Juan Carlos Gómez¹ Juan Camilo Hernández²

¹ Magíster en Comunicación Política. Director del Observatorio de Medios. Profesor Asistente, Facultad de Comunicación, Universidad de La Sabana, Chía, Cundinamarca, Colombia. juan.gomez@unisabana.edu.co

² Estudiante del 10° semestre de Comunicación Social y Periodismo, integrante del Semillero de Investigación del Obsevatorio de Medios, Universidad de La Sabana, Chía, Cundinamarca, Colombia. juan.hernandez6@unisabana.edu.co

Recibido: 24/04/2008 Aprobado: 16/06/2008

El tema de la libertad de prensa en Colombia está lleno de contradicciones; no existe un consenso entre quienes gobiernan y las entidades que investigan o monitorean el fenómeno. Con el objetivo de aportar mayores elementos de juicio para la discusión, el Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación realizó una investigación con periodistas de todo el país, donde se advierten los principales factores y actores que amenazan este derecho consagrado constitucionalmente.

Palabras clave: libertad de prensa, periodismo, censura, Estado, orden público, actitud política, Colombia. (Fuente: Tesauro de la UNESCO).

Freedom of the press in Colombia is an issue ripe with contradiction. There is no consensus among those who govern and the agencies that investigate or monitor this phenomenon. The Media Observatory of the School of Communication conducted a study among journalists throughout the country to provide input for the discussion. It warns of the primary factors and agents that threaten this constitutional right.

Key words: Freedom of the press, journalism, censorship, state, law and order, political attitude, Colombia.

En algunas de sus reflexiones, John Stuart Mill manifestó que la contradicción es un elemento fundamental cuando el hombre asume el reto de buscar la verdad. Así lo expresa en On Liberty:

[...] la verdad debe aparecer luego de la contradicción de ideas, pues en un debate libre la idea que triunfa es la idea potencialmente verdadera. Al silenciarse una opinión, no sólo se afecta a la persona que quería expresarla sino que se está robando a la "especie humana", y no sólo a los que apoyan dicha opinión sino especialmente a quienes se apartan de ella, porque si la opinión es correcta, se les priva de la oportunidad de abandonar el error por la verdad, y si es falsa, pierden un beneficio casi tan grande, que es la percepción más clara y viva de la verdad, que se produce cuando ésta colisiona con el error (2006, pp. 6-7).

Dada pues su importancia como herramienta para buscar la verdad, usaremos la contradicción para analizar un tema imprescindible en cualquier país democrático: la libertad de prensa, de manera que los ciudadanos cuenten con suficientes elementos de juicio para concluir si Colombia es o no "[...] un suelo fértil para la libertad de prensa [...]" (Uribe, 2007, p. 24).

La discusión está a la orden del día. Mientras que el Presidente declaró -refiriéndose al tema- ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena: "Recuerdo, recorriendo el país como candidato a la Presidencia, en unas regiones el periodismo amordazado por las guerrillas, en otras amordazado por el para-militarismo. Hoy, se respira un periodismo más libre en todas las regiones de la patria" (Uribe, 2007, pp. 8-9). En una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se denunció: "Entre 1995 y 2005 en 19 países de la región fueron asesinados 157 periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de su actividad profesional. El 48% de esos asesinatos corresponden a un solo país: Colombia" (OEA, 2008, 27 de marzo).

Así pues, la contradicción se acentúa cuando se presta atención a denuncias concretas que hace la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que en su último informe calificó al presidente Uribe de irascible y afirmó:

Tolerando difícilmente la crítica, Álvaro Uribe no duda en tomar la palabra para acusar personalmente a un periodista. El proceder pasaría inadvertido si no estuviera en juego la seguridad de los medios de comunicación, y el jefe del Estado no hubiera recurrido a él al menos tres veces en este año (RSF, 2008, p. 47).

Denuncias que van en contravía de lo que al respecto argumenta el gobierno colombiano:

Nuestra seguridad democrática se legitima en la libertad de prensa. Por ejemplo, cuando yo hablo de la fuerza contra los grupos terroristas, esa fuerza tiene que ser legítima y la inspiro en aquella frase del libertador al Congreso de Cú-cuta. Decía: "considerad, legisladores, que la energía de la fuerza pública es la amenaza que aterra al delincuente, es la esperanza de toda la sociedad" (Uribe, 2007, p. 25).

El debate se podría hacer interminable debido a la distancia que separa a las partes. Se hace pues indispensable sumar argumentos desde otra perspectiva con el fin de facilitar el proceso en la búsqueda de la verdad. Y ese tercer elemento que se propone es la visión que respecto a la libertad de prensa tienen los periodistas del país. Para el efecto, el Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana realizó una investigación cuantitativa y cualitativa por medio de entrevistas estructuradas a comunicadores en ejercicio.

La investigación fue auspiciada por el Fondo Patrimonial Especial de la Universidad de La Sabana con el objeto de conocer la opinión de los periodistas en lo concerniente al estado actual de la libertad de prensa en Colombia, y las condiciones generales para el ejercicio del periodismo en el país. Se consultó sobre la intensidad de la amenaza a la libertad de prensa por parte de los diversos actores involucrados en el conflicto colombiano, sobre las amenazas de muerte, los principios que guían la actividad profesional de los periodistas, y sobre los niveles de credibilidad de los diversos organismos del Estado.

El equipo de trabajo del Observatorio de Medios, integrado por profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación, realizó, durante el último trimestre de 2007, 235 entrevistas telefónicas en 29 ciudades, según se especifica en el cuadro 1. Los profesionales que participaron respondieron a un cuestionario estructurado para quienes cubren el conflicto armado colombiano a través de unidades de paz, derechos humanos, política y orden público.

Es muy revelador que en Colombia, "un suelo fértil para la libertad de expresión" según palabras del presidente Álvaro Uribe, de los 235 periodistas que respondieron la entrevista del Observatorio de Medios, 207 (88%) consideren que la libertad de prensa está amenazada (Gómez y Hernández, 2008).

Este hallazgo respalda, en principio, las preocupaciones expresadas por la Relatoría Especial de la OEA, y justifica por qué organismos de investigación como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en su informe de 2007 afirme que Colombia sigue siendo el cuarto país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Si bien es cierto que en los últimos cuatro años el número de periodistas asesinados ha disminuido considerablemente, también es cierto que se ha incrementado el número de casos que dan cuenta de violaciones más sutiles a la libertad de prensa como la presión, la amenaza, la obstrucción al trabajo periodístico y el trato inhumano o degradante (FLIP, 2007).

Al desagregar por regiones los resultados de la investigación del Observatorio de Medios encontramos que la zona occidental de Colombia es la que registra el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (91%) frente al interrogante: ¿cree usted que en Colombia está amenazada la libertad de prensa? (Gómez y Hernández, 2008). La contundencia de este resultado es confirmada por los hechos, toda vez que los dos únicos casos de asesinato contra periodistas durante 2007 se presentaron en localidades pertenecientes a la región occidental. El primero de ellos, el homicidio de Elacio Murillo Mosquera en Istmina (Chocó), y el segundo, el crimen de Javier Darío Arroyave en Cartago, Valle del Cauca. (FLIP, 2007).

Como se manifestó en los objetivos de la investigación, para el Observatorio de Medios era fundamental identificar con claridad los protagonistas de las amenazas a la libertad de prensa en Colombia, y el grado de intensidad con el cual actúan. Cuando se analizaron los datos, los investigadores encontraron que los actores se podían asociar en tres categorías: una de ellas conformada por los grupos al margen de la ley -paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y delincuentes comunes-; una segunda categoría integrada por organismos estatales y por los gobiernos -nacional, regional y local-; y una tercera que incluye a los actores internos de los medios de comunicación tales como anunciantes, propietarios y directores.

El cuadro 2 muestra el promedio de las calificaciones obtenidas por los diversos actores respecto a la amenaza que cada uno representa para la libertad de prensa en escalas de uno a seis, siendo uno el nivel más bajo de amenaza y seis el más alto.

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En el primer grupo -actores del conflicto al margen de la ley- se destacan por su alto nivel de amenaza las FARC (5,06), seguidas por los grupos paramilitares (4,95), el ELN (4,55), los narcotraficantes (4,44) y la delincuencia común (3,72) (Gómez y Hernández, 2008).

Al respecto se podría señalar que las FARC son en todas las regiones, excepto en la occidental, el actor que encabeza las amenazas sobre la libertad de prensa en Colombia. La percepción que tienen los comunicadores sobre este grupo ilegal está ratificada por los hechos denunciados en el Informe Anual del Comisionado de las Naciones Unidas donde se recuerda que esta guerrilla sigue cometiendo infracciones graves y sistemáticas contra el derecho internacional humanitario. En el mes de junio asesinaron a 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca que mantenían secuestrados desde 2002. Perpetraron masacres contra la población de Turbo en Antioquia, realizaron ataques en Cali y Buenaventura, y asesinaron autoridades municipales en Caquetá y Chocó (Consejo de Derechos Humanos, 2008).

Gráficos 1 y 2. Intensidad de la amenaza a la libertad de prensa en Colombia por parte de las guerrillas de las FARC y el ELN

En los resultados de la investigación preocupa el alto promedio de señalamientos a paramilitares a pesar del proceso de desmovilización iniciado en 2003, y de los dos años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz. Las presiones de este grupo tienen ahora diversas manifestaciones. Por una parte, los periodistas son atemorizados por los grupos que nunca se reinsertaron o por aquellas bandas emergentes nacidas luego del proceso, como es el caso de las Águilas Negras. De hecho, según la información que fue entregada a la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) existen probabilidades de que la muerte de Elacio Murillo, a manos de un hombre que le propinó cuatro tiros, sea consecuencia de una retaliación paramilitar debido a que el periodista venía informando sobre las desmovilizaciones de este grupo. El crimen tuvo lugar en Istmina, Chocó, población que se ubica precisamente en la región occidente que lidera las calificaciones negativas de los periodistas a la pregunta del Observatorio sobre los actores que más afectan la libertad de prensa.

Gráfico 3. Intensidad de la amenaza a la libertad de prensa por parte de los paramilitares

Aquí pues, cabe mencionar el fenómeno que ha afectado a Colombia durante los últimos meses y que da cuenta de la intromisión de los grupos paramilitares en la actividad política y, por ende, en todas las actividades de la sociedad, incluida la actividad informativa: la parapolítica. Sobre este flagelo es preciso decir que fue gracias a las denuncias llevadas a cabo por los medios de comunicación que el tema se hizo público y cobró la importancia y el alcance del que hoy es objeto, pero también es necesario anotar que fue precisamente el de los comunicadores el sector que se vio más afectado por presiones y amenazas. El CPJ denuncia en su informe anual que

]]> Los reporteros y editores de las regiones más afectadas por el escándalo de la parapolítica reconocieron que fue extremadamente difícil realizar investigaciones independientes. [...] En consecuencia, los periodistas provinciales señalaron que a menudo filtraron primicias a sus colegas de Bogotá. Muchos medios provinciales realizaron notas sobre actividades paramilitares solamente luego de que fueran publicadas en medios nacionales de Bogotá (CPJ, 2008, p. 20).

En esta categoría de factores de amenaza a la libertad de prensa en Colombia aparecen por último los narcotraficantes, quienes tienen mayor incidencia en las regiones de occidente, Bogotá y Antioquia-Eje Cafetero. En occidente y Antioquia es entendible la percepción de los periodistas debido a que en estas zonas nacieron y se fortalecieron bandas financiadas por el narcotráfico que se han dado a la tarea de ocupar viejos territorios dominados por grupos paramilitares desmovilizados. En el Valle del Cauca están presentes, por ejemplo, las estructuras armadas de Los Rastrojos y Los Machos, autores de gran parte de los 3.270 homicidios que se presentaron en el departamento durante 2007. El Valle es también epicentro de las acciones del Cartel del Norte, liderado en su momento por Diego León Montoya, alias "Don Diego", actualmente detenido. Así también, de acuerdo con datos del Informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, en Antioquia la expansión de cultivos ilícitos ha disparado el accionar de grupos narcotraficantes. El porcentaje en Bogotá se justifica a la luz de acciones adelantadas por miembros del cartel del Norte del Valle para ajustar cuentas.

En la segunda categoría, integrada por los gobiernos nacional, regional y local, y los organismos de seguridad del Estado, convergen muchas contradicciones que merecen un análisis detallado. Desde una perspectiva deontológica de un Estado social de derecho resulta inadmisible que quien tiene el mandato constitucional de preservar los derechos de los ciudadanos sea señalado por éstos como un factor de desestabilización.

Es esto precisamente lo que ocurre en Colombia: un significativo porcentaje de periodistas acusa a los gobiernos nacional, regional o local de ser actores que amenazan la libertad de prensa. En la investigación los periodistas consultados califican, en una escala ascendente de uno a seis, el nivel de amenaza que representan para la libertad de prensa los gobiernos locales (3,24), seguidos por los gobiernos regionales (3,17) y el gobierno nacional (3,07) (Gómez y Hernández, 2008).

Al respecto la OEA, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, manifiesta su preocupación por "[...] la creciente intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos de la región, lo que se reflejó entonces en el uso frecuente por el poder público de métodos sutiles para coaccionar a la prensa" (OEA, CIDH, 2008, p. 29). Para ejemplificar este fenómeno, el informe alude precisamente a los choques entre el ejecutivo y los comunicadores en Colombia.

Pero el grado de amenaza de los gobiernos locales y regionales es aún más alarmante. Según indica la FLIP, el asesinato de Javier Darío Arro-yave, conductor del espacio informativo de la emisora Ondas del Valle, parece obedecer a sus continuas denuncias en contra de la corrupción y las malas administraciones de Cartago y de su departamento (Valle del Cauca). Según los registros de la Fundación, en mayo de 2005:

Arroyave fue víctima de una obstrucción a su labor por parte del entonces alcalde de Cartago, Luis Alberto Castro, hoy en día destituido. En esa oportunidad Castro congeló los contratos de pauta publicitaria al programa Cómo les parece, que dirigía Arroyave y se negó a conceder entrevistas a los periodistas de ese espacio (FLIP, 2007, p. 45).

Gráfico 4. Distribución de los promedios de intensidad de la amenaza a la libertad de prensa por parte del gobierno regional en las diferentes ciudades⁴

Las presiones e intimidaciones al ejercicio periodístico no son exclusividad de los gobiernos locales y regionales, el gobierno nacional también puso su cuota. Luego del lanzamiento del libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, escrito por Virginia Vallejo, el presidente Álvaro Uribe, en una entrevista concedida a Caracol Radio el 2 de octubre de 2007 dijo que quien estaba realmente detrás de ese escrito -en el cual se relaciona a la familia Uribe con Pablo Escobar- era el periodista Gonzalo Guillén. Durante su intervención tildó al comunicador de "haber dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira" (FLIP, 2007, p. 37). El caso Gui-llén-Uribe fue retomado, a su vez, por Daniel Coronell en una de sus columnas en la revista Semana, hecho que desató una acalorada discusión entre el presidente Uribe y Coronell el 9 de octubre en la emisión matutina de la FM, estación radial de RCN. Allí el mandatario calificó a Daniel Coronell de mentiroso y miserable (FLIP, 2007, p. 37). "Pocas horas después del incidente, el periodista recibió el siguiente correo electrónico firmado por el grupo paramilitar de las Águilas Negras: Quien ataca a nuestro presidente firma su sentencia de muerte" (RSF, 2008, p. 47).

A la descripción anterior sólo falta sumar el aporte que hacen los organismos de seguridad del Estado a este multifacético panorama de amenazas. La investigación del Observatorio de Medios registra la percepción de los periodistas sobre la amenaza que representan organismos de seguridad como la Policía Nacional (3,22), el Ejército (3,21), el DAS (3,12), la Armada Nacional (2,63) y la Fuerza Aérea (2,44) (Gómez y Hernández, 2008).

Difícilmente podría negarse que una evidencia de la amenaza que éstos representan a la libertad de prensa quedó plasmada en las denuncias realizadas por 13 de los periodistas interceptados ilegalmente por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol). Los comunicadores "chuzados", muchos de ellos amenazados en épocas anteriores, fueron: Francisco Llanos Rodado, María Alejandra Villamizar, Ricardo Calderón, Lewis Acuña, Julio Sánchez Cristo, Natalia Springer, Enrique Rivas, Alfredo Bustillo, Álvaro Sierra, Ernesto McCausland, Lina María Correa, Claudia Gurisatti y Orlando Restrepo (El Colombiano, s.f). Si bien este es el hecho más conocido, no significa que sea el único.

De nuevo la Relatoría de la OEA destaca en sus hallazgos durante 2007 la inquietud por la cantidad de agresiones en contra de reporteros, imputadas a personal militar y policial. El informe recoge seis casos:

• La periodista Adriana Cuéllar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, fue agredida por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía mientras cubría manifestaciones por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Bogotá.

]]>

En Tulúa, un militar hizo una ráfaga de disparos al aire para evitar que un grupo de periodistas ingresara al lugar donde el Escuadrón de Fuerzas Especiales del Ejército era atacado.

• La reportera Isis Beleño, del periódico El Heraldo, fue agredida verbalmente por policías mientras cubría un homicidio en Barranquilla; sus colegas, Manuel Pérez y Saturnino Vásquez, del diario La Libertad, intentaron protegerla pero fueron violentados físicamente.

• El fotógrafo del diario El Universal de Sincelejo, Manuel Santiago Pérez, fue atacado por cinco policías mientras intentaba registrar un altercado entre un taxista y un oficial.

• De igual manera, José David Martínez, del diario Vanguardia Liberal, fue ultrajado por dos policías al fotografiar cómo desactivaban una bomba.

• El periodista y camarógrafo Juan Alonso Restrepo fue golpeado por policías de la unidad motorizada de Cartago, luego de salir del canal de televisión CNC, donde entrevistó al candidato al concejo municipal (OEA, CIDH, 2008, pp. 72-83).

]]>


Presiones internas de directores, dueños de medios y anunciantes

Finalmente, los periodistas consultados manifestaron que si bien las amenazas externas a la libertad de prensa son graves, no menos graves e importantes son las amenazas que se producen dentro de las salas de redacción, protagonizadas por anunciantes (3,37), dueños de los medios (3,20) y directores de los sistemas informativos (2,96) (Gómez y Hernández, 2008), evaluaciones ubicadas en la escala de uno a seis, siendo uno el más bajo nivel de amenaza y seis el más alto. Así pues, ¿qué puede esperarse de la labor periodística si desde el interior del medio de comunicación se amordaza la información?, ¿qué hacer para que no sea el ciudadano quien reiteradamente pierde en un proceso de información de tales características?

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Algo más que amenazas...

]]> Para dar cuenta del peligro que se cierne sobre el ejercicio periodístico en Colombia se consultó a los 235 comunicadores de las diversas regiones del país si las presiones se habían convertido alguna vez en amenazas reales a sus vidas. El 34% de los encuestados afirmó que alguna vez han sido amenazados de muerte por causa de su profesión. De ellos, el 8% reportó que dicha amenaza está vigente, y apenas el 63% de los periodistas intimidados manifestó haber recibido protección por parte del Estado o de alguna otra organización. La situación de vulnerabilidad de los comunicadores colombianos es alarmante, de manera especial en las regiones de Antioquia-Eje Cafetero y la Costa Atlántica, donde respectivamente el 80 y el 50% de los amenazados manifiestan no tener protección alguna (Gómez y Hernández, 2008).

Estas cifras están en plena correspondencia con las estadísticas de la Relatoría Especial de la OEA y las denuncias de organizaciones como Reporteros sin Fronteras, la Fundación para la Libertad de Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad, la Federación Internacional de Periodistas, el Comité para la Protección de Periodistas, entre otros organismos internacionales. Como se indicó al principio del presente artículo, la OEA, organismo del cual Colombia es país miembro, realizó un monitoreo a través de una Relatoría Especial que tenía como objetivo primordial "[...] evaluar las respuestas estatales frente a las agresiones que sufren los comunicadores sociales en Colombia y la política gubernamental en materia de promoción y protección de la libertad de expresión" (OEA, CIDH, 2005, p. 5).

En un comunicado de prensa fechado en Washington D.C. el 27 de marzo de 2008, la Relatoría manifiesta que "Entre 1995 y 2005 fueron asesinados 157 periodistas en 19 países de la región por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio periodístico. Al finalizar el 2007, sólo en 32 de estos casos se había producido algún tipo de sentencia condenatoria" (OEA, 2008, 27 de marzo). El mismo comunicado resume la investigación del Relator Ignacio J. Ál-varez en la que se indica que casi la mitad -75 casos de asesinatos a periodistas- se produjo en Colombia.

Gráficos 4, 5 y 6. Periodistas amenazados de muerte alguna vez, periodistas amenazados de muerte en la actualidad, y periodistas protegidos de los que están amenazados de muerte



]]> Evidentemente estamos frente a una contradicción. No hay duda. ¿Cuál de las dos partes tiene la razón? Quien afirma que Colombia es un suelo fértil para la libertad de prensa o quienes ejercen su profesión desde la perspectiva del temor y la amenaza. "La verdad, auque impotente y siempre derrotada en un choque frontal con los poderes establecidos, tiene una fuerza propia: hagan lo que hagan, los que ejercen el poder son incapaces de descubrir o inventar un sustituto adecuado para ella" (Arendt, 1996, p. 272).

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Pie de Página

³ Análisis estadístico de Javier Andrés Gómez Díaz.

⁴ Análisis estadístico de Javier Andrés Gómez Díaz.

⁵ Análisis estadístico de Javier Andrés Gómez Díaz.

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