DOI: http://dx.doi.org/10.15665/rj.v10i2.326

Educación y cultura de la legalidad

Education and culture of legality

Eliana María Mahecha López^*

^* Politóloga, Magister en Ciencia Política Miembro del Grupo de investigación en Derecho, Ética e Historia de las Instituciones "Diego de Torres y Moyachoque, Cacique de Turmequé" de la Universidad de la Sabana, Chia, Colombia. Eliana.mahecha@unisabana.edu.co

Para citar este artículo
Mahecha, E (2014).Educación y cultura de la legalidad. Justicia Juris, 10(2), 36-43

Recibido: Febrero 27 de 2014 Aceptado: Marzo 24 de 2014

Resumen

Palabras clave: Cultura de la legalidad, corrupción, educación, prevención, ética, democracia, ciudadanía.

Abstract

Legality is a strategy against violence and corruption that aims to generate a cultural change. This change takes place in the open social rejection to this type of behavior. This means that you educate the population to opt for a correct behavior and the peaceful resolution of conflicts. The goal is to implement Legality from school level in such a way that the fight against corruption is much sharper than it has been. This article is based on a research project entitled "The culture of legality: a choice of fighting corruption" which was proposed to analyze the causes of the phenomenon, to then propose solutions to education for both teachers and schoolchildren. There was used a method of qualitative analysis, in which various expert sources were consulted on the issue and some interviews were made to people who have implemented the strategy of the culture of legality. From the information obtained, there was a reflection on what strategy should include a culture of legality to education to ensure their effectiveness.

Keywords: Culture of legality, corruption, education, prevention, ethics, democracy, citizenship.

Introducción

En Colombia, todos los días se tiene noticia de casos de corrupción en el sector público y privado. Personas procedentes de las distintas esferas de la sociedad incurren en soborno, enriquecimiento ilícito, etc., con pleno conocimiento de causa o sin él. Lo cierto es que, por culpa de la corrupción, miles de millones de pesos que podrían invertirse en mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos, van a parar en los bolsillos de unos cuantos.

En un estudio del Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán Sarmiento (2003. p. 17), se afirma que en Colombia se pierde por corrupción un 2.05% del PIB, una cifra alarmante en cualquier país del mundo. Con el agravante de que la corrupción no sólo se constituye en un obstáculo para el desarrollo económico, sino que, además, implica un deterioro en el tejido social, en la gobernabilidad y en la construcción de país, difícil de calcular.

Causas de la corrupción hay muchas. Una de las más importantes es el individualismo, en el que el interés particular prima sobre el general, y la búsqueda de bienes externos (ventajas económicas, posicionales) sobre los internos (servicio a los demás y a la actividad en sí misma). Según la autora española Adela Cortina (1994, p. 107), corrupción se puede entender de la siguiente manera:

]]> La corrupción de las distintas actividades e instituciones se produce cuando aquellos que participan en ellas dejan de buscar los bienes que les son internos y por los que cobran su sentido y las realizan exclusivamente por los bienes externos que por medio de ellas pueden conseguirse: las ventajas económicas, las ventajas sociales, el poder. Con lo cual esa actividad y quienes en ella cooperan acaban perdiendo su legitimidad social y, con ella, toda credibilidad

De la definición de Cortina se deduce que las consecuencias de la corrupción son graves para el país, desde la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales hasta la impunidad. Para combatir este flagelo se han desarrollado distintas estrategias. Leyes como el Estatuto Anticorrupción, el Código Único Disciplinario, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, campañas lideradas por organizaciones como Transparencia Internacional y la Cámara de Comercio, entre otras. Pero ante todo, es de vital importancia la generación de alternativas de carácter preventivo y performativo, que permitan evitar la corrupción en la sociedad civil, lo que redundará, necesariamente, en el aparato estatal.

Desde este punto de vista, una opción que resulta interesante y que puede ser eficaz en el largo plazo, si se implementa de manera constante, es la cultura de la legalidad, abordándola como estrategia educativa en la formación de valores ciudadanos. Por medio de esta propuesta, se busca que las costumbres, valores y expresiones de la sociedad colombiana estén ajustadas a las normas; que las personas participen en la elaboración y control de las mismas; y que se vean autónomamente motivadas por cumplirlas y hacerlas cumplir. Además, tiene la ventaja de permitir el fortalecimiento de la ética en la función pública para que el ejercicio de la cosa pública sí conduzca a la consecución del bien común. Por otro lado, es una herramienta para la conformación de una ciudadanía participativa y constructora de la democracia, en la que la ley, la moral y la cultura no se presenten como ámbitos incomunicables.

Un campo en el que se puede formar en cultura de la legalidad por excelencia es en la escuela, ya que ella influye de manera determinante en el desarrollo moral y cognitivo de la persona, lo que hace de la cultura de la legalidad una solución preventiva contra la corrupción en el largo plazo.

Metodología

Este artículo es resultado de un proyecto de investigación en el cual se realizó una amplia revisión de fuentes primarias y secundarias, entre otras: el programa para fomentar la cultura de la legalidad del Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán Sarmiento y el desarrollado por el National Strategy Information Center de los Estados Unidos. Se consultaron diversas encuestas de Transparencia Internacional, el Capítulo Colombia de la misma entidad y el Banco Mundial. Se realizò también una revisión teórica de autores expertos en corrupción como Fernando Cepeda Ulloa, Francisco Laporta y Ernesto Garzón Valdés. Por último, se complementa la información con entrevistas a una docente de educación básica primaria y secundaria que implementó el programa de Cultura de la legalidad, Clemencia Mejía, y a un exdirector del programa de Veeduría Ciudadana, Balmore Durán, entre otros.

El estudio se centra en la manera en que la cultura de la legalidad se puede implementar en la escuela, uno de los agentes socializadores primarios, el cual, irradia en la familia – el otro gran agente socializador primario- y redundará en el desempeño laboral de los futuros adultos.

La corrupción: un problema social

Para entender el fenómeno de la corrupción, vale la pena hacer algunas aclaraciones conceptuales. Cepeda Ulloa, en su libro "La Corrupción Administrativa en Colombia: Diagnóstico y Recomendaciones para combatirla" (1994, p. 3), afirma:

]]> La corrupción es un intercambio consensual que involucra al menos dos partes capaces – una de las cuales ocupa una posición de poder mediante la cual busca beneficiarse-, y son conscientes de que están violando las reglas o los valores que sostienen el interés general de un sistema o de una sociedad

Esta definición implica que la corrupción es toda conducta que vulnera las reglas o valores de una sociedad, y no solamente, un delito condenado por una ley vigente. Es decir que con un acto de corrupción hay violación de la ley y de la ética.

Otra definición interesante de corrupción, es aquella en la que se hace hincapié en la doble moral del corrupto. La persona que incurre en corrupción utiliza un discurso que le permite ganar aceptación y credibilidad, mientras que sus actos atentan contra el sistema ético y legal vigente. Como se ve en Mahecha (2004), el autor Ernesto

Garzón Valdés (1997, p.30) afirma que hay dos sistemas normativos, el "relevante" y el "justificante". El "relevante", es aquel que incluye todas las reglas que regulan la práctica social; y el "justificante", es el sistema moral ético, que está por encima del "relevante", lo justifica y le da legitimidad. Sin embargo, estos dos no siempre van en concordancia: pueden existir normas en la sociedad que no tengan legitimidad y que, por tanto, abren la brecha a fenómenos como la corrupción pública y privada. Ocurrirá entonces que existe una adhesión retórica al sistema normativo "relevante", una adhesión pública y expresa, mientras que la actuación de la persona puede ir completamente en contra de ese sistema. De todas formas, el corrupto no buscará la eliminación del sistema normativo relevante pues es de este del que se alimenta.

Una visión muy similar es la que expone el ex – alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Para este académico, en Colombia se presenta un divorcio entre la ley, la moral y la cultura, lo que beneficia enormemente las prácticas corruptas. En principio, en un Estado de Derecho – Colombia es un Estado Social de Derecho-, lo legalmente permitido está consignado en leyes conocidas por todos y que contemplan los castigos correspondientes a quienes las infringen. Lo culturalmente válido es lo socialmente aceptado y construido, que no siempre coincide con lo jurídicamente aceptado. "Lo moralmente válido, se delimita mediante juicios y argumentos que la persona formula ante sí o ante los otros en uso de su autonomía moral (ante su conciencia)" (Mockus, 1994, p. 37 – 48). En un estudio el mismo autor muestra que el 35% de los jóvenes son flexibles ante el incumplimiento de la ley y el 36% siempre justifica desobedecer las leyes (Mockus, 2003).

Si se tienen en cuenta estas cifras, no sería osado decir que es muy difícil tener funcionarios públicos libres de corrupción, cuando un porcentaje alto de colombianos no vive lo que Mockus denomina "amor a la ley" en la vida cotidiana. Lo que confirma su hipótesis de que lo legal no coincide con lo culturalmente aprobado ni con los códigos morales de una sociedad.

Entre las causas de la corrupción se pueden destacar:

1. El individualismo: Es la base principal de toda acción corrupta.

El predominio de los intereses privados por encima de los generales o colectivos cierra canales de participación, elimina la libre competencia basada en procesos transparentes y equitativos, resquebraja la confianza en las instituciones y en los ciudadanos, fortalece la idea de que lo público es de unos y, por lo tanto, mina la construcción concertada, colectiva y participativa del sentido de lo público como construcción social ( Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán Sarmiento.2003. p. 45)

2. Ausencia de opinión pública consistente frente al tema: aunque el rechazo y condena a las prácticas corruptas ha aumentado, en diferentes círculos sociales las prácticas corruptas son bien aceptadas. Según relata Bushnell (1994, p. 5), en Colombia el trasteo de votos, el inducir a la población a votar a cambio de mercados o almuerzos, las peleas de gallos, los asados, han sido prácticas comunes en la historia de las elecciones.
]]>
3. La escasa formación ética: todas las personas consultadas para efectos de este artículo, coinciden en afirmar que hace falta una formación ética más sólida para combatir este flagelo, lo que hace aún más necesaria la cultura de la legalidad

Los datos de las encuestas revisadas reflejan entre otras causas de la corrupción en las relaciones entre el sector público y el privado, las siguientes:

- La problematicidad de los trámites con el Estado: según la Encuesta de Transparencia por Colombia (Transparencia por Colombia y Universidad Externado de Colombia. 2008) el 62% de los empresarios encuestados considera que los mismos trámites y procedimientos necesarios para obtener un contrato con el Estado inducen al soborno. Esto produce que se vea el soborno como una medida efectiva para la obtención de negocios a los que de otra manera no podrían acceder.

- La cultura de la ilegalidad: las encuestas reflejan que existe un cierto nivel de aceptación por parte tanto de los empresarios como de los funcionarios públicos frente a prácticas corruptas. Esto hace que los funcionarios públicos vean como "normal" y como estrategia de negocio el exigir el soborno, y que los empresarios cuenten con la "cuota" que deben pagar al funcionario por la obtención de un contrato, la cual alcanza un monto aproximado del 19% del valor del contrato.

Esta cultura de la ilegalidad es el origen, además, de que el nivel de denuncia de las conductas corruptas tanto al interior de las empresas como a nivel estatal sea muy baja. En una sociedad en la que las prácticas corruptas tuvieran un rechazo social más fuerte, la denuncia sería mayor y el costo y la regulación social más altas.

- El afán de lucro: tal y como lo definen los economistas clásicos, el egoísmo es un motor importante en las decisiones de los seres humanos. Para este caso, el egoísmo traducido a afán de enriquecimiento fácil es clave para entender la práctica del soborno. A tal punto que el 54% de los encuestados ve en el soborno una estrategia factible para la obtención del contrato, en detrimento de la competencia justa y del beneficio real para la ciudadanía y no sólo para la empresa. Esto hace que a la hora de tomar la decisión de sobornar, prime el interés particular de ser el contratista elegido y se malversen los fondos que deberían destinarse para el bienestar del conjunto de los ciudadanos.

]]> - La ausencia de mecanismos de control de gastos en el sector privado: esto se refleja en cifras como que tan sólo un 22% de las empresas encuestadas hace seguimiento de los patrocinios que otorga, el 47% no tiene instancias que faciliten la denuncia de los casos de corrupción, tan sólo un 39% cuenta con mecanismos disciplinarios para aquellas personas que incurran en corrupción, y un 34% tiene mecanismo para garantizar procesos de compras justos.

Las consecuencias de un fenómeno tan grave como la corrupción son nefastas para cualquier sociedad tanto en el ámbito financiero como en la moralidad pública. Entre ellas se pueden encontrar:

- La malversación de fondos: Para el año 2002 se calculó que las contrataciones estatales equivalían a un 70% de la inversión pública, de las cuales US$480 millones anuales eran absorbidas por la corrupción, lo que equivale – según sus cálculos- a un 0.56% del PIB . Es evidente que el dinero que se pierde en las prácticas corruptas es dinero que se debería invertir en el desarrollo del país. Es así como casos como el de la falta de acueducto en el Chocó, una de las zonas más húmedas del mundo, no dejan de ser indignantes.

- La ausencia de democracia en la contratación pública: la práctica del soborno produce dos fenómenos en cuanto a la contratación pública. El primero de ellos es que cerca de un 75% de los empresarios se abstienen de contratar con el Estado, lo que hace que quienes obtengan los contratos no sean siempre las mejores empresas, con todas las consecuencias que en cuanto a la calidad de los trabajos esto trae consigo; y segundo, que el proceso de licitación sea de por sí excluyente y costoso porque quien se quedará con el contrato será quien mejor pague el soborno, con la pérdida de dinero que esto supone.

- La obstaculización del desarrollo: esta es tal vez la consecuencia más grave, que pone en entredicho el compromiso de los empresarios colombianos con el desarrollo del país, ya que esta trae consigo que no haya una competencia justa, que la calidad de los trabajos de las empresas contratadas no sea la mejor, que no haya una equilibrada distribución de las ganancias, se pierden los dineros destinados a salud, la educación la protección del medio ambiente, se diseñan políticas innecesarias para favorecer a unos pocos, todo esto con unos efectos colaterales perversos para el tejido social, que termina corroyéndose por la aceptación de las prácticas corruptas.

- Estímulos para la corrupción en el sector político: Un alto porcentaje de empresarios, 63%, afirmó hacer contribuciones a campañas políticas. Esto trae consecuencias graves tanto para la moralidad pública como para el ejercicio de la democracia pues se cae en la denominada captura del Estado. Produce, por ejemplo, que se formulen leyes a favor de los intereses sectoriales y corporativos, que se otorguen exenciones tributarias a quien financia las campañas o a quien soborna a un político determinado, que la adjudicación de contratos se haga a la empresa o grupo empresarial que financió la campaña. Sin embargo, esto no ocurre únicamente con las empresas nacionales, también las multinacionales caen en el soborno a los políticos colombianos y demás prácticas corruptas para obtener beneficios.

- Percepción de costo nulo de las prácticas corruptas: generalmente, quien comete un delito no piensa que vaya a recibir ningún castigo por su acción. En Colombia, existen leyes que imponen penas a las prácticas corruptas, pero la escasa efectividad de la justicia hace que prime la percepción de que no va a pasar nada por la comisión del delito. El Estado no se ve como garante de la protección social, por lo tanto, el corrupto ve que el beneficio en dinero, bienes, prestigio, es más alto que el costo de cometer el delito.

Esto produce que muchos colombianos que no tienen acceso a buena educación o a trabajos con una remuneración adecuada, vean el acto delictivo sin costo alguno, como medio para su sostenimiento y el de sus familias. Para Luis Roberto Weisner (1997, p. 19), en el país se ve la "avidez fácil", o sea, la búsqueda del enriquecimiento rápido sin importar los medios, por lo que personas de todos los estratos sociales, incurren en narcotráfico y corrupción.

La cultura de legalidad

En Mahecha (2004) se ve que en países como Italia y México se implementó con cierto éxito el programa de cultura de legalidad. Dicho programa fue promocionado en Colombia por el National Strategy International Center y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán Sarmiento en algunos colegios públicos y otros privados. Se han hecho esfuerzos en distintas instancias como Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y la Cámara de Comercio de Bogotá, y son de resaltar los constantes análisis y recomendaciones que Transparencia Internacional hace al respecto. Sin embargo, dado a que el tema de la corrupción sigue siendo tan problemático en el país, no está de más revisar algunos puntos de la educación en la cultura de la legalidad que resultan muy atractivos.

Como se ve en Mahecha (2004, p. 21) por cultura de legalidad se entiende "aquella forma de vida, costumbres y tradiciones sociales, producto de las relaciones que se presentan entre las personas en una comunidad determinada, en la que se aceptan, respetan, siguen y construyen las normas jurídicas que rigen a dicha colectividad", lo que implica que se acudirá a los medios legales existentes para modificar las leyes en caso de desacuerdo con las mismas.

Se deduce de esta definición y de la investigación al respecto realizada por el NSIC (2001, p. 74), que la cultura de legalidad en un Estado de Derecho, debe tener las siguientes características:

1. Separación de las ramas del poder: para que no haya extralimitación de funciones, y se facilite el equilibrio y balance del poder.


2. El conocimiento de los ciudadanos de las leyes por las cuales se rigen y del funcionamiento del Estado y mecanismos efectivos para que todos puedan conocer la ley: en este sentido no se habla de un conocimiento técnico, pero sí el mínimo indispensable que permita exigir el cumplimiento de la ley.


3. Sometimiento de todos al mandato de las leyes: sin esto, es imposible la convivencia pacífica, el orden y el buen funcionamiento del Estado.

]]> Participación de todos los ciudadanos en la elaboración de las normas: una ley se seguirá de manera más autónoma si se participó en su construcción.

4. Protección de todos por parte del Estado: si se busca que todos cumplan la ley, se debe perseguir también que todos reciban su protección y sus beneficios.


5. Las personas tienen la firme voluntad de respetar las leyes: esta se consigue cuando la ciudadanía capta la bondad de la ley y la necesidad de su acatamiento.


6. Actitud generalizada de rechazo y condena a la corrupción: Al parecer, hoy se rechaza a quien denuncia la corrupción, se necesita un cambio cultural para que la conducta general sea la contraria.


7. Los miembros de la sociedad reconocen la necesidad y bondad de la cultura de legalidad: si como resultado de la cultura de legalidad los ciudadanos perciben mayor orden, justicia, respeto por los derechos humanos, etc., promoverán también, que se continúe con estas políticas.

Los ocho principios que propone la cultura de la legalidad son los siguientes: (1) La sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes; (2) La mayoría tienen la voluntad de respetar las leyes; (3) Existe una rama estructurada y órganos de control. La sociedad está controlada y estructurada legalmente; (4) Existe una sanción o castigo para la persona o personas que cometan una violación de ley; (5) Existe un proceso de defensa de acusados. Al ciudadano que supuestamente incurra en una violación de ley se le debe hacer valer un proceso para su defensa;(6) Existe un sistema de apoyo a víctimas. Se podrá otorgar ayuda a las personas que hayan sido afectadas por una agresión penada por la ley; (7) Se condena a la delincuencia y corrupción; (8) Existe un sistema para cambiar las leyes cuando sea pertinente.

Las características expuestas anteriormente son deseables en cualquier sistema democrático y, por tanto, la educación en cultura de legalidad es una de las maneras de formar a la ciudadanía. Esta tendría que ser un proceso inducido, que es perfectamente posible así como es factible cualquier proceso educativo. Como se ve en Mahecha (2004, 27), según el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán Sarmiento, en Bogotá disminuyeron los indicadores de violencia cuando se implementaron políticas de cultura ciudadana. En la ciudad, el nivel de homicidios se redujo en un 54% de 1993 a 2001 pasando de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes a 30.4 (p. 15)

La profesora Clemencia Mejía en una entrevista en 2004 afirmó que sí percibía resultados positivos al implementar el programa de cultura de legalidad:

Pienso que aumentó el reconocimiento de las bondades de la norma como garantía de una sana convivencia. Aumentó también la conciencia de que siempre que falto a una norma, hay una víctima que se perjudicó con mi falta.

La misma académica asegura que la cultura de legalidad aporta de manera significativa en los siguientes puntos:

1. Tomar conciencia que los delincuentes y narcotraficantes usan como estrategia corromper a los funcionarios pues eso les facilita el camino del delito.

]]> Avivar el interés por denunciar la corrupción pues esta es generadora de injusticia social, pobreza y por supuesto de violencia.

2. Generar la conciencia de que la corrupción del Estado no puede ser justificación de nuestros actos ilícitos.

Antes al contrario, si se irradia cultura de legalidad de abajo para arriba el Estado mismo se siente confrontando por la sociedad y cambia.

Dado que, como se dijo anteriormente, la escuela es uno de los agentes primarios de educación y socialización política, y es allí donde la persona humana pasa la primera y fundamental etapa de su existencia, todo concepto y conducta que allí adquiera será fundamental y determinante. Lo que implica que los mayores esfuerzos por generar una cultura de legalidad, deberían enfocarse en la escuela. Si bien los mecanismos para la edad adulta pueden ser benéficos, como los promovidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, los que se hagan para la infancia tendrán un radio de repercusión mucho mayor y duradero.

El ideal sería que tanto padres de familia como instituciones educativas promovieran un comportamiento probo, para que el nivel de reforzamiento de una conducta ética sea mucho mayor.

Para el autor Chalmeta Olaso (1996, p. 108), es tarea de la escuela la instrucción de la persona y la colaboración con su socialización. El autor sostiene que esto sólo es posible si el clima educativo está impregnado de afecto y si se dan valores compartidos. Además, sostiene que en la escuela es donde se debe impartir la educación ético – política, donde se infundan principios no transables, en los cuales se basará la adquisición del respeto por la norma.

Según el autor, la educación ético – política tiene dos etapas:

1. Educación en la amistad: "es condición para que un ciudadano llegue a percibir el buen ejercicio de la libertad por parte de otro como un bien propio, de manera que siente el llamado para respetar este comportamiento y promoverlo" (Mahecha, 2004, p. 35).
]]>
2. Educación cívica: por medio de esta se busca que el educando comience a "percibir las relaciones socio – políticas como relaciones de copertenencia, es decir, de apertura y colaboración con los demás seres humanos" (Mahecha, 2004, p. 35). La escuela sería el lugar ideal para impartir este tipo de educación.

La escuela en efecto al poner en contacto al educando, quizá por primera vez- con numerosas personas extrañas, constituye la sede más apropiada para que éste reciba un impulso decisivo en el proceso de interiorización del bien común de la libertad" (Chalmeta, 1996, p. 208).

La escuela no es un establecimiento aislado, sino que responde a las exigencias de una comunidad, lo que implica que tiene ciertos derechos y debe ejercer los deberes que esa comunidad le imponga. La escuela, además, en su interior se rige por normas como el Manual de Convivencia.

En Colombia, toda institución educativa se rige por la Ley General de Educación o ley 115 de 1994, que en el artículo 92 afirma que se debe propender

la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos que faciliten la realización de una actividad para el desarrollo socioeconómico del país" y en el artículo 5 numeral 3 afirma que se debe posibilitar "la formación para facilitar la participación en todas las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa, cultural de la Nación.

La Ley General de Educación, por tanto, manda y facilita el espacio para que se dé la educación ético – política. El programa de cultura de legalidad del National Strategy Information Center – NSIC- incluye temas de valores y legalidad, cultura y legalidad, delincuencia y corrupción. En el programa que se implementó en 2004 en 10 colegios de Bogotá y Medellín, se explicaba qué es el Estado de Derecho, la delincuencia, los valores, cultura de legalidad, etc., a través de diversos talleres.

Para la profesora Clemencia Mejía (comunicación personal, 2014), la educación en cultura de legalidad en la escuela

Debe traducirse en hechos concretos: respetar manuales de convivencia, respeto a acuerdos normativos al interior de las aulas, seguir conductos regulares para solucionar conflictos, propiciar la participación de todos en la discusión, replanteamiento y cumplimiento de las normas. No transigir, por insignificante que parezca, en ningún comportamiento que vulnere la dignidad de la persona, la convivencia y el respeto a lo establecido. Mostrar el valor del esfuerzo, el mérito de las conquistas difíciles

Para lograr esto es importante que haya intencionalidad formativa en todas las asignaturas y también en los espacios lúdicos, que los niños y las niñas tengan la oportunidad de participar en la elaboración de algunas normas del salón de clase y del colegio, que los procesos disciplinarios dentro de las instituciones educativas sean limpios y transparentes, lo que hará que los niños desarrollen confianza en la institución.

Además de esto, hay otro aspecto que es de capital importancia en la formación anticorrupción, y es fomentar el respeto por los bienes públicos. Por eso es imprescindible educar a las niñas y a los niños en el cuidado de las instalaciones de su escuela, de los libros, los lugares de uso común. Eso los capacitará para que en un futuro cuiden y valoren los bienes que son de todos.

Conclusiones

En este artículo se ha podido establecer como un fenómeno tan grave como la corrupción entraña consecuencias también graves para cualquier sociedad, tanto en el ámbito financiero como en la moralidad pública. Este fenómeno afecta el orden democrático, se presenta como un obstáculo para el desarrollo del país. Pese a que en Colombia, existen leyes que imponen penas a las prácticas corruptas, la escasa efectividad de la justicia hace que en el imaginario del corrupto y en el colectivo prime la percepción de que no va a pasar nada por la comisión del delito. El Estado no es visto como garante de la protección social, por lo tanto, el corrupto ve que el beneficio en dinero, bienes, prestigio, es más alto que el costo de cometer el delito.

Esto produce que muchos colombianos que no tienen acceso a buena educación o a trabajos con una remuneración adecuada, vean el acto delictivo sin costo alguno, como medio para su sostenimiento y el de sus familias.

Dado que la corrupción es uno de los principales problemas de la sociedad colombiana, hace falta formar comportamientos transparentes y responsables con lo público desde la niñez. Un espacio propicio para formar en cultura de la legalidad por excelencia es la escuela, esta institución como uno de los principales agentes del proceso de socialización influye de manera determinante en el desarrollo moral y cognitivo del individuo, lo que hace de la cultura de la legalidad una solución preventiva contra la corrupción en el largo plazo. Sin lugar a dudas la cultura de la legalidad se puede implementar en la escuela, este agente socializador primario, irradia en la familia – el otro gran agente socializador primario- y redundará en el desempeño laboral de los futuros adultos

La cultura de legalidad es una manera válida para fomentar la lucha contra la corrupción y los valores democráticos, que produce que los ciudadanos participen en la formación de las leyes y se sientan motivados para hacerlas cumplir.

Al ser la escuela uno de los principales agentes de socialización y de formación ético – política, el interés estatal porque allí se aprenda a vivir de manera proba y con un alto nivel de compromiso y responsabilidad con la comunidad es fundamental.

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