ARTÍCULOS

Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta¹

Armed conflict in Colombia: analyzing the economic, social, and institutional causes of violent opposition

Conflito armado na Colômbia: análise das causas econômicas, sociais e institucionais da oposição violenta

Universidad de Miami, Miami, EE.UU. Yaffe35@aol.com

Artículo de revisión recibido el 30/06/11 y aprobado el 03/10/11

RESUMEN

Este artículo presenta una revisión bibliográfica de las causas del conflicto armado colombiano. Su objetivo principal es entender por qué ha ocurrido una reducción desigual en los niveles de conflicto violento a través de las regiones del país, en el período 2003–2010. Analiza las causas económicas, institucionales y sociales, así como los debates teóricos vigentes. Se concluye que es precisamente la múltiple causalidad del fenómeno colombiano lo que lo hace tan complejo, razón por la cual los estudios encaminados a analizar la variación en el conflicto violento deben incorporar todas las variables causales y perpetuadoras del mismo.

Palabras clave: Conflicto armado, Instituciones, Estado colombiano, Recursos saqueables, Desigualdad

ABSTRACT

This paper offers a review of the literature dealing with the causes of the Colombian armed conflict. Its key objective is to discuss why the reduction of the levels of the conflict–related violence was unequal in various parts of the country between 2003 and 2010. The author addresses economic, institutional, and social causes as well as embraces the ongoing theoretical debates on the issue. The paper affirms that it is precisely the diversity of the causes that makes the Colombian conflict such a complex one, and that any related study must address all of the causal variables and perpetuating factors involved.

RESUMO

O artigo apresenta uma revisão bibliográfica das causas do conflito armado da Colômbia. Seu objetivo principal é compreender por quê ocorre uma redução diferenciada entre as regiões do país quanto à intensidade do conflito violento, no período 2003–2010. Analisam–se tanto as causas econômicas, institucionais e sociais quanto os debates teóricos vigentes, concluindo que a causalidade múltipla do caso colombiano torna–o um fenômeno complexo demais e que, portanto, as pesquisas sobre a variação do conflito violento devem incorporar todas suas variáveis causais e aquelas que contribuem para sua perpetuação.

Palavras–chave: Conflito armado, Instituições, Estado colombiano, Recursos exploráveis, Desigualdade

Introducción

Desde la década de los sesenta Colombia se halla inmersa en un conflicto armado² que involucra múltiples actores: las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha, los narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil.³ Los orígenes de la actual insurgencia se remontan al período conocido como ''La Violencia'', una guerra civil que tuvo lugar entre 1946 y 1966; durante esta sangrienta etapa el país estuvo radicalmente dividido en su apoyo a los partidos Liberal y Conservador. Desde ese período, Colombia ha sido testigo de la aparición sucesiva de guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares. Las guerrillas surgieron en la década de los sesenta, siendo las más importantes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, el Movimiento 19 de Abril –M–19–, y el Ejército Popular de Liberación –EPL. El narcotráfico, por su parte, se inició con el cultivo y tráfico de marihuana en la década de los setenta, seguido por el de cocaína en los ochenta. Los grupos paramilitares, a su vez, emergieron a comienzos de los ochenta como una forma de retaliación por parte de los narcotraficantes, ganaderos y algunos militares, quienes formaron grupos de auto–defensa para protegerse de los actos violentos perpetrados por las guerrillas. La proliferación y expansión de estos grupos –diferentes en naturaleza pero todos generadores de conflicto violento– ha sumergido al país en una ola de violencia durante más de cuatro décadas.

Sin embargo, la intensidad del conflicto armado en Colombia medido a través de diferentes variables –como el número de acciones bélicas, la tasa de homicidio y los actos de terrorismo– y con datos de diversas fuentes, ha decrecido a partir del año 2003⁴ en muchas regiones del país –ver los gráficos presentados en la sección Anexos. ¿A qué se debe este cambio? ¿Por qué el decrecimiento ha sido desigual a través de las diferentes regiones del país? Estas preguntas, aparentemente simples, no tienen una fácil respuesta por la complejidad y multi–causalidad del conflicto armado en Colombia. Un primer acercamiento para tratar de entender la disminución en los niveles de oposición violenta consiste en identificar las causas del conflicto en Colombia. Este artículo presenta una revisión detallada de la literatura que aborda estas causas, enfocándose inicialmente en la literatura general y concentrándose, luego, en el caso específico del conflicto violento en Colombia. Esta revisión literaria es un instrumento que permite avanzar hacia el estudio de las causas de la oposición violenta en Colombia, con el objetivo posterior de determinar cuál –o cuáles– de ellas sufrieron cambios en la última década y tratar, así, de establecer por qué se redujo el conflicto violento en el país, y por qué estas reducciones presentaron diferencias a nivel regional. Como se verá, no existe un consenso absoluto sobre cuáles son las causas del conflicto armado colombiano. Algunos autores enfatizan en los factores económicos y sociales; otros dan prioridad a elementos de inclusión política; otros identifican aspectos como las carencias o resentimientos, o aspectos geográficos como la naturaleza del territorio y la distancia a los centros de producción. Sin embargo, casi todos los análisis parecen coincidir en la gran importancia de los factores institucionales y de presencia estatal, los cuales se cubren ampliamente en esta revisión.

Un acercamiento inicial a revisar las causas del conflicto violento en Colombia permite sentar las bases para estudios posteriores que determinen cuáles de estas causas han sufrido modificación en el período 2003–2010, ocasionando los cambios positivos –reducción en los niveles de conflicto violento– que se han presentado. A nivel normativo y de diseño de políticas, el entender las causas de las diferencias en los niveles de oposición violenta puede convertirse en un importante instrumento de planeación estratégica, con el objetivo final de replicar, y mantener, la reducción en los niveles de conflicto violento en las décadas futuras.

La literatura ofrece varios enfoques alternativos para explicar los fenómenos de conflicto interno y guerra civil. Quizá el debate más importante se presenta entre quienes sostienen que la violencia es el resultado de factores económicos y aquellos que afirman que los conflictos internos se originan en variables tales como las instituciones, el tipo de régimen, la presencia Estatal y la inclusión –o exclusión– política.

Un número importante de investigadores se centra en el papel que desempeñan las variables económicas en el conflicto interno. Dos teorías compiten para proveer una explicación: una centrada en el resentimiento,⁵desigualdad e injusticia (Gurr, 1970; Ballentine y Sherman, 2003) y la otra basada en la codicia⁶ (Collier, 2000; Bates, 2008). La primera perspectiva vincula el conflicto interno con las desigualdades socioeconómicas, la exclusión de ciertas regiones, la discriminación de ciertos sectores de la población, etc. En consecuencia enfatiza en la importancia de los resentimientos e injusticias sociales y económicas como causas de conflictos violentos. Dentro de estas teorías centradas en el resentimiento, una de las más importantes es la noción de ''privación relativa'', la cual encuentra sus orígenes en el trabajo de Gurr (1970), quien la define como la discrepancia entre lo que las personas piensan que merecen, y lo que realmente alcanzan. Su hipótesis plantea que ''el potencial para la violencia colectiva varía sustancialmente con la intensidad y el alcance de la privación relativa entre los miembros de una colectividad'' (Gurr, 1970: 24).

La segunda perspectiva, basada en la codicia, realza el papel de los incentivos financieros para fomentar la rebelión. Esta literatura hace énfasis en los efectos de las rentas públicas y los recursos naturales, argumentando que éstos juegan un papel fundamental en desencadenar y sostener la violencia política. Bates (2008) y Collier y Hoeffler (1998, 2004), han encontrado que las evidencias favorecen los argumentos basados en la codicia sobre aquellos basados en la injusticia y la desigualdad. En su planteamiento las raíces de los conflictos armados no se encuentran en los resentimientos y desigualdades socioeconómicas, como se creía, sino en los intereses económicos de algunos grupos en conflicto. Adicionalmente, en las sociedades prevalentemente pobres se pueden reclutar fuerzas armadas irregulares a bajos costos; en consecuencia, los actores sociales desafían la autoridad estatal con el fin de apropiarse de los recursos ''saqueables''. Blattman y Miguel (2010) coinciden con este argumento planteando que –aunque comúnmente se sostiene que el resentimiento y la desigualdad son las principales causas de conflictos internos– esta relación de causalidad directa entre pobreza y conflicto debe ser reconsiderada. En realidad, los conflictos internos tienen consecuencias devastadoras sobre la calidad de vida y la salud, lo cual debilita el argumento de causalidad directa y de sentido único entre pobreza y conflicto social. De manera similar, Hardy (1979) y Weede (1981) desafían la conexión entre desigualdad y violencia, argumentando que esta relación desaparece cuando se controla el nivel de desarrollo económico.

El debate entre las teorías que asocian las causas del conflicto con factores de resentimiento y aquellas que lo asocian con factores de codicia adquiere una dimensión adicional con estudios como los de Ballentine y Nitzchke (2003), y Ballentine y Sherman (2003). En su análisis de diversos casos de conflictos armados en países en desarrollo –entre ellos Colombia–, concluyen que, aunque la pugna por el acceso a recursos económicos puede ser un elemento perpetuador de los conflictos armados, no es la causa principal de su surgimiento. Estos autores coinciden en afirmar que el origen de los conflictos violentos se encuentra en los resentimientos generados por la mala administración de los recursos, por la desigual repartición de las riquezas derivadas de estos recursos, y por las políticas gubernamentales que impiden que muchos sectores se beneficien de estas riquezas. Esta perspectiva no sólo desvirtúa los hallazgos de Collier y Hoeffler (2004), sino que incorpora un elemento importante al análisis: la necesidad de diferenciar entre aquellos factores que originan los conflictos internos y aquellos que contribuyen a perpetuarlos. Desde este punto de vista, el resentimiento y la desigualdad serían factores desencadenantes de los conflictos violentos, mientras que la codicia por el acceso a los recursos naturales y financieros contribuyen a perpetuarlos. En otras palabras, el acceso a recursos económicos lucrativos es un factor más importante para la continuación de los conflictos armados que para su aparición. Como se verá más adelante con los planteamientos de Sánchez y Chacón (2006), Pizarro (2004) y Restrepo (2006), esta teoría parece confirmarse para el caso Colombiano, en el cual, en primera instancia, el conflicto aparece originado por resentimientos y agravios y, luego, es perpetuado por la pugna por los recursos saqueables⁷ y el acceso a las finanzas públicas.

Otras teorías se enfocan en factores políticos e institucionales para explicar la aparición y evolución de los conflictos civiles. De nuevo aparecen dos enfoques compitiendo: el primero argumenta que la oposición violenta es el resultado de falta de presencia estatal e insuficiente provisión de bienes públicos. El segundo enfoque plantea que la inclusión política –incluyendo número de partidos, competencia electoral, acceso efectivo a las instituciones, etc.– es el elemento central que desencadena la oposición violenta. Goldstone, Gurr, Marshall y Vargas, (2004) han encontrado que –aunque los factores económicos afectan la estabilidad política– el impacto de tener las ''instituciones adecuadas'' sobre el riesgo de crisis políticas violentas es generalmente cinco a diez veces mayor que el impacto de los niveles de pobreza sobre la violencia. Adicionalmente, sus análisis demuestran que el tipo de régimen político es, de manera contundente, el factor dominante que dispara revoluciones, guerras étnicas y derrocamiento de regímenes democráticos. Sus hallazgos presentan el estrecho vínculo existente entre las configuraciones político–institucionales a nivel nacional –o tipo de régimen–, y la probabilidad de ocurrencia de inestabilidad política y conflicto violento. Estos estudios demuestran que tanto los regímenes democráticos fuertes como los regímenes autocráticos fuertes son menos susceptibles a la ocurrencia de oposición violenta que las democracias o autocracias débiles.

De manera similar, Fearon y Laitin (2003) argumentan que las medidas de capacidad y fortaleza institucional son robustos pronosticadores de guerra civil. Concluyen que el conflicto violento es engendrado por gobiernos centrales débiles y por condiciones sociales que favorecen la insurgencia. Su argumento central es que los gobiernos que son financiera, organizacional y políticamente débiles hacen que la insurgencia resulte más atractiva y factible, a causa de la corrupción y de la ineptitud de las prácticas contrainsurgentes. En muchos casos, estas ineficaces prácticas contrainsurgentes incluyen retaliaciones brutales e indiscriminadas contra la población civil, lo cual contribuye a que ésta termine adhiriéndose a los grupos insurgentes perpetuando así los conflictos violentos. Desde este punto de vista su análisis da prelación a los factores institucionales y de presencia estatal sobre los factores de pobreza y desigualdad.

En un enfoque que también incorpora elementos institucionales, Kalyvas (2007) plantea que existen tres factores fundamentales para la irrupción de guerras civiles: antagonismo étnico, presencia de recursos naturales y debilidad estatal. Cada uno de estos elementos incrementa el riesgo de guerra civil, especialmente en países pobres. Sin embargo la debilidad estatal –manifestada a través de gobiernos débiles, corruptos y con poca presencia institucional–, además de causar los conflictos también contribuye a perpetuarlos. Finalmente, Bates (2008) concluye que la guerra civil no es sólo conducida por factores económicos –relativos a los recursos saqueables y a las finanzas públicas–, sino también por factores políticos e institucionales. En una revisión reciente, Bates (2008) reafirma la importancia de las explicaciones basadas en codicia –por la presencia de recursos naturales ''saqueables''–, argumentando además que los mejores pronosticadores del colapso estatal no son sólo económicos sino también políticos. La naturaleza de los regímenes políticos tiene una relación más fuerte que el bienestar económico con la inestabilidad política subsecuente. Por lo tanto, la flecha de causalidad se origina a partir de las condiciones políticas y las finanzas públicas, y no a través del mercado o de las finanzas privadas. Bates plantea que:

[...] al medir los ingresos privados por un lado, y la posibilidad de colapso estatal por el otro, se encuentra que una reducción en los primeros se correlaciona con un incremento en el segundo. Pero la ruta de causalidad entre el declive económico y el derrumbe político corre, según sugiere la evidencia, a través de las finanzas públicas y no a través de las economías privadas (Bates, 2008: 5).

El caso colombiano

Al pasar de la literatura general a la particular sobre el caso colombiano, encontramos el mismo debate entre aquellos que dan prelación a las variables económicas y aquellos que atribuyen las causas de la oposición violenta a variables políticas e institucionales. Existen, igualmente, teorías centradas en elementos culturales y particularmente en el rol de la sociedad civil. Con relación a las teorías económicas, se encuentra el mismo debate entre los argumentos que enfatizan en resentimientos y desigualdad, y aquellos que se centran en codicia. Estos último son reforzados por estudios sobre recursos ''saqueables'' tales como café, metales preciosos, petróleo y coca.

Causas económicas: resentimientos y desigualdad vs. codicia

Algunos estudios iniciales se han centrado en las llamadas ''causas objetivas'' para explicar el conflicto armado. Según esta aproximación las desigualdades socioeconómicas, la exclusión y discriminación de algunos sectores, y la injusticia, generan resentimientos o carencias –en inglés grievances–, las cuales serían las principales causas de la inconformidad y el conflicto en el país. Sin embargo, estudios recientes parecen demostrar que esta hipótesis no encuentra sustento en Colombia. Según Gómez (2001), existe una correlación –pero no una relación de causalidad directa– entre desigualdad y conflicto violento, ya que otros países tienen una distribución de ingresos similar a la colombiana y no tienen insurgencia armada. En su opinión, cabría más bien formular la hipótesis opuesta para el caso colombiano: la violencia es la causa de la desigualdad. En términos de encontrar explicaciones para el conflicto armado en Colombia, Gómez formula explicaciones más plausibles centradas en la codicia, y en factores políticos e institucionales.

Con respecto a la hipótesis que vincula la codicia por recursos ''saqueables'' con el conflicto armado, Sánchez (1998) ha demostrado que las áreas ricas en recursos primarios exportables se han convertido en puntos focales de confrontación, dada la importancia de controlar estas lucrativas zonas. Dube y Vargas (2006) estudian los efectos de los choques de precios externos sobre la violencia civil, en más de mil municipios de Colombia. Sus hallazgos demuestran que un aumento en el precio internacional del café –el producto colombiano intensivo en mano de obra más importante para exportación– reduce significativamente la violencia en las regiones productoras de café. En contraste, un incremento en el precio internacional del petróleo –un importante producto de exportación intensivo en capital–, incrementa la violencia en regiones con oleoductos y reservas petroleras. De manera similar, los incrementos en el precio internacional de la cocaína incrementan la violencia en las zonas productoras de coca. Las diferencias parecen explicarse a través de la distribución de rentas: a medida que el precio de los recursos ''saquables'' aumenta, el efecto sobre la violencia se transmite, como un patrón, sobre la distribución de rentas. Por lo tanto para la producción de café –en la cual los beneficios por aumentos de precios se distribuyen de manera más equitativa–, un aumento en el precio reduce los niveles de violencia; en el caso del petróleo y la coca –donde los beneficios y rentas adicionales tienden a concentrarse más–, los incrementos de precio se asocian con aumentos en los niveles de violencia. Dado que la coca es un cultivo lucrativo, los diferentes grupos armados luchan frecuentemente por el control territorial de las zonas de cultivo cocalero (Rangel, 1998).

Los estudios realizados por Sánchéz y Chacón (2006), complementados con las conclusiones de Pizarro (2004), parecen demostrar que en el caso colombiano hay una combinación de causas basadas tanto en resentimiento como en codicia. Según señalan Sánchez y Chacón (2006), si bien en un comienzo el conflicto violento pudo encontrar sus orígenes y explicaciones en variables socio–económicas –de pobreza y desigualdad, injusticia social, etc.–, posteriormente éste se explica mejor a través de variables asociadas con la codicia por los recursos naturales y las rentas provenientes de su explotación. En efecto, la actividad temprana (1974–1982) de los grupos guerrilleros centraba sus consignas en la búsqueda de mayor igualdad y desarrollo económico. Sin embargo, tras los procesos de descentralización política implementados a mediados de los años ochenta –que otorgaron mayor independencia política y fortaleza fiscal a los gobiernos locales–, la acción armada se transformó. Como lo señalan Sánchez y Chacón, desde mediados de los ochenta hasta el año 2002:

[...] la descentralización trasladó el conflicto a una disputa por el poder local, lo que se manifiesta en el uso de la violencia ya sea para apropiarse de los bienes y recursos públicos, para influenciar los resultados políticos y electorales de conveniencia para los grupos irregulares o para consolidar su dominio territorial desde lo local (Sánchez y Chacón, 2006: 349).

Esta diferenciación también se hace evidente a nivel geográfico. Al principio los grupos ilegales penetraron en regiones aisladas de los centros económicos de producción, en los cuales se podía establecer una relación entre pobreza, presencia guerrillera y ausencia del Estado. Sin embargo, desde mediados de los años ochenta la ubicación geográfica de las guerrillas se desplazó hacia regiones estratégicas, con abundantes recursos naturales y de gran potencial económico. ''La expansión de los grupos guerrilleros en las últimas décadas está relacionada directamente con el control de los polos de producción de diversas riquezas: áreas de producción y procesamiento de drogas ilícitas, zonas ricas en oro, carbón, petróleo, banano, ganadería y café'' (Pizarro, 2004:185). De lo anterior parece evidente que, en el caso colombiano, las teorías basadas en resentimientos explican mejor el surgimiento del conflicto, y aquellas centradas en la codicia explican mejor su expansión y perpetuación. El narcotráfico en Colombia, es un claro ejemplo de un elemento perpetuador –más no causal– del conflicto armado. Según señalan Restrepo (2006), a finales de 1995 el gobierno colombiano implementó una política de guerra contra las drogas que condujo al desmantelamiento de los dos principales carteles del narcotráfico Sin embargo, al perder fortaleza los carteles de las drogas, ello permitió que los grupos guerrilleros capturaran una mayor parte de las rentas originadas en el negocio. Desde este punto de vista, la derrota de los carteles de la droga pudo haber alimentado y perpetuado el conflicto.

Causas políticas e institucionales

A pesar de que existe consenso sobre la complejidad del problema de violencia en Colombia, no hay acuerdo aún sobre cuál o cuáles son las causas de este fenómeno. Quizá la única explicación que genera consenso entre los investigadores es la que se basa en la debilidad y precariedad del Estado colombiano. Refiriéndose a los factores políticos e institucionales, Uprimny (2001) examina la múltiple causalidad de la violencia en Colombia; su argumento confirma que la precariedad del Estado colombiano es el elemento clave que explica la persistencia de la violencia. Sánchez (2007) reafirma este argumento de multi–causalidad de la violencia en Colombia y precariedad estatal, planteando que la actividad armada ilegal tiene causas claramente identificables, como ''polarización política, impunidad, búsqueda de rentas, mercados ilegales, carencia de fuerza pública, disputas territoriales entre grupos al margen de la ley, etc.'' (Sánchez, 2007: 18). Restrepo y Aponte, (2009) también analizan las relaciones entre pobreza y conflicto en Colombia adoptando, para ello un enfoque institucionalista:

De acuerdo con este enfoque, las relaciones entre pobreza y conflicto en Colombia han estado mediadas por las instituciones existentes. Partiendo de un legado histórico de exclusión de las instituciones iniciales, se muestra que tales instituciones, junto con características idiosincráticas de la historia colombiana, como la lucha armada entre los partidos políticos tradicionales, los conflictos agrarios no resueltos, el apoyo externo en la guerra fría, la existencia de una fuerzas militares mal equipadas y entrenadas sin órdenes directas de proteger a los individuos y las comunidades y la descentralización ocurrida a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, dieron nacimiento y forma al conflicto armado interno y a las condiciones actuales de pobreza en Colombia (Restrepo y Aponte, 2009: 20).

Para algunos analistas la ''precariedad estatal'' se centra en la necesidad de mejorar las capacidades militares y policivas, con el fin de ejercer una autoridad más efectiva en una sociedad propensa a la violencia. Para otros, esta precariedad se refiere a las debilidades de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. Holmes, Amin y Curtin, (2006) concluyen que ''dadas las debilidades institucionales y las dificultades del terreno, históricamente Colombia ha sido incapaz de proveer una presencia estatal significativa de manera uniforme a lo largo del país'' (Holmes, et al., 2006: 159). Gutiérrez Sanín (2004) también subraya la importancia de la presencia estatal, planteando que la fumigación de cultivos ilícitos es una de las pocas manifestaciones concretas del Estado colombiano en esos territorios. Chernick (2008) coincide, concluyendo que la paz sólo puede alcanzarse en Colombia construyendo un régimen más participativo e incluyente, con presencia estatal legítima a lo largo de todo el territorio nacional. Leal (2006), a su vez, plantea que la tendencia general que ha prevalecido en el país desde el Frente Nacional ha sido la incapacidad de los gobiernos para diseñar una política de seguridad integral, con objetivos claramente definidos. Desde este punto de vista el agravamiento del conflicto es consecuencia de la debilidad estatal, la cual ha permitido el surgimiento de milicias privadas –destinadas a compensar el vacío de presencia del Estado– y el fortalecimiento del narcotráfico.

En una línea de análisis similar, Duncan (2010) expande esta noción de falta de control gubernamental sobre ciertas áreas del país. En un argumento que combina elementos económicos –presencia de recursos ''saqueables'' dentro de los cuales se cuenta la coca–, con diferencias geográficas –centro vs. periferia–, y debilidad institucional, Duncan plantea que en algunas áreas periféricas del país el Estado ha sido reemplazado, bien sea por guerrillas o grupos paramilitares, que actúan como portadores de poder no institucionales. De hecho, las luchas por el control de los lucrativos cultivos de coca entre estos grupos –denominados ''Señores de la Guerra''– incrementan la violencia en estas regiones. El resultado final de este proceso es la incorporación de criminales en la estructura de poder político, a través del ejercicio directo de las funciones del Estado. Leal (2006) refuerza la idea de penetración política de los grupos armados ilegales. Su argumento plantea que, además del tráfico de drogas, los grupos ilegales se apoyan en la apropiación violenta de tierras y el control de la población mediante el desplazamiento de campesinos, la extorsión a comerciantes, el contrabando y la penetración en una amplia gama de actividades económicas legales e ilegales. En una reacción en cadena, ''sobre esta base de poder económico se construye un poder político de alcance nacional. Su punto de partida son gobernaciones, las alcaldías, las asambleas y los consejos en la Costa Atlántica, además de la penetración en el Congreso y las instituciones oficiales'' (Leal, 2006: 539).

Por su parte, Bagley (1988) confirma el argumento de la insuficiente presencia institucional, explicando que muchos países Latinoamericanos –entre ellos Colombia y Perú, por ejemplo–, han sido incapaces de controlar su territorio nacional, o de contrarrestar los efectos de las poderosas organizaciones de narcotráfico que operan en sus fronteras. Los esfuerzos unilaterales de los Estados Unidos para obligar a estos países a participar más activamente en la lucha contra el narcotráfico han sido en muchos momentos infructuosos. Se trata de un problema de insuficiente y corrupta presencia estatal e institucional, el cual no puede ser corregido únicamente con presiones arbitrarias y unilaterales de los Estados Unidos. Richani (2002) se une a la línea institucional, presentando un argumento que explica la violencia colombiana a través de factores económicos y de debilidad institucional. Dos preguntas claves se formulan en su análisis: ''¿por qué se propaga la violencia?'' y ''¿qué tipo de configuraciones estructurales –políticas y socioeconómicas– impiden la resolución pacífica del conflicto?'' Ambas preguntas son analizadas dentro de un contexto institucional, enfatizando particularmente en la debilidad del Estado y sus instituciones. Adicionalmente, Richani hace énfasis en la importancia de analizar todos los actores involucrados en el conflicto, al igual que sus interacciones:

[...] la guerra civil no puede entenderse sin explorar las interconexiones entre los actores claves [...] o sin evaluar variables tales como contingencias, estructuras sociales, y agencias, que moldean los entornos de dichos actores y en consecuencia afectan sus comportamientos (Richani, 2002: 152).

Uno de los elementos más importantes de debilidad estatal tiene que ver con la transparencia –o corrupción– de sus instituciones. En este sentido, autores como Gaitán (1995) han concluido que ni la pobreza, ni las desigualdades, ni ninguna de las llamadas ''causas objetivas'' de violencia podrían por sí solas explicar los altos grados de oposición violenta en Colombia. En su opinión, el análisis del conflicto debería centrarse en causas institucionales, tales como la naturaleza del sistema judicial, y los altos grados de impunidad frente al crimen. De igual manera, parecería que la crisis de las instituciones en Colombia no sólo es una de las causas de conflicto armado sino, también, una consecuencia del mismo, en un ciclo destructivo que tiende a repetirse. Según plantea Rettberg:

[...] décadas de conflicto armado han dejado mella en todas las instituciones –formales e informales, oficiales y privadas– colombianas y dejarán como herencia una estructura de incentivos y prácticas que puede ser más difícil de superar que la voluntad de guerra de los actores actualmente enfrentados (Rettberg, 2010: 2).

Causas sociales y culturales

Finalmente otra línea de pensamiento se enfoca en los factores sociales, particularmente en la importancia de la sociedad civil y su impacto sobre los niveles de violencia. Algunos estudios recientes cuestionan la existencia de una ''cultura de violencia'' enraizada en el tejido social de los colombianos, según la cual existe un condicionamiento inicial en la sociedad en favor de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos políticos (Sriram, 2004: 133). Así, desde una perspectiva sociológica se explora la hipótesis de que el conflicto violento colombiano tenga sus raíces en las relaciones familiares y vecinales, y en la pérdida de valores y de cohesión, todos ellos elementos vinculados al ámbito social. Le Grand (2003) analiza el papel que tradicionalmente ha desempeñado la sociedad civil colombiana, y cuestiona cómo ésta podría conducir el conflicto a una resolución pacífica. Aunque gran parte de la literatura sobre la violencia en Colombia indica que la sociedad civil ha sido tradicionalmente fragmentada, débil y poco influyente, Le Grand plantea:

[...] una pregunta fundamental es si la violencia de los últimos 20 años ha minado los movimientos sociales y los ha vuelto insostenibles, o si, en cambio, la violencia ha generado nuevos movimientos que han resultado esenciales en la reducción de los niveles de violencia (Le Grand, 2003: 189).

Un planteamiento similar es presentado por Sudarsky (2008) quien identifica la presencia de capital social como un posible generador de cambio en las estructuras sociales y económicas, con el consecuente efecto que ello podría tener sobre el conflicto violento. La presencia de capital social se define como un resultado adicional en el logro de objetivos atribuible a las relaciones entre actores, sean estos personas u organizaciones. Sin embargo, la dificultad para realizar este tipo de análisis en Colombia reside en la ausencia de un índice confiable que permita el estudio de los componentes del capital social.

Conclusiones

¿Qué conclusiones preliminares se derivan de esta revisión bibliográfica? En primera instancia, es evidente que en los conflictos armados se conjugan complejos mecanismos de causalidad, y la mayoría de los autores atribuyen la violencia política a múltiples factores. A pesar de que anteriormente prevalecía la hipótesis basada en resentimientos y desigualdad –según la cual son las carencias sociales y económicas las que conducen a los pueblos a confrontar la autoridad estatal– existe actualmente un debate, basado en la evidencia empírica, según el cual las teorías centradas en la codicia por los recursos naturales saqueables también tienen un importante poder explicativo. Adicionalmente, parecería que, en el caso colombiano, ambas vertientes tienen poder explicativo, pero de manera un poco diferente: las teorías basadas en el resentimiento ilustrarían mejor los orígenes y raíces del conflicto, y aquellas centradas en la codicia darían mejor cuenta de su expansión y perpetuación.

Adicionalmente, los factores políticos e institucionales desempeñan también un papel fundamental para entender los conflictos violentos. Bates (2008) nos recuerda, que el tesoro público –y no las economías privadas– es el elemento central para explicar la oposición violenta. La capacidad estatal se convierte entonces en un factor fundamental para explicar la violencia, y elementos como la falta de participación política, la falta de gobernabilidad, la mala administración de los ingresos provenientes de recursos naturales, y la ausencia del Estado en partes del territorio facilitan la aparición del conflicto armado. En resumen, parece claro que la violencia no se arraiga solamente en elementos socioeconómicos, tales como desigualdad o crecimiento económico, ni tampoco en factores políticos como la naturaleza del régimen político, sino en la conjunción de varios de estos elementos. Como lo explican Blattman y Miguel (2010), la literatura ha ido madurando hasta alcanzar importantes percepciones: las guerras civiles tienen mayor probabilidad de ocurrencia en países que son pobres y ocurren después de choques negativos de ingresos; en países con un Estado débil o con instituciones estatales corruptas; con regiones periféricas escasamente pobladas, con terrenos boscosos y montañosos, y con recursos ''saqueables'' valiosos.

La revisión detallada de las causas del conflicto violento en Colombia constituye un primer paso para entender las variaciones en los niveles de oposición violenta en los últimos años. Estudios futuros deberán abordar cada una de estas causas y analizar su comportamiento, para tratar de determinar si han jugado un papel en los cambios en los niveles de oposición violenta. Dada la multi–causalidad del conflicto colombiano, la principal conclusión que se deriva de esta revisión bibliográfica es que todas las variables relacionadas con el conflicto en Colombia –sean estos factores que originan el conflicto o que lo perpetúan– deben ser tenidas en cuenta cuando se trata de analizar los cambios en la intensidad del conflicto armado en el país. Muy posiblemente más de una de las variables explicadas han sufrido modificaciones –a nivel cuantitativo y/o cualitativo– y es posible que sean los cambios conjuntos que se han presentado los que expliquen la variación en los niveles de conflicto violento en el período 2003–2010. Según afirma Rettberg:

[...] se han logrado avances importantes en la presencia institucional del Estado colombiano, que abarcan aspectos militares y de seguridad –la presencia de batallones y Fuerza Pública–, pero también en aspectos vistos como más afines a la superación definitiva de las fallas estatales, como la educación, la salud y el logro de una economía considerada atractiva y próspera por muchos inversionistas nacionales e internacionales (Rettberg, 2010: 2).

NOTAS

2 A lo largo de este trabajo se utilizan como sinónimos los términos conflicto armado, conflicto violento y conflicto interno. Todos hacen referencia, como lo señalan Restrepo (2006), al conflicto violento entre organizaciones armadas en Colombia. Los términos oposición violenta, confrontación violenta y contestación violenta también se utilizan en el mismo sentido.

3 Se considera a la sociedad civil como un actor que ha influido sobre el conflicto armado.

4 Los cálculos de Durán (2008), Restrepo y Aponte (2009) y Ministerio de Defensa (2010), coinciden al presentar el pico máximo del conflicto armado en el año 2002. A partir del año 2003 se inicia el decrecimiento en la intensidad del conflicto armado.

5 Los términos resentimientos o agravios se usan como sinónimos para referirse a estas teorías, traduciendo del inglés grievance.

6 El término codicia se utiliza para referirse a esta teorías, traduciendo del inglés greed.

7 En el caso colombiano, especialmente el cultivo de narcóticos como hoja de coca y amapola.

Referencias

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ANEXOS