Las políticas públicas que son el soporte teórico, legal y funcional de los sistemas educativos de los estados se pueden caracterizar por su condición de ser centralistas o descentralizadas. Las primeras priorizan a los ministerios de Educación como si fueran el eje esencial del sistema; las segundas, fundamentan su estructura y desarrollo a partir del reconocimiento a las instituciones educativas de todos los niveles de escolaridad. Como consecuencia de esta caracterización, la calidad de la educación en un sistema centralizado está orientada a lograr respuestas econométricas y estadísticas como factor comparativo entre los estados, y si estas son exitosas, los grandes beneficiados son básicamente los gobiernos y las personas que lo representan.

Por el contrario, la descentralización tiene una organización diferente, en cuanto es el aula, la institución educativa y el municipio los referentes claves para hacer todo tipo de análisis en relación con cobertura, inclusión, deserción y lógicamente, calidad; su concepción es desde el contexto y su tipificación, especialmente en relación con la condición social, a la que el sector escolar debe dar respuestas para atender dichas necesidades.

Para cada caso, centralismo o descentralización, las mediciones son necesarias con el fin de construir propuestas, pero la diferencia radica en cómo se utilicen los resultados para el fomento del desarrollo de los ciudadanos. Si es centralizado, tiende a reflejar posiciones, intereses y visiones individuales que desconocen el sentir de todos los colombianos con relación a que somos un país de regiones, en muchos casos, con marcadas diferencias de desarrollo y cultura, las cuales requieren respuestas diversas en relación con su situación para cerrar la brecha que nos excluye de las oportunidades y no ahondar más en ella.

Los programas y proyectos descentralizados que tienen su origen en un sistema educativo que se construye desde el ámbito local y el escenario regional tienen la virtud de visibilizar las necesidades, los compromisos y los retos que ejecutan los diversos actores educativos, que representan en la práctica, las reales posibilidades para mejorar la calidad de vida y la movilidad social. Estos resultados no parecen ser compatibles con los estándares de calidad fundamentados en cifras rígidas, homogenizantes, descontextualizadas e inamovibles propias del centralismo.

El centralismo termina convertido esencialmente en activismo, en la utilización de los medios para vender ideas y programas de corto alcance, muchos de ellos sin una medición de impacto en el tiempo que permita evaluar y verificar si alcanzan a producir algún resultado en la vida de los estudiantes y en la sociedad en general. La descentralización, por su parte, valora al docente de cada zona y da un lugar especial al sector rural, al lugar

apartado o al contexto marginal que desde recónditas aulas retiradas de los privilegios del urbanismo, logran facilitar a los hijos de los campesinos y de los ciudadanos excluidos acceder a la escolaridad para lograr conocimientos que les permitan promoverse junto con su familia (vale la pena mencionar, por ejemplo, los impactos de la Escuela Nueva, entre otras apuestas para vincular y movilizar las regiones en desventaja). Igualmente, una política descentralizada reconoce que desde el municipio es posible encontrar estrategias alternativas para la escolaridad de los niños, los jóvenes, e incluso para que los adultos y personas mayores puedan ser incluidas a una educación con calidad que genera potencialidades sociales. Programas que han sido medidos en su impacto social y académico, tal como el proyecto La Escuela Busca al Niño, son sin lugar a dudas un claro ejemplo de este tipo de alternativas que demuestran que la calidad educativa tiene connotaciones muy superiores a la simple estadística parametrizada que sistemáticamente se pregona como si fuera el único factor de calidad.

Con relación a la Educación Superior ocurren situaciones similares. En este ámbito observamos cómo el pensamiento y las mediciones centralistas amplían y profundizan la brecha entre las universidades de las grandes capitales con respecto a las que desarrollan su accionar en las regiones y localidades, con lo cual el mismo gobierno, como ente responsable del fomento, termina enviando el erróneo mensaje que sólo en las primeras se garantizan posibilidades de éxito a los estudiantes y creando una inmensa desazón entre los padres de familia que no tienen los recursos para desplazar a sus hijos a las principales ciudades del país. Entre muchos aspectos discriminatorios, vale la pena mencionar que el centralismo propicia que las prácticas y pasantías de los estudiantes de sólo un reducido número de entidades de Educación Superior accedan a los altos organismos del gobierno y a las grandes empresas privadas, sin tener en cuenta las capacidades profesionales y humanas que desarrollan las universidades regionales, lo cual genera no sólo un círculo vicioso de repetición centralista, sino una evidente inequidad y discriminación laboral.  Por supuesto, este ejemplo es igualmente válido para lo que sucede en la investigación, la docencia, la internacionalización y la proyección social.

Una política pública de descentralización educativa que se apoye en las organizaciones de Educación Superior de carácter regional, le permitiría al gobierno central entender en forma objetiva los problemas sociales, económicos, ambientales y de desarrollo integral que viven los colombianos, para poder tomar decisiones concordantes con la realidad del diverso contexto nacional, que por cierto, se conoce con más propiedad desde aquellas instituciones que estamos comprometidas permanentemente con los escenarios y las realidades comunitarias de nuestro ámbito local.