Ignacio Restrepo Abondano

No hemos conocido hasta ahora la contrapropuesta sistemática de los rectores universitarios al proyecto de reforma educativa del gobierno nacional. Será un elemento básico, no solo para una posible modificación de la propuesta oficial, sino para los necesarios debates que se han de presentar en el Congreso, cuando se trate de reformar la Ley 30 de 1992.

Lo que sí conocemos son los puntos fundamentales de la oposición al proyecto, por parte, al menos, de los rectores de las universidades públicas, que como en todos estos casos se convierten en voceros independientes, así sea ASCUN el órgano natural que debiera presentar criterios unificados de todo el estamento universitario colombiano.

El punto álgido de discusión se encuentra en el ingreso de capitales privados a las universidades, no solo para adelantar algún proyecto particular, como ya se hace, sino para pactar una alianza que signifique una inversión rentable para la universidad y para el capitalista. Como plásticamente lo afirma la ministra de Educación, que en el sector privado "se metan la mano al bolsillo, que pongan plata, que desarrollen conocimiento, vendan servicios y ganen plata".

Para los rectores el sistema no es aceptable: porque posiblemente choca con la misión y con "la verdadera función de la universidad", por una parte, y, por otra, probablemente el ánimo de lucro irá en desmedro de la calidad de la educación. Y para corroborar su juicio, ante el ejemplo de Brasil, donde mediante este sistema se ha aumentado de forma increíble la cobertura, afirman que tal experimento muestra muy poca calidad en la educación.

Y para abundar en argumentos, dado que este sistema exigiría una mayor vigilancia del Estado, afirman que entonces se pondría en peligro "la autonomía universitaria". Y entendamos aquí la autonomía de la universidad pública, porque la de la privada (al menos académica) ya prácticamente no existe, a pesar de estar con sagrada en la famosa Constitución Política de 1991.

El argumento fundamental de la ministra de Educación es muy sencillo: el Estado no dispone del dinero suficiente para colmar las aspiraciones y peticiones de las universidades públicas, a pesar de los aumentos anuales que continuarán, por lo menos, hasta el año 2019. Simplemente esa plata no existe. Y, por lo tanto, se hace necesario que las universidades encuentren fuentes alternas de ingresos, entre las cuales la inversión del capital privado constituye una buena solución.

¿La empresa privada en Colombia estará dispuesta a arriesgar capitales importantes en una empresa pública, como son estas universidades, conociendo la historia de repudio y, por consiguiente, de desorden público que se presenta entre estudiantes y profesores ante la sola idea de la inversión privada?

¿La posible contradicción entre la solución ofrecida y "a misión y la verdadera función" de la universidad constituye una contradicción manifiesta, o se trata simplemente de encontrar subterfugios para no encarar la realidad de la situación?

¿Será verdad que el lucro y la calidad son conceptos incompatibles? ¿Y será cierto que el nivel universitario brasileño, luego de la inversión privada, se encuentra profundamente desmejorado?

Y por último llegamos al caballito de pelea de la "autonomía" universitaria en la universidad pública. Tenemos duras y frecuentes experiencias de lo que significa la autonomía para los estudiantes universitarios: terreno vedado para las fuerzas legítimas del Estado ante las pedreas, la destrucción de bienes públicos, las papas explosivas y las bombas molotov.

Incluso, sin llegar a estos extremos, la reticencia ante situaciones como la de la acreditación. ¿Se plantea aquí un asunto de principios inconmovibles entre el Estado y las universidades públicas como un todo, en donde estudiantes, profesores y directivos se encuentran en pleno acuerdo?

Las respuestas van a estar en el campo del Legislativo, que deberá zanjar discusiones y entregar una solución que consulte el trascendental futuro de la educación superior en Colombia. De cualquier manera debemos esperar el proyecto de las universidades y los posibles acuerdos a que se llegue con el Ministerio de Educación Nacional.