http://dx.doi.org/10.15446/historelo.v7n14.47784

Guerra y Nación. La guerra civil colombiana de 1851

War and Nation. The Colombian Civil War of 1851

Juan Carlos Jurado Jurado^*

^*Doctor en Historia por la Universidad de Huelva (España), Magister en Historia por la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia), y Profesor de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia). El artículo es resultado del proyecto de tesis doctoral "La guerra civil de 1851", adelantado en la Universidad de Huelva (España). Correo Electrónico: jjurado@eafit.edu.co

Recepción: 12 de diciembre de 2014 Aceptación: 18 de febrero de 2015

Resumen

Las relaciones entre guerras y procesos de estructuración social ocupan un lugar importante en las ciencias sociales. Este artículo aborda la guerra civil colombiana de 1851 como escenario de construcción del Estado-nación, desde la perspectiva de sus determinantes políticos y sociales, las acciones político-militares de los partidos, las élites regionales, el clero, los sectores populares y las implicaciones de la guerra en el contexto del medio siglo XIX. Las fuentes de análisis son memorias, crónicas, correspondencia oficial y prensa.

Palabras clave: guerra civil, Estado-nación, Colombia.

The relations between wars and processes of social structuring have a relevant place in social sciences. This article refers to the colombian civil war of 1851, as the stage for the construction of the Nation-State, from its political and social determinants, the political and military actions of the parties, the regional elites, the clergy, the people, and the implications of the war in the context at the time in the XIXth Century. The sources for this analysis are memoirs, chronicles, official correspondence, and press.

Keywords: civil war, nation-state, Colombia.

Introducción: motivaciones de la guerra civil de 1851

Entre mayo y septiembre de 1851 tuvo lugar en la Nueva Granada una guerra civil, en la que el partido conservador se levantó en armas contra las reformas progresistas del gobierno del liberal José Hilario López (1849-1853). Este lideró una serie de políticas de modernización -en ruptura con el persistente pasado colonial-, denominadas en la historiografía colombiana como las "reformas liberales". Se trataba de poner el país a tono con las exigencias de la economía mundial y de darle a la sociedad un carácter más democrático y laico, lo que suponía quebrantar los viejos sistemas de dominio social y cultural de las aristocracias coloniales y de la Iglesia Católica. No obstante que la guerra civil de 1851 tuvo muy poca duración -132 días-, su impacto en la vida política nacional del siglo XIX fue considerable, debido a su contenido político-ideológico modernizante. En este escrito se presenta una síntesis de la guerra mencionada en su conjunto y se pretende iniciar la comprensión de la forma como la contienda armada suscitó representaciones y procesos de construcción de la Nación y del Estado dentro del proceso de modernización que supuso el siglo XIX (Helguera 1970; Ortiz 1985; Valencia Llano 1998; Uribe y López 2006; González 2006, 36-57).

No obstante que la guerra significa muerte y destrucción, por su carácter complejo y paradójico también trae consigo la construcción de nuevos órdenes sociales y políticos. María Teresa Uribe destaca el problema de las complejas relaciones entre guerras y procesos de formación de las naciones como tradicional en las ciencias sociales, alrededor del cual se define una amplia gama de problemáticas referidas a las identidades regionales, territorios, soberanías e instituciones políticas modernas como la nación (Uribe 2001a, 9; Guerra 2001, 85-102; Bourdieu 1999, 91-125). Un amplio abanico de investigadores, desde la historia social, la sociología política y la antropología, como Perry Anderson (1982), Eric Hobsbawn (2000), Charles Tilly (1992), Benedict Anderson (2003), Norbert Elias (1998, 101-117), Theda Skocpol (1983) y Pierre Bourdieu (1999, 91-125), entre otros, destacan la profunda relación entre guerras y procesos de formación de los estados nacionales, lo que supuso complejos mecanismos y procesos de hegemonía, monopolización y concentración de diversos dispositivos militares, políticos y culturales propios de un territorio y una población, que responden a la configuración de identidades políticas con órganos de poder centralizados, burocráticos y unificados.

Antes de la guerra civil de 1851 como suceso propiamente militar, en la Nueva Granada sucedieron agudos y larvados conflictos sociales y políticos que definieron un verdadero estado de guerra, entre 1849 y 1851. Como lo indica María Teresa Uribe, los estados de guerra "no son todavía la guerra como acción y lo que los define es el animus belli, el mantenimiento de la hostilidad como horizonte abierto para dirimir las tensiones y los conflictos propios del mundo social y la violencia como estrategia para la solución de los problemas de la vida en común" (Uribe 2001b, 252). Los determinantes de esta guerra no declarada fueron la llegada del liberalismo al poder con la presidencia de José Hilario López (1849-1853), cuestionada de ilegal y violenta por los conservadores; la manumisión de los esclavos, vista por los hacendados esclavistas del suroccidente como un atentado a la propiedad y un serio cuestionamiento al statu quo; la violencia de los sectores populares liberales contra los conservadores de las provincias del suroccidente, los llamados retozos democráticos (Pacheco 1992; Gutiérrez 1995; Valencia Llano 2008); la expulsión de los jesuitas, considerados con exceso por los liberales como conspiradores y el brazo ideológico del partido conservador; las medidas para restarle poder político y económico a la Iglesia Católica con objeto de instituir una nación laica y un "estado neutro" en asuntos de moral religiosa, y la división de la provincia de Antioquia en tres secciones, con la finalidad de atomizar uno de los fortines regionales del conservadurismo nacional (Jurado 2009, 121).

Frente a estos hechos, los conservadores ejercieron una férrea oposición por medio de la prensa, las asociaciones conservadoras, los debates en las cámaras legislativas y algunos motines y asonadas. Ello haría afirmar a sus contemporáneos que esta guerra fue una "guerra diferida", es decir, un largo y permanente conflicto político alimentado por toda una mitología de conspiración, provocación, discursos de intolerancia, invitaciones a la resistencia armada y a la legítima defensa y hasta llamados a la resistencia civil.¹ Esta larga serie de conflictos que caracterizaron los primeros años del gobierno de López se sucedieron en medio de un acalorado clima de desconfianza y extremismo político, que definía y delimitaba a los nacientes partidos en sus proyectos de nación. Como lo indica Hernando Valencia (1997, 22) , la violencia predominó como "forma adjetiva" de la política, una forma de hacer la guerra velada entre los actores políticos, por lo cual el período mostró efectivamente el "carácter bélico de la política en la lucha por el poder, antes que la concertación de ideas y los acuerdos de nación".

Hacia principios de 1851 estaba claro que el conflicto partidista se había convertido en un "estado de guerra", lo que demuestra que esta, como hecho de paroxismo político y militar, no llegaba como el trueno "que irrumpe intempestivamente en el cielo", sino que se había anunciado largamente con la conflictiva política de la vida diaria. De ahí que, como lo indica Gonzalo Sánchez (2006, 61), la guerra civil de 1851 no fuera "un recurso excepcional ante la ausencia de mecanismos democráticos de tramitación de los conflictos", sino que fue parte estructural del "conjunto de dispositivos de la competencia burocrática, de la construcción, con un alto nivel de legitimidad, de la alteridad política". Para este autor, la guerra fue uno de los mecanismos de poder instituidos durante el siglo XIX, tanto como lo fueron el parlamento, los partidos y sus asociaciones, de forma que acá no cabe la separación entre guerra, política e instituciones.

La llegada del partido liberal al poder con el presidente de la República, José Hilario López, significó el ascenso de una novedosa generación liberal radical y de una clase comerciante, identificada con los valores burgueses y románticos del momento. Esta facción política pretendió legitimarse a partir de la defensa de los ideales republicanos y libertarios de la época de la Independencia y de la Revolución Francesa. Para los emergentes grupos de tendencia liberal, la realización de tales ideales había sido imposible entre 1837 y 1849; el llamado régimen conservador de los doce años, durante los cuales dominó en la Nueva Granada de manera apabullante la facción que con posterioridad sería identificada con el partido conservador, como consecuencia de su triunfo en la guerra de los Supremos (1839-1842) y de su excesiva "reacción autoritaria" frente a los vencidos, institucionalizada con la Constitución de 1843. El período fue calificado por la facción liberal de "presidencialista, autoritario y centralista", asfixiante para ellos que ejercieron la oposición, y sus principales gestores fueron las élites de militares, hacendados y esclavistas de raigambre colonial, representados por el naciente partido conservador y la Iglesia Católica (Gilmore 1995, 1: 135-137).²

El carácter excluyente con que gobernó el naciente partido liberal restringió los espacios de maniobra electoral y burocrática para el partido conservador, derrotado en las elecciones de 1849, lo que alimentó su malestar, expresado, en lo primordial, por medio de discursos a través de la prensa, sus clubes y las instituciones republicanas durante los años de 1849 y 1851. Pero, más que la exclusión burocrática de los cargos del gobierno, lo que más deterioró las relaciones entre ambas facciones fue la forma como el día de las elecciones presidenciales, el 7 de marzo de 1849, accedieron los liberales al poder, con la problemática y tumultuosa "apelación al pueblo", plagada de ilegalidad y jacobinismo, según los conservadores (González González 1997b, 2: 166 ss.; Restrepo 1954, 4: 17-22).³ Ello implicó un novedoso elemento bastante conflictivo con los conservadores, pues durante tales elecciones los liberales habilitaron políticamente a los sectores populares, sobre todo urbanos, para ser protagonistas en la definición política del Estado y la nación, lo que entró en franca contradicción con la noción de "democracia oligárquica" de sus opositores (Posada 1929, 4: 254-255).⁴ Ello no era más que la "democracia de la infracción", traducida en la efectiva convocatoria que habían logrado los liberales para beneficiarse de la espontánea e incendiaria participación de los sectores populares, un mecanismo tan directo o más que el ejercicio del voto restringido a las élites.⁵

La convocatoria liberal a los sectores populares los facultó como "ciudadanía de hecho", un actor político calificado como ilegítimo por los conservadores (y algunos liberales) por desbordar los marcos jurídicos de la democracia restringida a las élites, por su supuesta naturaleza irracional e incendiaria, cuyas aspiraciones políticas de igualación social amenazaban con una inversión de las jerarquías sociales. En un ambiente de excesiva novedad republicana y de extremismo legalista, las elecciones del 7 de marzo fueron designadas por los derrotados conservadores como la noche de los puñales, con lo cual denunciaron la "ilegitimidad de origen" que asistía al gobierno de López, una estrategia a la que recurrieron de manera permanente los del partido perdedor en Hispanoamérica, con la finalidad de acceder al control del ente gubernamental. Sin embargo, las supuestas irregularidades que detonaron la permanente proclamación de denuncias de fraude electoral ayudaron a posicionar, simbólicamente como ideal republicano, los acuerdos constitucionales como reguladores de la vida en común.

El triunfo de la facción liberal confluyó con la definición doctrinaria de los partidos políticos, en un ambiente de diferenciación de identidades en ese respecto, asumidas como propuestas mesiánicas de construcción nacional, lo que implicó un profundo antagonismo entre los partidos liberal y conservador, como expresión de la pugna entre las clases dominantes por acceder de manera excluyente al Estado. No obstante que ambos partidos acordaron la institucionalidad republicana y los ideales del liberalismo político, al conflicto subyacía el duelo entre dos propuestas políticas en franca contrariedad con respecto a los proyectos de nación para la Nueva Granada. De un lado, un proyecto laico, basado en los principios utilitarios del progreso, de ampliación de la democracia hacia lo "popular", el fortalecimiento de la ciudadanía basada en leyes reguladoras de la relación con el Estado y la sociedad, y de pluralidad en lo moral; y del otro, el proyecto conservador, para el cual el catolicismo era el fundamento absoluto de la sociedad y, en consecuencia, el Estado debía ser confesional, la democracia estaba restringida a los sectores de la élite culta y propietaria, la moral quedaba bajo la férula de la Iglesia Católica y la ciudadanía se basaba en las tradiciones históricas y culturales hispanas (López 1999, 85-87). Al ser desplazados de los cargos burocráticos del aparato estatal, los conservadores vieron frustrada la realización de su proyecto de nación integrista y católica, proyecto de nación al que se contrapuso el de los liberales radicales, sustentado en las reformas liberales. La fuerte identificación entre gobierno y partido liberal generó un clima político bastante conflictivo, pues aquel no representaba la "unidad simbólica" de la comunidad nacional, por lo cual el orden político fue en extremo asfixiante para los opositores conservadores (Rojas 2001, 11). Como expresión de la radicalización del conflicto, el partido liberal fue representado como enemigo absoluto y al gobierno de López se le adjudicaron las denuncias de "tiranía, comunismo y falta de garantías ciudadanas" por parte de los conservadores, lo que significó, para los dos primeros años (1849 y 1850) del gobierno de López todo un "estado de guerra", que posicionó el animus belli en el centro de la vida política nacional.⁶

Actores sociales y reivindicaciones rebeldes

La guerra civil de 1851 como tal duró entre el 1º de mayo -con los levantamientos de los terratenientes y esclavistas conservadores Julio Arboleda y Manuel Ibáñez en las provincias del suroccidente-, y el 10 de septiembre, con la derrota del general caleño Eusebio Borrero, en la antigua provincia de Antioquia, en la localidad de Rionegro. Entre estos dos hechos se sucedieron varios levantamientos regionales, los principales en las provincias del Alto Magdalena, Mariquita y Neiva, planeados para el 20 de julio por el coronel y hacendado Mateo Viana, Francisco de Paula Diago y el general José Vargas París, así como por los hermanos Francisco y Domingo Caicedo y sus peones y labriegos reclutados en sus haciendas. En el movimiento insurgente del centro oriente, los rebeldes también fueron importantes hacendados del entorno agrario dominado por la capital de la República, entre los que se destacaron el popular terrateniente y guerrillero José María Ardila en Facatativá, Pastor Ospina (hermano de Mariano Ospina Rodríguez, líder nacional de la oposición al gobierno), quien se levantó en la localidad de Guasca, con gran influjo político en Guatavita, Sopó y Gachetá donde reclutó tropas de campesinos y propietarios con las que armó guerrillas. Por último, Juan Nepomuceno Neira, político regional, afamado abogado y profesor de Derecho, representante ante el Congreso por la ciudad de Tunja. Como puede apreciarse, variados sectores del clero, hacendados, propietarios de esclavos y gamonales regionales pretendieron obstaculizar la aplicación de las reformas liberales por medio de diversas rebeliones y asonadas en cuatro principales regiones de la Nueva Granada: el suroccidente, el centro oriente, el alto Magdalena y la antigua provincia de Antioquia.

Las reivindicaciones de los rebeldes se sintetizaron en la consigna "Convención, Dios y Sistema Federal", con lo cual pretendieron darle al movimiento insurgente un sentido nacional, que contrastó en gran medida con su incapacidad para liderar la guerra como una estrategia global y generalizada por todo el territorio nacional.⁷ La derrota de los rebeldes por parte del gobierno liberal se explica porque la rebelión fue liderada por una figura de pobre prestigio militar y nacional -anciano, errático y enfermo- como Eusebio Borrero, quien concitó tarde y ya iniciada la revuelta a algunos de los principales dirigentes conservadores, lo que puso de manifiesto su falta de planeación. El bajo prestigio de Borrero jugó en gran medida en su contra, pues fue incapaz de lograr la participación mayoritaria del conservadurismo nacional para sumarse a la insurrección y superar las divisiones internas, presentes desde antes de las elecciones del 7 de marzo de 1849. Al respecto, hay que recordar que la facción político-militar más representativa y poderosa del partido, la liderada por el clan familiar caucano de los Mosquera, encabezada por el expresidente Tomás Cipriano, se había sustraído tempranamente de toda intervención político-militar desde el triunfo de López en las elecciones, además de su gradual viraje hacia el liberalismo desde que había ejercido la presidencia de la República (1845-1849). Como resultado de ello, los militares de la costa Caribe, entre otros de peso nacional, no apoyaron la rebelión, sino que, por el contrario, algunos se sumaron a las fuerzas del Gobierno para sofocarla allí donde los rebeldes lograron efectivamente deponer a las autoridades legítimas y fungir en forma transitoria como gobierno revolucionario: la antigua provincia de Antioquia.⁸ Las tropas provenientes de otras regiones fueron claves para estrangular allí la rebelión.

Otro elemento por considerar para los conservadores en el balance negativo de la contienda es que el asidero nacional de la revuelta desde Antioquia, el fortín del conservadurismo nacional, donde no quedó autoridad que representara al gobierno liberal, se tornó muy frágil, pues el motivo bélico le llegaba desde afuera y, en este sentido, no contaba con la opinión favorable y general de los antioqueños, que vieron en la guerra una especie de ocupación de fuerzas foráneas provenientes de los militares caucanos (Uribe 1988, 85; Kastos 1972, 74). Por otra parte, los insurgentes contaban con una Junta Nacional de Notables que no tenía plena legitimidad política en Antioquia, con una débil alianza de rebeldes conservadores, conformada por civiles inexpertos, en una región montañosa donde siempre fue muy difícil combatir y que no contaba con buena disposición de tropas. Además, la alianza de rebeldes de la región estaba en extremo fracturada, debido al enfrentamiento entre las posturas beligerantes y radicales -de Borrero, Pedro Antonio Restrepo Escobar y del sacerdote Canuto Restrepo- frente a la moderación y el pacifismo del principal líder conservador, Braulio Henao, quien, en medio de la contienda misma, negoció su rendición con las tropas del Gobierno nacional. Este se mostró muy pragmático en no adelantar en su propia región sanguinarios combates que le depararían con posterioridad el odio y la venganza de sus coterráneos liberales, con lo que la identidad regional con sus opositores pudo más que las identidades nacionales y políticas de partido. De otro lado, a diferencia de los demás rebeldes, Henao fue un experimentado militar y tenía un notable conocimiento de la región, mientras que sus compañeros no, por lo que estos quedaron a su merced.

Otra dificultad adicional que explica el fracaso de los rebeldes la constituyen los serios problemas de coordinación y control del movimiento armado entre sus élites regionales para proyectarse como un efectivo movimiento nacional, lo cual se manifestó en su recortada capacidad logística y la incapacidad de apropiarse y dominar el territorio más allá de las localidades naturales de las élites insurrectas y de tejer alianzas y lealtades políticas que trascendieran sus entornos inmediatos, por lo que no se pudo convertir en una efectiva y extendida amenaza para las tropas del Gobierno Nacional. En este contexto se comprende la insistente recurrencia de Borrero y de sus iguales en calificar la rebelión como un movimiento generalizado por toda la república y en construir reivindicaciones nacionales unificadas y unificadoras -Convención, Dios y Sistema Federal- contrastaban con su marcado carácter atomizado y regional, pues los diferentes movimientos rebeldes fueron neutralizados con celeridad o derrotados, desde el punto de vista militar, en sus mismas localidades y regiones por tropas regionales y nacionales, con lo que no trascendieron a otras regiones o lo hicieron en forma tímida.⁹ Solo el movimiento insurgente en Antioquia alcanzó mayor incidencia regional, pues Borrero logró tomar, en la práctica, toda la antigua provincia, lo cual demandó al Gobierno una efectiva movilización nacional de tropas para estrangularla. Después de más de dos meses (pues se inició el 1º de julio), la rebelión fue sofocada el 10 de septiembre, lo que no evitó que se presentaran algunos conatos posteriores dirigidos a reactivar la revuelta, hasta principios de 1852, allí y cerca de Pasto.

La guerra civil de 1851 puso de manifiesto los esfuerzos del viejo orden colonial, representado en los hacendados del suroccidente, las élites del centro oriente, del Alto Magdalena, y de la Iglesia Católica para conservar el viejo régimen de privilegios nobiliarios ligados a su preeminencia social y política. En consecuencia, fue una contrarrevolución conservadora, que se inició para preservar el viejo orden de herencias coloniales y terminó con la "ratificación del programa liberal" (Ortiz 1972, 61). En igual sentido, la guerra expresó la fragmentación de las élites regionales y las dificultades para articularse como un efectivo movimiento nacional o para que una de ellas se impusiera de manera hegemónica sobre las demás. En cuanto a Antioquia, el conflicto hizo visible su falta de líderes de peso nacional, de los que adolecía desde los fusilamientos de la Guerra de los Supremos (1839–1842), y la debilidad de posturas moderadas, como la de Braulio Henao, frente al militarismo y la radicalización de los líderes caucanos y de otras regiones, y aun de sectores de la Iglesia.¹⁰ Estos elementos permiten calificar tal contienda como una "guerra de rebeliones"; sin embargo, simbólicamente, también fue una guerra nacional, puesto que expresaba el duelo de dos proyectos de nación, y, en especial, las reivindicaciones de los rebeldes tuvieron a la comunidad nacional como "referente imaginario", fundada en la fe católica y bajo el sistema centro federal.

De igual forma, si se atienden las categorías teóricas sobre la guerra, se observa que las diversas rebeliones se ajustan al concepto de "guerra regular" definida por Peter Walmmann (Waldmmann y Reinares 1996, 14-15). De las cuatro tipologías planteadas por este autor, las dos primeras son las más pertinentes, en tanto la guerra civil de 1851 fue, primero, una guerra dirigida contra el propio régimen con la finalidad de buscar la caída del gobierno establecido, con la diferencia de que los insurrectos no buscaban una transformación profunda en el orden socioeconómico, sino perpetuarse en él. Ello responde al "marcado carácter partidista de las contiendas durante el siglo XIX" y a que se trataba de un conflicto dentro de la misma clase dominante por el acceso exclusivo al Estado y por lograr la viabilidad de su proyecto de nación (Sánchez 2008, 1619). Segundo, se tenía por finalidad la secesión político-territorial de las regiones, con una finalidad autonómica con respecto al estado central -centro-federalismo-, pero sin desvincularse de la comunidad histórica nacional.

Desarrollo de la guerra y acciones políticas

Como parte de las diferentes dinámicas y estrategias que definieron el desarrollo de la guerra civil de 1851, se pueden mencionar las siguientes:
1. La contienda como escenario de delimitación y diferenciación entre regiones y sus élites. La guerra se articuló con los procesos de formación de las regiones, pues con sus dinámicas de lealtades y confrontación fue un escenario político que hizo emerger al panorama nacional la diferenciación entre regiones, la conformación de las élites regionales y sus expresiones de soberanía bajo el sistema federal, en un país muy fragmentado, como lo fue la Nueva Granada, durante el siglo XIX. En este sentido, las denuncias acerca del zurriago se prestaron como mecanismo narrativo del movimiento rebelde, para conferirles unidad partidista a sus diferentes movimientos regionales, pero también sirvió como elemento diferenciador entre regiones, como Cauca y Antioquia,¹⁵ de modo que de allí en adelante, y aun desde la pasada guerra de los Supremos (1839-1842), el Cauca fue caracterizado hasta la exageración como un polvorín político propicio para guerras civiles nacionales, resultante de su politizada élite, las aguzadas diferencias económicas entre una minoría de autoritarios hacendados y amplios sectores populares ganados por una guerra racial que amenazaba con extender su presencia en Antioquia.

En comparación con otras regiones, y, en particular, en relación con los casos de Antioquia y las provincias del centro oriente de la Nueva Granada, sobresale la intransigencia de los hacendados y esclavistas caucanos, así como lo incendiario de sus discursos guerreros; fueron las únicas élites regionales que hasta mediados del siglo XIX pretendieron sostener la legitimidad de la esclavitud en una nación que se proyectaba moderna (Castellanos 1980, 112). A estos imaginarios se recurre en buena medida en Antioquia (aun por parte de historiadores), para ser representada como una sociedad burguesa y republicana, que cifró sus identidades sobre el mito de una procedencia racial blanca, judía o vasca (sin sustento objetivo para ello), católica y progresista, con una dinámica movilidad social y unas élites con prometedoras oportunidades económicas y, por lo tanto, menos politizadas (Appelbaum 1999, 636645, 662-667). Por ello se afirmaba que la guerra, en último lugar, "vino de afuera", importada dese el Cauca, con la ayuda de sus intransigentes élites de corte militar, con pretensiones de hegemonía nacional (Uribe 1988, 85; Kastos 1972, 74).

En este sentido, la guerra fue un importante espacio para visibilizar las emergentes identidades regionales, pues los conflictos contribuyen a diferenciar y deslindar ámbitos sociales y territoriales, que, en este caso, manifestaron su dimensión política con las reivindicaciones por el sistema federal. A las identidades regionales se les superponían otras de orden local y de mayor trascendencia nacional, como la del partido político y la ciudadanía, de forma que la construcción de estas entidades fue simultánea y dialéctica.

2. La violencia como elemento de fundación de la nación. Los asesinatos de legendarios políticos conservadores en Cartago (Juan Nepomuceno Pinto y su yerno Ángel María Morales Castro), en medio de los retozos democráticos, pusieron de presente que si bien la pasada guerra de los Supremos (1839-1842) se había terminado, no se había resuelto; estaba la conciencia de que tales asesinatos, causados por los zurriagueros, habían sido un mecanismo para tramitar la venganza partidista de los liberales, una forma de saldar las pasadas cuentas con los asesinos del coronel Salvador Córdova, el "supremo de Antioquia" durante aquella contienda (Arboleda 1990, Tomo 3, 21-22, 28-30).¹⁶ Así las cosas, hacer justicia a los fusilados de la guerra de Los Supremos, puso de manifiesto que las condiciones en que se había logrado la paz y se había terminado la guerra de Los Supremos, configuraban las condiciones futuras para la de 1851.¹⁷

Con tales hechos, era claro que la memoria del pasado estaba politizada, lo que demuestra que la anterior guerra dejaba una "herencia negativa", una especie de "memoria insurgente" alimentada por venganzas no consumadas, lo que significaba que los liberales no admitían prescripciones para las violencias del pasado, y con ello los odios heredados sirvieron, como lo dice Gonzalo Sánchez, para encadenar una guerra con otra (2006, 77-78). Tanto los fusilamientos de la guerra de los Supremos, como los asesinatos de Cartago, hicieron visible la acción violenta como "un hecho fundador del orden político", de modo que la guerra fue un espacio para que la violencia se constituyera en una especie de "experiencia histórica fundadora", de la que todo parece derivar, según expresión de Daniel Pécaut (1999, 23).

3. La cuasi-internacionalización de la guerra. Los conflictos entre el régimen conservador de la República del Ecuador y el liberal de la Nueva Granada se expresaron como conflictos entre naciones, con la declaración de guerra de ésta al Ecuador, con motivo de su acogida a los expulsados jesuitas, y a que supuestamente tal Gobierno pretendía invadir y anexarse parte del territorio neogranadino, más allá de Popayán (Restrepo 1954, 3: 136, 144-145).¹⁸ Así se manifestó la cuasi-internacionalización de la guerra, debido a que el conflicto doméstico se trasladó hacia afuera, como resultado de la capacidad envolvente de los partidos para generar las identidades políticas y a la no separación tajante entre naciones vecinas. No obstante la debilidad de la política nacional sobre las lejanas provincias fronterizas, la existencia de una entidad externa amenazante de la integridad nacional, como el Ecuador, podía jugar el papel de cohesionador interno. Ello significa que las supuestas amenazas externas podían actuar como un mecanismo de unificación interna -"nuestra dignidad nacional"-, y, en este sentido la guerra internacional sería un factor de suma importancia para la cohesión nacional. Sin embargo, en comparación con naciones como México, el caso colombiano presenta "una muy precaria crónica de guerras internacionales" que habría contribuido a cohesionar el sentimiento nacional.¹⁹

4. La participación del clero y del pueblo católico: la reinvención de la nación desde la óptica de la fe católica (Jurado 2008, 43-88). La Iglesia Católica y gran parte del clero interpretaron las reformas liberales como un atentado contra la fe católica y vieron en el liberalismo radical y en su propuesta de secularización una ideología pecaminosa y disoluta. El clero participó en la guerra al lado del conservadurismo, en defensa de sus antiguos privilegios ligados al patronato real; asumió la guerra como una cruzada de salvación patriótica nacional y la sacralizó como una forma de legitimar su acción armada.²¹ Muchos sacerdotes participaron en forma directa como combatientes, mientras que el alto clero lo hizo como gestor de opinión. En medio de la guerra se hizo visible que la religión y la Iglesia se habían politizado, que la última tenía una amplia capacidad de movilización social y política puesta al servicio del partido conservador y que el proyecto de nación del mismo era confesional, lo que significaba a la religión católica como su fundamento ideológico y moral. En consecuencia, la guerra contribuyó a delimitar los partidos políticos a partir del problema religioso (González 1997a, 149-150; Samper 1946, 172).²²

La rebelión conservadora expresa, en parte, la reacción militar de la Iglesia junto a sectores retardatarios de gamonales y hacendados para enfrentar la primera arremetida de que fue objeto durante el siglo XIX por parte del Estado liberal. Esta experiencia la prepararía para reaccionar de forma radicalizada en la segunda confrontación con el ala radical del partido liberal, a partir de la Constitución de Rionegro de 1863 (González 1997a, 159-160). La participación de la Iglesia en la contienda es un hecho más que inaugura la definición del tradicionalismo conservador, como una propuesta de nación en la que la ciudadanía se define a partir de contenidos premodernos, a los que no escapó tampoco el partido liberal.

5. La participación del pueblo liberal: la nación acuartelada y la ciudadanía en armas (Jurado 2011). La guerra expresó la potencia armada del liberalismo popular del gobierno de López, al capitalizar la formidable fuerza militar de las sociedades democráticas (bases sociales del partido) como guardias nacionales y soldados: la "ciudadanía en armas" (Sábato 2003; Thibaud 2003, 513-514; Chuts y Marchena 2007, 9-10; Escalante 2009, 201-202). La efectividad del apoyo popular fue rápida, evidente y eficaz en ciudades como Bogotá y Cali, estratégica para neutralizar las rebeliones a todo lo largo de la nación en Pasto, Popayán, Tunja, Mariquita, Neiva, y Antioquia (Samper 1946, 259; Cordovez 1997, 1394; Camacho 1946, 80-81).²³ La conjunción entre instituciones civiles y partidistas, como las sociedades democráticas, con organismos militares, como la Guardia Nacional Auxiliar, suscitó la trasmutación de la identidad de los artesanos y sectores populares como "pueblo" de soldados, lo que facilitó que el régimen liberal canalizara la violencia civil a su favor.²⁴ La Guardia Nacional Auxiliar fungió como el símbolo de la ciudadanía armada y de la nación acuartelada contra los insurgentes, una forma de construcción de ciudadanía cívica ejercida por variados sectores sociales, lo que amplió la participación política por abajo, en comparación con los restringidos espacios de convocatoria pública de los comicios electorales.²⁵

La integración de las masas populares en la Guardia Nacional permitió que, en el corto plazo, los liberales ganaran la guerra, pero, a largo plazo, fue un factor de radicalización y agudización del conflicto, en medio del que las masas quedaron con ansias de mayor poder y protagonismo, como lo mostrará su participación en la dictadura de José María Melo, en alianza con sectores militares, en 1854. Las espontáneas iniciativas del pueblo liberal por organizarse como compañías de la Guardia evidencia la acción de una fuerza militar considerable, un importante elemento para lograr el triunfo liberal en la guerra civil de 1851.

Con la guerra civil de 1851, la ciudadanía armada, a la que apeló el partido liberal, dejó entrever un elemento que comprometería su propia concepción del Estado durante el medio siglo, basada en una "fuerza civil poderosa", lo que implicaba una especie de "democracia armada", derivada de la función militar del individuo soberano y, por lo tanto, la deslegitimación del ejército regular como brazo armado del Estado, entendido como "Estado mínimo".²⁶ Ello tendría enormes consecuencias en la fallida formación del Estado por parte del liberalismo radical, pues suponía privarlo del monopolio de la fuerza y "privatizar las guerras", lo cual tuvo lugar dentro del esquema federal de organización de la República bajo la concepción de la "democracia armada" y de la "nación acuartelada" (Rojas 2001, 301-307; Samper 1942, 229-231; Colmenares 1997, 116-120).

6. Prensa y correspondencia pública y privada: vínculos de construcción de la nación. La prensa y la correspondencia oficial y privada jugaron un papel de suma importancia para lo que Malcolm Deas llama, "la presencia de la política nacional en la vida republicana" (1983, 149-152). Se trataba de mecanismos para socializar e institucionalizar la acción política conjunta y de esta forma hacerla efectiva (Guerra 2001, 275-318). Con ello se fortaleció la trama que dio forma objetiva y simbólica a la nación. No obstante que la geografía de la Nueva Granada dificultó la circulación de la prensa escrita entre distantes localidades, hubo una relativa profusión de medios impresos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que permitió que la política involucrara en forma activa a diversos sectores populares. A partir de la correspondencia privada y la prensa, los rebeldes construyeron una compleja red de poder partidista nacional con la finalidad de coordinar las insurgencias regionales en un todo articulado. La rebelión contaba con bases de acción en Bogotá, como el Congreso y las instituciones gubernamentales, y los partidos lograron organizarse en los poblados y regiones a partir de los esfuerzos de la burocracia y los líderes y gamonales locales, con la finalidad de concitar el apoyo de sus propias bases sociales. La constitución de una Junta de Notables, a partir de su labor epistolar y del periodismo por parte de los rebeldes, mostró ser un efectivo mecanismo de articulación del partido y sus representantes desde Bogotá con otras ciudades y regiones, sus caciques, asociaciones políticas y haciendas.²⁷ De esta forma, la prensa, tanto de noticias como de opinión, se constituyó en una plataforma de representación política tan legítima como las elecciones, al manifestar la formación de un ámbito público (opinión pública) para discutir los diversos recursos de civilidad y violencia de todos los actores políticos.

7. Costos de la guerra y la guerra como negocio (Jurado 2013). Puede decirse que la guerra civil de 1851 afectó las condiciones del desarrollo nacional, en cuanto significó un evento más del deterioro financiero del Estado central, mientras que, debido a su corta duración y a su localización en algunas regiones, sus efectos en las actividades productivas pudo ser ínfimo en comparación con los nefastos efectos de la guerra de 1860 (1859-1862) y la de Los Mil Días (1899-1902). En este sentido, tal contienda implicó un deterioro del gasto público del Estado, pues solo el rubro atinente al sostenimiento de las tropas osciló entre la mitad y un cuarto del presupuesto anual nacional durante la década de 1850, que fue de alrededor de dos millones de pesos (Camacho 1946, 89-90; Junguito 2010, 115-116). Sin embargo, debe considerarse que el costo total de la contienda pudo llegar a esta última cifra, lo que agravó la crisis fiscal que ya era preocupante desde la época de la Independencia, agudizada por la guerra de los Supremos, lo cual implicó el aumento de la deuda interna y puso de manifiesto la debilidad política del Estado por su falta de recursos y de disposiciones administrativas unificadas y eficientes.²⁸

A pesar de que la guerra fue un conjunto de rebeliones desarticuladas y muy corta, no debe subestimarse lo que significó en cuanto a la pérdida de vidas, la alteración de los ritmos de trabajo y de la producción con los saqueos y reclutamientos de trabajadores, la pérdida de ganados, cosechas y capitales, y el deterioro de haciendas y fincas, sobre todo de los derrotados, pero no la afectación de los derechos de propiedad, según los indicios documentales. A estos efectos de desorden e inseguridad sobre la economía deben agregarse los odios heredados.²⁹ Todos estos efectos, que no son más que la guerra misma, la posicionaron como un evento político que comprometía el destino deseable para la nación como de progreso, de modo que fue representada como una más de las revoluciones que obstaculizaron el camino de la nación a la civilización. Así, la guerra fue considerada como causa de atraso económico y cultural, pero, al mismo tiempo, la guerra aparece como consecuencia del mismo (Restrepo 1963, 2: 217).³⁰ No obstante sus efectos desestabilizadores, o precisamente por ello mismo, la guerra fue una extraordinaria oportunidad para que prestamistas, agiotistas y comerciantes nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios a costa del crédito del Estado, lo cual implicó la debilidad fiscal del mismo. En este sentido, la contienda estuvo asociada con actividades cuestionadas como negocio, corrupción y fraude al erario, formas de acceder a este. Esta amplia gama de asuntos se explican como parte de la debilidad del Estado, la falta de profesionalismo de la clase burócrata y las restricciones de una economía que hacía muy buenos negocios de la política y las revoluciones (Cordovez 1997, 1394-1395).³¹ De igual forma, hay indicios que confirman lo sugerido por algunas investigaciones previas, en tanto la guerra tenía lugar por los conflictos políticos que requerían ser resueltos por la vía armada, pero ella misma era posible, precisamente, porque existía la expectativa de acceder al control de recursos públicos (o privados) para financiarla, lo que implicaba el deterioro de los mismos recursos del Estado, por la vía de la deuda pública, en lo primordial (Meisel y Ramírez, 2010; Rojas 2007, 195-224).

La guerra civil de 1851 no tuvo efectos catastróficos en la demografía nacional de entonces. Como los costos de toda guerra se miden inicialmente con la cantidad de hombres y mujeres sacrificados, Salvador Camacho Roldán calculó los muertos de la contienda con un máximo de 300, lo que es una cifra creíble, si se coteja con lo expuesto en las memorias consultadas y los informes oficiales. Pero, en total, estimó la cifra final de víctimas en más de 1500, debido a las enfermedades, las heridas y las marchas forzadas. Estas cifras son apenas indicadores de tendencias generales, pues no es posible tener estimativos confiables por razones de la misma guerra y de la precariedad de los organismos administrativos de la época (Camacho 1946, 89-90). Malcolm Deas y Fernando Gaitán ofrecen la cantidad aproximada de 1000 muertos efectivos, lo que significa que la guerra civil de 1851 fue la menos impactante en términos de cifras, en comparación con las más representativas del siglo XIX: guerra de los Supremos (1839-1842), 3366 muertos; guerra de 1860 (1859-1862), 6000, y Guerra de los Mil Días (1899-1902), 80000 (Deas y Gaitán 1995, 201-202).

El análisis de la documentación archivística indica que, a pesar de la flaqueza de los cuerpos burocráticos del Estado, éste no dejó de ser el referente institucional para los rebeldes conservadores.³³ Como lo indica Ernest Gellner (2003, 16), hay estados que, a pesar de su debilidad, no dejaron de ser, en muchos aspectos, "Estados reconocibles". En este sentido, el Ejecutivo fungió como interlocutor político de los rebeldes y órgano administrativo centralizado y coactivo, ajustándose al "mecanismo de monopolio" de la violencia, elemento de modernidad el cual tuvo lugar en medio de su precariedad, la falta de recursos financieros, la férrea resistencia de las guerrillas del sur y de la Iglesia Católica, y las dificultades para hacer presencia en un lejano y fracturado territorio de fronteras con el Ecuador.³⁴

9. Fugas, retaliación, indultos y amnistía. La finalización de la guerra civil de 1851 no sucedió en forma abrupta, sino en medio de un "estado de guerra", con los intentos de reactivar las rebeliones por parte de los conservadores, en particular en Antioquia (la región donde logró ser más duradera y generalizada la contienda), las acciones guerrilleras en el sur, cerca de Pasto, y los intentos por invertir el uso del zurriago, esta vez contra los liberales en localidades de Antioquia, como expresión de la frustración de los derrotados. En este sentido, se prolongó el animus belli, alimentado por el desprestigio y el desengaño de los conservadores y por el triunfalismo de los liberales, que reafirmaron sus proyectos reformistas, que, de todas formas, no habían sido suspendidos, pues su despliegue fue simultáneo con la guerra misma. El debate público de posguerra actualizó las divisiones internas del partido liberal entre los draconianos, de un lado, que propusieron al gobierno liberal asumir la venganza extrema contra los vencidos en retaliación por los fusilamientos y medidas de seguridad del régimen de los doce años, y del otro, los gólgotas, con una postura conciliadora y de benignidad, que fue la que a la postre predominó, sustentada en el carácter humanitario de los principios liberales, en la necesidad de restablecer el orden público y en la negativa a repetir los patíbulos, venganzas y fusilamientos de que habían sido víctimas después de la pasada guerra de los Supremos (Ortiz 1972, 30).³⁵

Durante la guerra parece haber cobrado vigencia el derecho de gentes y con ello una guerra humanitaria, el respeto a los derechos de propiedad, primaron los indultos, algunos destierros que, por último, poco se aplicaron, y fianzas a los principales cabecillas, y con lo cual terminó el conflicto, más no sobrevino su resolución, lo que habría implicado reparaciones a los afectados con los retozos democráticos en sus propiedades y personas, el enjuiciamiento a los victimarios de los conservadores y una política de perdón, reparación y olvido, lo que sugiere la importancia del tema de la memoria y su relación con el conflicto armado.

Consideraciones finales: guerra y política nacional del medio siglo

Las reformas liberales hicieron parte del beligerante ambiente que determinó la contienda y se expresaron como sus consecuencias, pues el triunfo liberal dio más ímpetu para dictaminar y consolidarlas, dentro de la cristalización del programa liberal. Como parte de los procesos políticos inducidos por la guerra misma, se ubican consecuencias, como el proyecto de Estado-Nación y ciudadanía liberal radical, la configuración y delimitación de los partidos políticos, la constitución liberal de 1853, con la separación Iglesia-Estado, y el sistema federal que expresó y contribuyó a la consolidación de las élites regionales (Mejía 2007, 103-106; Palacios 2002, 42-48; Tirado 1989, 164). Debido al "declarado carácter partidista que asumió el Estado y la Constitución de 1853", se observa que aquel fue incapaz de generar la representación y la vivencia de la nación como unidad integradora de la sociedad, elemento fundamental para la civilidad y la modernidad política en Occidente. Este es otro elemento de precariedad del Estado neogranadino, que se suma al ya señalado del "Estado mínimo", resultante del librecambismo del medio siglo. Aunque desde antes de la guerra civil de 1851 se habían adoptado algunas iniciativas descentralizadoras, la contienda hizo brotar al panorama nacional los intereses de autonomía y soberanía de las élites regionales con respecto al Estado central, con lo que estuvieron de acuerdo ambos partidos políticos. Fue así como, en reacción a la autoritaria república conservadora del régimen de los doce años y su constitución de 1843, y como parte de viejas iniciativas compartidas con dirigentes conservadores para conferirles mayor autonomía a las regiones, los liberales radicales adoptaron el sistema centro-federal que tuvo sus primeros desarrollos con la constitución liberal de 1853. Con tal carta constitucional, a las provincias se les adjudicaron facultades para dictar sus propias constituciones. De esta forma, y como lo muestra una amplia bibliografía sobre el período, las élites regionales tuvieron plena legalidad para acceder al patrimonio nacional sin entrar en conflictos mutuos, pues estaban muy fragmentadas y, al mismo tiempo, ninguna tenía capacidad para imponer su hegemonía nacional sobre las demás (Tirado 1989, 164; Palacios 2002, 38-48). Entonces, y de acuerdo con las características de cada región, sus oligarquías adecuaron la legislación interna y, por lo tanto, las instituciones económicas y políticas para su dominio y gobierno, lo que fue más evidente con la ultra-radical constitución liberal de 1863.

Las condiciones políticas del momento permitieron a los congresistas conservadores participar en la aprobación de muchas de las iniciativas de tal constitución. Ello puso de manifiesto que las doctrinas de los partidos no fueran un criterio definitivo y absoluto para su delimitación, dado que sus posturas estratégicas también implicaron un importante elemento para sus identidades políticas. Asimismo, ello revela que no existía una relación de oposición mecánica entre liberalismo-modernidad versus conservadurismo-tradición: a la vez que los conservadores aprobaron políticas consideradas modernas, como el librecambio, el sistema federal y las libertades del individuo, algunos liberales -sobre todo los draconianos- se inclinaron por iniciativas consideradas conservadoras, como la constitución de 1843 y el predominio del ejército sobre el poder civil, o se opusieron al voto universal directo, una medida de evidente corte radical. Aunque el partido liberal ganó la guerra de 1851, sus logros fueron incipientes, pero significaron un hecho fundamental, que marcó profundamente el siglo XIX, pues, al decir de María Teresa Uribe, se constituyó en fundador del proceso de modernización más agresivo de la nación colombiana durante la misma centuria.

Notas

¹ J.F.G. 1851. "Los conservadores de Antioquia". El Neogranadino, Bogotá, año 4, núm. 169, agosto15, 267.
² Anónimo. 1850. "Expulsión de los jesuitas". El Neogranadino, Bogotá, año 3, núm. 102, mayo 24, 169. ]]> ³ Un representante. 1849. "El Aviso". El Aviso, Bogotá, año 2, núm. 78, trimestre 5, abril 7, 82-83.
⁴ Al mostrar las virtudes del sistema representativo, Posada se reafirmaba en impugnar el 7 de marzo por la participación de la plebe liberal en aquellos hechos: "A estas anomalías (la desigualdad legal de las aristocracias como las resoluciones tumultuarias de las ´repúblicas de la antigüedad´) sirvió de remedio o correctivo el sistema representativo, en el que el pueblo propiamente dicho, no el populacho, ejerce la soberanía, por un medio único, que consiste en elegir por sufragio sus representantes y mandatarios. Cualquiera otro modo por donde se pretenda ejercer la omnipotencia, es anárquico, es subversivo del orden público, es criminal" (Posada 1929, 4: 255).
⁵ Marta Irurozqui (2004, 33-35) acuña la expresión "democracia de la infracción", con la finalidad de rescatar la dimensión de informalidad de los procesos políticos y electorales, pues asume la ilegalidad electoral como inherente y no como una anomalía de la construcción de la ciudadanía y la institucionalización de la democracia.
⁶ J.F.G. 1851. "Los conservadores de Antioquia". El Neogranadino, Bogotá, núm. 169, año 4, agosto 15, 267. Unos amigos de Santander. 1851. "El pensamiento del partido liberal". El Neogranadino, Bogotá, núm. 169, año 4, agosto 15, 267-268.
⁷ Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia (en adelante BCUA), sala patrimonial, Hojas Sueltas, Eusebio Borrero, "Eusebio Borrero. Gobernador civil i militar de Antioquia. A los habitantes del estado federal", Medellín, 7 de julio de 1851; Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Eusebio Borrero. 1851. "Insurrección de Medellín". Gaceta Oficial, Bogotá, núm. 1252, julio 16, 502; José María Cardona. 1851. "Los trastornos". El Neogranadino, Bogotá, año 4, núm. 168, agosto 8, 255.
⁸ AGN, Eusebio Borrero. 1851. "Insurrección de Medellín". Gaceta Oficial, Bogotá, núm. 1252, julio 16, 502.
⁹ Anónimo. 1851. "La conspiración". El Neogranadino, Bogotá, año 4, núm. 167, agosto 1.
¹⁰ AGN, Fondo República, folletería, Manuel Ibáñez, "Nuevas observaciones sobre la administración del general José Hilario López en la Nueva Granada", Lima, 24 de abril de 1853; Biblioteca Nacional de Colombia (en adelante BNC), Fondo Antiguo, Braulio Henao, "A mis conciudadanos", Bogotá, 20 de junio de 1852, Imprenta de El Neogranadino; BCUA, sala patrimonial, folletos misceláneos, vol. 125, Pedro Antonio Restrepo Escobar, "Contestación al manifiesto del señor Braulio Henao titulado Al público, i firmado el 20 de octubre de 1851", Imprenta de Jacobo F. Lince, Medellín, 20 de diciembre de 1851; Manuel Canuto Restrepo (Pbro.), "Observaciones a una parte del manifiesto firmado por el señor Braulio Henao el 20 de octubre de 1851", Abejorral, 20 de diciembre de 1851; BNC, Fondo Pineda, Manuel Canuto Restrepo (Pbro.), "Réplica al último manifiesto del Sr. Braulio Henao, publicado en Bogotá el día 20 de junio de 1852". Bogotá: 1º de septiembre de 1852.
¹¹ Anónimo. 1850. "Libertad de la Iglesia. Artículo IV". El Catolicismo, Bogotá, núm. 11, semestre 1, abril 1, 99.
¹² BCUA, folletos misceláneos, J. M. Solano, "Una explicación sobre la rebelión de Tunja el 18 de julio de 1851", Bogotá, 1º de diciembre de 1851, vol. 258, 7-8; Anónimo. 1851. "Proyecto de acta revolucionaria para Casanare". El Neogranadino, Bogotá, año 4, núm. 168, agosto 8, 255-256. ]]> ¹³ La tercera tipología propuesta por el autor incluye las "guerras de civilización" o "guerras de castas", orientadas a imponer una política de conquista interior contra grupos reacios a la unificación, como los indígenas, refractarios a las lógicas de organización de la ciudadanía, pues conservaban sus propias formas de gobierno y de orden social (Escalante 1998, 19-38).
¹⁴ La reconsideración del contenido semántico de la "revolución", como concepto central de la historia política, conlleva a que pierda su carácter de cambio rápido y brusco para referir, en muchos casos, "un mero momento de institucionalización de transformaciones que se han dado en diversas esferas de la sociedad a lo largo de un período determinado" (Palacios 2007, 15).
¹⁵ BCUA, sala patrimonial, Hojas Sueltas, Boletín número 1, "Noticias del sur", Medellín, 6 de julio de 1851; Archivo Central del Cauca (en adelante ACC), correos, Gobierno, t. 1852, "Comunicación del general Tomás Herrera al general José María Obando desde Cali, el 14 de julio de 1851"; Anónimo. 1851. "Viva la dictadura del Jeneral López". El Día, Bogotá, núm. 832, trimestre 65, LXV, julio 5, 1. Con la expresión retozos democráticos fueron designados los atentados de la plebe liberal de Cali contra los terratenientes y esclavistas conservadores en medio del conflicto por los ejidos de la ciudad. Los ataques se agravaron y extendieron a todos los conservadores, entre 1850 y 1851. La frase fue acuñada por los liberales como una forma de minimizar los hechos de violencia política. Con ella se sugirió que se trataba de divertimentos del pueblo liberal, como resultado de su novedosa condición de actor político. El zurriago (o perrero) era un látigo fabricado de tiras de cuero seco con el que los hacendados castigaban a sus esclavos. Esta arma se prestó para que los esclavos y la plebe liberal se vengaran de los hacendados y aristócratas, al ser usado como látigo contra ellos. Tal violencia fue expresión de un inveterado conflicto social y racista en la región sur occidental.
¹⁶ BNC, Fondo Pineda, Leudo Elías, "Asesinatos de Pinto y Morales", Cartago, 10 de marzo de 1853; Judas Tadeo Landínez, "Asesinatos de Pinto y Morales", Cartago, 3 de mayo de 1852; BCUA, sala patrimonial, Hojas Sueltas, Boletín número 4, "Más excesos en el Cauca. Asesinatos de Potes, Pinto y Morales", Medellín, 22 de julio de 1851; Anónimo. 1851. "Peregrinas ocurrencias de la Gaceta". El Día, Bogotá, núm. 835, trimestre 65, julio 15, 1. Anónimo. 1851. "Capítulo de carta. Cartago, 25 de junio de 1851". El Día, Bogotá, núm. 835, trimestre 65, julio 15, 2.
¹⁷ Según Georg Simmel (1988, 241-317), en "todo estado de paz se configuran las condiciones para el combate futuro y en todo combate se configuran las condiciones para la paz futura".
¹⁸ José Hilario López. 1851. "Mensaje constitucional al congreso de 1851". La Democracia, Bogotá, núm. 67, trimestre 6, marzo 13.
¹⁹ A diferencia de Colombia, las guerras internacionales en México, en particular con Estados Unidos, contribuyeron a afirmar una profunda identidad nacional (Escalante 1998, 24).
²⁰ Para este autor, la debilidad del Estado colombiano contrasta con el importante protagonismo de los partidos liberal y conservador, que fueron "los artífices de la organización política colombiana", en igual sentido lo consideran Uribe (2001c, 167-173); y Escalante (1998, 31).
²¹ BNC, Fondo Pineda, Manuel Canuto Restrepo (Pbro.), "Réplica al último manifiesto del Sr. Braulio Henao, publicado en Bogotá el día 20 de junio de 1852", Bogotá, 1º de septiembre de 1852, 18; Manuel Joaquín Bosh, "Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de 1848 hasta el de 1855, inclusive". Cali, 1856, 40; "Carta de Rafael María Giraldo a los curas párrocos". 1851. La Estrella de Occidente, Medellín, núm. 258, trimestre 16; julio 29, 2-3; "Documentos para la historia de la facción de 1851". 1851. El Neogranadino, Bogotá, núm. 169, año 4, agosto 15.
²² BNC, Fondo Pineda, Manuel Joaquín Bosh, "Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de 1848 hasta el de 1855, inclusive", Cali, 1856, 40. ]]> ²³ BNC, Fondo Pineda, Ramón Mercado, "Memorias sobre los acontecimientos del sur, especialmente en la provincia de Buenaventura, durante la administración del 7 de marzo de 1849", Bogotá, 20 de julio de 1853, LXI; Bernardo Herrera. 1852. "Juicio de responsabilidad del doctor Manuel Antonio Sanclemente", Bogotá, marzo 3, 8; José María Obando. 1851. "Documentos importantes". El Neogranadino, Bogotá, núm. 165, año 4, julio 18; Froilán Gómez. 1851. "Sucesos de Antioquia". El Neogranadino, Bogotá, núm. 165, año 4, julio 18.
²⁴ ACC, Archivo Muerto, correspondencia militar, "Comunicación de la Parroquia de La Sierra al gobernador de la provincia de Popayán, el 14 de septiembre de 1851"; Correos gobierno, "Comunicación del alcalde de Silvia al gobernador de la provincia de Popayán, el 17 de julio de 1851"; Asuntos militares, "Comunicación del jefe político del cantón de Popayán, Andrés Cerón, al gobernador de la provincia de Popayán, el 31 de julio de 1851", t. 1851, paquete 50, archivo 50.
²⁵ BCUA, Sala Patrimonial, Hojas Sueltas, Tomás Herrera, "Alocución. Conciudadanos de las provincias de Medellín, Córdova i Antioquia", Medellín, 7 de octubre de 1851; AGN, Tomás Herrera. 1852. "Al público". Gaceta Oficial, Bogotá, núm. 1315, febrero 18, 108-109; Fondo República, Secretaría de Guerra y Marina, "Carta del secretario del despacho de Guerra, Valerio Barriga, al presidente de la República, Bogotá, el 18 de agosto de 1851", t. 799, ff. 43r-44r.
²⁶ AGN, Tomás Herrera. 1852. "Al público", Gaceta Oficial, Bogotá, núm. 1315, febrero 18, 108-109; Fondo República, Secretaría de Guerra y Marina, "Carta del gobernador Mendoza a la Secretaría de Estado", Despacho de Guerra, 9 de noviembre de 1851, ff. 87-88, 100.
²⁷ BNC, Fondo Pineda, Juan Sierra, "Juicio de responsabilidad del doctor Manuel Antonio Sanclemente", Bogotá, 3 de marzo de 1852, Imprenta de El Neogranadino, 3 de marzo de 1852, 8; Fondo República, folletería, Mariano Ospina Rodríguez, "Una confesión en la causa con motivo del levantamiento que tuvo lugar en algunos cantones de las provincias de Mariquita, i Bogotá en 1851", Bogotá, 9 de febrero de 1852, 3; Anónimo. 1851. "Los trastornos". El Neogranadino, Bogotá, núm. 165, año 4, julio 18; Anónimo. 1851. "La conspiración". El Neogranadino, Bogotá, núm. 167, año 4, agosto 1.
²⁸ Al decir de Frank Safford (1989, 70), entre 1832 y 1845 la organización castrense absorbió cerca de la mitad del presupuesto nacional, mientras que después de 1845 este rubro descendió a un cuarto y, a finales de la década de 1850, al 12%.
²⁹ BNC, Fondo Pineda, Manuel Joaquín Bosch, "Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de 1848 hasta el de 1855, inclusive", Cali, 1856, 117.
³⁰ BCUA, Sala Patrimonial, Hojas Sueltas, "Un amante de la paz, C. general Tomás Herrera", Medellín, 20 de septiembre de 1851, Imprenta de Jacobo F. Lince, 1851; AGN, Fondo República, folletería, Manuel Ibáñez, "Nuevas observaciones sobre la administración del general José Hilario López en la Nueva Granada", Lima, 24 de abril de 1853, 25-26.
³¹ El rebelde y hacendado Mateo Viana pasaba por una situación económica tan grave que arrastró a la guerra a algunos de sus deudores, según correspondencia de un liberal de la villa de Honda: "Viana tiene un motivo poderoso para rebelarse i ese motivo es un dilema mui significativo para él –´o triunfa la revolución i mi situación se mejora, o sucumbe i entonces mi quiebra aparece como efecto de la persecución´: a Viana no quedaba otro sendero que el que ha tomado". Anónimo. 1851. "La rebelión". El Neogranadino, Bogotá, núm. 167, año 4, agosto 1.
³² BNC, Fondo Pineda, Valerio Barriga, "Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1851. Secretaría de Guerra", Bogotá, 1851; Valerio Barriga, 1852. "Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra". Bogotá; Imprenta del Neogranadino; José Manuel Restrepo. 1952. Historia de la Nueva Granada. Bogotá: Editorial El Catolicismo, 145, 207, 214, 217 y 234-235. ]]> ³³ AGN, Fondo República, Secretaría de Marina y Guerra, tomo 795, "Carta de José María Faciolince desde Medellín al secretario encargado del Despacho de Guerra", el 31 de octubre de 1851, ff. 600-603v; Archivo Histórico de Antioquia (en adelante AHA), copiadores, "Comunicación dirigida al Jefe Político de la ciudad de Medellín el 24 de abril de 1852 por José María Faciolince", t. 1680, f. 400r.
³⁴ AGN, Fondo República, Secretaría de Marina y Guerra, t. 995, ff. 540-552; t. 799, ff. 113-113v, 609-613. "Comunicación del general José María Obando al gobernador de Popayán el 17 de julio de 1851", ACC, Correos Gobierno, paquete 50, archivo 50.
³⁵ BCUA, Sala Patrimonial, Hojas Sueltas, Camilo Antonio Echeverri, La Transformación, Medellín: Imprenta de Jacobo F. Lince, 17 de septiembre de 1851; José María Samper. 1984. Apuntamientos para la historia política y social de la Nueva Granada durante la administración del 7 de marzo. Bogotá: Editorial Incunables, 568-571.

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