Rol mediador de la policía nacional de Colombia en el posconflicto:
Un estudio del discurso de expertos con AEDT^*

Giovana Marcela Ramírez Salgado, Nubia Edith Céspedes Prieto^**

^* Artículo de investigación.
http://dx.doi.org/10.15332/s1794-9998.2016.0002.02

^** Escuela de Cadetes de Policía 'General Francisco de Paula Santander'. ]]> Correspondencia: Nubia Edith Céspedes Prieto, Dirección postal: calle 45a sur # 50a-91, barrio Muzú, Bogotá, Colombia.
Correo electrónico: ecsan.arinv@policia.gov.co.

Recibido: 2 de marzo de 2016 / Revisado: 30 de abril de 2016 / Aceptado: 14 de mayo de 2016

Los resultados de esta investigación están fundamentados en una revisión teórica de estudios recientes, relacionados con la situación nacional e internacional, frente al accionar de la fuerza pública en escenarios de posconflicto; asimismo, se llevaron a cabo una serie de entrevistas con algunos académicos y expertos en el campo político, económico y cultural colombianos. El producto de estas entrevistas se sometió a la herramienta AEDT (Análisis Estadístico de Datos Textuales) a través del software SPAD que, con una mirada cuantitativa y descriptiva, permite generar conocimiento alrededor de los "nuevos roles" que deberán ser asumidos por la Policía Nacional de Colombia para el periodo del posconflicto, como estrategia de reconciliación de los sectores en conflicto y los diferentes grupos sociales. Así, se vislumbran dinámicas de transformación o cambios políticos, económicos y socioculturales que la institución policial deberá asimilar y ejecutar en contexto.

Palabras clave: Policía Nacional de Colombia, posconflicto, proceso de paz, transformación policial, reforma policial.

The results of this research are based on a theoretical review of recent national and international studies of the actions of security forces in post-conflict scenarios; in this study we also conducted a series of interviews with academics and experts in the Colombian political, economic and cultural fields. The product of these interviews was analysed using SATD (Statistical Analysis of Textual Data) with the SPAD software. With a quantitative and descriptive look, the use of this strategy helped generate knowledge about the "new roles" that must be assumed by the National Police of Colombia for the period after the Peace Accords, as a strategy for reconciliation of conflicting sectors and different social groups. Emerging dynamics of transformation or political, economic and socio-cultural changes are then made visible, that the national police must assimilate and implement in context.

Colombia ha vivido desde hace más de seis décadas un conflicto declarado y sostenido por grupos irregulares al margen de la ley organizados como guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y bandas criminales que han intentado ser contenidas por parte de la fuerza pública y también mediante varios procesos de negociación que infortunadamente no han logrado desarticular a los diferentes actores armados ilegales. Sin embargo, el gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, adelanta desde octubre de 2012 conversaciones y negociaciones con el grupo guerrillero autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en La Habana (Cuba), encaminadas a la suscripción de un acuerdo de paz sobre el cual no solo el gobierno sino toda la sociedad colombiana mantiene ciertas expectativas de culminación exitosa.

El Estado colombiano a pesar de su acción para mantener su legitimidad demostró desde mediados de la década de 1970 cierta incapacidad para monopolizar la fuerza, la justicia y los tributos de la población (Rangel, 1999), lo cual se acentuó a principios de 1980 cuando se dice que existieron vínculos entre altos miembros de la fuerza pública y algunos terratenientes permitiendo la irrupción de nuevos grupos armados irregulares (Ortiz, 1994) que posteriormente serían reconocidos como paramilitares, cuyo propósito era combatir a las guerrillas¹, incluyendo junto con las FARC al autodenominado Ejército de Liberación Nacional - ELN-. De este modo, en Colombia confluyeron los siguientes actores armados: el Estado y su fuerza pública, vinculada de manera ilegal en ocasiones con paramilitares, y las guerrillas, grupos ilegales que además incursionaron en la actividad ilícita del narcotráfico con sendas consecuencias de prácticas violentas que afectaron la vida de líderes políticos o sindicales, militares, policías, campesinos y civiles.

En medio del conflicto, la Policía Nacional de Colombia, como cuerpo armado permanente de naturaleza civil que tiene como fin primordial mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los colombianos convivan en paz, debió ajustar su estrategia policiva vigente desde 1891 y refundada en 1950, para emprender incluso acciones militares en aras de salvaguardar el orden nacional en peligro por la existencia de grupos armados ilegales y sus múltiples actos ilícitos. De manera que un periodo de posconflicto significa en principio para la institución retomar su carácter eminentemente civil para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del territorio nacional colombiano Por esta razón, vislumbrar los posibles escenarios que se generen tras un acuerdo de paz y en especial las implicaciones de estos en el funcionamiento de la institución policial, es necesario en aras de prever los lineamientos de política interna y las estrategias que deben irse implementando bajo el convencimiento de que emprender acciones de manera anticipada contribuye y precipita el fin del conflicto, en especial considerando que la Policía Nacional de Colombia está llamada a consolidar y fortalecer su estructura para mantener el acuerdo al que se llegue y solidificar la paz.

A pesar de que el tema del posconflicto ha sido recurrente dados los múltiples intentos de negociación que han tenido lugar en el pasado, no se ha desarrollado una reflexión o tratamiento teórico-conceptual de gran envergadura, sino más bien ha sido considerado por unos pocos expertos en el conflicto armado colombiano en trabajos académicos y en algunas ocasiones, sobre todo durante el proceso actual, mediante sus columnas de opinión en la prensa escrita nacional. Es así como se intentó recopilar estos insumos de información para analizarlos, y con base en ellos determinar los posibles escenarios políticos y sociales sucesivos a la suscripción del acuerdo de paz. Posteriormente, se llevaron a cabo algunas entrevistas semiestructuradas a académicos y expertos en temas relacionados no solo con el conflicto armado sino en especial en seguridad y defensa, lo cual permitió contrastar los escenarios posconflicto y establecer el papel mediador de la Policía Nacional en dicho periodo.

Pensar en el posconflicto no debe ser algo ideal sino fundamentalmente práctico, dado que se requiere tomar medidas previas a la firma de la paz que eviten el surgimiento de nuevas confrontaciones, la aparición de nuevos actores armados y esencialmente se empiecen a formular soluciones a las causas del conflicto. De modo que diseñar una etapa posconflicto es realmente importante, dado que las decisiones que se tomen en este momento determinarán la nueva estructura de poder en Colombia, no solo por cuenta de las elecciones que tendrán lugar posteriormente, sino básicamente porque el tratado de paz deberá funcionar como la mayor propuesta de reingeniería social que haya tenido lugar en el país.

A diferencia de los procesos de paz previos al inicio de este siglo, en esta oportunidad no es posible ni viable desde ningún punto de vista una política de perdón y olvido que ignore los derechos humanos de las víctimas, en especial considerando las presiones de la comunidad internacional que exige un proceso de paz con alguna forma de justicia y resarcimiento a las víctimas, básicamente el trinomio: verdad, justicia y reparación. Sin embargo, el gobierno colombiano no actúa solo bajo presión internacional, sino considerando el proceso previo que tuvo lugar con los grupos armados paramilitares que hacían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- que a pesar de las críticas, no le permite pasar por alto las graves violaciones cometidas por las FARC y el ELN, debido a que ello conduciría a una paz precaria y podría generar nuevas violencias.

Verdad, justicia y reparación son tres aspectos fundamentales para alcanzar una paz real y perdurable. La verdad significa que las partes están seriamente interesadas en contar la verdad de lo sucedido y en permitir que con esa verdad se lleve a cabo un proceso de reconciliación y de reconstrucción de la sociedad (Benavides, 2004). La justicia es otro componente de gran relevancia para ser considerado en el proceso de construcción de una paz estable y duradera, por lo cual es necesario establecer la forma en que las víctimas lograrán que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario -DIH-. En cuanto a reparación como tercer elemento clave, esta debe ser integral y tener como punto de partida el reconocimiento de la verdad por parte de los actores armados en conflicto, dado que no puede limitarse únicamente a una indemnización económica para las víctimas sino a las medidas que en lo posible permitan volver a la situación previa a la ocurrencia de las violaciones, es decir, la reconstrucción y reivindicación de lo que tenían.

Si bien resulta notorio el avance de las negociaciones en relación con procesos previos, el gobierno colombiano debe lograr que la sociedad entienda que la paz implica ciertos costos en términos de justicia y de ahí la necesidad de un modelo transicional. De este modo, se intentará satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y construir una Colombia en paz.

No obstante, el gran potencial del acuerdo de paz con consecuencias de largo plazo para toda la sociedad colombiana, se debe garantizar que no sea un acuerdo establecido entre dos grupos con intereses propios, sino que comprenda e involucre a todas las fuerzas vivas de la sociedad en su conjunto para que exista confianza, lo cual requiere la participación nacional para que las reformas puedan ser efectuadas de una manera sostenida. Aunque para nadie es un secreto que el proceso de paz entraña una serie de resistencias implícitas y riesgos, pero al mismo tiempo constituye una coyuntura histórica y política única para crear una serie de condiciones favorables durante un periodo de tiempo limitado. De alguna forma, es pertinente tener muy en cuenta, como indica Kaldor (2005):

La paz estable en el tiempo no se consigue solo con acuerdos entre el Estado y los actores armados, sino que es preciso desarrollar, promover y contar con una sociedad civil participativa que forme parte de los procesos de paz, directa o indirectamente de las negociaciones y sea luego el actor principal en la compleja reconciliación y reconstrucción posconflicto (p. 95).

La Policía Nacional, por ser un cuerpo civil armado, es la institución con responsabilidades y funciones específicas para brindar las garantías que permitan el ejercicio de la convivencia armónica entre las poblaciones (Bello, 2014).

El papel que debe asumir la institución policial es determinante, dada su misionalidad en el mantenimiento de las condiciones que garanticen la convivencia ciudadana. En escenarios posconflicto, las experiencias internacionales muestran la necesidad de realizar reformas al sector seguridad y redefinir las funciones y competencias de las fuerzas armadas, dado el cambio de circunstancias y las necesidades del país. Así, la policía debe asumir un papel fundamental en escenarios consolidados, y aportar al proceso de construcción de paz, con énfasis en los procesos de mediación y resolución de conflictos, para garantizar la paz en las regiones y ambientes locales, y controlar la comisión de delitos y contravenciones de manera articulada con las autoridades territoriales y la sociedad civil (Bello, 2014).

En estudios internacionales respecto a los procesos de paz, los expertos tienden a concentrar las principales tendencias en temas sensibles, como migración, fronteras, medioambiente, problemas en las comunidades y afectaciones a la seguridad. Escenarios caracterizados por el aumento de la protesta y el descontento ciudadano en temas sociales, políticos y económicos son anticipados por cinco de los profesionales consultados. Así, al tener altas expectativas frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz a través de la mesa de negociación, se percibe un cambio fundamental, como consecuencia del fin del conflicto, y el surgimiento de nuevos escenarios posconflicto, más relacionados con problemáticas de seguridad ciudadana y convivencia, aunque con algunas amenazas persistentes y características de la sociedad en conflicto, como el tráfico de drogas y el de armas. En estos últimos temas es importante evaluar el posible impacto de los acuerdos en la mesa de negociación, frente al tema de las drogas ilícitas y la posibilidad de que se logre un enfoque diferencial, más orientado a la legalización o despenalización de la producción, el tráfico y consumo de narcóticos. Este escenario es visualizado por dos de los consultados. Ante la alta rentabilidad del negocio y el fracaso de la guerra contra las drogas, es necesario analizar enfoques y alternativas; de lo contrario, el negocio se mantendrá con la lucha de diferentes grupos ilícitos por el control de las rutas. Este último escenario es anticipado por cinco de los participantes del estudio (Bello, 2014).

En otros temas, se indagó por los elementos que tendría la reforma al sector de seguridad en Colombia, con un énfasis principal en la definición y delimitación de funciones en las Fuerzas Militares y de Policía ante las nuevas problemáticas, propias de una sociedad en transición al posconflicto. Frente al tema policial, los entrevistados señalaron la necesidad de realizar el tránsito de la institución, adscrita actualmente al Ministerio de Defensa, hacia el Ministerio del Interior o de Seguridad Pública, como un primer paso para lograr su desmilitarización definitiva. Esto, unido a una redefinición de sus funciones, lograría que la institución se dedicara de manera exclusiva a mantener y garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, con un énfasis especial en las diferentes regiones del país. Es imperativo fortalecer los canales de coordinación entre autoridades territoriales y policiales, para garantizar el desarrollo de políticas públicas de seguridad y convivencia acordes con las necesidades de los municipios. Por el contrario, las Fuerzas Militares deben redefinir sus funciones para evitar el policiamiento de las fuerzas, que actualmente realizan actividades propias de los cuerpos policiales. En esta línea, deben fortalecer las actividades relacionadas con la defensa y la seguridad nacional.

Por último, todos los profesionales consultados están de acuerdo en el protagonismo que debe asumir la Policía Nacional en estos nuevos escenarios en transición, y las capacidades que deberán ser desarrolladas y fortalecidas para enfrentar las nuevas amenazas y garantizar la convivencia democrática en el país. En esta línea, la institución tendrá un papel fundamental en el cumplimiento de los acuerdos para facilitar y dar garantías al proceso, en especial en temas sensibles, como la ley de víctimas, el retorno de población desplazada, los procesos de desmovilización y reintegración de excombatientes, los nuevos escenarios de protesta social y, en general, todas aquellas manifestaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia en el país (Bello, 2014).

Las experiencias internacionales muestran el mayor papel adquirido por los cuerpos policiales en el posconflicto, dada su naturaleza civil y sus funciones relacionadas con el tema de la convivencia. Una de las principales actividades en las que participan son los procesos de mediación y resolución de conflictos, no solo como consecuencia del incremento de los niveles de violencia vinculada a la seguridad ciudadana y a la convivencia, sino también a partir de la necesidad de trabajar con las víctimas y victimarios para facilitar los procesos de reinserción social. En esta línea, Galtung (2003) señala la importancia de la mediación, al permitir trascender el conflicto y transformarlo, pero no se trata de un proceso automático, sino que toma tiempo.

Así, es importante incluir estas actividades en los módulos de formación, teniendo en cuenta que implica no solo conocer los procesos para desarrollar estas acciones, sino al mismo tiempo tener habilidades específicas que faciliten las actividades con la comunidad. Es necesario que estos procesos de mediación tengan la validez y el soporte legal que les den legitimidad. Estos módulos deben fundamentarse no solo en elementos teóricos, sino incluir actividades prácticas, juegos de roles, que permitan a los policías anticipar y conocer las posibles situaciones que enfrentarán (Bello, 2014).

Desde una mirada internacional y teniendo como base contextos mundiales, se vislumbra que el anticipar los temas, de los que una sociedad tendrá que ocuparse en el posconflicto, presiona y precipita el fin del conflicto y sienta las bases para una paz duradera; así lo confirma la orientación dada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el documento publicado en junio de 1992 por el entonces secretario general Boutros Boutros-Ghali, desde la óptica de esta misma institución y expuesta en los elementos de la construcción de paz para el posconflicto exponiendo que, la construcción de paz consiste en "acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto". Desde la perspectiva de Hartzel (1999); la estabilidad de los acuerdos de paz se fundamentan en las garantías que puedan aportar las instituciones, y el reconocimiento en la misión policial de garantizar a la ciudadanía seguridad y convivencia a través de la formación de talento humano, el desarrollo de la investigación etnográfica aplicada a nuevas estrategias de seguridad, y especialmente la formación de líderes que contribuyan al fortalecimiento de la convivencia ciudadana en espacios de interacción generados dentro del marco del posconflicto.

Es necesario analizar los posibles alcances de la reforma policial, que debe darse en el marco de la reforma del sector seguridad después de los acuerdos de paz. Es fundamental redefinir las funciones y competencias de la institución policial en los nuevos escenarios que se consolidarán en el país. En esta línea, algunos analistas visualizan que las funciones de apoyo a la rama judicial desaparecerán, y la policía deberá enfocarse en la atención a los motivos de policía, para garantizar la convivencia y la seguridad en el país. De igual manera, es importante garantizar el cumplimiento de los acuerdos y permitir que se incluya un enfoque con perspectiva de género, para que se evidencie la participación de las mujeres policías en la toma de decisiones y a la vez se tomen acciones para apoyar a las mujeres afectadas por la confrontación armada. Estos elementos se incluyen en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y es importante que se apoye su inclusión en los escenarios posconflicto (Bello, 2014).

A partir de lo anterior que abarcó la revisión bibliográfica de estudios académicos y experiencias similares de otros países, se consideró importante incluir la diversidad de opiniones, reacciones y creencias de los diferentes sectores sociales del país frente a la paz y al posconflicto, el estudio adelantado pretendió identificar la forma como diferentes representantes de la sociedad conciben el rol mediador de la policía en el posconflicto, qué retos visualizan y qué transformaciones estiman se deben cumplir para llegar a éste rol.

La muestra seleccionada incluyó 16 personas pertenecientes a diferentes sectores sociales de Colombia, se realizó un muestreo de tipo cualitativo, en virtud de la representatividad de cada uno de los participantes en dichos sectores. En la mayoría de los casos se entrevistaron personas con una amplia trayectoria y reputación en el sector al que pertenecen, pero atendiendo a la obligación ética del estudio, se guarda confidencialidad acerca del nombre del participante. La muestra de los 16 participantes quedó caracterizada así: 12 hombres y 4 mujeres; 10 personas de la sociedad civil y 4 de las fuerzas armadas; 2 del gobierno y organismos multilaterales y 14 ajenos al gobierno; 8 académicos y 8 ajenos a la academia.

El análisis del discurso se realizó a partir de las transcripciones de las 16 entrevistas realizadas, las cuales se fundamentaron en un derrotero que incluyó un total de 47 preguntas abiertas y 2 preguntas cerradas, correspondientes a los aspectos que se pueden observar en la tabla 1.

Se usó el análisis factorial aplicado a textos, y denominado análisis estadístico de datos textuales AEDT, el cual permite analizar el discurso empleando algunos métodos estadísticos donde se mantiene una total independencia del texto, y con la ayuda del software se procesan los textos sin incluir una previa codificación (Barreto, Velandia y Rincón 2011). En primer lugar se producen los documentos lexicométricos creando diccionarios de palabras y segmentos repetidos, allí se identifican frecuencias de palabras, segmentos o lemas que aparecen en los textos y los contextos lingüísticos en los que dichas expresiones se presentan. En una segunda etapa se analiza el texto a través del método multidimensional de correspondencias, representando las distancias entre las palabras y unas categorías (variables categóricas) en un plano factorial.

Luego de realizadas las entrevistas de acuerdo con los objetivos del análisis del discurso, se procedió a la normalización de los datos. Para tal fin, se eliminaron los espacios y caracteres especiales del texto, utilizando recursos manuales en una primera instancia, y posteriormente un lematizador que permite eliminar aquellas palabras que no poseen un significado propio debido a que poseen una función exclusivamente gramatical (artículos, pronombres, adverbios, etc.) y también realizar equivalencias semánticas y ortográficas, lo que disminuye el corpus pero lo hace más significativo. También se realizó una depuración de hápax, dado que dichas palabras inducen falsas significancias estadísticas. Por facilidad de manejo, todas las unidades léxicas se transformaron a palabras minúsculas no acentuadas.

El corpus original contenía 97.778 palabras, de las cuales 8.687 eran diferentes, y luego de la depuración de las palabras vacías y hápax, quedó con 87.863 palabras, de las cuales 4.220 eran diferentes; con lo cual el corpus fue reducido a un 89.9 % del corpus original, no superando la reducción límite del 75 %. Con el corpus obtenido se procedió a adelantar el análisis tanto de palabras como de textos cortos estadísticamente significativos.

Efectuando el análisis de palabras especificas por medio del procedimiento VOSPEC, se caracterizaron los términos empleados de acuerdo al rol del entrevistado en cada uno de los grupos considerados. El software utilizado hace una transformación asintótica a valores z, a cada una de las palabras del discurso, con el fin de establecer la pertenencia o no a un grupo considerado, tomándose como criterio de inclusión el valor p de dicha prueba; dicho valor p es la probabilidad de que la palabra en cuestión no pertenezca al grupo considerado. En cada una de las tablas que caracterizan el discurso de los distintos grupos, aparecen tanto el estadístico de prueba como su valor p.

Respecto al rol, la tabla 4 muestra las diferencias en los términos del discurso empleados por hombres y mujeres.

Se aprecia en la tabla 4 que los hombres son más afines con los temas de autoridad, bandas criminales, el gobierno, la tierra y el campo, caracterizando el rol de la Policía Nacional dentro de un nuevo país y dentro del contexto de la seguridad ciudadana. Por su parte, las mujeres centran su discurso en los ascensos en la policía, las bandas criminales, el crimen organizado, la experiencia y formación de la policía, la presencia del estado, las reformas, el territorio, la justicia transicional, verdad y víctimas. Debe aclararse que existió una mayor proporción hombres que de mujeres en la muestra de entrevistados, y que las mujeres incluidas en la muestra pertenecieron principalmente a organizaciones no gubernamentales.

Respecto de la opinión de personas que pertenecen o no a las fuerzas armadas, la tabla 4 muestra que los civiles hablan de campesinos, de las políticas respecto a la carrera policial, la policía comunitaria, la cooperación internacional, el rol del ejército en las fronteras, la formación de una guardia civil, los patrulleros, la justicia penal militar, los procesos de reparación de las víctimas, el rol de vigilancia de la policía y las problemáticas de las zonas de desmovilización. Las fuerzas armadas centran su discurso en la formación de una policía con características de guardia, los procesos de vigilancia, el campesino, las fronteras, una guardia civil, una policía comunitaria, y aumentar el pie de fuerza. Son evidentes entonces las grandes diferencias en el foco del discurso en ambos casos y la congruencia con el proceso de paz mismo.

Respecto de la participación en el gobierno, la tabla 5 identifica las diferencias en el discurso de personas que trabajan en entidades gubernamentales versus aquellas que están vinculadas con entidades privadas. Se aprecia allí que los entrevistados que no hacen parte del gobierno u organismos multilaterales, hablan principalmente sobre la policía comunitaria, haciendo referencia obvia a los cambios misionales dentro del proceso del posconflicto. Por su parte, los respondientes del gobierno u organismos multilaterales, centran su discurso más en aspectos de derechos, sociedad civil, garantías, nuevos derechos, restitución, recursos, las tierras y trámites.

Después de haber encontrado las unidades léxicas que determinan los discursos tanto en forma central o común a todos los voceros, como en forma periférica o característica de cada uno de los grupos, se procedió a tomar dichas palabras como elementos activos en las rotaciones factoriales, con el fin de encontrar el plano factorial que permite visualizar los saberes de los expertos.

Se efectuó un análisis factorial de correspondencias binarias, en el cual el primer autovalor es de ,0917 (51,47 % de inercia), y el segundo es de ,0651 (36.52 % de inercia), lo que configura el primer plano factorial con un 87,99 % de la información consignada en las entrevistas, con lo cual se puede considerar como idóneo para derivar conclusiones.

Como se puede observar en la figura 1, se identificaron claramente dos factores, los cuales se pueden visualizar revisando las dos dimensiones que se entrecruzan en el plano cartesiano. La primera dimensión horizontal denominada factor 1 caracteriza la confianza en el proceso y en las capacidades institucionales para mantener una dinámica social pacífica. En el extremo izquierdo se aprecia el discurso de confianza en el proceso y en extremo derecho la desconfianza representada en los retos que se deben enfrentar. Se ha denominado a este factor confianza en el proceso. En el segundo factor (factor 2), denominado tradición ubicado en la dimensión vertical, se aprecia el discurso relacionado con la misión de la policía desde el extremo superior que caracteriza la misión tradicional otorgada a ellos, hasta el extremo inferior en donde la misión se relaciona con un rol mediador de los procesos sociales y la restitución de derechos dentro de la comunidad. En los cuadrantes resultantes se pueden encontrar los siguientes discursos:

1. ]]> Discurso confianza en el proceso-discurso misión tradicional. En este cuadrante aparece el discurso que caracteriza las personas vinculadas a las fuerzas armadas y que no pertenecen a la academia. Se observan términos asociados con normas, presupuesto, vigilancia, patrulleros, carreras, lucha contra la impunidad, convivencia, educación.

2. Discurso desconfianza-discurso misión tradicional. Este discurso se asocia con las problemáticas que en la visión de las personas no vinculadas con el gobierno hacen difícil el logro de la paz, tales como el crimen, las Bacrim, la gente, el narcotráfico. Las fuerzas armadas comparten elementos del discurso tradicional de confianza y desconfianza.

3. Discurso confianza-nueva misión. En este plano aparecen las personas vinculadas con el gobierno y aquellas no vinculadas con las fuerzas armadas, quienes otorgan una nueva misión a la policía como parte de las garantías del proceso de paz y con funciones de recomposición, restitución, cooperación, diálogo y derecho dentro de la sociedad y el país, con una visión de autoridad centrada en las personas y en la políticas de derecho.

4. Discurso desconfianza-nueva misión. En este cuadrante se ubican principalmente los académicos, quienes si bien asumen una visión novedosa para la policía, se preocupan por los problemas presentes en el posconflicto, el tema de víctimas, por la aplicación de la justicia transicional, la corrupción que se puede presentar en las fuerzas armadas y las capacidades de los territorios.

De acuerdo con el plano factorial, es evidente que los aspectos más significativos para las fuerzas armadas son el campo, la convivencia, la vigilancia de las fronteras, la formación de un cuerpo con características de guardia, los aspectos de carrera al interior de la institución, el problema del narcotráfico, una policía comunitaria. Los civiles centran su atención en la reparación las zonas de despeje y conflicto, la cooperación internacional, los derechos, y la cooperación internacional. El sector de respondientes que no son académicos hablan sobre el campo y la tierra, la educación, la impunidad, las bandas, una policía civil. Los académicos hablan sobre la institucionalidad, la corrupción, las víctimas, la verdad, la justicia transicional. Los funcionarios del gobierno advierten sobre recursos, zonas, reparación, cooperación, garantías, autoridades, el diálogo, la restitución y el DIH. Por su parte las personas que no pertenecen al gobierno enfatizan en temas como las Bacrim y el crimen organizado, la preparación para el posconflicto y la institucionalizad. Por último, mirándola parte central del gráfico, vemos que el discurso común a todos los entrevistados tiene que ver con el país, la paz, la sociedad, las políticas de estado, la guerrilla, el gobierno y la gente.

En la zona de las FF. AA, se observa que el discurso ronda alrededor de sus funciones como son la vigilancia o fronteras, e igualmente pasa en la zona de los funcionarios de gobierno que hablan sobre autoridad, derechoso DIH.

La investigación presentada en este documento permite identificar diferentes aspectos del papel que puede cumplir la Policía Nacional en el escenario del posconflicto, al mismo tiempo que esclarece las opiniones de diferentes sectores sociales respecto a las transformaciones que se deben generar dentro de la Institución para cumplir con este rol mediador.

Haciendo un resumen específicamente en el tema de los roles de la Policía Nacional en el escenario de posconflicto y tomando tanto la revisión bibliográfica de expertos, los casos de éxito alrededor del mundo y la respuesta de los expertos colombianos involucrados en el tema, se pudo llegar a derivar conclusiones importantes a tener en cuenta y que abarcan distintos tópicos por abordar.

Varios frentes de trabajo se abren para la policía de Colombia en el posconflicto. En primer lugar, se requiere una nueva posición respecto al tema de la seguridad ciudadana y una transformación de la misión. Esta misión de la policía debe transformarse, de acuerdo con los diferentes entrevistados, de manera que caracterice el quehacer policial como un mediador en el campo del posconflicto. Así, se concibe a la policía como un ente participativo e interactuante que proyecta su futuro en este contexto y visualiza posibles escenarios de intervención, apoyo, responsabilidad y acción, comprometiéndose con el diseño y desarrollo de estrategias, proyectos, planes y programas encaminados a ayudar a la organización a investigar y analizar fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades que le permitan atender los desafíos que sume en el posconflicto.

Esto es consistente con lo que Bello (2014) determinó a través de un estudio con expertos internacionales frente a la situación colombiana, de acuerdo con lo cual "el surgimiento de nuevos escenarios de posconflicto están más relacionados con problemáticas de seguridad ciudadana y convivencia, aunque con algunas amenazas persistentes y características de la sociedad en conflicto, como el tráfico de drogas y de armas". El autor propuso algunos lineamientos de estrategia institucional, entre los que se resalta de manera específica la mediación, con un énfasis en la naturaleza civil y las funciones relacionadas con la convivencia, donde se le otorga la responsabilidad a la policía de orientar los procesos de mediación y resolución de conflictos, no solo como consecuencia del incremento de los niveles de violencia vinculada a la seguridad ciudadana y a la convivencia, sino a partir de la necesidad de trabajar con las víctimas y victimarios para facilitar los procesos de reinserción social. Este nuevo rol es discutido por Galtung (2009) quien afirma que la importancia de la mediación permite trascender el conflicto y transformarlo, y a su vez reconoce que no es un proceso automático sino que toma tiempo. Respecto del rol en los conflictos, Bello (2014) también plantea la necesidad de incluir en la formación policial herramientas de mediación que le permitan al futuro policía adquirir habilidades específicas para anticipar y conocer las posibles situaciones que deberá enfrentar dentro de las comunidades originadas en el posconflicto, que como lo han demostrado diversas experiencias internacionales, facilitan su actividad en el manejo de conflictos con la comunidad otorgándoles componentes de validez con su respectivo soporte legal.

De acuerdo con los entrevistados, la Policía Nacional en Colombia de cara al posconflicto, debe contemplar dentro de sus frentes de acción la consolidación de un clima de seguridad y convivencia ciudadana, donde una de las principales líneas de actuación es la reconciliación y la reconstrucción del país, a partir de herramientas como la mediación policial, proceso que permite prevenir, contener y resolver los conflictos sociales que alteran la convivencia de los ciudadanos. En este sentido, una de las responsabilidades que le corresponde a la institución policial es, según Carvajal (2004): "hacer énfasis en la formación integral del policía. En la etapa posconflicto necesariamente se tienen que identificar los roles y las responsabilidades dentro de la institución, lo que facilitará la formación del policía y el desarrollo de una filosofía policial".

Es importante adoptar una estrategia cooperativa con otros países que afrontaron un posconflicto, identificando y documentando los actos de cooperación policial que dan cuenta de circunstancias particulares, experiencias y políticas formuladas para realizar la transición con el menor impacto posible en los cuerpos policiales. Así como Colombia asesora a otros países en temas en los cuales tiene un gran conocimiento, validado a través de la experiencia, como en asuntos de lucha contra el tráfico de drogas, organizaciones armadas ilegales o grupos terroristas, de la misma manera la Policía Nacional puede fortalecer los vínculos y las relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia en este tipo de procesos, relacionados con la justicia transicional y los nuevos papeles policiales en estas etapas (Bello, 2014).

Por otra parte, se requiere mejorar los procesos investigativos en el campo social y vincularlos con los procesos misionales de la institución. Si bien lo señalado hasta aquí permite afirmar que Colombia es un país con una gran fortaleza en el desarrollo de la investigación al interior de los cuerpos de policía objeto de estudio, cuenta con los indicadores más altos a nivel de producción científica y arroja los resultados más prometedores en materia de investigación formativa. Pese a estos positivos resultados, el país tiene uno de los porcentajes de financiación y promoción de la investigación más bajos de la región, lo cual permite proyectar que con un aumento en los presupuestos invertidos, se tendrán cada vez mayores y mejores resultados investigativos. Pero también Colombia muestra poca articulación entre la planeación estratégica en la que se proyectan los fines del Estado, con los desarrollos investigativos que se desarrollan. La actual administración del presidente Juan Manuel Santos, ha señalado la necesidad de alterar esta situación, y en el caso particular de la Policía Nacional ha pedido que se explore investigativa y formativamente los temas acordes con el posconflicto y el papel que puede desempeñar la policía en este contexto.

Así, la Policía Nacional como institución pública se constituye en un garante de la seguridad y convivencia ciudadana en el país, y para ello debe generar espacios académicos de discusión donde puedan analizarse diversas alternativas para enfrentar las nuevas dinámicas sociales que llegan con el advenimiento del cese de las hostilidades armadas, y asimismo brindar a los futuros oficiales de policía herramientas para prestar un servicio policial efectivo en un contexto social nuevo. Lo anterior requiere una profunda transformación del modelo educativo para la formación policial, de manera que permita el desarrollo de competencias más acordes con el posconflicto (tanto en la ciudad como en el campo). De acuerdo con los entrevistados se requiere un con formación o un perfil en: (i) derechos humanos; (ii) resolución de conflictos (mediador) y policía amigo que inspire confianza en la ciudadanía, porque hasta la fecha su imagen no es tan positiva; (iii) policía comunitaria y mayor presencia de la policía rural (bajo la premisa de que el posconflicto se desarrollará en el campo); (iv) los entrevistados manifiestan posiciones divididas sobre otorgarle el derecho al voto a los policías (pros y contras).

Según Camps y Giner (2008) "la interacción de las voluntades y el intercambio de intereses diversos que les obliga a gobernarse" son parte del concepto de convivencia; definido como elconjunto de normas de conducta, reglas y códigos establecidos que permiten, a las personas convivir en armonía e incorpora los componentes éticos y morales, con los cuales se llega a la consolidación de una cultura de convivencia; estos conceptos cobran sentido, más aún si se debe atender a la necesidad que surge en los periodos de posconflicto, evidenciados en otros contextos internacionales; para el caso de Colombia, desde el 2005 el departamento de planeación resalta la necesidad de incrementar en los ciudadanos una actitud positiva respecto a la ley y las normas de convivencia; mejorando sus niveles de cumplimiento, aumentando los niveles de seguridad ciudadana a través de la prevención del riesgo y la cooperación con las autoridades; resaltando la importancia de concertar y cumplir los compromisos, mejorar los niveles de tolerancia y solidaridad; aumentar los niveles de organización social y participación de la ciudadanía aumentando los niveles de confianza interpersonal y en las instituciones públicas.

Gran parte de los resultados aquí consignados se tratan al interior de la institución, sin embargo, el poder de este informe radica en que compila el conocimiento derivado de diversos estudios y experiencias a nivel mundial, así como también las recomendaciones de expertos en el tema, y cuya experticia es derivada de ser miembros de la institución, de ser destacados académicos, personas que han participado activamente en el conflicto y en procesos sociales derivados de conflictos, y personas que trabajan directamente en las instituciones de gobierno.

Sea pues esta una compilación de saberes y experticias que le permitan a la Policía Nacional de Colombia dilucidar las mejores acciones a seguir en el posconflicto.

¹ De hecho, hasta mediados de la década de 1980, la historiografía se había inclinado predominantemente hacia el estudio de la violencia desatada entre el Estado y las guerrillas, destacándose los trabajos de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos, 1982; James Henderson, Cuando Colombia se desangró, 1984 y Carlos Miguel Ortiz, Estado y subversión en Colombia, 1985.

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