Análisis de los programas de prevención del crimen y promoción de los derechos humanos en Colombia

Analysis of Crime Prevention and Human Rights Promotion Programs in Colombia

Armando Aguilera Torrado^*

^*Magíster en Ciencias Sociales Decano, Facultad de Psicología, Universidad Cooperativa de Colombia, Popayán, Colombia. aaguileratorrado@yahoo.com

Resumen

El artículo es una reflexión teórica suscitada a partir de la revisión de los presupuestos teóricos y metodológicos que subyacen en los programas de prevención del crimen y promoción de defensa de los derechos humanos. El desarrollo de este trabajo se hace a la luz de los planteamientos de la psicología social, la cual ha identificado algunas variables psicológicas que explican la dinámica grupal. Estas variables son indispensables a la hora de implementar programas de prevención que buscan cambiar y/o modificar comportamientos.

El artículo propone algunos lineamientos psicológicos que se deben tener en cuenta al momento de diseñar programas de prevención del delito y violación de derechos humanos con el fin de generar impacto en la población objetivo.

Palabras clave: prevención del delito, protección a los derechos humanos, psicología social, teorías psicológicas, representación social (Fuente: Tesauro de Política Criminal Latinoamericana - ILANUD).

Abstract

This paper proposes some psychological guidelines that must be taken into account when designing Crime and Human Rights Prevention Programs, so as to have an impact on target population.

Key words: crime prevention, human rights protection, social psychology, psychological theories, social representation (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy - ILANUD).

Problema

En Colombia existe una labor positiva en torno a la prevención del crimen y la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos por parte de organizaciones como Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, Consejería de Política Social, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Programa Presidencial de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, Red de Solidaridad Social (actualmente Acción Social), Casas de Justicia, Ministerio de Educación, de Salud y del Interior, y más de 50 ONG¹.

A pesar del trabajo realizado por dichas instituciones para que la población colombiana "tome conciencia" de la importancia de tener conductas pro-sociales, solidarias y de convivencia, como única garantía de posibilitar la consolidación de una sociedad respetuosa de los derechos ciudadanos.

Según el informe de la Fundación Seguridad y Democracia, durante el año 2007 el 14% de los ciudadanos manifestó haber sido víctima directa de un delito, el 26% manifestó que alguna persona cercana había sido víctima de un delito y el 17% presenció la comisión de un hecho delictivo. Las ciudades que presentaron los índices de victimización directa más altos fueron Cartagena y Cúcuta con un 17% y 16% respectivamente. Los niveles más bajos los presentaron Bogotá y Cali con un 12% y 13% respectivamente.

Los casos de hechos delictivos que involucraron violencia ejercida por los criminales aumentaron con relación a 2006. Mientras que para ese año los delincuentes ejercieron violencia en un 50% de los casos, durante 2007 se ejerció violencia en el 64% de los hechos delictivos. Asimismo, se registró un preocupante aumento de la utilización de armas de fuego. En efecto: mientras que en 2006 la principal forma de violencia ejercida por los criminales fue arma blanca con un 44%, seguida por arma de fuego con un 39%, durante 2007 la principal forma de violencia pasó a ser arma de fuego con un 55%, seguida por arma blanca con un 34%. Cartagena, Barranquilla y Cali fueron las ciudades con mayor porcentaje de delitos con arma de fuego. Bogotá fue la única ciudad donde predominaron los delitos cometidos con arma blanca (46%), y otras formas de violencia como golpes (15%).

Para 2007 el 18% de las víctimas de un delito recibió ayuda de alguien, pero disminuyó un punto con relación a 2006. El comportamiento de la solidaridad es muy variado de una ciudad a otra. Mientras que en Medellín el 36% de las víctimas recibió ayuda, en Bogotá solo el 6% fue auxiliado. Otra ciudad que se destaca por sus bajos niveles de solidaridad es Cúcuta con un 9%.

El informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en 2007 afirma que la situación de abusos y violaciones de los derechos humanos en el país se debe básicamente a los hechos de violencia sociopolítica que caracterizan el contexto nacional. Sin embargo, las estadísticas de desapariciones forzadas, secuestros, masacres y homicidios no dan cuenta de la fenomenología social y psicológica de quienes cometen delitos y vulneran los derechos y perpetúan la dinámica de la violación de los DDHH. Los estudios epidemiológicos y estadísticos solo presentan las consecuencias directas, es decir, los hechos visibles de la problemática de criminalidad y violencia, pero no dejan apreciar lo invisible y estructural del fenómeno.

Hoy Colombia cuenta con un cúmulo de experiencias valiosas relacionadas con la prevención del crimen y la defensa de Derechos Humanos, las cuales son dignas de replicar en otras latitudes; sin embargo, a pesar de la ardua labor que vienen realizando estos organismos, quedan muchas preguntas y problemas por resolver en torno a la disminución del crimen y situación de los Derechos Humanos en el país y aumento de conductas prosociales y solidarias.

Una de esas preguntas es: ¿Cuáles son las razones por las que, a pesar de tantas campañas de divulgación y educación para prevenir el crimen y defender los Derechos Humanos, los colombianos aún mantienen actitudes y comportamientos de indiferencia e insensibilidad frente a los hechos y situaciones de delito y abuso de los Derechos Humanos?

Discusión

Abordar esta pregunta necesariamente apunta a revisar los modelos de intervención y los programas que las organizaciones encargadas de prevenir el crimen y defender los Derechos Humanos desarrollan. Si analizamos estos trabajos, encontraremos que ellos han sido planeados y desarrollados de manera prioritaria desde una perspectiva jurídico-pedagógica, en la medida en que sostienen la tesis de que la delincuencia y la violación de los derechos humanos se deben básicamente a la falta de conciencia (conocimiento) de las personas en torno al tema de criminalidad y derechos humanos; por desconocimiento de las normas que promueven conductas prosociales y protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Las instituciones que trabajan en la prevención del delito y en la defensa de los Derechos Humanos en el país han asumido que la estrategia más efectiva para contrarrestar el delito y las violaciones de los derechos humanos es el fortalecimiento del sistema judicial, así como la formación y capacitación en los mecanismos y normas que protegen los derechos ciudadanos y, gracias a este trabajo, la mayoría de los colombianos tiene hoy algún conocimiento sobre el tema y mayores espacios de denuncia.

A pesar de este bien intencionado trabajo de divulgación y capacitación en el tema de prevención del crimen y promoción de los DDHH, el cual se ha venido realizando en forma masiva en el país desde hace más de 20 años por las instituciones encargadas de la prevención del crimen y la defensa de los Derechos Humanos, las víctimas de delito manifiestan que la población colombiana en general permanece indiferente e insolidaria frente a su situación de abuso. Igualmente, a pesar del trabajo sistemático en el ámbito de lo educativo y jurídico, en Colombia no se ha realizado un trabajo investigativo que dé cuenta de la incidencia de las variables psicológicas, antropológicas y sociológicas en el mantenimiento de actitudes y comportamientos criminales y violación de los derechos humanos.

Los estudiosos de la conducta criminal y de los derechos humanos en Colombia aún no se han detenido a pensar en qué forma las representaciones sociales que tiene la población sobre el tema de la criminalidad y de DDHH, repercuten sobre las actitudes y comportamientos frente al mismo delito y a la violación de derechos del otro, así como sobre la efectividad o no de los programas dirigidos a "crear conciencia" sobre la prevención del crimen y defensa de los DDHH.

Las representaciones sociales sitúan el problema de la criminalidad y violación de los DDHH en el punto donde se intersectan lo psicológico y lo social. "El constructo de representaciones sociales, antes que todo, concierne a la manera como las personas, sujetos sociales, aprehenden los acontecimientos de la vida diaria, las características de su medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de su entorno próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento "espontáneo", "ingenuo"... Conocimiento de sentido común, o bien pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico (Giménez, 2003).

El trabajo de prevenir el crimen y proteger los derechos humanos en cualquier contexto social debe partir: primero, del conocimiento específico que tienen las personas sobre el tema y, segundo, del saber del sentido común sobre las formas que las personas creen que son las más convenientes para garantizar la no ocurrencia del crimen y la violación de los derechos. Estos dos aspectos darían un diagnóstico sobre el pensamiento social en relación con el tema de la criminalidad y la defensa de los derechos humanos; las estrategias comunicativas y educativas de los programas de prevención deben apoyarse en ese diagnóstico si desean lograr incidir en la modificación de las actitudes y comportamientos que no favorecen las conductas prosociales ni garantizan la protección de los derechos humanos.

Para efectos de los programas de prevención del crimen y de divulgación de los derechos humanos es necesario tener en cuenta las representaciones sociales específicas de cada grupo humano al cual van dirigidas las estrategias informativas y educativas, pues de lo contrario los contenidos de dichas estrategias no causarán la modificación de las representaciones que sustentan el crimen y la violación de los derechos humanos.

Los expertos en el diseño y ejecución de programas de prevención de delitos y violación de DDHH, no se han puesto a analizar que las personas poseen "un autosistema que les permite ejercer un control sobre el medio ambiente, por encima de sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Este autosistema incluye las habilidades para simbolizar, aprender de otros, planificar estrategias y alternativas, regular la propia conducta y la autorreflexión". (Fernández, 1999).

Es importante tener en cuenta este aspecto de un autosistema o autoesquema como responsable o regulador del comportamiento individual y social a la hora de elaborar y ejecutar programas que busquen la modificación de actitudes y comportamientos, ya que si se busca realmente moldear o causar cambios en los pensamiento y las acciones de los individuos es necesario incidir sobre el autosistema.

Según los planteamientos de Bandura (1986) citado por Fernández-Abascal (1999), "la conducta es el resultado de la interacción entre este autosistema y las fuentes de influencia externas y medioambientales". Para Bandura (1986), "las creencias que las personas tienen sobre ellas mismas son los elementos importantes en el ejercicio de control y de la agencia personal".

Los programas de prevención de abusos y violaciones de derechos humanos tendrán poca o ninguna efectividad sobre el tejido social y humano, dependiendo de que incidan sobre las creencias que las personas tienen sobre ellas mismas, ya que ellas son la base de las acciones de los seres humanos.

Según la teoría cognitivo-social de Bandura (1986) citado por Fernández-Abascal (1999), "los individuos interpretan y evalúan sus propias experiencias y sus procesos de pensamiento. Los determinantes previos de la conducta como el conocimiento, la habilidad o logros anteriores predicen la conducta subsecuente de acuerdo con las creencias que las personas sostienen sobre sus habilidades y sobre el resultado de sus esfuerzos".

A la hora de pensar en un programa o una campaña de prevención de delitos y violaciones de los derechos humanos² es importante primero identificar las creencias que la población objetivo tiene sobre sus capacidades para organizar y ejecutar recursos de acción implicados en el respeto de la dignidad humana, pues ello es un predictor de las acciones que las personas ejecutarán en las más diversas situaciones de riesgo frente al delito y violación de los derechos humanos.

Bandura considera que la capacidad humana para la autorreflexión es la "capacidad más singularmente humana", por esta forma de autorreferencia del pensamiento le permite evaluar y alterar su propio pensamiento y su conducta. Estas evaluaciones incluyen percepciones de autoeficacia, que es como Bandura definió a "las creencias en las capacidades propias para organizar y ejecutar el recurso de acciones requeridas para manejar las posibles situaciones". (Bandura, 1977).

La construcción de acciones pedagógicas sin un debido diagnóstico que asegure y demuestre la utilidad de las estrategias puede resultar inútil en la tarea de "crear consciencia" ya que un proceso de concientización basado solo en acciones "informativas" no da cuenta de la problemática actitudinal y comportamental que el proceso de sensibilización ante el delito y la violación de los DDHH implica. La sensibilización implica no solo saber qué es un derecho y cómo protegerlo, sino también estar en la capacidad de comprender a la víctima y al victimario, y tener la capacidad de saber qué implicaciones psicológicas, sociales y culturales tiene la violación de los derechos. La sensibilización es hacerse más sensible, y aunque el proceso empieza con información, el cambio actitudinal no se logra solo con ello.

En Colombia las instituciones gubernamentales y no gubernamentales han invertido recursos económicos y tiempo en la búsqueda de estrategias informativas y pedagógicas que lleven al cambio de actitudes y comportamientos que ponen en peligro la convivencia ciudadana y la protección de los derechos humanos y, sin embargo, son pocos los efectos positivos que se han logrado en esta dirección. Quizás una de las razones que expliquen este hecho tiene que ver con la variable psicológica del locus de control, la cual determina los estilos de atribución que las personas utilizan para determinar a qué fuerzas otorgan la responsabilidad de lo que les sucede a ellas y a los demás.

El locus de control tiene gran influencia en las motivaciones de las personas, en sus expectativas, autoestima y en la ejecución o no ejecución de conductas de riesgo. Como un indicador general de conductas preventivas del crimen y de la violación de derechos humanos, es necesario trabajar en función de un locus de control interiorizado, es decir, en estrategias que lleven a que la población en general se asuma como responsable de lo que en el país está sucediendo en materia de criminalidad y violación derechos humanos.

La variable locus de control "es conocida dentro de las teorías del aprendizaje social como la identificación de donde se origina la fuerza motivadora que lleva a los individuos a actuar de cierta manera y no de otra ante la misma situación; constituye una explicación del lugar o foco, en el cual se ubica el núcleo que refuerza la realización de las conductas o acciones de las personas". (Duran, 2001)

Con programas enfocados solo desde la perspectiva jurídico-pedagógica, será difícil lograr cambios actitudinales y comportamentales claros y duraderos en el tiempo, si la población objeto de intervención tiene un locus de control externo, es decir, si las personas y el grupo le atribuyen a situaciones externas y ajenas a ellos la responsabilidad de prevenir el crimen y las violaciones de los de derechos humanos.

El locus de control "es un constructo de personalidad referido a la percepción del núcleo desde el cual son determinados causalmente los eventos de la vida desde la óptica del propio individuo, que los considera consecuencia de su conducta o resultado de circunstancias como el destino, suerte o factores externos y sin relación con sus actos". (Duran, 2001).

Si los programas de prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y prevención del delito no tienen en cuenta el locus de control, los objetivos de estas propuestas educativas seguramente no se lograrán, en la medida en que las personas no encontrarán en la información recibida razones suficientes para cambiar su comportamiento, dado que pueden considerar que no serán víctimas de actos criminales, o que no tienen algún tipo de responsables de los crímenes y las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país.

"El locus de control es, entonces, un concepto teórico que se ha desarrollado para explicar las creencias características del sujeto a partir de las cuales este establece la génesis de los eventos cotidianos y por ende de su propio comportamiento. Es un constructo que permite definir cómo es percibida la causa de una acción o comportamiento y cómo esta percepción está determinada por la información que el sujeto posee acerca del objeto en cuestión". (Duran, 2001).

Por otra parte, dada la magnitud de recursos dirigidos a la prevención del crimen y promoción de los DDHH, se hace necesario contar con criterios de evaluación del impacto de las estrategias pedagógicas y/o de cambio actitudinal realizadas, que no se basen solo en estadísticas de disminución o aumento del crimen y violaciones a los DDHH. Se requieren medios que permitan identificar los procesos de transformación social que redunden en la consecuente disminución de las estadísticas de violaciones a los DDHH.

Aunque las cifras pueden mostrar disminución de delitos y de violaciones de derechos humanos, estas no son sensibles a la forma en que la población en general percibe, siente, cree y reconstruye el significado del crimen y los DDHH, este proceso de construcción social de significados determina a futuro variaciones en las estadísticas y repercusiones sobre el fenómeno de la criminalidad y violación de derechos humanos que no son fácilmente anticipables. En forma más ilustrativa, un grupo social puede implementar mecanismos judiciales que garanticen, por ejemplo, la disminución del secuestro y la desaparición forzada. Este grupo social puede, igualmente, bajo la creencia de que el secuestro y la desaparición forzada son un problema de desconocimiento del tema de seguridad, fomentar procesos de "información" sobre cómo hacer más seguros los espacios sociales. Sin embargo, quien secuestra o desaparece a una persona ve a la víctima del plagio como alguien que tiene más de lo que realmente necesita o como un enemigo potencial (representación) y tarde o temprano aprenderá a burlar los nuevos sistemas de seguridad. Así, el problema no es de mecanismos judiciales o de seguridad, o de estrategias de información, sino de la forma en que víctima y victimario se interpretan y dan significado a sus acciones y a sus interrelaciones.

Así, se hace evidente la necesidad de abordar un problema que ha pasado desapercibido dentro de los programas de prevención del crimen y defensa de los Derechos Humanos, un problema que determina otros asuntos que son actualmente prioritarios: la falta de solidaridad y sensibilidad que presentan los colombianos en todos los estratos y niveles etarios ante los hechos y situaciones de crimen y violación de derechos ciudadanos individuales y colectivos.

Las víctimas de delito y violación de los DDHH que han participado en programas de apoyo a su recuperación y reparación del impacto de violaciones a sus derechos, manifiestan que una de las dificultades mayores para reintegrarse a su vida social activa es la falta de sensibilidad y solidaridad del tejido social hacia su problemática.

Las víctimas perciben que el tejido social (familia, vecinos, compañeros de trabajo, etc.) permanece indiferente e indolente frente a la situación de abuso y violación de sus Derechos Humanos. Tal apatía e indiferencia se han construido históricamente a través de años de criminalidad y violación de derechos humanos.

Esta aparente insensibilidad, aunque protectora frente a la problemática psicológica que la vivencia traumática de hechos criminales y violentos trae, se ha constituido ya en una característica cultural asociada a la problemática de violencia, cultura que inevitablemente nos condena a una crisis humanitaria de proporciones cada vez mayores.

Quienes vulneran los derechos del otro lo ven, no como una persona doliente y vulnerable, sino como un objeto de odio. Quien viola los derechos de otra persona ha atravesado por un proceso de desensibilización frente al dolor del otro, al punto de obtener de su dolor algún tipo de ganancia. Hoy desconocemos la forma como se construyen las representaciones sociales que las personas tienen de los Derechos Humanos, de sus satisfactores fundamentales y los medios de satisfacción y cómo determinan actitudes y comportamientos frente al otro.

Para generar cambios en los aspectos actitudinal y comportamental es necesario trabajar sobre las representaciones sociales, sobre la presión que ejercen los iguales o pares en la ejecución de conducta de los sujetos, sobre el autoesquema o autoeficacia, sobre el locus de control, sobre los elementos y situaciones culturales y sociales que hacen que los colombianos sean más susceptibles o no al dolor del otro. Todas estas variables dan cuenta de las motivaciones, las percepciones, creencias, atribuciones y sentimientos que originan acciones en pro o en contra de los derechos del otro.

Estas acciones deben apoyarse en el proceso cognitivo de construcción de los Derechos Humanos, ya que, según Coddu (1997), para entender la génesis de la conducta violenta y el crimen es necesario preguntarse por la epistemología que encarna, es decir, por las explicaciones que revelan una manera de entender el mundo y de orientar el actuar. Un patrón de relación que observamos en la dinámica social de la violencia es la negación del otro distinto (ideas, raza, cultura) como legítimo y de allí la necesidad de controlarlo y/o dominarlo; la lógica entonces delinea la siguiente paradoja: La creencia social de que es reprochable el uso de la fuerza para relacionarse con el otro, sin embargo, parecería ser que ante otro que hace o piensa cosas "reprochables", desde un juicio de valor individual y/o colectivo, se hace necesario su control o dominación. Esta lógica de la(s) violencia(s) toma forma en diferentes escenarios: las relaciones familiares, laborales, vecinales, de pareja y de estudio, entre otros, y su más burda expresión es la guerra.

La formación y capacitación usada como estrategia para disminuir el crimen, abuso y violación de los Derechos Humanos, y como mecanismo para lograr el cambio de actitudes, frente a las situaciones violentas que afectan la convivencia y el respeto a la diferencia, no es un método lo suficientemente eficaz para lograr tal fin, pues hay que saber que el comportamiento solidario y los Derechos Humanos son una condición básica de la interacción y las relaciones sociales.

En ese sentido, a la hora de establecer estrategias de formación para la prevención del crimen y defensa de los Derechos Humanos hay que tener en cuenta que la relacionalidad antecede a la individualidad, es decir, el respeto al otro, a los Derechos Humanos, la solidaridad y la sensibilidad ante su abuso no es algo que surge del interior de los individuos, sino de su interacción con los otros.

Los seres humanos tienden a construir "relatos dominantes", es decir, historias expresadas a través del lenguaje, que no solo describen las vivencias personales, sino que revelan una actitud hacia ellas, las interpretan y le trazan de alguna manera derroteros para la acción. Estos guiones, o representaciones sociales, son los que hay que asumir en una intervención que busque cambios actitudinales en relación con la criminalidad y la situación de los DDHH en el país.

Conclusiones

Para que los programas de prevención del crimen y defensa de los derechos humanos tengan un mayor impacto sobre el contexto sociocultural y político del país deben tener en cuenta la dimensión antropológica y sociológica del ser humano.

Los programas de prevención del crimen y defensa de los derechos humanos, además de la dimensión jurídica, pedagógica, antropológica y sociológica, deben asumir las variables psicológicas que inciden en la modificación de actitudes y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia ciudadana.

Las representaciones sociales que los ciudadanos y ciudadanas construyen en su interacción social sobre el crimen y el constructo de derechos humanos es una buena línea de base para iniciar cualquier trabajo de sensibilización relacionado con la disminución de comportamientos criminales y defensa de los derechos humanos.

La percepción de autoeficacia o autoesquema explica cómo en la medida en que las personas se asumen y se reconocen como competentes son capaces de llevar adelante una meta o un propósito, lo cual permite entender por qué para algunos colombianos es más fácil que para otros ejecutar acciones en las que se toman en cuenta los principios universales de los DDHH.

La susceptibilidad explica cómo en la medida en que las personas son sensibles a los problemas de los demás, están más dispuestas a asumir los mensajes y comunicaciones que promueven la necesidad de proteger y defender los derechos humanos.

El locus de control explica cómo, en la medida en que los ciudadanos y ciudadanas necesiten de controles externos para modelar sus actos, no serán capaces de autocontrolarse ante situaciones de riesgo que lleven al abuso o la violación de los derechos humanos.

Los especialistas en DDHH desechan, a la hora de formular programas de prevención, el conocimiento que se tiene sobre la estructura y dinámica del aparato psíquico en relación con la determinación de las acciones humanas.

Los programas de prevención del delito y defensa de los derechos humanos desconocen que no todo puede ser enseñado, que la pedagogía no alcanza para educar lo azaroso y silencioso de la dinámica psicológica responsable de lo violento en el hombre.

Notas

¹ Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, Asociación de Ayuda Solidaria ANDAS, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Asfaddes, Benposta Nación de Muchachos, Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes, Corporación de Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credhos, Corporación Reiniciar, Corporación Viva la Ciudadanía, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fundación Cultura Democrática, Fundación Esperanza, Fundación Humanizar, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Indepaz, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos Red Nacional de Mujeres.

² Ejemplo: el programa Futuro Colombia de la Fiscalía, dirigido a población adolescente de colegios del país.

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