Abstract (analytical):

This study aims to analyze factors associated with family structure and functionality, as well as socio-demographic characteristics, related to criminal behavior in adolescents. The authors selected a random sample of students (n=118) from the Principality of Asturias (Spain) that were divided into two groups: civic-minded (n=87) and criminal behavior (n= 31) and a group of adolescents that are currently the subject of court ordered sanctions (n=22). Significant differences were found in terms of individual characteristics such as age, gender and educational level, with older male adolescents presenting the highest levels of criminal behavior. The educational level of mothers, whether parents have separated and absent fathers are influential in the development of criminal behavior that could result in court-ordered punishments. The implications of these results for the prevention of juvenile criminal behavior are discussed.

Key words: Antisocial behavior, criminal behavior, youth, gender, education level, family structure, family socialization (Tesauro Isoc Psychology, Superior Council for Scientific Research, SCSR).

Resumo (Analítico):

O objetivo deste estudo é analisar os fatores associados à estrutura e à funcionalidade familiar, bem como a natureza sociodemográfica, relacionados ao comportamento criminal em adolescentes. Para isso, foi selecionada uma amostra aleatória de estudantes (n=118) do Principado de Asturias (Espanha), divididos em dois grupos: cívico (n= 87) e comportamento criminoso (n=31), assim como um grupo de adolescentes que cumprem Medida Judicial em regime semiaberto (n=22). Foram encontradas diferenças significativas em termos de características individuais, tais como idade, sexo e nível de escolaridade, sendo os homens mais velhos os que apresentam maior comportamento criminal. A formação acadêmica da mãe, a separação dos pais e a ausência do pai são fatores que influenciam no desenvolvimento de comportamento criminoso que poderia resultar em sanção penal. São discutidas as implicações dos resultados para a prevenção de comportamento criminoso juvenil.

Palavras-chave: Comportamento antissocial; comportamento criminoso; juventude; sexo; nível de educação; estrutura familiar; socialização familiar (Thesaurus ISOC de Psicologia, Conselho Superior de Investigações Científicas, CSIC)

1. Introducción

Desde una perspectiva integradora se reconoce la multicausalidad del comportamiento antisocial, dada la implicación de características psicológicas, psicosociales y evolutivas, así como de factores sociodemográficos y contextuales (Marshall & Marshall, 2011, Salazar, Margarita, Reynaldos, Figueroa & Valencia, 2009, Wardle, Hunter & Warden, 2011). La multicausalidad del comportamiento antisocial durante la adolescencia ha de ser analizada de un modo comprehensivo e integral atendiendo la implicación, de factores intraindividuales, y también de procesos históricos, sociales y culturales (Moral & Ovejero, 2011, 2013, Morales, 2008). De este modo, la conducta antisocial se define como un comportamiento adquirido por la relación de la persona con su medio (Arce, Seijo, Fariña & Mohamed-Mohand, 2010), caracterizado por un incumplimiento de las normas establecidas por la sociedad que reportan un perjuicio sobre su entorno (Bringas, Herrero, Cuesta & Rodríguez, 2006). En sentido laxo, se corresponde con la falta de respeto hacia el conjunto de la organización social (Martínez & Gras, 2007). A su vez, las conductas delictivas se resumen, según Antolín (2010), en el criterio de poder ser penadas por la ley, de ahí que vengan delimitadas por la legislación penal del país, por su gravedad y por las medidas punitivas que serán impuestas.

En el aspecto jurídico social, atendiendo la situación actual de la regulación del Servicio de Reforma del Menor en España, conviene concretar que el marco legal que regula la responsabilidad penal de los menores es la Ley Orgánica 5 (Gobierno de España, 2000), de 12 de enero. Dicha ley se rige por una serie de principios que pueden ser resumidos en tres: interés del sujeto menor, carácter primordial de intervención educativa frente a la sancionadora, y flexibilidad y adecuación al caso concreto. La ejecución de las medidas impuestas por el Juez de Menores debe ser de carácter educativo, con el objetivo de asegurar la reinserción social y el respeto de los derechos del sujeto menor (Gobierno de España, 2000). Entre las posibles medidas judiciales a imponer se distinguen aquellas ejecutadas en Régimen de Internamiento y las que pertenecen a la actuación en Régimen Abierto y Medio Abierto, si bien el Real Decreto-ley 1774 (Gobierno de España, 2004) señala la posibilidad de la ejecución simultánea de varias medidas: aquellas que no sean privativas de libertad, una medida de permanencia de fin de semana con otra no privativa de libertad, o la retirada de permisos o licencias y la amonestación con cualquier otra medida diferente (véase Becerra, 2008, Sancha, 1998, Rodríguez, 2009, Urraca, 2005).

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de España (2015), en España el número de personas menores condenadas por sentencia en firme fue de 15.048, un 2,1% más que el año anterior. La tasa de individuos menores de 14 a 17 años condenados por cada 1.000 habitantes de ese mismo rango de edad, fue de 8,7. El 80,7% de los sujetos menores condenados fueron varones y el 19,3% mujeres. Por edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso (32,2% del total), seguido del grupo de 16 años (28,1%). Analizando el número de infracciones cometidas, dos de cada tres personas menores condenadas cometieron una única infracción penal, y una de cada tres realizó más de una. Así, en 2014 se inscribieron 25.717 infracciones penales cometidas por menores, un 0,4% menos que en el año anterior, de modo que de este total, el 62,3% fueron delitos y el 37,7% faltas. A nivel retrospectivo, desde la puesta en vigor de la Ley 5/2000, nos encontramos con casos de delitos graves cometidos por menores de edad que han abierto el debate social sobre la revisión y endurecimiento de las medidas sancionadoras. Sin embargo, un delito grave como el homicidio representa el 0,16% de las infracciones cometidas y un 0,24% sobre el total de delitos (Instituto Nacional de Estadística de España, 2013).

En el análisis de las conductas antisociales y delictivas en menores, se tiende a adoptar un modelo explicativo con base en factores de riesgo y protección, desde el cual se postula la existencia de múltiples factores cuya presencia aumenta la probabilidad de aparición de problemas comportamentales (Antolín, 2011, Arce et al., 2010). Así, se ofrece una base teórica para el desarrollo de programas e intervenciones, y se actúa para reducir los factores de riesgo, al mismo tiempo que se potencian los factores de protección (Aguilar- Cárceles, 2012, Farrington, 2005, Koegl, Farrington & Augimeri, 2009). Dada nuestra orientación psicosocial, coincidimos con la propuesta del Modelo de Desarrollo Social sobre el que se fundamenta que los ámbitos en los que se desarrollan estos factores son el comunitario, la familia, la escuela, el individuo y el grupo de iguales (López & Rodríguez-Arias, 2012). Se sostiene que la tentativa explicación de problemáticas como esta se halla en la interrelación de la influencia de agentes de socialización en el menor o la menor, y de diversos factores asociados al clima familiar y a la adaptación escolar y grupal, así como en variables individuales y sociocomunitarias (Bringas, Ovejero, Herrero & Rodríguez, 2008, Chan, Estrada, Bringas & Rodríguez, 2009, Chan, Rodríguez & Moral-Jiménez, 2007, Gómez, Arango, Molina & Barceló, 2010, Luzón & Domínguez, 2014).

Al revisar la literatura especializada sobre el tema convenimos en que la adolescencia es el periodo crítico en el que se da un mayor número de conductas antisociales (Antolín, 2011, Arce et al., 2010, López & Rodríguez-Arias, 2012, Martínez & Gras, 2007, Montañés & Bartolomé, 2007, Sanabria & Uribe, 2009). Por tanto, esta etapa evolutiva se puede considerar como un factor de vulnerabilidad (Moral & Ovejero, 2004, Moral & Sirvent, 2011). De este modo, las variables psicosociales y biológicas actúan en la adolescencia como factores de riesgo o de protección ante el comportamiento antisocial y delictivo (Andrews & Bonta, 2010, Fariña, García & Vilariño, 2010, Vilariño, Amado & Alves, 2014). Se considera un factor de riesgo la aparición de conductas antisociales y delictivas a edades tempranas que se mantienen durante su desarrollo, debido a que aumentará la probabilidad de continuar presentando estas conductas, pero con agravamiento (Koegl et al., 2009, Sanabria & Uribe, 2009, Sánchez, Hernández, Castro & Quintero, 2012).

En otro orden de factores, no se puede obviar que también han sido objeto de estudio variables individuales de muy diverso cariz, tales como la relación entre inteligencia y conductas delictuales en adolescentes (Cova, Pérez-Salas, Vicente, Saldivia, Rioseco & Almendra, 2012), la caracterización de patrones de conducta (Álcazar, Bouso & Gómez-Jarabo, 2006), o las competencias cognitivo-comportamentales asociadas a la medición de la gravedad y cronicidad delictiva (Fariña, Vázquez & Arce, 2014), entre otras relaciones establecidas en la literatura.

En relación con las diferencias intergénero, Sanabria y Uribe (2007) encontraron diferencias en función del género, hallándose mayor frecuencia en este tipo de conductas en varones adolescentes. También conviene incidir en el análisis de los factores de riesgo y motivación criminal femenina (véase Guirao & Bas, 2013, Norza, González, Moscoso & González, 2012), aunque, en sentido laxo, los principales factores de riesgo que inciden en la conducta delictiva en jóvenes se expresan indistintamente del género, según Reyes (2014). Como teoría explicativa de los perfiles diferenciales hallados en algunos estudios, se tiende a plantear una prevalencia de factores de protección en las mujeres, relacionados con tener objetivos de futuro y una intención de continuar sus estudios (Antolín, 2011). Se barajan tanto teorías biologicistas como las vinculadas a los mecanismos de socialización (Montañés & Bartolomé, 2007, Stenglen, 2012). También se incide en la invisibilidad del sexo/género como un factor que interviene en la conducta del menor infractor asociado a los estereotipos de género, según Núñez (2005). En cualquier caso, en la investigación de López y Rodríguez-Arias (2012), se confirmó que variables como la edad y el sexo no eran buenos predictores del desarrollo de conductas antisociales.

En lo que respecta al sistema familiar, se han investigado diversos factores relacionados con la iniciación de la conducta antisocial, tales como las características sociodemográficas -estatus socioeconómico y formación del padre y la madre-, la estructura familiar -miembros de la familia, tamaño familiar, orden de nacimiento y desestructuración familiar-, y el funcionamiento familiar -clima familiar, conflicto entre la madre y el padre, estilos educativos del padre y la madre, relación entre ascendientes y descendientes, etc.) (Farrington, 2005, Macías, Amar & Jiménez, 2005, Rodríguez & Torrente, 2003). Se ha relacionado positivamente el tamaño de la familia con la gravedad de las conductas inadaptadas: a mayor número de miembros mayor gravedad (Murray & Farrington, 2010, Torrente & Rodríguez, 2004). En lo referido a la desestructuración familiar por separación de los progenitores, esta situación podría darse en caso de divorcio o fallecimiento de uno de ellos. Si bien Torrente y Ruiz (2005) no encontraron relación entre la desestructuración familiar por separación y el comportamiento antisocial, Farrington (2005) lo considera un factor que se debe tener en cuenta. En este sentido, Sorondo y Niño (2013) confirman que las familias con sujetos jóvenes internados presentan dificultades en las relaciones entre el padre y la madre, y se observa en aquéllos un mayor porcentaje de vínculo ausente de la figura paterna.

Respecto a la implicación de ciertas características sociodemográficas de la familia, constatamos que no hay consenso en las investigaciones que miden la relación entre nivel de estudios del padre y la madre y el desarrollo de conductas antisociales y delictivas de los hijos y las hijas. Torrente y Rodríguez (2004) no encontraron que el nivel de estudios fuese un factor de riesgo en el desarrollo de conductas antisociales, pero observaron la significación que tenía para el desarrollo de conductas delictivas que ambos progenitores tuvieran estudios básicos. En cambio, en el estudio de Raya (2008), se halló una significación entre el mayor nivel de estudios de la madre y la pertenencia al grupo de riesgo. En lo referido a la profesión, hay mayor consonancia en las investigaciones, y atribuyen relación entre el desarrollo de conducta delictiva de los individuos menores, una profesión paterna poco cualificada, y la dedicación exclusiva de la madre a las tareas domésticas (Torrente & Rodríguez, 2004). Por su parte, Farrington (2005) señala la importancia del estatus socioeconómico vinculado al nivel de ingresos de padres padre y la madre como factor de riesgo, teniendo menor nivel de ingresos aquellas familias cuyos hijos o hijas han desarrollado conductas delictivas.

La familia puede actuar como un factor social de riesgo, si se presenta un alto grado de conflictividad, o como un factor de protección en el caso de una buena vinculación y una implicación positiva de sus miembros (López & Rodríguez-Arias, 2012, Torrente & Ruiz, 2005). Así, se confirma la participación en dinámicas familiares conflictuadas para el caso de familias de sujetos menores colombianos que vivencian problemas psicosociales, tales como la explotación sexual y la delincuencia (Amarís, Amar & Jiménez, 2005).

Nuestro estudio se centra en el funcionamiento familiar con base en los estilos de socialización que aplican los padres y las madres en la crianza de sus hijos y sus hijas, en dos ejes de socialización: la implicación y aceptación, en contraposición a la coerción y la imposición y a las correspondientes cuatro dimensiones o estilos de socialización parental -estilo negligente, indulgente, autoritario y autorizativo (Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991). La aplicación de los estilos parentales no es un continuo rígido sino reflexible a las condiciones que se dan en la diada de relación padre y madre con su hijo o su hija. En este sentido, en el estudio de Shek (2005), se encontró que las madres ejercían mayor influencia sobre sus hijas, mientras que los padres lo hacían sobre los niños. Sin embargo, Raya (2008) no halló un consenso entre los autores sobre qué relación había entre el sexo de los ascendientes y el estilo parental aplicado a sus hijas y sus hijos.

En la población española, los estilos relacionados con un mayor control y disciplina afectan negativamente el autoconcepto, y dificultan un desarrollo ajustado, aunque se intente compensar con un alto grado de afectividad (Musitu & García, 2004). En lo que se refiere a la conducta antisocial disruptiva y el comportamiento delincuente, los resultados obtenidos en la investigación de Martínez, Fuentes, García y Madrid (2013) con muestra española, demuestran que los sujetos adolescentes que han sido educados con estilos indulgentes y autorizativos, presentan menor propensión a desarrollar estos tipos de conducta, frente a los individuos educados con estilos autoritarios. Estas conclusiones son contrarias a los resultados obtenidos en estudios realizados en otras culturas (Fletcher, Steinberg & Williams-Wheeler, 2004, Lamborn et al., 1991, Maguire, 2013) en las que se tipificaba el estilo autoritario como un factor de protección frente al resto de estilos (Musitu & García, 2004, Martínez et al., 2013). Se constata una influencia indirecta de la comunicación familiar en el comportamiento delictivo a través de una mediación de la autoestima (Jiménez, Murgui, Estévez & Musitu, 2007). Así mismo, se han relacionado las prácticas de crianza asociadas al comportamiento negativista desafiante, con el comportamiento disocial (Morales, Félix, Rosas, López & Nieto, 2015). A su vez, se ha hallado que las madres de los sujetos adolescentes infractores expresan disfunción en su rol, así como incompetencia normativa (Valgañón, Muñoz & Briccola, 2014). Respecto a mecanismos de control parental, en estudios como el de Betancourt y Andrade (2011) con adolescentes en Colombia, se constató que el control psicológico tanto materno como paterno ejerce una mayor influencia en la presencia de problemas emocionales y de conducta, que el control conductual.

En virtud de lo expuesto con anterioridad, el objetivo del presente estudio es analizar la relación entre la conducta antisocial y delictiva de los adolescentes con variables sociodemográficas individuales -género y nivel educativo- y variables familiares -nivel educativo paterno, separación de los progenitores y estilo de socialización paterno-, con el propósito de inferir posibles factores de riesgo y protección que podrían actuar como moduladores sobre este tipo de comportamientos en población adolescente.

2. Metodología

Participantes

Grupo Escolar. Seleccionamos aleatoriamente una muestra compuesta por estudiantes de ambos sexos, pertenecientes a seis centros de Enseñanza Secundaria (n=118) del Principado de Asturias (España), en los que cursan 3º y 4º de Educación Secundaria y 1º de Bachiller. Delimitamos el nivel de estudios para controlar que la muestra de estudiantes tuviese edades comprendidas entre la edad fijada. Estos centros se encuentran en las áreas urbanas de Avilés, Gijón y Oviedo, así como en centros rurales de La Felguera, Sotrondio y Villaviciosa, con la finalidad de conseguir que la muestra fuese la más representativa posible de la población estudiantil asturiana. La franja de edad se sitúa entre los 14 y los 17 años, obteniendo una media de 15,53 (DT=0,894) y siendo el 56,8% mujeres. Específicamente, dentro del grupo de escolares diferenciamos a los estudiantes en dos grupos, según la puntuación obtenida en la dimensión de comportamiento delictivo del Cuestionario de conducta antisocial y delictiva de Seisdedos (2000).

Grupo “Comportamiento delictivo”. Conformado por aquellos individuos estudiantes que obtuvieron percentiles altos en el Cuestionario A-D (Seisdedos, 2000) mencionado con anterioridad (n=31). Los participantes varones pertenecientes a este grupo obtuvieron puntuaciones superiores al percentil 75, mientras que las chicas obtuvieron puntuaciones por encima del percentil 90. El 48,4% de los alumnos y alumnas con comportamiento delictivo eran chicos y el 51,6% chicas.

Grupo “Cívico”. En el grupo cívico (n=87) agrupamos los alumnos y alumnas que obtuvieron puntuaciones por debajo de los percentiles establecidos por el Cuestionario A-D (Seisdedos, 2000). Consideramos que estos alumnos y alumnas cumplen mayoritariamente con las normas sociales y se muestran respetuosos con las personas, animales u objetos de su entorno. El 58,6% de la muestra son chicas.

Grupo “Medida judicial”. Compuesto por menores infractores (n=22) que desde el 7 al 28 de abril de 2014 se encontraban en el Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto, desarrollado por la Asociación Centro Trama. En este programa, se encuentran diversas medidas judiciales en Régimen Medio Abierto -en las que el sujeto menor no está en internamiento de reforma-, a excepción de las medidas de tratamiento ambulatorio y convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. El grupo de medida judicial no necesariamente deberá estar cursando ningún estudio, ni aquellos que estén estudiando coincidir con los niveles de la muestra escolar. En este grupo, no consideramos la edad en el momento del estudio sino la edad que tenían cuando cometieron el hecho delictivo, resultando una franja de edad entre los 14 y los 17 años ( =15,91, DT=1,065). De estas personas menores de edad, el 86,4% eran varones.

Instrumentos y variables investigadas

Dado nuestro objetivo de investigación, empleamos los siguientes instrumentos de evaluación:

Cuestionario A-D de Conducta Antisocial y delictiva de Seisdedos (2000). Aplicamos este instrumento con el fin de delimitar los dos grupos que componen la muestra de estudiantes. Esta prueba contiene 40 ítems dicotómicos -de respuesta sí o no-, sobre una serie de afirmaciones que deberán valorar en función de si en alguna ocasión ha realizado los comportamientos antisociales y delictivos que se describen. Los primeros 20 ítems refieren haber cometido algún tipo de conducta antisocial o disruptiva, mientras que los últimos 20 ítems se centran en comportamientos calificados por los autores como delictivos

Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (Espa-29) de Musitu y García (2001). Este cuestionario contiene 29 ítems que describen una serie de situaciones que deberán ser valoradas por los propios sujetos adolescentes en función de las reacciones de cada uno de sus progenitores (padre y madre) ante ellas. El test explora dos ejes: Aceptación o Implicación y Coerción o Imposición. La aceptación e implicación está compuesta por respuestas como diálogo y afecto, y negativamente por displicencia e indiferencia. El eje contrapuesto está integrado por coerción física, coerción verbal y privación. La combinación de estos ejes nos proporciona cuatro dimensiones de socialización parental: estilo negligente -baja aceptación y baja coerción-, estilo indulgente -alta aceptación y baja coerción-, estilo autoritario -baja aceptación y alta coerción- y estilo autorizativo -alta aceptación y alta coerción.

Procedimiento y análisis de datos

Tanto en el Grupo Escolar como en el Grupo Medida Judicial solicitamos los correspondientes permisos a la dirección de los Centros de Secundaria, al coordinador de la Asociación Centro Trama, así como a los responsables del desarrollo de la Medida Judicial. Contamos con el consentimiento paterno de las personas menores, incidiéndose en el anonimato y la confidencialidad de los datos aportados para usos de investigación. La aplicación de las escalas en el Grupo Escolar la realizamos colectivamente por cada centro, en un solo momento. En el caso del Grupo de Medida Judicial, la aplicación la realizamos por profesionales especializados de manera individual en el tiempo y el espacio proporcionado por la Asociación.

Optamos por un diseño de investigación no experimental correlacional, puesto que el objetivo es observar las relaciones existentes entre el comportamiento delictivo y una serie de variables sociodemográficas y familiares, en un único momento. En aquellos casos en que lo consideramos oportuno, el análisis lo realizamos para tres condiciones muestrales, con el propósito de incidir en la discriminación intergrupo. La primera condición diferencia los niveles de la variable “grupo” entre cívico, comportamiento delictivo y medida judicial. En la segunda condición agrupamos el nivel cívico y el de comportamiento delictivo, formando un nuevo nivel “escolar”, manteniendo el grupo de medida judicial. En la tercera condición comparamos el grupo cívico con un nuevo grupo formado por los sujetos participantes que han cometido algún hecho o han tenido un comportamiento delictivo, constituyendo el grupo denominado “infractores”.

Utilizamos las pruebas no paramétricas de Mann Whitney y Kruskal-Wallis, así como la prueba estadística Chi-Cuadrado para las comparaciones entre dos variables categóricas, y la prueba de estadística Anova mixto mediante el paquete estadístico SPSS 19.0.

3. Resultados

Respecto a características personales del individuo menor -tales como la edad-, hallamos que la edad de los sujetos participantes se encuentra en un rango de 14 a 17 años -incluidos ambos-, con lo que se cumple el criterio inclusivo. Los grupos comportamiento delictivo ( X= 15,97, DT=0,836) y medida judicial ( X=15,91, DT=1,065) presentan medias más altas que el grupo cívico ( X=15,37, DT=0,864). La comparación del grupo cívico y el grupo comportamiento delictivo ha resultado significativa (p=0,001), hallándose que el grupo comportamiento delictivo (75,29) posee un rango mayor que el grupo cívico (53,87).

En relación con las diferencias intergénero, en la condición 1 comprobamos que hay relación significativa entre el grupo de pertenencia de los sujetos y su sexo (p=0,001). Los datos obtenidos por el grupo cívico y el grupo de comportamiento delictivo son similares, presentando una ligera prevalencia de mujeres. Donde se observa una clara diferencia en función del género es en el grupo de medida judicial, pues el 86,4% son varones. En la condición 2, la relación entre ambas variables también resulta significativa (p=0,00), ya que en el grupo escolar las mujeres superan a los hombres en número (56,8%), mientras que para el grupo de medida judicial es significativamente mayor el número de varones (86,4%). La condición 3 presenta una diferencia estadísticamente significativa (p=0,037), pero su asociación resulta baja (0,189). No obstante, sigue mostrándose la misma tendencia con mayor número de mujeres en el grupo cívico (58,6%), frente a los varones del grupo infractor (60,7%) (Tabla 1).

Al igual que para la variable edad, debido a los criterios de inclusión muestral, procederemos a analizar sólo si hay diferencias entre el grupo cívico y el grupo de comportamiento delictivo respecto al nivel educativo (véase Tabla 2). El estadístico (7,372) muestra una relación significativa (p=0,025), con un coeficiente de asociación bajo de 0,242. Hay mayor prevalencia de alumnos y alumnas de tercero de Educación Secundaria en el grupo de comportamiento delictivo -siendo significativa-, mientras que en el grupo cívico, aunque también hay mayor número de alumnos y alumnas de ese mismo curso, no se encuentra significación (p>0,05).

En el análisis de las características sociodemográficas de la familia, respecto al nivel educativo paterno, el grupo cívico presenta el porcentaje más alto en estudios profesionalizantes (54,5%), mientras que en el grupo de medidas judiciales es mayor el número de progenitores (padre o madre) con estudios primarios (64,4%). El grupo de comportamiento delictivo se reparte de forma similar entre estudios primarios (44,8%) y estudios profesionalizantes (41,4%). Al contrario que en el nivel educativo paterno, en esta ocasión obtuvimos resultados significativos (p<0,005) para las tres condiciones de análisis descritas en la Tabla 3. En todas las condiciones es prevalente la no escolarización de las madres en el grupo de medida judicial, mientras que en el grupo cívico existe mayor número de estudios profesionalizantes. Aunque la tercera condición sea significativa, en este caso solo se puede afirmar que el grupo cívico tiene mayor número de madres con estudios profesionalizantes.

Respecto al estilo de socialización paterno, hallamos que los porcentajes son homogéneos para todas las condiciones, si bien en el caso del materno destaca el estilo Autorizativo en grupo cívico de la primera condición (52,9%) y el grupo escolar (49,6%) de la segunda. Específicamente, a partir del análisis del eje de Estilo de Socialización Parental en las dimensiones aceptación e implicación, comprobamos que los efectos son significativos para ambos (F=19,431, p<0.001 y F=4,727, p=0,010, respectivamente). El contraste lineal resulta significativo (p=0,032), por lo que hay diferencias en las puntuaciones entre el grupo de cívico y el grupo de medidas judiciales. Se puede comprobar en la Figura 1, que el grupo de medida judicial presenta menor aceptación del padre. Además, se dan diferencias en el eje de aceptación e implicación en función del sujeto progenitor en el sentido de que las madres obtienen puntuaciones superiores en el eje de aceptación respecto a los padres.

Por otra parte, comprobamos que los efectos son significativos para coerción (p<0,001), mientras que para la interacción de coerción con grupo no lo son (p=0,344). Es decir, que sólo encontramos diferencias significativas en la coerción en función del progenitor. Se puede comprobar en la Figura 2 que las madres de todos los grupos presentan un estilo más coercitivo que los padres.

4. Discusión

En el presente trabajo partimos del presupuesto de que se presentan diferencias en muchos aspectos entre las personas adolescentes que no tienen conductas conflictivas y los que manifiestan comportamientos delictivos. En este sentido, hemos confirmado la existencia de una relación entre la conducta delictiva de los sujetos adolescentes, en función de las diferencias halladas entre los grupos de escolares, con y sin un comportamiento delictivo, y menores con Medidas Judiciales en Medio Abierto. Estas diferencias están presentes en factores sociodemográficos individuales y a nivel de estructura y funcionamiento del sistema familiar.

Centrándonos en variables sociodemográficas, en este estudio comprobamos que las conductas disruptivas son más frecuentes entre adolescentes mayores, de acuerdo con la tendencia confirmada en la literatura especializada sobre el tema (véase Antolín, 2011, Hasking, et al., 2011, Sanabria & Uribe, 2009). Aunque en los informes oficiales se muestre un aumento de la delincuencia en mujeres en España (Instituto Nacional de Estadística de España, INE, 2015, 2013), siguen siendo más frecuentes las infracciones cometidas por varones, lo que concuerda con los datos obtenidos y las investigaciones previas (Antolín, 2011, Montañés & Bartolomé, 2007, Sanabria & Uribe, 2009). Comprobamos que algunas características individuales como la edad y el sexo prevalecen en todos los estudios revisados, y se concluye que los adolescentes varones de mayor edad son los que con más frecuencia incurren en conductas delictivas (Antolín, 2011, Bringas et al., 2006, Hasking et al., 2011, Montañés & Bartolomé, 2007, Sanabria & Uribe, 2009).

Respecto a las variables sociodemográficas familiares, hallamos una relación entre la baja formación escolar de la madre y los sujetos menores que han cometido conductas delictivas sancionadas. En cambio, para el grupo de escolares que no han desarrollado conductas disruptivas, es más frecuente que sus madres tengan estudios profesionalizantes. Los resultados van en la dirección de los confirmados en el estudio de Torrente y Rodríguez (2004), en el que se obtuvo que el perfil de los chicos que se encuentran cumpliendo medida judicial tienen un padre con estudios primarios y una madre que no ha recibido una formación básica.

En lo referente a variables de estructura y funcionalidad familiar, nuestros datos concuerdan con los obtenidos por la investigación de Torrente y Rodríguez (2004), en la que encuentran una relación entre los sujetos jóvenes que tienen comportamientos delictivos y la desestructuración familiar por separación. Además de la separación, la ausencia del progenitor como figura de referencia es un factor importante dentro del grupo de medida judicial. Podemos considerar que el tamaño de la familia puede actuar como un modulador de la disfuncionalidad familiar, pues pueden contar con mayor número de figuras de apoyo. En este estudio también hallamos diferencias en el eje de socialización en función del progenitor, lo que concuerda con los datos obtenidos por Shek (2005). Sería interesante comprobar si estos resultados varían en función del sexo de los adolescentes. Se podría considerar, por tanto, que la desestructuración familiar es un factor predictor del desarrollo de comportamientos delictivos, mientras que, según Torrente y Ruiz (2005), la disfuncionalidad familiar estaría más relacionada con las conductas antisociales. Este hecho podría ser comprobado en líneas futuras de investigación en las que se comparasen jóvenes con comportamientos antisociales, con quienes han cometido conductas delictivas.

Ciertamente, la desestructuración familiar vinculada a la separación de la pareja progenitora y/o abandono del padre, parecen ser variables muy influyentes en los adolescentes con comportamientos delictivos que han sido sancionados por la Ley (Contreras, Molina & Cano, 2011). Así, una futura línea de investigación posible sería comprobar en qué medida la desestructuración familiar es para los adolescentes un factor de riesgo en la comisión de hechos delictivos. Se podría comprobar, a su vez, si está influida por otras variables del entorno como puede ser el nivel socioeconómico, tener figuras de apoyo u otras variables de funcionalidad familiar como conflictividad o coerción, entre otras.

Se debe tener en cuenta, al utilizar modelos de factores de riesgo y protección, las limitaciones que estos tienen, como la complejidad de la problemática y la multitud de factores que influyen en ella y que no hemos tenido en cuenta (Montañés & Bartolomé, 2007). Sin embargo, estos modelos no solo sirven para describir una situación real, sino que son los más adecuados al desarrollar programas eficaces de prevención (Aguilar-Cárceles, 2012, Farrington, 2005, Koegl et al., 2009). En este sentido, en opinión de Morales (2008), con intervenciones basadas en datos, se obtienen buenos resultados en las labores de prevención y rehabilitación de comportamientos antisociales en adolescentes y jóvenes, si bien advierte acerca de la necesidad de contrastar empíricamente estos resultados en contextos socioculturales como América Latina (Herrera & Morales, 2005, Morales, 2006). En conjunto, las medidas de intervención ntegral se valoran como las más adecuadas, dada la multidimensionalidad de la problemática (Bringas et al., 2008, Chan, Rodríguez & Moral-Jiménez, 2007, Chan et al., 2009, Moral & Ovejero, 2011). Experiencias de muy diversa índole han dado buenos resultados, tales como aquellas centradas en la potenciación de las emociones mediante la práctica deportiva (Carrasco, González, Gutiérrez & Jiménez, 2014), de carácter preventivo (Medan, 2012), intervenciones jurídicas (Guirao & Bas, 2013) y socioeducativas (Gámiz, Ibáñez, Rodríguez & Espigares, 2014) con menores infractores, así como tratamientos rehabilitadores de carácter extrajudicial (Álvarez de Neyra & Núñez- Cortés, 2012), máxime dada la sensibilidad ante decisiones político-criminales y sus impactos a nivel social.

Como limitaciones de este estudio aludimos a que, aunque la muestra puede parecer reducida, han participado todos los sujetos menores infractores que se encontraban en el Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto desarrollado por la Asociación Centro Trama en el periodo objeto de estudio. Así mismo, para la selección de la muestra de escolares seguimos una serie de criterios de inclusión, accesibilidad y consentimiento, siendo una muestra representativa y seleccionada de seis centros de Enseñanza Secundaria en áreas urbanas y rurales. En este sentido, coincidimos con Salazar et al. (2009) en que, si bien el tamaño muestral puede ser considerado pequeño, se ajusta al de otros estudios sobre el tema (véase Bailey, 1996, Toupin & Mercier, 1992, Zagar, Arbit, Sylvies, Busch & Hugues, 1990).

Notas

^*Presentamos este artículo investigación científica y tecnológica como resultado de la investigación realizada en la Asociación Centro Trama (enero a marzo de 2014) relacionada con el Proyecto titulado: “Análisis de los correlatos individuales, familiares y sociales de la violencia contra la mujer en la relación de pareja”, subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (Contrato Ref: FEM2012-30659) en el período comprendido entre enero de 2012 a diciembre de 2015. Gran área de conocimiento: Ciencias Sociales. Área de conocimiento: Psicología. Subárea de conocimiento: Psicología Social.

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