http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21108

Límites y equilibrios de poder en la disputa por un territorio insular caribeño: el caso de San Andres (1970-1991)^*

Limits and power balances in the dispute for an insular caribbean territory: the case of San Andrés (1970-1991)

Limites e equilíbrios de poder na disputa por um território insular do Caribe: o caso de San Andrés (1970-1991)

Rafael Andrés Sánchez-Aguirre^*

^* El presente escrito es resultado parcial del proyecto de investigación doctoral "Regulación emocional, música e individualización, el caso de San Andrés Isla 1970-1991", financiado con una beca latinoamericana del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina), iniciado en el año 2011 y finalizado en el 2014.
^** Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires - Argentina. rasaguirre@gmail.com

Este es un artículo Open Access bajo la licencia BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Cómo citar este artículo: SÁNCHEZ-AGUIRRE, Rafael Andrés. Límites y equilibrios de poder en la disputa por un territorio insular caribeño: el caso de San Andrés (1970-1991). En: Entramado. Enero - Junio, 2015 vol. 11, no. 1, p. 106-123, http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21108

Resumen

La isla de San Andrés ha sido un territorio pretendido por diferentes gobiernos a través de la historia. Desde inicios del siglo XX varias naciones han estado relacionadas con disputas por el control de este lugar -especialmente Nicaragua y Colombia (con la presencia estadounidense de trasfondo). En esta oportunidad, se ha recurrido a la revisión y análisis de algunas investigaciones históricas y reportajes periodísticos -estos últimos publicados entre 1970 y 1991-, con miras a detallar posibles factores estructurales dentro de las dinámicas de validación e imposición gubernamental. Se constatará que la fuerza física (militar) y la alusión a "antiguos tratados" han sido ejes fundamentales desde los cuales se ha sostenido la legitimidad de la posesión territorial y el "control" de la sociedad insular Veremos que la apropiación de sentidos de colombianidad, por parte de aquellas personas con más antigüedad en la isla y autodenominadas raizales, resulta problemático y maleable en medio de las disputas limítrofes. Igualmente se señalarán algunas inquietudes acerca del pronunciamiento que la justicia internacional hizo sobre este caso en el año 2012. El escrito está dividido en cinco partes. La primera refiere al contexto histórico del proceso sociopolítico. La segunda trata sobre las titulaciones legales y las dinámicas de colombianización. La tercera alude a los reclamos internacionales y a la construcción de colombianidad. La cuarta consiste en una breve reflexión sobre la reciente resolución de la Corte Internacional de Justicia. La parte final ofrece una conclusión panorámica sobre el tema.

Palabras clave: San Andrés Isla, equilibrios de poder Colombia, Nicaragua, tratados internacionales, colombianización, comunidad raizal.

Abstract

San Andrés Island has been a territory that various governments have claimed through the history. From the beginning of XX century (until today) different nations have disputed the control of this island -especially Nicaragua and Colombia (with the United States in the background). This paper reviews and analyses historical researches and newspaper articles -last ones published between 1970 and 1991, to consider structural factors implicated into the dynamics of governmental validation and imposition. It confirms that "physical power" (military force) and "antique legal treaties" have been fundamental pivots to sustain the legitimacy of territorial ownership and to justify the social control. Also, this work will see the appropriation of colombianidad by those with more seniority in the island -and recognized as raizales- as a problematic and malleable issue amid international border disputes. It also indicates some doubts on the judgment provided by the International Court of Justice in reference to San Andrés in 2012. This text is divided in five parts. The first one refers to the historical context of the sociopolitical process. The second one deals with information on legal titles and their uses in relation with dynamics of colombianización. The third one alludes to political international claims and the construction of "colombianity". The fourth one is a brief reflection on international justice. The last one offers a panoramic conclusion.

Keywords: San Andrés Island, balance of power Colombia, Nicaragua, international treaties, colombianización, raizal community.

Resumo

San Andres Island é um território reivindicado por diversos governos ao longo da história. Desde o início do século XX, vários países têm sido relacionadas a disputas sobre o controle deste lugar especialmente Nicarágua e Colômbia (com a presença dos EUA de fundo). Desta vez, ele recorreu à revisão e análise de alguma pesquisa histórica e -as últimas reportagens publicadas entre 1970 e 1991, com vista a detalhar possíveis fatores estruturais dentro da validação e do governo tributação dinâmico. Verifica-se que a força física (militar) ea referência a "acordos antigos" têm sido pilares a partir da qual tem-se argumentado a legitimidade da posse territorial e "controle" da sociedade insular. Veremos que a apropriação de sentidos do orgulho colombiano por parte das pessoas com mais antiguidade na ilha e ilha chamada si, problemática e maleável em meio a disputas fronteiriças. Além disso, algumas preocupações sobre a afirmação de que a justiça internacional fez sobre este caso em 2012. O trabalho está dividido em cinco, são realçados. O primeiro refere-se ao contexto histórico do processo sócio-político. O segundo trata qualificações jurídicas e dinâmicas colombianização. A terceira refere-se às exigências internacionais ea construção de orgulho colombiano. A quarta é uma breve reflexão sobre a recente decisão do Tribunal Internacional de Justiça. A parte final oferece uma conclusão panorâmica sobre a questão.

Palabras-chave: San Andres Island, equilibrios de poder Colômbia, Nicarágua, tratados internacionais, colombianização, comunidade raizal.

Introducción

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de La Haya se pronunció acerca de la delimitación territorial (relativa a las fronteras marítimas) entre Colombia y Nicaragua. El resultado del veredicto y el proceso histórico de la disputa pueden ser ventanas para asomarnos sobre los equilibrios de poder que han sido jalonados alrededor de la posesión del archipiélago de San Andrés e islas aledañas. Consideramos que la emisión del fallo de la Corte podrá entenderse mejor con el paso del tiempo; lo que intentaremos ahora será reconstruir algunos aspectos históricos de la lógica allí prevaleciente, en la consecución de los acuerdos internacionales y su incidencia en la autopercepción grupal local.

Debemos aclarar de entrada que cuando nos referimos a límites y equilibrios de poder lo hacemos pensando en tres líneas conceptuales complementarias y de carácter sociológico. De un lado, asumimos la idea de límite en tanto regulación que puede ejercerse en diferentes planos de la vida social, aplicable no solo a la forma de comportarse "adecuadamente" frente a otros ("aprender a limitarse"), sino también a las facultades que le corresponden a cada Estado en la administración territorial y a las exigencias que sobre cada uno de estos pesa en relación con el respeto y el reconocimiento de las facultades de sus pares (Elias, 1989; Wouters, 1998). Aunque usualmente se tiende a estudiar por separado estos niveles de los límites, nosotros consideramos que la definición del control territorial está conectada con aspectos del (auto)control de los individuos, del sentir que experimentan y de su propia percepción grupal. Es en esta línea que más adelante reflexionamos sobre sentidos de colombianidad en la isla de San Andrés y los movimientos de (des)alineación sensible de las personas con la nación.

De otro lado, como segunda apuesta conceptual, aquí se pone en juego una idea de poder que va más allá de su posible comprensión como propiedad exclusiva de entidades políticas, más bien asumimos que muchas veces

[...] el término poder se presta a confusiones, ya que sugiere algo así como un objeto que puede ser colocado en el bolsillo o ser poseído de alguna manera[...] En realidad lo que llamamos "poder" es un aspecto de una relación, de cada una de las relaciones humanas. El poder tiene algo que ver con el hecho de que existen grupos que pueden retener o monopolizar aquello que otros necesitan, como por ejemplo comida, amor sentido o protección frente a ataques (es decir seguridad), así como conocimiento u otras cosas (Elias, 1994, p. 53).

Siguiendo esta caracterización, nuestra tercera línea conceptual tiene que ver con el carácter dinámico de dicho concepto (poder), lo que nos permite pensar en términos de equilibrios, es decir, de fuerzas sociales cruzadas, encontradas y que se contrarrestan en diferentes planos, creando (des)armonías (Elias, 1998a). Allí se constituyen figuras (no estáticas) a partir de múltiples interacciones que sirven como base para la afirmación de sensibilidades y sentidos colectivos e individuales (Scribano y Vergara, 2009).

Sabemos que la idea de equilibrio de poder tiene sus antecedentes en el proceso de conformación de los Estados modernos desde el siglo XVI, y que ha sido tematizada más recientemente en el marco del estudio de las relaciones internacionales y de la diplomacia (Barbé, 1987). Usualmente este concepto se entiende como una propiedad particular del ámbito político o de los gobiernos nacionales, específicamente cuando ponen en juego su poderío como competidores. Nosotros intentamos aquí asumirlo como un fenómeno que acontece en diferentes escalas sociales, no solo dentro de la institucionalidad política, sino constituido a partir de diversos niveles de interacción, por ejemplo, presente ya en la relación entre hombres y mujeres, entre extranjeros y residentes de un lugar, entre grupos étnicos, o, como es parte de nuestro interés en este escrito, entre los habitantes más antiguos de la sociedad sanandresana y el gobierno nacional colombiano (en este último caso el equilibrio se ha inclinado más hacia la imposición de los intereses gubernamentales, lo que no ha implicado la anulación del poder social local)¹.

Constataremos igualmente que la comunidad raizal sanandresana se ha visto históricamente sobrepasada (desbordada) por unos "contendores" con gran poder económico y militar. Es así que, por ejemplo, inmediatamente después del fallo del 2012, a tal comunidad le ha resultado difícil reaccionar frente a los acuerdos para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua liderada por empresarios chinos; panorama similar viven frente a la exploración petrolera apoyada en meses recientes por naves militares rusas y estadounidenses (que afirman realizar controles de antinarcóticos) (Alarcón, 2013; EFE, 2013a, 2013b). Consideramos que esta situación, más allá de ser una consecuencia del fallo internacional, es un reflejo de dinámicas históricas en las que se miden las fuerzas de grupos humanos opositores. Estos grupos se encuentran "atascados" en entramados de interdependencias sociales con la pretensión del establecimiento de sus intereses ideológicos asumidos como más legítimos, valiosos y correctos.

Debemos resaltar, antes de seguir avanzando, que este artículo hace parte de procesos de investigación de post grado referidos a las identidades colectivas y la cultura musical en San Andrés (Sánchez Aguirre, 2007; 2014). Hemos aprovechado el relevamiento de reportajes publicados por el periódico El Tiempo -entre 1970 y 1991- y la revisión de investigaciones sociohistóricas (Parsons, 1985; Clemente, 1989b; Newton, 1985; García, 1989; Dittman y Pomare, 2000; Abello, 2000; Ratter, 2001; entre otras) para sostener la argumentación. Nuestro enfoque analítico es de corte cualitativo y asumido desde una perspectiva sociológica e histórica procesual de las disputas limítrofes, de tal modo intentamos caracterizar un fenómeno vigente en el presente a partir del cruce de información producida en diferentes temporalidades (trabajando específicamente fuentes secundarias). Desarrollamos un ejercicio de análisis del contenido de escritos periodísticos e históricos con miras al reconocimiento de figuras socio-sensibles que pueden evidenciarse en el periodo señalado y que se conectan con estructuras más amplias de larga duración (con peso y vigencia en la actualidad) (Scribano, 2008).

Volvamos un momento sobre nuestro material de trabajo, en nuestra revisión periodística registramos un total de 975 escritos que inicialmente clasificamos temáticamente, descubrimos un 21.4% de ellos referidos al ámbito político (incluyendo disputas territoriales con otras naciones), un 22.6% alusivos a la sociedad local y situaciones/problemas cotidianos, un 15.3% concentrados sobre el turismo, un 12.8% referidos a asuntos culturales, y el restante 27.9% distribuido alrededor de temas como eventos locales, economía, deportes, embarcaciones y medio ambiente (lo que nos indica, al menos panorámicamente, un contrapunto centrado entre los asuntos de corte político y las dinámicas sociales)³. Asimismo, encontramos referenciadas siete disposiciones gubernamentales sobre el control y la administración territorial insular, tres de ellas nombradas como ordenes reales y cuatro como tratados internacionales (las iremos mencionando a lo largo del texto). (Ver Figura 1).

La estrategia de trabajo, para comprobar nuestros supuestos, consiste en la selección y análisis de algunos textos periodísticos (elegidos por su remisión explícita a las disputas limítrofes -a los modos de los reclamos y las correspondientes respuestas- o por el abordaje que hacen sobre las sensibilidades locales en vínculo con tal problemática) que nos sirven como indicios para intentar reconstruir rasgos del ambiente emotivo de la sociedad insular⁴. Dicha labor tiene como base la revisión específica de estudios históricos sobre la definición de tratados territoriales que implican a San Andrés Isla (García, 1989; Parsons, 1985; Gaviria, 2001, 2003; Pardo y Tokatlian, 1989). Reconocemos que nuestra interpretación resalta principalmente una dimensión social de las sensibilidades locales en relación con las maneras en que se establece un gobierno y unas prácticas de administración territorial. Desde esta perspectiva, queremos alentar la discusión, dándole un lugar de relevancia primordial a las voces que la comunidad raizal va tejiendo en su relación con la nación.

Igualmente, señalamos que el fenómeno abordado en este artículo se encuentra inscrito en un proceso de larga duración que nos remite a los inicios de la presencia europea en el mar Caribe. Si lo recordamos, a lo largo del siglo XVI y XVII buena parte de las islas caribeñas fueron formalmente islas españolas, pero en la práctica fueron realmente espacios de aprovisionamiento, colonización y control de los ingleses. Para finales del siglo XVIII, ya con revoluciones independentistas iniciadas en América, la isla de San Andrés estaba conformada por colonos ingleses y sus esclavos, quienes en el transcurso del siglo XIX tejen sus propias formas socioculturales bajo la presencia comercial estadounidense y las pretensiones administrativas de la naciente República -actualmente Colombia (Avella, 2009)⁵. Desde los inicios de este último siglo se conformará un modo de fundamentación y justificación de la posesión territorial basado en los títulos legales, que también hizo parte en la definición de las naciones americanas, y que siguió siendo recurrente en las disputas más recientes (Clemente, 2000)⁶. En este marco, nuestra apuesta reflexiva consiste en sostener que la disputa por el control territorial se inscribe en una figura de establecimiento-marginación en varios niveles (fundamentado principalmente en el potencial uso de la fuerza física), que no solo sucede entre poderes nacionales, sino que tiene sus propias dinámicas particulares, por ejemplo, en las maneras en que los grupos humanos que habitan la isla buscan imponerse o ser reconocidos.

Aunque nos referiremos a diferentes momentos de la historia de San Andrés, hemos hecho un énfasis en los años que van de 1970 a 1991 por cuatro razones principales. De un lado, la década de los años 70 presenta un aumento fuerte de la construcción hotelera y se dispara la migración de nuevos pobladores -especialmente colombianos continentales humildes que se aventuraron en busca de nuevas oportunidades (Vollmer, 1997; Ruiz, 1989). De otro lado, el gran crecimiento poblacional alentó la construcción de un "ideal-nosotros" por parte de la comunidad raizal (la más antigua, "tradicional" y de corte afrobritánico) quienes se han visto afectados por la destrucción ambiental y las imposiciones culturales desde inicios del siglo XX (Ruiz, 1986; Robinson, 2003). Asimismo, es durante tal periodo (1970-1991) que se hacen más evidentes los reclamos nicaragüenses en el marco de un gobierno sandinista, asunto que volvió a reactivarse durante la primera década del siglo XXI con el retorno del sandinismo (Pardo y Tokatlian, 1989; Gaviria, 2001; Mantilla, 2009). Finalmente, un último motivo tiene que ver con la activación de la organización colectiva local (que aun hoy reclama acciones frente a la crisis ambiental, económica y social) y la cooptación de sus líderes dentro del aparataje estatal, quienes tuvieron en el proceso de la reforma constitucional de 1991 un lugar formal para el reconocimiento de sus demandas (Restrepo y Ramírez, 2001; 2002; Cano, 2004). En la práctica, en la "realidad de las leyes", la situación de desventaja de los raizales ha sido permanente y frente a la disputa limítrofe no fueron consultados: ni por Colombia, ni por Nicaragua, ni por la Corte de La Haya. (Ver Figura 2).

1. Elementos socio-históricos y políticos para acercarnos a la disputa

(...) negoció y firmó con el Gobierno de Nueva Granada [ahora Colombia] de Bogotá, el tratado Mallarino-Bidlack [en 1846] que garantizó el libre tránsito de comerciantes norteamericanos a través del istmo de Panamá, autorizó la intervención militar estadounidense para mantener el 'orden', y abrió el camino para la construcción del ferrocarril que conectaría el Atlántico con el Pacifico (García, 1989, p. 89).

El interés expansivo norteamericano estuvo ligado a la consolidación de una ruta comercial interoceánica en Centroamérica. Como los ingleses se habían congregado en la región de Nicaragua, los estadounidenses buscaron generar un contrapeso comercial que se desarrolló en la región de Panamá, lugar en el que se construyó inicialmente -en 1855- un ferrocarril. Tal ruta sirvió para comunicar económicamente a las regiones occidental y oriental de Estados Unidos; con el tiempo, los estadounidenses construyeron en Panamá el canal interoceánico, cuyo inicio se dio en 1904 y su inauguración en 1914. San Andrés se vio favorecida con tal proceso, en la medida que fue considerada como un sitio de paso y aprovisionamiento, asunto que alentó el desarrollo de una pujante economía local del coco⁸.

El auge económico en la isla, que Clemente (1994) sitúa entre 1853 y 1932, cuyo cierre se da con la declaratoria de Puerto Libre en 1953, no sólo fortaleció los vínculos con Norteamérica, sino que fue la base para consolidar una nueva figuración social después de la abolición de la esclavitud⁹. El intercambio cultural alentó y solidificó la presencia de la religión protestante y la lengua inglesa. Además, los acuerdos que desarrolló USA con naciones como Colombia, incluyeron el respaldo frente a cualquier intento de agresión o invasión de los ingleses. El anhelo expansionista estadounidense llevó a que hombres poderosos de tal nación intentaran intervenir en la política de otros países, justificando tal proceder con un fervoroso 'sentimiento anti-inglés'. Por ejemplo, la sociedad nicaragüense vivió el ánimo imperialista del norte a través de un inversionista millonario,

(...) Cornelius Vanderbilt [...] en 1851, [...] estableció una inmensa firma comercial en Nicaragua para competir con el comercio interoceánico de Panamá. Patrocinó, en 1854, un 'ejército' de dos mil aventureros de Tennessee y veteranos de la guerra de México, encabezados por William Walker para ayudar a los liberales nicaragüenses en la guerra civil contra los conservadores, quienes contaban con cierto respaldo británico. Pero Walker rompió con Venderbilt y, con el apoyo financiero de unos inversionistas de Nueva York se declaró presidente vitalicio de Nicaragua en 1855. Reinstauró la esclavitud, proclamo el protestantismo como religión oficial y estableció poderes dictatoriales (García, 1989, p. 92).

Años después -tras ser derrocado- Walker huyó, fue tomado prisionero en 1860 por la marina británica y fue obligado a volver a Nicaragua para ser juzgado. Este caso hace patente el surgimiento y la generación de dinámicas colonizadoras renovadas, enmarcadas en el desarrollo de las nuevas naciones. En 1902, el presidente Teodoro Roosevelt, envió dos comisionados de su gobierno a San Andrés, buscando motivar al gobierno local para que siguiera el ejemplo separatista de Panamá, la propuesta no fue bien recibida por los representantes gubernamentales locales (Crawford, 2012; Newball, 1912)¹⁰. Cabrera (1980) y Gaviria (2001) resaltaron en aquella ocasión el sentido patriótico de la comunidad sanandresana, desconociendo cualquier indicio acerca de los deseos de la población raizal por pertenecer a otra nación o constituirse como un país independiente¹¹. Por su parte, Eastman (1992) destaca las tensiones sociales, culturales, políticas, económicas y administrativas, en medio de un ambiente marcado por tendencias separatistas y en el cual la comunidad sanandresana se sintonizaba fuertemente con la cultura norteamericana, la respuesta del gobierno colombiano se hizo evidente con la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia en 1912 (inaugurada en enero de 1913).

La posición privilegiada que Estados Unidos logró sobre Panamá bastó para satisfacer sus intereses colonialistas momentáneamente y no insistió sobre el asunto de San Andrés. En el transcurso del siglo XX esta nación, junto a Colombia y Nicaragua, vivieron continuos roces relacionados con la propiedad y soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia, islas y cayos adyacentes. En 1914, por ejemplo, Nicaragua entrega las Corn Islands en arrendamiento a los norteamericanos, quienes las necesitaban para su proyecto del canal interoceánico panameño, asunto que disgustó al gobierno colombiano porque consideraba a tales islas como territorios propios. Sin embargo, a pesar del disgusto, las islas tuvieron que ser cedidas a Nicaragua pues Colombia no tenía allí ninguna presencia gubernamental y buscaba un acuerdo estratégico para no perder más territorios. Así, "el 24 de marzo de 1928, mediante un tratado [, el Esguerra-Barcenas,] suscrito en Managua, Colombia abandonó formalmente todo reclamo de las Corn Islands a cambio de que Nicaragua renunciara también a sus pretensiones sobre San Andrés y Providencia" (Parsons, 1985, p. 71).

Es importante resaltar que los norteamericanos habían invertido en la región grandes capitales y buscaron obtener el máximo provecho, tal actitud los llevó a intervenir con presencia militar en Nicaragua entre 1909 hasta 1933. Con el paso de los años las notas diplomáticas, las referencias políticas y las alusiones nacionales acerca del tema del archipiélago, fueron una constante en medio de una tensa calma, sólo hasta la década de los años 70's se reactivó con fuerza la disputa nacional por la soberanía de las islas (Bush, 1992). Especialmente, a finales de tal década y durante los años 80's, con la subida de los sandinistas al gobierno de Nicaragua, el archipiélago se convirtió en un tema principal de la política exterior colombiana influenciada constantemente por el gobierno estadounidense (García, 1989).

Estados Unidos respaldó a Colombia frente a los reclamos nicaragüenses acerca de la soberanía sobre el archipiélago. En el año 1982 llegó a plantearse la posibilidad de establecer una base militar norteamericana en San Andrés (Román, 1983). Las reacciones de rechazo frente a tal propuesta, a nivel local y nacional hicieron que el presidente colombiano en ese momento, Belisario Betancur, no llevara a cabo la idea. El gobierno colombiano buscó limar asperezas con los nicaragüenses, pero, hechos como la publicación de un mapa en 1984, que incluía a San Andrés y Providencia como territorio nica (Rodríguez, 1984), ó el posible apoyo sandinista al M-19 en la toma del Palacio de Justicia en 1985 (D'Escoto, 1985), hicieron que las relaciones empeoraran. Las reclamaciones se han mantenido hasta nuestros días y los títulos de propiedad siguen siendo el principal argumento para justificar la posesión del territorio.

En el proceso histórico de la comunidad raizal se han configurado diferentes escalas de dominio, todas caracterizadas por la importancia de la fuerza física para ejercer la coacción sobre el más débil (asunto que resulta evidente durante el periodo de la esclavitud, que va transformándose muy posteriormente en auto-coacciones personales ligadas a regulaciones estatales-policiales) (Elías, 1989). A nivel de la relación entre Estados, encontramos que el poderío militar definió el rol que cada uno jugó en el escenario geopolítico, Nicaragua no pudo negociar con Colombia en la medida en que no tuvo cómo responder militarmente (Santos, 1983; AFP, 1985; Guerrero, 1983; AP, 1985). Cuando Nicaragua fue invadida por Estados Unidos entonces fue posible la firma de tratados con Colombia, a su vez no hubo cabida a nuevos acuerdos si los intereses colombianos se sintonizaban con los norteamericanos, es así que los sandinistas no pudieron avanzar en esta dirección (AP, 1986). Nos atrevemos a asumir que en la posición de dominación ("del dominador") se forjaron sentimientos de seguridad, control, respeto, orgullo y libertad, que no favorecieron a quienes tuvieron que vivir el peso de las imposiciones y el control (Elías, 1998).

Las naciones más débiles se movieron entre la aceptación de la voluntad del más fuerte, la búsqueda del respaldo, y el anhelo de legitimidad y validación política. A nivel local, la comunidad raizal vivió el control gubernamental colombiano con la zozobra de llegar a pertenecer a otra nación. En este sentido los sentimientos de pertenencia nacional de la comunidad han sido flexibles a lo largo del siglo XX hasta la actualidad, balanceándose entre la "aceptación" del dominio político colombiano, la prevención frente a la posibilidad de pertenecer a Nicaragua y las expectativas de poder ser incluidos dentro de los Estados Unidos (aun más teniendo en cuenta las afinidades culturales, recordemos -por ejemplo-que la lengua raizal es una forma derivada del inglés británico). Asimismo, es necesario reconocer que en el proceso han resonado voces independentistas o de autonomía, lo que nos indica variaciones en los posicionamientos políticos de la comunidad. Vemos entonces que se han figurado variadas situaciones emotivas, vinculadas al peso de cada nación y su fuerza simbólica particular -sostenida principalmente por su poderío o capacidad de coacción¹².

2. Titulaciones y dinámicas de colombianización

San Andrés fue contenida desde 1537 por la Real Audiencia de Panamá, ésta comprendía los territorios que iban desde el golfo de Urabá hasta el cabo Gracias a Dios, abarcando toda la costa Caribe centroamericana. Modificaciones españolas en la organización de los territorios durante el siglo XVII, cuando existió una mayor comprensión geográfica de la amplitud y complejidad del mundo "descubierto", hicieron que las audiencias dieran paso a los Virreinatos y Capitanías Generales, redefiniendo la administración territorial hasta entonces practicada. El Virreinato de la Nueva Granada asumió el mando antes ejercido por la Audiencia de Panamá, a través de una reforma que fue respaldada por la real orden del 20 de agosto de 1739 y reafirmada con la real orden del 30 de noviembre de 1803. Todos estos títulos fueron exhibidos, después del proceso de independencia en América, como prueba de la legitimidad del gobierno colombiano sobre San Andrés y Providencia -teniendo en cuenta que las naciones americanas acogieron las divisiones territoriales definidas por los españoles.

Colombia sostuvo permanentemente, hasta el día de hoy, por medio de sus representantes políticos, que:

[l]a Real Orden del 30 de noviembre de 1803 no fue un acto aislado, sino el coronamiento de muchos otros, empezando por la real cédula del emperador Carlos V del 2 de marzo de 1537, mediante la cual se puso toda la provincia de Veragua bajo la jurisdicción de Tierra Firme; y que el año siguiente se englobó en la Audiencia de Panamá [...] que luego se incorporó al Virreinato de Santa Fe o Nuevo Reino de Granada en 1739 (Gaviria, 2001, p. 30).

Aún así, otras disposiciones reales como la de 1795 o 1806, que concedieron la administración territorial insular a la Capitanía de Guatemala, han generado en tiempos recientes dudas sobre la propiedad colombiana sobre San Andrés. El gobierno de Colombia ha argumentado que tales disposiciones aludían a las regulaciones y controles que debía ejercer la capitanía de Guatemala por encontrarse cerca de las islas. En cambio, según los tratadistas colombianos, la real orden de 1803 fue clara en cuanto al relegado administrativo de la Capitanía sobre la costa de miskitos y del archipiélago, y su traspaso al Virreinato de la Nueva Granada. Desde entonces se ha acatado tal disposición como un mandato legítimo. La importancia de tales títulos de propiedad está relacionada con el principio que rigió en la definición de las fronteras nacionales, y que permitió asumir la organización político administrativa española como base de las divisiones territoriales nacionales, tal principio ha sido conocido como el uti possidetis juris.

(.) era una formula bien conocida por el derecho internacional, posiblemente tomada del derecho romano, aunque con algunas modificaciones propias de Hispanoamérica. Mientras en Roma servía para amparar la posesión transitoria, en el derecho internacional americano indica una situación ya creada, que requiere de una sanción posterior En la América hispana es el punto de partida para la distribución del derecho territorial, conforme al hecho retrospectivo de la existencia legal de las colonias (Gaviria, 2001, p. 103).

Con el reconocimiento de la organización territorial colonial como base para la definición de los límites territoriales de las nuevas naciones, Colombia aseguró la legitimidad y la soberanía sobre territorios como San Andrés y Providencia. Sin embargo, los roces políticos por la propiedad del archipiélago evidenciaron la inconformidad frente a tal modo de división territorial, haciendo que en las primeras décadas del siglo XX -y con la influencia norteamericana en expansión- el desarrollo de nuevos acuerdos fuese necesario. Así, en 1928 es firmado el tratado Esguerra-Bárcenas que reconoce la soberanía y pleno dominio de Nicaragua sobre la costa de Miskitos y las Corn Islands (islas Mangles o del Maíz), a su vez, se confirmó la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y cayos adyacentes. Recordemos que tal tratado se firma bajo la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y en sintonía con los intereses comerciales relacionados con la construcción del canal de Panamá.

En 1972 se firmó el tratado Vásquez-Saccio entre USA y Colombia, relativo a la propiedad de los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, que revalida la autoridad colombiana sobre tales territorios y confiere derechos de pesca a los norteamericanos. El respaldo estadounidense a Colombia puso en cuestionamiento los reclamos nicaragüenses que se intensificaron con la subida de los sandinistas al gobierno, a finales de los años 70's. Un último acuerdo fue firmado en el año 1986, cuando Colombia se acercó al gobierno hondureño para acordar la delimitación de aguas marinas, formalizando su jurisdicción sobre áreas pretendidas por Nicaragua. El tratado no fue bien visto por los nicaragüenses, quienes sabían de la posición antisandinista hondureña. Colombia justificó la legitimidad de su gobierno en San Andrés a partir de sus antiguas titularidades, tales argumentaciones no hacían necesario reconocer la posición y opinión de la comunidad raizal.

2.1. Acomodamientos sociopolíticos con miras a ser colombianos

A comienzos del siglo XX, el catolicismo hizo su aparición en San Andrés, los padres josefitas -provenientes de Estados Unidos- trabajaron para difundir su credo entre la población afrodescendiente, su permanencia duró 24 años -desde 1902 hasta 1926-. Posteriormente, la llegada de la orden capuchina respaldada por el gobierno colombiano en el año 1926, ejerció la imposición de la religión católica y la lengua española como prácticas culturales oficiales. Fue prohibido que los niños hablaran inglés en el colegio o que los documentos legales fuesen escritos en tal idioma, ser católico fue un requisito para conseguir trabajo (Clemente; 1989a). Aunque las protestas no se hicieron esperar, la respuesta del gobierno fue la misma: la iglesia católica contaba con privilegios otorgados constitucionalmente.

La colombianización de las islas implicó la catequización de los isleños, la aceptación de una educación que negaba la lengua raizal y el reconocimiento de las instituciones y el derecho colombiano como fuente de la legalidad social. La reflexión de un religioso que vivió los sucesos de comienzos de siglo, refleja parte del panorama sociopolítico de la isla en tal momento,

(...) Monseñor Antonio Ferrándiz, al referirse al cambio de los padres de la Misión Mill Hill por los capuchinos, describe lo relatado por estos al abandonar las islas: «La razón de este cambio parece ser política: el miedo de Colombia de que llegáramos a ser parte de la República de Nicaragua o de los Estados Unidos, pues pensaba que podríamos influir poderosamente en los ánimos isleños para que se pusieran de parte de ellos [...] todavía escocía la pérdida de Panamá y chillaban mucho los nicaragüenses [...] Y se pensó en insistir en el cambio, o mejor, en el aprendizaje del español, la enseñanza de la fe católica y en abrirles las puertas a todos los isleños» (Robinson, 2003, p. 607-608.

La comunidad raizal, representada por sus líderes, sólo pudo lograr una respuesta a sus exigencias en la medida que se acopló al establecimiento nacional cultural y económico, y que se articuló a los mecanismos de participación política y de gobierno. La cesión del gobierno local a los isleños sólo se dio en la medida que la integración nacional se consolidó (Pedraza, 1988; Robinson, 2003; Vollmer, 1997)¹³. A través del siglo XX, la presencia de isleños en el aparato estatal paulatinamente fue creciendo, tal presencia política puede servir como un indicador del grado de integración de la comunidad sanandresana a Colombia. El caso de Kent Francis, durante 1991, como primer gobernador designado -del recién creado departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- es sintomático de un proceso de "mayor presencia raizal" (al menos de sus líderes más renombrados y distinguidos) en el sistema burocrático local (tendencia que se mantiene hasta el día de hoy con la gobernadora Guerrero Bowie)¹⁴.

La participación de raizales en el gobierno no es muy alta hasta finales de los años 80's. Entre 1912 y 1987 '"han ejercido el cargo de intendente más de 60 personas y tan solo II han sido oriundos de las islas, quienes sumados han dirigido nuestros destinos durante 15 efímeros e intermitentes años' -comenta un líder sanandresano" (Francis, 1987: 3). El reconocimiento de los espacios de gobierno para ejercer el poder, constata el acomodamiento de la comunidad raizal a las estructuras administrativas y políticas de Colombia. Resulta llamativo que siendo la imposición y la exclusión elementos principales de la relación entre raizales y el gobierno, la comunidad mantenga un trato afectuoso con los líderes nacionales que los visitan. Por ejemplo, Pastrana fue recibido, según la prensa, con carteles que decían: "Islanders Hill always be faithfull to Colombia and to Pastrana" (Gutiérrez, 1970: 6). El texto continúa con la alusión al discurso de un líder raizal, veamos:

Pinky Jay Walter pronunció elocuentes palabras en español. Dijo: 'Jefe mío, líder nuestro. Aquí tienes a tu pueblo, a tus isleños, a tu gente que te quiere y que confía en ti y espera en ti. Negro nuestro color, pero muy puras nuestras almas y muy nobles nuestros corazones. El pueblo isleño no se deja guiar por otras voces. Pastrana es nuestro grito que sube hasta estos cielos azules y navega sobre estos mares más azules todavía. Pastrana se oye en los labios de los pequeños. Está inscrito en el templo de nuestros hogares, en las cunas de nuestros hijos y en el vaivén de nuestras palmeras [.] En el cielo, en las islas, en el mar y en el viento, hay un nombre, un solo nombre: Pastrana' (Gutiérrez, 1970, p. 6).

Las declaraciones de afecto de la comunidad hacia este político y su visualización como un redentor permiten suponer cierta confianza y credibilidad respecto a tal clase de personajes. En este marco de contrastes socio-emotivos, de disgusto frente a las imposiciones político-culturales y de afecto hacia líderes políticos renombrados, los movimientos sociales fortalecieron su organización y avanzaron en el tejido de una imagen colectiva raizal. Movimientos como el Nacionalista (1977), Cívico (1980) o S.O.S. -Sons of the Soil (1984), se sostuvieron a partir de dinámicas de "autoidealización grupal" como justificación para la autonomía política, avalando y reafirmando los canales establecidos de participación social. Estas organizaciones presionaron la implementación de la reforma constitucional de 1991, que derivó en la formulación de regulaciones migratorias más claras, la promoción de la educación bilingüe, la libertad de cultos y el aval para poder conformar partidos políticos raizales. Sin embargo, al día de hoy los avances sociales son pocos y la realidad isleña es bastante compleja, a pesar de la formulación de nuevas leyes su aplicación no fue efectiva, su omisión o manipulación parecen haber sido la constante.

3. Reclamos internacionales y construcción de colombianidad

Los reclamos efectuados por Nicaragua sobre el control de San Andrés -entre 1970 y 1991- tuvieron una respuesta de Colombia con dos orientaciones principales. La primera, relacionada con antiguas titularidades, y la segunda, con la posibilidad del uso de la fuerza militar. Nicaragua realizó cinco grandes reclamos en tal periodo, sucedieron en los años de 1972, 1979, 1982, 1984 y 1986; cada reclamación originó una reacción particular del gobierno colombiano y de la comunidad. Puede hablarse de cierta flexibilidad y tensión en el proceso que ha desembocado finalmente en la relativa "aceptación" de la comunidad raizal acerca de su colombianidad (teniendo en cuenta las reiteradas manifestaciones de malestar e inconformismo local frente a diversas iniciativas del gobierno nacional) (Forbes, 2009).

En septiembre de 1972 Nicaragua presentó su primer reclamo al gobierno colombiano. Tal alegato tuvo como respuesta la reafirmación de la histórica adhesión de San Andrés a Colombia y la exaltación de la administración desde tiempos del gobierno español. La antigüedad del establecimiento político fue el principal argumento para sostener la soberanía nacional sobre el archipiélago. Una nota periodística de 1972 afirma que los reclamos nicaragüenses no tienen fundamento, más bien se insiste en recordar que,

]]> San Andrés y Providencia [han sido] vanguardia de la patria continental que, en este 23 de junio rememoran aquel 23 de junio de 1822 cuando los convencionistas de Providencia proclamaron su adhesión a la carta constitucional de Cúcuta y de esta manera se vincularon más sólidamente a Colombia (Mattos, 1972, p. 5A).

Tal texto describe un hecho (mito) fundacional de la nación en la región, sin tener en cuenta que la firma de adhesión fue hecha por colonos blancos y por algunos militares franceses que apoyaron a Simón Bolívar -y que se encontraban momentáneamente en la isla. "[L]as firmas en la proclamación de adhesión de Providencia a Colombia incluyen doce oficiales franceses [...] En San Andrés fue firmada por tres franceses, junto con el cabildo municipal (Bowie, O'Neill, Peterson, Barker, Bent y Lever)" (Parsons, 1985: 63). La firma fue un acto simbólico realizado por un sector social establecido no-raizal, acto que garantizó la tranquilidad en la isla en medio de los procesos independentistas de la América hispánica¹⁵.

En 1972, Colombia firma un tratado con los Estados Unidos, alusivo a la propiedad de los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño, Nicaragua por su parte aprovecha esta situación para reclamar su lugar en el acuerdo. Estados Unidos reconoce las antiguas titularidades colombianas, desanimando el reclamo centroamericano y fortaleciendo unas buenas relaciones con Colombia. La justificación de la soberanía colombiana se apoyó continuamente en la antigüedad del gobierno sobre el territorio insular; además, los tratados o disposiciones firmadas a comienzos del siglo XIX fueron una razón más que probaba la "legalidad" de las propiedades de cada nación. Frente a tal argumento lo único que pudo valer más fue la fuerza física (militar), es decir, la imposición de una nación sobre otra por medio de sus ejércitos. Esta figura de relación político-social no es nueva, ya los españoles habían entrado a América y se apropiaron de los territorios imponiéndose con la espada y estableciendo titulaciones de propiedad (lo mismo vale para los navegantes ingleses que, aprovechando la incursión española en el continente americano, se instalaron en un buen número de islas caribeñas y se erigieron como señores -además como guardianes del mar), esa parece ser realmente la razón principal que permite validar el gobierno y la soberanía: la capacidad militar.

Uno podría pensar entonces que lo que les queda a naciones débiles militarmente, es la argumentación a partir de los tratados que han sido firmados a través del tiempo, buscando una salida diplomática frente a temas delicados que ponen en jaque la soberanía nacional. Entendemos que existen diferentes grados de fortaleza bélica, así, por ejemplo, es claro que el ejército norteamericano era (y es) más fuerte que el de Nicaragua, al igual que el ejército ruso superaba (y supera) al colombiano; si comparamos la fuerza militar colombiana y la nicaragüense, veremos que la primera tuvo (y tiene) un mejor armamento y una mayor capacitación -lograda con asesoramiento y financiación estadounidense (González, 2014). En este marco es claro que las naciones más débiles son Nicaragua y Colombia -este último con mayores grados de poder que el primero- y que sus acciones están condicionadas por los más poderosos¹⁶. Otro texto periodístico señala que,

[l]a primera referencia a este respecto [la soberanía sobre el archipiélago] está contenida en la Real Orden de 1803, expedida en San Lorenzo, en la cual se establece que "El rey ha resuelto que las islas de San Andrés y la parte de la costa de Mosquitos, desde el Cabo Gracias a Dios, inclusive hasta el río Chagres queden segregadas da la capitanía general de Guatemala y dependientes del virreinato de Santa Fe" (El Tiempo, 1972, p. 4A).

La alusión a las disposiciones reales se ofrece como una razón incuestionable, que debe ser acatada como un gran mandato ofrecido por una autoridad reconocida. Aun así, Nicaragua sostuvo que era preciso replantear tales disposiciones pues no se ajustaban a la realidad, insistiendo sobre la inclusión de las islas en su mar territorial y los inmensos 772 km que las alejaban de Colombia. Los nicaragüenses sacaron a relucir sus propias titularidades, también de carácter Real, pero los diplomáticos colombianos las deslegitimaron porque sugerían que no habían sido bien interpretadas según las jerarquías que poseían las jurisdicciones coloniales en su momento. El territorio nicaragüense, a comienzos del siglo XIX, era parte de la capitanía de Guatemala y dependía del Virreinato de Nueva Granada, las disposiciones proferidas a comienzos del mismo siglo enfatizaron la administración del archipiélago por parte del Virreinato. Estas ideas serán sostenidas o refutadas por colombianos y nicaragüenses sin llegar a ningún acuerdo.

El terremoto vivido en Managua a finales de diciembre de 1972 frenó momentáneamente las reclamaciones territoriales. Tal situación permitió enfriar los ánimos y dirigir la atención hacia la catástrofe sísmica. En el mismo año, el gobierno colombiano adelantó la regulación de tierras en San Andrés y expropió varios terrenos que estaban en manos de extranjeros. A raíz de la expropiación se empezó a hablar de una campaña extranjerizante, no propiamente vinculada a Nicaragua, sino que se relacionaba con las propiedades de norteamericanos en la isla. Algunos raizales intentaron respaldar los intereses de los propietarios norteamericanos, creyendo que podían llegar a constituir parte del territorio de Estados Unidos (Bush y Ogliastri, 1989; Bush, 1992). Tal situación nos permite constatar que el tejido sensible de los raizales no ha recorrido un camino de pura inconsciencia emotiva. Más bien, la comunidad ha jugado a construir estrategias con miras a recomponer sus diferenciales de poder desde la marginalidad, algo que vemos ejemplificado en el ámbito cultural-musical con los juegos del doble sentido lirico-moral, asunto forjado desde la resistencia en la esclavitud (Scott, 2000)¹⁷.

Frente a las complejas dinámicas sociales, el gobierno colombiano buscó causar mejores impresiones llevando la televisión a la isla (1974), apoyando parcialmente la educación bilingüe (1977), construyendo el alcantarillado local (1979) ó desarrollando reinados de belleza y torneos deportivos. En diciembre de 1979, después de la toma del gobierno nicaragüense por parte de los sandinistas, se dio un nuevo reclamo. El gobierno colombiano respondió del mismo modo, recalcando la importancia de los acuerdos internacionales firmados, señalando que las disposiciones Reales ó nacionales deben ser acatadas porque hacen parte de la institucionalidad que conforma a los Estados. El respeto a los tratados se mantiene hasta que alguna de las partes apele a la fuerza militar en busca de la defensa de una legitimidad, antigüedad y carisma superior. El gobierno colombiano insistió (y sigue insistiendo) en que la adhesión de los sanandresanos a la Constitución colombiana de 1822 no puede ser desconocida.

Los sandinistas se negaron a reconocer los acuerdos pasados, especialmente el de 1928, porque fue firmado bajo la invasión norteamericana. Además, la inclusión de las islas dentro del mar territorial nicaragüense resulta indudable. Días después del reclamo sandinista el Estado colombiano organizó una estrategia de tipo militar, con la intención de advertir hasta dónde llegaría con tal asunto. Más que aportar en favor de un proceso social de reconocimiento y respeto de la comunidad local como fuente de la legitimidad del gobierno, se llevó a cabo, en 1979, la instalación de una base militar para responder a Nicaragua. La prensa registró la acción del gobierno así:

Este acto constituye un hito de gran trascendencia histórica. El hecho de instalar en Colombia un comando naval en San Andrés con mando en las islas, cayos y zonas marítimas del Caribe occidental constituye una demostración clara de que el país y sus fuerzas militares están resueltas a defender aquí, como en todas partes, su integridad territorial y proteger sus intereses nacionales de cualquier amenaza, venga de donde viniere (Castellanos, 1979, p. 6A).

Después que Nicaragua llamó la atención acerca de una resolución negociada y avisó que llevaría el caso a estamentos internacionales, lo único que respondió el gobierno colombiano fue que los tratados antiguamente firmados son incuestionables. Nicaragua no reconoció las titularidades y consideró ilegítima la posesión de un territorio que ha hecho parte de sus fronteras marinas, igualmente insistió en el diálogo sin pretender una acción militar ya que no contaba con los medios de guerra. Colombia siguió un camino armamentista que le aseguró su soberanía sobre San Andrés y Providencia, además se aferró con fuerza a sus antiguos tratados. En una noticia de aquel momento, se dice que,

[...] nunca antes se había visto tanto despliegue militar por estos lados: cuatro aviones T-37 cargados con cohetes y ametralladoras; los buques de la Armada Nacional 'Sebastián de Belalcázar', 'Pedro de Heredia', 'Ciudad Quindío', los submarinos 'Pijao' y 'Tayrona', constituyen el parque bélico recientemente destacado en la isla (Martínez, 1980, p. 2A).

La "Operación Soberanía", denominada así por el presidente Turbay en 1980, fue una manera de generar confianza entre la población y mayor acercamiento con Colombia. Los isleños eran protegidos por las fuerzas militares y se les garantizaba una "calma" que no se lograba en aspectos como lo social, político, económico y ambiental. De una u otra forma, la presencia militar alimentó un sentido de colombianidad que fortaleció un sentimiento anti-nicaragüense. La prensa exaltó generalmente las acciones del gobierno mientras que las difíciles situaciones de vida de la sociedad local se vieron opacadas, lo importante fue mantener la propiedad del territorio insular. Las disputas por las islas despertaron sentimientos nacionalistas, los isleños preferían reconocerse como colombianos más que nicaragüenses, en tal sentido afectó la imagen de la sociedad centroamericana que se hallaba envuelta en una revolución guerrillera. La prensa en 1980 destaca que:

Miles de habitantes de las islas colombianas de San Andrés y Providencia expresaron el más amplio plebiscito en torno a la reafirmación de los valores de la nacionalidad, y en una ferviente expresión de patriotismo enviaron al presidente Julio César Turbay Ayala un documento suscrito por los habitantes de las islas, en donde señalaron que: 'estamos dispuestos a defender nuestra dignidad de patriotas hasta con el sacrificio de nuestras vidas' (El Tiempo, 1980a, p. 7A).

Este texto alude a valores nacionales asumidos por los isleños, no es claro a qué se refiere teniendo en cuenta que el idioma español y la religión católica causaron fuerte disgusto social; probablemente la carta enviada al presidente fue elaborada por los líderes locales que buscaban protagonismo. Por medio de los ejercicios de soberanía relacionados con la presencia militar y la presencia presidencial se confirmó el poder que han poseído los establecidos de la nación, fortaleciendo la idea de su valor humano superior y un carisma distintivo al cual deben adherirse todos los ciudadanos, así sea como raizales marginados. Las palabras del presidente Turbay, en su visita a la isla, a bordo de un buque de la Armada, revelan el grado de emotividad del momento: '"Tal vez desde ninguna otra porción del territorio colombiano se experimenta con tan profunda intensidad la sensación de patria'" (El Tiempo, 1981, p. 12A). La prensa publicó fotografías en las que se veían grandes manifestaciones de personas, que respaldaban al gobierno y se reconocían como colombianas.

La bandera de Colombia fue izada hoy en la mayor parte de las edificaciones de esta isla, como señal de protesta por las declaraciones del canciller nicaragüense, Miguel D'Escoto, quien afirmó el domingo pasado que ese país no reconoce la soberanía colombiana sobre el archipiélago [...] Los nativos de estas islas son colombianos por su propia voluntad y así lo hicieron saber al gobierno colombiano desde 1822, cuando enviaron sus emisarios a Cúcuta, dijeron voceros ciudadanos (El Tiempo, 1986:, p. 8A).

Los nativos-raizales son presentados como colombianos que asumieron la nacionalidad en un ejercicio de libertad, la rememoración de fechas pasadas y de gran carga simbólica sirven para que la comunidad se defina en una historia nacional más que local. La antigüedad del establecimiento gubernamental es un mensaje repetido no solo desde los espacios de gobierno, sino que la misma comunidad va afirmando la soberanía colombiana. La posible presencia de un "Estado extraño" como el nicaragüense, ha permitido fortalecer el tejido emotivo colombiano-raizal. Seguramente, si los reclamos territoriales fuesen ejercidos por una nación como Estados Unidos, la reacción de la comunidad sería distinta, las intenciones separatistas tal vez se mostrarían con más fuerza.

4. Breve reflexión sobre la resolución de la Corte Internacional de Justicia

En noviembre del 2012 la Corte de La Haya emitió su fallo respecto a la delimitación de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, resultado de la demanda interpuesta por este último país en el año 2001. La resolución final fue sorpresiva en la medida que reconsideró el tratado suscrito en 1928 y que fue firmado bajo la ocupación estadounidense de Nicaragua. Las islas colombianas perdieron buena parte del mar que les había proveído de alimento -reserva natural con gran potencial petrolífero- y dos de sus cayos principales quedaron como enclaves en medio del ahora mar nicaragüense. La sentencia de la Corte es bien significativa, porque parece replantear la lógica que hemos descrito antes, relativa al uso de la fuerza militar y el amparo en históricos tratados; en todo caso es demasiado temprano para poder precisar los intereses exactos que han motivado esta acción del tribunal.

La resolución despertó una variedad de sentidos emocionales en el país, unas voces reclamaron reacciones drásticas del gobierno colombiano, pidieron el desacato, otras más alentaron el nacionalismo y lamentaron la pérdida de territorios, se habló de guerra, varias voces raizales han puesto en duda su pertenencia a Colombia. A su vez, el gobierno nicaragüense expresó su deseo de iniciar exploraciones petroleras lideradas por multinacionales extranjeras (e incluso se ha mencionado la posible construcción de un canal interoceánico financiado por empresarios chinos), señalando que en ningún momento atentarán contra el ecosistema regional. Sobre este asunto (del petróleo como del canal) no se ha vuelto a tener información definitiva y precisa, pero de ser cierto que el fallo ha favorecido a intereses económicos empresariales se podría reconocer la misma lógica de imposiciones que ha vivido la comunidad raizal históricamente.

Desacatos a normas internacionales, modificaciones tendenciosas de tratados e intervenciones en disputas internacionales, han sido posibles en la medida que los interesados cuentan con un sólido aparataje económico y militar (esto puede ejemplificarse más claramente con el caso de la construcción del canal de Panamá, mencionada secciones atrás). Tales formas de proceder, de los estados poderosos que se atribuyen actos de "justicia", nos demuestran modos de acción bastante cuestionables que se amparan básicamente en la capacidad de ejercer la fuerza física. Sería "normal" que el mar concedido a Nicaragua termine siendo el marco del desarrollo de proyectos económicos de empresas que cuentan con el respaldo de naciones dominantes (sin importar el negativo impacto social y el deterioro de sistemas naturales ya debilitados). Con ello no buscamos señalar o manchar el espíritu con el cual fueron creados entes planetarios como la Corte Internacional de Justicia, sino problematizar los juegos de poder que les compelen cuando se cruzan intereses empresariales o (neo)coloniales.

En esta dirección, consideramos que la reivindicación de nacionalismos a partir del potencial uso de la fuerza física, desacreditando al opositor (por ejemplo, colombianos vs. nicaragüenses), va en contravía de la construcción de acuerdos que aporten al fortalecimiento de las comunidades y sus procesos políticos. Aunque celebramos que no se ha llegado al desarrollo concreto de acciones militares entre los gobiernos inmiscuidos, resaltamos y ponemos en el centro del debate la figura bélica implícita con la que se fundamentan los acuerdos entre las naciones. Sería ingenuo pensar que la neutralización y la evitación de un escalamiento mayor del problema limítrofe, al igual que los acuerdos producidos, no están atravesados por la influencia y los intereses de potencias poderosas. Es en esta dirección que nuestras reflexiones intentan sugerir líneas de análisis y llamar la atención sobre la necesidad de construir otras lógicas de relación más allá de la imposición por la fuerza (sea latente o efectiva, económica o militar).

En las redes sociales (específicamente en Facebook) encontramos algunas opiniones, respecto al nuevo mapa insular, que nos dan pistas acerca del ambiente emotivo de la comunidad raizal en los días posteriores al fallo (las trascribimos tal cual fueron publicadas abiertamente en internet):

I don't understand the pic, what is for Colombia what is for Nicaragua and what belong to US! -Evans Sabeth.

¡Se repite la historia!! Ya en 1903 los políticos vendieron un territorio por U$ 10 millones de dólares, ahora por qué precio?? Ya la canciller lo había dicho hace unos meses durante una visita a la Isla (hay que ceder), ya sabían a qué iban?? Los minerales de la zona (las multinacionales presionando porque es un ÁREA PROTEGIDA ECOLOGICAMENTE). Se pierden las zonas más ricas en peces, langosta etc. etc. - Edna R. Abrahams

Como isleño sanandresano raizal no reconoceré ningún fallo que disminuya nuestro territorio y espero q todo colombiano sea o no de este alejado territorio no lo acepte. Si van a desconocer tratados del siglo pasado q devuelvan toda la costa atlántica. Esperamos que el señor presidente tenga el valor de defender el territorio no solo la guerrilla está en el continente la tenemos pasando el meridiano 82. San Andrés es Colombia. - Willy Newball

A lo mejor será difícil para muchos entender porque siempre las cosas llegan a sus manos y muchos desconocen el proceso, pero esto es una verdadera BOFETADA en la cara para los que orgullosa-mente nos sentimos (AUN??) colombianos. Queda demostrado que NO LES INTERESAMOS a los políticos! HASTA CUANDO??? - Kent Francis

5. A modo de conclusión

Hemos intentado reconstruir parte del proceso histórico, político y emotivo que ha sido antecedente del actual estado de la disputa territorial por San Andrés e islas aledañas, llamando la atención sobre la forma en que se ha pretendido establecer un dominio social y gubernamental. Hemos buscado proponer una voz que aliente la discusión sobre la forma en que se han ido constituyendo las relaciones (político)sociales en la isla y los desafíos que ellas suscitan. Insistimos en que los efectos de las acciones recientes, como el fallo del año 2012, podrán verse con mayor precisión con el paso del tiempo. Nuestro interés argumentativo se ha orientado a la problematización del modo en que se legitima el gobierno de un territorio, entendiéndolo como una cara amplificada de relaciones históricas que en diferentes niveles dejan ver la pugna que se da entre grupos humanos que buscan el predominio y el ejercicio de la coacción social.

De otro lado, presentamos los principales tratados con los que Colombia justifica y valida la posesión de San Andrés, mostrándolos como hitos dentro de un ejercicio político de construcción de la nación y de los elementos que sirven para argumentar sobre su propia legitimidad gubernamental. En contraste con estas disposiciones legales, hemos girado nuestro lente para detallar los modos en que son impuestas unas líneas de colombianización aplicables a la comunidad raizal (idioma español, religión católica y símbolos patrios), destacando algunos rasgos de las respuestas emotivas respecto a dichas prácticas institucionales y señalando otros niveles de los equilibrios relacionales. Aunque resulta evidente cierta ambigüedad sensible raizal respecto a las acciones del Estado y hacia sus líderes, creemos que este tipo de situaciones afectivas estuvo acompasado, no solo bajo la batuta de los líderes locales, sino con las exploraciones que la comunidad desarrollaba con miras a una mejor posición estratégica en la trama de poderes.

Mostramos también las reclamaciones que Nicaragua desarrolló entre 1970 y 1991, marcadas por una insistencia diplomática, de diálogo, para solucionar la posesión y gobierno del archipiélago. Frente a esta voz, Colombia respondió (y sigue respondiendo) amparado en titulaciones históricas que considera incuestionables, esta forma de respuesta fue reiterativa y sus variaciones se dieron en la clave de movimientos militares en el territorio (desplazamiento de naves marítimas, instalación de bases, despliegue aéreo, entre otras). Propusimos algunas notas periodísticas que ofrecían indicios sobre el ambiente social en la isla, reconociendo la insistencia colombiana por afianzar sentidos de nacionalidad. Desarrollamos algunos contrapuntos críticos, no solamente en relación con la lógica militarista del proceso, sino de las formas en que se promueve la mitificación de la fundación de un territorio colombiano. Buscamos rastrear cuales podrían ser las sensibilidades raizales en un entramado de imposiciones y resistencias.

Finalmente, problematizamos la resolución de la Corte Internacional, emitida en el año 2102, allí nuevamente pusimos en acción la apuesta analítica central de este escrito que consiste en entender los equilibrios de poder en diferentes niveles de las interdependencias sociales. No solo entre Estados, sino también entre el gobierno y la comunidad raizal, entre raizales y continentales, etcétera. Todos tejiendo un entramado de relaciones. Así, por ejemplo, señalamos que a pesar del buen espíritu con el que se han pensado las instituciones planetarias, como es el caso de la Corte Internacional, no debemos desconocer que son variados los obstáculos que se les presentan, los intereses que se les cruzan en el camino y las tramas de poder en las que se ven inmersas (asunto que implica a naciones poderosas o a corporaciones multinacionales). De tal modo, a la par de las tensiones entre naciones por ejercer su soberanía sobre San Andrés, encontramos un proceso de organización local que muchas veces es invisivilizado o silenciado, que a su vez es fuente de poder social con voz y perspectivas propias, que le planta cara al poder estatal. En este caso, el equilibrio de relación se inclina más a favor de Colombia, mientras que la comunidad raizal sigue adelante en la búsqueda de alternativas que le permitan mejorar su posición, Nicaragua -por su parte- con el fallo de la Corte alcanza un mejor lugar en la disputa y ya se proyecta hacia el reclamo por más territorio.

No hemos pretendido agotar las perspectivas interpretativas sobre el fenómeno, más bien intentamos desarrollar un abordaje de corte sociológico e histórico procesual que discute con otras formas de tematizar este asunto. Sabemos que es necesario, por ejemplo, un trabajo más detallado con las múltiples voces de la comunidad e incluso reconocer la opinión de todos aquellos que sin ser raizales ya cuentan con dos generaciones de familiares nacidos en la isla.

También hace falta una exploración concienzuda de lo que la comunidad Miskito, de la costa Caribe nicaragüense, opina sobre el tema. Igualmente, reconocemos que una mayor diversidad de fuentes periodísticas (no solo colombianas) podría arrojar matices sobre lo que hemos sostenido a lo largo de este escrito. En cualquier caso, creemos que desde nuestra posición argumentativa hemos logrado demostrarle al lector que existen unos factores estructurales que se hacen evidentes en este tipo de disputas y que tienen eco en niveles más cotidianos de la vida de las personas. Pensamos que el ejercicio de la coacción física (militar) o de la violencia, deben ser repensados continuamente, considerados desde diferentes ángulos que tal vez permitan, más adelante, encontrar modos alternativos de relación interpersonal e interestatal.

El caso de San Andrés nos ha permitido reconocer unas dinámicas permanentes de control sobre la comunidad local, en beneficio de diferentes estamentos de dominación, quienes se disputan su legitimidad a partir de su poder intergrupal a diferentes escalas. Los sentimientos de los raizales, respecto a su adscripción nacional, han sido anudados con mayor fuerza a Colombia desde hace un siglo, sin embargo éstos penden de circunstancias que los tornan frágiles, modificables y adaptables. Las tensiones internacionales han sido asimismo oportunidades para el fortalecimiento organizativo local, tal vez ese sea el principal desafío para la comunidad raizal: conformar espacios de poder y autonomía respecto al aparataje económico y gubernamental (inter) nacional y desde allí promover y seguir alentando voces de resistencia colectiva. Sabemos que se trata de un tema abierto, ya que el actual desacato del fallo de la Corte, por parte del gobierno colombiano, indica que aún falta camino por recorrer en esta disputa, consideramos que este escrito aporta elementos para debatir.

Conflicto de intereses

El autor declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Notas

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