^*Ingeniero Forestal, actualmente cursa estudios de Maestría en Geografía en la Universidad Nacional de Colombia. Su proyecto de tesis estudia el fenómeno de los cultivos de uso ilícito en Colombia. Ha sido ponente en congresos nacionales relacionados con biodiversidad y el ordenamiento del territorio. Se ha desempeñado profesionalmente en investigaciones sobre bosques tropicales, programas de desarrollo alternativo, proyectos de ordenamiento territorial y ambiental.
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Recibido: 14 de marzo del 2011. Aceptado: 30 de mayo del 2011
Artículo de investigación sobre los problemas para la planeación y gestión territorial participativa en la zona de reserva del río Cimitarra en Colombia.

Resumen

La zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra (ZRC) fue creada con el objetivo de estabilizar la economía campesina y crear un espacio participativo de ordenamiento territorial rural. Sin embargo, cuatro meses después de su creación la ZRC fue suspendida por el Gobierno nacional. En este contexto, el artículo analiza algunos elementos necesarios para llevar a cabo la planeación territorial como, por ejemplo, la normativa vigente, los actores involucrados y los recursos naturales. Esto con el fin de determinar las razones y problemáticas que han impedido continuar con el ejercicio de planeación y gestión territorial participativa de la ZRC.

Palabras clave: ordenación territorial rural, planeación participativa, río Cimitarra, Zona de Reserva Campesina.

Resumo

Palavras-chave: ordenamento territorial rural, planejamento participativo, rio Cimitarra, zona de Reserva Camponesa.

Abstract

The Cimitarra river valley Rural Reserve Zone (ZRC) was created in order to stabilize the rural economy and set up a participative space for rural territorial ordering. However, four months after its creation, the ZRC was suspended by the National Government. In this context, the article analyzes some of the elements necessary for territorial planning, such as prevailing regulations, actors involved, and natural resources, in order to identify the reasons and issues that have made it impossible to continue the planning and participative territorial management exercise of the ZRC.

Keywords: rural territorial ordering, participative planning, Cimitarra river, Rural Reserve Zone.

Introducción

A mediados del siglo XX, en la región del sur de Bolívar se estableció un grupo de campesinos provenientes del centro del país y que huían de situaciones de violencia. Posteriormente, en la década de 1970, esta región se convertiría en el refugio de grupos armados ilegales que mediante presión directa a dichos campesinos impulsaron una marcada época de conflicto interno, desplazamientos forzados y el establecimiento de negocios ilícitos, los cuales perduran hasta hoy en día.

Aunque la región cuenta con municipios con amplias áreas rurales, se presenta una inequitativa distribución de la tierra; se encuentra en una situación de conflicto armado; existen dificultades para acceder a bienes y servicios por parte de los pobladores; es escaso el acompañamiento del Estado; proliferan los cultivos de uso ilícito; y se lleva a cabo un aprovechamiento desmedido y no planeado de los recursos naturales (Molina 2006). En este contexto, y luego de la organización colectiva de las comunidades rurales de los municipios de San Pablo, Cantagallo y Yondó, se promueve la creación de la Zona de Reserva Campesina –en adelante, ZRC– del valle del río Cimitarra aprobada en diciembre del 2002 por el Gobierno nacional (ACVC 2010). Su extensión sería de 184.000 hectáreas y beneficiaría a 25.000 campesinos.

Sobre esta ZRC, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra –en adelante, ACVC– formuló un plan de desarrollo en el cual cerca de 25.000 campesinos se comprometían a conservar el territorio de la reserva (180.000 ha); fomentar actividades agropecuarias ambientalmente sostenibles; defender y preservar los derechos humanos; desarrollar proyectos de manejo sostenible del bosque y de mejoramiento de las condiciones habitacionales de la población, entre otros aspectos importantes. La formulación del plan de manejo contó con el apoyo del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDEADE), la Universidad Javeriana y la Fundación Mundial para la Naturaleza (IDEADE 2003, 16).

Cuatro meses después de su declaratoria, el Gobierno nacional decidió suspenderla por razones de interés general. Según algunos críticos de la medida, es probable que la ZRC del valle del río Cimitarra se hubiera convertido en un obstáculo para los megaproyectos productivos que se venían impulsando desde el Gobierno nacional, como por ejemplo, las concesiones mineras (oro y petróleo) a empresas multinacionales y el monocultivo de la palma de aceite en plantaciones de grandes dimensiones (Viloria 2009, 24). De esta manera, la suspensión de la ZRC ha generado discordias entre los pobladores, el Estado y las multinacionales que se encargan de realizar las explotaciones de los recursos naturales.

A partir del contexto señalado, surgen dos interrogantes principales: ¿Cuáles son los actores y qué papel desempeñan con respecto a la gestión del territorio en la ZRC? y ¿es la oferta ambiental un factor determinante para que no sea posible dar un manejo colectivo del territorio?

En este sentido, este artículo analiza los problemas que han impedido dar continuidad al ejercicio de planeación y gestión territorial participativa de la ZRC del valle del río Cimitarra. El argumento se desarrollará teniendo en cuenta que, de una parte, la ZRC es producto de las nuevas formas de apropiación y configuración del territorio; y de otra parte, esta figura se convierte en un modelo para la ordenación territorial rural en Colombia que trasciende los límites político-administrativos tradicionales (municipio, provincia, departamento, entre otros) (Molina 2006, 1) e involucra directamente a los habitantes de la región pues afecta su relación con los recursos naturales.

De esta manera, el texto se estructura en tres partes. En el primer apartado se presenta un análisis territorial de la ZRC del valle del río Cimitarra; se ofrece una descripción de la situación actual del área de estudio desde un punto de vista normativo y desde los aspectos políticos, sociales, económicos y ambientales que confluyen para impedir un manejo colectivo del territorio. En el segundo apartado se discute sobre los elementos de análisis dentro de la planeación y gestión territorial de la ZRC, entre los cuales se resaltan: la normativa, la identificación de actores y las perspectivas que se tienen sobre lo ambiental y las economías campesinas. Por último, se presentan unas consideraciones finales que dan cuenta del por qué no se ha logrado desarrollar un proceso realmente participativo, y cuáles serán los retos de planeación y gestión del territorio que debe afrontar la ZRC del valle del río Cimitarra en el momento de una reactivación.

Análisis territorial de la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra

Las ZRC son una figura que faculta el capítulo XIII de la Ley 160 de 1994 y que reglamenta el Decreto 1777 de 1996, el cual es básicamente una respuesta a una de las demandas expuestas por las marchas campesinas y de cosecheros cocaleros llevadas a cabo entre 1996 y 1998. Estas zonas tienen por objeto "fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas" (Decreto 1777 de 1996, artículo 1). A cambio, las comunidades campesinas deben asumir la responsabilidad del manejo y conservación de los recursos naturales de la zona.

Este proceso de creación de reservas campesinas se mantuvo en el Magdalena Medio, específicamente en los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bolívar, y Yondó en el nordeste antioqueño. Esta delimitación dio lugar a la constitución de la ZRC del valle del rio Cimitarra, establecida por la resolución 028 del 10 de Diciembre del 2002, la cual fue posteriormente suspendida mediante resolución 043 de Abril del 2003 (Molina 2006, 3).

Geográficamente la ZRC del valle del río Cimitarra se ubica en el costado oriental de la cordillera Central, parte del valle del río Magdalena, y al costado sur de la serranía de San Lucas. La región se extiende entre las coordenadas planas vértice nororiental (Mn 1.360.000, Me 1.030.000) y vértice suroccidental (Mn 1.220.000, Me 940.000)¹ en inmediaciones de los municipios de San Pablo, Cantagallo, en el Sur de Bolívar, y Yondó en el nordeste Antioqueño (Molina 2006, 3) (figura 1).

En la ZRC se desarrollan actividades como la extracción minera ya que cuenta con reservas de oro en 1,5 millones de hectáreas en la serranía de San Lucas (Castilla 2008), considerada la mina de oro más grande de América Latina. La zona también cuenta con recursos minero energéticos como el carbón y el petróleo, principalmente. A nivel agroindustrial, el cultivo de arroz, palma de aceite, frijol, cacao y caucho han tenido gran acogida debido, principalmente, a que hacen parte de la estrategia de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo promovida por el Gobierno nacional.

Según el Observatorio de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio, entre los principales proyectos de explotación económica en la región se destacan la minería de oro, uranio y carbón, la agroindustria de las plantaciones palmeras y la planta de biodiesel (ubicada en el municipio de San Pablo), la actividad de hidrocarburos y petroquímica, y el proyecto Hidrosogamoso (Castilla 2008). Muchas de estas actividades se desarrollan en cercanías o directamente sobre lo que se había delimitado como zona de reserva campesina.

Otra de las actividades económicas desarrolladas en la región se relaciona con el fenómeno de los cultivos de uso ilícito, el cual es una variable importante a tener en cuenta dentro del análisis de la situación actual de la ZRC ya que a partir de las marchas cocaleras de 1996 se expide, ese mismo año, el acuerdo 024 el cual fija los criterios generales y normativos para delimitar las zonas de reserva campesina en el territorio nacional (Molina 2006, 3). Las fumigaciones de glifosato comenzaron en el 2001 debido al inicio del Plan Colombia y su programa de erradicación (Idarraga et ál. 2010, 139); sin embargo, estas no solo destruyen la coca, sino también afectan diferentes cultivos de alimentos, pastos, selva y cuerpos de agua. Por ejemplo, las primeras fumigaciones en esta región provocaron el envenenamiento de 1.439 hectáreas de las cuales apenas 516 hectáreas correspondían a cultivos de coca.

En este sentido, la Asociación Campesina del valle del rio Cimitarra (2009) asegura que el estado también ha hecho presencia a través de las fumigaciones con glifosato, lo cual ha afectado no solo a la economía campesina, sino también ha generado impactos negativos sobre la sociedad como el desplazamiento forzado y el aumento de enfermedades asociadas con la contaminación del aire, el suelo y el agua de la región.

Ahora bien, en este punto es necesario resaltar que tanto los proyectos de explotación minera como los asociados a los cultivos de uso ilícito generan en la ZRC impactos ambientales que se evidencian en el estudio de las coberturas vegetales. A partir de este análisis se observan tres escenarios: el primero consiste en el paso de coberturas boscosas a monocultivos de coca y luego a pastos con fines ganaderos; el segundo, y más común, es el paso de selvas a monocultivos de coca y luego a monocultivos de palma africana, caucho o cacao con fines de producción agroindustrial a gran escala; y el último escenario es la recuperación de coberturas boscosas a partir de la conservación y la restauración forestal asociada a la siembra en pequeña escala de cultivos de pancoger.

Una rápida evaluación de la caracterización funcional de los Municipios de San Pablo, Cantagallo y Yondó permite evidenciar que en las cabeceras municipales solo se dispone de los servicios básicos de educación, salud, servicio de telecomunicación celular y fija. De igual manera, estos municipios cuentan con una sede de Gobierno municipal, carreteables de acceso desde o hacia otras localidades de mayor o igual jerarquía y acceso fluvial a través del río Magdalena. Solamente la cabecera municipal (tabla 2) se encuentra cubierta por los servicios de acueducto y alcantarillado; no existen datos de cobertura para el área rural, situación que se evidencia en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas² –en adelante, NBI– que alcanza en promedio el 60% (tabla 3).

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En relación con la tenencia de la tierra en los municipios de San Pablo, Cantagallo y Simití, relacionados en la tabla 4 se tiene que sus propietarios suman alrededor del 70%. El 30% restante corresponde a los arrendatarios, aparceros y colonos. Debido a las condiciones de violencia y de presión por parte de diferentes actores, la tierra en muchas ocasiones es abandonada, retomada o colonizada (ACVC 2005).

Según Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito (UNODC) (2008), mientras el promedio nacional de analfabetismo en áreas rurales es del 9,6%, en el sur de Bolívar llega al 12%. Así mismo, la población escolarizada en todos los niveles educativos alcanza en promedio el 26,2%.; de los cuales, un 49% corresponde a primaria; un 33% a secundaria; un 12% a media y solo un 6% a nivel superior.

Por último, teniendo en cuenta los datos de desplazamiento forzado dentro de la dinámica poblacional de la ZRC, la afectación de estos municipios es alta y es de resaltar que entre los años 2003 y 2009 se da el mayor desplazamiento. Esta situación coincide con el ingreso de multinacionales interesadas en la explotación minera y con los programas de reactivación agroindustrial enmarcados en la actividad palmera y de cacao, principalmente (tabla 5).

La caracterización territorial de la ZRC del valle del río Cimitarra ofrece algunos elementos para comprender por qué a pesar de que la propuesta de manejo colectivo del territorio es el resultado de la participación ciudadana activa no ha sido posible llevarla a cabo según lo previsto.

Los desacuerdos entre los distintos actores para realizar la planeación y gestión territorial participativa en la ZRC del valle del río Cimitarra surgen por la incompatibilidad de opiniones sobre los usos del suelo desde un punto de vista normativo y por la designación del responsable del manejo y explotación de los recursos naturales. Cabe recordar que se trata de una área geoestratégica y geopolítica, clave para el Gobierno nacional en la medida en que el Magdalena Medio sirve de paso para el abastecimiento y comunicación del norte con el sur del territorio nacional.

Lo interesante en este punto, es reconocer que luego de las marchas de resistencia de organizaciones campesinas como, por ejemplo, las de la Asociación campesina del valle del río Cimitarra (ACVC) –las cuales se llevaron a cabo durante periodos agudos del conflicto y en respuesta a las presiones de las empresas multinacionales y de los actores armados– se logra declarar en el 2002 la ZRC³. Esta decisión permitiría manejar colectivamente el territorio, solucionar los conflictos de intereses y, desde lo local, tomar decisiones de manera que se garantice una igualdad en las relaciones de poder.

Sin embargo, en el año 2003, cuatro meses después de creada la ZRC, mediante la resolución 046 del 6 de abril del Incora se suspende debido a "los motivos de inconformidad expresados por sectores de la comunidad" (Primera página 2003), plasmados en un comunicado público suscrito por las autoridades que manifestaban su descontento con la declaración de la ZRC. Al respecto, los delegados campesinos de la junta del Incora declararon que en ningún momento se solicitó la suspensión, sino que "[...] La Junta discutió sobre una solicitud de revocatoria que no ha sido tramitada debidamente, y decidió APLAZAR la decisión sobre la misma [...]"(Primera página 2003).

Por último, con base en los estudios presentados por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en Castilla (2008), Idarraga et ál. (2010), Molina (2006) y los artículos publicados por la ACVC (Primera Página 2003 y ACVC 2009) se puede establecer que además de los campesinos y el Gobierno nacional hay un nuevo actor que participa y toma decisiones: se trata de las grandes multinacionales cuyos intereses económicos en la región dificultan el proceso de reactivación de la ZRC. Actualmente, el levantamiento de la suspensión de la ZRC depende más de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las empresas multinacionales que de los posibles acuerdos entre los campesinos, las empresas y el Gobierno mismo.

Elementos de análisis dentro de la planeación y gestión territorial

El concepto de participación ciudadana se encuentra implícito dentro del proceso de formulación de políticas públicas sociales, entendidas como el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones emprendidas por el régimen político frente a las situaciones socialmente problemáticas. Igualmente, este proceso de formulación significa la materialización de las decisiones tomadas en términos de acciones que producen resultados sobre la situación problemática y los actores involucrados en la misma (Vargas 1999 citado en Perilla 2001, 387).

Si bien dentro de la normatividad formulada para la planeación y gestión del territorio se encuentran herramientas que permiten y facilitan la participación social, en la práctica estos espacios, en muchas ocasiones, se desarrollan teniendo en cuenta quien ejerce un mayor poder sobre el territorio y los intereses que se tengan sobre este. En este sentido afirma Massiris:

La participación social es otro de los rasgos presentes en la conceptualización y normativización de la ordenación del territorio en los países latinoamericanos. No obstante, en la práctica ésta se da en grado y formas diferentes. [...] la ausencia de una cultura de la planificación participante y el escaso dominio de metodologías de consensos y de resolución de conflictos en los procesos de concertación, que permitan, por ejemplo, evitar que los actores poderosos impongan sus intereses individuales por encima del interés colectivo. (2002, 26)

De las políticas públicas

A partir de la Ley 160 de 1994, las zonas de reserva campesina se institucionalizan como política pública mediante documento del Consejo Superior de Política Económica y Social (CONPES 2745, 1994) en el cual se expresa que las ZRC permitirán "conciliar las políticas de desarrollo rural y de medio ambiente en áreas críticas, desde el punto de vista de la superación de la pobreza y la conservación de los recursos naturales" (1994, 8). De acuerdo con Molina (2004) dos años más tarde, las reservas campesinas se reglamentan a través del Decreto 1777 del 1 de octubre de 1996 como consecuencia de las movilizaciones campesinas y de cocaleros, ocurridas el mismo año en varias regiones del país como el Putumayo, sur de Bolívar, Guaviare y Caquetá.

Un elemento importante en este marco normativo es el Programa presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), la cual tiene su origen en el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) (2002-2006) impulsado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta política liga estrategias de desarrollo alternativo, promovidas por la cooperación internacional en varios países de Latinoamérica (Molina 2004). Actualmente el Gobierno nacional está en la tarea de hacer frente a la lucha contra las drogas y los cultivos de uso ilícito. Para ello ejecuta, entre otras estrategias, la política nacional de erradicación manual de cultivos ilícitos y de desarrollo alternativo para la consolidación territorial (CONPES 3669 2010) que tiene sus bases en el Plan Colombia y en el Programa de Desarrollo Alternativo. Al respecto, González sugiere que "se le ha encomendado la resolución de una crisis agraria que no han podido resolver otros programas en el país" (2000, 70).

Por su parte, la ZRFM fue creada mediante la Ley 2 de 1959 y comprendió una superficie aproximada de 5.823.469 hectáreas (Congreso Nacional 1959). Estas reservas forestales fueron creadas para proteger los recursos naturales nacionales y los ecosistemas estratégicos de la región. Sin embargo, aunque la Ley 2 de 1959 dispone en su artículo 4 que: "[...] los bosques existentes deberán de someterse a un plan de ordenación de las zonas de reserva forestal [...]" (1959, 4) en la actualidad no se cuenta con ningún plan de ordenación dentro del área de influencia.

Finalmente el Código de Minas –Ley 685 de 2001– tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada con el fin de satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de estos; y velar para que el aprovechamiento de estos recursos naturales se realice en forma armónica, de acuerdo con los principios y las normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente. Todo esto dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y de fortalecimiento económico y social del país.

Un breve repaso por los objetivos planteados en cada una de estas políticas, permite afirmar que aunque se formularon básicamente para mejorar la calidad de vida de los campesinos y realizar una explotación racional y sustentable de los recursos naturales, en la actualidad no se ejecutan con claridad cada uno de sus contenidos. Inevitablemente, esta situación afecta de manera negativa y directa a los pobladores de la ZRC.

Entre los contenidos que aún no se han cumplido se encuentran: la puesta en marcha de un Plan de Ordenación Forestal para la reserva del río Magdalena –actualmente en etapa de formulación– y reglamentado mediante la Ley 2 de 1959 en su artículo cuarto. Por lo tanto, todavía no se ha reglamentado la explotación racional de los recursos al interior de la misma y no se han definido los usos compatibles o prohibidos de la zona de reserva forestal. Esto limita a los municipios al momento de planificar su desarrollo económico-social ligado a un aprovechamiento sustentable del medio ambiente.

Así mismo, la política presidencial contra cultivos ilícitos cuyo objetivo principal es erradicar este tipo de cultivos y fomentar el desarrollo de las economías campesinas de una manera participativa, se ejecuta en la actualidad con programas como el establecimiento de cultivos de palma africana, cacao, café y conservación de bosques. Sin embargo, en este escenario, la economía campesina pasa a ser parte de una economía agroindustrial en la cual se pierden los valores del mercado común veredal de intercambio y, a su vez, los convierte en un clúster de una gran cadena productiva en la cual se debe asociar un mínimo de 10 hectáreas por unidad familiar o en asociación de la comunidad.

Este conjunto trae oportunidades a los dueños de latifundios, quienes pueden tener fácil acceso al programa, mientras los campesinos afectados pasan a ser una especie de "socios minoritarios" de las nuevas economías agroindustriales de Colombia. Ortiz (2004) afirma que a través de la política de lucha contra las drogas se profundiza en una visión economicista en la cual se desconoce que los ecosistemas tienen problemas y deben recuperarse, y se relega a un segundo plano la problemática social de los habitantes rurales.

De acuerdo con uno de los principios que consagra el Código de Minas, quien sea primero en el tiempo en la solicitud de contratos de concesión, será el primero en el derecho. A partir de este principio se ha limitado la legalización de la pequeña minería dado que las empresas han formulado solicitudes sobre extensas áreas del territorio en las que se venía practicando esta forma de minería. (Idarraga et ál. 2010, 138)

Por último, la Ley 160 de 1994 que reglamenta las ZRC deben entenderse no solo como una respuesta al problema agrario y a la crisis ambiental generada por los procesos de colonización, sino también como una propuesta integral "[...] de desarrollo sustentable, de ordenamiento territorial y de gestión política [...]" (Fajardo y Sepúlveda 1995, 107) que compromete al propio Estado y a las comunidades locales. En general, las reservas campesinas (ZRC) como modelo de desarrollo rural para el Magdalena Medio cumplen el propósito de estabilizar la economía campesina y promueven la construcción de una propuesta de desarrollo sostenible. A través de ellas se construyen espacios de participación política, legalmente reconocidos y se crean nuevos lazos de arraigo e identidad entre las comunidades asentadas en el territorio.

Desde su planteamiento, algunas de estas políticas están basadas en métodos de explotación y acumulación dirigidas por los intereses de diferentes actores en beneficio de unos pocos y no del colectivo (Raymond y Bailey 1997). Dado que no existe claridad en la aplicación y ejecución de las políticas mencionadas anteriormente, los resultados que se esperan obtener con la puesta en marcha de la Ley 160 de 1994 no serán efectivos. Probablemente, ocurrirá algo similar al caso de la ZRC del valle del río Cimitarra que como ya se ha mencionado se encuentra suspendida y su activación dependerá, en gran parte, de las negociaciones que se den entre las empresas interesadas en la explotación de los recursos naturales y los campesinos de la ACVC, más que de una respuesta inmediata por parte del Incoder y del Gobierno nacional a las demandas de la ACVC.

Los actores involucrados en la planeación y gestión del territorio

A continuación se presentan los actores sociales, económicos e institucionales relacionados con la problemática planteada en la ZRC del valle del río Cimitarra:

• Campesinos y asociación campesina del valle del río Cimitarra (ACVC): es una organización social no gubernamental campesina y sin ánimo de lucro que integra los propósitos de la comunidad a través de las Juntas de Acción Comunal, cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo. Esta asociación realiza un trabajo organizativo y de incidencia política, social y cultural con el sector rural en cuatro municipios del Magdalena Medio. Está compuesta por tres seccionales: nordeste antioqueño, medio Cimitarra y sur de Bolívar. Estas, a su vez, están compuestas por 120 juntas de acción comunal veredales de los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Remedios en el Magdalena Medio colombiano (ACVC 2010).

La ACVC ha estado presente en todo el proceso de declaración de la ZRC del valle del río Cimitarra, además ha sido uno de los principales participantes en las acciones de resistencia que se han dado por la defensa de los recursos naturales y la calidad de vida del campesino de la región. Entre estas acciones⁴ se destacan las marchas de apoyo a los campesinos desplazados desde los municipios de Barrancabermeja, San Pablo y Cantagallo entre los años 2003 y 2008 (ACVC) hacia los cascos urbanos, donde se exigió el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos pactados entre el Gobierno nacional y la Asociación. De igual manera, se destaca la formulación de un plan de desarrollo regional con énfasis forestal (Devia 2000).

• Administraciones municipales de San Pablo, Cantagallo y Yondó: su objetivo general es atender las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Como estos municipios son los directos afectados por la creación de la ZRC y por la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, deberían ser los primeros en apoyar y ser consecuentes en el proceso de inclusión de la población dentro del planteamiento y el desarrollo de políticas como las que se establecen en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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Sin embargo, una evaluación de estos planes permite afirmar que sus intereses se centran en proveer un manejo eficiente de los recursos generados por regalías, producto de la explotación de la oferta minera-energética más que en impulsar un manejo colectivo de los territorios por medio de la ZRC y la activación de las economías campesinas de la región. Así mismo, los programas a través de los cuales se busca incentivar el desarrollo del campo buscan promover el cultivo de palma africana, los monocultivos de arroz y la extracción maderera, claro está, bajo el esquema de organizaciones locales entre las que se destacan asociaciones de campesinos y cooperativas de trabajo.

• Empresas nacionales y multinacionales: principalmente Ecopetrol, American Gas Association (AGA), Kedahda y British Petroleum Colombia planean intervenir los recursos naturales de la región sin tener en cuenta las propuestas de las comunidades locales o la situación de violencia que se presenta a causa de su llegada, y por el dominio de los recursos y el territorio. Estas organizaciones se caracterizan por su capacidad e interés por negociar directamente con el Gobierno nacional, pues según la normatividad vigente los diálogos y programas deben ser aprobados directamente por este último sin una evaluación previa de las comunidades afectadas.

• Grupos armados: En el área de estudio hay presencia del ejército nacional, guerrillas y paramilitares quienes, básicamente, se disputan el territorio por su posición geoestratégica y el dominio o defensa de recursos naturales como el oro y el petróleo. En dichas disputas, los campesinos quedan en la mira de los enfrentamientos al ser tildados en la mayoría de las ocasiones como colaboradores de alguno de los grupos armados. Al respecto la ACVC amplia:

  Los campesinos han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, judicialización de líderes comunales, exposición a la población civil en situaciones de combate, maltrato y tortura física y psicológica por parte de las Fuerzas Militares, hostigamiento y amedrentamiento por parte de grupos paramilitares que infunden miedo en la región, etc. En la región persiste la crisis humanitaria y de derechos humanos de manera generalizada y sistemática, el control político militar y social en todos los cascos urbanos continúa en manos de los grupos paramilitares como "Águilas Negras", "Héroes de Castaño", "Autodefensas Gaitanistas de Colombia", entre otras. A pesar de estar en la misma jurisdicción donde tiene presencia la Fuerza Pública, no existen políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos y se mantienen las amenazas contra pobladores, líderes comunales, organizaciones sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. (ACVC 2009, 7-8)

De las perspectivas sobre lo ambiental y las economías campesinas

Devia (2000) resume que el objetivo del Plan de Desarrollo Regional con énfasis forestal en la fase I es reconocer cuales son los mecanismos de explotación y manejo de los recursos naturales con el fin de que la comunidad plantee sus propuestas y, a su vez, reciba apoyo técnico en relación con estas. Por lo tanto, dicho plan regional estaría buscando la activación de las economías campesinas de la mano con un manejo sostenible de la región y el reconocimiento de la importancia de los saberes locales como práctica, lo cual hace a este proceso de desarrollo incluyente.

]]> Con la llegada de los programas de erradicación de cultivos ilícitos y de las empresas de explotación minera y energética, las economías campesinas pasan a ser parte de la agroindustria. En consecuencia, desde este momento, se puede establecer que los recursos naturales se mercantilizan en un circuito de productos y valores en el cual el campesino no tiene opción para elegir si quedarse fuera de este o no, sino que toda la acción del mercado le obliga a ser parte de la oferta y demanda de productos.

Según Martínez-Alier (2004) se trata de un intercambio ecológicamente desigual basado en la exportación de productos provenientes de países y regiones pobres en el cual no se tienen en cuenta las externalidades locales provocadas por estos productos o el agotamiento de los recursos naturales. Mientras las regiones más ricas intercambian sus bienes y servicios.

Idarraga et ál. (2010) y la ACVC (2009) mencionan algunos de los impactos producidos por la minería y sus procesos, y por los programas de erradicación de cultivos ilícitos:

[...] la región presenta diferentes problemas de tipo ambiental como la contaminación relacionada con la minería (principalmente con el cianuro y mercurio en la extracción del oro), la extracción inadecuada tanto forestal como petrolera, las fumigaciones aéreas (con el glifosato), los insumos del procesamiento de la coca, además de la deforestación y el uso de tecnologías inadecuadas (agroquímicas, sobrepastoreo en la ganadería extensiva y cultivos en ladera). Por otra parte, las cuencas hidrográficas de la región han sufrido un gran desequilibrio hídrico, ya que la paulatina sedimentación y contaminación de las aguas, las actividades industriales relacionadas con el procesamiento del petróleo (explotación y refinación), la minería artesanal y gran minería y la explotación maderera han contribuido al agotamiento de los recursos en fauna y flora en cuanto a disminución de especies terrestres y acuícola. (ACVC 2009, 9)

Por último, la tenencia de la tierra es un factor que se debe tener en cuenta para la planeación del territorio en relación con el manejo de los recursos naturales y las economías campesinas. Como se ha mencionado anteriormente, la ZRC del valle del río Cimitarra está conformada, sobretodo, por latifundios, pues se trataba, de acuerdo a uno de los objetivos iniciales, de darle una nueva estructura a la tierra. Sin embargo, al estar suspendida la reserva, la situación se torna a favor de las economías agroindustriales pues el dueño de la tierra es quien decide sobre la producción de sus tierras y no el arrendatario o aquel que tiene títulos de pequeña propiedad.

En síntesis, cada actor tiene su propio lenguaje e interpretación para el manejo, acceso y explotación de los recursos naturales situados en la ZRC. No obstante, es claro que la mayoría de los actores involucrados busca una explotación a gran escala, generándose así, una pérdida de los valores de la economía campesina y un aumento del problema de la seguridad alimentaria. Los términos para el levantamiento de la suspensión de la reserva no están definidos, máxime si se tiene en cuenta la diversidad y el conflicto de intereses que existen en torno a la zona.

Consideraciones finales

Aunque en la actualidad la ZRC del valle del río Cimitarra se encuentra suspendida⁵ y no se generan avances respecto a las propuestas planteadas por la Ley 160 de 1994, es evidente que en realidad los procesos participativos de gestión y planeación territorial son posibles, pues son el resultado de una construcción social y una dinámica del territorio producto de unas relaciones económicas, acceso a la tierra y manejo de los recursos naturales. En este sentido, aunque existen unos límites políticos administrativos sobren los municipios de San Pablo, Cantagallo y Yondó, pertenecientes a los departamentos de Bolívar y Antioquia, respectivamente, la ZRC del valle del río Cimitarra traza unos nuevos límites que en términos de Molina (2006) resultan en una reconfiguración del territorio. En este punto, será necesario examinar cómo darle una viabilidad desde el orden local y nacional a este tipo de proyectos.

Las zonas de reserva campesina han sido concebidas como una herramienta de ordenamiento territorial cuyo objetivo es brindar soluciones al problema agrario y al manejo sostenible de los recursos naturales para que las comunidades locales de la ZRC con un acompañamiento estatal sean quienes lideren dicha planeación y gestión territorial mediante un proceso totalmente transparente y participativo. Sin embargo, el análisis realizado en este artículo demuestra que debido a la oferta de recursos naturales, principalmente los minerales, la biodiversidad presente y los vacíos normativos, se presentan situaciones que favorecen o desfavorecen a cada actor involucrado. Como resultado las relaciones de poder se tornan desiguales y el interés de las comunidades locales se deja a un lado para dar relevancia al interés particular. Tal es el caso de las explotaciones minero-energéticas, el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito y la economía agroindustrial del cultivo de palma, principalmente.

En este orden de ideas, uno de los principales retos en la ejecución de la Ley 160 de 1994 será generar las herramientas necesarias para dar solución a los conflictos que se presentan desde el punto de vista del planteamiento normativo. Aunque el Código de Minas o la misma Ley 2 de 1959 reglamentan las zonas de reserva forestal no cuentan con objetivos comunes que permitan direccionar todos los esfuerzos hacia un mismo propósito: mejorar la calidad de vida del campesino. Por otra parte, resulta indispensable generar programas que involucren al campesino desde la formulación del proyecto y no simplemente desde su ejecución, pues cuando no hay acompañamiento de las instituciones se genera un retraso en los procesos, pérdida de tiempo, desgaste y desmotivación entre las comunidades.

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]]> Pie de página
¹Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 2002. Resolución 028 de Diciembre 10 "Por el cual se constituye y se delimita la zona de reserva campesina del valle del Río Cimitarra en los municipios de Yondó en Antioquia y, Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar".
²El método de necesidades básicas insatisfechas, o NBI, es una herramienta creada a finales de los años setenta con el objeto de medir y/o caracterizar la pobreza, mediante un enfoque directo, aprovechando la información censal. A partir de los censos de población y vivienda, se verifica si los hogares satisfacen o no una serie de necesidades elementales que permiten a las personas tener una vida digna de acuerdo con las normas sociales vigentes (Feres y Mancero 2001).
³Según la Ley 160 de 1994, las ZRC se definen como áreas geográficas seleccionadas por la junta directiva del Incora teniendo en cuenta sus características agroecológicas y socioeconómicas regionales. De esta manera, estas zonas se convierten en un instrumento para la planificación territorial rural. Tienen como propósito "la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, eliminar su concentración y el acaparamiento de tierras baldías a través de la adquisición o implantación de mejoras; fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir la descomposición de la economía campesina del colono y buscar su transformación en mediano empresario" (artículo 79).
⁴La resistencia se basa en acciones de vida como la economía solidaria, una economía creativa que además de ir más allá de la sobrevivencia, busca mostrar alternativas económicas en donde cuenta no el enriquecimiento de unos pocos, sino la generación de recursos entre todos y para todos, con el ánimo de responder con dignidad a las necesidades de la comunidad. La justicia social, basada en diálogos de igualdad busca la resolución de conflictos. La delevación de la verdad es necesaria para guiar procesos de transparencia. La solidaridad, que más que dar, consiste en construir y asumir juntos. (Becerra 2005, 26).
⁵Es oportuno aclarar que al momento de escribir el presente artículo la ZRC del valle de río Cimitarra se encontraba suspendida. Sin embargo, para el mes de Febrero del año 2011, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER procede a su reactivación en el marco de la política Integral de desarrollo rural del actual Gobierno nacional. Para mayor información consultar: ACVC (2011). El INCODER reactiva la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article5336


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