Hallazgo de fosas comunes en Colombia. El tiempo de las víctimas: Tributo a la memoria del dolor y posibilidad de reconciliación nacional

María Victoria Pérez Poveda^*

Samuel Carrero Gélvez^**

^*Magíster en Estudios Políticos y especialista en resolución de conflictos. Pontificia Universidad Javeriana Asesora Dirección General Policía Nacional de Colombia. mvictoriaperezp@gmail.com

^**Técnico Profesional en Policía Judicial Investigador Grupo Investigativo de Justicia y Paz DIJIN - Policía Nacional. samcarrero@hotmail.com

Resumen

El hallazgo de fosas comunes, fruto de las confesiones de víctimarios y el relato de víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz -975 de 2005- permiten contar la historia de la violencia social en Colombia, desde la perspectiva que el imaginario colectivo del dolor ofrece, la necesidad de elaborar el duelo individual y colectivo de la sociedad colombiana, a través de los aportes hechos por el Grupo Investigativo de Justicia y Paz de la DIJIN, como soporte para la reflexión de la construcción de escenarios de reconciliación y perdón, sobre todo en comunidades afectadas por crímenes de lesa humanidad.

Palabras clave: Víctimas, victimarios, fosas comunes, Ley de Justicia y Paz, dolor, duelo, memoria, desmovilización, confesión, sanación, reconciliación, justicia transicional.

Abstract

Key words: victims, perpetrators, mass graves, Justice and Peace Decree-Law, pain, grief, memory, demobilization, confession, healing, reconciliation, transitional justice.

Hallazgo de fosas comunes en Colombia. El tiempo de las víctimas: Tributo a la memoria del dolor y posibilidad de reconciliación nacional

"Es tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica está consagrada a la memoria histórica de los que no tienen nombre". Walter Benjamín.

INTRODUCCIÓN

Ante la imposibilidad del llanto, del duelo y el miedo a la retaliación, logró huir y buscar ayuda. Han pasado dos años después de lo acontecido y su deseo aún consiste en ubicar y dar santa sepultura a los retos de quienes están en ese territorio inaccesible de la vereda Amesarica (Norte de Santander) cerca al límite de la geografía ondulada que conduce al Catatumbo, al que se llega por un camino sembrado de minas antipersona, bajo la sentencia permanente de la muerte violenta -según el relato de la niña-, quien ha indicado la ruta para llegar a una especie de cementerio fantasma, al espacio de tormentos inimaginados en el que se encuentran centenares de rastros de personas desaparecidas en estas condiciones y el mismo número de duelos inconclusos.

Una historia similar y diferenciada por la brecha de atrocidad, de miles y miles de relatos registrados en la prensa y escuchados por jueces, investigadores y abogados durante el último cuatrienio (2005-2008) en Colombia, a raíz de la voluntad y el proceso gubernamental de la Política de Seguridad Democrática, de la generación y aplicación de la Ley de Justicia y Paz -975 de 2005- que ha permitido la desmovilización de más de treinta mil combatientes pertenecientes a grupos armados ilegales en consonancia con el devenir de la administración de justicia en su búsqueda incesante de la verdad de hechos violentos a nivel mundial, orientado al logro de una mayor coherencia entre la teoría y la práctica de los derechos humanos, a la resolución de confrontaciones armadas pero, principalmente, al procesamiento de los perpetradores de violaciones flagrantes contra la humanidad en el país donde cometieron crímenes o si esto no fuera factible, en tribunales internacionales para luchar contra la impunidad, reparar a las víctimas, resocializar a los victimarios, cerrar o prevenir ciclos y generaciones de violencias futuras sin desconocer la historia de intimidación en la integridad, el imaginario individual y colectivo de las comunidades afectadas, al ser esta la posibilidad de crear un espacio real para el logro de la reconciliación y la paz.

Cerca de 68 mil víctimas que han denunciado hechos de lesa humanidad a nivel nacional desde la expedición de la ley de Justicia y Paz, han permitido un desarrollo paulatino de la juridicidad aplicada para tal fin -que aún requiere un mayor involucramiento de la sociedad colombiana en su conjunto para no hacer creer a las nuevas generaciones del país, que lo sucedido durante interminables ciclos de violencia es una predestinación trágica a repetir-, en el sentido de que la vida interrumpida de manera intempestiva, la naturaleza de la muerte violenta relacionada de manera directa con el mundo de la criminalidad y la existencia de una vida después de ella, implican funciones psicológicas, sociológicas y simbólicas para los integrantes de una colectividad, que deben ser resignificadas y elaboradas no solo para el reconocimiento de los hechos, sino para la construcción de la memoria histórica, la realización del duelo individual y colectivo, la ritualidad que encarna el asumir la ausencia y el proceso de catarsis comunitaria indispensable en la superación de la huella de cualquier acto criminal, para la cimentación de una verdadera etapa de postconflicto o de recomposición social en medio del conflicto.

Exhumación del cuerpo de Carlos Castaño Gil. Septiembre de 2006. Plano medio. Toma realizada en el momento en que personal de la DIJIN y la Fiscalía se encuentran midiendo la profundidad de la excavación que se está abriendo para realizar la exhumación.

En el caso de Colombia y en lo atinente específicamente con el hallazgo de fosas comunes¹, de cementerios hechizos -donde se deposita la evidencia del crimen- se ha podido establecer, producto de las denuncias de las víctimas, de las confesiones de los victimarios o del cruce de esta información; que más allá del homicidio como tal, el propósito de los victimarios sobre las víctimas ha sido el de reducirlas a condiciones miserables, aprovechando su indefensión, en medio de un contexto geográfico de su dominación para acabar con su existencia física y simbólica.

Según la investigadora María Victoria Uribe Montoya²: "la trágica figura del NN en Colombia, producto de la violencia intensificada a partir de los años 80 es el prototipo de esa muerte que no encuentra palabras que le den un sentido". De esta conducta se deduce el carácter psicopatológico de quienes desaparecen la humanidad de "sus elegidos", así como las implicaciones y las exigencias de su resocialización, dado el impacto del ultraje al que han sido sometidas las víctimas -como lo demuestra el proceso metodológico de las entidades estatales encargadas del descubrimiento de fosas comunes ilegales- base del debate y del análisis de distintos sectores en el ámbito nacional e internacional sobre el derecho a la vida con el consecuente derecho a una muerte digna, además del simbolismo asociado a la historicidad de las honras fúnebres, a la necesidad de transitar el camino del duelo por parte del entorno parental y familiar de la víctima, al ser estos elementos constitutivos de los derechos fundamentales de cualquier ser humano.

Una de las fosas comunes más antiguas de Colombia se encontraba en la ciudad de Medellín, particularmente en el cementerio de San Lorenzo o en las fosas del Cementerio Universal, conocido por el depósito que se hacía de las víctimas del narcotráfico. Algunos historiadores también hacen remembranza de la fosa común en la que se convirtió el Cementerio Central de Bogotá, luego de los hechos del 9 de abril de 1948, donde se apostaron los cuerpos de cientos de víctimas, producto del caos y el desorden público que suscitó el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán³.

Monseñor Guzmán Campos y el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional, Orlando Fals Borda, han intentado hacer cálculos de los homicidios ocurridos entre 1949 y 1958, con base en archivos parroquiales, en cifras de la Fuerza Pública, alcaldías, registros y notarías; de ese estudio se contempla que el total es de 180.000 muertos, pero muchos no están contados y registrados legalmente, debido a que fueron inhumados en cementerios improvisados y los cadáveres arrojados a los ríos⁴.

Los investigadores también hacen alusión al lugar de los hechos de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, trágica circunstancia en la que deliberadamente se inhumaron restos de víctimas incineradas por la conflagración. Casi veinte años después de estos acontecimientos aún permanecen algunos restos de las víctimas sin identificación técnica por razones de contaminación genética con otras sustancias del medio en el que fueron depositados⁵. Durante la misma década, la guerra desatada por los grandes carteles de la droga, permitió conocer a través del descubrimiento de fosas comunes, métodos utilizados para realizar sus cobros, venganzas personales y demás prácticas violentas legadas de los métodos de tortura de las dictaduras del Cono Sur y de los sistemas represivos imperantes durante la primera y la segunda guerras mundiales, entre otras confrontaciones mundiales. De hecho, los nazis hicieron cavar a los prisioneros, enormes fosas donde después eran inhumados como N.N. Por ello, en el caso de las fosas comunes ilegales su auge se ha relacionado con periodos de violencia, confrontaciones sociopolíticas, conductas criminales o desviaciones de la conducta humana⁶.

Exhumaciones en el Departamento del Cesar. Marzo de 2008. Ilustración que muestra la manera como las personas eran vendadas y torturadas al momento de ser asesinadas e inhumadas ilegalmente.

Excavaciones realizadas en búsqueda de restos óseos esqueletizados inhumados de manera ilegal.

Naturaleza de las Fosas Comunes

En el Municipio de Sitionuevo (Departamento del Magdalena), según el proceso de investigación judicial, delinquían autodefensas que actuaban bajo órdenes de alias "MARIO", quien a su vez recibía órdenes de alias "JHON 70" y "JORGE 40", comandante del Bloque Norte.

Las personas que llegaban al pueblo, con el fin de comercializar, debían informar previamente al encargado por parte de este grupo, la realización de labores cotidianas para no tener "inconvenientes". Aquellos, que no cumplían con este requisito impuesto por las autodefensas de la región, eran considerados guerrilleros, asesinados con armas de fuego y posteriormente desmembrados con machetes. En la actualidad, la ubicación de estas fosas, en las cercanías al municipio de Sitionuevo y a la Vereda Aguadulce, ha permitido recabar importante información sobre el procedimiento de los victimarios para generar impunidad, pero también esclarecer el perfil y el actuar delictivo de los grupos al margen de la ley en Colombia.

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, las fosas comunes están proscritas en Colombia y los cuerpos de las personas no identificadas o no reclamadas por sus familiares y allegados deben inhumarse en fosas individuales y registrarse debidamente, de manera que ante un eventual reconocimiento puedan ser fácilmente localizados y entregados los restos a sus familiares⁷. "El problema es que no se está ventilando suficiente, todo lo que se está encontrando y la única posibilidad de que la sociedad escarmiente sobre crímenes atroces es que conozca lo que pasó. Nosotros estamos bien informados, pero no es información lo que necesitamos, es conocer lo que ha implicado esa violencia. El dolor, el duelo, el desarraigo"⁸.

Exhumaciones en el Departamento del Magdalena. Marzo de 2008. Calzado encontrado, perteneciente a una de las víctimas de fosas comunes.

Así lo confirma la realidad de los desplazados en ámbitos urbanos y rurales por la confrontación armada a nivel nacional; por ello, uno de los retos de los países que salen o atraviesan confrontaciones o conflictos internos es allanar el camino para el conocimiento de la verdad de hechos violentos porque sólo así es posible lograr un equilibrio entre los acuerdos para el establecimiento de la paz, la legitimación de tales procesos, la implementación legal de la justicia, la prevención y el control de nuevas actividades delictivas por parte de los victimarios y la reconciliación, como lo demuestran experiencias homólogas de reparación del tejido social a nivel mundial; es el caso del hallazgo de fosas comunes y su incidencia en tribunales nacionales e internacionales sobre hechos ocurridos en Alemania, Irak, Centro América, Argentina y Chile, debido a procesos políticos totalitarios que derivaron en este tipo de prácticas violentas.

La observancia de distintos hechos históricos permite repensar el actual proceso de descubrimiento y hallazgo de la verdad en Colombia y relacionarlo con sucesos que parecen distantes, como es el caso de las consecuencias de la Guerra Civil Española. A manera de referencia simbólica se destaca la presentación en Madrid de la obra de teatro titulada: "Soliloquio de grillos", de Juan Copete; una obra teatral que cuenta la historia de tres mujeres al escapar de su pueblo, detenidas, desaparecidas, encontradas en fosas comunes y que vuelven a la vida a través de los recuerdos en una fusión mágica del presente y del pasado. La recuperación de sus cuerpos, no abre la tierra como una nueva herida, al contrario, sirve para cerrar definitivamente esa herida cuando sale a la luz⁹. La memoria de las víctimas ha de convertirse en exigencia permanente para deslegitimar toda forma de violencia.

De esta referencia metafórica se establece que la experiencia actual, independientemente del contexto territorial y estatal; la planificación y elaboración de estrategias de justicia y reconciliación deben producirse con anterioridad suficiente a la instauración de los procesos de paz. Históricamente este requerimiento ha sido desatendido tanto por agentes nacionales como internacionales debido a que la atención y los recursos se han centrado alrededor del conflicto mismo en consideración a sus consecuencias inmediatas y mediáticas, y a los intereses de los involucrados¹⁰. De ahí la importancia de la justicia transicional o justicia de transición relacionada con procesos de enjuiciamiento y rendición de cuentas, la difusión de la verdad, indemnizaciones y reformas institucionales ante la necesidad de restaurar a quienes han sometido a distintos tipos de violencia en una misma comunidad.

Exhumaciones en el Departamento del Magdalena. Marzo de 2008. Mujer hallada en fosa común, atada y posiblemente torturada.

Ellos -los investigadores- saben que desde la perspectiva imaginaria sobre las consecuencias que genera la multiplicidad de tipos de violencia manifiesta e invisible, pese a la necesidad mundial de paz, reconciliación y reconocimiento de la dignidad humana, desde la evocación mítica, esa tendencia de resolver conflictos de manera funesta, tiene su mayor regente en Marte, el cuarto planeta desde el sol, dios romano de la guerra, hijo de Júpiter, padre de Rómulo y Remo, cofundadores del pueblo que desde ese día es alimentado por una loba voraz y salvaje, en la visión que ofrece Plauto -el poeta romano- como asistente imaginario y testigo del circo empoderado del emperador, donde por primera vez otros del género animal menos temibles que el hombre, podían desgarrar y consumir su carne; reafirmando en la magnitud del espectáculo, no la voracidad sino que el hombre es un lobo para el hombre, el devorador de devoradores por excelencia, es decir, el supuesto original del que parte Hobbes para describir el pedregoso camino que conduce a la confrontación sin límite¹².

En consecuencia, al demostrar que la justicia se puede administrar eficazmente, el procesamiento legal permite prevenir la reanudación del conflicto mediante la restauración y el mantenimiento del orden social, así como el establecimiento de responsabilidades individuales por crímenes cometidos y la comprensión de la complejidad que abarca la realidad de la reparación de las víctimas en la idea de reafirmar la vivencia pragmática del Estado Social de Derecho y de incrementar la confianza hacia las instituciones, precisamente en momentos de mayor violencia social.

A veces se impone el ajuste de los principios de justicia en consideración a las realidades del mantenimiento de la paz y pueden ser percibidos por la opinión pública como nueva fuente de injusticia; el énfasis en el procesamiento legal de los perpetradores puede resultar en detrimento de la atención a las necesidades de las víctimas; de otra parte, el número de procesamientos y evidencias que un proceso legítimo requiere; excede la capacidad de las instituciones jurídicas. Para algunos críticos, al concentrar esfuerzos en el establecimiento de responsabilidades individuales por crímenes cometidos, no se presta adecuada atención a las causas estructurales generadas por el conflicto o muchas veces, la delincuencia común termina siendo más castigada que la relacionada con crímenes de lesa humanidad. En los pocos casos en que el procesamiento ha tenido cierto éxito en el país donde se cometieron las transgresiones (como en el caso de Argentina), la asignación adecuada de recursos, el acompañamiento internacional y el establecimiento de objetivos claros han sido factores determinantes¹³ para un feliz término entre la proclama comunitaria, el conocimiento de la verdad y la administración de justicia.

Aplicación de la justicia transcional en Colombia

"Hay que tramitar el dolor. Un gran tramitador es la violencia, pero ¿cómo tramitar desde las posibilidades que brinda la convivencia pacífica algo que no ha pasado?". En Colombia, a diferencia de otros países la verdad se sabe sin esperar a que los victimarios fallezcan por causas naturales. Es decir, las víctimas hablan con temor, pero al mismo tiempo con la fortaleza que les da la oportunidad estatal de conocer la verdad, muchas veces, sin importar la reacción violenta de los mismos victimarios¹⁴.

En consideración a más de cuarenta años de confrontación armada derivada en grandes costos de vidas humanas, en el desarrollo local y nacional, y principalmente en el daño infligido a la integridad humana, al capital social, en el país se podrá determinar en el corto y largo plazo, qué tipo de justicia es la más conveniente, de acuerdo con distintas experiencias en procesos de paz, como un acervo importante en la reparación de víctimas y el tratamiento adecuado a victimarios.

En este contexto, la historia de las negociaciones del Presidente Andrés Pastrana con las guerrillas sentarán precedentes para futuras negociaciones, procesos de justicia y reconciliación. En el caso del actual proceso de paz emprendido por el presidente Álvaro Uribe Vélez, la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito en julio de 2003 marcó el inicio de negociaciones para la desmovilización y reintegración de fuerzas irregulares de autodefensa, aunque algunos de los que no hicieron parte de este proceso formaron nuevos grupos, fragmentados, generando nuevos ciclos de violencia y dificultando la justicia transicional en Colombia¹⁵.

Exhumaciones en el Departamento del Magdalena. Marzo de 2008. Cuerda utilizada para atar a la víctima en sus extremidades.

Por ello, aunque muchos consideran que el procesamiento en tribunales nacionales es la opción primaria más factible para obtener justicia formal contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos, es imprescindible el apoyo internacional para fortalecer la capacidad interinstitucional mediante el suministro de recursos, capacitación, experiencia y de contribución a la administración de justicia. Y es que al hacer una línea en el tiempo entre la violencia partidista de los años 40 y 50, más allá de los registros históricos es imposible acceder a una fuente fidedigna que permita saber cuántas fueron las víctimas de aquella época de confrontación política. De esas décadas a hoy, aún los grupos ilegales siguen utilizando geografías de difícil acceso, pero principalmente los ríos y parajes selváticos del país para borrar la escena del crimen, desterritorializar la justicia y los alcances de la lucha contra la impunidad¹⁶

Ilustración de la labor desempeñada por antropólogos forenses del CTI en coordinación con el Grupo Investigativo de Justicia y Paz de la DIJIN en una fosa común inhumada ilegalmente. Tierradentro, departamento de Córdoba. Febrero de 2007.

En el siglo XIX se buscaba castigar al enemigo y aplicarle dolor. Los victimarios de esa primera violencia social y política del país, es decir, la ejercida por pájaros y chulavitas no es muy disímil en sus modus operandi de los métodos de desaparición forzada, de tortura y aniquilamiento de las víctimas por parte de los grupos al margen de la ley, actualmente. La crueldad es propia de la especie humana. Se ha vivido en distintos países, pero en Colombia hay persistencia en las prácticas de desmembramiento. Así como los victimarios intentan borrar la evidencia, los habitantes de los pueblos las resucitan al rezar a las ánimas e invocar protecciones que solo ellas pueden dar¹⁷, en el sentido de que el hombre a diferencia de los animales posee un sello de infinitud, que lo hace trascendente y que determina también la forma en que los victimarios quieren desaparecer a sus elegidos. Algunos investigadores indican que el río Magdalena y demás vertientes hidrográficas del país son el cementerio más grande y caudaloso.

"De los años 50 a hoy, las muertes siguen siendo iguales o peores, sin embargo antes los ejecutores eran campesinos analfabetas. En la actualidad, la motosierra está bajo el poder de quienes tienen estudios. Lo de ahora es una vil carnicería". Según la investigadora María Victoria Uribe "para conocer la realidad de lo que está pasando los medios no son el medio; además el Estado hace lo que puede. La Fiscalía hace según sus límites. En la actualidad solo hay 23 fiscales, van a aumentar en 70, pero su trabajo es inconmensurable frente a lo que se está encontrando".

Así mismo, respecto a los sujetos y los lugares donde realizan sus duelos "los cementerios se han vuelto lugares de importancia y referentes del sentido de pertenencia local en Colombia". Muchos de los ritos de sanación y restauración se hacen en ellos; allí, algunos niños que participan en estos rituales y que han sido testigos de crímenes atroces tienen una oportunidad adicional de sanar sus heridas anteriores y no reproducir ciclos de violencia. Pero también, los cementerios se han convertido en referentes simbólicos perversos. "Los peores criminales en este país se vuelven santos; por ejemplo Sangre Negra, Pablo Escobar, etc." mediante la conexión que establecen las comunidades entre la violencia y lo sagrado para superar el impacto de lo sucedido. De acuerdo a la dinámica de ciertos patrones culturales es posible tener alguna creencia religiosa y ser matón al mismo tiempo.

Y es que en cualquier país del mundo la muerte violenta se exorciza en la cotidianidad, en lo político, en lo mediático, en el arte de vivir, en el diálogo íntimo de los hombres comos seres humanos y políticos¹⁸ al ser este tipo de violencia un acto de depredación y desgarramiento en el que se hace uso de la fuerza física, psicológica o emocional con la intención de causar daño a sí mismo o a otros¹⁹. Por citar un ejemplo, tanto para las sociedades precolombinas en América como para los egipcios, la muerte era un acontecimiento ritualizado que obligaba a ceremonias acompañadas de ofrendas y objetos útiles durante el largo viaje iniciado tras el fallecimiento de sus líderes. Los aztecas preparaban a los difuntos para un largo camino lleno de obstáculos. Para tal fin, ofrecían obsequios al "señor de los muertos", quien decidía su destino final. Con el tiempo, el descubrimiento posterior de enterramientos -según las creencias populares- se volvió un signo de predestinación y maldición sobre quienes realizaban descubrimientos de tumbas antiguas.

A diferencia de la violencia de los años 40 y 50, que quedó enterrada como un capítulo más de impunidad; en la actualidad el país tiene la oportunidad de avanzar en el conocimiento de la verdad al escuchar, reconocer y actuar frente al testimonio de las víctimas y victimarios, como ocurre en el proceso de negociación con las autodefensas. Es decir, la única manera de parar la máquina del terror, es socializar lo ocurrido, hacerlo evidente, lograr penas justas alrededor de este tema, realizar un proceso de recuperación social y psicológica de los victimarios, de restauración económica y simbólica mediante un trabajo terapéutico espiritual y de salud mental que cubra a víctimas y victimarios para evitar el surgimiento de nuevas generaciones de esta clase de victimarios, así como de sanación frente a la impotencia que causan el dolor y la injusticia indiscriminada.

De ahí la importancia de la memoria individual como parte de la conciencia; base de la identidad, del desarrollo personal y social. Un hombre que ha perdido la memoria ha perdido su identidad, su historia, su sentido de arraigo colectivo. Según Schopenhauer, es sólo a través de la historia que un pueblo llega enteramente a la conciencia de sí mismo. En consecuencia, la búsqueda de la verdad, la necesidad del perdón, el sentido de retomar los valores que permiten a los ciudadanos ser mejores seres humanos, facilitan la construcción de la memoria histórica sobre el devenir espiritual de quienes han padecido tantas formas de violencia visible e inmanifiesta, públicas y privadas, pero no desde la perspectiva del dolor recurrente, de la injusticia o de los sentimientos negativos que alimentan nuevas oleadas de violencia, descritas en tantos titulares de prensa sobre las confrontaciones del hombre consigo mismo y con los demás.

Exhumaciones en el Departamento del Magdalena. Marzo de 2008. Una mujer solicita a la comisión investigadora recibir los restos de su hijo para expresar su dolor y hacer una oración.

Aportes del Grupo Investigativo de Justicia y Paz

La ley de Justicia y Paz (975 de 2005) dispuso la creación de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, encomendando la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados ilegales, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación Nacional.

El artículo 33 de la Ley 975 de 2005 determinó que La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tuviera el apoyo permanente de la Unidad Especial de Policía Judicial, con dedicación exclusiva y permanente, de acuerdo a los requerimientos que se produzcan en el ámbito nacional.

Por lo anterior, la Dirección de Investigación Criminal -DIJIN- designó a partir del mes de marzo de 2006, un equipo de trabajo coordinado con la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, con el apoyo de las Seccionales de Policía Judicial para atender las solicitudes de quienes se han acogido al proceso de desmovilización, y que brindan información sobre hechos delictivos en aras de acceder a los beneficios otorgados por la ley. Este equipo de trabajo se denominó el Grupo Investigativo de Justicia y Paz.

Entre sus funciones se destacan las diligencias de entrevista a peticionarios que voluntariamente desean recibir trámites de beneficios por colaboración eficaz o sean postulados para la aplicación de la Ley 975, incluyendo a las personas que se encuentren detenidas en los diferentes centros carcelarios del país, llevando a cabo la respectiva valoración y verificación de la información suministrada. En lo que corresponde al esclarecimiento de hechos punibles, la Unidad busca información para la ubicación de fosas comunes de personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado, y de manera consecuente, identifica e individualiza plenamente los restos óseos humanos hallados, ubicando a sus familiares para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se presentaron las desapariciones forzadas, homicidios o masacres, además de establecer la identidad y la autoría de los responsables de estos hechos.

En el cumplimiento de esta misión, cruza información sobre desapariciones forzadas entre unidades de inteligencia e investigativas y demás organismos del Estado. Al respecto, la Comisión Nacional de Reparación ha advertido que unos 10.000 cuerpos de víctimas de autodefensas o guerrilleros, pueden estar sepultados en fosas comunes en distintas zonas del país. Según el reporte más reciente de la Fiscalía General de la Nación -entre 2006 y 2008- (con corte a febrero 12) y sólo dentro de la Ley de Justicia y Paz, se han encontrado 1.054 fosas comunes en todo el territorio nacional -con 1.251 cuerpos-. Tal situación ha generado la creación de una base de datos para facilitar la identificación de los restos de desaparecidos, que en algunos casos, puede ser corroborada con la versión libre de los desmovilizados, quienes revelan su ubicación en busca de beneficios legales; a estos esfuerzos se suma la propuesta de Ley de fosas para crear un banco de datos genéticos -dirigido y coordinado por el Instituto de Medicina Legal- tomando el ejemplo de Argentina, que durante 1987 creó una entidad similar para esclarecer las identidades de las víctimas y principalmente de los niños desaparecidos durante la dictadura milita²⁰.

Las víctimas

Luego de la desmovilización de 31.751 integrantes de los grupos de autodefensas, producto del proceso de paz adelantado con el Gobierno Nacional, el año 2006 se constituyó en epicentro de la fase de reinserción; circunstancia que significó a su vez importantes avances en materia de búsqueda de la verdad y de administración de justicia transicional, así como el decremento en los hechos de violencia en que resultaron vinculados ex integrantes de las desmovilizadas autodefensas.

Exhumación del cuerpo de Carlos Castaño Gil. Septiembre de 2006. Plano general. Toma realizada al lugar donde se va a realizar la diligencia judicial, ubicada en el Municipio de Valencia, Corregimiento de Guasimal, Departamento de Córdoba.

MARCO METODOLÓGICO

Las víctimas ocuparon un espacio sobresaliente durante el más reciente periodo de justicia transicional en Colombia al haberse constituido en factor de atención social, ante el creciente número de amenazas en su contra, dada su vulnerabilidad durante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En consideración a esta situación de riesgo y amenaza se creó el Comité Interinstitucional Estatal de la Ley 975, para consolidar programas y acciones preventivas frente a distintos hechos que impactan negativamente los resultados esperados en temas de justicia y reparación. Por ello, de manera conjunta con otras autoridades, la Policía Nacional elaboró el Mapa de Riesgo de Víctimas (familiares de víctimas declarantes) y Testigos, identificándose inicialmente 11 municipios en nivel de riesgo Extraordinario; 24 en nivel Alto; 48 en Medio; 75 en Bajo, y 941 en riesgo Inexistente.

Como variables a tener en cuenta para definir una Política de Protección, los diferentes organismos participantes consideraron: 1) Seguridad a las víctimas y testigos; 2) Ubicación de los postulados; 3) Asignar responsabilidad a cada entidad y 4) Identificar los obstáculos.

De otra parte, el Gobierno Nacional sancionó el Decreto No. 3570 de 2007 "por medio del cual se crea el Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005", sumando a la política carcelaria la desvinculación, traslados y la captura de desmovilizados reincidentes.

Cuerpos exhumados

Siempre que los victimarios tienen el propósito de cavar una fosa común, lo hacen para que nunca y nadie encuentre rastros de su actividad criminal. Esta determinación, según los testimonios recogidos, dificultan su ubicación, incluso, aun cuando los mismos perpetradores indican el lugar. Así mismo, cabe anotar que muchas de esas fosas comunes han sido cavadas por las mismas víctimas como parte de la tortura psicológica que le era infligida.

Desde la creación y participación del Grupo Investigativo de Justicia y Paz (de marzo de 2006 a 31 de diciembre de 2007) en coordinación con otras entidades estatales se han recuperado mil ciento cincuenta y siete (1.157) cuerpos esqueletizados en 976 fosas comunes, de acuerdo a diligencias judiciales efectuadas en varios departamentos del territorio nacional, así:

Entre los departamentos que más se han encontrado fosas comunes, se destaca el departamento del Putumayo, donde se han exhumado un total de 182 cuerpos, seguido del departamento del Magdalena con 178 hallazgos; Córdoba 120, Meta 114; Antioquia 91. Así mismo, del total de cuerpos exhumados, se logró la identificación preliminar de 410 de ellos, es decir, un 47% del total de restos de víctimas descubiertas en fosas comunes.

Capturas

Como consecuencia de la actividad investigativa desarrollada por el Grupo Investigativo de Justicia y Paz, en el departamento de Antioquia se han realizado 11 capturas, que corresponden al 85% del total de capturas, mientras que en la ciudad de Bogotá se han realizado dos (15%).

Personas vinculadas formalmente a investigaciones

Entrevistas a familiares de desaparecidos

Desde el periodo de creación del Grupo Investigativo se han recepcionado un total de ciento cinco (105) diligencias de entrevistas a igual número de personas, a lo largo del territorio Nacional. En el departamento del Putumayo se han entrevistado un total de 79 personas que corresponden al 75%, seguido del departamento del Magdalena con 15 entrevistas (14%). El 11% restante corresponde a entrevistas realizadas en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Santander. Es de anotar que con esta actividad se ha logrado diligenciar y consolidar el registro de personas desaparecidas.

Entrevistas a reclusos

En lo relacionado con diligencias de entrevistas adelantadas en los centros carcelarios del país, en aras de la consecución de información que conlleve al esclarecimiento de hechos delictivos, la Unidad ha logrado adelantar un total de ciento diez (110) encuentros con igual número de reclusos. En el centro penitenciario de La Dorada, Caldas, se han entrevistado un total de 29 personas (26%), seguido del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Cómbita con veintiocho (28) entrevistas (25%). En esta dinámica investigativa y con una participación del 18% se encuentran: la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, con 20 entrevistas realizadas; el 31% restante corresponde a este mismo tipo de diligencias adelantadas a reclusos de los centros carcelarios de Acacías, Bucaramanga, Bogotá, Neiva, Ibagué, Valledupar y Villavicencio.

Conclusiones

El proceso judicial ha permitido esclarecer el mayor número de hechos punibles por parte de las autodefensas, precisamente por el marco que ofrece la Ley de Justicia y Paz, en contraposición al hallazgo de fosas de otros grupos al margen de la ley.

En cuanto a las fosas comunes que actualmente han sido descubiertas como parte y resultado del proceso de paz entre el Estado Colombiano y los grupos ilegales de autodefensas se evidencian varios aspectos y características de esta experiencia:

• Algunas fosas han sido reubicadas por actores en conflicto para ocultar conductas criminales, dificultando el proceso de investigación judicial.
]]> Es probable que durante el proceso de paz, las fosas comunes sigan siendo un método vigente de aniquilamiento social.
• Considerando que quienes se acojan a la Ley de Justicia y Paz podrán saldar sus cuentas; no obstante ante el eventual hallazgo de fosas comunes en las que resulten involucrados, estos nuevos juicios serán remitidos y de competencia de la Justicia Ordinaria.
• El hallazgo paulatino y masivo de fosas comunes, en el marco universal de la administración de justicia y de lucha contra la impunidad contra delitos de lesa humanidad, será determinante en la certificación o no de Colombia, por parte de naciones extranjeras, en materia de Derechos Humanos.
• Los cuerpos hallados en fosas comunes son el resultado y la evidencia de crímenes atroces como secuestros, desapariciones forzosas, torturas, masacres, entre otras actividades ilegales no solo de autodefensas sino también de guerrillas. De hecho, Putumayo es el departamento donde mayor cantidad de fosas se han localizado; circunstancia que se enlaza con la realidad de un territorio donde se ha recrudecido la confrontación y la avanzada de autodefensas, en medio de la injerencia histórica guerrillera. Además su hallazgo es coincidente con procesos de estigmatización y muerte violenta, asociados a la actividad del narcotráfico.
• Según la experiencia internacional, los programas psicosociales no pueden obviar o reemplazar la necesidad de verdad, reconocimiento y justicia. Las iniciativas psicosociales deben hacer parte de la reconstrucción socioeconómica y cultural, incidiendo en un contexto sociopolítico que ayude a las víctimas a recuperar su sentido de dignidad, integridad y de reconocimiento social frente a su historia particular.
• Aunque existe gran temor por la impunidad de hechos criminales cometidos por los jefes máximos de grupos de autodefensas, ante el reciente proceso de extradición. Dada la experiencia en investigación criminal, los cabecillas de las estructuras medias, realmente son las personas que conocen los pormenores de la actuación criminal de sus jefes, principalmente en zonas rurales, debido a que eran ellos quienes patrullaban las regiones y ejecutaban sus órdenes. En consecuencia, la información que suministren, desde esta perspectiva es vital y sigue siendo insumo permanente para que las autoridades logren ahondar en un verdadero contexto de justicia y reparación, en lo atinente al descubrimiento de fosas comunes ilegales; mucho más cuando no tienen la presión de los grandes cabecillas.
• Muchos familiares de víctimas también tienen conocimiento de la ubicación de fosas comunes; sin embargo, por encontrarse en zonas donde se prevé la movilidad de distintos actores armados; las víctimas no pueden desplazarse con los equipos de criminalística y demás autoridades competentes, por temor a retaliaciones e intimidaciones de distinta índole.

El hallazgo de esas fosas comunes representa paradójicamente una luz de esperanza para las familias de las víctimas que yacen allí". Se trata, en efecto, de la posibilidad de tener certeza sobre el paradero de los desaparecidos, así se trate de un paradero trágico y desolador, pero además, de la posibilidad de indagar por las circunstancias, causas y la identidad de los involucrados en actos atroces, para que tanto las personas cercanas a las víctimas allí enterradas como la sociedad colombiana en general, empiecen a conocer la verdad de lo ocurrido"²¹.

Quizás a manera de remembranza de la antigua costumbre, del mundo griego, que consistía en cortar en dos una moneda o un objeto de un amigo, para luego, sin importar el tiempo y las circunstancias, unir ambas mitades y reconocer este acto como un pacto de reconciliación o de renovación de sentimientos en medio de la resistencia al terror, al olvido, se puede afirmar que con el hallazgo de fosas comunes en Colombia, se reconoce el dolor de los recuerdos que asaltan la memoria histórica de la violencia social y política de las comunidades, pero también los hechos relacionados con la memoria del corazón, con la verdad de las víctimas por ser este el punto de partida para adelantar un proceso de reconciliación nacional.

¹Amantia, Germán. La fosa o huesa es el depósito de restos humanos o lugar último donde descansa el cuerpo sin vida. Fosa es lo que se afonda (ahonda) en la tierra para enterrar el cadáver. En el pasado, tal denominación hacía referencia a un territorio del cementerio donde se hacia la disposición final de los restos óseos no reclamados o donde iban a parar los cuerpos de los suicidas por considerarse que no eran dignos de inhumarse con los demás mortales. Retomando estas consideraciones, el léxico criminológico describe la fosa común como lotes clandestinos donde ilegalmente se inhuman en un mismo perímetro, uno o varios cadáveres con el fin de ocultar la identificación de los mismos e impedir la investigación y la acción de la justicia.

²En el actual contexto de verdad, justicia y reparación resulta importante retomar la experiencia de María Victoria Uribe, antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, con maestría y doctorado en historia de la Universidad Nacional de Colombia, experiencia docente en el Instituto Pensar y como autora del libro Antropología de la Inhumanidad. Este artículo contiene varias citas del diálogo que la investigadora sostuvo con distintos interlocutores en la Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá), el 20 de septiembre de 2007, y que se centró en los miles de colombianos cuya identidad se desconoce al ser enterrados en fosas comunes, ante la indiferencia social de algunos sectores de la opinión pública. En esa oportunidad se expusieron algunos planteamientos sobre el efecto que ha causado en la sociedad colombiana, el hallazgo y reconocimiento de un gran número de fosas comunes a nivel nacional y su relación con las posibilidades simbólicas de realizar el duelo, el perdón y la construcción de nuevos ciclos y proyectos de vida para las regiones del país vulneradas en estos aspectos, en el contexto de las negociaciones con las desmovilizadas autodefensas. Además se comentaron algunos aportes del proyecto "Verdad, justicia y reconciliación para una sociedad postconflictiva en Colombia ", financiado por el Institut Zivik de la cancillería alemana y coordinado por la Fundación Social, en convenio con el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Los resultados de esta primera fase quedaron plasmados en un documento titulado: "Pertinencia de la verdad en un escenario de guerra como el colombiano", así como en una serie de recomendaciones a las instancias gubernamentales y judiciales, a partir de extensas discusiones con organizaciones sociales que trabajan con las víctimas.

³Amantía , Germán. "Crónicas de la morgue" por Germán Amantía. Las fosas comunes. Colaboración especial al periódico El Colombiano. Referencia virtual: http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/notas/fosascomunes.htm 2008.

⁴Referencia virtual: periódico El Colombiano. Enero 2007. La humanización en medio de la deshumanización. María Victoria Uribe Montoya.

⁵Ibíd.

⁶Amantía , Germán. "Crónicas de la morgue" por Germán Amantía. Las fosas comunes. Colaboración especial al periódico El Colombiano. Referencia virtual: http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/notas/fosascomunes.htm 2008.

⁷Ibíd.

⁸Uribe Montoya, María Victoria. Conferencia: La humanización en medio de la deshumanización. Biblioteca Luis Angel Arango, septiembre 20 de 2007.

⁹Referencia virtual: www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=6928 - 37k -

¹¹Ibíd.

¹²Pérez Poveda, María Victoria. Red Pages. Alerta Ambar. Prólogo de la Obra Plástica del Maestro Óscar Cerón.

¹³Ibíd.

¹⁴Ibíd.

¹⁵Ibíd.

¹⁶Uribe , María Victoria. Gestos de Humanización en medio de la deshumanización que vive Colombia: el Caso de los NN. Conferencia. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 18/07/2007 Referencia virtual: agenda.universia. net.co/universiaco/2007/07/15/gestos-dehumanizacion- en-medio-de-la-deshumanizacion.

¹⁷Uribe, María Victoria. Referencia virtual. www.elcolombiano.com. Enero de 2007.

¹⁸Ibíd.

¹⁹American Journal of Peventive Medicine. Prevención de lesiones: alcanzando el desafío. Comité Nacional para la Prevención y Control de Lesiones. 1989.

²¹Boletín quincenal. Edición 428, mayo 2 - 15. Índice del Boletín 428. "Derechos humanos. ¿Desenterrando la verdad? Las fosas comunes, primer reto de verdad a la Ley de Justicia y Paz". ((Rodrigo Uprimny - María Paula Saffon)).

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