Complicidad, acompañamiento y confrontación.
Un análisis de los editoriales del diario La Nación publicados los 24 de marzo durante el período 1976-2014^*

Mauricio Schuttenberg^**, Julián Fontana^***

^* Artículo de investigación. Resultado de una investigación enmarcada en el proyecto colectivo Representaciones políticas, discursos e identidades en la Comunicación gráfica. Siglos XIX-XXI. Programa de Incentivos a la Investigación, Universidad Nacional de La Plata.

^*** Licenciado en Comunicación Social. Docente de Historia de las ideas y los procesos políticos en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Correo electrónico: julinof@hotmail.com

Recibido: 1 de abril de 2015 / Evaluado: 24 de junio de 2015 / Aceptado: 30 de septiembre de 2015

10.15332/s1794-3841.2016.0025.11

Cómo citar este artículo: Schuttenberg, M. y Fontana, J. (2016). Complicidad, acompañamiento y confrontación. Un análisis de los editoriales del diario La Nación publicados los 24 de marzo durante el período 1976-2014. Hallazgos, 13(25), 233-260 (doi: http://dx.doi.org/10.15332/s1794-3841.2016.0025.11).

Este artículo aborda la construcción de la memoria en torno a la última dictadura cívico-militar en el diario La Nación desde 1976 hasta 2014. Para esto, partimos de concebir al diario como un actor que interviene desde su propio núcleo de intereses, además de constituir un soporte y espacio de difusión de las ideas políticas de los sectores conservadores de nuestro país. El trabajo muestra la evolución del discurso y establece tres grandes etapas. La primera destaca el apoyo explícito a la dictadura. La segunda se da con la recuperación de la democracia donde el punto nodal del discurso del medio será el de la unión nacional, en torno a un núcleo de contenidos que garanticen la "normalización de la vida republicana", en función de los intereses de los sectores dominantes. El tercero es a partir de 2003, cuando se construyen los gobiernos kirchneristas como un nuevo tipo de autoritarismo antirrepublicano promotor de una memoria parcial.

This article discusses the construction of memory around the last civic-military dictatorship in the newspaper The Nation from 1976 to 2014. For this, we started to conceive the newspaper as an actor involved from their own core interests, besides being support and space dissemination of political ideas of the conservative sectors of our country. The work shows the evolution of speech and identifies three main stages. The first highlights the explicit support of the dictatorship. The second occurs with the restoration of democracy where the nodal point of the speech will be the average of national unity, around a core content to ensure the "normalization of the republic" , depending on the interests of the dominant sectors. The third is from 2003, where it is built Kirchner governments as a new type of memory promoter partial anti-republican authoritarianism.

Keywords: Memory, La Nación, dictatorship, identity.

Este artigo aborda a construção da memória em torno à última ditadura cívico-militar no jornal La Nación desde 1976 até 2014. Para isso, concebemos o jornal como um ator que intervem a partir de seus próprios interesses e constitui um suporte e espaço de difusão das ideias políticas dos setores conservadores da Colômbia. O trabalho mostra a evolução do discurso e estabelece três grandes etapas: a primeira destaca o apoio explicito à ditadura, a segunda se dá com a recuperação da democracia em que o nó crítico do discurso deste veículo de comunicação será o da "união nacional", em torno a um núcleo de conteúdos que garantam a "normalização da vida republicana", em função dos interesse dos setores dominantes. O terceiro é a partir de 2003, quando se levantam os governos kircheneristas, vistos como um novo tipo de autoritarismo antirrepublicano, promotor de uma memória parcial.

Palavras-chave: Memória, La Nación, ditadura, identidade.

Este artículo aborda la construcción de la memoria en torno a la última dictadura cívico-militar en el diario La Nación, expresión de los sectores más conservadores². El trabajo muestra la evolución del discurso y establece tres grandes etapas. La primera destaca el apoyo explícito a la dictadura. La segunda se da con la recuperación de la democracia, donde el punto nodal del discurso del medio será el de la unión nacional, en torno a un núcleo de contenidos que garanticen la "normalización de la vida republicana", en función de los intereses de los sectores dominantes. El tercero es a partir de 2003, momento en el que se construyen los gobiernos kirchneristas como un nuevo tipo de autoritarismo antirrepublicano promotor de una memoria parcial.

Para esto, partimos de concebir al diario como un actor que interviene desde su propio núcleo de intereses, además de constituir un soporte y espacio de difusión de las ideas políticas de los sectores conservadores de nuestro país. A lo largo de la historia Argentina, los periódicos han sido actores fundamentales para la divulgación masiva de las ideas y de los intereses políticos, económicos, sociales y culturales de diferentes sectores sociales. Jugando un rol político, en cuanto articuladores de una perspectiva que, partiendo de una representación de la sociedad y sus conflictos, presuponen una serie de acciones y medidas de gobierno con las cuales dar una respuesta programática.

El trabajo apunta además a construir un conocimiento sobre los discursos de "derecha" en la Argentina contemporánea e indagar cómo se resignifica el pasado en los posicionamientos del presente y la forma como construyen los relatos a partir de la reivindicación de distintos procesos históricos, tradiciones y figuras. Profundizar en las dinámicas políticas de estos espacios es fundamental a la hora de pensar el proceso en su conjunto. Como señala McGee Deutsch (2005), los investigadores se sienten más atraídos por las revoluciones que por los grupos que se oponen a ellas. Estas ideas y posicionamientos no han sido lo suficientemente indagados y resulta indispensable producir un conocimiento en esa área para dar cuenta del proceso abierto en 2003.

En los últimos años la prensa escrita ha sido objeto de numerosos análisis. En este campo de estudios se destacan los aportes de (Borrelli, 2012), quien revisó las principales posiciones editoriales del matutino Clarín frente al proyecto refundacional de la dictadura militar en la etapa 1976-1981. Para ello el autor analizó los posicionamientos del matutino sobre la experiencia dictatorial al cumplirse los aniversarios del golpe de Estado del 24 de marzo. Borrelli y Saborido (2011) amplían el papel que desempeñó la prensa argentina en la dictadura, sujeta a una vigilancia estricta y a una legislación restrictiva de la libertad de expresión. Otros trabajos se centran en el período, e iluminan la manera como diversos medios nacionales y regionales construyeron sus lineamientos editoriales (Díaz, 2009). Otras investigaciones se enfocaron en la dimensión argumentativa de los discursos autoritarios durante el siglo xx (Vitale, 2007 y 2009) y las conmemoraciones (Quinteros, 2013) y disputas simbólicas y políticas en distintas fechas "in-felices" (Jelin, 2002). En este sentido, nuestro abordaje se propone profundizar un recorte que intenta mostrar la reconfiguración del discurso del medio en torno a la dictadura y su conmemoración cada 24 de marzo a lo largo de un período amplio que va desde 1976 hasta 2014. El objetivo es mostrar las diferentes formas de narrar el pasado en cada uno de los contextos históricos del período abordado, para dar cuenta de la especial preocupación del medio por la llegada al poder de un gobierno que es identificado como la reencarnación de los setenta y que vendría a reabrir las heridas de aquellos años.

La memoria es una construcción que resulta de la transmisión de ciertos acontecimientos y experiencias que una identidad tiene interés en conservar, de allí que la memoria más que un conjunto homogéneo y coherente de representaciones del pasado tiene que ser pensada como el lugar de una tensión entre el pasado que ella custodia y los conflictos que la conforman y la reformulan (Jelin, 2001 y 2002). En este sentido, el concepto de memoria discursiva (Courtine, 1994) remite al interdiscurso, al cuerpo sociohistórico de trazos discursivos previos en los que una secuencia se inscribe, en la medida en que esta secuencia pone necesariamente en juego un discurso-otro, una red de tópicos y filiaciones históricas. Las memorias discursivas consisten así en un retorno, una evocación de formulaciones anteriores en una coyuntura dada. Ahora bien, el camino para acceder a esos mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es el análisis de los discursos sociales, para lo que se estudiarán las publicaciones del medio en cada aniversario del golpe de Estado 1976 (Verón y Sigal, 2004).

Cada 24 de marzo, tendremos entonces "nuevas efemérides" que se relacionan directamente con la memoria y la historia reciente de la Argentina. Sus modos de conmemoración expresan un ejercicio en el cual la memoria cobra verdadero protagonismo; es ella la que nos permite recordar el pasado donde podemos hallar las respuestas para nuestro presente. En este sentido, como expresa Sandra Raggio (2012), la memoria es el presente del pasado, y no puede constituirse de forma independiente de los dilemas del tiempo desde el cual es elaborada. La apropiación de un pasado signado por el terrorismo de Estado implica asumir el desafío del conflicto por el que hoy está atravesada su memoria.

Otro aspecto al que refiere el presente trabajo es el hecho de que la memoria es parte constitutiva de las identidades políticas. Para comenzar, diremos que estas últimas comparten dos características principales: una representación de la sociedad y un programa político (Eccleshall, 1984). Las identidades ofrecen entonces una visión de la sociedad inteligible y para ello acentúan y contrastan distintos aspectos del mundo social a fin de ilustrar cómo actúa la realidad en todo su conjunto y también cómo se debería organizar desde el enfoque propuesto. A partir de este desarrollo se transmite un programa de acción en busca de acercar el ideal y la realidad planteados. De esta manera, el discurso proporciona una perspectiva coherente que permite llegar al conocimiento del mundo social y actuar en consecuencia.

Pensar lo político en estos términos nos abre la posibilidad de analizar las formas como los diversos grupos van reestructurando sus identidades y sus posicionamientos, la constitución de límites y antagonismos que posibilita el realineamiento de fuerzas y la rearticulación en busca de un nuevo intento de "sutura" del orden social. La identidad implica entonces un proceso dinámico de construcción de significados. En este punto recuperamos el concepto de configuración identitaria propuesto por De la Garza, (2001). Entender la identidad como una configuración permite concebirla como un proceso móvil, durante el cual se articulan elementos heterogéneos que tendrán distintos lugares en esa cadena significante dentro de las distintas coyunturas.

Los elementos constitutivos de la identidad se articulan en una dinámica siempre inacabada y abierta (Zemelman, 1995). Esto implica la necesidad de analizar una dimensión autónoma de los aspectos estructurales que inciden en los mecanismos de identificación y en la conformación de configuraciones identitarias. No obstante, cada reordenamiento, cada incorporación, cada modificación, cada reconfiguración generan reacomodamientos donde se pueden identificar tanto continuidades como cambios (Barros, 2006). Dentro de esos elementos que se reconfiguran tiene importancia el análisis de los puntos nodales donde se condensan los significados. En efecto, en la configuración identitaria no todos los significados tienen el mismo peso para la articulación, puesto que algunos códigos pueden adquirir primacía y opacar a otros que permanecen subalternizados, pero que pueden emerger y conformarse en "articulantes" de la red de códigos y, por lo tanto, también del proceso colectivo de dar sentido (Retamozo, 2009).

Analizar discursos no consiste en estudiar lo que los actores dicen por oposición a lo que hacen. Como sostienen Verón y Sigal (2004), el análisis de los discursos es indispensable porque si no conseguimos identificar los mecanismos significantes que estructuran el comportamiento social, no comprenderemos tampoco lo que los actores hacen. De esta manera, los discursos interesan analíticamente por cuanto es imposible interpretar la acción política fuera de toda hipótesis sobre la matriz significante que la genera.

En primer lugar es necesario mencionar algunas consideraciones sobre el discurso, al que entendemos, siguiendo a Maingueneau (1984), como una dispersión de textos cuyo modo de inscripción histórica permite definirlos como un espacio de regularidades enunciativas. Vinculado al carácter histórico, otro elemento por considerar es que el discurso político está signado por su carácter polémico e incorpora el conflicto como su componente enunciativo primordial, que en el dispositivo democrático compite con una pluralidad de discursos e intenta legitimar un determinado liderazgo a partir de imponer la pretensión de verdad (Pérez, 2004, p. 184). En esta misma línea, para Verón (1987) el campo discursivo de lo político implica enfrentamiento, relación con un enemigo, lucha entre enunciadores, lo que determina una dimensión polémica del discurso político y la construcción de un adversario. La figura del adversario parte de la suposición de que existen otros actos de enunciación, opuestos, un "otro negativo", además de "otro positivo". El discurso político está dirigido a ambos, por ello se trata de un desdoblamiento que se sitúa en la destinación.

Aquí es interesante sumar la mirada de García Negroni (1988, p. 85) sobre la multidireccionalidad del discurso, donde los enunciados tienen distintos destinatarios y es posible descubrir "fuerzas ocultas en complejos ilocucionarios". En función de multidistinción, el discurso tiene distintitas funciones: garantizar el apoyo de sus adherentes o seguidores, obtener el de los indecisos mediante la persuasión y dirigirse a sus adversarios, reconociendo en este último la función polémica.

Laclau (1996, 2005) plantea que un discurso político hegemónico se conforma mediante la construcción de fronteras que delimitan antagonismos y equivalencias. Pero si la hegemonía es el proceso por el cual un discurso (o demanda) particular asume la representación de la comunidad política, esta no reside entonces en la imposición de un discurso homogéneo y uniforme, sino en la reformulación, transformación, neutralización y absorción de discursos y demandas heterogéneos (Laclau, 1977). En ulteriores formulaciones de la teoría, puede decirse que esta multiplicidad de discursos se condensa en lo que el autor denomina significantes vacíos, discursos que tienen la capacidad de integrar y dar cuerpo a la comunidad política vaciándose de su contenido particular: en términos del autor, discursos o "términos privilegiados que condensan la significación de todo un campo antagónico" (Laclau, 1996, p. 44). Creemos que esta perspectiva otorga herramientas que permiten comprender las estrategias argumentativas desplegadas por el medio en los diferentes contextos seleccionados.

En cuanto al aspecto metodológico, para la selección del material, se tomaron en cuenta los editoriales, las notas de opinión y las crónicas informativas, publicados en las fechas de aniversario del golpe cívico militar iniciado el 24 de marzo de 1976 de todos los años, incluido 2014. Este recorte se justifica en el interés por analizar el posicionamiento que el diario manifiesta en referencia a tal acontecimiento, en los distintos contextos históricos que caracterizaron, tanto a la misma dictadura como a los diferentes gobiernos democráticos. Es en el producto de tal reflexión donde podremos captar los elementos constitutivos de la identidad, los proyectos políticos que esbozan y el futuro deseado. La apelación a la historia nos permitirá observar los puentes y las vinculaciones que realizan con otras etapas y procesos como forma de legitimar y marcar los posibles caminos políticos por seguir.

Durante la última dictadura, la política editorial del matutino tuvo dos grandes ejes de intervención. Uno de estos consistió en promover la desinformación sobre el terrorismo de Estado construyendo a diario un discurso de normalización institucional y de la vida social. Como si el golpe hubiese "normalizado" la vida diaria de los argentinos, convulsionada durante el período político social que acababa de cerrarse, por la acción de —en términos oficiales— "elementos ajenos/enemigos de la sociabilidad tradicional argentina". En concordancia con esto, articuló un eje apologético del llamado Proceso de Reorganización Nacional, celebrando sus acciones y ofreciendo sus páginas principales a la publicación del discurso de la junta militar.

La Nación se adhirió al golpe desde su posicionamiento liberal-conservador, publicando la proclama donde los militares justificaban su intervención y planteaban los objetivos y lineamientos perseguidos por el Proceso de Reorganización Nacional. Allí afirmaban que:

Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía [...] a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político enfrentara a la subversión [...[ a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía, que ocasionará el agotamiento del aparato productivo [...]. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado [...] Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo [.] así la República llegará a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional [...]. (La Nación, 25 de marzo de 1976a).

Los objetivos principales perseguidos por el golpe fueron expuestos en la tapa del ejemplar del día 25 de marzo de 1976, y consistían en sostener la

[...] vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino; vigencia de la seguridad nacional erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia; concreción de una situación socioeconómica donde el Estado mantenga el control sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo y brinde a la iniciativa y capitales privados, nacionales y extranjeros las condiciones necesarias para una participación fluida en el proceso de explotación nacional de los recursos [...]. (La Nación, 25 de marzo de 1976b).

Para La Nación, los militares toman el camino del golpe de Estado para terminar con el vacío de poder y la falta de autoridad en que se encontraba sumido el gobierno de Isabel. Este nuevo "leviatán patrio" surgió por necesidad histórica para resguardar las instituciones políticas, ideológicas y morales de la argentinidad, derrotando a las organizaciones promotoras del cambio social y político en lo que denominan con palabras del régimen: la guerra contra la subversión. Restaurando en su acción correctora el orden institucional y social que reclama el liberalismo conservador desde la llegada al poder de Juan Domingo Perón, retrotrayendo la correlación de fuerzas en lo político, al tiempo histórico en que los sectores populares no tenían injerencia en las decisiones sobre lo público. Evocando las memorias discursivas que fueron nutriendo los posicionamientos del diario desde su fundación.

No en vano, el primer editorial de La Nación tras el golpe cívico militar, publicado el mismo día en que Videla juró como presidente (29 de marzo de 1976), llevó por título "La edad de la razón". El diario no puso en suspenso sus principios "republicanos". El hilo argumental que hilvanó las ediciones de aquellos años sostenía que tales principios estaban en riesgo por el avance de la subversión, apátrida, comunista, y terrorista, por sobre las instituciones de la república³.

Pero así como para La Nación el Estado-conservador tenía el deber de imponerse en lo político militar, asumiendo el total monopolio de la violencia, debía retirar su intervención en la economía y liberarla así a la acción del capital privado⁴:

[...] en la medida en que el gobierno militar se proponía liberalizar la economía, el matutino estimuló esa orientación y señaló aquellos aspectos sobre los cuales se debía actuar con rapidez para lograr dichas metas. El desmantelamiento de los controles y de las disposiciones impuestas por la anterior administración, criticados por las corporaciones rurales, era destacado como una tarea prioritaria. (Sidicaro, 1993, pp. 398, 399).

Las críticas del diario al proceso se limitaron a señalar las "tareas incumplidas" que imponía el tiempo histórico de restauración conservadora por la vía armada. No se había avanzado lo suficiente con el retiro del Estado del mercado, por lo que quedaban pendientes la eliminación de regulaciones y las privatizaciones de sectores claves de la economía. No se habían transformado radicalmente las estructuras sindicales con nuevo marco legal, las cuales en una normalización institucional volverían a tener una "injerencia inconveniente", para la libre acción del capital, ni tampoco una nueva institucionalidad política que erradicara la "demagogia", entendida como la correspondencia de la dirección política del Estado con los intereses populares (Sidicaro, 1993).

Es decir, la institucionalidad republicana instituida en significante vacío en las ediciones de aquellos años es convocada para la construcción hegemónica legitimante de la acción de gobierno reclamada por los sectores dominantes. A partir de adjudicarse la representación política de la ciudadanía, La Nación interviene desde sus formaciones discursivas vistiendo a la dictadura de su republicanismo, el cual es construido desde los tópicos que señalan lo logrado (represión del campo popular), como también desde los que marcan lo aún pendiente (desregulación económica).

Si bien en principio Raúl Alfonsín⁵ no era el candidato de La Nación, el diario apoyó inicialmente su asunción el 10 de diciembre de 1983, puesto que no slo no provenía de las filas del partido que significaba para el diario el gran problema para la gobernabilidad republicana de la argentina: el peronismo, sino que además lo había derrotado electoralmente, al captar una parte importante de su base electoral.

Para La Nación la reconstrucción democrática, más allá de quien la encabezara, tenía que tener determinados contenidos con los cuales suturar el orden social, los cuales se fueron articulando en la línea editorial de esos años. Estos podrían sintetizarse como reconciliación para la unidad nacional, entendiendo por esto que el juego político de la vida democrática no bloquee el desenvolvimiento libre de las fuerzas productivas; liberalización de la economía, quitando la acción del Estado del mercado; los excesos de militares debían juzgarse en el plano del delito individual para salvaguardar así la institucionalidad castrense; la causa Malvinas debía resolverse por medio de la negociación en el plano internacional (Sidicaro, 1993).

El 24 de marzo de 1984 fue el primer 24 de marzo del gobierno democrático. La principal nota de la edición de ese día de La Nación ponía como título: "Llamado de Alfonsín a la unidad nacional", de la que solo se verían excluidos "los sectarios" y los "dogmáticos" (La Nación, 24 de marzo de 1984a).

En el editorial del mismo día, "El gobierno de la República", el matutino se lamenta de que a solo tres meses de iniciado el gobierno, desde la oposición política no se lo considere como el gobierno de todos, por cuanto es el gobierno de la república, reeditando "un criterio reñido con la organización republicana que en algún tiempo de infausta memoria llegó a plantear enfrentamientos en la sociedad argentina cuyas crecientes secuelas serían después de muy dolorosa reparación" (La Nación, 24 de marzo de 1984b).

Desde el momento en que la dictadura comienza su declive, acelerado con la derrota militar en Malvinas, La Nación construye una memoria basada en la unión de los argentinos, en el marco del diálogo entre los distintos sectores y por encima del conflicto inherente al orden social y político. "Pacificado" el orden interno con el aplastamiento de la "subversión", se imponía la restauración de las instituciones republicanas. Quienes cuestionaran el núcleo de contenidos para la etapa que se iniciaba, marcado desde los editoriales del diario y —en principio-no refutados por el nuevo Gobierno, fueron descalificados como sectarios, dogmáticos, antirrepublicanos. En el mismo acto discursivo de trazar una frontera se buscaba condicionar al nuevo Gobierno.

La postura del diario ante esto fue continuar resaltando como una necesidad histórica el haber terminado con la guerrilla en Argentina, catalogada como la culpable de romper el orden institucional. Aun cuando ya a esta altura de los acontecimientos se había evidenciado que el terrorismo de Estado había instalado como objetivo central la represión de toda forma de participación ciudadana, en la vida social y política. En un segundo momento, el diario sostenía que si en el marco de dicha represión se cometieron excesos por parte de las autoridades militares, que los llevaron a cometer delitos, estos debían ser juzgados y condenados en cuanto "desviaciones" de la "legítima" acción represiva del Estado.

Es decir, para La Nación era acertado enjuiciar tanto a los jefes guerrilleros como a los militares que "se excedieron en la represión" y a los integrantes de las tres juntas militares como responsables. Por este motivo, apoyó la reforma del Código de Justicia Militar para que fuera la propia justicia civil la que juzgase a los militares que violaron derechos humanos y no la militar. Como los excesos fueron para el diario a título personal y no institucional, porque "el ejército cumplió la función de reprimir para salvar la institucionalidad", tras el fallo de la justicia y las respectivas condenas la historia debía cerrarse para superar los odios y rencores que impedían la concordia republicana (Sidicaro, 1993).

En esto, el diario anticiparía la postura que luego adoptaría el gobierno radical, y con la cual terminaría clausurando el reciente proceso de memoria verdad y justicia, con las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987)⁶, sancionadas tras los alzamientos militares contra el orden constitucional. Si bien La Nación condenó estos alzamientos y valoró positivamente las movilizaciones en su defensa, basaba su explicación en el descontento de los militares con los juicios. Habiéndose condenado a las cúpulas, exigía al Gobierno una solución política a la crisis que apuntase a la reconciliación de los argentinos: "El Dr. Alfonsín, que supo ejercer la autoridad conferida por la voluntad popular con decisión y prudencia, podrá proponer, ahora la superación de los desentendimientos con las fuerzas armadas, íntegramente subordinadas al orden constitucional"⁷. La respuesta de Alfonsín fue la Ley de Obediencia Debida⁸, lógicamente apoyada por el diario.

Pero la nota que más líneas ocupó esa edición es la referida a la amnistía que el gobierno uruguayo dictó para los militares golpistas que cometieron violaciones a los derechos humanos en el vecino país. La recurrencia a la comparación sobre cómo se resolvieron las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado en Argentina y en Uruguay será otro de los tópicos que perdura hasta nuestros días. "El juzgamiento de los militares (por los abusos de la represión durante la dictadura- aclara el diario-) era incompatible con el clima de estabilidad institucional y de tranquilidad. La paz también es un valor y sin él difícilmente haya libertad y tranquilidad que permitan la vigencia de los derechos humanos", declaraba el presidente uruguayo en el inicio de la nota (La Nación, 24 de marzo de 1987, "La amnistía para los militares uruguayos", p. 2). Posteriormente, sostenía que su gobierno optó por la amnistía a los militares por que juzgarlos implicaría la inmediata reacción de las fuerzas castrenses sobre la recuperada institucionalidad. Para evitar la "ruptura de la paz interior" se perdonó a todos, ya que "¿sería más justo arriesgar la paz del país y la garantía de los derechos humanos hoy para hacer una justicia retroactiva que podría comprometer a esa paz?⁹".

La cita resume el núcleo central del argumento esgrimido en La Nación. La reconstrucción democrática debía hacerse sobre la base del olvido y el perdón de lo actuado por la dictadura "en el pasado" reciente. La democracia y los derechos humanos volvían juntos a tener vigencia de aquí en más. Las fuerzas represivas se subordinaban a su cumplimiento y a cambio se las perdonaba por sus violaciones. Porque si se las juzgaba y se las condenaba con las leyes de la democracia restituida, se castigaría solo a "uno de los culpables" de la anomalía institucional y se dejaría sin castigo a "los subversivos", diluidos en el campo de las víctimas.

En línea con esto, y sobre el terreno simbólico sembrado por la memoria discursiva articulada desde los principales medios de comunicación, la política de clausura del proceso de verdad y justicia iniciada con las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida encontró continuidad en el nuevo presidente de la democracia. Ni bien asumió su mandato, Carlos Saúl Ménem promulgó los indultos (1989 y 1990) a los militares condenados en los juicios a las juntas y a algunos jefes guerrilleros presos o procesados, pero no indultó a los jefes de los últimos alzamientos militares en democracia, con lo cual reforzó la idea de un corte con lo actuado en el pasado dictatorial (Jelin, 2005). El relato de la reconciliación nacional, que comienza a esbozarse desde los medios sobre el final de la dictadura, y que sustenta las leyes de impunidad y los indultos, será luego el discurso oficial del menemismo. Con el crecimiento en el debate público, de la perspectiva de las violaciones a los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado para referirse a esos años, desde los sectores movilizados que reclamaban memoria, verdad y justicia, el relato de "la lucha contra la subversión" que dominó los años de dictadura seguirá en la base argumental de la memoria de La Nación.

El 24 de marzo de 2001¹⁰ se cumplieron 25 años del golpe. En la edición de La Nación de ese día se destacaron dos notas principales. Una de tono historiográfico, redactada por la historiadora María Sáenz Quesada, y la otra de perfil más editorial, redactada por Joaquín Morales Solá. Ambas, por cierto, estaban en la línea liberal del diario. Con la participación de Quesada, aparece un "reconocimiento" inédito en las páginas de La Nación:

Buscaron [los militares] asimismo al equipo económico de tendencia liberal que tuviera mejores vínculos con los grupos empresarios y financieros locales y con los centros de poder internacionales [...] Las fuerzas armadas tenían como principales aliados en esta nueva aventura, que implicaba un alto riesgo en sus primeras etapas, a los sectores del poder económico tradicional, los cuales habían contribuido a la preparación del clima previo al golpe con una protesta patronal realizada en febrero. (Sáenz Quesada, 24 de marzo de 2001a)

Por vez primera, aparece en una nota del diario el reconocimiento de la correspondencia del golpe militar con los intereses de los sectores del poder económico tradicional. Aunque al mismo tiempo se exculpó a los sectores del poder civil de su participación y apoyo a las acciones político-represivas de la dictadura (Sáenz Quesada, 24 de marzo de 2001b). Pero la nota donde quedó mejor reflejada la posición del diario es la de Morales Solá: "El tironeo entre dos sectores mezquinos" (24 de marzo de 2001), la cual se enmarca en la memoria discusiva de La Nación vinculada a la teoría de los dos demonios¹¹.

El 24 de marzo de 2002, el próximo posterior a la implosión del modelo instalado por el golpe militar, en los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, la pluma encargada de la línea editorial fue Mariano Grondona. En su texto titulado "En lugar de las instituciones, la "acción directa", proclamó la recuperación de la "institucionalidad perdida" para encauzar la acción política, en manos —entonces— de una sociedad movilizada y sin conducir por la política tradicional:

La acción política puede ser de dos clases: institucional y directa .En una sociedad bien ordenada, la acción política se canaliza a través de las instituciones [...] Pero la acción política puede derivarse a través de cursos no previstos en la organización constitucional de la democracia. En tal caso, grupos de personas de la más diversa índole buscan atajos para gravitar sobre el poder o, incluso, para tomarlo por asalto. Aquí se abre el inquietante paisaje de la "acción directa. (24 de marzo de 2002)

Con la implosión del modelo neoliberal, y en gran parte de su expresión política, el poder político se debilitó en términos de representatividad, pero en la necesidad de gobernar la crisis el entonces presidente Duhalde recuperó el control sobre la política monetaria y —en un primer momento— se resistió a reprimir la protesta social en una sociedad movilizada. Cuando lo hizo en los sucesos de puente Avellaneda¹², tuvo que acelerar los tiempos electorales para retirarse.

¿De dónde viene la preocupación de La Nación por la crisis de legitimidad del poder político, y en particular por el debilitamiento del ejército y las limitaciones al accionar de las fuerzas de seguridad? La conflictividad social producto de la crisis de la hegemonía neoliberal era articulada con una vuelta al pasado de "confrontación"¹³ (Grondona, 24 de marzo de 2002).

Es decir, la preocupación explicitada por La Nación es que la crisis de institucionalidad no tenía la conducción de algunas de las expresiones de la política (y mucho menos militar) que no cuestionaban el marco general de lo posible, instalado a partir del golpe de 1976 y legitimado en tres períodos presidenciales. La retroversión del poder político en el pueblo producto de la crisis de 2001 podía instituir una representación política que, rompiendo con el modelo neoliberal, posibilitara una nueva correlación de fuerzas en la relación capital/trabajo, en confrontación con el ideal de república hegemónico hasta entonces.

La crisis de 2001 dio lugar a una posterior recomposición política a partir de 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner. En esta etapa, se volvió a plantear la recuperación del Estado como actor clave dotado de legitimidad para dialogar y negociar con actores sociales con intereses sectoriales muchas veces enfrentados entre sí. Con estos cambios, el Estado recuperó rápidamente un margen de autonomía respecto de las peleas corporativas locales, y recobró así legitimidad para hacerse cargo de los conflictos intersectoriales. A su vez, también comenzó a sentar una nueva posición frente a las presiones internacionales, y abandonó la alineación incondicional con los Estados Unidos de la década de los noventa, desde una posición latinoamericanista¹⁴.

Entre las rupturas que el gobierno de Néstor Kirchner significó con los anteriores gobiernos democráticos, debemos destacar en el marco del presente trabajo la política de derechos humanos, continuada en los sucesivos gobiernos de Cristina Fernández. Una de sus primeras medidas de gobierno fue la renovación de las cúpulas castrenses en el mes de su asunción (marzo de 2003) y el discurso ante el ejército donde remarcó la subordinación de las armas al poder político y calificó de "asesinos repudiados por el pueblo" a quienes participaron del terrorismo de Estado. En agosto del mismo año, el congreso con mayoría oficialista declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En 2004 se creó el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el emblemático centro clandestino donde se ejerció el terrorismo de Estado. En la jornada de presentación realizada el mismo 24 de marzo de 2004, Kirchner pidió perdón en nombre del Estado nacional por el terrorismo de Estado a las víctimas y familiares presentes, y procedió a retirar los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar. En 2005 se declararon inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final y al año siguiente la Corte Suprema de Justicia anuló los indultos. Como consecuencia directa de todo esto, se reabrieron las causas sobre represores y se iniciaron nuevos procesos judiciales; de esta manera, se incrementó permanentemente el número de militares procesados y condenados a la cárcel.

Varios ministros, funcionarios y legisladores que accedieron a cargos políticos desde el kirchnerismo provienen del campo de las víctimas del terrorismo de Estado. Madres y abuelas recibieron apoyo estatal a sus actividades, formaron parte de la liturgia de los actos de gobierno y siempre en un lugar destacado, preferencial. El primer secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde fue un emblemático abogado y militante de la causa, y tras su fallecimiento fue reemplazado —en el gobierno de Cristina Fernández por Martín Fresneda, hijo de desaparecidos militantes de la agrupación Hijos.

En los años anteriores, La Nación se refería tangencialmente al golpe de Estado en los sucesivos editoriales, en función de la presencia del tema en la agenda pública. A partir de que, con los gobiernos kirchneristas, se articula una política en derechos humanos que produce acciones concretas, cambios que comienzan a correr el manto del olvido instalado por las leyes de impunidad, el tema comienza a ocupar más páginas. La Nación comienza a comprometer a sus periodistas del staff permanente y editorial, y a subir el tono y la toma de posición fuerte en las argumentaciones en contra de tal política.

El 24 de marzo de 2004, primer aniversario del golpe en el gobierno kirchnerista, la edición de La Nación dedicó su contenido principal a cuestionar las decisiones del Gobierno en la agenda de ese día. La noche del 23, la cámara de diputados había aprobado el proyecto de resolución instando a la justicia a declarar nulos los indultos dictados por Menem. El diario hizo un recuento de las críticas de la oposición al proceso de revisión selectiva del pasado (Serra, 24 de marzo de 2004), en una nota donde destaca la no adhesión de miembros del propio partido.

Pero el hecho central de la jornada fue la sesión del predio de la ESMA para la creación del Museo de la Memoria, en la conmemoración del aniversario 28 del golpe cívico militar. Las distintas notas que se refieren al acto, alimentan los tópicos de que memoria, verdad y justicia son sinónimo de división entre los argentinos, de que constituyen un reclamo minoritario y de militantes de la causa y familiares directos de los "subversivos", de constituir una visión parcial, recortada, de lo ocurrido en la década de los setenta y condenatoria de los militares liberando de culpas a los "guerrilleros". En "Un resultado con más pérdidas que ganancias", se resaltó tanto el malestar castrense por la medida, como las "divisiones" que generó en las propias filas del Gobierno. "Kirchner sólo recoge ganancias de los organismos de derechos humanos que tienen profundas diferencias. Es decir, el presidente se lleva más pérdidas que puede lamentar en un futuro inmediato" (Dinatele, 24 de marzo de 2004).

Un segundo eje con el cual se cuestionó la medida fue el del contenido con el cual se intervino para resignificar la ESMA en un museo de memoria:

]]> ¿Qué historia contará? Quizás no se deba mostrar sólo el horror, sino también convocar a una reflexión madura sobre por qué nos pasó lo que nos pasó como sociedad. El Estado y el peronismo que hoy gobierna no deberían desentenderse de esto: resultaría muy positivo que no temieran contar la historia con ecuanimidad [...] El museo debería convocar a los argentinos al pensamiento más que a la revancha. (Valenzuela, 24 de marzo de 2004)

Es decir, la propia liturgia del acto de sesión y los sujetos colectivos allí convocados alarmaron a La Nación en el siguiente sentido: ven legitimarse una nueva memoria sobre la década de los setenta promovida y apoyada desde las más altas esferas del poder político, rediscutiendo el n conmemoraci o, kirchneristasrnos kirchneristas, cuyo desarrollo no es objeto del presente artpasado reciente en términos de un presente por resolver, instalándolo en la agenda de lo público, movilizando consensos transversales en distintos espacios sociales y políticos. Ven que comienzan a materializarse acciones concretas de política en derechos humanos, que trascienden la disputa ideológico/ cultural para constituirse en decisiones sobre lo público, y que estas rompen con la clausura instrumentada por las leyes de impunidad y por el macrodiscurso articulado por los principales medios masivos, donde promovieron el cierre de esa etapa desde el olvido y el perdón¹⁵.

Entonces La Nación comienza a referirse a un "pasado" hasta aquí borrado de sus páginas, para intervenir en la disputa por el sentido que renace en el presente. Nunca antes tuvo tanta franqueza a la hora de honrar su apologético rol en la prensa como "tribuna de doctrina", para "contar" los setenta desde la síntesis entre la doctrina de la guerra contra la subversión y la teoría de los dos demonios.

Durante los dos o tres primeros años de ese ciclo tuvo lugar un duro y sangriento enfrentamiento entre las distintas organizaciones guerrilleras y las Fuerzas Armadas. Por ambas partes se cometieron delitos que aparejaron pérdidas de numerosas vidas de militares que buscaban eliminar el terrorismo, así como de inocentes civiles, mientras que se sucedieron cruentos episodios que afectaron la integridad física y la vida de los subversivos, muchos de los cuales desaparecieron sin dejar rastros. ¿Ha tomado conciencia el presidente Kirchner de que su iniciativa representa un agravio para los centenares de personas asesinadas y torturadas por la subversión, que, pasivamente, deberán soportar una reivindicación del terrorismo que afectó sus vidas? (Padilla, 24 de marzo de 2004)

Lo nuevo en el relato enunciado desde el Gobierno no es su contenido, sino que la perspectiva que hasta el 25 de mayo de 2003 solo sostenían las organizaciones, personalidades y militantes comprometidos con los derechos humanos, es ahora el discurso del Gobierno.

No cabe duda ni puede negarse la realidad de lo sucedido en la ESMA, como tampoco puede desconocerse que el presidente Kirchner es de inequívocas simpatías izquierdistas. Lo ha demostrado en múltiples ocasiones, tanto a través de expresiones verbales (calificó de valientes héroes a quienes combatieron a las Fuerzas Armadas), como por acciones concretas, como el decreto 1259/03 por el que se crea el Archivo nacional de la Memoria, con el fin de conservar documentos que intenten demostrar lo que califica como terrorismo de Estado (Padilla, 24 de marzo de 2004.)

Es decir, para La Nación el gobierno kirchnerista deja de ser el gobierno de todos con su política de derechos humanos, para convertirse en el gobierno de una facción calificada como minoritaria, desde el momento en que asume la perspectiva de las víctimas para referirse al terrorismo de Estado. Por lo tanto, para el diario, las acciones y discursos con los cuales el Gobierno intervendrá el espacio público serán las de "una parcialidad"; con esto se genera la reacción de "la otra parcialidad (La Nación, 25 de marzo de 2004)" excluida de la acción político-discursiva.

]]> Según se ha publicado en diversos medios los alumnos tendrán próximamente a disposición un libro titulado "Treinta Ejercicios de Memoria" que intenta describir desde la perspectiva de algunos artistas contemporáneos las implicancias del golpe militar ocurrido el 24 de Marzo de 1976. Me parece una sutileza de mal gusto, carente de una objetividad meridiana, analizar dicha desgracia desde un sector, sin haber convocado el testimonio del universo de actores (políticos, estudiantes, obreros, comerciantes, profesionales, e incluso militares) que estuvieron a favor y en contra. (La Nación, 25 de marzo de 2006)

De este modo, en la construcción de la memoria del medio se reinstalaría en el presente la "división superada" entre los argentinos por "causas ideológicas", es decir, la continuidad del discurso de legitimación de la impunidad caracterizado como reconciliación nacional oficializado durante el menemismo:

No he buscado reabrir una controversia que debió haber quedado definitivamente clausurada hace mucho tiempo, pero justamente por esta razón debo exponer mi juicio sobre este Museo de la Memoria: nunca debió haber sido creado, porque, al hacerlo, se mantiene abierta una profunda división entre los argentinos. Es absolutamente necesario superarla, para poder marchar hacia la definitiva reconciliación nacional. (Padilla, 24 de marzo de 2004)

Otro eje desde el cual se cuestiona la política de derechos humanos, en el marco del posicionamiento latinoamericanista que asume el kirchnerismo, es el de contraponer lo actuado por los gobiernos K con las políticas de clausura del terrorismo de Estado instrumentadas en otros países de la región. Este eje encuentra su origen en los estertores de la dictadura cívico-militar y los comienzos del primer gobierno democrático, donde La Nación instala como referencias que legitimen las políticas locales de impunidad los cierres sin memoria/verdad/justicia operados en Brasil, Chile y Uruguay.

En el conjunto de las naciones que padecieron similares experiencias, la Argentina constituye una excepción solitaria. Muchos de nuestros hermanos y vecinos -como Chile, Uruguay y Brasil- resolvieron hace años cerrar sus heridas y clausurar un período de sus respectivas historias. En Europa, España sancionó, no hace mucho tiempo, una amplia ley de amnistía relativa a todo lo acontecido desde el comienzo de la terrible guerra civil. ¿Qué espera el presidente Kirchner, que dice aspirar a la unión de todos los argentinos, para superar la crisis y reconstruir nuestra nación, imitando estos valiosos ejemplos? (Padilla, 24 de marzo de 2004)

Países tan próximos al nuestro como España o Chile encontraron la manera de dejar definitivamente atrás los hechos de violencia que desgarraron en otro tiempo a sus sociedades. Y supieron llegar a metas de reconciliación y paz social, sin las cuales no hubieran podido avanzar por la senda de la recuperación económica. ¿Por qué los argentinos nos obstinamos en seguir alentando nuestras divisiones y seguimos siendo prisioneros del pasado?". (La Nación, 25 de marzo de 2004)

Pero el ejemplo paradigmático desde el cual se refuta a la acción de gobierno y de justicia de Argentina es el caso uruguayo, que suma por estos años un elemento esencial en la comparación: su presidente democrático es un exguerrillero víctima de la violencia estatal, encarcelado y torturado por años.

]]> [...] José Mujica, antaño ferviente militante de la organización Tupamaros —le costó 14 años de durísimo confinamiento— y, no obstante, ahora predicador de la necesidad de una reconciliación. Blanco y negro. Dos países, dos gobiernos y dos conductas. Una sola y dolorosa conclusión: el presidente uruguayo es consciente de cómo debe ser construido un futuro promisorio; la sesgada mirada de las autoridades argentinas alienta la intemperancia y explica las amenazas a quienes sustentan opiniones diferentes. (La Nación, 25 de marzo de 2010)

El 24 de marzo de 2006, cuando se cumplieron 30 años del golpe cívico-militar, el Congreso Nacional convirtió esta fecha en el día de la memoria a través de un proyecto del poder ejecutivo. En los fundamentos de dicho proyecto se condena el terrorismo de Estado llevado adelante por la dictadura cívico-militar, se remarca el consenso en la sociedad en este punto y se resalta la importancia de la memoria en la construcción presente de una sociedad más justa y más humana. El hecho de que sea declarado feriado nacional el 24 de marzo, como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia lo jerarquiza como fecha insigne, y se refuerza así su recordatorio.

La Nación intentó desactivar el contenido del proyecto en su editorial, apuntando a convertir la fecha en un hecho del pasado, que cristalizado como tal no debería interferir en la construcción de la proclamada armonía para el presente:

Cuanto hoy deberíamos hacer los argentinos es darle un sentido constructivo a este feriado que nos ha sido impuesto. Deberíamos convertirlo en un día propicio para reflexionar a fondo sobre la necesidad de superar todos los odios y los desencuentros del pasado, y de avanzar con paso firme y con toda la fuerza posible hacia la definitiva reconciliación nacional. (La Nación, 24 de marzo de 2006)

Para esto, resulta necesario que la memoria abandone su entidad de práctica colectiva para entender y accionar en el presente buscando reparación y se convierta en un objeto más de estudio del pasado:

La memoria que los argentinos debemos conservar es, obviamente, la que vive y perdura en las páginas de la historia, entendida como el foro o espacio cultural en el que los hechos y los conflictos relevantes o trascendentes de nuestro pasado son rescatados, analizados y debatidos permanentemente. Los treinta años transcurridos desde 1976 deben servirnos para que tomemos conciencia de que los sucesos de ese año ya son parte de la historia y, de tal modo, deben ser considerados en función de la compleja trama que registra el desenvolvimiento íntegro de la vida de nuestra nación en un período determinado. Ahora bien, una cosa es preservar la memoria histórica de un tiempo o de una época —algo imprescindible para la continuidad espiritual de una nación— y otra cosa muy distinta es aceptar que se mantengan eternamente abiertas las heridas que el odio o la intolerancia de ciertos grupos marginales fueron abriendo, a través de los años, en el cuerpo social. (Las Nación, 24 de marzo de 2006)

La Nación tiene que explicar cómo es que un hecho del pasado, tomado como tal, adquiere la dimensión y el consenso sobre la necesidad de resolución que tiene en nuestro presente. El argumento con el cual se combate el amplio consenso que tiene en la sociedad argentina la política de derechos humanos queda implícito en el siguiente párrafo:

]]> Sabemos de sobra que algunos sectores utilizan en provecho propio la subsistencia del encono y de la desunión de los argentinos. En la medida en que esos males se prolonguen en el tiempo, esos sectores seguirán conservando su poder de convocatoria y su capacidad de influencia. Pero la inmensa mayoría de los argentinos no tiene nada que ver con esas especulaciones perversas y aspira a que el país viva de cara al futuro, y se opone a que los hijos de este suelo continúen siendo rehenes de conflictos o acontecimientos que se registraron hace tres o cuatro décadas. (La Nación, 24 de marzo de 2006)

Es decir, la centralidad que adquiere la política de derechos humanos en los gobiernos kirchneristas sería para el diario un "subproducto" de su praxis política general basada en la explotación de la conflictividad social para asumir la representación de su porción electoralmente mayoritaria. La política de derechos humanos cumpliría la función —junto con otras manifestaciones de la gestión— de generar una división en la sociedad argentina del presente, y promover de esta manera el encono del "ciudadano común" hacia los enemigos de la democracia, desde la cual operar promoviendo el consenso con las víctimas del terrorismo de Estado, y por traslación directa con el Gobierno que las representa.

La interpretación es parte de una de las estrategias discursivas utilizadas en esta etapa por los medios opositores¹⁶ a los gobiernos kirchneristas; así mismo,, consiste en presentar a los gobiernos kirchnerista y a sus expresiones parlamentarias como manifestaciones autoritarias, conflictivas, antidemocráticas, con miras a dos objetivos mutuamente implicados: cuestionar la legitimidad de sus acciones de gobierno y legitimar las reacciones violentas de los sectores de la oposición que lo combaten en el discurso mediático y en la acción política y económica concreta.

Para desacreditar la decisión del Gobierno de tener una política en derechos humanos, La Nación recurre tanto a las manifestaciones de quienes se oponen por derecha (por compartir más el programa y los objetivos del golpe militar que los de sus víctimas, ahora asumidos por el Gobierno), como a las declaraciones de quienes cuestionan el compromiso del Gobierno frente al tema por izquierda.

¿Son los Kirchner los únicos dueños de los derechos humanos? El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reclamó ayer, de manera explícita, que no se los considerara como tales. También Patricia Walsh, hija del escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh, principal impulsora de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en agosto de 2003, denunció que el ex presidente manipuló a los derechos humanos para su conveniencia personal: "Lo hizo para sacar votos y limpiar su imagen". (Majul, 25 de marzo de 2010)

Pero el eje principal que se sigue manteniendo a través de los años, y con el cual el diario atacará sistemáticamente la política de derechos humanos del Gobierno, es que este plantea la dicotomía en torno a los significantes rencor/reconciliación, en el marco de una estrategia discursiva general que apunta a presentar al kirchnerismo como un nuevo autoritarismo. De este modo, los condenados por la justicia por haber cometido crímenes de lesa humanidad, en procesos judiciales ajustados a derecho, son presentados por el medio como los "nuevos enemigos internos" (La Nación, 25 de marzo de 2010)¹⁷ promovidos por el poder político, para cohesionar a la opinión pública y alinearla tras la estrategia gubernamental.

Desde las páginas de La Nación, en línea con otras expresiones de la prensa concentrada, el kirchnerismo es presentado como el autoritarismo de nuestro tiempo histórico.

El golpe podría ser recordado, hoy, como el Apocalipsis que, sangriento y definitivo, clausuró un largo ciclo autoritario. Pero los gobiernos siguen condenando a la sociedad a la presión sobre la prensa y a la manipulación informativa. El respeto a los derechos humanos ha tenido una gran evolución, pero por momentos quedan convertidos en una bandera sectaria, en un procedimiento capcioso al cual someter al adversario. (La Nación, 24 de marzo de 2011)

Desde hace algunos meses comenzó a exteriorizarse una nueva y peligrosa iniciativa impulsada por ciertos sectores del oficialismo: la de ampliar caprichosamente el concepto de delitos aberrantes a situaciones absolutamente ajenas a las previstas en los tratados internacionales, para así crear una nueva categoría de delitos de lesa humanidad "económica". Para ello, han promovido varias causas judiciales y hasta se constituyó una Comisión Especial a la que nos referimos en nuestro editorial del 8 de enero pasado, con el fin de investigar una supuesta apropiación de empresas mediante la utilización de la represión militar. (La Nación, 24 de marzo de 2011)

Este aspecto compromete al diario en dos cuestiones esenciales. En primer lugar, La Nación es desde sus inicios la expresión periodística de los sectores dominantes de Argentina, por sus páginas habla en gran medida el poder económico. En segundo lugar, atañe a la complicidad del medio en un hecho ocurrido en plena dictadura, trascendente para la posición dominante de la prensa, como lo es el caso Papel Prensa.

El caso piloto es el de Papel Prensa. Con el objetivo de eliminar o controlar a los dos medios gráficos aún independientes más importantes del país (La Nación y Clarín), el Poder Ejecutivo desplegó una importante ofensiva mediática y judicial para intentar asociar —sin fundamento alguno— la compra de Papel Prensa por los citados medios y La Razón con la detención ilegal de la familia Graiver por el gobierno militar, con motivo de sus operaciones de financiamiento a la organización terrorista Montoneros. (La Nación, 24 de marzo de 2011)

La Nación articulará su respuesta nutriendo con un nuevo elemento la línea retórica que presenta al kirchnerismo como un nuevo autoritarismo. La denunciada participación civil en la represión ilegal será presentada por el diario como una nueva persecución a quienes se oponen a las políticas del Gobierno. Tal "persecución" obedecería a dos móviles: uno ideológico, se los persigue por ser la expresión del otro pensamiento político; otro económico, para forzar la quiebra o venta de sus empresas a manos de amigos o socios del Gobierno, o para generar otro tipo de negocio. "El objetivo de esta nueva ofensiva es claro. Se trata de hostigar a empresas o grupos económicos considerados opositores, sea para suprimirlos o someterlos, o para forzar su venta, en condiciones atractivas, a los conocidos empresarios amigos del Gobierno, o simplemente generar una nueva industria de reclamos indemnizatorios" (La Nación, 24 de marzo de 2011).

El diario, parte de la premisa de presentar a las empresas denunciadas de participación o complicidad en el terrorismo de Estado y a sus responsables jurídicos, como "el nuevo enemigo interno" construido por el Gobierno. En el mismo acto, unifica todos los casos introduciendo la confusión entre los motivos jurídicos de las denuncias, las actuaciones económicas de las empresas y el caso particular de apropiación de acciones en forma irregular que le compete en la causa Papel Prensa.

Pero, ¿cuál sería entonces el elemento en común a todas las causas, para ser unificadas por el diario?:

]]> El patrón o denominador común es que casi todas esas empresas y su personal, como fue asimismo el caso de muchas otras, sufrieron en su momento algún tipo de atentado, secuestro u ocupación por parte de los grupos terroristas ERP y Montoneros. Ahora se pretende acusar a estas empresas y sus dirigentes de "complicidad con la represión. (La Nación, 24 de marzo de 2011)

Siguiendo el editorial, las empresas en cuestión fueron víctimas de las acciones de las organizaciones político-militares, pero además se las involucra por ello. "Las empresas eran, en rigor, víctimas inocentes de los ataques terroristas y obviamente no tenían ninguna capacidad para decidir ni ejecutar acciones de contrainsurgencia que eran resorte exclusivo del Estado" (La Nación, 24 de marzo de 2011).

Es decir que aun si en la represión llevada a cabo dentro de las empresas o con su participación se cometieron delitos, estos correrían por cuenta de las fuerzas represivas del Estado únicamente. Desde este argumento, el diario sostiene que incluso estando en acuerdo con la represión, los empresarios quedarían fuera de la figura de "delitos de lesa humanidad", porque los autores serían las fuerzas militares o policiales. El editorial construye una memoria que deja oculto el hecho de que en los casos denunciados los empresarios no son acusados por su "acuerdo ideológico" con la represión ilegal, sino por que participaron de la comisión de tales delitos. Un segundo ocultamiento en esta memoria opera en referencia a la denunciada apropiación de acciones de modo ilegal en la causa Papel Prensa, en tanto que La Nación hace extensivo tal delito a la totalidad de las causas que involucran empresarios: "es aún más absurdo pretender encuadrar estas acciones como presuntas 'apropiaciones' de empresas, cuando en los casos mencionados sus dueños no fueron privados de su control o propiedad" (La Nación, 24 de marzo de 2011).

Esto sería un nuevo indicador, para el medio, de la fragilidad institucional de la argentina connotada como el resultado del ejercicio personalista del poder político, de la falta de independencia de la justicia, de la ausencia del rol de los partidos políticos, por donde debería pasar la disputa ideológico-programática. En suma, hablaría del debilitamiento republicano de la institucionalidad argentina.

En el presente trabajo nos propusimos indagar la construcción de la memoria discursiva en referencia al golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976/1983, articulada por el diario La Nación a partir de los editoriales y notas de opinión publicados en los distintos aniversarios de dicho golpe, desde el mismo 24 de marzo de 1976 hasta nuestros días.

Partimos de considerar al diario como la expresión comunicacional gráfica de los sectores dominantes de Argentina, pero que además de constituir un medio de información y formación de opinión interviene en el espacio público, por cuanto sujeto con un núcleo de intereses propios, cuestión que le imprime una línea editorial definida y sostenida en el transcurso del tiempo.

En el desarrollo de esta investigación pudimos distinguir dos grandes etapas que se diferencian a partir del rol que juega el Estado desde la política en derechos humanos promovida por su conducción política. Una primera etapa se extiende desde el golpe cívico militar hasta la crisis de 2001 y 2002. Abarca el período de implementación del orden neoliberal, con la instrumentación del modelo de acumulación de valorización financiera¹⁸ y su consecuente orden político-cultural de institucionalización y legitimación hegemónica, y su posterior implosión en los sucesos de diciembre de 2001. La segunda etapa se inicia con la recuperación del rol del Estado desde un nuevo paradigma y su consecuente orden político-cultural de institucionalización y legitimación hegemónica, en confrontación con la etapa anterior.

La primera etapa abarca los tres gobiernos democráticos sucedidos tras el golpe cívico militar. Si bien estos gobiernos han tenido un comportamiento diferente en referencia a la construcción de memoria, puesto que no implica lo mismo promover el juicio a las juntas (Alfonsín) que indultarlas (Menem), no obstante, no generaron un cambio de actitud significativo por parte del diario que se vea reflejado en sus editoriales y notas de opinión, publicados en los distintos aniversarios.

En la base argumental del discurso del diario encontramos un conservadurismo económico construido semánticamente como liberalismo y la apelación a un discurso republicano, desde el cual se postula la defensa de la institucionalidad democrática para clausurar el proceso de democratización real de la vida social y política. El concepto de república que aparece en La Nación es el de un sistema político que clausura la democratización, tanto política como económica, y tiende a suplantar el conflicto de intereses inherente a la vida democrática en el marco de un orden social de desigualdad, por un ideal de armonía y consenso en torno a lo conveniente para los sectores dominantes.

En la memoria discursiva del medio, los avances políticos y sociales logrados durante los gobiernos populares, como también la radicalización de las demandas de transformación del orden social, se presentan como desviaciones de la institucionalidad republicana, instituida por el orden conservador en el período de conformación del Estado-nación. La dictadura, entonces, cumplía con la tarea de restaurar el orden republicano derrotando a los sujetos del cambio social. Los editoriales de estos años se enmarcan en el relato de la lucha contra la subversión.

De allí que las únicas críticas a su accionar no se refieran a la acción represiva del Estado, sino a la falta de consecuencia a la hora de implementar el conservadurismo económico: quedaron pendientes la desregulación de la actividad económica, las privatizaciones de empresas y sectores claves de la economía, así como poder plasmar en la institucionalidad republicana lo logrado transitoriamente con represión política.

Con la recuperación de la democracia, el principal punto nodal del discurso del medio será el de la unión nacional, en torno a un núcleo de contenidos que garanticen la "normalización de la vida republicana", en función de los intereses de los sectores dominantes. El gobierno democrático debía asumirse como "el gobierno de todos", por lo que no se debía comprometer con la representación de los intereses de la sociedad movilizada tanto por el cambio social, como por el reclamo de verdad, justicia y castigo a los culpables del terrorismo de Estado. El diario convocaba a reconocer en el gobierno de Alfonsín al gobierno de todos, siempre y cuando este no se apartara del núcleo de contenidos que garantizaba republicanismo sin democratización.

Con la creación de la Conadep y la promoción de los juicios a las juntas, el hecho más relevante en cuanto a la necesidad histórica de que la institucionalidad democrática juzgue y castigue lo actuado por la dictadura, La Nación adoptó la siguiente postura editorial. En principio, resaltó como necesaria la política represiva sobre la sociedad movilizada que realizó la dictadura, puesto que —como se dijo— sus demandas implicaban "desviaciones" del republicanismo. En un segundo momento, ante las evidencias de los abusos cometidos por parte del terrorismo de Estado que se hicieron públicos en el marco de los juicios, calificó dichos abusos como excesos a título personal; por lo tanto, debían ser castigados como tales, al igual que los excesos cometidos por las organizaciones político-militares del campo popular. Exigía al gobierno de todos una solución política en el marco de la reconciliación entre los argentinos, que posibilitara la armonía republicana. Las llamadas leyes del perdón dictadas tras los alzamientos militares recibieron el apoyo del diario.

La política de clausura del proceso de memoria, verdad y justicia encontró continuidad en el gobierno de Menem, puesto que ni bien asumió ni dictó los indultos a los militares condenados en los juicios a las juntas y a algunos jefes guerrilleros. En tanto que el nuevo presidente asumió como propio el tópico de la reconciliación nacional como ropaje con el cual vestir la impunidad, el tema no ocupó los editoriales hasta el 24 de marzo de 1996 cuando se cumplen 20 años del golpe. Aunque sin sumar un nuevo tópico a la política editorial.

A partir de 2003, la dirección política del Estado asumió un nuevo rol, tanto en lo referente a la política de derechos humanos como a la política de gestión del Estado, autonomizando sus decisiones de los deseos directos de los sectores dominantes. El creciente consenso de tales políticas en la sociedad movilizada promovió la activa presencia de nuevas configuraciones discursivas en el espacio público, esta vez apoyadas desde el poder político. Estas colisionan con los anteriores discursos que hegemonizaban el sentido del orden republicano hasta entonces, disputando su significación desde contenidos democratizantes. Lo anterior dará a la temática de los derechos humanos una presencia inédita en los editoriales y notas de opinión de La Nación, en cada 24 de marzo de este período.

La inversión de sentido operada a partir de entonces será la de construir a los gobiernos kirchneristas como un nuevo tipo de autoritarismo antirrepublicano. Si la dictadura surgió para salvaguardar el orden republicano luchando contra la subversión, y los gobiernos que garantizaron la reconciliación nacional posibilitaron la normalización institucional de dicho orden, los gobiernos k, a partir del reclamo desde la conducción del Estado justicia para las víctimas y castigo a los culpables son identificados como el gobierno de las víctimas, que serían los promotores del cambio social, es decir los subversivos. Por lo tanto, presentados como el gobierno de una facción que, reintrodu-ciendo el conflicto de intereses en el orden social y político, propician la ruptura del gobierno de todos y dotan de parcialidad a la acción del Estado.

¹ Sobre el tema existe una enorme cantidad de producción desde las ciencias sociales. No obstante, puede consultarse a Bayer et al. (2011), Novaro y Palermo (2003) y Rapoport (2000).

³ Este argumento, esgrimido por los militares desde el primer momento del golpe y convertido en la piedra fundamental del colaboracionismo editorial del diario, fue usado en noviembre de 1979 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha comisión, llegaba al país para recoger información sobre la violación de derechos humanos, ante las denuncias recibidas en el exterior. La Nación los recibió con un editorial, en el cual sostenía que la misma presencia de la Comisión en el país sin condicionamientos para el desarrollo de sus actividades era prueba necesaria y suficiente de la buena voluntad del Gobierno y de sus deseos de esclarecer internacionalmente la situación. Por lo que les proponía a sus miembros, que realizaran su tarea teniendo en cuenta las condiciones de excepción con las cuales se gobernaba (Sidicaro, 1993).

⁴ La excepción a la regla económica fue —por obvios motivos— el caso Papel Prensa, donde el diario no cuestionó la intervención del aparato represivo para forzar la venta del paquete accionario mayo-ritario de la familia Graiver a La Nación, Clarín, y La Razón en sociedad minoritaria con el Estado, asegurándose el control sobre el insumo fundamental para mantener la hegemonía discursiva mediática.

⁵ Raúl Alfonsín provenía de la Unión Cívica Radical (UCR), principal partido opositor al peronismo desde que este llegó al poder en 1945.

⁶ La llamada Ley de Punto Final fijaba un tope de sesenta días para la presentación de denuncias por abusos y desapariciones, luego de la cual toda acción penal se declaraba "extinguida". La Ley de Obediencia debida eximía de responsabilidad penal a todos los oficiales de rango menor al de coronel, con el argumento de que habían actuado en cumplimiento de órdenes superiores.

⁷ La Nación (20 de abril de 1987), p. 6, en Sidicaro (1993).

⁸ La Ley de Obediencia Debida, N° 23.521 fue promulgada el 4 de julio de 1987. Dicha ley eximía de responsabilidades a los militares de los mandos medios y bajos que en cumplimiento de las órdenes de sus superiores habían cometido actos violatorios de los derechos humano, por lo tanto quedaban exentos de pena judicial.

⁹ Declaración de Sanguineti. Puede verse en La Nación (24 de marzo de 1987). La amnistía para los militares uruguayos, p. 2.

¹⁰ La profundidad de la crisis de 2001 afectó todas las dimensiones de la vida nacional: fue una crisis económica, que marcó el final del ciclo iniciado por las políticas económicas del menemismo, pero que se remontaba en realidad a las transformaciones llevadas adelante por la dictadura cívico-militar de 1976; fue también una crisis social, producto de esas mismas políticas, que llevaron a que en 2002 la pobreza alcanzar al 50% de la población y la indigencia a más del 20%, mientras que el desempleo afectaba a casi el 25% de los trabajadores; por último, se trató también de una gran crisis política, que afectó no sólo al gobierno nacional sino a la propia idea de representación.

¹¹ La llamada teoría de los dos demonios, como comenzó a ser conocida esta visión de los hechos, presentaba a la violencia criminal del Gobierno militar como respuesta a una agresión previa, por parte de las organizaciones guerrilleras. Tal concepción fue duramente criticada por la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos, que insistieron en que la responsabilidad del Estado era incomparable a la conducta de grupos o personas particulares, dado que, por su propia naturaleza, los organismos estatales debían encargarse de velar por la defensa y protección de los derechos de las personas. Además, dicha teoría daba lugar a una engañosa imagen: la de una sociedad que había sido la "víctima inocente de sectores simétricamente violentos".

¹³ La Nación, 24 de marzo de 2002: "En lugar de las instituciones, la acción directa", por Mariano Grondona.

¹⁴ Para un acercamiento al conocimiento sobre los gobiernos kirchneristas, cuyo desarrollo no es objeto del presente artículo, sugerimos remitirse a Muñoz (2011), Schuttenberg (2014) y Malamud y De Luca (2011).

¹⁵ Ver Peralta, D. (2009). De ángeles torpes, demonios, criminales: prensa y derechos humanos desde 1984. Blaustein, E. (1998). Decíamos ayer: La prensa argentina bajo el Proceso. Saborido, J. y Borrelli, M. (Coords.) (2011). Voces y silencios. La prensa argentina y la dictadura militar (1976-1983).

¹⁶ Además de La Nación, Clarín y las diversas expresiones gráficas, radiales y audiovisuales que componen tal grupo mediático de posición dominante han alimentado la misma estrategia de construir al kirchnerismo como un nuevo autoritarismo mientras que se presentan a sí mismos como la expresión independiente de la ciudadanía.

¹⁷ Resulta de un gran contenido simbólico a la hora de dar cuenta de la inversión de sentido operada desde La Nación, por tratarse de una figura que en nuestro país se instala a partir de la llamada doctrina de seguridad nacional, desde la cual se instruyó a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para la represión ilegal sobre diversos actores sociales, culturales y políticos. Resignificada en el nuevo contexto es utilizada por el diario para victimizar a los autores materiales de tales delitos de lesa humanidad, es decir, a los propios ejecutores de la citada doctrina.

¹⁸ Recomendamos para un mejor entendimiento de esta etapa la lectura del texto en el cual nos basamos: Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, de Eduardo Basualdo (2001).

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