aun hoy en día se entienda lo revolucionario como la lucha anticapitalista a través de la toma del Estado, sesgo que la historia política del siglo XX le legó a esta categoría" (Ferro, 2007: 49).

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