La globalización del testimonio: historia, silencio endémico y los usos de la palabra¹

Alejandro Castillejo Cuéllar

Profesor asociado, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Colombia. acastill@uniandes.edu.co

Este ensayo explora la manera como el proceso de reconfiguración histórica, realizado por una comisión de investigación, produce y refuerza una serie de silencios-sobre la experiencia y los hechos de la guerra- que emergen, paradójicamente, en el momento mismo de su articulación en el lenguaje.

Particularmente, la manera como el terrorismo del sobreviviente hace parte de los mecanismos de legitimación de las comisiones -y toda una red de ejercicios miméticos que escenifican el dolor-, a través de si incorporación a una serie de topos de enunciación. en ese momento, la densidad semántica de lo narrado queda supeditada a las presiones que definen política y discursivamente este topos. En ese momento de generalización y de reducción, el testimonio hace parte de otras tecnologías de transición.

PALABRAS CLAVE:

Comisiones de la verdad, testimonios, memoria, Perú, Colombia, Sudáfrica

ABSTRACT:

This text axplores the ways in which historical reconstructions, carried out by different kinds of commissions of enquiry during political transitions, reproduce an reinforce a number of silences -specially those regarding the experiences of war- that paradoxically emerge at the actual moment or their articulation in language. How do survivors' testimonies are part or the mechanisms that legitimate these commissions? How are they inscribed into the political spaces of enunciation?

Truth Commissions, Testimonies, Memory, Peru, Colombia, South Africa.

"Why a Truth Commission here -in Sierra Leone-?", I asked

"Because it is modern", she answered.

"¿Porqué una Comisión de la Verdad aquí -en Sierra Leona-?", pregunté.

"Porque es moderna", ella respondió.

Notas de campo, mayo de 2003.

Introducción

Las comisiones de la verdad don, entre otras cosas mecanismos de reconstrucción histórica que se encargan de la definición, recolección y producción de un saber institucionalmente legitimado sobre el pasado violento de un país o un Estado-nación (Boraine y Levy, 1995; Minow, 1998; Nuttal y Coetzee, 1998; Villa-Vicencio, 2000). En cierto sentido, no se diferencian, en lo esencial, de otro tipo de comisiones de investigación (Posel y Simpson, 2002; Richards, 1993). En el caso que aquí nos concierne, ellas hacen parte de una red de conceptos que podrían denominarse tecnologías de gobernabilidad, y que se despliegan durante períodos -o espasmos- de transición política entre regímenes autoritarios, dictaduras militares o conflictos armados, de un lado, y, exclusivamente, democracias parlamentarias bajo la efigie de una economía capitalista, del otro (Marais, 2001). La lógica de la idea de "transición" es precisamente permitir, en teoría, esta teleología política, de un estado de guerra o no democrático a uno en paz. Este axioma hace parte de todo ese circuito transnacional de teorización conocido con el nombre de transitional justice con su respectivo evangelio de la reconciliación, la verdad y el perdón como horizonte para una futura comunidad moral (Battle, 1997; De Grunchy, 2002). Parte de este proceso pasa por una reinterpretación de la noción de pasado; de ahí el papel de la comisión investigadora para documentarlo y producir una instantánea social lo más completa posible de las violaciones de derechos humanos (Meredith y Rosenberg, 1999).

Con frecuencia, este pasado se cristaliza en una serie de productos específicos, como los "informes finales" o los archivos y documentos institucionales donde reposan no sólo los folios donde se consignan y guardan las investigaciones propias de la comisión, sino además las transcripciones de miles de testimonios recogidos durante el proceso investigativo². La versión final de este proceso, usualmente, si las condiciones políticas de su producción y desarrollo son apropiadas, debe generar una historia que hable de las causas y los efectos de la guerra y la dictadura durante un periodo específico, delimitado por el mandato de la ley que con frecuencia ha dado origen a la comisión misma. La sociedad en general vuelve, siempre que sea necesario, a esta historia institucionalizada, a los periodos, eventos y protagonistas que el relato indexa como relevantes, para recordar los hechos, las responsabilidades y los procesos históricos que han dado origen al presente. De ahí su importancia, ya que los términos de referencia con los que se construye este relato, la forma como se elabora y se aborda la causalidad histórica, la manera como se definen las diferentes formas de agenciamiento en el proceso social, determinan, de antemano, la manera como será leído ese pasado por las generaciones por venir, no sólo de historiadores o investigadores sino de ciudadanos. En efecto, las comisiones son formas sociales de administración del pasado, de archivarlo y, como plantearía Jacques Derrida en su lúcido ensayo sobre Freud, "consignarlo" (Castillejo, 2007c: 129; Derrida, 1995: XI).

Mi interés en este ensayo es pues explorar la manera como dicho proceso de reconfiguración histórica produce y refuerza una serie de silencios -sobre la experiencia y los hechos de la guerra- que emergen, paradójicamente, "en el momento mismo de su articulación en el lenguaje" (Castillejo, 1997). Particularmente, me interesa la manera como el testimonio del sobreviviente hace parte de los mecanismos de legitimación de las comisiones -y toda una red de ejercicios miméticos que escenifican el dolor- a través de su incorporación en una serie de topos de enunciación (Bozzoli, 1998; Latu y Harris, 1996). En ese momento, la densidad semántica de lo narrado queda supeditada a las presiones que definen discursivamente este topos (Meyer, 1999).

Este ejercicio de análisis quiero hacerlo en tres partes. La primera, es sobre el trabajo de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación del Perú, a través de la cual espero ilustrar de forma introductoria el problema de la violencia, la palabra, el topos de la enunciación y la imposibilidad del escuchar. La segunda es una lectura de las relaciones entre desplazamiento forzado, la imposibilidad de la verdad colectiva y el problema del silencio instaurado por la ley en el contexto de la South African Truth and Reconciliation Commission (Bonner y Nieftagodien, 1998). La tercera, una última viñeta en donde describo muy brevemente la puesta en escena del testimonio en el contexto de una reciente Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, celebrada en Bogotá en febrero del 2005. Con estas viñetas quiero, en el contexto de diferentes eventos donde se reproduce y se nombra el pasado violento, plantear el problema de las vicisitudes de la palabra y del silencio en el contexto global.

Perú y el otro como aporía

En diciembre del año 2002 tuve la oportunidad de visitar y participar dentro del proceso de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación del Perú³. Durante esos días de diciembre, se había organizado una de las audiencias públicas temáticas: esta especie de espacio de interlocución itinerante y complejo, en donde "víctimas de graves violaciones de derechos humanos", en el sentido legal del término, se sentaban, frente a un público empático, a contar sus historias de tragedias y sufrimientos. Las audiencias se realizaron en diferentes lugares de la nación y tenían por objeto general, como la propia Comisión lo planteó en su momento, "... visibilizar ante la opinión pública las violaciones a los derechos humanos" que sufrieron "desproporcionadamente algunos sectores de la sociedad" (Informe final, Vol. 2: s. p.). Así mismo, en la misma línea de la Comisión sudafricana, la audiencia era igualmente concebida como un espacio de dignificación, reconocimiento y sanación de la persona que narra, e idealmente de la comunidad de escuchas (Asmal, Asmal y Roberts, 1997). La de ese 12 de diciembre era una audiencia sobre "La violencia política y las comunidades de desplazados". Como se sabe, el desplazamiento forzado está tipificado en el derecho internacional humanitario como una violación a una serie de derechos fundamentales.

En el caso de mi trabajo específico, mi asistencia a la audiencia y a una variedad de eventos institucionales estuvo mediada por extensas conversaciones con los funcionarios de la Comisión en Lima -incluyendo el director general, el director de audiencias, la dirección de medios, al igual que otros cargos intermedios-, donde se llevaría a cabo la audiencia, al igual que con algunas personalidades políticas y académicas locales. Varias cosas me sorprendieron de esa visita. La primera, que a diferencia de lo que había constatado en mi investigación sobre la Comisión en Sudáfrica, la peruana no había tenido la misma centralidad social. Digamos que por lo menos no cautivó el escenario mediático (Castillejo, 2007c). Es decir, durante las semanas precedentes a la audiencia, el silencio casi total de todos los medios de comunicación privados, excepto el canal estatal que en su momento la transmitió en directo, era una realidad palpable. Esto se debía, en lo fundamental, a que la Comisión investigaba violaciones de derechos humanos que se habían dado bajo el mandato de diferentes presidentes, algunos con intenciones políticas en el Perú postconflicto, en el periodo entre 1980 y 2000. Los medios, por supuesto, hacían eco a esos grupos de presión, ya que al fin de cuentas estaban umbilicalmente conectados con ellos, creando así una cortina de desinterés generalizado. Como si no hubiera pasado nada. Eso fue corroborado por encuestas informales que demostraban que más allá de los grupos representados en la audiencia, el desconocimiento o el desinterés sobre la Comisión era alarmante.

Antes de puntualizar algunos elementos importantes para el argumento de este ensayo, quisiera resumir brevemente las actividades de la audiencia temática a la que asistí. Este ejercicio, en todo caso, será útil para contextualizar el punto que desarrollaré posteriormente. El programa de la mañana estaba dividido en tres partes o bloques diferentes. El primero constaba de un emotivo video sobre el tema, precedido por un discurso inaugural por parte del presidente de la Comisión o algún comisionado delegado, en donde se daba la bienvenida a los testimoniantes exhortando a la sociedad en general a pensar sobre su pasado y a reconocer el dolor del otro. El segundo bloque, centrado en las causas y antecedentes del fenómeno del desplazamiento contaba con la participación de tres testimoniantes, con veinticinco minutos cada uno, donde describían la naturaleza de las violaciones de las que fueron objeto en las zonas del Valle del Monzón y Alto Huallaga, en el departamento de San Martín, al igual que en las comunidades de Ostocollo, Tancayllo, Izcahuanca y Huayrapampa en el departamento de Apurimac. Estos testimonios eran puntualizados con intervenciones de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Mesa Nacional de Desplazados. El último bloque aglutinaba testimoniantes de otras regiones, igualmente puntualizado por funcionarios y miembros del Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia, la Mesa Nacional de Desplazados y la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú. No es mi interés desarrollar ninguna clase de exégesis de los testimonios presentados esa mañana; quizás sí afirmar que en general ellos presentaban, como es obvio, la experiencia de la guerra a manos de los diferentes actores armados, particularmente Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas del Perú. Los testimonios fueron presentados, como sería de esperar, en diferentes idiomas, atestiguando, como posteriormente la Comisión lo estableció en su Informe, la manera como la violencia había golpeado las comunidades campesinas indígenas del Perú. Según sus propias cifras, "del análisis de los testimonios recibidos resulta que el setenta y cinco por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua y otras lenguas nativas como idioma materno. Este dato contrasta de manera elocuente con el hecho de que la población que comparte esta característica constituye solamente el dieciséis por ciento de la población peruana de acuerdo con el censo nacional de 1993" (Informe final, Vol. 7: 316). En otras palabras, dada la geografía de la guerra, localizada fundamentalmente en las zonas más pobres del país, los indígenas pusieron la abrumadora mayoría de muertos. Aunque la Comisión hizo una evaluación de la escala de la violencia política, la violencia estructural no hace parte, estadísticamente hablando, de sus cálculos; ésta aparece sólo como parte de las condiciones que precipitaron la guerra, sumada a los errores de las élites políticas al abdicar la democracia a los grupos armados legales o ilegales. Aunque reconoce la existencia de la exclusión -pero no de la opresión-, el Informe final es muy claro -por las razones teórico-institucionales de las que hablaba anteriormente- al plantear o establecer un horizonte temporal en 1980 como el año en el que comienza el conflicto armado, es decir, el momento en que Sendero Luminoso asume las armas. Este hecho deja por fuera la posibilidad de una relectura más articulada e integral de la guerra y un contexto histórico más amplio que daría una relación de continuidad con el presente y que permitiría entender que la riqueza de unos es consubstancial con la pobreza de otros, y que más que causas son también formas de violencia y de violación a los derechos humanos. La misma noción de responsabilidad o culpabilidad se vería dramáticamente redefinida. Es evidente que para llegar a la conclusión citada anteriormente, los testimonios tuvieron que haber sido escuchados -y a la vez no escuchados-, clasificados y catalogados de una forma muy específica. Y es hacia este punto, teniendo como marco de referencia lo que escuché ese día, a donde quisiera dirigir esta primera parte del texto.

La pregunta que surgió durante la sesión de aquella mañana fue ¿hasta qué punto existe una cierta incapacidad para escuchar -es decir, una especie de punto ciego auditivo- las articulaciones complejas y los reclamos históricos presentes en el acto de recordar un pasado violento a través del testimoniar? ¿Hasta qué punto la nueva reconstrucción histórica realizada por la Comisión incorpora o reinscribe esta red de silencios y jerarquías en el texto escrito?

Como parte de las consecuencias de la violencia política durante el periodo a cargo de la Comisión, la audiencia se concentró en la experiencia casi irreconocible de las comunidades indígenas y campesinas que sufrieron el conflicto. Puesto que el epicentro de la guerra entre el Estado y los grupos guerrilleros se localizó principalmente en las montañas, la audiencia pública, hasta cierto punto, tuvo la capacidad de fracturar, al menos temporalmente, esa sensación de insuperable distancia física, emocional y cognitiva que existía entre la guerra, un lugar tanto geográfico como existencial, y otros sectores de la sociedad. Tal distancia cognitiva que concibe la guerra como un problema de allá, replicó las ya clásicas dicotomías alrededor de centros organizados y periferias violentas (Bauman, 1993: 145). Fue precisamente la liminalidad de la persona desplazada, como se ha documentado sobre Colombia, hablando de un lugar caracterizado por la ambigüedad de su estatus en tanto desplazada, ni de aquí -el tugurio urbano- ni de allá -la selva o la montaña-, lo que me permitió entrever los distintos registros de sentido que constituyeron su testimonio verbal (Castillejo, 2006c).

Un día antes de la audiencia, la Comisión, junto con unas pocas organizaciones de desplazados, organizó una jornada cultural en el Centro Cívico de Lima. Su propósito fue sensibilizar e informar al público en general sobre el problema del desplazamiento en Perú -un tema que había pasado casi completamente desapercibido durante todo el conflicto- y la necesidad de enfrentar el impacto social de tal fenómeno. Fue básicamente una expresión y una puesta en escena, por así decirlo, de identidades culturales, a través de presentaciones artísticas como danzas, teatro callejero y música. Una representación de la cultura en su sentido más tradicional. Una serie de elocuentes discursos de parte de los representantes de estas comunidades también fueron incluidos en el programa general del día. La mayoría de los oradores, campesinos e indígenas de la región andina -de la sierra-, destacaron las muchas dificultades que tuvieron que soportar durante el proceso de expulsión⁴.

Este evento cultural, que yuxtaponía imágenes de indígenas presentando, en el sentido teatral, sus costumbres e identidades mientras los discursos de los líderes comunitarios aludían a esta falta de reconocimiento, eran escenificados para una audiencia general de transeúntes. En cuanto a la gente que estaba observando este evento y que tomaba unos minutos para observar, éste se interpretó como un acto de testificación que amalgamó -en una sola palabra, desplazado, y en formas casi irreconocibles- distintas categorías de seres humanos: comuneros, indios, cholos, mestizos, víctimas, campesinos y los procesos históricos a través de los cuales estas categorías han sido socialmente constituidas⁵.

Esta amalgama de categorías ciertamente puede ser vista como una consecuencia de la diversidad en el origen cultural y geográfico de las comunidades desplazadas. Cada una de ellas tiene su propia genealogía. Sin embargo, más que aparentes confusiones categoriales, la noción de desplazamiento, puesta en escena durante este evento, articula diferentes historias de opresión que, en general, han permanecido al margen de la sociedad peruana, a pesar de su obviedad. Ellos, los desplazados, son percibidos y estigmatizados por las comunidades receptoras que los ven como una masa de desconocidos que personifican el peligro, la ambigüedad, el atraso y la ignorancia. Son un reservorio de "lo otro" y, en este sentido, parecen habitar un no-lugar. Al mismo tiempo, estas representaciones hablan del complejo proceso de la inserción urbana y la reubicación comunal, ya que estas personas tratan de reconstruir un proyecto de vida. Esta experiencia de no tener un sitio, en el sentido metafórico y literal, de no ser bienvenido, es el mismo centro de sus demandas sociales. En este sentido, salvo la magnitud y algunas especificidades, no hay muchas diferencias con las poblaciones desplazadas en Colombia (Castillejo, 2000).

En un registro interpretativo diferente, me parece que las demandas de reconocimiento que emanan de las declaraciones pronunciadas durante la audiencia y los eventos culturales que la precedieron también articulaban una clase particular de voz que combinaba, quizás de forma más clara, el presente y el pasado, las ansiedades actuales y las expectativas hacia el futuro. Este evento, en un país donde el quechua es también un idioma oficial -aunque el español sea el idioma de la burocracia gubernamental-, la frase "nosotros existimos" -pronunciada en quechua y repetida en español- ciertamente expresa, como se ha planteado, la realidad de las poblaciones desplazadas y su situación actual, pero también tiene, a mi modo de ver, un peso histórico de mayor profundidad. Fue la violencia -en un sentido muy específico y durante un periodo particular, entre 1980 y 2000- la que le permitió a la Comisión la posibilidad de existir. Es decir, su nacimiento institucional está, tristemente, unido a la destitución de otros seres humanos. Sin embargo, esta violencia originaria, que define las posibilidades de lectura del pasado, rebasa este periodo, dado que otras violencias, por decirlo así, y otros desplazamientos han sido parte de ese pasado y han definido el presente.

Fue precisamente en los sutiles detalles de aquellos discursos que esta necesidad de reconocimiento adquirió un tono más complejo y, yo sugeriría, una temporalidad distinta. "Nosotros existimos" hablaba de un pasado muy distante, anterior a 1980, en el idioma del presente -la verdad, la justicia, la reconciliación y el desplazamiento forzado-, refiriéndose a la vez al mismo presente. La noción de voz se volvió entonces más difícil de comprender, menos autoevidente. Su significado iba más allá de la simple afirmación, más allá de la narración, más allá de la declaración, rebasando los límites de las categorías legales que de alguna forma las enmarcaba en un topos específico de enunciación. Fue la convergencia de estos ejes, mutuamente constituyentes, personales y colectivos, anclados en una multitud de temporalidades -en el pasado colonial, en los años de guerra o en el hecho de que América es un continente de indios desplazados, y en Perú, de muertos-, la que permitió vislumbrar la profundidad histórica de la palabra.

Pero esta posible profundidad histórica, aunque en este texto por razones de espacio no sea más que una invitación a pensarla, se ve desvirtuada a través de la exclusión normalizada, de la invisibilidad, en el sentido más cotidiano. Recuerdo cuando les hablaba a los transeúntes acerca de las reuniones organizadas por la Comisión de la Verdad con ocasión de la audiencia pública: "Esos indios quejándose de nuevo. Si ellos se sienten tan aislados en las montañas o en la selva, es porque ellos se aferran a sus costumbres tradicionales", replicaba el ciudadano malhumorado. Esta persona particular fue un buen ejemplo de alguien incapaz de escuchar, culturalmente sordo y parcialmente ciego. Sólo que, en este caso, el punto ciego era un ser humano y su historia. Su respuesta expresa otra ironía, además de culpar al indígena y al empobrecido campesino, y es la de ser partidario de su propia miseria y desolación.

Quisiera dejar algunas cosas claras. Una, existe una complejidad inherente al ejercicio de escuchar que plantea la dificultad de asir la densidad semántica e histórica de una frase. El problema no es darle una voz al otro, como reza el argumento neocolonialista, sino recalibrar la capacidad propia de escuchar con profundidad histórica. Adicionalmente, oír o escuchar está determinado por el contexto de enunciación que le impone unos límites a ese escuchar e incluso a ese decir. Cuando una comisión realiza estadísticas de violaciones de derechos humanos, guiada por el horizonte de una transición, la verdad y la reconciliación producen un abismo epistemológico, una incapacidad que imposibilita leer más allá de los límites impuestos por la definición. La violencia enunciada y definida dentro del recinto es diferente, aunque consubstancial, con la que se enunciaba fuera de él: entre estas dos hay varios abismos, varias formas de ininteligibilidad, varias traducciones. La experiencia de la persona es traducida a otro lenguaje, por así decirlo, en donde esa profundidad se diluye en el presente. Pero para ver este fenómeno, que requiere de un mayor entramado, quisiera recorrer muy brevemente los corredores del régimen del apartheid en Sudáfrica, particularmente en lo que respecta al tema del desplazamiento.

Consignación, legibilidad y desaparición

Quiero realizar esto mediante la discusión de lo que es o podría ser un archivo y lo que el proceso de archivar implicaría, es decir, localizar y nombrar el pasado, además de permitir pensar las condiciones de posibilidad o imposibilidad de un futuro, en el momento mismo de esta enunciación. Sobre esta base, primero quiero mirar las relaciones entre la ley, la violencia y la víctima en el contexto sudafricano de la Comisión de la Verdad, un contexto que tuve la oportunidad de conocer de cerca. Aquí lo que quiero mostrar es que, incluso en un caso que se ha convertido en ejemplo icónico de justicia de transición, el gran ausente en las discusiones sobre reparaciones es el desplazamiento interno forzado.

Nombrar la violencia

Saliéndome por el momento de esta idea de archivo como depositario, permítanme entonces aventurar una definición de este archivar para así clarificar esta idea. Archivar nos habla de una serie de operaciones conceptuales y políticas por medio de las cuales se autoriza, se domicializa -en coordenadas espaciales y temporales-, se consigna, se codifica, y se nombra el pasado en tanto tal. Este ejercicio es esencialmente análogo al ejercicio de producir un mapa.

Con esta definición, mi interés no se centra únicamente en el contenido de aquello que se recuerda o se silencia, sino en el proceso social y político a través del cual se recuerda lo que se recuerda y se olvida lo que se olvida; es decir, las condiciones que posibilitan identificar un cierto lugar -en el tiempo y en el espacio, tanto discursivo como geográfico- como "archivo", como arkhé, según su etimología griega, como origen, como principio, como autoridad.

Archivar implica pues nombrar ese pasado, codificarlo por medio de una serie de conceptos y regímenes de clasificación, y unificarlo en un corpus interpretativo. En este sentido, nuestra relación con el pasado es análoga a la relación que el mapa tiene con el territorio. Así, cuando hablamos de violencia, el término "reparación" implica hablar de un mapa conceptual que ilumina tanto como oscurece. En otras palabras, hablar de "reparación" implica nombrar, codificar y consignar la violencia de una manera muy particular.

Sudáfrica, la Ley y la víctima

En el prefacio a la Ley de Unidad Nacional y Reconciliación de 1995 -la reglamentación que dio origen a la Comisión Sudafricana para la Verdad y la Reconciliación-, la centralidad de la clarificación factual fue establecida claramente desde el comienzo. Uno de los objetivos de la Comisión era, y lo cito extensamente:

Permitir la investigación y el establecimiento de una imagen lo más completa posible de la naturaleza, causas y extensión de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el periodo de marzo de 1960 y mayo de 1994, dentro o fuera de la República, que emana de los conflictos del pasado, al igual que el destino y ubicación de las víctimas de dichas violaciones. Es necesario para establecer la verdad en conexión con eventos pasados -develar- los motivos y las circunstancias en las cuales estas graves violaciones a los derechos humanos han ocurrido.

La Comisión estableció una serie de mecanismos que permiten dilucidar dicha imagen del pasado del país bajo el régimen del apartheid. Por una parte, un proceso de investigación y corroboración -suscitado por los testimonios de las víctimas y realizado por la unidad de investigación- que colaboraba en localizar y "mapear" ciertos incidentes dentro de unas coordenadas generales de violaciones de derechos humanos definidos por el mandato de la Comisión. Este mandato no sólo identificó actos específicos como violaciones -basados en un sentido específico del término "violencia"-, sino que también restringió y definió el horizonte de la investigación al desconectarla de una serie de relaciones de causalidad que hubieran podido explicar, por ejemplo, las interrelaciones históricas entre el apartheid y el uso que el régimen hizo de otras formas de violencia.

Este proceso de recolección, que oscilaba entre lo fáctico-jurídico y lo testimonial, creó un saber especializado y legitimado socialmente: una cartografía del pasado que se realizaba sobre la base de unos conceptos transversales y unos presupuestos que estructuraban las ideas de "agenciamiento" histórico, violencia, dislocación social, y las presentaba en formas particulares a través de tablas estadísticas de violaciones segmentadas por regiones, ciudades, agrupaciones militares y patrones de violación.

Estos dos mecanismos, que se basaban en dos conceptos de lo que constituyen las "fuentes", en un sentido epistemológico, fueron el fundamento que permitió no sólo el prospecto de la restauración de la verdad, sino la producción de un conocimiento sobre el pasado y la viabilidad de articular el lenguaje de la reparación.

Este procedimiento redujo la historia sudafricana de los últimos cuarenta años a una relación de patrones de abusos de derechos humanos en donde se situaban víctimas, en el sentido definido por la Ley, y se localizaba la culpabilidad en perpetradores de dichas violaciones. Cuestiones relacionadas con la historicidad del apartheid como una experiencia compleja que actúa sobre el ser humano en múltiples registros subjetivos no hicieron parte, por razones epistemológicas, del Reporte final. La Comisión no investigó la violencia inherente al refuerzo permanente y diario de las leyes de segregación raciales establecidas desde la década del cincuenta. Tampoco indagó sobre las condiciones objetivas para la producción de la experiencia y la subjetividad como una manera de aprehender la naturaleza sistemática del apartheid, como un sistema legalista de segregación racial a través del cual se cristalizaba la explotación económica, la dominación política, las causas centrales que llevaron a muchos africanos negros a enfrentar militarmente el régimen neocolonial.

Así mismo, la perspectiva del mandato constitucional de la Comisión difícilmente permitió un examen detenido de los fenómenos de violencia política y sus efectos más allá de las definiciones limitadas de la Ley de Unidad Nacional, violencias que eran consubstanciales con los pilares teóricos del sistema racista, como la idea de desarrollo separado. La indagación dejó por fuera la distribución social del dolor y del sufrimiento colectivo, a través de la dislocación social, el desplazamiento forzado, la apropiación de la tierra y la riqueza y, en general, la experiencia de un sistema avasallador que buscaba, para mantener los privilegios de algunos pocos, regular incluso las dimensiones más íntimas del ser humano. Las experiencias de un sistema injusto, cuya violencia no se centraba en la espectacularidad de la muerte masiva sino en el rastro invisible que el poder inscribe, no fueron, teóricamente hablando, parte del conocimiento y la historia producida por la Comisión.

Entre 1950 y 1960, como parte del proyecto de ingeniería social concebido por los teóricos de la segregación total, el gobierno nacionalista hacinó el ochenta por ciento de la población en el diez por ciento del territorio nacional, a través de un programa masivo de desplazamientos forzados. Las consecuencias se sienten aún hoy, generaciones después, en los barrios polvorientos y miserables, y las localidades segregadas que fueron asignadas para albergar africanos. En total estamos hablando de millones de personas cuyas vidas fueron irreversiblemente fracturadas. Estas experiencias de violencia no hicieron parte del conteo estadístico de violaciones, ni se convirtieron en víctimas oficiales de este proceso investigativo. El reconocido politólogo ugandés Mahmood Mamdani lo plantea de la siguiente forma:

La injusticia ya no es la injusticia del apartheid: desplazamientos forzados, leyes de flujo, familias partidas. Por el contrario, la definición de injusticia ha sido limitada a los abusos dentro del marco legal del apartheid: detención, tortura, y asesinato. Las víctimas del apartheid ahora están estrechamente definidas como aquellos militantes victimizados en su lucha contra el apartheid, y no aquellos cuyas vidas fueron mutiladas en la red de regulaciones que era el apartheid. Llegamos a un mundo en el cual las reparaciones son para los militantes, aquellos que sufrieron la cárcel o el exilio, pero no para esos que sufrieron los trabajos forzados y los hogares destruidos (1997: 23).

Esta depuración de la experiencia colectiva, en detrimento de una historia más integral de proceso sudafricano, este amaestrar lo sistémico en el momento mismo de su enunciación y apropiación en el lenguaje jurídico-legal durante el proceso de recolección testimonial y su análisis subsiguiente, finalmente se cristalizó en la narrativa histórico teleológica del Informe final. El informe es un relato unilineal que describe, en términos de muertos y torturados, el tránsito de la oscuridad y la inmoralidad del pasado a la luz del porvenir. La prerrogativa técnica y política que requería el descubrimiento de patrones generales de abusos nunca puso seriamente bajo la lupa el fenómeno llamado apartheid, el centro mismo y la causa de la confrontación política por más de cuatro décadas. Esto llevó a que la culpabilidad penal cayera sobre perpetradores específicos por haber cometido crímenes motivados políticamente, dispersando la responsabilidad política que tendría la parte de la sociedad que se privilegió del sistema. El Informe describe un proceso de violencia, lo cuantifica, pero no da razón ni explicación de él. La historia oficial, a la que el estudiante de colegio vuelve para leer su pasado, es una historia con unos enormes silencios. A través de la Comisión, podemos entender lo que el apartheid hizo en casos específicos, pero no lo que en el fondo era.

Producto de la investigación llevada a cabo por la Comisión Sudafricana para la Verdad y la Reconciliación emerge la siguiente cifra: veintidós mil víctimas de graves violaciones a los derechos humanos; es decir, veintidós mil personas que directa o indirectamente fueron maltratadas, torturadas o asesinadas por los conflictos políticos del pasado. Éstas serían las personas que a partir de 2005 recibirían de parte del gobierno central las reparaciones.

Por supuesto, esto fue posible para quienes fueron clasificados como víctimas por la Comisión. En este sentido, si el tejido urbano es también el tejido del recuerdo, las ciudades sudafricanas están talladas con los rastros de los crímenes que la misma Comisión indexó como provistos de centralidad histórica: los Siete de Gugulethu, el Alzamiento de Soweto, la Masacre de Shapeville, entre muchos otros eventos. Por supuesto, hay en esta cartografía urbana aún incontables silencios. Pero lo que me interesa de las reparaciones no son las políticas oficiales que, inmersas en el evangelio transnacional de la reconciliación y el perdón, circulan globalmente. De hecho, en el contexto de esta circulación, el discurso público sobre el tema separa verdad, justicia y reparación.

Sin embargo, lo que más me llama la atención, en un segundo registro, son las reparaciones de aquellos quienes no tuvieron derecho a recibirlas. Estamos hablando de más de dos millones de personas que fueron trasladadas forzosamente y sectorizadas en virtud de su color de piel. Como se ha mencionado, esta población no hace parte del conteo oficial. Este hecho ha tenido dos efectos fundamentales en cuanto al tema de la reparación. Por un lado, ha obligado al gobierno a emprender procesos de reparación colectiva que esencialmente se reducen al mejoramiento de la infraestructura en las localidades segregadas. Por ejemplo, en los últimos años de la década de los noventa, más de cuatro millones de llaves de agua potable, al igual que tendidos de redes eléctricas y de alcantarillado fueron instalados en estas localidades. Por un tiempo, esto fue leído como parte del proceso global de reparación. Infortunadamente, la dinámica de la economía sudafricana, cuyo proceso de liberación económica ha producido más pobres de los que había, pone en tela de juicio esta noción de la reparación colectiva, una reparación que no desestructuró las relaciones de poder económico que han existido desde el periodo colonial y que aún hoy día definen la vida de muchos. La transición política y una concepción particular de reparación dejaron ese poder intacto.

Para muchos ciudadanos, reparar la sociedad implicaba, precisamente, socavar el fundamento de esta apropiación del territorio. De este universo de desposeídos endémicos e históricos, por supuesto, nace todo el movimiento de los "sin tierra" y todas las iniciativas de restitución violenta que se han dado en el país en los últimos años: masas de pobres que quieren reapropiarse de lo propio, incluso si eso implica liquidar los propietarios y herederos del sistema colonial, como pasa en la región de Natal.

El mapa, el pasado y el archivo

Quiero terminar esta sección con una pregunta que me surgió luego de una lectura desinteresada de la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué implica, para un país como Colombia, unas operaciones conceptuales que producen un pasado centrado en un mapa conceptual del que han sido desterradas -o al menos no es muy clara su presencia en la letra menuda de la Ley- las ideas de un conflicto político? ¿Qué clase de causalidad histórica emerge de esta dinámica? Unas operaciones conceptuales que cartografían el pasado -y el presente- como un enfrentamiento entre grupos armados "al margen de la ley" y con una definición de víctima y de violencia tan amplia y a veces tan despolitizada que navega casi en la indefinición. ¿Qué concepciones del daño, de la responsabilidad y, por tanto, de la reparación pueden emerger de un modelo así? Despolitizar la guerra implicaría decir que el desplazamiento forzado es el efecto de agrupaciones ilegales en disputa -en este punto, "maras", pandillas, bloques o frentes resultan categorías casi indiferenciables-. ¿Qué clase de archivo se produce y legitima en el momento de su recolección y qué clase de silencios se están labrando? A mi modo de ver, aquí no sólo hay que restaurar un daño, sino el pasado, el presente y especialmente el futuro. La estructura de la Comisión, las formas de recolección de información, las maneras como definía la violencia determinaron las condiciones para la presencia o la ausencia de la palabra, del testimonio como artefacto político, convirtiéndolo, en esta reducción, en parte de un proyecto político.

Epílogo: Colombia y el fetichismo de la palabra

Además de la gran envergadura política y mediática, la propia puesta en escena del evento hablaba de su importancia. Sonido estéreo, traducción simultánea para los invitados internacionales, pantalla gigante que mostraba escenas de muerte y carros bomba, mientras los conferencistas hablaban.

Fueron dos días intensos sin duda, pues además de escuchar una gran cantidad de testimonios sobre el terrorismo, el escenario era compartido por multitud de soldados colombianos y civiles sin piernas y sin brazos, en sillas de ruedas, muletas y cojeando. No cabe duda de que la guerra, en cualquiera de sus dimensiones existenciales, deja marcas sobre el cuerpo. Como su nombre lo indica, el Congreso estaba dedicado a la víctima del terrorismo, a escucharla y a crear junto con ella una comunidad de dolor y un lenguaje para hablar de su propia experiencia. El evento además ocurría en un momento en el que el proceso de desmovilización paramilitar estaba cobrando mayor legitimidad, especialmente en las instancias institucionales que eran las que le daban su momentum. Tomando en cuenta que el vicepresidente de la República de Colombia abrió el congreso con una presentación de su propia experiencia de secuestro, y el presidente Uribe lo cerró, no cabe duda de que este evento respaldaba una política institucional, severamente cuestionada por otros sectores, se puede decir, por otro tipo de víctima, por la sociedad colombiana. El primer día estuvo esencialmente dedicado a víctimas internacionales, quienes fueron presentadas apropiadamente y tuvieron gran cantidad de tiempo para hablar. Las víctimas nacionales, por supuesto, se aglutinaron en las dos últimas horas de la jornada que culminaba hacia las ocho de la noche. Ese día hablaron cinco testimoniantes relacionados con los eventos del 11 de septiembre en Estados Unidos, dos expertos del National Institute for the Prevention of Terrorism, dos representantes de Irlanda, el padre de dos sobrevivientes de la toma de la escuela en Rusia, dos parientes de víctimas de una bomba en Yakarta. Colombia apareció al final, con Bojayá, Machuca, Carmen de Chucurí, Club el Nogal, Urrao, Alto Naya. En estos casos, a diferencia de los otros, no hay nombres que identifiquen a las personas. Al día siguiente, a excepción de dos hijos de desaparecidos durante las dictaduras del Cono Sur, el evento giró fundamentalmente alrededor de las bombas de marzo 11 en España.

Varias cosas quiero resaltar. La primera es el contexto de enunciación. Nuevamente la presencia de la experiencia vivida de la muerte hace parte del andamiaje moral que se desplegó dentro del evento. La legitimidad del proceso con el paramilitarismo se veía sustentado en la medida en que se pudiera demostrar la maldad del enemigo. Evidentemente, los ejemplos en los que las guerrillas colombianas se tenían por responsables eran de tal magnitud, que voces de perdón se escucharon hacia aquellos que, a pesar de sus tácticas, veían a las autodefensas como parte de la línea de defensa contra las FARC. Sobra decir que de los muy conocidos casos de matanzas paramilitares a finales de la década del noventa, no había ningún representante. Segundo elemento interesante es que, en buena medida, el evento giraba masivamente en torno al eje Washington-Madrid y al terrorismo islamita, como el mismo Aznar lo calificaba. Sin embargo, Colombia parecía pues parte de la doctrina oficial antiterrorista, que en círculos norteamericanos significa que los terroristas son todos iguales, son maníacos, locos o degenerados morales, como afirmó uno de los expertos. Las explicaciones históricas o contextuales son excusas. Se puede decir que así como el terrorismo es un mal transnacional, la víctima también lo es. Esto me lleva al siguiente punto, que es una consecuencia lógica de lo anterior. Todos los testimonios citados carecían por completo de contexto histórico. Eran narración tras narración, sufrimiento. El único marco temporal posible estaba delimitado por los eventos mismos, ocurridos durante los últimos cinco años.

El problema con todo esto es que el testimonio, como artefacto de legitimación, puede ser utilizado en una variedad de escenarios, incompatibles unos con otros. El dolor aparece presentado como si fuera un cataclismo repentino, como si no hubiera condiciones nacionales y globales que convierten la muerte en una posibilidad. En este sentido, el marco temporal y la cartografía de la guerra y la muerte en el que estaba inmerso dicho testimonio, nos definía lo que podría llamarse terrorismo. Resultaba particular que, en el caso de Colombia, no había memoria de nada antes del 2000. Con eso, los cientos de asesinados de la Unión Patriótica fueron doblemente asesinados. La víctima es una víctima abstraída de cualquier contexto histórico y, en este sentido, se diluye la responsabilidad que la sociedad en general puede o no tener en cuanto a las condiciones de vida de un país. De esta manera, el evento construía un solo lenguaje para hablar de la muerte, lo legitimaba a través de los medios, fracturaba el pasado histórico y lo establecía como un régimen de verdad. El evento era una réplica, en diferentes registros, de una comisión de la verdad. El problema es que si se escribiera un informe final sobre la base de esta recolección, no cabe duda de que tendríamos una versión muy peculiar de la historia colombiana. Casi se podría afirmar que, antes de 2000, Colombia era un país pacífico. Eso con seguridad, antes que acabar con la posibilidad de la guerra, la extendería otro siglo más.

De ahí la vital importancia de mirar con cautela iniciativas de reconstrucción histórica, de los límites que la definen, de las formas de recolección e interpretación del pasado, en general de todo eso que hemos llamado la comisión de la verdad. En este sentido, hay que mirar las leyes que decretan sobre el pasado, que producen eventos y desaparecen otros. Estos serán los documentos y los archivos de los futuros investigadores, historiadores, etcétera. Ante la reciente marea de leyes para permitir desmovilizaciones, leyes que inscriben el pasado y el futuro, resulta muy particular el silencio de muchos historiadores alrededor de la producción del archivo y, por lo tanto, del pasado. La sola presencia del superviviente no asegura que su voz no sea, paradójicamente, doblemente secuestrada.

Comentarios

² La masa bibliográfica, que con frecuencia terriblemente apologética y evangelista, se da largas describiendo las experiencias de aquí y de allá, es tan vasta que ya parece una industria cultural y editorial, una verdadera industria del "nunca jamás" que permite sostener toda una tecnocracia internacional y local de consultores permanentes, observadores, consejeros, especialistas en transicionalidad, centros de investigación y programas de estudio.

³ Gracias a una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca y del Institute for Justice and Reconciliation en Sudáfrica, donde fui investigador visitante entre 2001 y 2003, tuve la oportunidad de fungir como observador internacional y consultor del proceso que se desarrollaba en Perú a finales de 2002. El propósito era hacer un seguimiento del tema del desplazamiento forzado y de las audiencias públicas, dos temas que han hecho parte de mi trabajo tanto en Sudáfrica como en Colombia, con miras a informar a los financiadores internacionales acerca las audiencias y del desarrollo de la mismas, al igual que facilitar el proceso. En este texto utilizo el título que di a uno de los informes que fueron presentados ante el gobierno danés.

⁴ La tipología del desplazamiento, según la Comisión, se puede resumir de la siguiente manera: aquellas comunidades de comuneros o campesinos e indígenas que se han insertado definitivamente en un nuevo medio social; retornantes: que son aquellos que están en proceso de reinserción y regresan a su lugar de origen, y aquellos que están en proceso de reubicación y no se encuentran en sus lugares de origen (Truth and Reconciliation Commission, 1998: 642).

⁵ Aún en la actualidad se puede percibir la normalización de estas dicotomías como la existencia de jerarquías dentro de las diferentes jerarquías entre las comunidades indígenas de la sierra y la selva. Es decir, la diferencia que se establece entre los quechuas y los aymaras, hablando de comunidades que viven en las montañas andinas -el gran territorio del emperador inca-, particularmente en lo que hoy se conoce como el Cuzco y Huancavelica, entre otros sitios, y las comunidades indígenas que viven en poblados más pequeños dispersos a través de la selva húmeda tropical amazónica -particularmente Loreto, Junín y Amazonas- que representan alrededor de cincuenta y cinco grupos etnolingüísticos. Esta clasificación se basa ciertamente en la localización ecológica: los grupos se definen por su contexto ambiental. Aún parece que hay grados de olvido, dado que los indios de la selva no comparten la misma clase de capital simbólico concedido a los incas y sus descendientes en las montañas, cuyas ruinas son una prueba evidente de su gloria. La selva, por otra parte, transmite imágenes de otro mundo, de diferencia radical -al menos desde el punto de vista de los urbanistas eurocéntricos-. En su significado social, la selva denota la supervivencia de la naturaleza más adaptada, en su pura y cruda realidad, y la fiereza indómita.

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