RELATIONS BETWEEN DEMOCRACY AND DEVELOPMENT IN THE ANDEAN COUNTRIES. A POLITICAL ECONOMY APPROACH

Édgard Moncayo Jiménez*

RESUMEN

[Palabras clave: democracia, desarrollo, distribución del ingreso, política económica; JEL: H11, O15]

En los países andinos, la gobernabilidad democrática de los dos últimos decenios contrasta agudamente con los bajos niveles de crecimiento económico y el aumento del desempleo y la pobreza. Este artículo plantea que el nudo gordiano de esa paradoja es la gran desigualdad en la distribución del ingreso. Causa y consecuencia del mal funcionamiento del sistema político y de la economía, porque las élites económicas controlan el poder político, y crean instituciones y políticas que reflejan el interés de los dueños de la riqueza y no el interés común. Así se crea un círculo vicioso en el que la democracia “controlada” reproduce y amplía las desigualdades que la engendraron.

ABSTRACT

[Key words: democracy, development, income distribution, political economy; JEL: H11, O15]

Democratic governance during the last two decades in the Andean countries contrasts sharply with low levels of economic growth and the increase in unemployment and poverty. This essay argues that the Gordian knot of this paradox is the high level of inequality in income distribution. This inequality is the cause and consequence of the malfunctioning of the economic and the political system, since economic elites control political power and create institutions and policies that reflect the interests of the wealthy rather than the common interest. This creates a vicious circle in which “controlled” democracy reproduces and expands the inequalities that bore it.

El cesarismo del Bajo Imperio Romano me parece la forma más elevada de gobierno para el bienestar de las sociedades modernas.
Maquiavelo

]]> La industria no puede prescindir de la libertad y, tenedlo bien presente, la libertad en materia de industria engendra necesariamente las libertades políticas; por ello se ha dicho que los pueblos más avanzados en materia de industria son también los más avanzados en materia de libertad.
Montesquieu¹

En el informe La democracia en América Latina. Hacia un democracia de ciudadanas y ciudadanos elaborado por el PNUD, la intrincada relación entre democracia y desarrollo económico en la región se resume en un triángulo cuyos vértices son la democracia (electoral), la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con ese informe, el avance de la democracia política en el último cuarto de siglo contrasta agudamente con el aumento de la pobreza y de la inequidad:

El desarrollo de la democracia depende de que se amplíe de manera decidida la ciudadanía social, sobre todo a partir de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y de la creación de empleos de buena calidad (PNUD, 2004, 26).

Para ampliar la ciudadanía social, el PNUD propone: a) recuperar el equilibrio entre política y mercado, lo que supone una “nueva estatalidad”, es decir, un Estado que lleve a cabo políticas redistributivas y establezca sistemas de protección social basados en el principio de universalidad; b) políticas redistributivas que no distorsionen el funcionamiento de los mercados para evitar el “populismo” macroeconómico; c) crecimiento económico sostenido con producción eficiente, innovación en procesos y capital humano; d) limitar el poder de mercado de los grandes propietarios y empresas; e) construir espacios de autonomía y políticas activas frente a la globalización.

En últimas, esta propuesta busca establecer una causalidad circular virtuosa en la que la revalorización de la política, el perfeccionamiento de las instituciones democráticas y la legitimación de una nueva estatalidad lleven a una economía dinámica e igualitaria y ésta, a su vez, opere de modo que se amplíe la dimensión social de la democracia. La preocupación central del PNUD es que la pobreza y la desigualdad debiliten las bases de la democracia latinoamericana e impidan el avance hacia estadios superiores. En lo que sigue se examinan estas interrelaciones en los países andinos.

DEMOCRACIA POLÍTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Entendemos por élite del poder los círculos políticos, económicos y militares que, como un conjunto intrincado de camarillas que se entrelazan e imbrican, toman parte en las decisiones que tienen consecuencias nacionales. ]]> Wright Mills (1956)

De manera paradójica, la tercera ola de democratización (Huntington, 1991) se inició en los años setenta, junto con la crisis del Estado de bienestar en las democracias avanzadas y con el fin de la ola expansiva de la economía internacional que siguió a la Segunda Guerra Mundial.

La oleada democratizadora fue universal. Comenzó en el sur de Europa, arrasó los regímenes totalitarios de América Latina a finales de los setenta y durante los ochenta, luego pasó a Asia y a la Unión Soviética, y llegó a África a comienzos de los noventa. Hoy, 140 de los 194 países del mundo tienen regímenes democráticos, entre ellos los latinoamericanos, excepto Cuba.

No obstante, el advenimiento de la democracia no se ha traducido necesariamente en un aumento del nivel de ingresos y de bienestar de los países en los que se efectuó la transición. Esto, porque no existe una relación causal automática en la dirección democracia ® desarrollo, y tampoco parece haberla en el sentido contrario². Sobre la falta de relaciones causales unidireccionales Sen (2000, 24) dice:

La dirección del vínculo causal parece depender de muchas circunstancias, y mientras algunas investigaciones estadísticas encuentran que la relación es débilmente negativa, otras concluyen que es fuertemente positiva.

Si todos los estudios comparativos se consideran en conjunto, la hipótesis de que no hay una relación clara entre crecimiento económico y democracia en ninguna dirección, emerge como la más plausible.

Si bien el desarrollo en el sentido más amplio exige gobernabilidad democrática, ello no significa que toda gobernabilidad democrática produzca desarrollo. De hecho, el mismo nivel de libertades democráticas puede coexistir con niveles muy diferentes de ingreso per cápita (gráfica 1). Más aún, si se adopta una definición de desarrollo circunscrita al crecimiento (incluso con cierto goteo social), hay que reconocer que este desarrollo, según lo demuestran los estudios histórico-empíricos, no ha dependido siempre de la naturaleza democrática del régimen político. Tales son los casos de Corea del Sur durante el régimen de Park Chung Hee, del Chile de Pinochet y de China en los últimos veinte años (Prats, 2004).

Gráfica 1
Ingreso y democracia* (2002)

Es posible incluso, como sostiene Barro (1996), que la relación entre democracia y desarrollo sea no lineal, es decir, que el avance de la democracia sea bueno para el crecimiento hasta cierto nivel moderado, más allá del cual es perjudicial. Si esto es cierto, el hecho de que los países más ricos del mundo sean los más democráticos debe reflejar una causalidad que va del ingreso a la democracia y no al revés. La democracia, más allá de cierto nivel, sería entonces un bien de lujo que los países ricos deciden consumir aun a costa de reducir su ingreso. Según Barro, los países andinos, y los latinoamericanos en general, están en el umbral donde la democracia ya no parece ser importante para el crecimiento (gráfica 1).

En términos de crecimiento, las democracias de República Dominicana y Chile han producido más desarrollo que las de Venezuela y Paraguay, por ejemplo (ver cuadro 1).

Cuadro 1
Clasificación de 17 países de América Latina por tasas de crecimiento

Fuente: CEPAL y elaboración del autor.

La explicación de este fenómeno radica en que más allá de una concepción minimalista basada en la existencia de un sistema de elecciones libres y competitivas, o incluso de la noción más elaborada de “poliarquía”, la gobernabilidad democrática auténtica ha de tener unos atributos de los que carece la mayoría de los regímenes políticos latinoamericanos (O’Donnell, 2004)³. De hecho, según el índice de democracia de Freedom House, los países andinos sólo son “parcialmente libres” (gráfica 2).

Gráfica 2 ]]> Evolución del índice de democracia de los países andinos

Fuente: Country Reports (www.freedomhouse.org) y elaboración propia.

Lo que ocurre es que bajo una aparente poliarquía se pueden ocultar democracias delegativas o controladas (o “pactadas”, como se califica a la de Bolivia) y un tipo específico de capitalismo: el “capitalismo de camarilla”, que dista de ser una verdadera economía de mercado. Según Krueger (2004), en este tipo de capitalismo los políticos que detentan el poder y ciertos grupos de empresarios y representantes de los poderes fácticos reconocen sus intereses comunes, y conciertan y actúan como compinches. No se equivocan, pues, los líderes latinoamericanos cuando por abrumadora mayoría opinan que los “poderes fácticos” ocupan el primer lugar entre los factores de poder en la región (PNUD, 2004, 161).

El “capitalismo de camarilla” –que puede ser la única fórmula viable de compromiso en una estructura sociopolítica determinada– puede producir crecimiento, pero débil y necesariamente inequitativo; y generar reglas e instituciones, pero excluyentes para vastos sectores de la sociedad. El problema del fracaso económico de la democracia puede consistir, entonces, en el error semántico de llamar democráticos a regímenes no autoritarios (Touraine, 1995, 236).

Los síntomas del “capitalismo de camarilla” instalado en “democracias de baja intensidad” son muy visibles: autoridades políticas de todo nivel (incluido el presidencial) acusadas de corrupción; denuncias de sobornos a legisladores y jueces para que decidan en determinado sentido; procesos y resultados electorales viciados; sucesiones o renuncias presidenciales prematuras; golpes de Estado; huelgas que paralizan la economía; amenazas de grupos al margen de la ley: guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares.

No es extraño entonces el caso de países que después de completar la transición a la democracia dan marcha atrás en el progreso hacia las libertades políticas y civiles. Ésta fue la situación de Perú durante la era Fujimori, como se verá más adelante.

De lo que hemos expuesto se puede inferir que si bien la crisis social puede influir en el desprestigio de la democracia, no es posible negar que hunde sus raíces en las limitaciones y disfunciones del tipo de democracia que existe en la región. Por ello, además de la nueva agenda de desarrollo, se impone una reforma política que incluya los temas electorales, los partidos políticos, la administración de justicia y el control ciudadano de los actos políticos, inter alia (Barreda y Costafreda, 2004). En otras palabras, es necesario “democratizar la democracia”, como propone Martínez (2004, 17).

No basta, entonces, añadir inorgánicamente derechos sociales y económicos a las cartas constitucionales, porque como bien dice Bobbio (1985, 31): “con nada se corre más el riesgo de matar a la democracia que con el exceso de democracia”.

LA CRISIS SOCIAL

El secreto está en el núcleo más interno del poder.
Elias Canetti (1977)

Entre 1991 y 2003, los países andinos –igual que la mayoría de los latinoamericanos– sufrieron un fuerte deterioro de los indicadores de desarrollo social. El crecimiento del ingreso per cápita fue raquítico (o nulo en algunos países), las tasas de desempleo superiores al 10% se volvieron la norma, aumentó la pobreza y se agravó la tendencia inveterada a la inequidad en la distribución del ingreso.

En un contexto tan complejo y desesperanzador, el nudo gordiano parece estar en la inequidad en la distribución del ingreso, porque tiene un efecto negativo sobre el crecimiento y el sistema político. La desigualdad en la distribución del ingreso afecta el crecimiento reduciendo la acumulación de capital humano (por restricciones al acceso a la educación) y la productividad (por insuficiencias de la demanda e impuestos redistributivos que desestimulan la acumulación de capital físico) (Weil, 2004)⁴.

Existe una clara regularidad empírica entre desigualdad y pobreza: a mayor coeficiente de Gini, mayores niveles de pobreza (ibíd.). Dicho de otra manera: para un nivel dado de ingreso, una mayor desigualdad suele implicar mayor pobreza. O peor aún: para una tasa de crecimiento del ingreso dado, una mayor desigualdad usualmente implica una tasa menor de reducción de la pobreza⁵.

La desigualdad distributiva en América Latina, medida por el coeficiente de Gini, es la más alta del mundo (ver cuadro 2) y dos países andinos, Bolivia y Colombia, están entre los de mayor concentración (gráfica 3).

Cuadro 2
Coeficientes de Gini por décadas
(Distribución del ingreso per cápita por hogar)

Gráfica 3
Coeficiente de Gini en 15 países de América Latina, 2002

a/medición de 2001, b/medición de 2003, c/medición de 2001, d/medición de 2001.
Fuente: CEPAL (2004), elaboración del autor.

Aunque se ha agravado, es claro que esta situación no es nueva. Así ha sido desde que existen estas mediciones y, según algunas teorías recientes, el problema arranca de mucho más atrás, de la época colonial. Conforme a la teoría del “pecado original”, desarrollada entre otros por Acemoglu (2002 y 2004a), Easterly y Levine (2003) y Engerman y Sokoloff (1997 y 2005), la geografía de América Latina (calidad de las tierras y salubridad del clima) indujo una modalidad de colonización basada en el mestizaje y en la formación de una economía extractiva que concentró la riqueza y generó estructuras institucionales controladas por las élites. En contraste, en las ex colonias británicas (Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda) la geografía favoreció un proceso colonizador que creó instituciones que favorecieron el desarrollo⁶.

Siguiendo este razonamiento, la concentración originaria de la riqueza se puede explicar por la incapacidad latinoamericana para crear sociedades democráticas con estabilidad y crecimiento económico. Pero, el “exceso de desigualdad” en América Latina con respecto al resto del mundo no se puede explicar por una causa única. Más bien, como sostienen De Ferranti et al. (2003, 23):

]]> Parece haberse originado en la poderosa interacción entre las distribuciones desiguales en capital humano (como la escolaridad formal) y en el mercado laboral, en los cuales los retornos al capital humano son usualmente altos. A pesar de que esta combinación de factores explica mucho, el exceso de desigualdad se basa también en tendencias sociales, como la mayor proclividad de los latinoamericanos a casarse con personas de similar condición educacional (y quizás económica). También tiene que ver con la acción gubernamental: en promedio, los Estados latinoamericanos recaudan menos impuestos que otros. En términos internacionales gastan menos en rubros con incidencia progresiva, como la educación primaria. Adicionalmente, los sistemas de pensiones y otras transferencias tienden a ser más regresivas en América Latina que en otras partes del mundo.

Esta cita vincula la desigualdad con determinantes económicos, sociológicos y políticos que, conectados con los condicionantes históricos ya mencionados, configuran la causalidad circular entre riqueza, ingreso y poder, mediada por las instituciones, que ha operado históricamente en las sociedades latinoamericanas. En este sentido, North et al. (2002, 290) explican así el vínculo entre desigualdad y sistema político:

[en sociedades altamente desiguales] las experiencias y los intereses de los ciudadanos divergen marcadamente, [así] muchas sociedades se caracterizan por una falta de consenso. Éstas, por tanto, seguramente no respetarán los derechos económicos, políticos y personales asociados a una democracia liberal y una economía de mercado.

Una expresión de la falta de consenso es la “pugna redistributiva”. La desigualdad se traduce en una demanda de redistribución que no llega a producirse porque, en las sociedades desiguales con “capitalismos de camarilla”, el poder político está controlado por los dueños de la riqueza, que obviamente no están interesados en redistribuirla. Ceder implicaría perder su posición de privilegio en la sociedad.

El bloqueo de la presión redistributiva genera, a su vez, inestabilidad política y eventualmente crimen y delincuencia, como han demostrado Muller (1995a y 1995b) y Alesina y Perotti (1996), desde la perspectiva económica, y Lipset (1994), desde la de la ciencia política. Y para continuar con los encadenamientos perversos: la inestabilidad y la violencia afectan la inversión y, por ende, el crecimiento (Rodríguez, 2003).

Se genera así el círculo vicioso antes aludido, en el que la democracia “débil” reproduce y amplía las desigualdades económicas que la engendraron (Engerman y Sokoloff, 1997). El fenómeno de la “rebelión de las élites”⁷ explica porqué en América Latina no es muy aplicable el “teorema del votante mediano” (Downs, 1957 y Metzler y Scout, 1981), según el cual cuanto más bajo sea el ingreso del votante mediano, mayor será la tendencia redistributiva del Estado. Y esto llevaría a aumentar la carga tributaria. En la región, por el contrario, aunque no han faltado episodios de “populismo fiscal”, cuanto mayor es la desigualdad menor es el recaudo fiscal (Macías-Aymar, 2004).

Mucho más pertinente para la realidad regional es el enfoque de la Elección Pública (Olson, 1965 y Buchanan y Tullison, 1972), que sostiene que el Estado no es un elemento exógeno y neutral en su acción reguladora de la vida económica, sino un agente con intereses concretos propios (particulares, corporativos y partidistas).

ENTRE LA DEMOCRACIA “DÉBIL” Y LA CRISIS SOCIAL: LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

]]> En América Latina casi nada es lo que parece ser porque, en muchos ámbitos, prevalece claramente la informalidad institucional en contradicción a veces con la formalidad a la que anula y sustituye en los hechos.
Prats (2004)

En las secciones anteriores se estableció que el factor común entre la debilidad de la democracia y la crisis socioeconómica en América Latina es el exceso de desigualdad. En esta sección se hacen explícitos algunos eslabonamientos causales entre estos tres elementos, con especial referencia a los países andinos. Como ya se advirtió, la inequidad distributiva es un rasgo histórico estructural de las sociedades latinoamericanas y la resultante de acontecimientos más recientes, entre ellos las políticas económicas adoptadas durante los últimos dos decenios, especialmente en los años noventa.

Hoy en día está fuera de discusión que las reformas estructurales (Consenso de Washington) se tradujeron no sólo en tasas de crecimiento más bajas e inestables que las del promedio histórico, sino que exacerbaron los desequilibrios sociales. Sin embargo, para los propósitos de este trabajo interesa hacer explícitas las políticas que agravaron el problema distributivo. Cabe destacar las siguientes: a) apertura comercial, a través del aumento de la brecha entre trabajadores calificados y no calificados; entre territorios exportadores y no exportadores, y entre zonas urbanas y rurales; b) operaciones de salvataje financiero, para conjurar crisis bancarias cuyo altísimo costo se ha financiado con impuestos más altos y reducción del gasto social; c) reformas tributarias con énfasis en impuestos regresivos; d) gasto público procíclico que reduce el gasto social per cápita cuando más se necesita; e) privatizaciones cuyos efectos positivos sobre la cobertura han sido neutralizados por los aumentos de tarifas; f) gasto social ineficiente, que a pesar de su monto creciente no logra mejoras significativas en educación, salud y reducción de la pobreza.

Vale la pena, entonces, preguntarse con Grindle:

¿Porqué los gobiernos escogerían y mantendrían políticas que han demostrado ser ineficaces para el desarrollo económico? ¿Porqué algunos gobiernos escogen alterar las políticas y las estrategias de desarrollo en forma significativa mientras que otros se adhieren a políticas que son económica, social y políticamente destructivas? […] ¿Cómo las instituciones moldean las oportunidades de la reforma? (2002, 341).

Aunque para responder estos interrogantes existen varios enfoques teóricos, la perspectiva más afín a nuestra discusión es la de la nueva economía institucional, liderada por North y otros autores. North comienza así su tratado clásico sobre las instituciones:

Las instituciones [formales e informales] son las reglas del juego de una sociedad o, más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico (1990, 10).

Las instituciones no son necesariamente o ni siquiera son usualmente creadas para ser socialmente eficientes; más bien ellas, o al menos las reglas formales, son creadas para servir los intereses de aquellos con el poder de fortaleza de negociación para diseñar las reglas (ibíd., 12).

Se puede inferir que las políticas económicas están condicionadas por las instituciones (Persson, 2001) y éstas, a su vez, por los intereses de las élites que controlan el poder. Según Acemoglu et al. (2004b, 1-2):

Las instituciones económicas de la sociedad, como los derechos de propiedad y la estructura de los mercados, son de primordial importancia para los resultados económicos. Las instituciones económicas son importantes porque afectan la estructura de los incentivos económicos en la sociedad […] las sociedades con instituciones económicas que facilitan y promueven la acumulación de factores, la innovación y la asignación eficiente de factores, prosperarán.

Surge una pregunta: ¿cuáles son, entonces, las instituciones relevantes para el desarrollo? Si bien la construcción de indicadores tropieza con problemas de disponibilidad y calidad de la información y las definiciones corren el riesgo de ser tautológicas, en el sentido de que consideran instituciones “buenas” a las que tienen los países exitosos, en la literatura académica existe un alto grado de consenso en cuanto a que las instituciones que más inciden en el desempeño económico son las siguientes (Kaufman et al., 2003): voz y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, imperio de la ley, calidad de la regulación y control de la corrupción.

Las comparaciones internacionales sobre la calidad de las instituciones arrojan resultados que colocan sistemáticamente a los países andinos por debajo de 0 en una escala de -3 a 3. No obstante, en varios casos los niveles andinos de calidad institucional están por encima del patrón que corresponde a su nivel de ingreso per cápita (ver gráfica 4).

Constatando que las instituciones andinas son de baja calidad y siguiendo en busca de relaciones causales, cabe preguntar ahora cuál es la explicación de este fenómeno. Como entes sociales, las instituciones son endógenas, es decir, resultado de las características del sistema político que las producen. A su vez, como ya se dijo, están condicionadas en cierta medida por factores relativamente exógenos como la geografía, la historia, la cultura y la etnia, pero fundamentalmente por la forma en que se distribuye el poder.

Gráfica 4 ]]> Instituciones (gobernabilidad) promedio e ingreso per cápita PPP, 2004

Fuente: Banco Mundial (2005a y 2005b), elaboración del autor.

En este punto, se comienza a cerrar el circuito de causalidades viciosas que este trabajo se propone evidenciar. En efecto, si en los sistemas políticos de los países andinos el poder está concentrado en unos pocos grupos, por lo que su nivel democrático es de “baja intensidad” y su capitalismo de “compinches”, es lógico que las instituciones resultantes reflejen intereses particularistas y no el bien común (Panizza, 1999). Además, según Rodrik (2000), la democracia política es la meta-institución necesaria para construir buenas instituciones. A una conclusión similar llegan Acemoglu et al. (2004b, 72):

Los eventos [analizados en el trabajo] ilustran los distintos elementos de nuestro marco analítico. En particular, muestran la utilidad de concebir las instituciones políticas y la distribución de los recursos económicos como las principales variables de un sistema dinámico que determina la distribución del poder político y, a través de este canal, las instituciones económicas y los resultados económicos.

En los países andinos –como en el resto de América Latina– se dio además la circunstancia de que las flamantes democracias de los años ochenta abrazaron con entusiasmo las políticas del Consenso de Washington (Torre, 1998 y Ocampo, 2004, 300), sin tener en cuenta el grado de preparación de las instituciones ni prevenir sus perniciosos efectos redistributivos. Algunos analistas han observado irónicamente que, de haber seguido el catecismo neoliberal, ni Alemania ni Estados Unidos jamás se hubieran industrializado (Edwards, 1999).

John Williamson, el célebre codificador del Consenso de Washington, escribió recientemente:

es necesario decir que lo que fue conocido ampliamente como Consenso de Washington –la versión predicada en esos tiempos por algunas de las instituciones financieras internacionales y las agencias del gobierno de Estados Unidos y que fue entusiastamente respaldada por gran parte de la élite latinoamericana– es de hecho culpable del entusiasmo descuidado por la liberalización en la cuenta de capital.

]]> mi versión del Consenso de Washington se quedó corta como manifiesto para guiar la política económica en los años noventa. Este fracaso en advertir a los países acerca de algunos de los riesgos que encontraron descuidó las reformas institucionales, y estuvo estrechamente enfocado en el crecimiento (2003, 393-394, énfasis añadido).

Frente al supuesto agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, el camino de la liberalización, la desregulación y la privatización no era el único disponible para reactivar el crecimiento. Ahí estaba, por ejemplo, la experiencia de los países del Sureste Asiático y de otros que, sin renunciar a un papel activo del Estado, desencadenaron procesos virtuosos de acumulación de capital físico y humano con redistribución de activos y de ingresos.

¿Porqué entonces Carlos Andrés Pérez, que impulsó en su primer gobierno (1974-1979) un capitalismo de Estado en Venezuela, y Víctor Paz Estensoro, uno de los líderes históricos de la legendaria revolución nacional en la Bolivia de los años cincuenta, adoptaron las mismas políticas económicas de Pinochet, en la década de los setenta, y de Fujimori, después del autogolpe de 1992? ¿Porqué, además, las élites empresariales –que se habían beneficiado del modelo ISI– apoyaron las políticas neoliberales a sabiendas de que algunas de sus fracciones podrían resultar perdedoras?

La respuesta a estos interrogantes no es, ciertamente, la simplista que pone la carga en las imposiciones de la dupla FMI-Banco Mundial, puesto que –como indica Phillipps (1998)– las clases dirigentes latinoamericanas abrazaron alegremente las condiciones exigidas por dichos organismos. No sólo eso, sino que luego amarraron las reformas a través de acuerdos internacionales con Estados Unidos.

La cuestión entonces es más compleja, y al respecto Tornell y Esquivel (1995) han elaborado un modelo teórico, cuyo mensaje central resume Rodríguez:

las disputas políticas al interior de los grupos dominantes pueden resultar como una consecuencia del deterioro endógeno de la economía. Antes de la erupción de las disputas, una coalición de grupos (sindicatos, industriales, militares y partidos políticos) gozan de privilegios rentísticos. Una reforma ocurre cuando un grupo unilateralmente renuncia a estos privilegios.

Tal sacrificio implica una pérdida económica inmediata para el grupo reformista. Ningún grupo querrá proceder así mientras esté disfrutando de altos beneficios provenientes de sus privilegios rentísticos. Pero en la medida en que el ejercicio simultáneo de actividades rentísticas produce un deterioro económico endógeno, un grupo puede tener el incentivo para renunciar a sus derechos, si tal acción debilita otros grupos de la coalición. La razón es que si ellos no ceden sus privilegios, entonces otros grupos de la coalición podrían impulsar una reforma que los deje en peor situación. Por consiguiente, los industriales estarán dispuestos a liberalizar el comercio no porque ellos prefieran la apertura comercial al statu quo, sino porque prefieren la liberalización a la expropiación por parte de los grupos laborales. La liberalización del comercio será apoyada por los industriales porque al debilitar la clase trabajadora evitan una situación que eventualmente podría ser peor (2003, 34).

Gráfica 5
Reformas estructurales, distribución del ingreso y gobernabilidad

La explicación de Tornell (de dos males el menor) es consistente con los hechos estilizados de las reformas, como se observa en la gráfica 5. Mientras que el índice de reformas estructurales ascendió persistentemente durante la década de los ochenta en la mayoría de los países latinoamericanos (con excepción de Bolivia), los correspondientes a la de distribución del ingreso (coeficiente de Gini) y a la calidad de la democracia se mantuvieron en sus niveles precarios o incluso se deterioraron.

RASGOS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LOS PAÍSES ANDINOS

En los últimos tres lustros han ocurrido acontecimientos políticos en el ámbito andino que no favorecen la profundización de la democracia. El caso de Perú, el más notorio, fue descrito así por Pease:

El tipo de democracia que teníamos permitió que se instaurara un régimen autoritario mafioso que llevó al extremo el poder que de por sí tenía el presidente en la democracia delegativa peruana […] la estructura de las decisiones fue dirigida por un grupo mafioso que tomaba las decisiones autoritariamente. Este grupo mafioso [...] realizó un desmonte de los controles horizontales y manipuló los verticales, la corrupción se constituyó así en la otra cara del autoritarismo. La democracia delegativa fue propicia para generar un círculo vicioso: a menos controles, mayor corrupción; y al haber corrupción la mafia disolvió los controles que subsistían (2003, 99-150).

Y más adelante añadió:

Fujimori desde la presidencia liquida los demás poderes [el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría, la Fiscalía de la Nación, etc.] y controles con el autogolpe del 5 de abril; tras la intervención de la OEA se genera un régimen autoritario civil- militar que construye una coalición dominante que encabeza la dupla mafiosa Fujimori-Montecinos; y que integra a la cúpula militar recompuesta, los servicios de inteligencia […] los grandes empresarios, los dueños de la televisión y parte de la prensa, tecnócratas que establecen la vinculación con los impulsores del Consenso de Washington (ibíd., 382).

Una situación parcialmente similar se presenta en Venezuela, donde el ascenso al poder del presidente Chávez –en enero de 1999– marcó el final del modelo de democracia pactada que estableció el Pacto de Punto Fijo⁹, vigente desde 1950. La agonía del “puntofijismo” comenzó en marzo de 1993, con la renuncia forzada del presidente Pérez, acusado entonces de malversación de fondos.

El programa del gobierno de Chávez –quien ya sufrió un intento de golpe de Estado en enero de 2002–, que se autodenomina “Proyecto Bolivariano”, contiene una serie de elementos que representan una ruptura con el modelo neoliberal entronizado en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993)¹⁰, como las leyes de democratización de la propiedad y la producción (tierras, pesca y agricultura), la participación social en la elaboración de las políticas públicas, el manejo estatal de los hidrocarburos, el aumento del gasto social del Estado y la autonomía de la política económica internacional.

No obstante, el proyecto de la Quinta República conserva elementos de la ortodoxia neoliberal heredados de los regímenes anteriores, y no ha logrado consolidar una política social acorde con el discurso político¹¹ ni, en general, un modelo de desarrollo alternativo global y coherente¹².

Además, asociada a la idea bolivariana está la noción del papel central del estamento militar (y la unidad cívico-militar) en todo el proceso que, junto con el carácter unipersonal del liderazgo, le dan un carácter autoritario incongruente con el avance de la democracia¹³.

Un modelo de “democracia pactada” también estuvo vigente constitucionalmente en Colombia entre 1958-1972, habiéndose prolongado de facto hasta 1991, cuando una nueva constitución terminó con el monopolio de los partidos liberal y conservador, y amplió la participación a todas las franjas del espectro político. Colombia es una de las democracias electorales más antiguas del continente –los militares sólo se han tomado el poder en dos ocasiones desde la independencia a comienzos del siglo XIX– y fue el país de la región latinoamericana que mejor navegó por el mar picado de la “década perdida” de los ochenta.

No obstante, a lo largo de toda su vida republicana, Colombia ha sido cruelmente afectada por los conflictos armados internos. Casi una veintena de guerras civiles en el siglo XIX y en la actualidad un ciclo de violencia política que, habiendo comenzado en los años cincuenta, es ya el más viejo del mundo, constituyen el oscuro pasivo de la democracia colombiana. El problema se agravó desde mediados de los años ochenta, con el incremento de las actividades del narcotráfico¹⁴, y parece haber llegado –durante la administración Uribe– a un punto que los expertos en resolución de conflictos llaman un “empate mutuamente doloroso” (Pizarro, 2004).

Las libertades civiles y políticas en Colombia han oscilado últimamente al vaivén de la evolución de la lucha del Estado contra la insurrección armada y el narcotráfico. Al período de apertura y diálogo del presidente Pastrana (1998-2002) siguió el de “tolerancia cero” de la administración actual, que tiene sin embargo altos costos en términos del respeto a los derechos humanos y de subordinación de todos los objetivos de la acción gubernamental (incluida la política internacional) a la agenda de seguridad militar. Si a lo anterior se suma el proyecto de reelección inmediata del presidente Uribe, se va configurando claramente una tendencia hacia un presidencialismo “imperial”, o por lo menos autoritario, en el cual se desdibuja la clásica separación de poderes que constituye la médula de los sistemas democráticos (Vargas, 2004).

Por ello, nada más pertinente en las actuales circunstancias de la vida colombiana que la recomendación del PNUD (2003, 397-398):

]]> Parece una realidad de Perogrullo y sin embargo necesita explicación: la condición sine qua non de un proceso de paz es la voluntad, o cuando menos de dialogar para saber si es posible negociar. Hay quienes creen que llegar a eso supone derrotar al enemigo, vale decir, que haya capitulación en vez de acuerdo; pero aquí hablamos de acortar la guerra y de disminuir el daño, o sea de acuerdos en alguna medida –ojalá en gran medida– voluntarios¹⁵.

Finalmente, en este somero repaso de la coyuntura política andina cabe un breve comentario sobre Ecuador. En este país, después de la destitución del presidente Bucaram en 1997 por “incapacidad mental para gobernar” ha habido hasta hoy cinco presidentes, dos de ellos (Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) obligados a renunciar. Todos estos gobiernos (incluido el del coronel Lucio Gutiérrez)¹⁶, a pesar de la creciente insatisfacción popular, han mantenido una orientación neoliberal en sus políticas económicas, que llegaron al extremo de la dolarización plena de la economía en 2000.

Claro que la caída de los gobiernos de Sánchez de Lozada en Bolivia y Gutiérrez en Ecuador, precipitada por movimientos populares, puede estar marcando el fin de los autoritarismos neoliberales elegidos por voto popular en la región.

CONCLUSIONES

Cuando usted ha eliminado lo imposible, lo que queda, no importa cuán improbable, debe ser la verdad.
Sherlock Holmes

Este trabajo ha mostrado que en las complejas relaciones entre democracia y desarrollo económico no hay lugar para explicaciones monocausales ni unidireccionales. Se trata, más bien, de un intrincado circuito de causalidad circular que se retroalimenta dinámicamente a distintos niveles y velocidades. No obstante, el nudo gordiano parece estar en la distribución del ingreso, la variable con mayor impacto cruzado sobre todas las demás¹⁷. Otra conclusión importante es que la democracia y el desarrollo económico tienen cierta autonomía, que hace posible actuar sobre los dos procesos con relativa independencia. Es decir, los bajos niveles de ingreso no son un obstáculo insalvable para el avance de la democracia, ni el buen desempeño económico asegura automáticamente su profundización. El vínculo que une las dos dimensiones son las instituciones de calidad y las políticas redistributivas.

Por instituciones de calidad no entendemos simplemente las ordenadas y eficientes, sino sobre todo –en el sentido rawlsiano– las justas. Y según Rawls (1971): si las instituciones básicas de la sociedad no son justas, deben ser “reformadas o abolidas”. Estas ideas se representan en la gráfica 6.

Gráfica 6 ]]> Causalidad circular acumulativa entre democracia y desarrollo en los países andinos

Fuente: elaboración del autor.

NOTAS AL PIE

1. Joly (1582), libro escrito originalmente en francés en 1864, como una feroz diatriba contra el régimen de Napoleón III.

2. En los años cincuenta, la teoría de la modernización hizo énfasis en la relación inversa (Lipset, 1959), postulando una dirección causal desarrollo-democracia (la “ecuación optimista”), posteriormente muy controvertida.

3. Desde otro ángulo analítico, O’Donnell (2004) señala las falencias y limitaciones del Estado latinoamericano.

4. Quien advierte que no existe consenso académico en relación con los efectos negativos de la desigualdad sobre el crecimiento. Una revisión completa de esta literatura concluye que los efectos negativos de la desigualdad sobre el crecimiento son mayores cuando los mercados de capitales son imperfectos. Ver Aghion et al. (1999).

5. Para un análisis teórico y empírico exhaustivo de estas relaciones en el caso de Centroamérica, ver Paes de Barros (2005).

7. Parafraseando el título de la famosa obra de Ortega y Gasset en la que se advertía que La rebelión de las masas amenazaba el orden social y las tradiciones civilizadoras de la cultura occidental, C. Lash escribió La rebelión de las élites. En este libro póstumo, el célebre crítico cultural enjuicia a las élites del poder que, al aislarse en sus redes y enclaves, abandonan a los demás estamentos sociales, dividen a la nación y traicionan la idea de una democracia concebida para todos los ciudadanos (Lash, 1996, 2).

8. El modelo surgió en 1985 como resultado de un acuerdo político entre el presidente Paz Estensoro y la principal fuerza de oposición, el Partido Nacional (encabezado por Hugo Banzer) para asegurar la “gobernabilidad” y suavizar las pugnas con el Congreso. Dicho sistema se utilizó antes en Colombia (Frente Nacional, 1958-1974) y en Venezuela (Pacto de Punto Fijo). Esto ocurrió antes de la promulgación del manifiesto del Consenso de Washington, como resultado de la correlación interna de fuerzas en Bolivia. El proceso contó con la asesoría del economista estadounidense Jeffrey Sachs.

9. Acordado en la localidad de Punto Fijo por los dos partidos mayoritarios de Venezuela: el Demócrata Cristiano (COPEI) y Acción Popular (AP).

10. El presidente Pérez fue elegido para el cuatrienio 1989-1994, pero en 1993 fue obligado a renunciar por la razón mencionada.

11. Para una evaluación de la política social, ver Maingon (2004).

12. Es sintomático que algunos críticos tilden al gobierno de Chávez de “populismo macroeconómico”, otros de comunista y otros de neoliberal. Ver, respectivamente, Malavé (2004), Gómez (2003) y Vera (2001).

13. Para un análisis ponderado (a pesar del título) de las características del proyecto bolivariano, ver Lander (2004).

14. Stiglitz atribuye la escalada de la violencia a los efectos perversos de las políticas económicas que se han traducido en desempleo y pobreza (Stiglitz, 2003).

15. El gobierno del presidente Uribe adelanta negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que combaten ilegalmente a la insurgencia armada.

17. No hay espacio aquí para examinar en detalle las acciones para atacar el problema de la desigualdad, pero en este tema el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD y la CAF (en el contexto andino) han hecho importantes contribuciones.

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