*Historiador por la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo de Investigación en Historia Social de la misma universidad. Autor del libro Ensayos de historia regional de Antioquia (2011), y de otras publicaciones en medios electrónicos, además de varias ponencias en eventos de índole regional y nacional. Correo electrónico: csmarulanda@antares.udea.edu.co

Mediante el uso de los documentos de escribanos del período colonial, este trabajo presenta el desarrollo y la influencia de las capellanías en la Provincia de Antioquia durante los siglos XVII y XVIII. Las capellanías fueron instituciones piadosas al servicio de las almas de sus fundadores y beneficiaron a familiares y clérigos allegados. A partir de las inquietudes escatológicas sobre el más allá, las capellanías cumplieron funciones terrenales como la educativa, la rentista y la crediticia, en el marco de una "economía espiritual", y consolidaron las redes familiares y políticas del poder. Por otra parte, los bienes de las capellanías contribuyeron al crecimiento económico regional a través de la inversión en actividades productivas.

Palabras clave: capellanías, escatología, economía espiritual, clérigos, crédito, familia.

Through the check of affidavits from the colonial period, this work presents the development and the influence of the chaplaincies in Antioquia between 17^th and 18^th centuries. The chaplaincies were pious institutions that served the souls of its founders and benefited at family priests. From the afterlife beliefs, the chaplaincies had roles in education, income and credit, as part of an "economía espiritual" (spiritual economy), and they strengthed the political and family connections within the power. Furthermore, the chaplaincies contributed to economic growth in Antioquia, with the investment of its goods in profitable activities.

Los intereses investigativos de los historiadores antioqueños, con respecto al período colonial, están dirigidos hacia el estudio de fenómenos como la tenencia de la tierra, el comercio y la minería. El panorama historiográfico regional frente a temáticas como la muerte, las prácticas religiosas y la financiación de las actividades productivas —y en un plano más general, la interacción entre la cultura y la economía— aparentemente aisladas entre sí, no es el más significativo en cuanto a la producción intelectual. La mirada sobre los estudios históricos en otros países latinoamericanos, particularmente en México, Perú y Argentina, demuestra que estas materias están analizadas con mayor profusión y está de presente la importancia de ellas en las respectivas sociedades coloniales.

¿Qué ocurrió en Antioquia, por ejemplo, con las formas de enfrentar la muerte? La peculiar mentalidad religiosa colonial, influida por la escatología o el conjunto de creencias sobre el más allá, ciertamente no fue exclusiva de los antioqueños y se extendió en toda la América Hispana. Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre ella y mucho menos de su incidencia en la economía, la política y la sociedad. Este artículo —derivado de una investigación de dieciocho meses— procura arrojar algunas pistas sobre el particular, especialmente sobre los mecanismos para lograr la piedad divina en ultratumba por los pecados cometidos y las funciones que cumplieron, los cuales —paradójicamente— favorecieron intereses terrenales y profanos.

El espacio sobre el cual discurre este trabajo es la provincia de Antioquia entre las décadas de 1670 y 1750, taxativamente las jurisdicciones de la Villa de Medellín y la Ciudad de Antioquia. En esos años la provincia vivió un período de recuperación económica que fomentó nuevas dinámicas productivas y sociales. Como se expondrá, las creencias sobre la muerte y la redención de los pecados jugaron un papel importante, puesto que en cierto modo respaldaron la expansión de la economía; y de otro lado, contribuyeron al sostenimiento de una clase clerical, que promovió la creación de redes parentales, sociales y políticas.

El fin de la vida y el miedo a ultratumba produjeron interrogantes y preocupaciones entre los habitantes de Antioquia durante los siglos XVII y XVIII. Tal como sugiere Philippe Ariés (1987), estos temores fueron fomentados por la Iglesia Católica, afanada en poner límite a los excesos pecaminosos de una sociedad dedicada al lucro y proclive a actitudes consideradas como desordenadas e ilegales. La complejidad de una comunidad puede ser observada a través de la marcha de la vida cotidiana, en ella se encuentran hechos reprobables según el sistema de valores imperante. En Antioquia, como en otros lugares del Imperio Español, los fraudes a la Real Hacienda, las vejaciones a esclavos y trabajadores libres por parte de sus amos y patrones, el adulterio, el concubinato y la violación de sacramentos como el del matrimonio, atizaron la llamarada que debía consumir las almas corrompidas, de acuerdo a las creencias imperantes sobre el castigo por los pecados cometidos en vida.

Los impíos, sin embargo, poseyeron una tabla de salvación proporcionada por la misma Iglesia en el Canon Tridentino: el Purgatorio fue instituido como un espacio de transición entre la culpa y el perdón Divino, que hiciera posible la redención de las almas (Le Goff 1983). Pero estos espíritus penitentes verían más cercana su expiación si por ellos fueran realizadas misas rezadas, disposición igualmente incorporada en el Sacrosanto Concilio de Trento (1545-1563). De esta manera, desde el siglo XVI los católicos antioqueños se apresuraron a fundar capellanías de misas —mediante acto inter vivo o a través del testamento— a favor de sus almas y las de sus parientes vivos y difuntos,¹ y destinaron para ello los capitales obtenidos a lo largo de una vida encaminada por la senda del enriquecimiento personal y familiar. Dicho de otra manera, se trató de la salvación institucionalizada, regulada y comprada (Ariés 1987).

La capellanía consistió, entonces, en la asignación de una cantidad determinada de los patrimonios particulares, fuese en bienes muebles, inmuebles o en dinero líquido, con el fin de dotar una obra piadosa, más específicamente, para la ejecución de misas por la memoria del fundador y sus familiares. Puede afirmarse que la imposición de una capellanía buscó el fortalecimiento del núcleo familiar, no sólo por el hecho del auxilio a las almas de los parientes, sino también por el favorecimiento de algunos de sus integrantes —o de personas allegadas a éstos— que quisieran tomar el hábito sacerdotal y encargarse de la celebración de las mencionadas misas. El fundador designaba un patrono —podía ser él mismo— quien administraría la capellanía y se encargaría de mantenerla en condiciones económicas estables para el cumplimiento de la voluntad expresada por el primero. Si el velo que recubre estas piadosas y filiales intenciones es descorrido, es claro que el objetivo de los fundadores de las capellanías fue el de contener la desintegración de los respectivos caudales familiares (Colmenares 1983). Con menor frecuencia, las capellanías también fueron instituidas para favorecer alguna obra pía, como la celebración de una fiesta religiosa o el mantenimiento de una lámpara del Santísimo.

El dinero que pondría en funcionamiento el engranaje de lo que Asunción Lavrin (1998, 49-64) denominó con pertinencia economía espiritual, provendría de bienes patrimoniales, específicamente de los bienes inmuebles —de acuerdo a Abelardo Levaggi (1992)—, cuyas rentas cumplirían con este cometido. La categoría inmueble, sin embargo, no es exclusiva puesto que las capellanías también fueron impuestas con ganados, esclavos, joyas, herramientas de trapiche, cuadros, entre otros enseres domésticos. Estas rentas, indefectiblemente —debido a las limitaciones legales y eclesiásticas sobre la usura— correspondieron al cinco por ciento anual del total de la capellanía y provinieron del pago que hacía el fundador, o de la cancelación de réditos proveniente de un tercero, cuando dicho capital era puesto a disposición del público como mecanismo crediticio bajo la forma del censo.

De acuerdo con Joaquín Escriche (1847), verdadero oráculo decimonónico de los actuales historiadores del período colonial, existieron tres tipos de capellanías: las mercenarias, conocidas igualmente como profanas o laicales, instituidas sin autoridad eclesiástica y que no sirven para ordenarse; las colativas, las cuales llevan el sello de la jerarquía clerical y sirven para ordenarse; y las gentilicias, de efectos similares a las capellanías colativas pero cuyo patronato es ejercido por legos.

Las investigaciones de diversos autores indican que en el contexto del Nuevo Reino de Granada, las capellanías colativas fueron las fundaciones más frecuentes, por encima de las de carácter mercenario o gentilicio. Para el caso de la Provincia de Pamplona entre 1700 y 1760, por ejemplo, Carmen Ferreira (1995, 37-78), afirma que las imposiciones de capellanías colativas superaron con largueza a las mercenarias. Por su parte, Paula López (2006, 12-13) descubrió que entre 1760 y 1830 en Medellín las imposiciones mercenarias y colativas anduvieron a la par, con un ligero saldo a favor de las segundas. Por su parte, Germán Colmenares (1983) —sin ningún tipo de respaldo documental—, asevera que para el caso de Cali en el siglo XVIII, la mayoría de las capellanías fueron mercenarias.

Los resultados arrojados por esta investigación sobre el desarrollo de las capellanías en Antioquia entre los siglos XVII y XVIII, parecen sugerir una mayor presencia de capellanías colativas. Las visitas del Obispo de Popayán —seis entre 1676 y 1743— coincidieron con las épocas de mayor profusión de fundaciones de capellanías, requisito indispensable —la autorización del prelado— para aquellas de carácter colativo. Sin embargo, y a pesar que en la mayoría de las imposiciones aparecía la fórmula para que se ordene, sólo intervinieron los interesados —el fundador o su apoderado, el clérigo beneficiado y los fiadores o testigos—, sin presencia de jerarcas eclesiásticos. Además, el patronato recayó en gran medida en laicos, generalmente el fundador de la capellanía o una persona designada por él, circunstancias que parecen indicar mejor que se trataría de capellanías gentilicias o mercenarias.

No cabe duda que las realidades regionales de un sector periférico del Imperio Español no siempre correspondieron a los ideales implantados en la legislación y la jurisprudencia, normas que también sufrieron variaciones al calor de las coyunturas políticas y sociales de la Metrópoli y sus colonias. Por estas razones, la aplicación para Antioquia de la tipología de las capellanías establecida por Escriche, debe ser cautelosa y ajustada al contexto temporal a investigar.

El estudio de la capellanía, por otro lado, no debe reducirse a un campo puramente estadístico. El problema de investigación no reside en la cantidad que cada tipo representa en el universo de capellanías, sino en la influencia que esta institución ejerció en la sociedad objeto de análisis y en las facetas económicas y políticas de ésta. Gisela von Wobeser (1998, 119-130) propone que en el escenario novohispano, la capellanía cumplió funciones en ámbitos como la educación, el crédito y el prestigio social. Como categorías de análisis, estos campos son válidos para explicar el desarrollo de la capellanía en Antioquia entre los siglos XVII y XVIII.

El número de capellanías estudiadas en el curso de esta investigación fue de 296 imposiciones entre 1676 y 1750, que ascendieron a cerca de 136 mil pesos.² Como puede colegirse de la Tabla 1, cerca de tres cuartas partes de las imposiciones correspondieron a pequeñas y medianas cuantías (hasta 500 pesos); en contraste, éstas sólo representaron en valores absolutos el 37,4%. Esta situación parece ser explicada por la costumbre de fundar, a favor de un futuro sacerdote en vísperas de su ordenación, capellanías de 100 o 200 pesos —las cuantías más comunes— por parte de varias personas, como ocurrió con Lázaro Mariaca en 1736, cuando recibió el beneficio de nada menos que siete capellanías, con cifras de 88 a 200 pesos y que sumaron 988 pesos.³ Las capellanías de 2.000 pesos, el monto máximo encontrado, fueron comparables a las impuestas en la región de Colchagua (Muñoz 1998, 155-172), en Chile, pero modestas en relación con algunas fundaciones en Nueva España (Cervantes 1998, 173-190), hecho que ofrece una idea de la magnitud de las fortunas y el tamaño de la economía en cada región.

El desarrollo de las imposiciones de capellanías en la Provincia de Antioquia, sin embargo, experimentó un descenso importante en términos relativos y absolutos durante este período, no sólo en el número de las mismas sino en el promedio de los caudales vinculados a ellas; la Figura 1 permite apreciar este hecho. Esta contracción no indica una pérdida de fe en la religión, ni tampoco sugiere un quebranto en la esperanza de la indulgencia en el Más allá por parte de los antioqueños. Como se verá, este decremento fue debido al auge de otro tipo de vinculación como lo fue la institución del patrimonio.

El problema de la escasez de la moneda circulante en Antioquia, que obligó al uso del oro en polvo en las transacciones habituales —hecho natural en este contexto específico de economía ligada a la minería aurífera—, restringió las imposiciones de capellanías con dinero líquido. Por esta razón, los pobladores de Antioquia forzosamente fundaron sus capellanías con bienes en especie en un abrumador 95,9% de los casos. En las escrituras de imposición se solía registrar el tipo de propiedad que respaldaría la capellanía; desde cuadros de santos, joyas y herramientas agrícolas, hasta esclavos, ganados, casas y tierras —estos últimos, más susceptibles de intercambio—, fueron utilizados para este fin, como lo indica la Tabla 2.

El panorama sobre la reducción de la tierra como garantía de las capellanías entre 1701 y 1750 y el aumento de otros bienes, resulta más inquietante cuando las observaciones se trasladan del nivel regional al nivel local y el objeto de estudio es, precisamente, la finca raíz. En la Villa de Medellín, las tierras respaldaron el 54,2% de las capellanías y las casas el 38,6% de las mismas en el período 1701-1725. La tendencia se invierte casi en la misma proporción entre 1726 y 1750, pues ahora las tierras disminuyeron su participación hasta el 40,5% y las casas la incrementaron hasta el 52,4%. En la Ciudad de Antioquia, por su parte, las imposiciones de capellanías sobre tierras fueron relativamente estables entre 1701 y 1750 y giraron alrededor del 49%, mientras que las casas tuvieron una reducción sustancial, desde el 40,8% en el período 1701-1725 al 27,1% entre 1726 y 1750.

El hecho que la diversificación de los bienes como garantía de las capellanías se hiciera patente a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, en detrimento de las propiedades rurales y urbanas, parece indicar un leve cambio en los patrones de imposición, y en un plano más amplio, deja entrever una transformación económica a favor de las inversiones en otros ámbitos. Esta realidad refleja la ausencia, al menos en la Villa de Medellín, de un sector propietario de tierras relevante (Patiño 2011), y quizá la pérdida paulatina del prestigio de la tierra frente a actividades como el comercio.

A lo largo de este artículo ha sido expresado el vínculo entre la capellanía y la salvación de las almas, enmarcado en una ideología particular y dentro de unos patrones escatológicos definidos por la sociedad occidental. La conexión entre la vida y la muerte es clara en la intencionalidad y en los efectos de las imposiciones de las capellanías y de ella no estuvieron excluidos sectores diferentes al del grupo racial dominante, desde luego igualmente interesados en la redención de sus pecados. El mulato o de baja esfera Luis Gómez es prueba de ello, pues en 1722 impuso una capellanía de 200 pesos a favor de don Ignacio García de Ordaz.⁴

Otros, como los esposos Antonio Varela y Juana Antonia de la Cruz, fundaron capellanías a favor de obras pías. Esta pareja decidió imponer una capellanía de 50 pesos a favor del Divino Culto, a cambio de rezar dos misas al año. Sin duda alguna, la perspectiva de un viaje lleno de penalidades impulsó a los cónyuges a realizar esta fundación, pues manifestaron que se irían a vivir a la ciudad de Buga, ubicada en la vecina Gobernación de Popayán.⁵ Algunos más, como el sargento mayor don Francisco Miguel del Pino Guzmán, impusieron capellanías para rezar misas en los aniversarios de sus fallecimientos. Don Francisco dispuso en su testamento de 1721 que dicha capellanía de 500 pesos debía no sólo favorecer a su alma sino a todas las ánimas del Purgatorio, con el rezo de misas todos los lunes a favor de estas.⁶

La imposición de una capellanía, en lo referente a la dotación de la renta espiritual, revistió de dos modalidades. En la primera, el fundador definía taxativamente la cantidad de misas a celebrarse en su memoria y en la de sus allegados. En 1721, los esposos Mateo Guerra Peláez y Catalina Pérez de Rivero impusieron una capellanía de 800 pesos a favor de:

[...] Cristóbal Guerra Peláez, nuestro hijo, para que a título de ella se pueda ordenar [...] y luego que se ordene de presbítero ha de ser obligado a decir por nuestras almas, las de nuestros padres, hermanos y demás ascendientes y descendientes, quince misas rezadas en cada un año en la parte que fuere su voluntad [...].⁷

Los 800 pesos generarían una renta anual de 40 pesos, es decir, cada una de las quince misas anuales sería pagada a entre 2 y 3 pesos al capellán, cifra incursa dentro del promedio de la Provincia de Antioquia que fue de 2 a 4 pesos.

La segunda modalidad consistió en que el fundador decidía de antemano la cantidad a pagar por cada misa. Doña María de Ordaz Figueroa impuso una capellanía de 550 pesos a favor de su nieto el presbítero Antonio Zapata Múnera; cada misa debió ser pagada a 2 pesos, como explícitamente lo indicó doña María. Los 550 pesos producen 27 pesos y 4 tomines al año, es decir, lo suficiente como para regocijar el alma de doña María con 13 o 14 misas anuales.

El cumplimiento de las voluntades espirituales y profanas de los fundadores de las capellanías con respecto al sacrificio de la misa fue regulado por la autoridad eclesiástica. Al parecer, algunos capellanes no procedieron con el celo que cabría esperarse respecto al auxilio de las almas angustiadas en el Purgatorio y ya desde una fecha tan temprana como 1617, el obispo de Popayán González de Mendoza ordenó algunas medidas para controlar el desorden, como por ejemplo la obligación de los capellanes de llevar libros donde registrasen las misas y las cuentas de la capellanía (Piedrahíta 1973). Exactamente un siglo después, el obispo Gómez de Frías prohibió la transferencia de la obligación de la celebración de las misas entre el capellán y un tercero, a menos que se contara con la autorización eclesial, "so pena de que si lo contrario hicieran serán privados del servicio del beneficio que se encargaron de servir y de sus frutos y otras penas al arbitrio de Nos y de nuestros jueces" (Piedrahíta 1973, 122).

Estas preocupaciones eclesiásticas estuvieron acompañadas por las propias inquietudes de los fundadores de las capellanías, en el sentido de asegurar la permanencia en el tiempo de las misas. Si la vida eterna es para siempre, la realización de las misas también. Pero la vida terrenal no lo era —y aún no lo es— y la muerte del capellán no podía interrumpir el rezo de la misa. Los fundadores, previendo esta infalible eventualidad, determinaron la sucesión en el cargo de capellán y favorecieron a sus otros descendientes o a los descendientes de sus hermanos, como lo hicieron los mencionados esposos Guerra Peláez:

[...] y si por algún [hecho] futuro no se ordenare el dicho nuestro hijo, entre sirviendo dicha capellanía [como] interino el licenciado Francisco Martínez, mi sobrino, y por su falta el licenciado Cristóbal Pérez de Rivero, así mismo mi sobrino y cuñado; y por falta de los dichos entren nuestros descendientes legítimos [mientras] que se ordena otro de nuestros hijos legítimos; y si ninguno de ellos se ordenare entren en dicha capellanía los hijos legítimos de Manuel de Toro Zapata, mi hermano, prefiriendo siempre el mayor al menos, y por falta de estos los hijos del alférez Francisco de Burgos, mi cuñado, y a falta de estos los del alférez Cristóbal Gómez de Toro Zapata, mi hermano, prefiriendo siempre la mayoría.⁸

El sostenimiento de una clase ociosa como la de los clérigos, parasitaria desde un punto de vista económico en términos de un observador moderno, e inclusive desde el pensamiento liberal y reformista de finales del siglo XVIII, no lo era, sin embargo, para una sociedad del antiguo régimen como la antioqueña en el siglo XVII. El prestigio para las familias de contar con algunos de sus miembros incursos en la carrera eclesiástica debió ser afirmado con la garantía de ofrecerles una manutención adecuada a su posición. La capellanía permitió cumplir esta función de congrua y de renta vitalicia para los aspirantes al sacerdocio del núcleo familiar, pues el demostrar que se contaba con recursos suficientes para el propio sustento fue uno de los requisitos básicos para alcanzar la ordenación, a su vez, condición necesaria para la celebración de las misas por las almas de sus benefactores. En otras palabras, la renta vitalicia de los capellanes aseguró la renta perpetua de misas a favor de las almas del Purgatorio.

Cabe precisar que en algunas ocasiones los capellanes se vieron en apuros pues no les fueron pagados los réditos. Los documentos revelan el atraso de familiares o responsables de la capellanía en la entrega de la remuneración. Doña Francisca de Aguirre Piedrahíta impuso en septiembre de 1743 una capellanía de 200 pesos a favor de su sobrino don José Manuel de Mena Mendoza, quien se ordenó un mes después.¹⁰ En diciembre de 1744 doña Francisca declaró en su testamento que debía los réditos desde la ordenación de su sobrino.¹¹ 200 pesos producen de 11 a 12 pesos en catorce meses: tal fue el tamaño de la deuda. Parece que el incumplimiento de las obligaciones con los capellanes no fue un hecho extraordinario en esta familia. En 1743, el doctor Manuel Antonio de Aguirre Piedrahíta —hermano de doña Francisca— declaró que su padre no le había pagado los réditos de una capellanía de 2.000 pesos durante 25 años, es decir, que la deuda ascendía a la friolera de 2.500 pesos, cifra superior al monto de la imposición. Estos casos, sin embargo, no fueron generalizados porque los deudores prefirieron ceder la obligación a personas con mayor capacidad de pago, aunque el amor filial podía conmover los corazones de los capellanes y perdonar los intereses, como lo hizo el licenciado Marcos Antonio de Espinosa con su prima Gertrudis de Ochoa en 1710.¹²

Algunos sacerdotes también impusieron capellanías a favor de sí o de otros clérigos, con su dinero o con el dinero de otros, como ocurrió en 1750 con el licenciado Mariaca con una capellanía de 252 pesos mandada a fundar en el testamento de doña Juana Díez. Mariaca aprovechó su posición como capellán y patrono (no fue raro ocupar ambos cargos) para tomar la casa donde se aseguró la capellanía; ésta era una forma de pagarse a sí mismo los réditos.¹³ En 1717, el mencionado doctor Aguirre Piedrahíta impuso una capellanía de 200 pesos, asegurada en siete fanegas de tierras en el sitio de El Rincón, a favor de otro de sus sobrinos, el futuro sacerdote don Juan Salvador de la Cruz Zabala Aguirre.¹⁴ En 1743, el mismo Aguirre cedió a su sobrino don José Manuel una capellanía de 200 pesos, fincada en unas tierras de pan y caballería en San Jerónimo. Aguirre manifestó que tenía una congrua suficiente (servía capellanías por 1.800 pesos) y que por ello podía traspasar en su sobrino el beneficio de la capellanía.¹⁵

No sólo la muerte arrancó a los capellanes del disfrute de las capellanías. El fundador o el patrono, según el caso, podían destituir a un capellán de su cargo cuando no cumpliese con sus obligaciones como ordenarse, rezar las misas por los difuntos e, inclusive, llegar a revocar la capellanía cuando haya mediado el engaño por parte del beneficiario o alguno de los intervinientes en el proceso de imposición. En enero de 1709, doña Beatriz Delgado Jurado redactó su testamento y fundó una capellanía de 100 pesos a favor de Agustín de Garro, hijo extramatrimonial de don Francisco de Garro, quien fungió como apoderado y albacea del licenciado Francisco José Ruiz Delgado, hijo de doña Beatriz.¹⁶

Quizá ella y don Francisco no tuvieron las mejores relaciones, pues en mayo de ese mismo año doña Beatriz revocó la autorización de Garro para manejar los bienes de su hijo, heredados por ella. Sin embargo, no por ello dejó doña Beatriz de adicionar 200 pesos a la capellanía fundada en enero.¹⁷ En 1712, no obstante, doña Beatriz anuló esta imposición porque actuó, según lo expresó, engañada por don Francisco y por el escribano Francisco José de Foronda.¹⁸ Este episodio sin duda demuestra la riqueza y la turbulencia de la vida cotidiana colonial y los intereses que, en situaciones como esta, llevaron a varios a la ejecución de actos profanos y pecaminosos.

La capellanía fue uno de los recursos utilizados por los antioqueños desde el siglo XVII para garantizar la educación eclesiástica y la ordenación sacerdotal de sus parientes cercanos. De hecho, entre 1689 y 1750 prestaron información en San Bartolomé setenta colegiales y de ellos, 27 tenían capellanías a su favor (Márquez 2003, 239-241). Las opciones educativas para los aspirantes a las sagradas órdenes incluyeron los colegios de Santo Tomás, el Rosario y el mentado San Bartolomé, en Santa Fe; en Popayán, el Real Colegio y Seminario de San Francisco de Asís el cual, sin embargo:

[...] por la mucha distancia y graves costos que se ofrecen no va ninguno de esta Provincia [de Antioquia] a estudiar la latinidad, que es lo único que allí se enseña, y para cursar las ciencias es preciso que los padres envíen los hijos al Colegio Real Mayor de San Bartolomé de esa corte, [en el] cual han resultado hasta aquí los que se hallaron con algún caudal [...].¹⁹

Quienes no contaban con el caudal para estudiar en aquellos lejanos colegios podían ingresar a las aulas particulares que en Antioquia dirigieron algunos sacerdotes como el doctor Guillermo de León Hurtado, el presbítero Nicolás Antonio del Pino Guzmán y el maestro Juan Bautista de Eysaguirre, donde los alumnos no sólo aprendieron materias eclesiásticas sino también francés, aritmética, derecho, historia y gramática (Moreno 2007, 1-10).

Los patrimonios y capellanías fueron instrumentos comparables, tanto para garantizar los estudios sacerdotales a los familiares, como para asegurar la manutención luego de la ordenación. Para el alivio de las almas de los fundadores y sus allegados, los patrimonios podían incluir algunas condiciones sobre la celebración de misas rezadas,²¹ pero la mayoría de ellos fueron impuestos por los propios aspirantes para respaldar su ordenación y su congrua, con bienes provenientes de adelantos de herencias y donaciones. Sin embargo, la cuestión temporal distinguió a unos de otras: el patrimonio fue vitalicio, es decir, sus efectos finalizaron con la muerte del beneficiario; la capellanía fue perpetua porque el sacrificio de la misa —fin último de esta institución— no podía interrumpirse con la muerte del capellán, y por ello se definía la sucesión en el cargo desde el momento de su imposición.

La renta generada por las capellanías provino de los bienes y dineros de ellas puestos en circulación mediante la figura de los censos. En su acepción más elemental, los censos fueron un derecho a través del cual un individuo —el censualista— recibía unos réditos de otro —el censatario— por haberle traspasado una determinado bien o dinero (Escriche 1847, 515).²² Los censos fueron uno de los mecanismos utilizados por la sociedad colonial antioqueña para el acceso al crédito y la consecución de propiedades, con fines de inversión en actividades agrícolas y mineras. La afirmación de Ivonne Suárez (1993), respecto que las capellanías no permitieron los traspasos de los bienes vinculados a ellas, no resulta del todo cierta pues las propiedades podían circular por medio de los censos. En efecto, las compraventas a censo de casas y tierras aumentaron en la primera mitad del siglo XVIII en Antioquia y se convirtieron en el medio más utilizado para las transferencias de propiedad.

El dinamismo de los censos de capellanías es evidente frente a otras formas de crédito. Entre 1700 y 1738 fueron registradas 859 escrituras en la Ciudad de Antioquia y la Villa de Medellín, que comprometieron operaciones crediticias, ya fuera sobre tutelas de menores, capellanías, cofradías u obligaciones personales; 697 de ellas fueron censos exclusivamente, provenientes de capellanías —con holgura—, cofradías, obras pías y traspasos de propiedades.

La preferencia por los censos de capellanías radicó en las ventajas ofrecidas: baja tasa de interés, redención del gravamen sin límite de tiempo (en contraste con períodos de seis meses a tres años establecidos en otros tipos de crédito), posibilidad de devolución o traspaso en un tercero de los bienes en cualquier momento y respaldo en la permanencia de la finca raíz y en la liquidez de bienes como esclavos y ganados. La reputación emanada por la Iglesia Católica y reflejada en sus prelados y en el clero diocesano —directamente favorecido con la imposición de capellanías—, coadyuvó a la escogencia de esta opción crediticia por encima de otras opciones.

Los censos posibilitaron la compraventa de bienes y el control de ellos únicamente mediante el pago de los intereses. En 1745, los esposos Bernardino Valderrama y María Antonia Ortiz recibieron a censo una estancia en el río Aurra por 800 pesos. La operación incluyó 180 pesos de tierras, una casa de 70 pesos, un trapiche en 50 pesos, tres esclavos en 340 pesos, dos almudes de caña en 20 pesos, un almud y medio de platanar en 10 pesos y diversas herramientas por el resto del valor.²³ Los 800 pesos supusieron 40 pesos de réditos, que debieron ser pagados al capellán Pedro Javier de Valderrama Ortiz, hijo de los otorgantes.

En la Provincia de Antioquia los capitales disponibles para la adquisición de censos experimentaron ampliaciones y reducciones producidas por la imposición de nuevas capellanías, el pago de los gravámenes y el fallecimiento de los censatarios. Con todo, el aumento de las necesidades crediticias, revelado por el crecimiento de los censos y del monto integral involucrado en las primeras décadas del siglo XVIII (ver Tabla 4), señala la recuperación paulatina de la economía antioqueña y se une a otros hechos como el incremento de las negociaciones de tierras, el lento despegue de las operaciones mineras en el Valle de los Osos y Ríochico y la expansión del comercio regional.

Los protocolos de escribanos proporcionan algunas huellas sobre las actividades económicas de los fundadores de las capellanías, pero también sobre los orígenes familiares y la posición ocupada por ellos en la sociedad y en la política. Los documentos de imposición de capellanías son prolijos en informaciones como el parentesco, el estado civil, los oficios y cargos, la procedencia, la vecindad, las propiedades y las redes de poder; empero, también reflejan la mentalidad imperante de la época y la hermenéutica permite dilucidar lo que en ellos se registra de manera sutil, como pautas sociales, comportamientos y posturas en relación con la muerte, la familia y el matrimonio.

Las mujeres, por ejemplo, tuvieron existencia jurídica y sus actuaciones revistieron de legalidad en la medida en que estuvieron ligadas a un linaje masculino, ya fuere el de sus padres o sus esposos. Las mujeres debían solicitar autorización de ellos para efectuar cualquier tipo de negociación ante el escribano de cabildo. Aún en casos de viudez, las mujeres debían acreditar tal condición, requisito que no fue exigido a los hombres. Este milenario sometimiento social, legal y religioso, no obstante, no fue óbice para que las mujeres tuviesen cierto margen de acción, en este caso, como fundadoras de capellanías. Ciento cuatro mujeres estuvieron involucradas en la fundación de 125 capellanías, para un índice del 42,2% sobre las 296 capellanías investigadas. En 65 imposiciones lo hicieron en compañía de sus esposos, hermanos, hijos y demás familiares, como viudas para cumplir la última voluntad del marido difunto y en otros casos mediante sus albaceas testamentarios.

Las hijas del capitán Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós —gobernador de Antioquia entre 1648 y 1651— y de doña María Vásquez Guadramiros, fueron fundadoras de numerosas capellanías a favor de sus descendientes. En 1702, doña Manuela de Castrillón fundó una capellanía de 1.500 pesos sobre una casa y un solar; lo hizo en compañía de su esposo don Carlos de Gaviria Troconis, para favorecer a su hijo el doctor Juan José de Gaviria Castrillón.²⁴ Por su parte doña Lucía, otras de las hermanas Castrillón Vásquez y viuda de don Pablo Cataño Ponce de León, impuso en 1711 una capellanía a favor de su hijo el doctor Bernardo Cataño Castrillón, por un monto de 500 pesos y fincada en tierras y en una casa.²⁵ Una tercera hermana, doña Catalina, viuda del sargento mayor Francisco de Saldarriaga, impuso a su vez sobre un solar y una casa una capellanía de 500 pesos a favor de su hijo don Nicolás Ignacio de Saldarriaga Castrillón, quien sería cura de Quiebralomo en la Vega de Supía.²⁶

Cuatro años después, don Juan Gómez Castrillón impuso una capellanía de 1.000 pesos en nombre de su madre difunta, nada más y nada menos que doña Ana de Castrillón, hermana de Manuela, Lucía y Catalina y esposa que fue de Juan Gómez de Salazar, gobernador de Antioquia entre 1658 y 1664.²⁷ Una situación similar se presentó en 1737, cuando don Vicente Cataño Ponce de León, como albacea de su madre difunta doña María de Castrillón —otra de las hermanas—, impuso una capellanía de 828 pesos a favor de su hijo Diego.²⁸ En 1741, don Vicente impuso, en compañía de su esposa doña Catalina de Castrillón Mosquera, una capellanía de 800 pesos, igualmente a favor de don Diego.²⁹

El capitán Mateo de Castrillón engendró dos hijos que luego serían sacerdotes, alumnos de San Bartolomé y fundadores de sendas capellanías. En 1678, el doctor Mateo de Castrillón Vásquez impuso una de 1.500 pesos sobre tierras en Hatogrande a favor de sí mismo.³⁰ Por su parte, el doctor Lorenzo de Castrillón Vásquez fundó otra de 1.000 pesos a favor del padre José Quintero sobre tierras, salados y tres esclavos en Rionegro.³¹ Uno de los sobrinos de estos hermanos, el mencionado don Nicolás de Saldarriaga, siguió el ejemplo de su tío Mateo e impuso una capellanía de 200 pesos a favor de sí mismo en 1713.³² Los tres sacerdotes integraron el grupo de 28 clérigos que fundaron capellanías —treinta y cuatro— entre 1676 y 1750.

La familia Castrillón Vásquez también contó con miembros involucrados en las actividades políticas de la Villa de Medellín (Benítez 1988) y que fundaron capellanías. En 1684, por disposición testamentaria del alférez real don Andrés de Castrillón Vásquez —otro de los hijos del exgobernador don Mateo—, fue impuesta una capellanía de 1.000 pesos cuyo capellán fue su hermano Lorenzo.³³ Veinte años después, igualmente a través del testamento, doña Catalina de Castrillón Vásquez impuso —en nombre de su difunto esposo, el sargento mayor don Francisco de Saldarriaga— una capellanía de 524 pesos y 5 tomines a favor de sus descendientes.³⁴ Uno más de los hijos del capitán Mateo de Castrillón, el sargento mayor don Diego de Castrillón Vásquez, fue alcalde ordinario en 1709, cargo ocupado con anterioridad por don Carlos de Gaviria Troconis en 1682 y por el general Francisco Cataño Ponce de León en 1705, yernos ambos del capitán. Cataño había sido teniente general de la Villa en 1685 y uno de sus nietos, don Vicente Cataño "el mozo", sería alcalde de la Santa Hermandad en 1734.

Las redes de poder de los Castrillón Vásquez, tejidas a partir de los enlaces matrimoniales y la fundación de capellanías, alcanzaron el ejercicio de la política, no solo desde la jefatura del poder civil y militar de la Provincia —con los gobernadores Mateo de Castrillón y su yerno, don Juan Gómez de Salazar— sino también los principales cargos de la Villa de Medellín a través de los hijos y los yernos.³⁵ Este hecho, aunado a la imposición de capellanías por más de diez mil pesos entre sus miembros, señala la preeminencia de esta familia en el contexto de la sociedad antioqueña entre los siglos XVII y XVIII.

1. La primera capellanía de misas de la que se tenga noticia en el medio antioqueño fue impuesta por el capitán Juan de Taborda, español de Extremadura establecido en Antioquia en 1569. Como muchos de sus coterráneos, Taborda fundó una capellanía de mil pesos de buen oro, destinada a ser servida por familiares cercanos suyos en su villa natal de Alburquerque (Cf. Pelegrí 2004). El documento que soporta esta imposición se encuentra en: Archivo General de Indias (AGI), Sevilla, Contratación, Bienes de difuntos, 247 A, N.5, R.17, ff. 4v-5v.         [ Links ]

2. Para el estudio de la Villa de Medellín, los datos recogidos corresponden al período 1676 y 1750, mientras que para el caso de la Ciudad de Antioquia, la información recolectada comprende los años entre 1700 y 1750. Los valores que aparecen en el texto corresponden a pesos de oro de a veinte quilates.

3. Notaría Única de Santa Fe de Antioquia (en adelante NSA), Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1736, ff. 21v, 25, 153, 159, 223, 226v, 228. En 1745, Mariaca recibió interinamente el beneficio de otra capellanía, por 200 pesos, fundada en su testamento por doña María Delgado. Ver: NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1745, f. 39v.

4. Archivo Histórico de Antioquia (en adelante AHA), Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1722, f. 24v. En 1749 Ignacio García de Ordaz, ahora cura en el Valle de los Osos, intercambió este curato con el doctor Francisco Javier González, a cambio de la fundación por parte del segundo de una capellanía de 500 pesos. Ver: NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1749, f. 24v.

5. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1733, f. 242v.

6. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1721, f. 161.

7. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1721, ff. 13v-14r.

8. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1721, ff. 13v-14r.

10. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1743, f. 128.

11. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1744, f. 123v.

12. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1710, f. 8.

13. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1750, f. 94v.

14. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1717, f. 111v.

15. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1743, f. 140v.

16. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1709, f. 5v.

17. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1709, f. 45.

18. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1712, f. 64.

20. AHM, Medellín, Colonia, Concejo, Actas 1719, t. 6, f. 21.

21. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1744, f. 11v.

22. Existieron tres clases de censos: en el censo enfitéutico, el censualista recibía los réditos a cambio de traspasar el dominio útil de un bien; en el censo reservativo el censualista transmitía los dominios útil y directo sobre el bien al censatario; en el censo consignativo se transfería dinero líquido. La imposición de capellanías con dinero líquido en Antioquia, restringida por la baja circulación de moneda, afectó en igual medida la adquisición de censos consignativos, a diferencia de lo sucedido en las jurisdicciones de Cali (Colmenares 1983) y Pamplona (Ferreira 1995, 37-78).

23. NSA, Santa Fe de Antioquia, Colonia, Escribanos de la Ciudad de Antioquia, 1745, f. 122.

24. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1702, f. 43.

25. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1711, f. 21v.

26. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1713, f. 54v.

27. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1717, f. 50v.

28. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1737, f. 43v. ]]> 29. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1741, f. 23. Para explicar la situación de parentescos de esta familia valga aclarar que doña María de Castrillón Vásquez casó con don Francisco Cataño Ponce de León. Don Francisco había engendrado en su primer matrimonio a don Pablo Cataño, esposo de doña Lucía, y en este segundo matrimonio engendró a don Vicente, quien se casó con su prima doña Catalina de Castrillón Mosquera, sobrina de su señora madre e hija de don Diego de Castrillón Vásquez.

30. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1678, f. 20.

31. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1690, f. 33v.

32. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1713, f. 57.

33. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1684, f. 18v.

34. AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín, 1704, f. 57.

35. Para una lectura interesante sobre la figuración alcanzada por los yernos en el desempeño económico y político de las familias durante el período colonial en el ámbito brasileño, específicamente en São Paulo, el lector puede remitirse a Alida C. Metcalf (1986, 455-484).

Archivo General de Indias, AGI, Sevilla, Contratación, Bienes de difuntos. 247 A, N.5, R.17, ff. 4v-5v.

Archivo Histórico de Antioquia, AHA, Medellín, Colonia, Escribanos de Medellín. 1678, f. 20; 1684, f. 18v; 1690, f. 33v; 1702, f. 43; 1704, f. 57; 1711, f. 21v; 1713, f. 57 y 54v; 1717, f. 50v; 1721, ff. 13v-14r; 1722, f. 24v; 1737, f. 43v; 1741, f. 23.         [ Links ]

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