ARTÍCULO ORIGINAL

Ensamblajes institucionales y guerras civiles en la Colombia del siglo XIX^*

Institutional Linkages and Civil Wars in the 19th Century Colombia

Manuel Alberto Alonso Espinal**

Candidato a Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia e integrante de la línea de investigación ''Campo estatal, poder local y conflictos'', del grupo Hegemonía, guerras y conflictos. manuel.alonso@udea.edu.co

Recibido: 8 de septiembre de 2014 | Aprobado: 26 de octubre de 2014

Resumen

El objeto del artículo es presentar algunos elementos centrales de los ensamblajes institucionales en los cuales se insertaron las guerras civiles colombianas de la primera mitad del siglo XIX. Específicamente interesa destacar el peso que tuvo, en la primeras décadas de XIX, la demarcación de lo territorial a través de la referencia permanente a lo municipal, provincial y local; la delimitación de la autoridad en un contexto marcado por la presencia del caciquismo; y la definición de los derechos a través de hiperdesarrollo jurídico, la defensa del republicanismo y el miedo al pueblo.

Palabras clave

Colombia, Siglo XIX, Estado, guerras civiles, territorio, autoridad, derechos.

Abstract

The main objective of this article is to show some key elements about the institutional linkages in which Colombian civil wars are placed in the first half of the 19th century. Specifically, it is important to underline the consideration given, in earlier decades of the 19th century, to the demarcation of the territorial aspect by means of a constant reference to the municipal, provincial y local aspects; the delimitation of authority in a context determined by the presence of despotism; and the definition of rights through the hyper-development of laws, the defense of republicanism and the fear of the people.

Key words

Introducción

En el proceso de configuración del campo estatal en la Colombia del siglo XIX, además de la guerra de Independencia, es posible identificar nueve grandes guerras civiles y decenas de guerras locales. Entre las primeras figuran la guerra de 1830, la Guerra de los Supremos en 1839-1841, las guerras civiles de 1851, 1854, 1859- 1862, 1876-1877, 1884-1885, 1895, y la Guerra de los Mil Días en 1899-1902 (Tirado, 1976: 11). Enumerar las segundas es mucho más difícil, pues no existen acuerdos sobre su número y contenido. No obstante, se puede aceptar la propuesta de Gustavo Arboleda (1907) que identifica 54 movimientos armados que tenían por finalidad derrocar al gobierno nacional o local¹.

Cada una de esas nueve guerras civiles es particular y única en relación con sus justificaciones, causas y desarrollos; y entre ellas hay rupturas y cambios significativos de orden social, político, económico y cultural que no se deben soslayar. Cada una de ellas presenta variaciones en sus causas y justificaciones, duración y severidad (Giraldo y Fortou, 2011: 11-15), costos en bienes y vidas (Tirado, 1976: 98); y cada una articula conflictos de diversa naturaleza y actores locales o nacionales específicos. Sin embargo, retomando la propuesta de Fernán González (2006b, 2006c), estas guerras se pueden agrupar en tres grandes grupos: las guerras en torno a la definición del sujeto político, las guerras entorno a la definición del régimen político y las guerras contra la exclusión.

El primer grupo, que incluye a la Guerra de los Supremos (1839- 1841) y las guerras de 1851 y 1854, anuda conflictos locales, regionales y nacionales entorno a dos asuntos: la definición de los verdaderos patriotas con sus derechos a la ciudadanía y la participación en el cuerpo burocrático², y la definición del alcance y los límites de la inclusión de las clases subordinadas en la vida política³.

María Teresa Uribe y Liliana María López presentan una interesante caracterización de estas tres guerras. Sobre la primera de ellas afirman que no tuvo un carácter netamente nacional, sino que se constituyó como un conjunto de guerras locales y regionales que tenían por objeto la demarcación de poderes en el contexto de la nación y la ''definición de territorios, poderes y dominios caudillistas'' (2006: 67). Ella fue, además, una guerra de resistencia étnica y societal de indios y mestizos de las provincias del sur, contra ''un Estado desconocido, lejano y para ellos arbitrario y violento, que se empeñaba en hacerles una guerra por la civilización'', a los primeros, y una guerra por la inclusión en el orden republicano y terrateniente, a los segundos (Uribe y López, 2006: 73). Por su parte, la guerra civil de 1851 fue, desde la perspectiva de estas autores, una guerra de reacción política, social y cultural a un periodo de transición marcado por las reformas liberales del medio siglo. En este sentido, en esta guerra estaban en disputa visiones divergentes del orden social y cultural de la nación, y ella se manifestó como una guerra por ''la Constitución, por el orden institucional público, por el contenido y el sentido de las leyes y de la gestión administrativa del Estado'' (Uribe y López, 2006: 212). Finalmente, las autoras definen la guerra de 1854, como un conflicto en la cual se disputa ''la inclusión de los sectores populares en la vida pública'' y, paralelamente, como una guerra en la que está en juego el restablecimiento del orden institucional y civil amenazado por la dictadura de José María Melo (Uribe y López, 2006: 355). En su análisis, Uribe y López señalan que durante esta guerra se manifestó la escisión política del partido liberal entre Gólgotas y Draconianos y, fundamentalmente, la escisión societal entre el pueblo y la oligarquía –los de ruana y los de Levita–. Además en ella se revelan cinco grandes tensiones: entre el ejecutivo y el congreso, entre el orden centralista y federalista, entre el poder provincial y el orden nacional, entre el poder militar y el poder civil, y entre la dictadura plebiscitaria y el modelo estatal republicano, patriótico y cívico (Uribe y López, 2006: 356).

El segundo grupo definido por González (2006c), que abarca las guerras civiles de 1859-1862, 1876-1877 y 1885, tenía como eje articulador las disputas en torno al tipo de relación que debía establecerse entre el centro, las regiones, las subregiones y las localidades, es decir, la disputa política en torno a la definición de las competencias soberanas de cada uno de estos ámbitos y la pugna alrededor de la adopción de un modelo de régimen que discursivamente contrapone el federalismo y el centralismo⁴.

Miguel Borja considera a estas tres guerras civiles y al conjunto de revoluciones locales que se dan entre ellas, como acontecimientos dentro de una típica guerra interestatal de larga duración a la que denomina Guerra Federal (2010: 24). En este sentido, las tres guerras civiles de este segundo grupo serían confrontaciones armadas interestatales que se insertan en una gran Guerra Federal y que responden, por tanto, a una lógica común: la defensa de la soberanía territorial de los Estados Soberanos. Ellas muestran, en definitiva, las diferentes fases por la que pasaron los procesos de construcción del federalismo colombiano, con sus momentos de auge y crisis.

La posibilidad de agrupar las diferentes guerras civiles del siglo XIX permite inferir, entonces, la presencia de algunas continuidades y elementos comunes⁶, de tal forma que resulta más o menos evidente señalar que en el devenir de cada una de ellas no todo se reinventa: los jóvenes guerreros de una confrontación pueden ser los veteranos contendientes de otra; los rebeldes que se levantan contra el orden institucional en una coyuntura determinada, aparecen después como los funcionarios encargados de defender la constitución contra la arremetida de antiguos y nuevos rebeldes; las disputas y tensiones entre localidades y regiones, que operan como elemento central y configurador de una guerra, aparecen y se recrean, en otra, con nuevos matices y nuevas coordenadas; finalmente, los discursos y relatos que se despliegan para justificar cada levantamiento armado se anudan con los agravios y relatos de otros conflictos creando esa trama de acontecimientos a través de la cual es posible representar al Estado, la ciudadanía, los derechos, el territorio, la autoridad y la nación.

El objeto del artículo es ilustrar algunas de esas continuidades y presentar los elementos centrales de los ensamblajes institucionales en los cuales se insertaron las guerras civiles colombianas de la primera mitad del siglo XIX. Específicamente interesa destacar los siguientes aspectos: a) la demarcación de lo territorial a través de la referencia permanente a lo municipal, provincial y local; b) la delimitación de la autoridad en un contexto marcado por la presencia del caciquismo, y c) la definición de los derechos a través de hiperdesarrollo jurídico, la defensa del republicanismo y el miedo al pueblo. Estos tres aspectos van ensamblando el territorio, la autoridad y los derechos en un orden político híbrido en la cual ocupan un lugar central la consolidación de formas de poder indirecto, la presencia de una autoridad territorial que no es exclusiva y presenta fuertes niveles de fragmentación y, finalmente, la existencia de jurisdicciones superpuestas.

1. Ensamblajes institucionales y guerras civiles

Saskia Sassen señala que la configuración del campo estatal puede entenderse y describirse como el ensamblaje más o menos particular de tres elementos: el territorio, la autoridad y los derechos. La variación existente entre diferentes configuraciones de lo estatal reside en las modificaciones de alguno de estos elementos y, por tanto, en las leves o profundas transformaciones de un ensamblaje determinado. Sin embargo, en los procesos de cambio que adquiere lo estatal no hay una sustitución plena de unos ensamblajes por otros, pues algunas capacidades existentes en una forma más o menos determinada de ensamblaje estatal, permanecen, se insertan y alojan en una nueva lógica, y posibilitan la configuración más o menos novedosa de aquella forma de lo estatal que en un momento determinado aparece como novedosa (Sassen, 2010: 51 y ss).

En sus reflexiones sobre la semántica y definición de los tiempos históricos, Rienhart Koselleck propone diferenciar dos estratos del tiempo: los acontecimientos y las estructuras. Los primeros nombran esa franja del tiempo que puede ''ser experimentada por los contemporáneos afectados como [...] una unidad de sentido que se puede narrar'' (Koselleck, 1993: 141). Los acontecimientos, que se forman a partir de incidentes, sólo se pueden narrar y constituir en una unidad de sentido histórico a través de la referencia a un mínimo de anterioridad y posterioridad, y ellos son producidos o sufridos por sujetos históricamente determinables.

Las estructuras, por su parte, nombran ''aquellos contextos que no afloran en el decurso estricto de los acontecimientos que ya se han experimentado. Indican mayor permanencia, mayor continuidad, cambios por doquier, pero en plazos más largos'' (Koselleck, 1993: 143). La dimensión temporal de las estructuras apunta más allá del ámbito cronológicamente registrable de la experiencia de los participantes en un acontecimiento.⁷ Ellas son, en sentido estricto, ''supraindividuales e intersubjetivas. No se pueden reducir a personas individuales y raramente a grupos determinables con exactitud. Por eso provocan metodológicamente determinaciones funcionales'' (Koselleck, 1993: 144).

La referencia a Sassen y Koselleck tiene por objeto señalar que en la configuración del campo estatal existen acontecimientos que pueden introducir modificaciones en algunos de los elementos que dan forma a un ensamblaje determinado. Sin embargo, en esos mismos procesos no existen puntos de inflexión radicales en los cuales sea posible identificar el tránsito desde una forma determinada del campo estatal hacia otra totalmente novedosa. Cada ensamblaje institucional tiene las huellas del pasado y se configura a través de la presencia de ciertas capacidades que habitan en ensamblajes precedentes. El ensamblaje de una forma específica del campo estatal está marcado por la presencia de residuos estatales previos,⁸ de tal forma que en el proceso de configuración del Estado colombiano durante la primera mitad del siglo XIX, no existe, por ejemplo, una ruptura total entre el Estado y la sociedad colonial, y el Estado y la sociedad republicana; entre el régimen centralista de la década de 1840 y la puesta en marcha del proyecto federalista del medio siglo; entre la adopción de un régimen político republicano de tintes conservadores, y aquel marcado por los colores y principios del liberalismo.

En esta misma línea de argumentación se debe reiterar, entonces, que cada una de las guerras civiles del siglo XIX colombiano es un acontecimiento más o menos único y responde, por tanto, a unas causas y justificaciones particulares. Sin embargo, esas guerras solo se pueden comprender a través de su inserción en patrones de larga duración y, por tanto, cada una de ellas no se puede narrar ''[...] sin representar alguna estructura, sin describir algún proceso, sin que haya que aplicar conceptos históricos que permitan ''concebir'' el pasado'' (Koselleck, 1993: 150). No se puede estudiar la guerra, como un acontecimiento histórico determinado, sin hacer referencia a los ensamblajes institucionales precedentes y a las capacidades y elementos históricos que hacen posible ese acontecimiento. Lo anterior supone, entonces, que el estudio de cada una de las guerras del siglo XIX colombiano, tomadas como un acontecimiento único y particular, presupone su inserción en los marcos históricos en los cuales se producen sus procesos de estructuración, es decir, la definición de las estructuras en las cuales se inscriben esos acontecimientos.

2. El territorio: fragmentación regional y local del poder

Una de las capacidades del orden político y social colonial que operará como elemento determinante de la configuración del ensamblaje institucional originado por el proceso de independencia, es la presencia y peso de lo municipal, provincial y local en la definición territorial de la autoridad estatal. Como acontecimiento, la Independencia presupone una importante ruptura con la época colonial. Sin embargo, Marco Palacios es enfático al señalar que uno de los rasgos fundamentales del proceso de demarcación territorial de la autoridad estatal en la Colombia del siglo XIX, es la presencia de un ''arraigado particularismo localista que se originó en la sociedad colonial y que [...] ha sido considerado uno de los obstáculos determinantes en la marcha hacia la centralización política y la integración nacional'' (Palacios, 2002: 21). La institución del cabildo, que fue relevante en el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, cumplió un destacado papel en la irrupción de este particularismo localista.

Uno de los elementos constitutivos del ''pasado primordial'' y la ''memoria constituyente''⁹ de las estructuras sociales y políticas de la sociedad colonial es el peso de lo municipal, provincial y local. Sin pasar por alto las rupturas y cambios que se producen con el proceso de la independencia, los estudios historiográficos señalan que estos elementos aparecen como un patrón de larga duración, una matriz o una ''disposición incorporada''¹⁰ en el campo institucional, social y político que inauguró la República. Anthony McFarlane afirma que ''la acción política durante [la Primera República] se forjó básicamente por las ideas y prácticas de una cultura política que carecía del concepto de ''nación'', y tendía a asociar la ''soberanía del pueblo'' más en términos locales y regionales que supraregionales'' (McFarlane, 2002: 47).¹¹

Las parroquias, pueblos y ciudades se constituyen en el pilar de la vida social y económica durante la primera mitad del siglo XIX, pero también, en el lugar donde emergieron las comunidades políticas primarias, ''[...] promulgando sus propias constituciones, dividiendo y subdividiendo, formando alianzas e inclusive yendo a la guerra unas contra otras, [de tal forma que] el país era una colcha de retazos de Estados y provincias que, como lo expreso José Manuel Restrepo, ''no formaban cuerpo de nación, pues carecían de un gobierno general'' (McFarlane, 2002: 73). En los inicios de su vida republicana, el campo institucional del Estado estaba conformado por múltiples redes socioespaciales de poder fragmentadas y, en algunos casos, superpuestas.

María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez enumeran algunos de los aspectos económicos, sociales y políticos del orden colonial que se constituyeron en obstáculos para la construcción de la nación durante el siglo XIX. Entre ellos mencionan la heterogeneidad productiva, la fragmentación económica, el desarrollo regional diferencial y la existencia de una red de relaciones de mercado fraccionada y discontinua que se nucleaba entorno a centros de comercio aparentemente autónomos (Uribe – Álvarez, 1987: 24 y 27). Esta fragmentación económica va de la mano con una profunda diferenciación sociocultural y la formación de variados ''pueblos históricos que se identificaban con su región geográfica, que estaban separados por relaciones de poder y prácticas sociales distintas, e historias particularmente vividas que los llevaban a plantearse la autonomía política o la fragmentación total en la creación del nuevo Estado'' (Uribe – Álvarez, 1987: 46).

El acotamiento de la autoridad política del Estado a partir de lo municipal y local, el carácter ''profundamente localista y provinciano de la aristocracia criolla'' y el aislamiento entre las distintas regiones geográficas, permanece, se inserta y se aloja en el nuevo Estado republicano, y posibilita la configuración de un ensamblaje de lo estatal marcado por la presencia de fuertes localismos y regionalismo, y una profunda fragmentación de los territorios y el poder político (Cfr., Jaramillo, 1983; Ortiz, 2003; González, 2006a; Palacios y Safford, 2007). En la perspectiva de Palacios esta fragmentación era la ''expresión desnuda y más visible de la ausencia de una auténtica clase hegemónica capaz de unificar políticamente a la nación e integrar, representándolas, a las demás facciones de la clase dominante dentro del marco de un Estado moderno y unitario'' (Palacios, 2002: 23).¹²

La fragmentación regional, la imposibilidad de crear la nación y las preocupaciones de las élites políticas colombianas, aparecen repetidas veces en la agenda a lo largo del siglo XIX. En un texto de agosto de 1884, Sergio Arboleda señalaba lo siguiente:

]]> echad una mirada sobre nuestra tierra y decid si alcanzáis a ver la nacionalidad. Invocad a los que hoy llamáis colombianos, y ninguno os responderá; pero decid: ¡ea!, cundinamarqueses, panameños, caucanos, antioqueños, etc., y oiréis tal cual voz débil que os hará comprender la existencia de esas entidades, fraccionarias y enfermizas de varias denominaciones. Pasad a los estados, y hallaréis que cada pueblo es rival del vecino, que cada provincia o departamento ve más lo que él cree su propio interés que el interés del Estado y que cada sección, en fin, se considera tiranizada por las demás (Arboleda, 1972: 312).

La guerra de independencia y casi todas las guerras civiles colombianas del siglo XIX se realizan sobre el trasfondo estructural de un arraigado regionalismo y muchas de ellas manifiestan la lucha política entre fracciones locales del poder político. A pesar del carácter nacional que algunas de esas adoptan, se puede afirmar, retomando a Fernán González, que en las guerras civiles decimonónicas siempre están presentes: a) la competencia entre grupos oligárquicos por el control político de su localidad o región; b) las disputas entre esos notables locales para monopolizar las capacidades de intermediación con el gobierno central y, por tanto, las luchas en torno a la redefinición de caudillismos nacionales; c) los enfrentamientos intrarregionales e interregionales en los cuales están presentes las rivalidades entre poblaciones vecinas, entre subregiones y localidades rivales, entre ciudades por la hegemonía regional y entre ciudades en ascenso con la ciudad regionalmente hegemónica (González; 2006b: 30); d) los forcejeos entre estas regiones y localidades y el conjunto de ''la nación''; y e) la competencia entre diferentes proyectos de articulación nacional (González, 1997: 27 y ss).

Se trata, entonces, de guerras que comienzan en lo local con enfrentamientos regionales, subregionales y locales, y que en sus desarrollos adquieren un carácter nacional a través de las coaliciones que se establecen entre diferentes redes de notables locales y regionales, con sus respectivos ejércitos y clientelas. Arboleda ilustra este vínculo entre conflictos locales, guerra y gamonalismo:

En nuestro singular régimen administrativo se establecieron primero cantones y poco después las actuales provincias con su legislación municipal propia. Cada una de estas entidades forma por tanto, una especie de cuerpo político, pero como cada una contiene dentro de sus límites villas y ciudades rivales entre sí y de intereses diversos y aun opuestos [...] era natural que la voz de la villa más numerosa y rica ahogara la de los demás pueblos [...] De aquí el clamor de la población rival por hacerse independiente [...] Los gamonales apoyan la idea porque les conviene, y cada día se aumenta el número de los distritos parroquiales y con ellos la turba de empleados y las contribuciones (Arboleda, 1972: 350-351).

 

3. La autoridad: entre caudillos y caciques

La herencia colonial de gobiernos locales y provinciales fuertes, el papel de la hacienda en este tipo de organización social y la profunda fragmentación que de allí deriva, se manifiesta a lo largo del siglo XIX, con la irrupción y consolidación de formas de poder indirecto en las cuales ocupan un lugar central las figuras del caudillo militar y del cacique local. La reducida capacidad de control del Estado central sobre gran parte del territorio se ve compensada, hasta cierto punto, por las capacidades administrativas y las funciones de mediación ejercidas por elites que hacen aparecer la vida política y social de las provincias, municipios y localidades, menos desorganizada y anárquica de lo que se podría suponer. En este sentido, el correlato de la profunda fragmentación económica, cultural y política durante las primeras décadas de vida republicana, es la irrupción de un proyecto estatal tejido, en un primer momento,¹³ con los hilos de los vínculos familiares, la dependencia de la hacienda, las lealtades locales, las adhesiones militares y los favores patronales. El caciquismo es, entonces, la expresión política de un país que no tenía ''ninguna característica topográfica de tipo centralizador'' (Palacios – Safford, 2007: 21).

El caciquismo, compuesto principalmente de criollos y mestizos que representan la versión providencial y local de los ''hombres de bien'' y peones, aparceros, arrendatarios y pobres, era el lugar donde se desplegaba un modelo de política pragmática en la cual se manifestaban las resistencias de lo local, provincial y municipal frente a las políticas nacionales; pero también, los procesos de comunicación y negociación entre esos espacios y las elites políticas regionales, y entre estas últimas y el poder central (Cfr., Buve, 2010: 213). Reciprocidad, astucia política, protección e intermediación constituyen, entonces, los pilares sobre los cuales se construyen los apoyos de las poblaciones rurales al conjunto de elites locales y provinciales que etiquetamos bajo la forma del caciquismo (Cfr., Hamnett, 1996; 2000). Apoyos y adscripciones que en algunos casos podían ser voluntarios, pero en otros, de carácter esencialmente coactivo, pues no se puede pasar por alto que el caciquismo se nutría fundamentalmente, de ''[...] el monopolio de bebidas, que era en muchas regiones una cuestión en gran parte local [...]; la autoridad para multar; la dirección del trabajo personal subsidiario [...]; el control sobre el reclutamiento, generalmente y justamente temido y que daba al que lo controlaba algo muy negociable; el control de los jurados, en aquellos lugares donde se experimentaba con ellos y, en general, la influencia judicial'' (Deas, 1993: 217-218).

Durante gran parte del siglo XIX, el caciquismo hizo más o menos posible la coexistencia de las políticas diseñadas en el centro de las provincias o el Estado nacional, con las políticas y condiciones reales de ejercicio de la autoridad en municipios y localidades. Además generó, en un segundo momento,¹⁴ formas de identidad ypertenencia primarias que transcendían ''los límites de las lealtades familiares y locales'' (González, 1997: 37) y se inscribían, por tanto, en la ''conciencia o el sentido de pertenencia de la ''Comunidad Imaginada'' de su partido político o de la facción de éstos a la que se sienta más cercano el individuo'' (González, 1997: 38). Aquí se está hablando, propiamente, de la preponderancia de un caciquismo esencialmente electoral que conectaba esferas aparentemente inconexas –la central, provincial y local–; operaba ''en un país polarizado por el bipartidismo, sobre una doble identidad: partidista y pasional, y municipal''; (Ortiz, 2003: 281) y transformaba conflictos de diversa naturaleza en rivalidades partidistas entre diferentes localidades y regiones.

4. Los derechos: hiperdesarrollo jurídico, republicanismo y miedo al pueblo

La fragmentación económica, cultural y del poder corre paralela con la irrupción de una cultura legal formalista que presupone al derecho como productor del orden y la estabilidad. En los ensamblajes del campo estatal colombiano de la primera mitad del siglo XIX siempre está presente una representación de la sociedad y el Estado –del orden– marcada por la idea de que la ley importa, no solo como norma abstracta, sino también como un instrumento esencial en la creación y sustento de la autoridad estatal, y como una herramienta para estructurar determinados intereses. Al respecto, MacFarla

El siglo XIX colombiano está marcado, entonces, por la presencia de cambios constitucionales rápidos y abundantes, y la consecuente gestación de ''Estados que, por lo menos en el papel, estaban sobredesarrollados'' (Uribe-Urán, 2006: 253). La expedición de seis constituciones nacionales,¹⁵ varias constituciones provinciales,¹⁶ más de dos decenas de constituciones municipales¹⁷ y una veintena de constituciones de los Estados Soberanos,¹⁸ permite afirmar que el campo estatal de la Colombia del siglo XIX se estructuró, en la larga duración, sobre los planos de un ordenamiento institucional marcado por un notable hiperdesarrollo jurídico¹⁹ y una innegable indefinición constitucional, de tal suerte que en términos del ordenamiento jurídico, el país también era una colcha de retazos.

La expedición más o menos esquizofrénica de leyes, actos legislativos, reglas y ordenanzas, y la modificación permanente del marco constitucional, se inscribe en una doble coordenada: en primer lugar, el marcado interés en crear vínculos a través del derecho y, en segundo lugar, el uso del derecho para erosionar y cuestionar la legitimidad de gobiernos precedentes y fundamentar la legalidad y legitimidad del nuevo. En relación con el primer asunto es importante señalar que los documentos legislativos eran mucho más que letra muerta, pues en la Colombia del siglo XIX, el orden, la autoridad, la ciudadanía y el pueblo se representaban, en primer lugar, a través de la ley.

En relación con el segundo asunto es pertinente recordar, siguiendo las tesis de Hernando Valencia Villa, que uno de los rasgos estructurales de la Colombia del Siglo XIX es la presencia de una interminable batalla constitucional (Cfr., Valencia, 1987). Los diversos y variados Actos Constitucionales no sólo originaron el Estado independiente, sino que también fueron un elemento central en las justificaciones de casi todas las guerras civiles del siglo XIX. Esas guerras eran, por lo menos en términos retóricos, guerras por la defensa de alguna constitución y, por tanto, momentos fundantes de un nuevo orden constitucional. Cada carta constitucional del siglo XIX fue, entonces, la consecuencia de una guerra y la causa de la siguiente.

La fragmentación regional del poder, las guerras civiles y otras formas cotidianas y sutiles de resistencia, muestran los desbarajustes existentes entre la nación imaginada y plasmada en los códigos y la apropiada por los habitantes del territorio que da forma al campo estatal. Indígenas, esclavos cimarrones y libres, palenques, arronchelados, mulatos, pardos, blancos pobres y mestizos levantiscos, son una muestra de la convivencia y cohabitación del hiperdesarrollo jurídico, y una fuerte tradición hacia la desinstitucionalización.

Para finalizar es pertinente recordar que el proceso de configuración del campo estatal y la difusión de ideas relacionadas con la soberanía del pueblo, la nación y la ciudadanía, es simultánea y va de la mano con la adopción de la tradición republicana. Las constituciones y la normatividad de la primera mitad del siglo XIX, seguían en su mayoría, la ruta republicana y liberal. Ella consagraba, de manera genérica, la defensa de derechos individuales, la separación de poderes, los mecanismos para acceder al poder mediante elecciones y la distinción entre asuntos públicos y privados. Se trataba, de la definición del campo estatal como una república constitucional y democrática en momentos en los cuales no existía el Estado centralizado, la nación ni la ciudadanía. Desde el inicio de la república se ''consagran los derechos inalienables del pueblo (el derecho por nacer en el país y el derecho por la sangre) dentro de una forma republicana que es antítesis del principio monárquico: los nuevos ciudadanos colombianos, soberanos en el suelo patrio, estarán para siempre sometidos a las leyes republicanas, no a los reyes tiránicos. ''Pueblo'' era el vocablo polisémico por excelencia; podía incluir ''nación'', ''Estado'' y ''ciudadano''. Pero no se concebía que los ciudadanos fuesen iguales en el derecho a elegir y ser elegidos'' (Palacios, 1999: 426)²⁰.

Las luchas simbólicas entorno a la definición del universo de lo estatal en la Colombia de la primera mitad del siglo XIX, estuvieron marcadas por una recurrente apelación a un republicanismo que postulaba, al menos retóricamente, la necesidad de fundar el Estado con apego a leyes abstractas y generales, y edificar el orden y la República colocando en el centro a los ciudadanos. Este republicanismo tenía como ideales la protección de la libertad del individuo y su igualdad ante la ley, la definición de la autoridad estatal a través de la soberanía del pueblo, y la defensa de un modelo de representación política sustentado en el sufragio y la fiesta electoral.

Durante gran parte del siglo XIX, los sueños y proyectos republicanos chocan y se mezclan con la vida política tradicional, parroquial y local; con la figura de los intermediarios políticos; con las negociaciones entre los pueblos históricos y el aparato administrativo del Estado central, y con ''la idea de una nación orgánica, constituida por etnias, estamentos, vecindarios y localidades, que pactan diferencialmente sus prebendas, derechos y garantías, con el nuevo soberano, representado ahora por la república'' (Uribe – López, 2006: 120).

Se trataba de una idea de la república que en la práctica se entendía como una lealtad primaria, muy localizada y territorializada, y que además se inauguraba con un marcado perfil oligárquico. Bushnell afirma que ''la misma palabra democracia fue considerada con desfavor en Cúcuta [...] Las sugerencias de establecer una Corte Suprema Electiva encontraron muy poca acogida entre los diputados, y todas las posiciones que debían proveerse por elección, fueron sometidas a un complicado sistema de colegios electorales y no al voto directo. El derecho al voto se limitó a los mismos grupos que habían sido calificados para elegir diputados al Congreso Constituyente, excepto que esta vez se dio el sufragio a quienes poseyeran $100 en vez de $500 en finca raíz y no se extendió específicamente a los militares. Unas pocas y débiles voces se levantaron a favor de la concesión del voto a cualesquiera ''pobres honorables'' pero esta solicitud nunca fue importante'' (Bushnell, 1966: 35-36).

Un elemento importante en el ensamblaje del campo estatal en la Colombia del siglo XIX, remite entonces, a la pervivencia republicana de los desajustes y distancias (heredadas de la colonia), entre las elites del poder y las gentes del común. Los intentos de convertir a la gente común en ciudadanos, estuvieron marcados por las permanentes relaciones y tensiones existentes entre los criollos y el pueblo; entre habitantes de las zonas urbanas y los de las zonas agrarias; y entre los habitantes de los territorios más o menos integrados y aquellas zonas de frontera formadas por ''indígenas, esclavos cimarrones y libres, mulatos, pardos, blancos pobres y mestizos levantiscos'' (Ortiz, 2003: 277).

Durante la primera mitad del siglo XIX el modelo formal de la ciudadanía estará condicionado y limitado por el alfabetismo, la posesión de bienes y la edad. La mirada más o menos paternal y más o menos desconfiada de las masas por parte de las elites, tiene como contrapartida la defensa de una idea ilustrada de la ciudadanía en la cual siempre está presente un concepto de ciudadano que requiere, como requisito previo, el acceso del individuo a la civilización por medio de la educación religiosa –en el caso del partido conservador– o de la educación laica –en el caso del partido liberal–.

A partir de las reformas de medio siglo la discusión sobre la ciudadanía ocupa un lugar central y se enmarca, fundamentalmente, en las disputas y discusiones sobre la conveniencia y alcances de la movilización política de los artesanos y otros grupos subordinados. El miedo al pueblo, desde la perspectiva del partido conservador, estaba fuertemente ligado a la defensa del orden y de una sociedad estática, tradicional y paternalista que buscaba la armonía social sobre la base del respeto a una estructura social altamente jerarquizada. La lectura conservadora de la presencia de las masas populares en el escenario político se centra, de este modo, en la imagen del tumulto, la violencia, la anarquía y en el impulso hacia formas de ciudadanía tuteladas y manejadas por la iglesia Católica. Bajo la perspectiva de la defensa del orden la participación política de los sectores populares estará marcada por la imagen de lo peligroso que resultaba incluir a los individuos ''[...] en el cuerpo de la nación antes de que pasaran por el tamiz de la civilización y educación de acuerdo a los valores morales del cristianismo'' (González, 2006b: 51).

Bajo la perspectiva del partido liberal, este miedo al pueblo se manifiesta, sobre todo después del Golpe de Melo en 1854,²³ en el impulso a una ciudadanía restringida y condicionada, de nuevo, por el alfabetismo y la propiedad. En la defensa de un orden pretendidamente moderno, la participación política de los sectores populares estará marcada por la imagen del pueblo ignorante que solo puede transitar hacia el estatus de ciudadano a través de la educación laica. Marco Palacios llama la atención sobre el carácter radical y clasista del discurso liberal del medio siglo, pero también sobre el carácter conservador y estamental de su práctica política. En relación con lo primero, los liberales aparecen como una elite letrada que promueve entre las minorías alfabetas el debate sobre la democracia, postulando al mismo tiempo la defensa de un régimen político esencialmente burgués. En relación con lo segundo, y en su calidad de hacendados–exportadores, se comportan como ''señores ausentistas que mantienen relaciones sociales precapitalistas''; ''especuladores cuya fortuna depende en buena medida del favor oficial''; o dirigentes políticos de ''espíritu etnocéntrico'' y con un marcado miedo a la democracia y participación política de las clases plebeyas (Palacios, 2002: 46).

En uno y otro caso –el del partido liberal y partido conservador–, se trata de formas de inclusión subordinada de la movilización popular, que rechazan la participación política autónoma de los sectores populares y construyen formas de ciudadanía sometidas a la mediación de las directivas nacionales, locales y regionales de los nacientes partidos políticos.²⁴ La invisibilidad del movimiento plebeyo o la mirada paternal de lo popular como los bárbaros que hay que civilizar, manifiesta la tensión permanente entre la emergencia de los sectores subalternos y los procesos de formación del campo estatal, es decir, las tensiones y conflictos entorno a la definición social del campo estatal, la integración política de los grupos subalternos y la construcción política del espacio de la nación. Aspectos estos que aparecerán, con mayor o menor tonalidad, en cada una de las guerras civiles del siglo XIX.

Parafraseando a Anthony McFarlane se puede afirmar que gran parte del siglo XIX colombiano transcurrió como había comenzado, esto es, sobre el trasfondo de un ensamblaje institucional marcado por la fragmentación social, cultural y política; las resistencias de las provincias al dominio político de la capital; las luchas entorno a la concentración del poder entre federalistas y centralistas; la presencia de caciquismos y disputas locales y regionales; la cooptación, exclusión y participación subordinada de los sectores populares; la escisión bipartidista; los odios heredados; la defensa conservadora de la Iglesia y la jerarquía social contra las zalamerías de los liberales (McFarlane, 2002: 82). También se puede señalar que cada una de nuestras guerras civiles, entendida como un acontecimiento más o menos particular, recreó, diluyó, acentuó o enlazó alguno de los elementos y, por tanto, estuvo estructuralmente condicionada o acotada por ellos.

1 La distribución espacial de esas confrontaciones es la siguiente: Antioquia 4, Bolívar 4, Boyacá 5, Cauca 5, Cundinamarca 6, Magdalena 7, Panamá 16, Santander 4 y Tolima 3. Sin embargo, Arboleda anota que de ellas se deben descartar dos por ser comunes a los Estados de Bolívar y Magdalena y, además, las ocurridas en 1828 y 1829. En este sentido la lista se reduce a 50, que el autor descompone así: 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 34 de liberales contra liberales (Arboleda, 1907: 60).

1 Este es el caso específico de la Guerra de los Supremos. A esta disputa habría que agregar la lucha por el poder regional en el Cauca entre la oligarquía tradicional y la oligarquía emergente (González, 2006b: 25 y ss; 2006c: 36-37).

3 Este es el caso específico de las guerras de 1851 y 1854. En el caso del golpe de Melo, Fernán González habla de formas de inclusión subordinada que permiten que los partidos transformen muchos conflictos prepolíticos en conflictos con una base más política (2006b: 63 y ss).

4 En este segundo grupo de guerras también está en juego la discusión sobre papel de la jerarquía y el clero católico en la sociedad (González, 2006b: 69 y ss; Ortiz, 2004: 31 y ss).

5 La guerra de los Mil Días fue, además, un mecanismo de ascenso y relevo generacional al interior del partido liberal (González, 2006b: 143 y 154 y ss).

6 Diana Luz Ceballos llama la atención sobre la existencia de ''continuidades estructurales'' que están determinadas ''por el poblamiento inicial y la manera excluyente y discriminatoria, de oportunidades desiguales, como se estableció la sociedad colombiana desde sus inicios'' (2005: 31).

7 El acontecimiento tiene un comienzo y un final –narrativamente presenta un incidente o suceso identificable para los contemporáneos–. Posee, también, un antes y un después más o menos discernible. En las estructuras la exactitud de las determinaciones cronológicas es menos importante.

8 Un argumento similar puede apreciarse en Michael Mann cuando señala que en el proceso de configuración del Estado los conflictos históricamente institucionalizados continúan ejerciendo un poder considerable sobre los nuevos conflictos (Mann, 1997: 81). Por su parte, el institucionalismo histórico utiliza el concepto de ''dependencia del rumbo'' para referirse a la inercia o influencia prolongada en el tiempo de políticas o programas tomados en un momento histórico precedente determinado. Este concepto presupone cierta suerte de inercia en las instituciones (Cfr., Krasner, 1984).

9 En sus análisis de las estructuras sociales y culturales de la sociedad colonial, Renán Silva retoma el concepto de pasado primordial y memoria constituyente propuesto por Jacques Le Goff. Aquí se adopta el uso dado por el primer autor (Silva, 2007: 243 y ss).

11 Aquí es necesario señalar, siguiendo a Jaime Jaramillo Uribe, que a pesar de este peso de lo regional y del aislamiento existente entre las diferentes geografías regionales, en el territorio de la Nueva Granada existían, en todo caso, algunos elementos unificadores que funcionaron como fundamentos para la posterior formación del Estado-nacional (Jaramillo, 1989: 106). Margarita Garrido, por su parte, reseña la existencia de una elite protonacional en el proceso de tránsito de la colonia a la república (Cfr., Garrido, 1995).

12 En todo caso habrá que anotar que esa unificación política de la nación era posiblemente indeseable o, tal como lo anota Palacios, objetivamente imposible, debido, entre otras cosas, a la inexistencia de una región y ciudad dominante y centralizadora y a la presencia de ''un bajísimo nivel de ingreso por habitante y la pobreza e ignorancia consiguientes; la dispersión de la población en bolsillos aislados entre sí y con el exterior; la precariedad de las infraestructuras; el carácter primitivo de las técnicas y de las organizaciones empresariales y financieras; la escasez de capital [y] las rivalidades entre municipios, comarcas, regiones y partidos'' (Palacios, 2003: 25-26).

13 Que corresponde al nacimiento de la República y la configuración de las primeras sociabilidades políticas. Posiblemente en este primer momento sea más preciso hablar de patronazgo.

14 Que corresponde al surgimiento de los partidos liberal y conservador.

15 En 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y 1886 (Tirado, 2007: 8).

16 En 1811, fue expedida la Constitución del Estado Libre del Socorro; en 1811 la Constitución de la Provincia de Cundinamarca y Tunja y el anteproyecto federal de las Provincias Unidas. Después vinieron las dos de Antioquia en 1812 y 1815; la segunda de Cundinamarca en 1812 y su revisión en 1815; la de Cartagena en 1812; la de Popayán en 1814; y las de Mariquita, Pamplona y Neiva en 1815.

17 Bajo el ordenamiento de la Constitución de 1853 se expiden, entre otras, constituciones en las provincias de Vélez, Socorro, Pamplona, Soto, Tundama, Tequendama, Bogotá, Casanare, Antioquia, Medellín, Popayán, Cauca, Buenaventura, Veraguas, Azuero, Panamá, Santa Marta, Mompós, Riohacha y Sabanilla.

18 Entre 1856 y 1886 cada uno de los Estados Soberanos expidió, como mínimo, dos constituciones. Las primeras, que se pueden denominar fundacionales, se expidieron entre 1856 y 1862. Las segundas, que aparecen después de 1863, intentan acomodar la vida política de los Estados a las condiciones creadas con la Constitución de Rionegro. Entre la década de los sesenta y setenta algunos Estados expiden otra nueva constitución.

19 Este hiperdesarrollo jurídico va acompañado del progresivo copamiento del incipiente aparato estatal por parte de los abogados (Cfr., Uribe-Urán, 2008).

21 En sus múltiples vertientes.

22 En los discursos para justificar la gran mayoría de las guerras civiles del siglo XIX, está presente la pretensión de definir a los verdaderos patriotas y, por tanto, a los individuos con capacidad para participar en la vida política. Esto es especialmente significativo en la guerra de los Supremos aunque está presente en todas las otras guerras civiles (González, 2006b: 25 y ss).

23 Fernán González afirma que ''la movilización política de las masas urbanas y de los grupos en ascenso se mostró socialmente peligrosa al desembocar en el apoyo de estos grupos al presidente Obando y luego en el respaldo al golpe del general Melo, que fue rápidamente neutralizado por los sectores más tradicionales de ambos partidos'' (González, 2006b: 34). María Teresa Uribe y Liliana López señalan que ''la guerra Artesano militar de 1854, dejó varias enseñanzas importantes a la alianza entre la elite liberal–conservadora. La primera enseñanza fue el riesgo que entrañaba movilizar al pueblo en procura de sus derechos y de la expansión de la ciudadanía, porque podría autonomizarse de sus viejas dirigencias y actuar por cuenta y riesgo propio'' (Uribe–López, 2006: 94).

24 En todo caso no se puede restar valor a la difusión de ideas democráticas por parte de los dos partidos históricos y a la democratización política y movilización popular producida por la revolución liberal de medio siglo. Tampoco se puede pasar por alto que los sectores populares no se encontraban excluidos del todo de la vida política y el sufragio universal formó parte de los ensayos políticos de la primera mitad del siglo XIX.

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