Los indios y lo político: una revisión historiográfica sobre dos espacios andinos coloniales (norte de Charcas y sierra norte de Quito), siglos XVII y XVIII

Indians and Politics. Historiographical Revision about Two Andean Colonial Towns (Northern of Charcas and Sierra Norte of Quito), During 17^th and 18^th Centuries

HÉCTOR CUEVAS ARENAS
Flacso, Ecuador
hemacuar@yahoo.com

Recibido: 10 de enero de 2015
Aprobado: 16 de junio de 2015

RESUMEN

Este texto es una revisión de investigaciones etnohistóricas agrupadas con el criterio de describir y sintetizar procesos políticos, especialmente desde la perspectiva de la denominada "cultura política", en dos espacios: las zonas rurales de la sierra norte de Quito y el norte de la Audiencia de Charcas. El periodo escogido son los siglos XVII y XVIII. Aproximaciones teóricas, metodologías, temas y problemas son parte de este panorama, junto a estructuras, agencias y lo indio y la monarquía como categorías ricas y problemáticas.

ABSTRACT

This paper is a review of ethnohistorical research grouped with the approach of describing and synthesizing political processes, especially since so-called "Political culture" in two a reas: the rural zones in Sierra Norte of Quito and the north of the Audiencia de Charcas The period chosen a re the 17th and 18^th centuries. Theoretical approaches, methodologies, issues and problems are part of this synthesis, with structures, agencies and the "Indian" and "monarchy" as rich and problematic categories.

Keywords: Charcas, colony, ethnohistory, Indians, political culture, Quito.

1. Presentación

Este texto es una revisión historiográfica dirigida inicialmente hacia el cúmulo de problemas de investigación agrupados de manera genérica bajo el nombre de cultura política y relativos a los grupos indígenas rurales, sus asesores y la monarquía hispánica. El trabajo se centra en dos espacios rurales específicos del mundo colonial y se desarrolla a través de los reclamos y las rebeliones que tuvieron lugar en ellos.

Los espacios escogidos son el norte de la Audiencia de Charcas y la sierra norte de la Audiencia de Quito. Temporalmente, el análisis se concentra en los siglos XVII y XVIII, pero sin dejar de lado otros periodos cuando se considera pertinente hacer referencia a hechos y procesos que anteceden o son resultado de lo descrito a lo largo de este texto. La elección de estos espacios se debió a que cada uno ha sido objeto de un número significativo de trabajos que permiten establecer diacronías y comparaciones respecto de la práctica etnohistórica que se ocupa del mundo considerado "andino". El enfoque del texto se orienta hacia lo descriptivo y sintético, sin abandonar aspectos críticos.

Cultura política es un término muy amplio que atraviesa la dimensión cultural, ritual, simbólica y práctica, con preocupaciones propias de lo político, del orden de la legitimidad, la autoridad, la obediencia y la normatividad. Es un término surgido en el contexto de los estudios sobre la Revolución francesa (Baker, "The French"), con antecedentes en las obras de diversos teóricos como François Furet y Marc Bloch, entre otros, y que ha sido adaptado a distintos espacios, en este caso por los etnohistoriadores.

La cultura política tiene diversas tendencias: unas se encuentran en los discursos; otras, en las prácticas o en la ritualidad y la simbología (Cabrera 69-70). Es una de tantas vías de entrada para entender los procesos de adaptación, negociación, mediación y resistencia a través de los espacios institucionales y de la informalidad generada en la resolución de disputas. La dimensión política se intersecta con la dimensión cultural para entender las acciones de los indios en pro de la autonomía económica y política local, sus relaciones con el cuerpo político, junto al acceso diferenciado a tierras y a la protección jurídica. Estas acciones se ven en documentos judiciales, donde se hizo uso de repertorios legales, campos de experiencias, horizontes de expectativas y diálogos asimétricos ubicables en economías de obedecimiento y desacato. Con ello se pretende alimentar la comprensión de sociedades dinámicas cuyos órdenes sociales y políticos se hallaban en constante conflicto.

Entre los autores que han buscado definir la noción de cultura política, uno de los más mencionados es Baker, quien ve la política desde la perspectiva de los lenguajes y discursos plasmados en los registros de procesos judiciales en términos que continuamente son disputados por las partes en conflicto: con base en la formulación de demandas, se reconstruyen discursos, identidades, sentidos de autoridad, legitimidades y significados del orden político y social ("El concepto" 62; "The French" 94). Todo esto se produce dentro de un marco lingüístico que determina cambios sociales. Dicha conceptualización, sin embargo, ha sido vista como problemática por diversos autores, por ejemplo Cabrera, quien le reclama a Baker mayor claridad sobre los procesos de cambio político y discursivo, el no distinguir entre práctica discursiva y acción política, con lo cual les atribuye poca autonomía a los individuos frente a los discursos, así como no ver el discurso en función de intereses sociales (70-76). También Aljovín y Jacobsen piden ir más allá de lo discursivo (13-14).

Los ejes concretos de esta indagación son la monarquía, como cuerpo político y marco institucional en el que circula y se administra la justicia en cuanto valor constitutivo del orden social, y la categoría especifica de indio, como agente social en dicha comunidad política que usa, disputa y se mueve dentro de ella según su papel de subordinado. Con esta delimitación se pretende evitar la dispersión hacia otros ejes, además de responder a limitaciones de espacio.

La Corona hispánica era la distribuidora de la justicia por la mano del rey y sus representantes en los distintos niveles jurisdiccionales. La justicia se entendía como la "armonía y quietud" del cuerpo político y de sus partes; administrarla era el principal fin del poder político (Cañeque 28). Las disputas sobre el sentido de justicia en los tribunales constituyen ocasiones especiales para indagar sobre los términos de contienda, las estrategias de resistencia o adaptación y las formas de disidencia sintetizadas en representaciones, lenguajes y prácticas diversas. La justicia opera como un campo de lucha de representaciones, de significados de autoridad y obediencia, de lo justo y lo injusto, de las jerarquías y comparaciones (Garrido, "Presentación" 10-12), que dan cuenta de patrones de conflicto, autores y motivos en espacios concretos. Estos últimos elementos permiten un acercamiento a experiencias históricas de colectividades y de sus repertorios de concepciones y prácticas políticas, sin esencialismos, teleologías ni institucionalismo sin dialéctica con los gobernados. Así, la monarquía como cuerpo es un elemento variable en cada región que exige estudios comparativos entre unidades jurisdiccionales, según el llamado que hace Garrido ("Presentación" 13).

El caso del indio rural como agente y como categorización es más complicado, debido a que corresponde a realidades aún más contextualizadas, pero se puede partir de la definición general que dio Rosenblat: "Aquellos colectivos cuyos varones pagaban tributo, gobernados por autoridades propias (especialmente a nivel local), no cobijados por la Inquisición, ubicados preferentemente en pueblos, beneficiarios de leyes tutelares y con un origen basado en los grupos prehispánicos" (150). Otros, como Levaggi (427), Clavero (70-74) y Duve (37-38), categorizan estos colectivos desde el punto de vista de su exclusión de la esclavitud: su vasallaje como neófitos, rústicos, menores de edad y miserables, el pago de tributos y el respeto a una autonomía local y sus autoridades constituían su condición particular como colectivos. De ahí la multiplicidad de condiciones que definían lo indio en cada región: desde comunidades aimaras que tenían una clara conexión con lo prehispánico en sus aspectos territoriales, culturales y políticos, como en el altiplano andino, hasta grupos de forasteros de lengua quichua ubicados en pueblos de reducción, como en algunas partes de la sierra norte de Quito y las zonas de Cochabamba y Porco.

En términos políticos, la relación entre los indios y la monarquía era compleja por el uso de categorías y jerarquizaciones que determinaban las formas de vida de los indios, a través de la doctrina, los circuitos laborales y económicos, el conflicto y finalmente en los tribunales. Estos son los contextos donde se forjaron los reclamos y se explicitaron las visiones y acciones sobre órdenes sociales válidos.

La revisión historiográfica lleva a la síntesis de la práctica investigativa, al uso de conceptos y metodologías que respondían a inquietudes pertinentes al contexto académico de cada momento de elaboración del conocimiento. Este texto tratará de resaltar la validez y fortaleza de cada conjunto de investigaciones, más que caer en la tentación de acentuar supuestas "falencias y vacíos" que logran ser vistos retrospectivamente mediante un anacronismo académico.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hará un panorama de investigaciones agrupadas por jurisdicciones de audiencias coloniales, cuyos archivos determinan espacialidades en las preguntas de cada autor. También se tendrán en cuenta las teorizaciones usadas y sus recorridos; por ejemplo, el caso del pacto tributario de Platt (Estado), o de la adaptación en resistencia de Stern ("Introducción"), que han sido determinantes para la historiografía colonial andina.

2. Las tierras altas y los valles andinos de la Audiencia de Charcas

Una genealogía de la historiografía andina sobre los indios y la política en el periodo colonial debe comenzar por la influencia de Polanyi, cuya obra se preocupa por la transformación de comunidades no capitalistas en el tránsito hacia el capitalismo. El cúmulo de preguntas que se desprenden de esto fue abordado específicamente en relación con los Andes centrales por John Murra, y en el espacio que concierne a este acápite, por una gama de autores entre los cuales se destacan Platt (Estado; "Tributo"; "Writing"), Larson (Cochabamba; Explotación agraria; "Explotación y economía"; Indígenas), O'Phelan, Rasnake, Abercrombie y Serulnikov (Conflictos).

Esta agenda de investigación se caracteriza por su continuo cruce con la etnografía, la sociología y la economía, especialmente en las décadas de 1970 y 1980, cuando la reproducción comunitaria, la diferenciación social en las comunidades, lo estructural, lo agrario y el análisis de grandes sistemas de creencias culturales panandinas eran los temas que predominaban (Serulnikov, "Representaciones" 89-90; Thomson, "Recuperando" 16-17). Este "panandinismo" fue revisado y discutido en la década de 1990, debido a las diferencias en los procedimientos y demandas en las rebeliones de 1780 en cada región. Sin embargo, las investigaciones anteriores ayudan a entender los contextos de dominación y resistencia en función de los aspectos materiales, de la incorporación a mercados regionales e imperiales y de la pugna de los considerados "intereses de clase", sobre la base de una consideración de las comunidades como resistentes a lo hispánico en virtud de lo "andino", en cuanto estructura cultural de larga duración.

Para las décadas de 1990 y 2000, se asienta el paradigma de la historia cultural y se incorpora a la etnohistoria andina sin negar los logros de la historiografía socioeconómica. Es parte de un giro hacia lo político y cultural como variables para entender y problematizar las insurrecciones andinas desde la perspectiva de lo regional. Se puede decir que integra esta perspectiva al ubicar los valores, la legitimidad, la autoridad y los símbolos del poder en contextos económicos, de reproducción comunal y de violencia. Respecto al espacio en cuestión, se trabaja desde una perspectiva regional, analítica y comparativa respecto del gran centro que representó el Cuzco en la historia política andina. Por ello, son pocos los esfuerzos por hacer balances y grandes síntesis en la actualidad, al estilo del trabajo compilado por Stern ("Introducción" 21-45), a excepción de los artículos mencionados de Thomson ("Recuperando") y Serulnikov ("Representaciones").

Los textos consultados, así trabajen el siglo XVIII y sus rebeliones, en su mayoría están pensados en función de largas duraciones o al menos de temporalidades de más de una centuria, sea por el seguimiento de estructuras económicas y sus transformaciones con elementos conceptuales como la economía moral (Larson, Explotación agraria; Larson, "Explotación y economía"; Platt, Estado) o por el análisis de los cambios en la estructura de poder local y regional, así como de sus respectivos sustentos simbólicos y culturales (Abercrombie; Rasnake). Los trabajos que combinan trabajo de campo etnográfico con archivos coloniales son los que más apelan a esta periodización, mientras que los que se acercan exclusivamente desde el punto de vista de la documentación colonial se concentran en la "era de las insurrecciones andinas" (1740-1781). Esta era fue explicada por Stern como el quiebre del pactismo con el Estado, por un lado, y por el otro, como la crisis ocurrida en el seno de la institución del cacicazgo colonial andino debido a las diferencias entre los curacas hereditarios y los comuneros y forasteros por su asociación de intereses con los corregidores en los repartimientos de mercancías ("Introducción" 25-41).

Al implementar y comprobar los presupuestos analíticos de Stern, la historiografía posterior sobre las rebeliones en Charcas comparte un acervo que hace necesario tomar en cuenta los repertorios de lenguajes, discursos y prácticas originados en periodos anteriores para procesar los conflictos con los representantes de la monarquía, las autoridades étnicas, los vecinos y los terratenientes ("Introducción"). La ruptura provocada por las prácticas de gobierno de los borbones fue una ocasión que tuvieron los pueblos andinos para renegociar, criticar y justificar su accionar político. Esta crítica se dio en los marcos amplios generados por la circulación de gentes y productos debida a la mita, el paso por los tribunales, la participación en mercados y la apropiación de razones de "Estado" de manera selectiva para conseguir sus propios fines de autonomía política, de legitimidad basada en el consenso comunitario y de conservación de prerrogativas (Serulnikov, Conflictos; Thomson, Cuando). Estos marcos dieron referentes que fueron aprovechados para articular desde demandas y conflictos locales hasta insurrecciones panandinas, y también dieron elementos para intervenir en contextos republicanos, como lo estudia Platt (Estado; "Tributo").

En cambio, los trabajos orientados hacia el cruce de archivos y trabajo de observación etnográfica basan su conceptualización en estudios sobre la memoria como herramienta identitaria y de conflicto, los sincretismos y la ritualidad en función del poder ejercido contra agentes externos, junto a los objetivos de asegurar la cohesión y sublimar los conflictos internos. El enfoque espacial se desarrolla con comunidades locales y sus procesos en el marco de largas temporalidades, a excepción del trabajo compilatorio sobre la confederación Qaraqara y Charka, donde se agrupan documentos bajo los criterios de una etnohistoria de corte más estructural y sus preocupaciones, como el tributo, la encomienda y la tierra (Platt, Bouysse y Harris).

El cuerpo político colonial administrado por la monarquía es entendido como un colectivo dinámico, corporativo y heterogéneo, cuya producción de significados e interpretaciones están continuamente discutidas en litigios, en una lucha por la inclusión, las prerrogativas y las expectativas sobre el bien común y la gestión de las autoridades. El periodo anterior al de la insurgencia andina es reseñado como un periodo de pactismos, de flexibilidad de lecturas de la ley, de negociaciones informales y, sobre todo, de predominio del derecho natural y del consuetudinario como fuentes del derecho. Esto no quiere decir que la práctica política de los Habsburgo no fuera conflictiva, sino que los términos en los que se resolvían los conflictos eran diferentes en comparación con periodos posteriores y se propendía a la negociación con los poderes locales.

Según Luis Glave, el periodo 1680-1730 constituyó la bisagra entre las formas de relacionamiento político construidas desde las reformas toledanas de 1570 y la desintegración del cacicazgo hereditario, la tasación individual y la legalización del reparto de mercancías. Estas transformaciones políticas y económicas anticiparon nuevas prácticas, como la omisión de la entrega de tributos al corregidor y los reclamos por las actuaciones de autoridades consideradas ilegítimas. Siguiendo el planteamiento de O'Phelan, dentro de esa periodización entra la primera coyuntura de revueltas originadas por la política de visitas y revisión de las obligaciones laborales de los indios en las décadas de 1720 y 1730, en el marco de unas comunidades golpeadas por epidemias (109-135).

Para el periodo posterior a 1740 se hizo más notoria la crisis del cacicazgo y el cambio de cultura y práctica política de las comunidades en cuestión, en donde las nociones de legitimidad nacían sobre todo del consenso colectivo, la buena gestión de los recursos y una efectiva representación de los intereses comunales. La crisis cacical tuvo como uno de sus detonantes la relación con el repartimiento de mercancías y su asociación con corregidores (O'Phelan 290-294). Para las décadas de 1760 y 1770, la crítica de la institucionalidad introducida por gobernantes ilustrados fue asumida por los indios como un nuevo elemento en el acervo de sus luchas seculares, para negociar, con base en sus concepciones de orden social y gestión de gobierno, su situación de subordinación social sin intermediarios entre ellos y el rey (Serulnikov, Conflictos 229-239). Para Scarlett O'Phelan, este periodo es el último ciclo de rebeliones (175-289).

La crítica a las formas de administración anteriores que generó conflictos de interpretaciones en los distintos niveles jurisdiccionales: el virrey, la Audiencia, los indios y los corregidores hacían gala de la flexibilidad de acciones y decisiones políticas en el marco de una ley hecha aparentemente para no ser interpretada (Glave 56-58; Serulnikov, Conflictos 80-117).

La relación con la monarquía variaba de región en región y eso fue determinante en el desarrollo de las insurrecciones. En Chayanta, la protesta fue hecha apelando a la justicia colonial, sin negar la mita como obligación, ni acudiendo a discursos anticoloniales y milenaristas durante buena parte de la revuelta (Serulnikov, Conflictos 241-257). Algo parecido ocurrió en Caquiaviri, donde se buscaba destruir o al menos renegociar la jerarquía social del sistema de "castas" coloniales, integrándolas a lo indio, al lado del respeto a la autonomía local, con un "mandar desde abajo", sin buscar eliminar la figura del rey (Thomson, "Recuperando" 30-43). El legalismo y el apego a la figura real constituyeron un punto común en el repertorio de formas para afrontar los conflictos, pero en estos últimos, al estar contextualizados en espacios locales, se usó dicho repertorio con distintos resultados en el resto del área andina: anticolonialismo, una monarquía indígena o simplemente la eliminación de intermediarios entre la Corona y los pueblos.

Lo indio es variado en cada región, especialmente en la conformación de comunidades locales y categorizaciones. En el altiplano, el ayllu fue un contínuum respecto a lo preinca y los indios conservaron el manejo de sus "archipiélagos verticales" (Serulnikov, Conflictos), pero en los valles de Cochabamba, Paria y Porco, las comunidades se conformaron según patrones toledanos de residencia, las fiestas, cofradías y los cargos rotativos fueron los generadores de procesos de etnogénesis y sus documentos fundacionales fueron las composiciones de finales del siglo XVI y comienzos del XVII (Abercrombie; Larson, Explotación agraria; Rasnake). Para después de 1781, se completa un proceso de homogenización social que comenzó en el periodo crítico señalado por Glave (51-64), con el fin de los caciques hereditarios.

Una revisión sobre lo político colonial sin la presencia de la Iglesia estaría incompleta, pues esta institución era parte del poder de mediación política, inculcadora de discursos y factora de ritos importantes en la construcción identitaria y de sociabilidades, como las fiestas religiosas. Todos los estudios hacen referencia a los curas como agentes de una institución a la que no se le discutía su legitimidad y papel en la construcción de comunidades, pero el trato y las acciones de ellos como individuos eran discutidos en algunos casos y en otros afirmados. Respecto a lo último, destaca el estudio de Abercrombie, pues se centra en la lucha entre la heterodoxia y el sincretismo religioso de mediados del siglo XVI como armas de construcción de memoria social, que enfrentó a la ortodoxia católica del XVII y obligó a los habitantes de Paria a manejar dos formas de religiosidad: una oficial encabezada por el cura local y otra clandestina-privada de acuerdo con la cual chamanes y pueblo eran autónomos en la expresión de su catolicismo heterodoxo (277-367). Ambas vivencias se retroalimentaban una a la otra y no eran contradictorias entre sí, solo que una respondía a necesidades privadas y la otra a lo público, oficial y normativo.

Un asunto también importante es el de las sociabilidades, debido a que en ellas circulan los lenguajes y las prácticas políticas, así como se generan los espacios de discusión o reafirmación del orden social y político. Se ha reseñado el papel de la Iglesia y la creación de redes y relaciones a través de los mercados locales y regionales. La sociabilidad, desde el punto de vista de lo religioso, se centra en la reafirmación local mediante la reinterpretación de lo normativo de la Iglesia católica. La fiesta religiosa es vista como una válvula del reconocimiento interno, de reunión comunitaria y de expresión de los conflictos internos y externos. Este último aspecto es fuertemente trabajado en las etnohistoria mencionada de las décadas de 1970 y 1980. Otras sociabilidades, las creadas por las redes comerciales y el trabajo mitayo, en esta historiografía inicial, son vistas operativamente como creadoras de redes sociales y usadas en las rebeliones. Posteriormente, se las ve como vías de circulación de discursos y demandas. En general, ha predominado en esta historiografía el estudio de los espacios rurales, no el de los urbanos, por ejemplo las tiendas y chicherías donde circulaban los rumores.

Los aspectos metodológicos pueden agruparse en aquellos que combinan la observación etnográfica, por un lado, y, por otro lado, los que combinan el trabajo de campo con fuentes escritas consultadas en archivos coloniales. Palabras claves como etnogénesis, memoria, identidad, ritualidad, oralidad y comunidad son preocupaciones que se imbrican con las de estudios políticos: hegemonía, legitimidad, autoridad, gobierno, disenso, consenso y violencia, y junto a preguntas de los estudios poscoloniales y de la cultura. En el caso de los que han hecho estudios estrictamente históricos, se puede trazar el siguiente recorrido: hasta la década de 1990 predomina el análisis social cuantitativo con fuentes seriales, al lado de la comprobación y discusión de conceptos propios de las distintas vertientes del marxismo, en especial la historiografía social británica. En relación con el periodo posterior, ha predominado el análisis discursivo, los estudios de casos y el análisis documental crítico, sin caer en especulaciones propias de algunas ramas de los estudios postestructuralistas. Respecto a esto último, sí es notoria en la revisión bibliográfica la ausencia del análisis desde la perspectiva del género. Prevalece el análisis desde la perspectiva de lo colectivo y lo estructural, pero se reconoce la autonomía de los actores en el marco de tendencias que correlacionan lo económico con lo cultural.

La preocupación y el ejercicio de la interdisciplinariedad es una constante en todos los estudios aquí reseñados, así como la retroalimentación continua entre lo que se puede denominar historia social y económica y las conceptualizaciones predominantes sobre los procesos culturales, específicamente desde la perspectiva de lo andino como estructura de larga duración, a través de territorialidades como el "archipiélago vertical", o según la consideración de que los aspectos culturales constituyen un diálogo permanente y en construcción entre lo local preinca, lo inca y lo hispánico. La preocupación sobre lo político siempre ha estado presente, ya sea como expresión de reproducción de circuitos comerciales y comunitarios, o como problema principal de investigación desde la década de 1990.

3. Las tierras altas de la sierra norte en la Audiencia de Quito

Antes de continuar, es necesario hacer una aclaración respecto del espacio de esta parte del balance: la Audiencia de Quito tenía jurisdicción sobre gran parte del territorio de la gobernación de Popayán, pero se tomarán solo los textos sobre la provincia de los pastos como parte de esta Audiencia. En buena medida, esta decisión se fundamenta en la mayor cercanía y las analogías con los procesos y contextos históricos de la sierra norte de Quito por la presencia del Tawantinsuyu (Gutiérrez 90-91), en el hecho de que lo étnico sigue siendo un elemento importante para definir la identidad indígena en este lugar y la presencia continua de la monarquía. Estas condiciones de la región de Pasto son diferentes a las de las comunidades nasas, awás y misak que no estuvieron integradas plenamente a la Corona o a la desestructuración de territorios e identidades étnicas ocurrida más al norte, en el valle del río Cauca.

Entrando en materia, los balances hechos por los especialistas hacen la diferenciación entre la historiografía "tradicional", subdividida entre los que apoyan y los que refutan la "leyenda negra española", la antropología histórica y los etnohistoriadores extranjeros o formados fuera del Ecuador (Moreno, "Elementos" 230-232). Otras divisiones enfatizan la oposición entre la historiografía nacionalista y teleológica, por un lado, y la regional, por otro (Gutiérrez 20-22). Un trabajo fundacional es Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito, de Segundo Moreno Yáñez. Este ha sido referente obligatorio para los posteriores trabajos, así sea para criticarlo, como lo hace Salgado, debido al énfasis en terminologías marxistas y eurocéntricas (37-41), pero no deja de ser útil por su gran acopio de hechos, personajes y espacios a través de fuentes primarias y secundarias.

La historia social, en sus variantes marxista y cuantitativa, es la gran corriente que predominó en el análisis de lo indio colonial y lo político. En la primera variante destaca Segundo Moreno (Sublevaciones) y en la segunda lo hacen Diana Bonnett y Karen Powers. Preocupaciones como las formas de trabajo, las cargas económicas, la distribución de la tierra, junto a los aspectos cuantificables para elaborar series y tendencias de procesos de temporalidades amplias, fueron temas para esta historiografía. En una línea que conjuga los aportes de la historia social con inquietudes culturales y sociológicas se ubica el trabajo de Jairo Gutiérrez.

Otra línea que se destaca es el trabajo antropológico de Rappaport, que se enfoca en dinámicas de larga duración, la comprensión y el uso de lo extracomunitario, y la interacción con ello, en la selección del pasado que hacen las comunidades pastos en la configuración de su identidad. En relación con la periodización, se puede decir que los trabajos cuantitativos y estructuralistas, así como el de Rappaport, tienen interés en revisar procesos de largo aliento. Las investigaciones de corte más cultural se concentran especialmente en el periodo Borbón y las independencias. En estos trabajos, lo Habsburgo es tenido en cuenta con las mismas consideraciones hechas en cuanto a Charcas. Primer pacto colonial o pactismo es un sinónimo del periodo político Habsburgo (McFarlane 312-314) y de incorporación a través de la mediación simbólica negociada (Salgado 233-234), en oposición a un segundo pacto en beneficio de la Corona, que otorgó elementos que fueron seleccionados por los indios y esclavos para defender la "costumbre" y aprovechar las oportunidades del discurso en el nuevo contexto (Echeverri, "Conflicto" 356-358). Este enfoque da cuenta de estrategias como el forasterismo, la incorporación de lo religioso en las protestas y otras que complejizan el simple panorama de una monarquía innovadora frente a unas sociedades conservadoras (Salgado 232-233).

Respecto a los temas en específico, lo cuantitativo y lo estructural dan cuenta de procesos sociales, de articulación a una economía mundial sobre la base de una situación de dependencia (Moreno, Sublevaciones 25-29), de apropiación y distribución de tierras, de transformaciones en la estructura de poder, del uso del Estado como guardián de intereses de clase, entre otros, que dan origen a una "tradición de rebeldía" que perduraría más allá del periodo republicano (19-20). En el texto de Moreno citado antes, dicha tradición rebelde es análoga a lo "panandino" en los estudios de las décadas de 1970 y 1980 sobre Charcas, como estructuras de larga duración.

La continua interacción con los juzgados originó la apropiación de lo legal como primer recurso en la protección de los medios de subsistencia, seguido de la violencia, especialmente en contextos de crisis económica, debido a la menor circulación en el mercado generada por la minería potosina, la baja demográfica desde finales del siglo XVII y el aumento de cargas laborales y económicas en el siguiente (Bonnett 70-73). Estos procesos generaron una mayor conciencia de la explotación en sectores subalternos, así como una crisis en la institución cacical (Powers 223-225), sin los elementos de asociación de los caciques con intereses comerciales al estilo del reparto de mercancías en Charcas (aunque, para Moreno, en el periodo anterior a 1760, la alianza entre caciques y españoles imposibilitó la aparición de un liderazgo como el de los Andes centrales). Los procesos de desestructuración de caciques y cacicazgos hicieron que el liderazgo de las rebeliones del XVIII no recayera en ellos, pues ya no controlaban las fuerzas del mercado y las migraciones que en principio manejaban (Powers 284-287) y porque los conteos y padrones, principales motivos de sublevación, afectaban principalmente a la población comunera. En esta tendencia, la lucha entre terratenientes y comunidades es continuamente resaltada, del mismo modo que las clasificaciones y periodizaciones de motivos.

En el marco de esta visión, la agencia es estructural y nace de la resistencia como tradición y conciencia de la subordinación socioeconómica. Los individuos son agentes en la medida en que participan de tendencias y cambios de elementos ubicables en largas duraciones: la agricultura, por ejemplo. La agencia de los indios también se revisa en coyunturas concretas, como sequías o cambios de tecnologías, en el mismo caso de la agricultura. La justicia y las apelaciones a la agencia nacen de esos elementos y sus variaciones, en un repertorio que incluye lo legal y lo violento justificado por la conservación comunal. En un primer periodo, anterior a la década de 1760, las disputas se situaban en el marco de las estructuras agrarias y laborales. Posteriormente, eran generadas por la contradicción de intereses entre el Estado y los indios, específicamente en lo fiscal.

En los textos que indagan directamente por la cultura política, junto a los elementos anteriores, se exploran procesos hegemónicos, de formación discursiva, disputas por la clasificación, de memoria, de circulación de contenidos y formas legales, identidades dinámicas e interpretaciones sobre la ley en un contexto de reorganización de las relaciones entre gobernantes y gobernados. En fin, se investiga desde la perspectiva del lenguaje y su interacción con las prácticas políticas en un marco de agencia dialógica de las relaciones de obe-diencia y desacato, en el ejercicio de una comprensión histórica de derechos constantemente redefinidos (Echeverri, "Los derechos" 45-46). Esta dialéctica obligaba al Estado Borbón a ser contingente, al operar según los desafíos de los distintos sectores de la población, en una dinámica que articulaba lo local con los proyectos imperiales (Salgado 239), contrario a lo que planteó Moreno, quien afirmó que las rebeliones eran locales y aisladas (Sublevaciones 406).

El trabajo de Espinosa involucra la visualidad y la fiesta dentro del marco de la cultura política, sin el esencialismo que el mismo Espinosa atribuye a la etnohistoria andina producida hasta finales de la década de 1980 (El inca).

Generalmente, se parte de los estudios locales y de caso, excepto los textos que trabajan con lo cualitativo, pues su procesamiento de datos tiende a establecer procesos por unidades regionales o a sintetizar los informes emitidos por la Audiencia. También la comparación entre casos es una metodología usada, principalmente, por Segundo Moreno ("Elementos"; Sublevaciones), Mireya Salgado y Marcela Echeverri ("Conflicto"; "Indios"; "Los derechos"). Las inquietudes abordadas en los estudios de género solamente han sido tomadas en cuenta por Williams, como vehículo para comprender la rebelión de Túquerres en 1800 desde una perspectiva más amplia ("Etnicidad" 31-39).

Ya varias cosas se han dicho sobre el acervo conceptual en cada conjunto de investigaciones; solo habría de agregar algunos detalles: el primero, que la práctica historiográfica desde 1990 se ha alimentado de los aportes de la etnohistoria de los espacios centrales andinos, específicamente de los trabajos de Stern ("Introducción"; Los pueblos) y su concepto de adaptación en resistencia, pero no se han producido trabajos etnohistóricos de los alcances interdisciplinares y holísticos como los relativos a la actual Bolivia, a excepción de la obra de Rappaport. El cruce entre disciplinas ha ido en las últimas dos décadas hacia la intersección de temas y problemas de los estudios políticos y de la antropología social, con asuntos del orden de la memoria, la invención de la tradición, la hegemonía, el desacato y la obediencia, la legitimidad y los repertorios simbólicos que imbuyen de significados las prácticas políticas situadas por fuera de los marcos institucionales.

Entrando al tema de la monarquía, su administración de la justicia y la constitución del cuerpo político como referentes de "cultura política", se puede decir que esa institución ha sido vista desde distintas aristas: como garante de los intereses de criollos y de funcionarios y comerciantes de la península, por ejemplo (Moreno, Sublevaciones); como ejercicio de la soberanía a través de los tribunales y del juego de intereses personales, clientelares y locales (Phelan) o como el elemento cohesionador (sobre todo en la época de los Austrias) de una cultura política particularista, integradora simbólicamente y dialéctica en el ejercicio del poder con respecto a identidades, demandas y expectativas diversas que se apoyaban en el derecho natural y la costumbre (Espinosa "The Fabrication"; Espinosa, El inca). Para Herzog, la administración de justicia era un sistema social abierto, dado que era un reflejo de las relaciones sociales, sus jerarquías y conflictos, en el que se usaba la figura del rey en el arbitraje social, sobre todo como una excusa para dar curso a los conflictos dentro del marco de legitimidad que dicha figura daba (299-306). Bonnett explicó el aparato estatal como el administrador de los conflictos por vía legal y sobre la base de la correlación de fuerzas entre el naturalismo, los intereses sociales en conflicto y el mantenimiento de la estructura social, con consideraciones morales paternalistas. McFarlane ve la monarquía como una garante de la "economía moral" para los sectores populares, en un pacto de reciprocidad (288). Para Echeverri, la figura de la Corona se articulaba en torno a la distribución de justicia como mediadora de intereses y conflictos y, en esa labor, se generaban procesos de hegemonía que permitían a indios y esclavos la negociación, selección y articulación a lo local, contingente y coyuntural de los proyectos imperiales ("Conflicto" 380-382).

La Iglesia y lo religioso, en la óptica de Moreno (Sublevaciones 421), eran agentes de la dominación colonial, pero en el trabajo de Salgado, la dimensión religiosa y clerical es tratada de manera diferente, como referente de símbolos políticos y proyectos sociales que eran incorporados a los reclamos de los indios urbanizados de Riobamba en 1764, en oposición a la "Babilonia" que representaba la situación colonial y el justo gobierno perdido (234). También las apelaciones a la gentilidad, en la rebelión de Otavalo, marcaron las dinámicas de represión y su silenciamiento más profundo (Salgado 235-237). Para esta última autora, la fiesta religiosa era un espacio de sociabilidad que permitía expresiones de acuerdo o insurgencia según el contexto político y económico de las rebeliones.

De lo indio, en líneas generales, se puede hablar de una movilidad mayor en el espacio de la Audiencia que en Charcas, pues el forasterismo fue una estrategia comunal direccionada por los caciques hasta mediados del siglo XVII, como parte de la supervivencia comunal. Luego pasó a ser una práctica autónoma que desestructuró las formaciones políticas locales y generó procesos de etnogénesis fundadas en la territorialidad y no en la pertenencia étnica a archipiélagos microverticales (Powers). Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el libro de Loreto Rebolledo, donde se muestra que unos forasteros de diverso origen constituyeron una comunidad con base en las cofradías y devociones locales, la compra de tierras y el sentido de identidad local, en un proceso de selección y lucha enmarcado en la comprensión de los resquicios de la experiencia colonial.

Obrajes, mitas y haciendas fueron elementos del paisaje económico que configuraron espacios sociales de acción política. No originaron una conciencia de clase al no superar los símbolos y el orden hispánicos (Moreno, Sublevaciones 408), pero fueron parte de un proceso de resignificación y apropiación que ha sido el centro de atención de los especialistas en los últimos años, ya sin oposiciones binarias entre lo prehispánico y lo hispánico. A partir de la movilidad de los primeros años y la reconstitución comunal, se configuraron unas identidades definidas por la búsqueda de la justicia en los conflictos y el uso selectivo de la cultura política colonial. En el caso de la revuelta de Túquerres en 1800, los pastos se apropiaron del sentido de justicia en términos que les convenían al exigir la desmonetización del tributo que había monetizado el corregidor Clavijo (Echeverri, "Conflicto" 376-379). Esta disputa, que validaba el papel político del tributo y la condición de indio, también beneficiaba la autonomía local en el proceso de configuración de una economía de subsistencia, que Gutiérrez observa como la consolidación de comunidades cerradas de parentesco, sin mayor continuidad respecto a las prácticas conocidas como "reciprocidad andina" (109-151). Con respecto a "lo andino", Thomas Cummnis (119-121, 132) y Joanne Rappaport (22-26) le dan un papel trascendental en la práctica de una intertextualidad que imbrica el lenguaje legal hispánico con lo local, en la elaboración de una etnogénesis politizada y de identidades sociales ambivalentes (Rappaport y Cummins 162-167). Esta visión es controvertida por Espinosa, quien afirma que "lo andino", en el caso que estudia, es una rememoración estimulada por los discursos y la práctica política colonial, especialmente por la dinámica festiva y de construcción de autoridad que opera en el proceso de las solicitudes de mercedes reales (El inca).

Las sociabilidades, aquí, cubren espacios urbanos, como en el caso de Riobamba estudiado por Salgado o las rebeliones en Quito reseñadas por McFarlane. Del mismo modo, los espacios creados por las devociones religiosas o su antítesis, "lo pagano", son considerados en los trabajos anteriores. En el caso de los trabajos de McFarlane sobre Quito y de Salgado sobre Riobamba, se estudian espacios urbanos, como las chicherías, las plazas y demás, en cuanto fuentes de circulación intercultural, y también se estudia la relación entre lo urbano y lo rural en el proceso de reconfiguración de lo político. Esto muestra la vitalidad y los procesos de resignificación de discursos hegemónicos hechos por los indios y sus mediadores en el sistema de administración de justicia.

La complejidad de lo indio en la sierra norte también implica una aproximación, desde la perspectiva del disenso en las comunidades, a su participación en alianzas dinámicas y contingentes con otros grupos sociales para subvertir y ofrecer alternativas en el orden social. Esta aproximación se puede hacer desde el tema de la afectación de sus intereses socioeconómicos (Moreno, Sublevaciones), o a partir de la forma en que confluyen el disenso interno, las condiciones económicas y el sentimiento de afectación del pacto político.

Conclusiones

La práctica historiográfica es muy variada y compleja como para reducirla a unas pocas líneas: en los panoramas se pierden los detalles concretos. Sin embargo, la síntesis no es una labor imposible. Teniendo esto en cuenta, los estudios reseñados aquí han participado de "lo andinista", por dos condiciones básicas: la amplia consideración de la población indígena, de comunidades campesinas de raigambre prehispánica con sus cambios y continuidades, junto a una reflexión sobre la unidad política construida desde que lo inca se hizo presente en esos territorios. También el manejo del espacio entra en la construcción de dicha unidad geográfica e historiográfica, llámese archipiélago vertical (Murra) o microverticalidad (Salomón), entre otras categorías que dan cuenta de una heterogeneidad dentro de esa espacialidad.

Con un acervo común generado en los textos de Murra, Stern ("Introducción"; Los pueblos) y Spalding, entre otros, las historias sobre la función política de lo indio en las dos zonas tienen varios puntos de convergencia: la etnohistoria andinista en su vertiente socioeconómica-cuantitativa definió agendas de investigación en las cuales las formas de trabajo, la incorporación a mercados regionales, las disputas por tierras y cacicazgos, con procesos culturales de larga duración, marcaron la pauta en las décadas de 1970 y 1980. La vertiente que ya indaga por la "cultura política" introdujo posteriormente nuevos problemas y asuntos, como la legitimidad, la memoria y las identidades en la historia sobre las comunidades indígenas. Esta tendencia es un ejemplo de indagación por las prácticas y los marcos simbólicos más allá de lo solamente discursivo, y constituye una revisión productiva de la definición de cultura política dada por Baker ("El concepto"). El análisis de prácticas y discursos es una de las convergencias encontradas, aunque los resultados han sido divergentes debido al desarrollo regional y local de los hechos estudiados. Otro punto en común es que nunca se han opuesto los aportes de la historia social y cuantitativa a la etnohistoria de corte esencialmente cultural.

El marco común dado por la "era de las insurrecciones andinas" también define una agenda en que la revisión de los poderes locales en un proceso de larga duración es una constante: en la segunda mitad se debilitó la herencia como elemento de legitimidad de los caciques y curacas y esta pasó a depender del sentido de consenso comunitario y de la defensa de sus intereses. La variabilidad de respuestas al borbonismo en el contexto de las rebeliones se puede resumir en el anticolonialismo, la instauración de una monarquía india o la eliminación de intermediarios entre los indios y la Corona.

La crisis de la institución cacical se vivió en los dos espacios: las dinastías de caciques se transformaron en series de cargos electivos dentro de cada comunidad. El paso de las identidades étnicas a lo local y estamental es un proceso que merece más atención. También es común la ausencia del enfoque de género o de "historia de las mujeres" en la mayoría de los trabajos revisados.

La implementación de la consideración de los indios como agentes activos y creativos en sus historias tiene distintas fases. En su orden, en Bolivia y Ecuador, este es un punto de conexión y de diálogo entre los contenidos antropológicos y políticos, en sus dimensiones histórica y cultural, nacido con los aportes de Stern ("Introducción"; Los pueblos). Así, lo indio aparece como una categoría en la cual un acervo jurídico y social común se desglosa en realidades más complejas y en procesos a veces convergentes y en otras ocasiones diversos y contingentes. También se ha estudiado el paso de lo étnico a lo local y "estamental" ocurrido a diferentes velocidades y con distintos resultados a lo largo del periodo colonial. Estos procesos tienen una dimensión diacrónica, en la que la etnogénesis y los procesos interculturales, de dominación y hegemonía se mezclaron con disputas por la categorización, la participación en el cuerpo político y social, la autonomía económica y las relaciones con los "otros". Una división inicial podría partir, en lo político, de una oposición no tan binaria entre el periodo Habsburgo y el Borbón, cuando los repertorios para enfrentar la vida política se construyeron, redefinieron y adaptaron a hechos coyunturales gracias a la capacidad de agencia creativa de los indios.

Otra aproximación al problema consistiría en una adaptación de la propuesta de Lockhart, que parte de los cambios culturales y sociales dentro de las comunidades y las clasifica por fases. Aunque esta opción tipológica conlleva muchos problemas con respecto a la producción y al procesamiento de fuentes "nativas" sin mucha mediación de escribanos y jueces, no deja de ser un punto de referencia para entender diacrónicamente lo indio desde el punto de vista de lo comunal.

La Corona fue un conjunto de redes, personas y relaciones que, en los últimos años, gracias al enfoque de la cultura política, ha sido estudiado sin referencia a su dimensión institucional. Así se desnaturalizan los aspectos simbólicos y materiales de la subordinación indígena, y también se ve el aporte de la cultura política a la construcción de un cuerpo político contingente, contextual y dialéctico. Los indios lograron la comprensión de sus derechos y deberes históricos en relación con la monarquía y todo el conjunto del cuerpo político mediante un proceso de selección, redefinición y acción desde lo formal e informal, que incluía también la violencia.

La dimensión política de lo indio, según la revisión hecha, debe comprender las formas de consenso y disenso dentro y fuera de las comunidades, su interrelación con las demás calidades y tipologías de población, y enmarcar su accionar en los contextos dados por la historia social y económica.

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