DOI: http://dx.doi.org/10.14482/memor.26.7423

El municipio de Pajapan en la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México): un caso de resistencia indígena en la defensa del territorio y los recursos naturales para la sustentabilidad¹de los pueblos originarios del Gran Caribe²

The municipality of Pajapan in the Sierra of Santa Marta (Veracruz, Mexico): a case of indigenous resistance in defense of territory and the natural resources for sustainability of indigenous peoples of the Gran Caribe

O municipio de Pajapan na Serra de Santa Marta (Veracruz, México): um caso de resistencia indígena na defesa do territorio e dos recursos naturais para a sustentabilidade dos povos indígenas do Gran Caribe

Jesús Moreno Arriba

Licenciado en Geografía (Universidad de Salamanca, Salamanca (España) 2001). Especialista Universitario en Gestión y Conservación de Espacios Naturales (Universidad de León, 2010). Doctor en Geografía (UNED, 2010). Licenciado en Antropología Social y Cultural (UNED, 2011). Investigador Posdoctoral invitado/visitante en el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana en México (2011-2013). Maestría en Formación del Profesorado para la Educación Superior en Competencias Docentes y de Investigación (UNED, 2013). Actual doctorando en Antropología Social y Cultural (2012-2015) en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Salamanca, España. Mail.: jmorenoarriba@hotmail.com

Recibido el 30 de abril de 2015
Aprobado el 6 de julio de 2015

Resumen:

Palabras Clave: México, Veracruz, pueblos indígenas, tierras comunales, recursos naturales, resistencias, sustentabilidad.

Abstract

The municipality of Pajapan, in the Sierra of Santa Marta (Veracruz, Mexico), represents a paradigm case in the struggle for the defense of the communal lands of the peasant indigenous communi/es in the Gran Caribe, who use different mechanisms of resistance. Furthermore, by implementing a qualitative research methodology and going through the literature and a documentary research of the subject of study, this research has identified and analyzed various natural resources management projects in the geographic environment the Pajapan and in the Sierra of Santa Marta. These emerging nongovernmental experiences are presented as a possible development alternative model destined to help improve the precarious ecological, demographic and socioeconomic situation of the tropical territories and the Mesoamerican indigenous peoples of the Gran Caribe.

Keywords: Mexico, Veracruz, indigenous peoples, communal lands, natural resources, resistance, sustainability.

Resumo

O município de Pajapan, na Serra de Santa Marta (Veracruz, México), representá um caso paradigmático na luta pela defesa das terras comunais das comunidades camponesas indígenas do Gran Caribe, utilizando diferentes mecanismos de resistência. Ademais, desde a implementação de metodologia de pesquisa qualitativa, como a revisão da literatura e da documentação sobre o tema de estudo, esta pesquisa identificou e analisou vários projetos de gestão dos recursos naturais no ambiente geográfico de Pajapan e da Serra de Santa Marta. Estas emergentes experiências nãogovernamentais apresentam-se como um possível modelo de desenvolvimento alternativo para tentar ajudar a melhorar da precária situação atual (ecológica, demográfica e socioeconómica) do territórios tropicais e dos povos indígenas mesoamericanos do Gran Caribe.

Palabras chave: México, Veracruz, povos indígenas, terras comunais, recursos naturais, resistencias, sustentabilidade.

1.- La Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

La Sierra de Santa Marta es uno de los dos macizos volcánicos que conforman la región geográfica, histórica y cultural de Los Tuxtlas, en el sureste del estado mexicano de Veracruz. Ambos macizos están separados por una depresión en la que se encuentran el Lago de Catemaco y la Laguna de Sontecomapan. El macizo sureste que corresponde a la Sierra de Santa Marta lo integran los volcanes de Santa Marta (1.550 msnm.) y San Martín Pajapan (1.270 msnm.), situados sobre el litoral veracruzano y limitando con el Golfo de México al noroeste y con la Laguna del Ostión al sureste (véase figura 1).

El territorio de la Sierra de Santa Marta (figura 1) está configurado por seis municipios en los que predomina la población de autoadscripción indígena nahua y popoluca (tabla 1 y figura 2). En esta región, como lo atestiguan diversos vestigios arqueológicos, se asentaron grupos olmecas y posteriormente zoque-popolucas y nahuas, descendientes directos de la cultura Olmeca con influencias de las culturas teotihuacana, totonaca y maya.

³

Estos pobladores originarios supieron adaptarse a las condiciones de la selva tropical para practicar la agricultura y aprovechar los recursos que les ofrecían las selvas y bosques de la montaña⁴ (figura 2).

http://www.decotux.org.

Una gran diversidad de ecosistemas y de tipos de vegetación, así como un rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 1.550 msnm. del volcán de Santa Marta, le confieren a la región un rango importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Sin embargo, no se han tomado todas las medidas oficiales que serían necesarias para detener la constante destrucción de las zonas forestales, la degradación de los suelos y un aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales (figura 4). Es más, durante las últimas décadas ha prevalecido un proceso denominado subdesarrollo sostenido.⁵ Esta noción ha sido producto de las políticas económicas gubernamentales para la región que han acelerado este proceso, básicamente mediante el apoyo a programas de desarrollo ganadero y a programas asistencialistas y paternalistas que dependen de insumos externos.

La historia de este subdesarrollo sostenido comenzó en los años cincuenta, con la introducción de las primeras cabezas de ganado en el municipio de Pajapan. Las reses las introdujeron ganaderos de Coatzacoalcos para engordarlas por el sistema de mediera⁶ en las tierras planas aledañas a la Laguna del Ostión.⁷ En las décadas siguientes con el apoyo gubernamental la ganadería se expandió a gran parte de los poblados de la Sierra de Santa Marta. Bajo el amparo público se canalizó en la región, primero a través del Fideicomiso Ejidal Ganadero, y más tarde del PIDER (Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural) y el BANRURAL (Banco de Crédito Rural). Junto a ello, la política crediticia de estos años, como el Fideicomiso Ganadero o los programas del Instituto Nacional Indigenista (INI), etc., influyó en la decisión de los campesinos de la Sierra de Santa Marta de emprender mediante la ganadería una nueva alternativa productiva. La consecuencia de ello fue la expansión de la ganadería bovina sobre miles de hectáreas de bosques, selvas y acahuales.

En este contexto, al socaire del modelo impuesto por las políticas desarrollistas a nivel internacional y a semejanza del patrón de cambio de uso del suelo en el trópico húmedo de Mesoamérica y El Gran Caribe, a escala regional y local en la Sierra de Santa Marta opera desde 1950 un desarrollo caracterizado por la promoción de las actividades ganaderas y la dotación de tierras para la formación de ejidos y colonias agrícolas y ganaderas. Ello significó una mayor presión sobre los recursos naturales, lo que conllevó a la tala masiva en el caso de las colonias privadas y a la tala a pequeña escala, pero permanente, en el caso de los ejidos. De esta forma, actualmente existe un tipo de producción primaria que se ha caracterizado por la sobreexplotación de algunos recursos sin ningún tipo de plan de regeneración de los mismos y, en otros casos, por la subutilización de las posibilidades de producción en un medio rural rico en recursos endógenos, pero pobre en el manejo que de ellos se hace. Este modelo, sin embargo, está llegando a sus límites.

A partir de la década de los noventa, aunque se redujo la intensidad de la pérdida forestal, ésta no se detuvo. Esta inusitada deforestación compromete un manejo sustentable de la biodiversidad al provocar el aislamiento entre fragmentos de selva y, por ende, también una disminución de la fauna silvestre. Estos remanentes de la hasta hace pocos lustros extraordinaria biodiversidad de la región se encuentran cobijados a modo de reliquias en las cimas volcánicas más abruptas de las montañas (figuras 3 y 4). Entre los principales factores que han llevado al desplazamiento y eliminación de la vegetación natural destacan:⁹ 1) los permisos otorgados en los años ochenta del siglo pasado para el aprovechamiento forestal, 2) la promoción gubernamental para el cambio del uso del suelo hacia la ganadería extensiva; 3) el parcelamiento de los ejidos.

http://www.eambiental.org/biolmeca/educacion/mapa.html.

En general, según Agüero y León,¹⁰ en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta, el gobierno federal orientó hacia las regiones selváticas del sur veracruzano sus políticas de colonización y reubicación de pobladores indígenas desplazados por las grandes presas hidroeléctricas en el vecino estado de Oaxaca.. A raíz de ello, en Veracruz se reubicó a más de 30,000 oaxaque&n/lde;os. En la primera fase, estos grupos humanos fueron situados en la región sureste del estado: Playa Vicente, Tierra Blanca y Tres Valles; en un segundo momento, nuevamente en Playa Vicente, Uxpanapa, Los Tuxtlas, y la Sierra de Santa Marta. Se formaron así colonias para impulsar la ganadería y la producción agrícola comercial. Esta política agraria propició la llegada de grupos campesinos de diversos estados del país como Guerrero, Michoacán y Puebla, así como del propio estado de Veracruz. De esta manera se aumentó la franja agrícola y se respondió a la fuerte presión por el derecho a tierras de los grupos indígenas desplazados y otros viejos peticionarios de terrenos agrarios del estado de Veracruz y México. Así, si bien la colonización resolvía un problema social, no se tomó en cuenta el proceso devastador sobre los ecosistemas por el impulso dado a la agricultura de monocultivo y a la ganadería extensiva.

En la década de los noventa la agresiva incursión de nuevos programas gubernamentales como el PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo) y el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos)¹¹ ha venido a establecer un nuevo ciclo de impactos socioambientales en la Sierra de Santa Marta. Estos programas son acciones programáticas focalizadas a privatizar pauLatinamente al productor. El subsidio está condicionado a la reconversión productiva, de una economía campesina a la de mercado. Existe un subsidio de subsistencia para los grupos más vulnerables, pero son recursos que difícilmente les permitirán abandonar las condiciones de pobreza extrema en que se encuentran los grupos campesinos e indígenas de este país mesoamericano.

¹²

Junto a la deforestación, otro gran impacto socioambiental en la Sierra de Santa Marta en las últimas décadas ha sido la pérdida de la autosuficiencia alimentaría a través del maíz (figura 5). La ganadería, sobre todo cuando se relacionaba con el acaparamiento de tierras, provocó una competencia con el cultivo del maíz al reducir las áreas de acahuales¹³ disponibles para la recuperación de la fertilidad de la tierra. Este factor, aunado al crecimiento demográfico, trajo consigo una presión sobre los acahuales disponibles para la práctica del sistema tradicional de roza, tumba y quema. El acortamiento de los ciclos de descanso de la milpa¹⁴ (uno o dos años en vez de cinco o siete) y las quemas anuales contribuyen a la degradación de los acahuales, al empobrecimiento de los suelos, a la pérdida de materia orgánica, favorecen la erosión y provocan la proliferación persistente de maleza y malas hierbas arvenses.

En cuanto a los procesos demográficos más notables en la región, destacan el crecimiento demográfico sostenido y la densificación de la población, que ya están provocando graves afecciones relacionadas con la sobrepoblación. Para el año 2005 los municipios de la Sierra de Santa Marta son los que presentaron las más altas tasas de crecimiento en la región de Los Tuxtlas, con una tasa promedio de 1.21%,¹⁵ mientras que la tasa promedio regional fue de 1.08 %.¹⁶

A su vez, la incertidumbre sobre la tierra y la crisis agrícola en el estado de Veracruz han intensificado los procesos migratorios, incrementándose en un 12.8% entre 1995 y 2000. En el año 2000 Veracruz alcanza la sexta posición en migración internacional. A partir de 1995, los flujos migratorios alcanzan 26%, 27.9% y 12.6%,¹⁷ en los ámbitos regional, nacional e internacional,respectivamente. Los principales destinos son la frontera norte (campos agrícolas e industria maquiladora) y los Estados Unidos y Canadá. Veracruz se ha transformado de tierra de inmigración a tierra de emigración.

En este marco, la emigración es un fenómeno que recientemente se intensifica y tiende a ser muy importante en la Sierra de Santa Marta. Conforme a la Conanp-Semarnat,¹⁸ hacia el último quinquenio de la década de los noventa, como producto de la cancelación de miles de empleos en las urbes próximas (más de 60,000 trabajadores desempleados en el sur del estado de Veracruz), fruto de la crisis que afectó al sector industrial petroquímico del sureste veracruzano, se registró un proceso de retorno de varios miles de habitantes hacia las comunidades de la Sierra. Además, en los últimos lustros se han cerrado las tres más importantes válvulas de escape que permitían cubrir el déficit de tierras y alimentos. Estas salidas eran: la migración a las ciudades del corredor industrial petroquímico Acayucan-Jáltipan-Minatitlán -Coatzacoalcos (figuras 1 y 4), el cultivo y comercialización del café, y el uso comunal de tierras ejidales. Actualmente, el desempleo en las diferentes industrias petroquímicas del Sur de Veracruz (figuras 1 y 4) continúa provocando un retorno masivo al campo, donde la situación tampoco es favorable (precio ínfimo del café en el mercado internacional, baja productividad del maíz, carencia de apoyos para desarrollar otros cultivos o actividades económicas, etc.).

Asimismo, la ganadería, principal actividad económica promocionada en la segunda mitad del siglo XX en la Sierra de Santa Marta desde las políticas públicas, tampoco está en su mejor momento. Si bien los precios internacionales de la carne de bovino presentan una marcada tendencia alcista desde mediados del 2009,¹⁹ a partir del año 2008 el consumo mundial presenta tendencia a la baja, principalmente debido al incremento en el precio de la carne²⁰ de bóvido, que ha trasladado la demanda hacia productos más accesibles, como los del pollo y el cerdo. También, según Ponce et. al., el precio de la carne de res está altamente influenciada por los incrementos en los principales insumos, particularmente por los precios en los granos forrajeros y el petróleo. Los precios de los principales commodi/es agrícolas (maíz, trigo, soya, sorgo, etc.), han presentado niveles de precios muy altos desde el 2008, mismos que se han traducido en márgenes de rentabilidad muy reducidos para el productor de carne de vacuno.

Por todo lo anterior, un fenómeno reciente, del cual aún no existe un conocimiento cuantitativo preciso y detallado, es el de los procesos de emigración o migración-expulsión hacia los estados del norte de México o hasta Estados Unidos y Canadá.²¹ En los núcleos urbanos de la Sierra de Santa Marta se han instalado oficinas reclutadoras de migrantes, que ofrecen empleos en diferentes lugares. Diversos testimonios de informantes locales indican que al menos un autobús parte cada semana con gente de la región -jóvenes en su gran mayoría- en busca de mejores oportunidades laborales. Así, en estos primeros albores del siglo XXI muchos jóvenes y adultos, de ambos géneros, se ven obligados a tomar el camino de la emigración masiva como mano de obra barata hacia lugares ubicados a más de 1,000 kilómetros de sus comunidades de origen. Movimientos migratorios que, dependiendo de su escala geográfica, en mayor o menor medida conllevan aparejada una compleja problemática para los migrantes y sus familias tanto en los lugares de partida como de llegada. El principal destino de estos jóvenes indígenas campesinos es o bien emplearse como obreros poco cualificados en la industria maquiladora de exportación de las ciudades fronterizas del norte de México como Ciudad Juárez o Tijuana, o bien ser contratados por las agroindustrias dedicadas a la producción de hortalizas de invierno para el mercado estadounidense en los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa o Sonora. También en muchos casos se verán obligados a la migración transnacional hasta los Estados Unidos y Canadá.

Según cálculos propios, dentro de los límites de la Sierra de Santa Marta (figura 1 y tabla 1) viven actualmente 154,433 habitantes, lo que arroja una relación población/territorio de 49.3 hb./km². Estos guarismos reflejan la intensa presión ejercida sobre los recursos naturales locales. Ello también ofrece una idea del enorme reto que conlleva armonizar los objetivos de protección y conservación de los bienes naturales endógenos, con los de la procuración de bienestar para una población históricamente muy marginada, que de forma acuciante requiere sa/sfacer amplias necesidades básicas.

En este contexto, a la terrible pérdida de recursos forestales por la tala ilegal de la selva, en aras de la siembra de pastos para la ganadería extensiva promocionada desde las políticas públicas, se suma la pobreza y la vulnerabilidad de la mayoría de los productores agrícolas y ganaderos de la Sierra de Santa Marta. Éstos, además, tras la retirada de los programas asistenciales, carecen de alternativas técnicas, de créditos y de mercados, ya sea para reconvertir sus actividades pecuarias a agrícolas, forestales o ecoturísticas, o para pasar de una ganadería extensiva a otro de tipo intensivo. Ello conduce a alertar en el sentido de que se hace urgente la búsqueda de modelos alternativos de desarrollo²² que puedan contribuir a la mejora de la precaria situación actual, tanto ecológica como demográfica y socioeconómica, de las comunidades indígenas campesinas que ancestralmente habitan el sureste veracruzano. No obstante, como se cuestiona Velázquez,²³ ¿cómo podrían crearse estas alternativas en un contexto de reducción al mínimo de la inversión pública para el campo y de inserción desventajosa en el mercado internacional?.

Mientras tanto, el grupo de ambientalistas que opera en la región de Los Tuxtlas desde 1990, vinculado al PSSM, comenzó a conseguir apoyos financieros de diversas agencias, embajadas y grupos internacionales no gubernamentales y/o civiles. Estos financiamientos, luego que el discurso ambientalista ha cues/onado abiertamente la ganadería bovina extensiva, han estado des/nados a actividades socioespaciales alternativas, como el impulso a las actividades productivas integrales y sustentables, a través de proyectos, programas e iniciativas interculturales como: el fomento de prácticas de restauración ambiental e hídrica, la reforestación, la conservación de suelos, los modelos agrosilvopastoriles y dendroenergéticos, la producción de recursos forestales no maderables, la transformación de bienes maderables en productos artesanos, la plantación de frutales, la explotación sustentable de los recursos pesqueros, las prácticas de ecoturismo, etc.

1.1.- El municipio de Pajapan

²⁴

En los últimos 60 años, el municipio de Pajapan ha vivido un proceso de transformaciones en los usos del suelo, pasando de la producción milpera a la ganadera. Ello ha provocado acaparamiento de tierras, desmontes y reducción de la masa forestal.²⁵ Como resultado de este proceso de avance de la ganadería, muchos campesinos se han visto desplazados hacia las tierras menos fértiles, sobre las laderas altas del volcán San Martín Pajapan. En los años treinta, la selva cubría aproximadamente el 70% del territorio de los nahuas de Pajapan. Entre 1967 y 1976 (figura 3), 1.936 ha. de selvas altas y medianas perennifolias fueron taladas, a una tasa promedio de 215 ha. por año , con el objetivo principal de establecer pas/zales. Actualmente en la cumbre del volcán San Martín Pajapan (figuras 1 y 6) quedan sólo 1,500 ha. de selva y bosque de niebla, de las cuales 450 corresponden a la comunidad agraria de Pajapan (figura 6).

En la comunidad agraria y el ejido Pajapan (19,158 ha.), parte de la superficie corresponde a la tenencia ejidal (5,154 ha.) y parte a la comunal (14,004 ha.) (Tabla 3). La propiedad comunal proviene de un condueñazgo ; sistema de copropiedad que en 1880 permitió a los pajapeños²⁶defenderse del despojo de sus tierras comunales, por parte de pueblos vecinos o de las compañías deslindadotas del Porfiriato, haciendo valer los títulos virreinales de una propiedad adquirida de un encomendero Español en 1765 ²⁷ Para fines de manejo administrativo interno y para no ser desposeídos por las leyes de desamortización que exigían que las tierras comunales fueran registradas como propiedades, los nahuas de Pajapan conformaron 38 lotes de 300 ha. con una organización de jefes de lotes.

A su vez, la estructura agraria actual (figura 6) es el resultado de varias décadas de luchas y de resistencia de los campesinos indígenas pajapeños: 1) contra el acaparamiento de tierras comunales por parte de ganaderos mestizos e indígenas; 2) de oposición a la expropiación de parte de sus tierras colectivas para la construcción del puerto industrial Laguna del Ostión en el período 1980-1986; 2) de negativa en los primeros años de la década de los noventa a un proyecto de plantación de eucaliptos en la Sierra de Santa Marta por parte del gobierno del estado de Veracruz y una empresa estadounidense y 4) de un proceso de oposición y una demanda judicial de la comunidad de Pajapan en contra de Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE). De esta manera, actualmente el municipio de Pajapan todavía presenta los tres tipos de tenencia de la tierra considerados en el artículo 27 Constitucional. De las 30,598 ha. de su superficie municipal, 29,391,35 (96.05% del total) pertenecen al sector social; el cual está compuesto por dos comunidades agrarias y 9 ejidos²⁸ (tabla 3). El resto de la superficie (3.95%) son pequeñas propiedades y áreas destinadas a los núcleos urbanos (figuras 1, 6 y 7).

Pajapan aún cuenta con tres niveles de autoridades: la municipal, la ejidal y la comunal, con sus respectivas instancias de toma de decisiones: la reunión de cabildo y las asambleas ejidal y comunal. Los 905 comuneros,²⁹ en gran medida, son los campesinos de mayor edad. En cambio, entre los 1.264 ejidatarios (tabla 3) predominan los jóvenes; hijos de los comuneros o esposas de éstos, a nombre de quienes los comuneros registraron su segunda parcela cuando se formó el ejido Pajapan (figura 6) en 1986, sobre las antiguas tierras comunales momentáneamente expropiadas en 1980 y que fueron recuperadas en forma de ejido. En la década de los sesenta, alertada por la rápida destrucción de la selva en las laderas altas del volcán San Martín Pajapan, ocupadas para la producción de maíz o de chayote e incluso para el pastoreo, la asamblea comunal acordó conservar un área de reserva en la cima de esta montaña volcánica. En este momento, respetando un acuerdo comunitario de 1962, se dejó sin parcelar la parte alta del cerro San Martín, que es reconocida por los comuneros y habitantes de Pajapan como zona de reserva comunal (500 ha.) de selva baja perennifolia y acahuales (figuras 1 y 6).

2.1.- Adaptación y resistencia a la desamortización de tierras comunales: el condueñazgo

Para Velázquez³⁰ y Buckles & Chevalier,³¹ la presión gubernamental hacia la población india que habitaba en el Istmo Veracruzano³² para que dividieran sus tierras comunales, se incremento drásticamente en los últimos 20 años del siglo XIX. Con ello se acarreó un aumento de la tensión entre hacendados e indígenas locales, que incluso conllevaron alzamiento armados en algunos municipios vecinos como Acayucan y Soteapan (figura 1); este último integrado en la Sierra de Santa Marta. Mientras tanto, los nahuas de Pajapan desarrollaban una estrategia de adaptación a la ley agraria nacional. Entre 1884 y 1886 dividieron sus tierras comunales en cinco lotes de 300 ha. cada uno, los cuales quedaron con el régimen de condueñazgo ³³ Ésta era una forma legal para, en los hechos, conservar la propiedad comunal de sus tierras.

Dentro de la Sierra de Santa Marta, habitada mayoritariamente desde tiempos ancestrales por indígenas nahuas y popolucas (tabla 1), sólo los nahuas de Pajapan recurrieron a este mecanismo. Con la asistencia de un ingeniero del gobierno, dividieron en cinco lotes sus tierras comunales. Cuatro de los cinco lotes quedaron bajo administración del pueblo de Pajapan, cabecera municipal; y del otro lote se hizo responsable la comunidad de San Juan Volador, una de las congregaciones integrada en el municipio de Pajapan. El condueñazgo , reconocido en Pajapan como el sistema de lotes, dio lugar a la creación de un nuevo sistema de administración de tierras en la comunidad; un régimen basado en una combinación de la propiedad privada y el cuerpo político nativo. De esta forma, las tierras de Pajapan fueron divididas en cinco grandes lotes de 300 ha.; cada uno con un título de propiedad y un señor de edad elegido, de por vida, al puesto de jefe de lote, quien representaba los intereses de un grupo que fluctuaba entre 55 y 60 comuneros. Cada lote correspondía también a una manzana en el núcleo urbano de la comunidad. El jefe de lote tenía bajo su responsabilidad la representación de la comunidad frente a las amenazas externas sobre las tierras. Asimismo, el jefe de lote tenía, además, la obligación de organizar anualmente una faena[tapalehueli], trabajo colectivo, para mantener limpios de maleza los límites del lote,³⁴ apoyado por el alcalde, el síndico y el tamborista.

En suma, el sistema de lotes establecido en el siglo XIX en Pajapan reunió dos tipos de Instituciones: por una parte, las leyes agrarias, el gobierno y el sistema de impuestos del México decimonónico y, por la otra, los principios nativos de patrimonio basados en el parentesco. Las autoridades locales actuaron como intermediarias entre los nahuas de Pajapan y los agentes del Estado. Los principios nativos de organización suponían un gobierno cívico-religioso controlado por hombres de edad, la propiedad colectiva y la administración flexible de tierras, y el usufructo individual de pequeñas parcelas con una producción más o menos abundante. Por contraste, el sistema de bienes comunales y el ejido requieren reconocimiento ejidal, con base en una solicitud formal de un comité agrario; y tienen, por lo menos en principio, una organización administrativa propia, regulada por la ley federal e independiente del gobierno municipal. En consecuencia, el municipio de Pajapan evitó así la pérdida de su base territorial colectiva, lo que contrasta con la situación de sus vecinos en Acayucan, Mecayapan o Soteapan (figura 1). Además, este hecho explica en gran parte la diferencia entre estos municipios del sureste veracruzano en cuanto a su participación en los levantamientos campesinos de 1906.

2.2.- Las resistencias indígenas a la expropiación de las tierras comunales para la construcción del puerto industrial de la Laguna del Ostión

Como se ha expuesto en el epígrafe precedente, las comunidades indígenas nahuas que integran el municipio de Pajapan han desarrollado una historia particular para el mantenimiento de su territorio; sin embargo, un elemento externo vendrá a transformar nuevamente las condiciones de evolución de Pajapan, el proyecto del puerto industrial Laguna del Ostión³⁵ Con ello, se suscitaría un nuevo conflicto que hará aflorar la resistencia de las comunidades indígenas de Pajapan en defensa de sus tierras y bienes comunales ancestrales. Este nuevo episodio en la historia de las luchas por la defensa de la tierra y los recursos naturales de los pajapeños, lo constituyó la decisión de la presidencia de la república mexicana de construir el complejo industrial portuario de la Laguna del Ostión, impulsado por el FONDEPORT (Fondo Nacional Para el Desarrollo Portuario).

El proyecto de desarrollar un puerto industrial en torno a la Laguna del Ostión, próxima a la gran aglomeración urbana industrial del Sur de Veracruz, la ciudad de Coatzacoalcos, es parte de uno de los programas más ambiciosos que se iniciaron en el sexenio (1976-1982) del presidente de la República José López Portillo. A grandes rasgos, algunos de los elementos que se consideraron para la selección de la Laguna del Ostión fueron los siguientes: a) la ubicación del humedal es estratégica, ya que se aprovecharían las ventajas de mínima distancia entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, con facilidades para el transporte ferroviario y carretero; b) las materias primas, combustible y energía eléctrica no presentaban dificultades de suministro; c) la captación del agua potable presentaría algunos problemas, pero los costos serian menores que en la margen derecha; d) el acceso marítimo podría realizarse en condiciones óptimas; e) según el proyecto, la tenencia de la tierra ofrecería menores problemas para una negociación, debido al aparente aislamiento y al uso poco intensivo que se da a los suelos bajo el sistema económico tradicional comunal; f) sorprendentemente, conforme los estudios previos al proyecto, el impacto ecológico sería mínimo ya que la Laguna del Ostión no tenía ninguna función ecológica. Sin embargo, entre otros decisivos aspectos, en el proyecto no fueron evaluadas oportunamente las características de la comunidad de Pajapan: sus rasgos indígenas nahuas, todavía muy arraigados, y las condiciones económicas (presencia de caciques ganaderos que rentan las parcelas comunales, entre otros factores). Tampoco se contó con la politización de los indígenas de Pajapan que, con la asesoría del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, entablaron un proceso jurídico contra la expropiación.

Con respecto a la reubicación de los comuneros afectados por las expropiaciones de las tierras comunales circundantes a la Laguna del Ostión, es de notar que a pesar de que estas confiscaciones se efectuaron para fines urbanos e industriales, se contempló dar dos lotes tipo a los afectados, como lo prevé la Ley de Reforma Agraria. Por lo que a los pajapeños implicados en el desposeimiento de tierras comunales se refiere, se les reubicaría en los mismos terrenos afectados en la cercanía de la comunidad de Jicacal (figuras 1 y 7). En el caso de los ejidatarios de las Barrillas (figura 1), municipio de Coatzacoalcos, recibirían sus lotes fuera de la zona expropiada en terrenos que por entonces se estaban urbanizando. Por lo tanto, el proceso de Constitución de las reservas territoriales dio lugar a numerosas deficiencias, objeto de problemas legales que enfrentaron a los afectados (comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios) con el gobierno Federal. Esta situación de conflicto jugó un papel importante como causa del retraso de las obras. No obstante, siguiendo a Nahmad³⁶ hay que hacer referencia al hecho de que el desarrollo del capitalismo en las comunidades indígenas campesinas pajapeñas no sólo se ha experimentado con los cambios que la economía imprime al ámbito rural, sino que, ahora, este proyecto prioritario para la sociedad nacional integra a la comunidad al proceso productivo urbano industrial des/nando sus tierras al florecimiento de un puerto industrial.

En líneas generales, se puede señalar que el proceso expropiatorio genera una toma de posición política de los distintos grupos socioeconómicos intracomunitarios. A su vez, las alianzas de estas facciones provocan una recomposición de las fuerzas políticas y dan una nueva causa a los procesos agrarios seculares de la comunidad; cues/onando y poniendo nuevamente en la mesa de la discusión el acaparamiento interno, antagónico del régimen comunal, y reabriendo la lucha de intereses. De esta forma, los usufructuarios directos del recurso, quienes lo han acaparado en las últimas décadas, los ganaderos, manifiestan una fuerte oposición al proyecto de expropiación, ya que verán pérdidas sus propiedades, las cuales dan sustento a su hegemonía socioeconómica local.

Por su parte, los campesinos despojados mantuvieron una primera opinión favorable a la expropiación, en la medida que la afectación sería un duro golpe para los ganaderos enriquecidos. Sin embargo, éstos fueron modificando su posición inicial, conforme el proceso expropiatorio ha reabierto la discusión agraria interna y ha permitido la manifestación de los intereses de estas capas sociales en favor del reparto de las tierras acaparadas. Así, la oposición al proyecto toma cuerpo en la unidad de intereses temporales entre ganaderos y campesinos; unos buscando no perder la tierra acaparada, y los otros buscando el avance de la lucha agraria e impulsando sus derechos en la indemnización por la tierra. De este modo, una fuerte oposición es la que se produce en las congregaciones ribereñas de Jicacal y el Mangal (figuras 1 y 7); la primera una comunidad de pescadores, y la segunda con un alto porcentaje de campesinos con pequeñas propiedades y de jornaleros. Ambas se encuentran asentadas en los terrenos que serán expropiados y deberán de ser reubicadas en otro lugar.

La pérdida de la Laguna del Ostión es otro elemento de descontento. Las demandas particulares que estas comunidades indígenas campesinas y pesqueras plantean son: la reubicación en áreas adecuadas para la actividad pesquera y agrícola; el reparto de tierras de primera calidad, como lo son las que les serán expropiadas; la dotación de los equipos necesarios para pescar en altamar ante la pérdida de la laguna y su casi segura contaminación.³⁸ A este grupo se suman los jóvenes sin derechos agrarios y con la siempre presente expectativa del reparto de tierras. Estos jóvenes se han insertado en la producción urbana de manera importante, y también han tenido acceso a capacitación y educación formal en las urbes de la región, estudiando la secundaria, la normal o alguna carrera universitaria técnica. Además, también resultará de importancia la vinculación de la lucha local con los procesos políticos regionales y nacionales. En este sentido cobra relevancia la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), agrupación surgida de una escisión oficial del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en 1979.³⁹ Varios dirigentes y asesores de esta central se re/raron de ella, integrando la CNPI, independiente de las centrales vinculadas al gobierno. Uno de estos dirigentes es el representante ante el Consejo por los pueblos nahuas y popolucas del Sur de Veracruz.

Igualmente es importante resaltar el papel que en la definición del conflicto juega la asamblea comunal de Pajapan. Si bien un buen número de comuneros han perdido sus tierras ante el despojo y consolidación que significa en los últimos lustros la propiedad privada, en oposición a la comunal, éstos no han perdido sus derechos agrarios y la representatividad en la asamblea. En el terreno económico su poder de negociación con 105 ganaderos se ve reducido al contrato individual, no existiendo agrupaciones de trabajadores rurales. En el terreno político, se mantiene la representación fuerte de los desposeídos, legalmente reconocidos ante la asamblea como miembros de la comunidad con derechos sobre la tierra después de la Certificación agraria de 1968.⁴⁰

En contraparte, se conservan, reproducen y apuntalan los aparatos políticos tradicionales, los cuales, unidos a la idea de comunidad y a su propiedad comunal de la tierra, se manifiestan como los puntos fundamentales de apoyo a la lucha por la defensa del territorio en Pajapan. No habiendo agrupaciones que aglutinen a los trabajadores rurales y les permitan dar una lucha en el terreno económico, la lucha se da en el aparato legi/mado incluso por el Estado mexicano: la comunidad agraria. En su asamblea se expresan de manera colectiva los intereses de las distintas fracciones de la comunidad, ya dividida por el proceso económico, pero integrada mayoritariamente por los desposeídos y los explotados rurales. Esto permite a los promotores y defensores del amparo mantener la vigencia del instrumento legal para la lucha; toda vez que en las elecciones anteriores del comisariado de bienes comunales lograron que la tesorería del aparato agrario fuese controlada por ellos, lo que hace imposible el desis/miento sin la firma de todas las autoridades.

Conjuntamente a todas las resistencias y las luchas locales rese&n/lde;adas con anterioridad, otros factores exógenos de índole coyuntural habrían de convertirse también en poderosas razones, que llevarían al desenlace de este episodio moderno en la defensa de la tierra por parte de las comunidades originarias de Pajapan. Así, la estrepitosa caída de los precios internacionales del petróleo y la consecuente crisis financiera para México impuso al Estado una reducción en sus inversiones para infraestructura económica. En este marco, a mediados de 1983 Petróleos Mexicanos (PEMEX) anunció que las obras en la Laguna del Ostión se reducirían a unas cuantas instalaciones de infraestructura portuaria para apoyar las actividades del puerto de Coatzacoalcos. En enero de 1984 se anunció la cancelación definitiva del proyecto del Puerto Industrial y la decisión gubernamental de dar marcha atrás al proceso expropiatorio y de reintegrar a la comunidad las 5,154 ha. (tabla 3).

2.3.- El caso de la oposición a un proyecto de plantación de eucaliptos

A principios de la década de los noventa la Sierra de Santa Marta fue escogida por el gobierno del estado de Veracruz y por una empresa extranjera para el establecimiento de plantaciones de eucaliptos. Como relata Paré,⁴¹ el 3 de Octubre de 1990 se dio a conocer a través del periódico El Financiero una información acerca de una fuerte inversión de capital extranjero en la industria forestal en la región de Coatzacoalcos. Se anunciaba que el consorcio forestal estadounidense Simpson Investment Company desarrollaría en terrenos ejidales de Veracruz, un programa de plantaciones de eucalipto para abastecer de materia prima las plantas de producción de la empresa en Texas.⁴² El 6 de enero de 1991 el presidente municipal de Coatzacoalcos confirmaba la no/cia, aunque señalaba que los campesinos de la región todavía no habían dado su conformidad. El gobierno estatal tampoco había dado todavía el banderazo de salida al proyecto. Los seculares conflictos agrarios del municipio de Pajapan, agudizados por la indefinición de la tenencia de la tierra en la parte de las tierras comunales expropiadas en 1980 por la construcción del puerto industrial de Laguna del Ostión (en proceso de devolución desde entonces); y las escasas ventajas económicas ofrecidas por la compañía estadounidense -alrededor de 400,000 pesos por hectárea al año -, inferiores al precio de una tonelada de maíz, llevaron al gobierno del estado de Veracruz a exigir a la empresa que modificará su proyecto antes de presentarlo a las comunidades campesinas.

En última instancia, éstas decidirían si aceptaban o no el establecimiento de las plantaciones en sus tierras.

La forma de organización propuesta, un esquema modernizante de empresa mixta entre indígenas y capital externo, que repartiría las utilidades por partes iguales pero donde el control absoluto lo tendría la sociedad Simpson Investment Company, generaba inquietud en las comunidades locales en cuanto a su impacto sobre la cultura y la estructura socioeconómica vigente en las mismas. Pero no se trataba sólo de eso. Investigadores en ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conocedores de los efectos nega/vos de las plantas de eucalipto sobre el medio ambiente, ampliamente documentados en la literatura especializada sobre el tema,⁴³ habían manifestado además su preocupación por el posible impacto ambiental sobre las tierras de los campesinos de esta región de Veracruz.

Por otra parte, un modelo de desarrollo basado en el monocultivo, que desafía la heterogeneidad de las condiciones naturales locales, además de sus efectos ecológicos, implica dependencias tecnológicas y subordinación a un mercado único. La presencia de la plantación de eucaliptos conllevaría la transformación radical del espacio ecológico-social. Por el contrario, la amplia biodiversidad del medioambiente pajapeño requiere una gestión de sus recursos naturales múl/ple y plural, lo que implica un mosaico de actividades agrosilvopastoriles y pesqueras. El eucalipto en la Sierra de Santa Marta vendría a golpear duramente la biodiversidad aún existente. De imponerse este proyecto, era previsible una contradicción entre él y el manejo tradicional de los recursos orientado hacia la autosuficiencia alimentaria, que de acuerdo a la figura 5 ya comenzaba a manifestarse en crisis. A su vez, el proyecto del eucalipto, lejos de resolver el problema del desempleo, lo agravaría. En adición, el monocultivo de eucaliptos de acuerdo a las mismas observaciones de la FAO, no parecía ser la mejor alternativa de desarrollo para la región.

No obstante, como describe Paré,⁴⁴ la SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos) dio el visto bueno al consorcio Simpson Paper Company para la promoción de su proyecto para plantar inicialmente 9,800 hectáreas de eucalipto (Eucalyptus grandis) en los municipios indígenas de Mecayapan y Pajapan, en el sur del estado de Veracruz.⁴⁵ El 10 de junio de 1991, funcionarios de la SARH y un representante de la empresa privada, en sendas asambleas en comunidades del municipio de Pajapan, informaron que la intención era de formar una empresa mixta. En esta asociación en participación la empresa y los campesinos aportarían el 50% del capital; la primera en efec/vo y los otros en acciones tipo T, es decir cediendo sus compensaciones por el uso del suelo.

Ambas partes se repartirían al 50% las utilidades a partir del octavo año , esto es después del primer corte.

De esta manera, para la empresa las condiciones resultaban óptimas para el abastecimiento de sus fábricas de papel en Estados Unidos. La primera ventaja era la cercanía al puerto marítimo de Coatzacoalcos, desde donde se embarcaría la madera en astillas. La segunda radicaba en la calidad de las tierras requeridas: planas, con pendientes no mayores al 10%, de un metro de profundidad, no inundables, ni rocosas; que, fertilizadas además permitirían obtener una producción de 25 a 45 m³ por hectárea. Las especies de rápido crecimiento como el eucalipto permiten tres cortes en el mismo período que las especies del hemisferio norte proporcionan uno. Aún más, al tratarse de una asociación en participación, los recursos naturales necesarios para la implementación de la plantación como toda la tierra para la infraestructura de la empresa, el agua, la piedra, la grava, etc. deberían ser cedidos gratuitamente por las comunidades ya que ni su valor ni su costo ecológico están incluidos en la aportación de capital de los productores. En este marco altamente ventajoso para la compañía extranjera, si finalmente se hubieran llegado a extender las plantaciones de eucalipto por el Istmo Veracruzano como ésta pretendía, a partir de las 200.000 hectáreas, quizás también se habría empezado a pensar en instalar fábricas de celulosa en la región para cubrir el déficit de pulpa y papel en México.

Sin embargo, en medio de las actividades de Diagnóstico socio-ambiental entorno al manejo de los recursos naturales en la región que el PSSM estaba llevando a cabo, surgió esta propuesta gubernamental de establecer plantaciones de eucaliptos. El área escogida correspondía a las mejores tierras de los municipios de Mecayapan y Pajapan, de las cuales los campesinos obtenían sus alimentos básicos. Así, esta propuesta no sólo ponía en riesgo la tradicional autosuficiencia alimentaria local sino que representaba la posibilidad de un desplazamiento del área de cultivo del maíz sobre las áreas de laderas volcánicas altas y eventualmente sobre las áreas forestales. Por todo ello, el proyecto no pareció levantar mucho entusiasmo entre el campesinado. Según Paré,⁴⁶ las razones que se percibieron y por las que los ejidatarios y comuneros no veían el proyecto con buenos ojos eran fundamentalmente las siguientes:

1°) La oferta económica que ofrecía la compañía no era competitiva frente a lo que la gente por entonces producía y consumía de sus parcelas. Las utilidades percibidas al octavo año , repartidas retroac/vamente serían de 458,000 pesos anuales por hectárea. Esta cantidad no solo no superaba las condiciones del momento sino que era inferior a lo se obtenía de la milpa: mínimo unas dos toneladas de maíz en el temporal, una en el tapachol o ciclo de invierno, más el frijol, la yuca, el camote y otras plantas. Si los campesinos tuvieran que pagar por todo lo que producen y consumen de su parcela de una hectárea, necesitarían más de tres millones de pesos. Esto, sin hablar del valor de oportunidad que representa un ecosistema diversificado que permite cultivar otros productos como la sandía, la vainilla, plantas medicinales, frutales o árboles maderables como el cedro, etcétera. Una hectárea de vainilla, una alternativa que desde el PSSM se estaba ensayando en aquel tiempo con un grupo de 21 comuneros de Pajapan, puede dejar entre l5 y 20 millones de pesos por hectárea al año . Una hectárea de sandía en tres meses puede dejar, cuando el mercado es bueno, 10 millones de pesos.

2°) Aunque se dijera que se ocuparían sólo las tierras inservibles para la agricultura, entre las cuáles se señalan los acahuales sin entender que estos son terrenos en descanso imprescindibles para poder producir maíz, de hecho solamente se descartaban las tierras en pendientes medianas y altas, las zonas inundables o las situadas lejos de los principales caminos. Por el contrario, se estaban seleccionando las mejores tierras agrícolas de la zona.

3°) Comprometer la tierra a treinta años como lo plantea el contrato era un riesgo que pocos campesinos están dispuestos a correr.

4°) Realizar permutas de parcelas para integrar módulos compactos de 50 hectáreas para la plantación era algo que rebasa la imaginación de estos campesinos que han luchado siglos para obtener o conservar la tierra que tienen. Como decía uno de ellos: Aquí hasta por una tarea la gente se mata.

6°) El empleo previsto (1.8 jornales por hectárea por año ) tampoco garantizaba la obtención de los recursos monetarios necesarios para sustituir la producción agrícola que se dejaría de obtener.

En estas condiciones, cobra aún mas sentido común la expresión de un anciano comunero de Pajapan: Yo no como papel; y la de otro comunero de bastante menor edad de la comunidad de El Pescador, quien afirmaba: ninguna planta resulta. Lo que si sabemos es que nuestros abuelos nunca se murieron de hambre sembrando maíz. Junto a esta perspectiva local, el papel de los intelectuales orgánicos [una ONG local como el PSSM y algunas autoridades comunitarias locales] y la buena sinergia lograda en todos los niveles independientes del gobierno fue determinante para que la información generada fuera utilizada convenientemente. La argumentación se basó en el conocimiento adquirido sobre los costos y beneficios de la producción agrícola tradicional que pudo ser comparada con el ofrecimiento económico de la empresa.

Estas plantaciones de monocultivo, además de los riesgos que conllevan desde el punto de vista económico, representan indirectamente una presión sobre los recursos naturales remanentes, además de establecerse preferentemente en tierras con elevado potencial para la producción de alimentos. Al unísono, el establecimiento de cultivos comerciales exó/cos formaba parte de un plan más amplio: el megaproyecto del Istmo en su denominación inicial y después Plan Puebla-Panamá.⁴⁷ Este plan, de hecho, ubicaría la región entera en una dinámica diferente, con la aportación de mano de obra barata y de sus recursos naturales como su principal insumo. En suma, el contexto más amplio está marcado por corrientes y concepciones no fácilmente integrables y conflictos de intereses: por un lado, esfuerzos por conservar y valorar la diversidad local e impulsar el desarrollo de las regiones a partir de su potencial natural y humano. Y, por otro, su simple integración como enclave en una planeación que rebasa los intereses regionales, en el marco de un mercado globalizado.⁴⁸ No obstante, el carácter de la lógica participativa que desde sus primeras experiencias metodológicamente define y caracteriza todas las iniciativas desarrolladas por el PSSM se manifestó, no tanto en los métodos (talleres sectoriales de autoDiagnóstico) sino en la finalidad, es decir el análisis de si el cambio productivo hacia las plantaciones de eucalipto convenía o no.

Finalmente, conforme a la resistencia popular, los eucaliptos no llegaron a la región.⁴⁹

2.4.- El proceso de resistencia de la comunidad de Pajapan al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE)

Como señalan Agüero y León,⁵⁰ en la década de los ochenta acontecerían tres hechos de profundas repercusiones para los pueblos indígenas campesinos: el comienzo del fin del reparto agrario, la crisis del campo y la reorientación de las migraciones. El modelo desarrollista en México y en el estado de Veracruz había alcanzado sus límites y mostraba su agotamiento. El reparto agrario tocó a su fin de manera oficial al introducirse, en 1992, las reformas al artículo 27 Constitucional y el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (en adelante PROCEDE). Con ello no sólo se decreta oficialmente el fin del reparto agrario sino que se crean las condiciones jurídicas para convertir la propiedad social en propiedad privada. Si bien con esta medida se da certeza sobre la propiedad, se abandona la producción campesina y ejidal y se condena a la tierra y sus productos al libre mercado, en el marco de una competencia desleal y condicionada por el capital y mercado extranjero. El derecho campesino a la tierra y la protección del Estado hacia este sector productivo social, garan/zado Constitucionalmente, queda limitado al derecho del productor libre; el régimen comunal y ejidal se reduce a su mínima expresión y queda a expensas del libre mercado y la circulación de la tierra.

De acuerdo con los preceptos de la teoría (neo)clásica de la economía, y en conformidad con las reformas estructurales en otros sectores de la economía mexicana, en 1992 el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) hizo cambios al Artículo 27 de la Constitución⁵¹ y a la Ley Agraria⁵² Estas modificaciones respondían a un esfuerzo por dar mayor seguridad a la tenencia de tierra, atraer inversiones privadas, promover la privatización del sector social y facilitar en cierta medida la concentración de tierra. Entre las principales implicaciones de estas reformas se en encuentran: 1) el fin del reparto agrario. 2) La redefinición de la propiedad pequeña. 3) La libre entrada de las sociedades mercantiles. 4) La renta y venta de la tierra en el sector social. (5) El otorgamiento en garantía del usufructo de las tierras en el sector social. Además de efectuar estos cambios Constitucionales, el ejecutivo salinista creó tres nuevas Instituciones: (1) el PROCEDE, que pretende dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, regularizar los derechos agrarios, resolver los conflictos de límites, y otorgar certificados de propiedad individual a los ejidatarios; 2) la Procuraduría Agraria, que teóricamente se encarga ostensiblemente de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeño propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas (Artículo 135 de la Ley Agraria), pero que en la práctica su principal misión ha sido universalizar el PROCEDE; y 3) los Tribunales Agrarios, que tienen la responsabilidad de atender los últimos pendientes del reparto agrario y de resolver los conflictos generados por el PROCEDE.

El PROCEDE se puso en marcha en 1993 con la meta de universalizarse para finales de 1994. Sin embargo, en el contexto del levantamiento Zapa/sta, muchos ejidos y comunidades inicialmente rechazaron este Programa como una forma de hacer patente su rechazo a las reformas agrarias neoliberales. Cuando Ernesto Zedillo (1994-2000) alcanzó la presidencia federal se comprometió a extender el Programa a todos los ejidos y comunidades del país para finales de su sexenio. Con este objetivo, la Procuraduría Agraria empezó una campaña de coacción que ha incluido amenazas de excluir a los ejidos y comunidades inconformes de los cada vez menores apoyos gubernamentales dirigidos al campo. Si bien esta política ha generado conflictos internos en muchas comunidades rurales, lo cierto es que ha tenido cierto éxito en la extensión de la cobertura del PROCEDE. Para fines de 1999, aproximadamente el 70% de los núcleos agrarios habían sido incorporados en este programa. En el 30% restante, se concentran los ejidos y comunidades con mayor extensión, más conflictos internos, más disputas por límites, y mayores índices de marginación.⁵³ Además, muchos de los ejidos que han resistido la penetración de PROCEDE siguen rechazándolo por las mismas razones políticas.

En este contexto agrario, como señala Velázquez,⁵⁴ en 1992, una vez aprobados las reformas al artículo 27 Constitucional, y con la puesta en marcha del PROCEDE, los integrantes de los comisariados ejidales de la Sierra de Santa Marta fueron convocados a reuniones por la Procuraduría Agraria de San Andrés Tuxtla para recibir información sobre el Programa. Cada comisario ejidal llevó a su ejido la información recibida, en donde pronto se convirtió en uno de los principales temas de conversación. Al tratarse de una política gubernamental, ésta empezó a interpretarse como una obligación que, de no acatarse, podría tener consecuencias funestas. Sin embargo, en diferentes ejidos de la Sierra (Plan Agrario, Soteapan, etc.), el método fue rechazado mayoritariamente por los campesinos, incluso algunas voces se levantaron contra el programa. Tal situación es amplia y detalladamente descrita por Heegde (2001)⁵⁵ en dos ámbitos separados pero relacionados entre sí: la comunidad agraria de Pajapan y el ejido de Pajapan (figura 6). Para Velázquez (2010),⁵⁶ en el conjunto de la Sierra de Santa Marta el PROCEDE tuvo tres derroteros muy claros: a) la relativamente rápida aceptación y ejecución en aquellos ejidos que a finales de la década de 1970, o en algún momento de la de 1980, habían abandonado el acceso comunal a la tierra mediante la ejecución de un parcelamiento económico;⁵⁷ b) una ejecución accidentada y problemática en los ejidos que mantenían el acceso comunal a la tierra; y c) la negativa a aceptar el PROCEDE, tal como ocurrió en los ejidos de Santa Marta (Soteapan) y Plan Agrario (Mecayapan), así como en Pajapan, que es la única comunidad agraria existente en la Sierra.

El ejido, aún con todo el proceso de debilitamiento que ha sufrido en las últimas décadas sobre todo bajo los impactos del PROCEDE, especialmente en las comunidades pequeñas continúa siendo una ins/tución local con potencial para el ordenamiento territorial, para establecer normas de acceso a los recursos y para encontrar alternativas para su desarrollo económico frente a la privatización y la globalización, en el contexto de la minimización del apoyo social del Estado al desarrollo rural.

Asimismo, en comunidades pequeñas el ejido todavía es el centro político de la toma de decisiones. Tanto la asamblea ejidal como la comunal actúan como el punto de conciliación y conflicto, es el momento de reunión de los ejidatarios y comuneros para discutir y decidir el derrotero de lascomunidades. Esto no quiere decir que no haya disputas internas expresados en los diversos intereses llevados a las asambleas. Por otro lado, tampoco se quiere plantear que el Procede haya llegado a perturbar una relación armoniosa previa, sino que sus planteamientos fueron retomados de diversas maneras de acuerdo con las condiciones políticas locales.⁶⁰ Sin embargo, estos intereses no han provocado desequilibrios tan extremos como se han dado en un municipio colindante como Tatahuicapan.

En este sentido, en Pajapan se emprendió una demanda para detener la implementación del PROCEDE. Esta acción judicial se inició en el año 2006 por 135 comuneros de Pajapan inconformes con el PROCEDE, bajo el argumento de que ese programa vendría a generar más conflictos al interior de las distintas comunidades del municipio. Por ello buscaron recurrir a las instancias correspondientes para que la aplicación municipal de este Programa se cancelara. Ello fue aprobado colectivamente y por consenso en una asamblea general. La referida demanda fue presentada en el año 2006 en la ciudad de San Andrés Tuxtla ante el Tribunal Agrario. El 12 de mayo del año 2008, este mismo tribunal emitió una primera resolución a favor del programa PROCEDE. No obstante, estos 135 comuneros de Pajapan no quedaron conformes y elevaron su apelación a otros arbitrios. Así, el 11 de febrero de 2010 fue entregada la última sentencia. Este fallo finalmente se resolvió a favor de los campesinos, quienes quedan totalmente autorizados para todos los fines legales que cada comunero requiera.

2.5.- Experiencias alternativas de gestión comunitaria, integral y sustentable de recursos naturales

En este marco, en las dos últimas décadas varias organizaciones no gubernamentales (Proyecto Sierra de Santa Marta A.C. -PSSM-, Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas A.C. -DECOTUX-, Comité de Cooperativas Agroforestales de la Cuenca del Arroyo Texizapa-Huazuntlán -CICATH-, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. -ENDESU-, Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable A.C. (SENDAS) o la Universidad Veracruzana Intercultural - UVI- sede regional de Las Selvas) han venido desarrollando, dentro del contexto de la Sierra de Santa Marta, diversas experiencias alternativas de manejo y gestión comunitaria, integral y sustentable de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos. Estos proyectos pretenden frenar la curva ascendente de destrucción de la todavía extraordinaria biodiversidad ecocultural tradicional de la región y sentar las bases para transitar a un modelo socioterritorial de desarrollo más humano, justo y sustentable.

Estas experiencias se desarrollan en interacción directa entre la población local indígena campesina, técnicos y promotores campesinos de la región y científicos, tanto locales como foráneos. Este modelo participativo intercultural se basa en la larga tradición la/noamericana de colaboración estrecha entre movimientos sociales y grupos de base por un lado, e intelectuales y académicos activistas por otro lado. De este modo, este tipo de prácticas socioespaciales están siendo aprovechadas para una novedosa colaboración intercultural" en la producción de saberes y conocimientos .⁶¹

En el caso del PSSM, se trata de un proyecto interdisciplinario sin fines de lucro sobre el uso y manejo de los recursos naturales, que se ha cons/tuido como una asociación u organismo de perfil civil, y que busca contribuir al desarrollo integral y sustentable de las comunidades ubicadas en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta. El PSSM nace en 1990 como parte de un proyecto de investigación científica, promovido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Carleton y el Centro de Estudios Agrarios (CEA) de Canadá. Esta organización no gubernamental está integrada desde entonces por un grupo de investigadores multidisciplinar e intercultural. Su objetivo inicial era establecer un Diagnóstico ambiental y social de la zona para el aprovechamiento integral y sustentable de sus recursos naturales.⁶² Los programas ambientales y productivos del PSSM giran en torno a cuatro espacios fundamentales: la milpa, el solar,⁶³ el acahual y la montaña (selva, bosques y manglar). Mientras los tres primeros espacios son los que están bajo el control familiar del campesino, el cuarto, si bien es objeto de apropiación individual, requiere de una normatividad colectiva para su buen manejo y gestión .

Uno de los primeros proyectos del PSSM fue una actividad experimental, realizada conjuntamente con las comunidades locales, para hacer frente a la baja de los rendimientos físicos y monetarios del maíz (figura 5). Esta iniciativa se inscribe en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones agroecológicas y la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta experiencia es representativa tanto de la dimensión participativa de los proyectos del PSSM, como del enfoque de combinar los recursos endógenos y saberes locales, por un lado, y contribuciones científicas orientadas a apoyar y no a sustituir esos conocimientos y prácticas, por otro lado. Todo ello se contrapone a una lógica estrictamente intervencionista, como las que desde el asistencialismo y el paternalismo de las diferentes escalas de gobierno (federal, estatal y municipal) se habían venido dando hasta entonces en la región.

2.5.1.- Manejo integral y sustentable de los recursos naturales de la Laguna del Ostión en la comunidad de El Pescador

Los principales objetivos del proyecto del PSSM consistían fundamentalmente en: 1) generar información que permitiera evaluar el estado de los recursos naturales de la Laguna del Ostión y su planicie de inundación, antes y después de la apertura de la bocabarra, 2) rescatar el proceso organizativo tradicional, y medir el impacto ecológico y social de dicha apertura, y 3) apoyar con análisis y propuestas las iniciativas locales para la elaboración de un plan de manejo municipal y comunitario de los recursos naturales de la zona lacustre, tanto los acuícolas como los de la zona de humedales. Para ello el PSSM participó directamente en las reuniones mensuales de ecología en la sala de cabildos de la cabecera municipal, Pajapan. El PSSM proporcionó apoyo en la formación de los Comités Locales de Ecología de las distintas comunidades del municipio. Una vez estructurada la Comisión Municipal de Ecología, desde el PSSM se coordinaron las asambleas para aportar los elementos ecológicos necesarios (volantes, reglamentos, entrevistas, conferencias, concursos, etc.) e inducir a la gente al Diagnóstico. A partir de esto, se propusieron actividades tales como la apertura de la bocabarra, la reglamentación en el manejo del manglar y las pesquerías, y la declaración oficial de áreas de reserva ecológica. La base de estas acciones fue la formación de Comités Locales de Ecología, que se integraron a la Comisión Municipal de Ecología. De este modo se inició un proceso de concientización y organización a nivel municipal, para llegar al ordenamiento de los recursos naturales en la zona lacustre.⁶⁵ Las actividades propuestas por la gente de las comunidades de Pajapan se resumen a continuación:

a) Apertura de la bocabarra, ayudados por la cuantiosa descarga de agua que originan los arroyos durante la temporada de lluvias; ya que en años anteriores, en tres ocasiones había sido abierta en dicha forma, con sólo excavar un canal en la barra que conectaba la laguna con el mar. Esta obra fue suficiente para que en pocas horas la laguna alcanzara varios metros de profundidad; restaurando las condiciones estuarinas del sistema y drenando de forma natural el azolve⁶⁶ y la contaminación, entre otros aspectos altamente beneficiosos. Con ello se permitió la entrada de nuevo de especies pesqueras de gran importancia comercial.

b) Manejo del manglar: los habitantes propusieron usar adecuadamente la madera del manglar, prohibiendo por completo la comercialización, y permitiendo sólo su utilización para construcción de viviendas locales (previa autorización) y autoabastecimiento de leña. Prohibieron la pesca en parque de ramas (trampas con ramas de mangle), para contribuir al cuidado del refugio de muchas especies marinas, estuarinas y dulceacuícolas, que utilizan como vivero el manglar. Por otra parte, propusieron que cada comunidad se comprometiera a reforestar las riberas que ellos mismos talaron y que ahora ya no servían para nada (figuras 7 y 8).

c) Manejo de pesquerías: entre otras múltiples cuestiones, las comunidades ribereñas consideraron necesario impulsar el respeto a las vedas, la utilización de redes de pesca adecuadas para cada especie, atarrayas⁶⁷ de malla clara, y prohibieron el arrastre de redes dentro de la laguna.

d) Áreas de reserva ecológica: el ejido Pajapan II y la comunidad El Pescador (figuras 6 y 7) tuvieron iniciativas de declarar algunas partes de la planicie de inundación como reserva ecológica; fundamentalmente para la protección del venado de cola blanca, el cangrejo azul, el manglar y el resto de todas las diversas especies que todavía lo habitan.

La búsqueda de alternativas productivas para los terrenos inundados gran parte del año , llevó al PSSM a concluir, de acuerdo con las comunidades ribereñas, que para el desarrollo agrícola de estas comunidades indígenas de campesinos y pescadores con pocas superficies libres de inundación,⁶⁸ se requería de un buen aprovechamiento del agua. Para ello resultaba conveniente la introducción de cultivos que puedan practicarse en ambientes bastante húmedos, incluso inundados, y que al mismo tiempo sean sistemas intensivos e integrales para no deteriorar el equilibrio del humedal. Entre las opciones de aprovechamiento consideradas, lo más innovador resultaba el cultivo de la malanga o taro (Colocasia esculenta) combinable con cultivos de plátano; y el de la espinaca de agua (Ipomoea acuática); ambas de origen asiático.⁶⁹ Según experiencias anteriores desarrolladas por el Centro Regional de Enseñanza, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Agropecuario del Trópico Húmedo (CRECIDATH), tanto en su estación experimental como en algunas comunidades del estado de Oaxaca, estas especies se revelaron como una alternativa agrícola posible en tierras temporalmente inundadas y en cuerpos de agua lótica.⁷⁰ Como la gente de la comunidad de El Pescador deseaba experimentar estos cultivos, el PSSM los apoyó, primero, en el diseño de pequeños estanques demostrativos que les permitieran aprender a manejarlos y familiarizarse con ellos y, posteriormente, al considerarlos la población local redituables desde el punto de vista de la sustentabilidad integral, se extendieron a una escala comercial. De este modo, a partir de la década de los noventa del siglo XX⁷¹ con la colaboración del PSSM en la comunidad de El Pescador se han desarrollado una serie de alternativas productivas que en cierta medida han contribuido a frenar la emigración de la población local, como son, entre otras diversas, las siguientes: 1) Introducción de plantas acuáticas (malanga, espinaca de agua, etc.) en solares. 2) Piscicultura. 3) Viveros de frutales.

4) Conservación de suelos con abonos verdes.

Además, resulta notable la participación de la población de El Pescador en la conservación y protección de sus bienes comunales: los comuneros han instrumentado un reglamento para el manejo y gestión de los recursos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros. Por ejemplo, se han reglamentado las técnicas de pesca en los cursos fluviales y la laguna; las fechas y condiciones de las quemas; los recorridos de vigilancia para proteger especies en peligro de extinción como el cangrejo o el venado de cola blanca; todostias dedican al menos un día a la semana para el establecimiento de viveros; plantaciones en 10 ha. de 20.000 plantas de diferentes frutales; siembra de 42,700 árboles de cedro y caoba en sus bosques. También han aprovechado 102 ha. en partes ligeramente más elevadas sobre el cuenco lacustre para producción de granos básicos deficitarios como el maíz (figura 5), y el cultivo de algunas legumbres para el autoabastecimiento. Algunas otras acciones a nivel socioterritorial, consisten básicamente en invitar a la gente de las comunidades vecinas a que si disponen de terrenos se dediquen a cultivarlos, y no a vivir simplemente a costa de la destrucción del ecosistema. A su vez, insisten en la idea y la praxis de respetar y hacer respetar a los demás sus reglamentos comunitarios, lo cual les ha acarreado bastantes conflictos, tanto con los pueblos colindantes como con autoridades municipales, estatales y federales.

3.- Conclusiones .

El municipio nahua de Pajapan, en la región de la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México), representa un caso paradigmático en la defensa de las tierras comunales y de los recursos naturales tropicales por parte de las comunidades indígenas campesinas mesoamericanas y del Gran Caribe.

Durante su historia, éstas han logrado evitar la pérdida de su base territorial colectiva, mediante el recurso a distintos mecanismos de resistencia y luchas no violentas.

Para evitar ser despojados de sus tierras comunales por las leyes de desamortización en el siglo XIX, los pajapeños dividieron sus bienes comunales en lotes de 300 ha., de acuerdo con un sistema de condueñazgo . Así, a través de la apropiación de esta figura jurídica, el municipio de Pajapan adaptó las Instituciones gubernamentales nacionales a su propio modo de gobierno: un cuerpo político patrimonial, basado en asambleas generales de jefes masculinos de familia, acoplado con un sistema de autoridad cívico-religioso concedido a los ancianos que actuaban como gobernadores y administradores de lotes. En consecuencia, mediante el recurso al condueñazgo Pajapan evitó la pérdida de su propiedad territorial social, lo que contrasta con la situación de algunos de sus vecinos como Acayucan, Mecayapan o Soteapan. Además, este hecho explica en gran parte la diferencia entre estos municipios del sureste veracruzano en cuanto a su participación en los conflictos y levantamientos campesinos armados de 1906. Sin embargo, con la revolución mexicana, el sistema de lotes perdió su reconocimiento legal. No obstante, seguía teniendo legi/midad y pretensiones a la legalidad y entonces podía ser utilizado para iniciar solicitudes oficiales para obtener títulos comunales o ejidales, como así sucedió posteriormente. En 1980, ante el proceso de acaparamiento de tierras comunales asociado con la ganaderización de la región, parcelaron los lotes comunales del condueñazgo de 300 ha. en unidades de 12 ha. por comunero. Después de la expropiación de una parte de sus tierras en 1980, estás fueron recuperadas bajo la forma de ejido. De este modo, actualmente el municipio de Pajapan todavía presenta los tres tipos de tenencia de la tierra considerados en el artículo 27 Constitucional (tabla 3 y figura 6).

Por otra parte, en las dos últimas décadas del siglo XX, otros conflictos también enfrentaron a las comunidades indígenas nahuas de Pajapan con el Estado. Éste ha sido el caso de tres procesos: 1) el intento de expropiación de la que hacia comienzos de los años ochenta fueron objeto buena parte de sus tierras comunales por causa de utilidad pública: la construcción de las obras de instalación del fallido puerto industrial de la Laguna del Ostión. 2) la negativa en los primeros años de los noventa a un proyecto de plantación de eucaliptos en la Sierra de Santa Marta por parte del gobierno del estado de Veracruz y una empresa estadounidense. 3) El proceso de oposición de la comunidad de Pajapan al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE). El intento de inserción de estos planes exógenos en territorio pajapeño, una vez más harían aflorar el pronunciamiento de las comunidades locales nahuas en defensa de sus bienes sociales. De nuevo, una serie de acciones de resistencia y de lucha emprendidas por la colectividad, contribuyeron decisivamente al mantenimiento del territorio comunal ancestral y a la preservación de los recursos naturales de Pajapan.

Conjuntamente, a partir de la década de los noventa, en la Sierra de Santa Marta han emergido una serie de proyectos alternativos de manejo comunitario, integral y sustentable de recursos naturales. Estas iniciativas emanadas de distintas organizaciones no gubernamentales y/o civiles, en participación colaborativa intercultural con la población local, en cierta medida denotan un cierto rayo de esperanza en cuanto a las posibilidades reales de conservar el trabajo y mejorar la existencia de las personas que se encuentran en situación de resto o redundancia, respecto a las necesidades del sistema económico capitalista hegemónico. Ello evita, en buena medida, tener que recurrir a la emigración⁷² hacia los estados fronterizos del norte de México o hasta Estados Unidos y Canadá. Se trata así de evitar en la medida de lo posible lo que Castells⁷³ ha definido como la Sociedad 20:80, en virtud de la cual una quinta parte (el 20%) de la población planetaria, vivirá en la opulencia, en tanto las cuatro quintas partes restantes se verán condenadas a una lucha feroz por sobrevivir.

En definitiva, los bienes comunales de las selvas tropicales han permitido que sobrevivan dignamente las comunidades indígenas campesinas de la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México), en condiciones estructurales globales desfavorables. Por ello, estos incipientes proyectos alternativos de gestión integral y sustentable de recursos naturales se revelan como un posible modelo de desarrollo alternativo , que en cierta medida contribuye a mejorar la precaria situación actual (ecológica, demográfica y socioeconómica) de los territorios tropicales y de los pueblos indígenas mesoamericanos del Gran Caribe. Además, estas emergentes iniciativas desde la sociedad civil se alínean con la noción de sustentabilidad integral, definida y asumida en este artículo.⁷⁴

Notas