Tipo de artículo: de Investigación

ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD DE UNA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. EL CASO DE LA COMUNA 8 DE MEDELLÍN³

SECURITY CHOICES OF A POPULATION, VICTIM OF FORCED DISPLACEMENT. THE CASE OF THE 8^TH COMMUNE IN MEDELLIN

Por: Pablo E. Angarita Cañas¹ y Cristian Ricardo Yepes.²

¹ Doctor en Derechos Humanos y Desarrollo. Profesor titular e investigador, Universidad de Antioquia. Contacto: pabloangarita@gmail.com; pangarita@udea.edu.co
² Magister en Ciencia Política. Docente de cátedra, Universidad de Antioquia. Correo electrónico: cristiantropo@gmail.com; cricardo@udea.edu.co

Nota

³ El texto se realiza en el marco del proyecto Metodologías para la construcción de agendas de seguridad comunitaria en Medellín, ejecutado por un equipo conformado por Natalia Cardona, Carolina Sánchez, Temis Angarita y Juan Esteban Jaramillo; coordinado por Pablo Angarita y que contó con el apoyo del Comité para el Desarrollo de la Investigación -CODI- (Universidad de Antioquia) y la Corporación Universitaria Remington, así mismo, se apoya resultados de la tesis de maestría en Estudios Políticos de Cristian Yepes, bajo la asesoría del docente Pablo Emilio Angarita Cañas. Algunos acápites, en particular el segundo, contienen partes tomadas del artículo en proceso de publicación Metodología para co-producir conocimientos enfrentando las inseguridades en contextos violentos (Angarita, 2015). Los autores agradecen los oportunos comentaros y aportes realizados por los integrantes del equipo de investigación y los exonera de responsabilidad en las afirmaciones aquí contenidas.

Recibido: enero 2015. Revisado: abril 2015. Aceptado: 2 de 2015

¿Es posible que poblaciones que viven en condiciones socioeconómicas precarias y en contextos violentos, puedan proveerse una seguridad diferente a la ofrecida por el Estado y por actores armados ilegales? Es la pregunta que responde este artículo, con base en la investigación realizada en Medellín, con población víctima de desplazamiento forzado de la comuna 8, que trabaja con enfoque de seguridad humana y metodología desde abajo. Analiza las políticas de seguridad del Estado, contrastándolas con las iniciativas comunitarias para enfrentar sus inseguridades mediante estrategias de acción y agendas comunitarias para proveer seguridad humana y conformarse como ciudadanos y colectivos sociales empoderados políticamente. Señala limitaciones y potencialidades de una propuesta de seguridad aplicada por un grupo poblacional altamente vulnerado y vulnerable.

Palabras clave: Inseguridad, Desplazamiento Forzado, Seguridad Humana Desde Abajo, Agenda comunitaria de Seguridad.

Abstract

Is it possible that populations living in precarious socio-economic conditions and in violent contexts, can provide a different security from that offered by the State and illegal armed actors? It is the question that this article answers, based on a research carried out in Medellin, with victims of forced displacement of the Commune 8, which works with a focus on human security and methodology from the bottom. It analyzes the policies of the State security, contrasting them against the community initiatives in order to address their insecurities through action strategies and community agendas and thus provide human security and settle as citizens and social collectives empowered politically. It points out limitations and potentialities of a proposal of security applied by a highly violated and vulnerable population group.

Key words: Inequality, forced displacement, human security from below, and community security agenda.

Introducción

En el desarrollo del conflicto armado colombiano uno de los graves problemas durante las últimas décadas es el desplazamiento forzado que afecta de muchas maneras a millones de personas; población en situación de desplazamiento que, como lo señala la Corte Constitucional en la sentencia T-602 de 2003, "[…]implica no sólo la posible pérdida de familiares y amigos en las violaciones que generaron el desplazamiento o haber sido víctimas de otro tipo de violaciones, como la tortura o la violencia sexual. También significa perder la vivienda, la tierra, el empleo, la posibilidad de participar en política, los medios de subsistencia, el acceso a la educación de las niñas y los niños, la desintegración de la estructura del hogar, la pérdida de las redes sociales y comunitarias, el incremento de las enfermedades, la marginación, entre otros daños. En el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, el desplazamiento amenaza, además, su supervivencia cultural, como lo indica la sentencia T-025 de la Corte Constitucional en 2004" (Meier, 2007).

Desde 1985 hasta diciembre de 2013, la cantidad de desplazados ascendió a 5'905.996 personas (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, 2014). Medellín es una de las principales ciudades receptoras de población desplazada y en ella sobresale la Comuna 8 (Villa Hermosa), en la cual se ubican varios asentamientos en condiciones muy precarias, privados de derechos económicos y sociales básicos, además de padecer otras inseguridades, en medio de la desprotección estatal y el permanente acecho de grupos armados ilegales que ejercen control sobre sus territorios.

La violencia que padecen las comunidades, responde a dinámicas locales y nacionales existentes en la ciudad durante décadas, en especial desde el auge del narcotráfico con el Cartel de Medellín en los ochenta, y luego, la urbanización del conflicto, según los propósitos de la insurgencia, con sus milicias populares y de los paramilitares con sus bloques urbanos, a lo cual se sumaron grupos armados ilegales, generalmente con una fuerte identidad y adscripción territorial, por cuadras y barrios, denominados ‘combos' y ‘bandas', los primeros con un número de integrantes inferior a la segundas y con un menor grado de organización (Observatorio de Seguridad Humana de Medellín OSHM, 2012, p 44) .La mayoría de estos grupos utilizan la oferta del servicio ilegal de "protección violenta" (Bedoya, 2010:15) del territorio como una de las formas para legitimarse y realizar el cobro de una tributación extorsiva a habitantes y comerciantes. Como lo señalan investigaciones del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSHM), estas agrupaciones delincuenciales están ligadas a grupos denominados por el gobierno nacional "Bandas Criminales" (Bacrim) o grupos emergentes tales como las Águilas Negras, Los Urabeños o Gaitanistas, Los Paisas, Los Rastrojos y La Oficina de Envigado, los cuales son continuidad de los grupos paramilitares, porque heredaron de éstos su estructura de poder político y económico y sus nexos con la institucionalidad, y expresan la persistencia del conflicto armado en Medellín y su Área Metropolitana (Observatorio de Seguridad Humana de Medellín OSHM, 2012, p 45)

El texto se compone de cinco apartados, así: en el primero describimos el contexto de la comuna 8, en el período 2010-2012, desde la perspectiva de la seguridad humana y desde la voz de las propias comunidades. En el segundo, contrastamos el enfoque de la seguridad humana en su dimensión comunitaria, con el enfoque tradicional de la seguridad, para lo cual se precisa el sentido de lo comunitario. En el tercero, exponemos la percepción de la comunidad desplazada acerca de las diversas formas de inseguridad. En el cuarto, registramos las principales políticas del Estado para enfrentar la violencia y la inseguridad. En el último, evaluamos las diversas estrategias de seguridad en particular la construcción de agendas comunitarias, adelantas por la Mesa.

Contexto

La ciudad de Medellín administrativamente está dividida en 5 corregimientos y 16 comunas, una de las cuales es la Comuna 8 (Villa Hermosa), ubicada en la zona centro oriental de la ciudad (Departamento Administrativo de Planeación, 2007). Limita, entre otras, con la Comuna 3 (Manrique) y 10 (La Candelaria), con las cuales históricamente han compartido diversos problemas de inseguridad. Para el año 2012, la Comuna 8 tenía 135.713 habitantes, de los cuales 47.267 pertenecían al estrato 1 (considerado bajo-bajo); del total de habitantes, 47.315 se encontraban en un rango de edad entre 15 y 34 años (Planeación municipal de Medellín, 2013).

La comuna está subdividida en barrios, de cuya cantidad y configuración no hay coincidencia entre lo que perciben las comunidades y la visión oficial, pues, mientras para Planeación Municipal existen 18 barrios, al mismo tiempo convalida más de 30 Juntas de Acción Comunal (Quiceno Toro & Muñoz, 2008) Para los pobladores, además de la cifra anterior, reconocen la existencia de 12 barrios que hacen parte de su territorio (véase gráfico 1); son barrios presentes en los imaginarios y la cotidianidad de las personas que habitan este territorio, en donde se presentan las condiciones más difíciles de seguridad para la población, particularmente para los que viven en situación de desplazamiento, lo cual contrasta con la visión de la administración municipal que considera esos terrenos "baldíos y zonas boscosas". (Jímenez, 2014)

Del total de habitantes de la comuna, 31.233 dicen haber llegado a ésta por distintos motivos, entre ellos el desplazamiento forzado. En salud, 29.073 habitantes no tienen ningún tipo de cobertura; y en educación 1.258 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir (Planeación municipal, 2013). Los pobladores se ven afectados, no solo por la inseguridad personal sino por la inseguridad económica, en salud y en lo político. He ahí la relevancia que adquiere la población desplazada en esta comuna, la cual, en su mayoría, se encuentra organizada en la Mesa de Desplazados, que agrupa 4.427 personas, la mayoría provenientes de diferentes regiones del departamento de Antioquia (Observatorio de Seguridad Humana de Medellín OSHM, 2012) y a la cual convergen diversas organizaciones (mujeres, indígenas, afros y no desplazadas), con problemáticas comunes. La Mesa, además mantiene frecuente relación con otras organizaciones de la misma comuna y de la ciudad.

El conflicto armado en Colombia, en especial desde la década los años ochenta del siglo pasado, ha tenido presencia en las comunas de Medellín, siendo causa y efecto de otros problemas sociales relacionados con la salud, alimentación, generación de ingresos, además de la inseguridad personal expresada en amenazas, extorsiones, agresiones sexuales, atracos callejeros y asaltos a viviendas, de los cuales el homicidio constituye la forma más visible y alarmante de la violencia .Pese al conjunto de problemáticas sociales que afectan a la comunidad, la administración municipal y los medios de comunicación resaltan la inseguridad personal y la violencia física desplegada por diferentes grupos armados que actúan en la comuna y que al enfrentarse por el control territorial realizan amenazas directas, intimidación, reclutamiento forzado, control social, barreras "invisibles" y homicidios.

Al igual que en otras comunas de Medellín, en la Comuna Villa Hermosa existen grupos armados ilegales que se disputan su territorio, generando altos niveles de inseguridad, en la que participa un número significativo de personas, que encuentran en este accionar delictivo un medio para "[…] obtener de manera rápida ingresos, poder, seguridad y ascenso social. Esta cultura cautivó a personas, especialmente a jóvenes, que carecían de oportunidades laborales, educativas y de un proyecto de vida; que sufrían las presiones sociales, culturales y económicas; o que deseaban saldar cuentas y vengarse con otros o con la sociedad en general, de sufrimientos anteriores" (Corrales Diego, 2010).

La existencia de estos grupos no se puede analizar en la simple dicotomía legal/ilegal, pues parte de las posibilidades de su existencia pueden ser explicadas en las condiciones estructurales de orden económico y social en que florecen, que además, le dan cierta legitimidad por parte de las comunidades, constituyendo un reflejo de la lógica schmittiana "Protego ergo obligo («Protejo, luego soy obedecido»)" (Schmitt, 1991) obediencia dada por conveniencia o intimidación con la que terminan aceptando y hasta protegiendo el accionar de estos grupos y, en algunos casos, hasta rechazando la persecución que realizan las autoridades:

[…] un caso muy miedoso: la semana pasada que estuvimos en Esfuerzo de Paz, vimos la impotencia de la Policía con cuatro pillos que había allá. Llega una patrulla, preparada y salió la comunidad a atacar a la policía, a entretenerla y no dejarlos mover, para que se volaran, y se volaron. Y esos están por allá desplazando la gente para acomodar a los pillos y sus aliados. Están formando su propia fortaleza (Integrante Mesa de Desplazados, 2013)

La posición asumida por estas comunidades frente a la policía es compleja, pues mientras unos pobladores reclaman su presencia para perseguir a criminales, otros la rechazan en tanto la Policía es vista como otro actor generador de inseguridad, como se puede constatar en las frecuentes denuncias en las que se les señala de mantener estrechos vínculos con delincuentes que operan en el sector, con los que colaboran, generando pérdida de confianza de la población hacia esta institución; en palabras de un integrante de la Mesa: "¿Qué esperanzas tenemos cuando uno va y denuncia un caso a la inspección? Por ejemplo, le dicen al pillo: "¡pilas que por aquí estuvo fulano de tal y vino a denunciar un caso que yo creo que es con vos!" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

El accionar de estos grupos delincuenciales genera una competencia asimétrica frente a los liderazgos y su legitimidad en la población, en tanto los ilegales tienen mayores posibilidades de ofrecer oportunidades de empleo o adelantar proyectos que ayuden a mejorar la situación de sus barrios, pues los armados "sí pueden poner a los pelaos a trabajar, a jibariar, a vender cositas, en la construcción, etc., los líderes no tienen esas mismas posibilidades…" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013). Igualmente, se han presentado casos en los que funcionarios públicos comprometidos con el desarrollo de las comunidades, son amenazados por los grupos que ejercen el control en el barrio: "amenazaron una funcionaria con su familia porque estaba jalonando para el bien de la comunidad" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

En Medellín, durante el período 2010-2012, en contraste con la disminución de los homicidios y la pobreza, se incrementaron los asaltos, el desplazamiento intraurbano y las dificultades para el acceso al sistema de salud. El desempleo fluctúo entre el 14% y el 11%. La percepción de pobreza entre el año 2010-2011 disminuyó, y luego tuvo un ligero repunte en el año 2012 (Medellín Cómo Vamos, 2013)A diferencia de las anteriores cifras, los desplazados de la comuna 8, tienen la percepción de que la pobreza aumentó para ellos, debido a factores como la persecución a las ventas informales, de las que un buen número de esta población se vale para su subsistencia. Igualmente, perciben desmejoramiento en el acceso y el derecho a la salud, particularmente entre los años 2009 y 2012.

En cuanto a los homicidios, según Medicina Legal, citado por la Personería, en el año 2012 en la comuna 8, se mantuvo la misma tendencia de reducción presentada en la ciudad, pasando de 91,8 hxcmh (homicidios por cada cien mil habitantes) en el 2011 a 81,1 en el 2012 (Personería, 2013). No obstante, el desplazamiento forzado intra-urbano aumentó en la ciudad entre los años 2009 y 2012 (Medellín Cómo Vamos, 2013).

Enfoques y metodologías de Seguridad

Las políticas de seguridad tradicionalmente aplicadas en Colombia y en Medellín, han respondido a un enfoque estado-céntrico que pretende enfrentar los efectos más que las causas generadoras de violencia e inseguridad; en ese sentido, los bienes principalmente protegidos son las instituciones estatales y, recientemente bajo la óptica de la "seguridad ciudadana", se dice darle prioridad a los ciudadanos, asunto que a la hora de concretarse en nada se diferencia de las tradicionales políticas de seguridad. En oposición con estas visiones, se viene abriendo paso el enfoque de la seguridad humana basada en una comprensión integral del ser humano, estrechamente ligada a los derechos humanos y al desarrollo humano como desde hace ya dos décadas fue propuesto por el Programa de las Naciones para el Desarrollo -PNUD- en 1994 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 1994) En su versión inicial la seguridad humana incluye siete dimensiones (personal, comunitaria, salud, económica, alimentaria, política y ambiental).

Seguridad Humana desde Abajo

El concepto de Seguridad Humana hunde sus raíces en los propósitos pacifistas que animaron a los fundadores de las Naciones Unidas, después de finalizada la segunda guerra mundial, aunque posteriormente se vio relegado en el contexto de la guerra fría y solo vino a adquirir cierta relevancia a partir de la década de los noventa, precedido por desarrollos teóricos provenientes de Canadá, Noruega y Japón, y luego sistematizados y difundidos por la comisión del PNUD (1994a). La literatura especializada señala lo maleable del concepto al punto que sectores políticamente derechistas, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo utilizaron en la llamada "guerra global contra el terror", pero también ha sido defendido en diversos estudios críticos que se oponen a las visiones militaristas y estado-céntricas como bien lo destaca el profesor británico Ryerson Christie de la Universidad de Bristol, quien reseña los interesantes debates alrededor de la seguridad humana, publicados en la revista Security Dialogue (Christie, 2010).

La Seguridad Humana "desde abajo" se inscribe en los lineamientos trazados en las "epistemologías del sur" (Sousa Santos, 2010) que propugnan por una ecología de saberes y que al mismo tiempo intenta aplicar metodologías propias de la IAP. Si bien existen múltiples versiones e interpretaciones acerca de la IAP (Investigación Acción Participación), en este proyecto nos guiamos básicamente por la propuesta originalmente planteada por el sociólogo Orlando Fals Borda, cuyo orden investigadores comunitarios del OSHM propusieron modificar llamándola API, para enfatizar la Acción y la Participación; asunto que desde finales del siglo pasado fue aclarado el profesor Fals Borda ante redes académicas que plantearon similares inquietudes (2001).

La Seguridad Humana desde abajo es también un método del que se derivan estrategias metodológicas para producir nuevos conocimientos referidos a una seguridad que busca fortalecer los derechos humanos, en ese sentido, constituyen pequeñas teorías de alcance medio, situadas en un aquí y un ahora, resultados de diálogo de saberes y acciones conjuntas de agentes comunitarios y académicos, sin pretensiones de alcances universales, con la virtud de lograr validez y legitimidad teórica y práctica en el contexto socio-espacial específico en el que se producen y, por tanto, puede mostrar resultados concretos que incluyen utilidad política para los colectivos sociales que enfrentan la inseguridad y trabajan por un buen vivir.

El concepto originario de seguridad humana surge estrechamente vinculado al desarrollo humano y a los derechos humanos con la idea de ser una triada al servicio de la persona humana (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 1994)es decir, se trata de un enfoque de carácter antropocéntrico, heredero de la filosofía de la modernidad en la que el hombre se presenta como el principio, la medida y el fin de las cosas. La visión antropocéntrica de la seguridad constituye un avance frente a las políticas de seguridad centradas en el Estado y las instituciones, sin embargo, se queda corta frente a la perspectiva bio-céntrica que comprende al ser humano como parte del conjunto de la naturaleza y, por tanto, el concepto derechos humanos debe hacerse extensivo a los derechos de la naturaleza, como ya ha sido consagrado jurídicamente en la constitución política del Ecuador (2008) y de Bolivia (2009), lo cual constituye un cambio paradigmático, impulsado desde la Declaración de los derechos humanos emergentes proclamada en el Foro de Barcelona en el 2004.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) es un instrumento programático elaborado por organizaciones de la sociedad civil internacional a fin de cristalizar los Derechos Humanos para el nuevo milenio. La Declaración tuvo origen en el Foro Universal de las Culturas en Barcelona 2004, con el diálogo denominado "Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos", formalmente dirigida a los actores estatales y otras instituciones de todo el mundo (Instituto de Derechos Humanos de Cataluña IDHC, 2004)

La seguridad humana desde abajo debe entenderse como un enfoque de seguridad construida desde la realidad específica de las comunidades locales por quienes conocen y padecen directamente las diversas expresiones de la inseguridad, ligando sus propuestas de solución a una perspectiva de buen vivir (Niel, 2011); (República de Ecuador, 2009) para la plena realización de los derechos humanos.

Agendas comunitarias de seguridad (Angarita & Pablo, 2015)

En el campo social y político, el concepto de agenda se usa para referirse a "las prioridades que debe atender un gobierno" y a las cuales debe dedicar buena parte de recursos económicos y humanos (Redim - Red por los Derechos de la Infancia en México , 2010) Otros autores recalcan que las agendas de política pública, en buena medida, respondan a las demandas de sectores de una población determinada.

Las agendas de seguridad que se propuso construir el Observatorio, buscaban "reflejar las necesidades, preocupaciones, visiones y realidades en los contextos locales específicos, para ser presentadas a consideración del gobierno local". Asimismo, desde el comienzo se recalcaba que las agendas intentan: "involucrar algunos miembros de las instituciones proveedoras de seguridad pública" (Observatorio de Seguridad Humana de Medellín OSHM, 2011, p 7-8)

El término comunidad ha sido objeto de múltiples polémicas desde la filosofía política, la sociología y las políticas públicas, por lo cual amerita una precisión para comprender el significado con el cual lo usamos. Siguiendo al profesor Alfonso Torres, entendemos por comunidad:

Convivencia plural de sujetos singulares o peculiares que se está permanentemente produciendo a partir de la creación y recreación de la intersubjetividad que mantiene vivo el sentimiento que los une. Más que sustentada o proyectada en una identidad cultural (étnica o no), la comunidad requiere estar generando permanentemente identificaciones entre sus partícipes; podemos afirmar que toda comunidad no está dada como un hecho, sino que es inaugural: debe garantizar su permanente nacimiento (Torres Carrillo, 2013, p 206)

La comunidad evoca una relación entre personas, con un carácter dinámico y en permanente cambio, los vínculos que construyen sus miembros son fortalecidos en el proceso de atender la conflictividad que se da a su interior y de ésta con el mundo exterior, que pueden ser otras comunidades, la sociedad mayor y el Estado.

Comprender la comunidad con su potencial político y emancipatorio se distancia del significado con el cual es aplicado al tema de la seguridad en países de América Latina. Por ejemplo, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla considera que el modelo comunitario de seguridad incluye la prevención social y la acción punitiva, las cuales "complementa a través de una mayor integración de la ciudadanía en las tareas de prevención y una mayor colaboración entre autoridades y sociedad para la resolución de situaciones pre-delictivas y delictivas" (1999). Para esta autora, el modelo de seguridad comunitaria constituye una doctrina que en América Latina le da continuidad a las experiencias piloto iniciadas en el "estado de New York a partir de 1985, que arrojan resultados exitosos en lo que respecta al descenso en las tasas de criminalidad, el mejoramiento de la percepción que los ciudadanos tienen de la policía y en la mejora de la sensación de seguridad" (Chinchilla, 1999, p 2); según la autora es un modelo que actúa sobre cinco variables.

La idea de seguridad comunitaria ha sido tomada a partir de experiencias de Japón, Gran Bretaña y Nueva York, que han servido de modelo a países de América Latina en los que algunos estados han implementado esta política, con éxitos relativos en el corto plazo. No obstante, las evidencias empíricas muestran que esa seguridad no logra sostenerse en el tiempo, dando paso a la reaparición de fenómenos de inseguridad. Estas experiencias están estrechamente ligadas y en algunos casos subordinadas al accionar de la policía con la motivación de tener una mayor eficacia policial. Este es uno de los aspectos que diferencia la "seguridad comunitaria" con la propuesta deagendas comunitarias de seguridad, construidas desde el enfoque y metodología de la seguridad humana ‘desde abajo', llevadas a cabo por colectivos como la Mesa de Desplazados de Medellín, cuyo componente fundamental es la búsqueda de mayor empoderamiento por parte de la comunidad (Observatorio de Seguridad Humana de Medellín OSHM, 2012)

Siguiendo a Zygmunt Bauman, entendemos por empoderamiento la habilidad que se consigue cuando las personas adquieren la capacidad de controlar:

(o, cuando menos, de influir significativamente en) las fuerzas políticas, económicas y sociales que, de otro modo, zarandearían continuamente su trayectoria vital; dicho de otro modo, estar "empoderado" significa ser capaz de elegir y de actuar de manera efectiva conforme a las elecciones realizadas, lo que, a su vez, supone la capacidad de influir en la amplitud de opciones disponibles y en los contextos sociales en los que se eligen y materializan tales opciones. Para que el "empoderamiento" sea de verdad, es necesario adquirir no sólo las habilidades exigidas para un juego diseñado por otros, sino también los poderes o las competencias que permiten influir en los objetivos, las apuestas y las reglas del juego: es decir, no sólo las habilidades personales, sino también las competencias sociales(Bauman, 2006, p 165).

Es en esta dirección como deben interpretarse las agendas de seguridad comunitaria propuestas por colectivos como la Mesa de Desplazados de la comuna 8 que trabajan conjuntamente con el Observatorio de Seguridad Humana y de cuyos contenidos específicos nos ocuparemos más adelante.

Entonces, ¿qué es una Agenda comunitaria de seguridad? La agenda es concebida como un proceso y no como acto o resultado final, y por lo mismo reviste importancia el conjunto de las múltiples acciones cotidianas, de iniciativas individuales y colectivas encaminadas al propósito común de enfrentar la inseguridad y obtener logros de bienestar colectivo, es la cadena de pequeñas batallas en las que se aprende y se dan avances o retrocesos en la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.

En una agenda de este tipo se debe tener en cuenta precisar quiénes la hacen, cómo la hacen y el propósito inmediato y mediato de la misma; pues, ello nos permitirá esclarecer si se trata de una acción encaminada a fortalecer integralmente a la comunidad o por el contrario, de solucionar un problema inmediato bajo los enfoques tradicionales.

Un criterio de distinción de una agenda comunitaria de seguridad es su propósito de encontrar mecanismos de protección frente a la violencia y la inseguridad. En contraste con las experiencias tradicionales de seguridad, el toque diferenciador de la agenda comunitaria es su metodología participativa y el propósito de la misma; pues con la activa participación de los integrantes de la comunidad, además de diseñar e implementar medidas frente a la inseguridad, se propugna por "dinamizar las ciudadanías y empoderar a las organizaciones comunitarias involucradas" (Observatorio de Seguridad Humana de Medellín OSHM, 2011, p 3). He ahí el carácter eminentemente político de la propuesta y su potencial emancipador concretado en la búsqueda de autonomía y en la capacidad de orientarse y actuar soberanamente.

Desplazamiento forzado e in-seguridad humana

En la comuna 8 se mantiene la misma tendencia de la ciudad en cuanto al descenso en las cifras de homicidios, pero sus condiciones económicas están marcadas por la precariedad, dado que el 52,75% de la población está desempleada y el 47,25% restante se desempeña en empleos precarios (Alcaldía de Medellín-Secretaria de Gobierno; Empresa Para la Seguridad Urbana -ESU-; Corporación Cultural Diáfora , 2011). Según la Alcaldía, casi el 75% de la población corresponde a estratos socioeconómicos de 0 a 2, así: "el 34,57% de las personas viven en estrato 0 y 1 (bajo-bajo), el 39,35% viven en estrato 2 (bajo), el 24,31% viven en estrato 3 (medio-bajo), y el 1,77% vive en estrato 4 (medio)" (Alcaldía de Medellín et al, 2011).

Las inseguridades se expresan en violencia física, falta de acceso a la salud y precariedad económica, entre otras, que dentro de la Comuna 8 es supremamente notoria en los barrios Villatina, San Antonio, Las Estancias y Villa Lilian, así como en los sectores Las Granjas, La Torre, Esfuerzos de Paz, El Ventiadero, Tres Esquinas y La Cañada; todos con habitantes clasificados en los estratos 0, 1 y 2, y con una alta presencia de población desplazada que ven agravada su situación debido a factores estructurales de inseguridad, como la pobreza, exclusión social y política, abandono estatal y marginalidad, como lo corroboran estudios oficiales que resaltan la existencia de "condiciones vecinales conflictivas entre habitantes de los barrios, una territorialidad demarcada por grupos armados y unos índices de violencia altos en la comuna" (Alcaldía de Medellín et al, 2011).

De acuerdo con Meier (2007), los desplazados constituyen el mayor grupo de víctimas del conflicto que vive Colombia, los cuales son expulsados hacia las principales ciudades del país. En Medellín, la Comuna 8 es una de las mayores receptoras de población desplazada de la ciudad, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Desde la perspectiva de la Seguridad Humana, para los habitantes de la comuna 8, el principal factor de inseguridad lo constituye la inseguridad alimentaria y económica, lo cual fomenta otras situaciones de inseguridad. La lucha constante por recursos económicos obliga a priorizar el trabajo, teniendo que relegar otras actividades que consideran valiosas, como las comunales e incluso las relacionadas con su familia y su entorno. La falta de alimentos ha generado que los niños no puedan asistir a la escuela, ya que "muchas personas no tienen cómo mandar el niño, porque no tienen para el refrigerio o una comida" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Las víctimas del desplazamiento en su mayoría tienen hogares encabezados por mujeres, con bajos niveles de educación formal, muchas de las cuales, antes de su desplazamiento no eran activas en el mercado laboral; por ello, en este sector, las tasas de desempleo son más elevadas que en el resto de la población. Como señala un estudio de Acción Social, el desempleo en la población desplazada es superior a la no desplazada, además, "Han experimentado un descenso en sus ingresos reales, sus tasas de desempleo son más elevadas, y los que sí tienen empleo, normalmente trabajan en el sector informal" (Acción Social, 2008). Las dificultades de índole económico, unidas a la violencia que produjo su desplazamiento, genera efectos en la salud que son ignorados en los informes, como lo destaca una señora de la Mesa: "[…] ha llevado a que las mujeres se enfermen por esa preocupación día a día; la mayoría, madres cabeza de familia, tenemos que responder con toda la obligación" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

La seguridad personal es otra preocupación para los desplazados dado que en sus barrios se presentan recurrentes balaceras, extorsiones y reclutamiento de menores, que mantienen a los pobladores en permanente zozobra y que los pone en constante amenaza de sufrir nuevos desplazamientos, viéndose obligados a permanecer en el mismo territorio al no contar con recursos, ni con opciones de otro lugar mejor a donde ir: "uno se viene de nuestras tierras y llegamos acá y no sabemos si estamos seguros. Resulta que encontramos un conflicto, un barrio, un asentamiento más confrontado. Una señora que llegó de Tarazá, ya le habían matado dos hijos y se vino para La Sierra y le mataron otro, entonces eso es una persecución. A lo último uno ya se establece, me quedo aquí, ya no tengo más para donde correr (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Para la población desplazada, la sensación de inseguridad se extiende más allá de su comuna. Por ejemplo, en el centro de la ciudad se sienten más inseguros que en su propio barrio: "Cuando voy al banco a cobrar Familias en Acción, hay mucha gente que va a mirar para robar. Yo encontré a una señora con escopolamina que le robaron cuando salió del banco. Me siento más insegura allá que acá en el barrio, en mi comuna" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Las comunidades desplazadas padecen de agresión y hostilidad, pues perciben que son frecuentemente señaladas como "actores del conflicto", responsables de su desplazamiento, se les relaciona con la mendicidad y, como ellos mismos resaltan, "desplazados es una palabra que no gusta a muchas personas, no cae bien" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013). Los líderes comunitarios son las principales víctimas de amenazas y persecución de distintos actores armados, que se hacen extensivas a sus familias y a los integrantes de las comunidades que representan. Las constantes amenazas, balaceras y homicidios por el control territorial, igualmente, afectan la dinámica de las comunidades.

Las organizaciones que agrupan la población desplazada tienen una unidad muy frágil dadas las condiciones precarias de sus miembros y al acecho que sufren de politiqueros presentes en el sector, lo cual condiciona las iniciativas que emergen de la Mesa y otros colectivos. A lo anterior se suma "la falta de una mayor concientización y de conocimiento de los derechos que tienen como desplazados", lo cual -según ellos- los hacen más vulnerables ante las autoridades.

Una de las reivindicaciones de los habitantes de la comuna 8 es el reconocimiento del territorio de sus asentamientos, como puede observarse en el mapa (gráfico 1), y la lucha por la vivienda digna: "primero hay que pelear la legalización del barrio y después del barrio, la vivienda digna" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Otro motivo de inseguridad para las comunidades es la poca atención prestada por la Administración Municipal y la incertidumbre frente al reconocimiento de sus derechos por parte de ésta, lo cual se traduce en la inaplicación de la normatividad existente "[…] cuando uno va a pedir la ayuda humanitaria, le dicen que el sistema está malo, que no hay tal cosa, y a uno eso le genera inseguridad porque uno no sabe si llegará o no alguna ayuda" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013). Esta y otras situaciones (mala atención o corrupción), generan en esta población escepticismo hacia los proyectos e iniciativas provenientes de la administración municipal. Reiteran la falta de garantías por parte del Estado para dar cumplimiento a las leyes que los protegen y las dificultades de la justicia a la hora de hacer cumplir sus derechos como comunidad e individuos; comparan la impunidad frente a los victimarios con las dificultades que tienen las víctimas para acceder a la justicia: "[…]el Estado tiene obligaciones para con los desplazados; tiene sus mecanismos, unas leyes y no las cumple, entonces para nosotros la palabra más clara es: inseguridad" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Políticas y medidas estatales para enfrentar la violencia y la inseguridad

Como se indicó, la inseguridad vivida por la población en situación de desplazamiento forzado de la comuna 8, no se reduce a la desprotección de su integridad personal, también están relacionadas con otras dimensiones de la seguridad humana, destacándose: la inseguridad económica (falta de oportunidades laborales), en salud, vivienda y sobre todo la inseguridad política que les priva las posibilidades de expresarse como ciudadanos con plenos derechos, en especial el derecho a la ciudad.

En el Plan de Gobierno del alcalde Alonso Salazar (2008-2011) definió la "seguridad con enfoque de derechos humanos" como prioritario para la ciudad, con lo cual se pretendía una seguridad "más humanizadora", en el marco de una significativa disminución de los índices de inseguridad personal, atribuida por la administración a la intervención urbanística, al fortalecimiento de la institucionalidad y a la generación de oportunidades para la población joven de la ciudad, iniciativas que venían desde alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007). No obstante, el alcalde Salazar, ante el incremento de los homicidios durante los dos primeros años de su administración, reformuló la política de seguridad en respuesta a la presión de la opinión pública, con lo cual se promulgó la política y estrategia de seguridad ciudadana y convivencia, denominada "Medellín más segura. Juntos sí podemos", que respondían a dinámicas locales y nacionales como la "geoestrategia con puntos identificados como zonas seguras, comunidades seguras, puntos críticos y otros sensibles" (Medellín Cómo Vamos, 2009).

"Se definieron 4 estrategias de territorialización: Zonas Seguras, Comunidades Seguras, Lugares Sensibles y Puntos Críticos" (Alcaldía de Medellín, 2010, p 2), estos últimos definidos como aquellos puntos en los cuales los enfrentamientos armados entre combos por el control territorial, la venta de drogas y, en general, por las actividades criminales, unidos a la baja organización social terminan por generar fuertes percepciones de inseguridad. Los Lugares sensibles son aquellas zonas con alta presencia de grupos armados, en los que la violencia expresada en homicidios y tiroteos llega a tal punto que la protección de la comunidad depende en gran medida de la presencia de las Fuerzas Armadas estatales. Con el apoyo del gobierno nacional, la administración municipal adelantó proyectos para enfrentar las distintas inseguridades de la comunidad. Por medio de diversos decretos y decisiones jurisprudenciales se pretendió mitigar las difíciles condiciones de la población desplazada (Ley 387 de 1997, que consagra derechos de los desplazados internos, o el Auto 092 de 2008 y el Auto 004 de 2009, que se enfocan específicamente en los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento), con los cuales se obliga a la institucionalidad a satisfacer necesidades básicas en salud, educación, vivienda y restitución.

Estas iniciativas llevadas a cabo por la administración si bien contribuyeron a disminuir algunos índices como la pobreza y los homicidios entre otros. No obstante, la percepción de inseguridad se mantuvo e incluso se incrementó, como es el caso de la salud o el desplazamiento intraurbano.

Estrategias comunitarias de seguridad humana

En medio del difícil contexto de violencia e inseguridad que vive la población en situación de desplazamiento de la Comuna 8, la Mesa ha desarrollado diversas iniciativas para enfrentar la inseguridad, vista desde las múltiples dimensiones y en su doble componente, situacional y socio-preventivo. "Cuando hablamos del problema de la seguridad humana desde lo social, tenemos que hablar de causas y efectos. Es decir, todas las deficiencias que hay en tantos componentes; en cuanto esa ausencia crece día a día y va generando unos efectos, y estos son los que terminan en delincuencia, en negocios ilícitos, en prostitución y en todo tipo de procesos ilegales" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Para la Mesa, la seguridad guarda estrecha relación con el desplazamiento y las dificultades que éste trajo en sus vidas. El cambio de territorio conlleva diferentes expresiones de inseguridad, pues "la mayor inseguridad es estar aquí [en la ciudad], porque nosotros somos del monte, del campo, sólo me siento seguro en el campo" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

A lo anterior se suma la relación de la seguridad con temas económicos, como la generación de recursos mediante un empleo digno y estable, que permita suplir otras necesidades diferentes a las alimentarias y al reconocimiento de predios. "Si tenemos empleo, para comprar comida, transporte, vestir, vivienda, salud, esto da seguridad" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013). Para la Mesa, la seguridad va más allá de la ausencia de violencia física, incluyendo múltiples factores, hasta el reconocimiento de sus derechos como comunidad.

[…] entendemos que el asunto de la seguridad es si realmente la población se encuentra bien a nivel social y de sus necesidades, digamos seguridad alimentaria. En cuanto a la participación que podría llevarse frente a esas dificultades que se presentan, como que si yo paso a este barrio qué me va a pasar, pero también una serie de dificultades: la atención en salud, el acceso a vivienda, el cuidado de los niños y las niñas, el acceso a derechos (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Iniciativas comunitarias para proveer seguridad

Entre las iniciativas colectivas están los encuentros comunitarios que proponen alternativas diferentes a las estatales y buscan beneficiar a la comunidad y aportar a la construcción de una vida digna; fortalecimiento de las organizaciones de la Mesa y la generación de propuestas dirigidas al gobierno municipal y nacional, tales como la construcción de agendas comunitarias de seguridad.

Para fortalecer a las organizaciones, la Mesa trabaja diferentes temas: vivienda digna, empleo, supervivencia alimentaria, Plan de Desarrollo Municipal, situación de violencia en la comuna y proyectos productivos. Con las iniciativas de resistencias, la Mesa busca la unión para fortalecer vínculos y construir una identidad a partir de compartir experiencias e iniciativas como la Huerta Escuela, plantones, encuentros y movilizaciones. Su visión va más allá de la Comuna 8, pues apoya proyectos que incluyen toda la ciudad, como la Mesa Inter-barrial, valorada como un espacio de aprendizaje y formación política: "[…] con los relatos de los problemas de las comunidades y las experiencias vividas, he logrado darme cuenta de que hay formas de luchar y conseguir herramientas para defenderme del abandono estatal y la impunidad, y también argumentos válidos para poder debatir con las instituciones sobre cómo lograr una verdadera seguridad humana total e integral" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Desde el 2009, la Mesa viene adelantando la iniciativa denominada Huerta Escuela, en la cual aprovechan terrenos de los asentamientos de la comuna para cultivar hortalizas, frutas y plantas medicinales, lo cual ha permitido mitigar necesidades alimentarias, cuando se logra una buena producción generan ingresos económicos. Antes se llamaba Huerta de Aprendizaje, pero según una lideresa "se cambió por Huerta Escuela para concientizar a la comunidad de la importancia de ésta para aprender y aportar ideas en comunidad que fortalezcan las iniciativas y afiancen la posición en la cual la población desplazada quiere llegar a una soberanía alimentaria y a una vida digna" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013). Desde la Huerta Escuela, se evidencia cómo el aprendizaje y la movilización comunitaria contribuyen al empoderamiento social y político, al tiempo que sirve de ejemplo para otras comunas y organizaciones de la ciudad, asimismo, estas huertas ha desencadenado otras iniciativas, como las huertas comunitarias y caseras, que además implementarán galpones, marraneras, conejeras, cultivos de maíz, caña y flores, con la pretensión de lograr el auto abastecimiento y generación de empleo y cuyos productos serán comercializados en diversos espacios de la ciudad.

La Mesa rechaza la propuesta gubernamental de creación del "Cinturón verde" porque afectará a un gran número de barrios de la ciudad; en su reemplazo propone desarrollar programas de mejoramiento integral de los barrios con servicios públicos domiciliarios, vivienda, vías de acceso, centros de salud, parques, escuelas y colegios, con obras preventivas y de mitigación que permitan a los habitantes de estas comunidades permanecer en su territorio sin riesgos de derrumbes u otras catástrofes.

La falta de acceso a la salud ha llevado a la movilización de las comunidades y a la creación de asociaciones que se han unido a la mesa de salud de la ciudad, con el fin de "empezar a construir políticas públicas de salud" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

La comunidad también viene elaborando sus propios planes de desarrollo y generando nuevas formas de relacionarse con los líderes políticos que tienen influencia en la comunidad, buscando mayor empoderamiento y autogestión de la comunidad, en relación con el Estado.

Llevamos seis años trabajando en el Plan de Desarrollo Local, construyendo diagnósticos, reuniones y generando programas y proyectos. En este momento ya estamos en la parte de la gestión. El reto que tenemos es llevar a la práctica el Plan de Desarrollo Local, haciendo una incidencia de transformación social, política y económica en la comuna. Ha sido muy duro, porque nuestros liderazgos están con una cultura de 20 ó 30 años de politiquería, es decir, los líderes no estaban planeando programas, sino que simplemente votaban por Peranito, y esperaban que Peranito le trajera su proyecto a la comuna. Esa transformación la estamos haciendo en este momento (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

La Mesa es consciente de la necesidad de alertar a la comunidad sobre el mal manejo de los recursos y que ésta no debe permtir que la reducción de los homicidios, los asaltos o el desempleo, por parte de algunos organismos estatales o de grupos armados ilegales, se realicen a cambio de constreñir la libertad y la autodeterminación de las comunidades.

Otro aspecto a destacar es la capacitación y concientización de la población en seguridad humana, lo cual ha generado un cambio en sus formas de reaccionar ante diversas situaciones de inseguridad. Se ha dado una apropiación de herramientas jurídicas como la tutela, el derecho de petición y la asesoría a personas que se les desconocen sus derechos como población en situación de desplazamiento y a quienes son víctimas de otras formas de violencia.

La Mesa de Desplazados reclama un diseño de políticas públicas incluyentes que surjan desde la comunidad y que no sean impuestas, en tanto es la comunidad la que conoce sus reales necesidades y no los "funcionarios que viven en otras partes donde se percibe la vida de otra manera" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Las múltiples iniciativas y estrategias de seguridad, adelantadas por la Mesa en su comunidad, son compartidas y dialogadas con otros colectivos de la comuna (población LGTBI, afrodescendientes, desconectados e indígenas), y con colectivos de la ciudad como jóvenes, mujeres, niños, niñas y adolescentes (OSHM, 2012a).

Agendas comunitarias de seguridad

Dentro de las iniciativas y estrategias de seguridad sobresale la construcción de Agendas Comunitarias de Seguridad Humana, desarrolladas por la Mesa, cuyo propósito es organizar la comunidad para diseñar estrategias para enfrentar la inseguridad de que es víctimas la población desplazada. Se trata de una actividad adelantada cotidianamente, fruto de la inconformidad de la comunidad con las políticas institucionales. Su lema es "Defender y garantizar los derechos de las víctimas" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013). Las agendas son una herramienta que les permite debatir sus propuestas con la institucionalidad. "Lo que queremos y lo que nos enfocamos es en lo que cualquier persona tiene derecho por ser colombiano. Es vivienda digna, generación de ingresos y seguridad alimentaria. Esas fueron las tres líneas que seleccionamos para poder enfrentar las iniciativas institucionales que llegan a la comunidad" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

En la construcción de las agendas, participaron más de 300 familias. La Mesa fue con un documento, barrio por barrio, hablando con la gente y describiéndoles cuáles eran las propuestas que se iban a presentar ante la administración. Luego de 14 encuentros recogió la información con la cual resaltan su derecho a tener una atención diferencial por su situación de desplazamiento forzado, además del reconocimiento de derechos. Sin embargo, anhelan recibir más apoyo de sectores académicos para organizar mejor sus propuestas. En ese contexto, en el año 2012, reciben apoyo del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, en el cual trabajarían la seguridad comunitaria desde las víctimas.

Dentro de las acciones realizadas están las interacciones comunitarias, talleres didácticos, conversatorios, manifestaciones artísticas y en general actividades lúdicas, recreativas y culturales, con las cuales:

[…] estamos reclamando de una manera muy sana; reconstruyendo nuestra memoria histórica, mirando de dónde venimos, qué es lo que hacemos[…] para esto se hacen marchas, carnavales por la vida y la dignidad, movilizaciones por vivir dignamente en nuestro territorio. Cosas tan insignificantes para las instituciones, pero que para nosotros tienen un significado muy importante (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

En estas interacciones, los miembros de la Mesa participan conjuntamente con investigadores académicos del OSHM aplicando la metodología desde abajo, que en el proceso de construcción de agendas de seguridad tiene tres componentes de análisis: Examinar los hechos y situaciones que, según la propia comunidad les genera inseguridad; analizar las políticas y medidas adoptadas por el Estado para enfrentar esas inseguridades; y potencializar las iniciativas desplegadas por las propias comunidades para enfrentar las inseguridades (Observatorio de Seguridad Humana de Medellín OSHM, 2012).

Las dificultades económicas, constituyen una falta de garantías para continuar con el proceso, pues los líderes comunitarios se ven en la obligación de priorizar sus ingresos por encima de la actividad comunitaria: "no tenemos la garantía para dar el salto en nuestra actividad social[…] pues si yo no tengo comida en la casa cómo voy hacer pa´ ir a reuniones" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013). Frente a esto, la Mesa ha propuesto a la Administración Municipal crear condiciones para la generación de empleos dignos con un salario justo, en el cual se destinen recursos para la iniciación de proyectos productivos y préstamos con facilidades de pago, en el que se incluya a personas del mismo territorio. La Mesa busca gestionar 3.200 viviendas dignas para la comunidad, incluyendo la construcción, mejoramiento y compra de vivienda nueva y usada. Para cumplir dicho objetivo se tiene como meta la consecución de 400 casas y la mejora de 500 por año, recursos provenientes del gobierno nacional y local, así como de la cooperación internacional.

Otra dificultad se presenta con líderes y organizaciones de la comuna, que tienen otra visión e intereses personales, en particular frente a los proyectos que vienen desde la administración: "no todos los líderes tenemos la misma visión, porque estamos es trabajando para defender y proteger los derechos del ser humano. Algunos llegan a pescar en rio revuelto y tratan de desestabilizar las comunidades porque están mirando es qué sacan para su beneficio. Entonces, empiezan a difamar a las otras personas (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Estas dificultades se han convertido a su vez en lecciones para la comunidad. Han aprendido a movilizar a la comunidad con propuestas claras, con lo cual muchos habitantes cambian su mentalidad acerca de la participación y de la forma de relacionarse con la administración. La formación de nuevos liderazgos, capacitados en seguridad humana en los territorios, devela apropiación de conceptos que les permite proponer al Gobierno alternativas a los modelos tradicionales de seguridad.

Otro logro de la Mesa con la construcción de agendas, es la incidencia que sus propuestas han tenido en las políticas públicas que los impacta "El hecho que nosotros los hiciéramos hablar del tema de mitigación de riesgos es un logro, porque eso no hacía parte de los proyectos. Si Planeación dice que la Comuna 8 se encuentra en un 80 ó 90% en una zona de alto riesgo, no recuperable; entonces se deben buscar los medios para generar una mitigación de ese riesgo" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Estas propuestas se han fortalecido con el apoyo de universidades locales, lográndose plantear un ordenamiento integral de la comuna distinto al propuesto desde la Administración Municipal. "Con apoyo de la Universidad Nacional hemos venido avanzando. Cuando llega la administración con su propuesta de hábitat, le decimos: ¡No!, e independiente de cómo la quieran llamar, ésta debe realizarse con las comunidades y planearse desde los territorios y no solo desde las instituciones" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Otro espacio incluido en las agendas comunitarias de seguridad han sido las relaciones internacionales referidas a generación de ingresos y a vivienda digna. "Con ayuda de universidades como la de Columbia (Estados Unidos), de Sao Paulo, que han manifestado su intención de apoyarnos en proyectos como los de vivienda digna" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

En seguridad alimentaria, uno de los avances más visibles, desde la construcción de agendas es haber logrado cambios en la política oficial frente a uno de los proyectos más polémicos en la ciudad: "para nosotros fue un logro que empezaran a hablar de seguridad alimentaria en el proyecto ‘Cinturón verde', porque al comienzo del proyecto, lo único que mostraban era paisajismo, jardines y mucho turismo".

En lo conceptual, la construcción de agendas comunitarias ha contenido valiosos aportes y debates que permitieron re-pensar la investigación social; uno de estos casos es el referido al "trabajo de campo", llegando a concluir que "para los investigadores comunitarios, por hacer parte activa de la comunidad y vivir en ella, el trabajo de campo no es ajeno a lo que se vive día a día en los territorios y, por tanto, se debería llamar más bien interacción comunitaria" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013).

Las agendas comunitarias de seguridad están aún en construcción y "abiertas, porque uno va empezando poco a poco" (Integrante Mesa de Desplazados, 2013). Igualmente, están inscritas en el propósito general de construcción de agenda pública de seguridad, con enfoque diferencial de acuerdo con los grupos poblacionales, y buscan "poner sobre la mesa las propuestas que, desde abajo, estas comunidades hacen al Estado para la garantía de una seguridad que se piense desde las diferentes dimensiones humanas como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda; es decir: la dignidad, uno de los derechos básicos para el pleno desarrollo de la vida de un ser humano" (Montoya, 2012)

Con todo y las fortalezas de esta experiencia, subsisten limitaciones e interrogantes aún por resolver. Al tener el conjunto de las estrategias el propósito de realizar los derechos humanos que excluyen el uso de la violencia; entonces, ante el accionar de los violentos que operan en sus territorios, cabe preguntarse, si para repeler las amenazas, la única opción posible y válida es apoyarse en la fuerza pública y en tal caso ¿Cuál debería ser el límite de esta intervención estatal? De otra parte, en la medida en que hoy no es posible que estas comunidades y sus organizaciones se construyan autárquicamente, dado que por múltiples razones necesitan relacionarse con su entorno local e internacional, entonces, ¿Cuál podría ser el límite de los apoyos externos a la comunidad, conducente a fortalecer su autodeterminación socio-económica y política?

Frente a estas preguntas consideramos que no son dables respuestas generales, tipo ‘recetas', pues cada proceso exige análisis concretos que indiquen la mejor forma de resolver la situación.

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