CASTIGAR A LOS PARIAS URBANOS¹

LOÏE WACQUANT

Universidad de California loic@uclink4.berkeley.edu

DESEARÍA TENER debates similares con profesionales del sistema legal, con periodistas, con ciudadanos interesados en Estados Unidos, pero este debate es impensable allí. Paradójicamente, el país que ha institucionalizado la penalización del pobre no tiene tiempo ni interés en discutir el problema. Y en parte, esto es muy revelador de lo que esa política está tratando de hacer. Esta política es una estrategia para hacer invisibles los problemas sociales.

Había un dicho, en Estados Unidos del siglo xix, con respecto a la cuestión de los indios, que decía que un buen indio era un indio muerto. Y en Estados Unidos hoy, podemos decir que un buen pobre es un pobre invisible. Es decir, un pobre que acepta el más bajo de los empleos para poder sobrevivir, o bien no hace ningún reclamo a la comunidad -por ejemplo al Estado de Bienestar- y desaparece de la escena pública.

Uno de los objetivos de la llamada política de la "tolerancia cero" del crimen callejero de las clases más bajas -su nombre apropiado debería ser "intolerancia selectiva"- es hacer desaparecer a los pobres del ámbito público; limpiar las calles para que no se vea a los desposeídos, a los que no tienen hogar, a quienes piden limosna. No quiere decir que haya desaparecido la pobreza ni que hayan desaparecido la alienación o la desesperación social, significa más bien que los pobres ya no interfieren en la escena pública, de manera que el resto de la sociedad puede fingir que los pobres no están más ahí.

Y podríamos tomar este ejemplo como paradigma de lo que intenta realizar la política de criminalización de la pobreza: transformar un problema político, enraizado en la desigualdad económica e inseguridad social, en un problema de criminalidad. Y para tratarlo utiliza el sistema policial, carcelario, judicial, a fin de no tener que tratar la realidad política y económica que está detrás de él. Desgraciadamente -como lo demuestro en el libro Cárceles de la miseria-, esta política, inventada en Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990, ha sido exportada rápidamente a todo el mundo.

Quisiera retroceder de Cárceles de la miseria -que es un análisis de la internacionalización de esta política- y enfocar la realidad social y económica que esta política se empeña en contener y hacer invisible. Es lo que trato de analizar en Parias urbanos: el surgimiento de nuevas formas de pobreza, profundamente arraigadas en la sociedad, semipermanentes o permanentes, muy concentradas, estigmatizadas, y que se han ido identificando con vecindarios especialmente malos -como si el problema fuera de territorio-. Quiero caracterizar brevemente el surgimiento de esta nueva forma de pobreza que se ha extendido en los países más avanzados como Estados Unidos y Europa occidental, pero también en países del segundo mundo como Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos, a medida que van aceptando políticas de desregulación económica del primer mundo y de reducción del Estado de Bienestar.

En el libro llamo a este fenómeno marginalidad urbana avanzada, porque sugiere que no es el resultado de un atraso económico, como sí lo fue en el período fordista de 1945 a 1975. No es el resultado de la falta de un crecimiento económico sino que, por el contrario, es el resultado del crecimiento económico, es el resultado del progreso económico, pero de un crecimiento que es desigual e inequitativo que trae consigo una inmensa regresión para los sectores más precarios de la clase trabajadora. Lo producen los sectores más avanzados de la economía, no los más atrasados. Y, por lo tanto, tenemos formas de marginalidad que están por delante de nosotros, no por detrás, y que, seguramente, crecerán a medida que las economías se modernicen en lugar de disminuir y desaparecer con el tiempo.

Después de 1975, aproximadamente, y a distintas velocidades en diferentes países, el modelo "40-50-60" y la forma estandarizada de trabajo asalariado se han desgastado y desmantelado. En la actualidad, si se cuenta con un empleo, se puede trabajar 10, 15, 40 o 70 horas, ya no existen normas sobre la cantidad de horas de trabajo ni sobre su programación. No se cuenta con normas que aseguren que el empleo que uno tiene vaya a durar por muchos años y que le vaya a permitir proyectarse hacia el futuro y mantener su hogar. Por eso se ha incrementado el trabajo de medio tiempo, el trabajo ocasional que no tiene ningún beneficio social como seguro, cobertura de salud, jubilación/pensión, etc. En ese nuevo régimen, el trabajo es tanto un remedio para la pobreza -sigue siendo mejor tener algo de trabajo que no tenerlo- como también parte del problema de la pobreza. Porque aun cuando se cuente con un trabajo, no se tiene ninguna garantía de poder sobrevivir en él, ni de que con él se vaya a poder trasmitir el estatus social a los hijos.

En sociedades como las de Argentina y Brasil estimo que este fenómeno se produce no sólo en la clase trabajadora -para la cual, en cierto sentido, siempre fue así- sino que se va produciendo en sectores cada vez más grandes de la clase media. Por lo tanto, el trabajo se ha convertido en una fuente de inseguridad social, más que de seguridad social. Y ya no podemos utilizar la antigua solución de "más trabajo" para estabilizar la sociedad. Creo que exactamente eso es lo que estamos viendo en Argentina con la "ley de competitividad", que en realidad debería tener el nombre de ley de "superexplotación", porque es lo que implica: acelerar aún más la desocialización del trabajo. De este modo, y a pesar de que la gente trabaje, no puede estabilizar su vida y en lugar de ser una fuente de solidaridad social, el trabajo mismo se convierte en fuente de fragmentación social.

La segunda característica de esta nueva pobreza que se está instalando es la desconexión que existe entre los barrios pobres y los segmentos más pobres de la clase trabajadora y las tendencias nacionales de economía. Por lo tanto, la economía nacional puede andar perfectamente -se da crecimiento, incluso puede bajar un poco el índice de desempleo nacional- pero no tiene ningún efecto en las "villas miseria", en el ghetto, en la periferia del país. Porque la abundancia de la economía nacional fomenta una estructura de ocupación dualizada o polarizada. A esto le sigue que cuando la economía mejora quienes están arriba se benefician y los que están abajo, en realidad, no obtienen ningún beneficio. Grandes segmentos de la clase trabajadora son desproletarializados permanentemente, excluidos permanentemente de la tarea remunerada, mientras que otros son incorporados al trabajo asalariado de manera esporádica y marginal, lo que solamente les permite sobrevivir, pero no estabilizar o mejorar su posición.

Nos encontramos, entonces, frente a un proceso por el cual, cuando la economía baja o cae, cuando sufrimos recesión -como durante el año pasado en la Argentina-, la situación de los pobres y de los barrios pobres sufre un deterioro, baja, cae, y en el próximo ciclo de expansión, la situación para mucha otra gente mejora, pero en esos barrios no. Es decir, no regresan al estado del que gozaban antes sino que se quedan en ese estado más bajo. Cuando se produce otro revés en la economía siguen descendiendo un escalón y, aunque haya una mejora significativa (puede ser que su situación mejore algo), no se logra compensar la caída sufrida en el ciclo anterior. De modo tal que entran en un ciclo de caída, una involución económica y un deterioro social. Y, por supuesto, cada vez están más alejados del resto de la sociedad, sociedad a la que se alienta para que los perciba como diferentes de nosotros, marginales, criminales.

En efecto, una tercera característica de esta nueva pobreza es que cada vez está más concentrada en áreas estigmatizadas, más identificada con barrios en particular a los que se consideran, generalmente, como pozos de infierno urbano. Barrios donde existe concentración de pobres, de violencia, de delito, de degradación de la vivienda, de la infraestructura, de la moralidad. Esto es lo que realmente ocurre: en algunas áreas es solamente una percepción, pero -sea real o percibida- a estos barrios se los estigmatiza mucho. Entonces, además de pobreza y deterioro económico, los parias urbanos de hoy sufren una estigmatización territorial adicional.

Ustedes pueden preguntarse por qué esto puede marcar una diferencia, qué otra cosa puede pasar: ya son pobres, renegados, desposeídos. Sin embargo, existe una gran diferencia, porque cuando un área ha sido muy estigmatizada, las personas no se identifican con ella, no se sienten ligadas con otros, quieren evitar el estigma y se lo pasan unos a otros. Este fenómeno crea distancia social entre los residentes, crea desconfianza social y socava la posibilidad de la solidaridad, así como la posibilidad de acción colectiva e incluso la capacidad de protestar políticamente. Si uno le pregunta hoy a los residentes del ghetto en Estados Unidos, o a los residentes de la periferia urbana de París: "¿Cómo es la gente de este vecindario?", por lo general responderán: "No sé. Vivo acá pero no conozco a nadie". Y esto revela mucho. Es muy diferente de una comunidad trabajadora típica, en la cual existe la pobreza, pero está distribuida ampliamente en todas las áreas de la clase trabajadora. En ellas existe una sensación de dignidad colectiva y hay redes solidarias y de ayuda mutua -además de asociaciones, sindicatos, partidos políticos, etc.- que dan expresión política al predicamento de los residentes. Entonces, la estigmatización de clases y la pérdida de la identificación con el lugar, incrementan la atomización social y hacen disminuir la capacidad colectiva de los pobres de actuar sobre las fuerzas que actúan sobre ellos.

Y la cuarta característica es la pérdida de un idioma que unifique simbólicamente las distintas categorías que sufren desproletarización, precarización del trabajo o movilidad hacia abajo. Debido a que no existe una lengua que les dé una identidad común y una estructura de interpretación, o una suerte común, es más fácil retratarlos como una población de delincuentes. Y esto le hace más fácil a las élites del Estado proponer la utilización de la policía y del sistema de justicia penal, para que traten el problema que representa esta población precisamente cuando ésta ha comenzado a fragmentarse tanto en realidad como en representación, cuando es definida negativamente por imágenes de disolución, vicio y amenaza.

Si se define a esa población como "trabajadores desempleados", la respuesta -obviamente- tiene que ser una política económica: creación de empleos, beneficios de desempleo, educación, capacitación. Pero si uno puede definir a esa población como una población de "marginales", de "desposeídos", de "inmigrantes ilegales", entonces la respuesta lógica es usar el sistema de justicia penal. El problema esencial, entonces, es el de la transformación del trabajo y la reducción del Estado de Bienestar, que es redefinido como un problema por "mantener el orden" y entonces se puede decir que será tratado con la policía, con el sistema judicial y el sistema carcelario.

En un país como la Argentina, que cuenta ya con una especie de sociedad dual -y que está situado, podríamos decir, en un punto de intersección entre el primer y el tercer mundo-, se acumulan las dos formas de pobreza: por un lado, la antigua forma de pobreza de la época industrial fordista -o sea, no hay suficiente trabajo, no hay suficiente crecimiento económico sostenido por el sector manufacturero- y, por otro, cuando se produce crecimiento económico, la segunda forma de pobreza que, si crea trabajo, se traduce en empleos muy ocasionales e inseguros. Se da, entonces, la acumulación de la pobreza antigua, del estilo fordista con la del nuevo estilo posfordista.

En primer lugar, Argentina -al igual que Brasil- es un país en el que existe alta inequidad y una pobreza masiva que alcanza, en sus niveles extremos, no sólo a un 15 o 20% de la población -como en Estados Unidos- sino a un 40 o 60%. Y la pobreza es mucho más profunda y mucho más intensa: no sólo hay más gente pobre, sino que la gente pobre es más indigente. En segundo lugar, comienza a partir de un Estado de Bienestar muy limitado, con poca capacidad para proteger y que no es universal. De manera que cuando éste se reduce, los efectos son mucho más negativos que en un Estado de Bienestar más grande y más arraigado en la sociedad, como es el caso de Italia o Francia. Es por esto que una desregulación aún mayor de la economía trae aparejados efectos mucho más negativos que en Estados Unidos o en Europa, porque ya un tercio de la economía es, de facto, una economía de por sí informal. De allí que al reducir ese pequeño Estado de Bienestar casi se lo elimina.

Reducir el Estado de Bienestar en Noruega representa una cosa y otra muy distinta es reducirlo en Estados Unidos, o bien en la Argentina. Por ello, cuando hay que referirse al estado penal para manejar la pobreza, también se cuenta con un estado penal bastante diferente: no se dispone de una organización racional burocrática, profesional y competente, que cuente con recursos, presupuesto y personal adecuados, y tenga además una larga tradición de respeto por la ley y de hacer las cosas según la ley. Por ejemplo, cuando se trata del sistema policial, que está muy mal controlado y que en sí mismo no es una protección contra la violencia sino un mayor productor de violencia. Luego, se trabaja con un sistema tribunalicio que no cuenta con recursos materiales, ni cultura o tradición legal para hacer valer derechos constitucionales básicos sobre una base de igualdad para todos los ciudadanos. Y, finalmente, una vez que uno ha tratado gente con la policía -que ya ha causado más violencia-, y después de haberlos hecho atravesar una etapa tribunalicia -que de por sí no es muy legal-, se los envía a un sistema carcelario brutal, inhumano e incapaz, incluso, de poder manejar la cuestión física de los presos.

Se puede decir que este sistema carcelario no sirve a ninguna función penológica: no disuade gente, ni siquiera los neutraliza, porque uno se enfrenta a tanta violencia y delitos dentro de la cárcel como afuera de ella y, por cierto, no los rehabilita ni los reforma; todo lo que hace es agravar el problema que se supone debe tratar. Y vuelve a dejar a la gente nuevamente en la sociedad en una situación en la cual todo lo que ha hecho el sistema penal ha sido intensificar la marginalidad de esa población -además de hacerles sentir con mayor profundidad la alineación y su falta de respeto por la autoridad-. Es casi una suerte de planta de re-tratamiento de "basura social" sólo que, al final, el producto es aún peor de lo que era al principio.

En países que no han desarrollado un sistema penal-judicial racional y que parten de una gran desigualdad en la pobreza, el hecho de adoptar el estilo estadounidense de penalizar la pobreza, de criminalizar a los pobres y de tratar problemas sociales con la policía, los tribunales y las cárceles equivale a establecer una dictadura sobre los pobres. Supone utilizar la prisión como mero depósito para eliminar a una pequeña fracción de pobres, lo cual no resuelve para nada el problema sino que sirve solamente como una especie de teatro moral que los políticos utilizan para ocultar el hecho de que no están haciendo nada para solucionar el problema de raíz. En realidad, para salvaguardar la responsabilidad política que les cabe por el problema y para simular que están haciendo algo.

Pienso que, en cualquier sociedad, es una muy mala política utilizar el sistema judicial penal como instrumento para solucionar problemas sociales porque no los resuelve ni los elimina. Aun cuando se encarcelara a todos los pobres, la mayoría -un 98%- en algún momento saldría y, por tanto, sólo se los habrá escondido durante un tiempo, no eliminado.

En una sociedad del segundo mundo como la Argentina, que además tiene una tradición de ser un estado autoritario ligado con la historia agraria, la historia de la formación de la clase obrera en las ciudades y con el período de dictadura militar, esta política es una invitación al desastre social, una invitación a crear un orden social en fundamental contradicción con la idea de una sociedad democrática. Porque la sociedad democrática, por definición, tiene sólo un Estado que se comporta del mismo modo con ricos y pobres, que hace valer la ley igualmente para todos, que no ejerce una vigilancia especial ni una diligencia punitiva especial sobre un sector particular de la sociedad, y especialmente no contra los desposeídos.

La penalización de la pobreza es, en definitiva, un abandono del proyecto de sociedad democrática. Y la pregunta que deberían hacerse los argentinos es si ese es el tipo de sociedad que quieren construir. Si -después de haber luchado para eliminar la dictadura militar de la sociedad- se quiere instituir una dictadura sobre los pobres para respetar otra dictadura: la del mercado.

Comentarios

¹. El presente texto es la transcripción de una alocución de Löic Wacquant en La Plata, Argentina, realizada el 28 de marzo de 2001. Esta versión fue suministrada por el autor y publicada en la revista Oficios Terrestres, 17, en 2005. Agradecemos a Löic Wacquant su interés por publicar en nuestra revista.