Territorios de frontera: Embate y resistencia en la cuenca del río Cacarica

Border Territories: Attack and Resistance in the Cacaria River Basin

Carlos Andrés Meza Ramirez

Universidad Nacional de Colombia andresamesar@hotmail.com

Recibido: 02 de Mayo de 2006 Aceptado: 29 de Julio de 2006

Resumen

Este artículo propone un acercamiento a la historia ambiental de una región de frontera como es el Bajo Atrato y particularmente, la cuenca del río Cacarica. En su abordaje se incorpora la noción de complejo territorial fronterizo, que permite entender cómo se superponen en el tiempo diferentes regímenes de apropiación territorial tales como la dinámica del poblamiento por parte de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas; el desarrollo de modelos económicos extractivos alrededor de la madera; las dinámicas de conservacionismo con la implantación de reservas naturales ; y, las del desarrollismo con el avance de la frontera agro-industrial, ganadera y las comunicaciones, entre otros. Al exacerbarse las tensiones por la expansión y el límite que surge de la intersección de todas estas lógicas, el resultado es el conflicto armado que parece ser el desenlace de esta historia o el comienzo de una nueva.

Palabras clave: Frontera, territorio, desarrollo, conservación, etnicidad.

Abstract

This text proposes an approach to the environmental history of a border region such as the Low Atrato and particularly the Cacarica’s river basin. In its treatment, it incorporates the notion of border territorial complex, which allows a better understanding of how over time different dynamics of territorial appropriation are superimposed, among those the settlement of black communities, Indian towns and farmers; the development of extractive economic models centered around wood; the dynamics of conservation with the implantation of natural reserves, and development policies related to the advance of agro-industrial and cattle production among others. When all those territorial tensions worsen due to expansion and a limit that surges from the intersection of these different logics, the result is armed conflict that seems to be either the outcome of this history or the beginning of a new one.

Key words: Border, territory, development, conservation, etnicidad.

Introducción

La cuenca del río Cacarica, ubicada en el Bajo Atrato¹, es el lugar a partir del cual toma forma una descripción sumamente rica de mundos superpuestos que permite acercarnos a la realidad paradójica y cruel de los territorios de frontera. Hablar de territorios como el Bajo Atrato es hablar de fronteras o de territorios periféricos, más allá de las acepciones geográficas que tiene este concepto. Desde épocas ya remotas, las fronteras han permanecido al margen de poderes y gobiernos, configurándose como intersticios donde se han evidenciado las fracturas de las soberanías imperiales y nacionales. Tras el surgimiento de los estados-nación americanos del siglo XIX, las fronteras seguían siendo los lugares inaccesibles e ingobernables donde la barbarie se oponía a la civilización de los territorios centrales. En Colombia, la maldición del trópico fue la tesis de los discursos decimonónicos, racistas y deterministas que hicieron de las periferias verdaderos lugares desiertos exentos de progreso y bienestar, como lo refieren Germán Palacios para la Amazonía, y Alfonso Múnera para el Caribe colombiano (Múnera, 1998; Palacio, 2004).

La semejanza entre zonas rurales de frontera y lugares desiertos exentos de civilización, progreso y bienestar, ha justificado desde proyectos de desarrollo basados en la exclusión de los pobladores y sus regiones de la periferia, hasta las manifestaciones más dicientes de violencia y exterminio. De cualquier forma, los hechos y procesos sociales, políticos, económicos y culturales que los estados-nación han adelantado sobre sus fronteras, han revelado en muchas ocasiones que éstas siguen siendo intersticios en la historia de la soberanía nacional. Tanto la violencia como la marginalidad en territorios periféricos comprueban las limitantes que tienen las naciones para garantizar un ordenamiento justo de los mismos. Además, estos territorios presentan características biofísicas y geográficas que la historia reciente convierte en enclaves de proyectos transnacionales de globalización económica. Es allí donde la irrupción del mercado y el capital, principalmente en manos de agentes transnacionales, entra a implementar estrategias de apropiación territorial que responden únicamente a las leyes del mercado que parecen controlar al Estado, implantando modelos de desarrollo duro e insostenible que va en contravía de los derechos constitucionales en materia de diversidad cultural y biológica.

Pero existe una mirada supranacional capaz de impugnar y/o controlar la ingobernabilidad, la ausencia de democracia y la debilidad legal de Estados cada vez más raquíticos e inermes frente a la voracidad del mercado y de sus agentes transnacionales. Se trata de movimientos anti-globalización que han potenciado procesos de resistencia generados en el seno de los movimientos étnicos y sociales locales que reivindican su autonomía y sus derechos ancestrales. Lo que las regiones de frontera nos muestran de una forma intensa y vivida en la cotidianidad, son las tensiones derivadas de fracturas cada vez mayores de las naciones frente a procesos de globalización hegemónica sustentada en el capital, y procesos de globalización disidente que tienen como principio resistir al embate de los primeros. Resulta interesante que podamos encontrar una multiplicidad de lógicas, representaciones y discursos en regiones que de repente han pasado de ser periferias de naciones a epicentros globales. He aquí la historia de una frontera contada un poco a manera de crónica, rica en imágenes y descripciones pero con una propuesta de análisis desde la geografía humana, la antropología y la ecología social y cultural. Una propuesta que recrea las paradojas de las regiones olvidadas que, de pronto y sin haberlo pedido, hoy se encuentran en el ojo del huracán de la geopolítica global, frente a la mirada cómplice, indiferente o impotente de sus naciones. Por supuesto, la paradoja es también la de aquellos herederos de la rica biodiversidad tan estimada hoy día pero tan escasamente retribuida a sus habitantes.

Este artículo es fruto de una estancia de investigación participativa de seis meses en la zona, apoyando los procesos etno-educativos de los afrocacariqueños, en áreas de influencia de la organización creada por ellos: «Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA)». Como acompañantes adscritos a la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz, iniciamos un trabajo pedagógico para afianzar conocimientos en la apropiación, la defensa y la gestión ambiental del territorio. Se trata de una experiencia de zonificación, desde una perspectiva cultural, que recreó la memoria histórica, el conocimiento local y la intencionalidad de los pobladores en sus interacciones con el territorio a lo largo del tiempo. Parte de los resultados de esa investigación se reflejan aquí, aunque el objetivo principal es proponer un modelo de análisis para abordar las zonas de conflicto que se debaten entre el desarrollo y la diversidad. Este modelo propone la noción de frontera como concepto unificador de procesos históricos, sociales, políticos y económicos que ocurren a escala local, nacional y global.

La noción de frontera surge de la encrucijada de representaciones sociales, lógicas y realidades en espacios geográficos donde la correlación de fuerzas deviene en conflicto y violencia. Más que un corte tajante de espacios, constituyen ámbitos de transición entre dos o más territorialidades, lo cual sugiere que una frontera no es una línea que marca el límite entre uno y otro orden sino un área de permanente tensión entre los cruzadores de la frontera y entre aquellos que se empeñan en reforzarla (Vargas, 1993:39). Russ Casstronovo (2003:204) sugiere que en las fronteras se da una relación de fuerzas entre la expansión y el límite. Son escenarios en donde se solidifican y extienden los límites nacionales regionales y étnicos, al tiempo que estos son aplacados. Aceptamos tales planteamientos en la medida en que el complejo territorial fronterizo supone contextos socio-históricos que reiteran los límites y transgresiones del poder; primero colonial y luego republicano. Las fronteras han sido blanco de todos los estereotipos y miradas que occidente ha edificado sobre la selva tropical de naturaleza agreste y también objeto de apropiación y lucha por la vida y el territorio de las comunidades replegadas en formas interétnicas de resistencia. Ahora sus raudas transformaciones nos impulsan a indagar por regímenes de construcción territorial que se han superpuesto dejando puntos críticos de encuentro que son las encrucijadas.

Al hablar de encrucijadas partimos de que en un territorio los usos del paisaje son indicadores de dinámicas socio-ecológicas que corresponden a formas de interacción entre los actores en un espacio geográfico y en un tiempo determinado. Pensemos, por ejemplo, en la existencia de múltiples usos y múltiples formas de valorar lo que existe en la naturaleza. La lógica del desarrollismo a ultranza ve a la naturaleza como despensa de materias primas al servicio del capital, mientras que su correlato, el conservacionismo, considera que ella es en sí misma un capital no medible bajo criterios economicistas. De otra parte, la continuidad de las comunidades locales en los diversos ecosistemas y la riqueza de sus patrimonios culturales materiales e inmateriales, es consecuencia de haber logrado mantener unas estrategias de adaptación y de alteración de la naturaleza sostenibles y sustentables que contrastan con aquellas que dicta el desarrollismo con la colonización del paisaje, el monocultivo y la monoproductividad o las estrategias del conservacionismo con la creación de áreas protegidas que expulsan a la gente.

Hay fronteras cuando convergen los límites en la capacidad para controlar determinados territorios que tienen los actores en juego, así como sus respectivas lógicas. Es una cartografía de la intersección y de la convergencia que tiene como resultado el intersticio y la paradoja. En este caso, nos revela el infortunio de los grupos de pobladores tradicionalmente fronterizos, así como de su entorno natural.

El hecho de que el litoral Pacífico albergue una enorme diversidad de recursos animales, vegetales e hídricos, que esté en la geopolítica de la globalización económica y que, al mismo tiempo, sea territorio de vida y diversidad cultural representado en una considerable población afrocolombiana e indígena organizada en comunidades, nos sugiere que la noción de frontera es una categoría de análisis histórico, en tanto refleja la superposición de representaciones territoriales sedimentadas a lo largo del tiempo. Una yuxtaposición de hechos y características contradictorias que al georeferenciarlos nos daría como resultado una cartografía de complejos territoriales fronterizos. Al hacer memoria de esas representaciones encontraríamos que en los discursos de desarrollo local producidos por el orden hegemónico del interior del país, el Pacífico ha sido «salvaje», ingobernable, baldío pero lleno de gente que –hasta hace poco lo reconocemos- le ha impreso sus marcas culturales. Un territorio pobre pero al fin y al cabo poseedor de riquezas insondables. Pero lo que parece ser la mayor paradoja: el litoral rural del Pacífico ha sido una periferia que revela el estado de abandono y de marginalidad a que ha sido sometido por el Estado, pero al mismo tiempo es epicentro de programas, planes y proyectos transnacionales.

El Bajo Atrato

Dentro del litoral Pacífico se encuentra la subregión del Bajo Atrato que colinda al norte, con el golfo de Urabá; al sur, con asentamientos como Opogadó, que ya hacen parte del Atrato Medio y con otra subregión conocida como la serranía del Baudó. Al occidente, con la serranía del Darién, Panamá y el océano Pacífico, donde aparecen asentamientos costeros como Cupica y Juradó; y, al oriente, con territorios que están entre el Urabá antioqueño y el Urabá chocoano como Bajirá, Curvaradó, Mutatá, Dabeiba, San José de Apartadó y Murindó.

El Bajo Atrato se presenta como un nodo fronterizo inter-regional que supone la transición fisiográfica entre las llanuras del litoral Caribe y la gran plantación agro-industrial del Urabá antioqueño, con la selva húmeda. La región se ha caracterizado por poseer tres grandes unidades de paisaje natural como son las zonas deltáicas, tierras bajas, cenagosas, pantanosas e inestables, en donde desembocan los ríos Atrato y León. Le sigue la llanura aluvial, de precipitaciones cercanas a los 4000 mm. y amplia cobertura vegetal boscosa (Echeverri, 1996). Por último, aparece una zona de colinas bajas, cercana a la formación montañosa de la serranía del Darién. Estos paisajes naturales y culturales se encuentran en una relación de sucesión frente al avance de una dinámica socio-económica y cultural caracterizada por la potrerización y el monocultivo, cuyo núcleo de partida parece ser el nor-oriente antioqueño.

Pero el Bajo Atrato no es sólo frontera interregional. También es frontera internacional por colindar con Panamá y América Central y, del mismo modo, posee las características de puente biológico entre norte y Suramérica, por el Istmo de Panamá. Ello supone un corredor de movilidad de la biodiversidad existente en el continente americano, lo cual hace de la región una zona de ecosistemas estratégicos y riqueza natural (Pedroza, 1996). Pero lo que supone una conectividad ecosistémica, es desde el punto de vista del desarrollo duro, un límite para la interacción entre pueblos y regiones a escala global. De ahí que el «Tapón» del Darién evidencie en su toponímia, la percepción que la nación y la sociedad colombiana ha tenido de esta frontera.

En cuanto a características de producción y comunicación, el Bajo Atrato tiene dos grandes centros urbanos que son Turbo (en el Urabá Antioqueño) y Río sucio (Cabecera municipal en el norte del Chocó). Estos dos referentes determinan la movilidad pendular de la gente de los ríos que va y viene por caños, ríos y riachones, teniendo al Atrato como su principal corredor fluvial. Podría decirse que el norte del Bajo Atrato, hacia los sitios de Sautatá y Ungía (otro centro urbano), es una región casi por completo colonizada por la ganadería, que es influencia cultural regional de la zona ganadera de Córdoba y de la vocación colonizadora y desarrollista de los antioqueños. Al sur, perviven comunidades fronterizas, mayoritariamente afrocolombianas.

Tres ejes de análisis

Para entender cómo fenómenos tan dispares pueden coexistir evidenciando traslapes geográficos e históricos, proponemos tres ejes de análisis. El primer eje de análisis es local y del tipo crónica con respecto a los resquicios de vida en que hoy se atrincheran los pobladores locales de la frontera y de sus movimientos étnicos y sociales de resistencia civil. Aquí uno vuelve la mirada hacia el sistema ribereño tradicional del Pacífico que, aunque sigue vigente en algunos lugares, ya ha desaparecido y con él, los modelos sostenibles y sustentables resultantes de la ancestralidad en las dinámicas de socialización de la naturaleza que han desplegado etnias indígenas y comunidades afrodescendientes. Por supuesto, este análisis tiene como punto de partida el acervo histórico-cultural del legado africano y el cimarronaje que configuró procesos de liberación y territorialización especialmente entre los descendientes de los esclavizados quienes poblaron territorios al margen del poder colonial (Jiménez, 2002). De ahí se desprenden formas de ordenamiento del territorio acordes con la cosmovisión, las relaciones de producción, la organización social y los patrones de una civilidad construida al margen del Estado (Arocha, 1998). A la forma de relación de los pueblos afrocolombianos del litoral Pacífico con su entorno la han denominado polimorfismo ecológico y cultural (Arocha, 2004), que en rigor, se manifiesta en sus prácticas de producción económica, estética y simbólica. Se diferencia de las fuerzas que lo ponen en riesgo (monocultivo, monolingüismo, monogamia y monoteísmo). Pero esta forma de relación ha de ser transformada y puesta en riesgo tanto por las lógicas del desarrollismo como por las del conservacionismo agenciado en principio desde el Estado colombiano, pero también desde agentes transnacionales difíciles de identificar. En adelante hablaremos de las poblaciones fronterizas caracterizándolas en términos de su movilización étnica y social y de las redes que han tejido para hacerse visibles ante el resto del mundo.

El segundo eje de análisis se presenta a escala nacional y está asociado a las representaciones que el Estado colombiano ha hecho del litoral Pacífico, en tanto territorio de frontera, y la forma como ha ejercido o ha dejado de ejercer un control territorial en la región. La dimensión histórica de la ausencia de control y de gobierno sobre un territorio fronterizo como el Bajo Atrato, nos remite al periodo de expansión colonial, en donde esta provincia jugó un papel al margen de la sujeción española (Werner, 2000; Jiménez, 2002). Esta característica permanecerá durante la unidad republicana hasta que los discursos desarrollistas de la última mitad del siglo XX evidencien las fracturas del proyecto de nación en estos territorios más allá de los límites del mapa del país. Por supuesto, el suceso de la pérdida de Panamá, a principios del siglo pasado, es otro referente histórico que corrobora que la soberanía del gobierno central tiene sus intersticios, especialmente en regiones como el Bajo Atrato.

En lo que corresponde a la historia reciente, podemos hablar de una intervención nacional que, por lo general, ha privilegiado los mecanismos bélicos y militares, abiertos o encubiertos, antes que los democráticos y constitucionales. Lo cierto es que la paradoja de la ilegalidad legalizada es uno de los rasgos que más observamos en esta verdad válida para ésta y otras fronteras en donde son recurrentes las violaciones de derechos humanos, los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzadas y los destierros masivos, familiares e individuales, en bloqueos y sitiamientos. A saber, esta violencia sistemática tiene un fuerte componente étnico que no es contemplado en los análisis politológicos y sociológicos. Si se tratara de superponer el mapa del conflicto armado con el de los territorios étnicos de los afrodescendientes, nos encontraríamos de cara a una realidad espantosa en donde las expediciones de violencia y exterminio sustentadas en el racismo tendrían una continuidad en Colombia, pero con un componente más que es la importancia económica y estratégica de los territorios de frontera.

El tercer eje de análisis advierte acerca de las miradas y los discursos geopolíticos que en el ámbito internacional han ido definiendo diversos actores, especialmente durante las últimas décadas. Nos referimos tanto a las nuevas fuerzas económicas y políticas que apuntan a desarrollos contradictorios en el litoral Pacífico, tales como las presiones exteriores de la modernización mediante un desarrollo agro-industrial que como el de la palma aceitera es facilitado por el aprovechamiento maderero previo. Aquí, la influencia transnacional actúa de la mano de la empresa privada local, frente a la poca aplicación que tiene la legislación nacional en las fronteras.

Génesis de la frontera

Cacarica aparece por primera vez como asentamiento español en 1608, bajo el nombre de Nuestra Señora de Cacarica. La experiencia de la conquista en la zona fue traumática, como lo reflejan las crónicas que mencionan la vehemencia de la resistencia Cuna que, a la postre, impidió la consolidación de asentamientos pioneros en Suramérica como Santa María al Antigua del Darién². Dentro del ordenamiento territorial español, las provincias mineras de Novita (muy asociada a la cuenca del río San Juan) y Citará (muy asociada a la cuenca del río Atrato) eran respectivamente mineras y agrícolas. Pero al Baudó y al Bajo Atrato se los consideraba territorios marginales y sin control (Werner, 2000; Jiménez, 2002). En el Bajo Atrato no sólo estaban los indios Cunas, que eran los más bélicos de la región, sino que, además, eran constantes los asedios de piratas y corsarios ingleses y franceses que favorecieron el contrabando de mercancías y de esclavos por el río Atrato.

Sucesivas insurrecciones e intentos de pacificación fallaron en el Bajo Atrato. La región se convirtió en un territorio recóndito, inaccesible y peligroso para la continuidad del poder español en La Nueva Granada. El enemigo inglés y francés rondaba constantemente debilitando la prosperidad de la economía colonial que en Nóvita estaba sustentada en el ciclo extractivo del oro, el cual se mantuvo desde 1680 hasta 1810 y llevó al establecimiento de los reales de minas (Werner, 2000). En el Bajo Atrato, los españoles no pudieron extender sus estrategias de sujeción, establecer resguardos, reducir a los indios a la vida civil, ni cobrar tributos. Por ello, el Bajo Atrato significaba libertad, obtenida mediante un cimarronaje de huida hacia la frontera, como se refiere Erick Werner con respecto a los forajidos indígenas y africanos que habitaban en la serranía del Darién apoyados por los ingleses que les proporcionaban armamento y pertrechos (Werner, 2000:138). Estos arrochelados de libres y cimarrones de todos los colores (Jiménez, 2002:130), constituyeron complejos inter-étnicos de cohabitación y mestizaje que, sin duda, influyeron en el declive del imperio español en la región, hacia finales del siglo XVIII. Un declive determinado en gran medida por el fenómeno del contrabando, en asocio con ingleses y franceses, el cual imperó desde el Bajo Atrato y Urabá pese a que la corona española había prohibido el trato comercial en ese río.

Pasada la colonia, el Bajo Atrato vuelve a aparecer hacia la segunda mitad del siglo XIX, asociado a un nuevo episodio de economía extractiva que introdujo a ésta y a muchas otras fronteras en una dinámica de entre-saca con respecto del centro del país. Se trataba de la provisión de semillas de tagua y caucho negro que cobraron interés en el mercado internacional (Valle, 1993). Este nuevo ciclo jalonó migraciones procedentes del Alto y Medio Atrato, así como de la cuenca del San Juan. Del norte también comenzaron a llegar contingentes de inmigrantes procedentes de Bolívar, Córdoba y Sucre. En 1880, como consecuencia de esta nueva oleada de exploradores ligados a las actividades extractivas, el caserío de Ríosucio fue elevado a la categoría de cabecera municipal (Pérez, 1988). La explotación de tagua duró hasta bien entrado el siglo XX, cuando el descubrimiento del plástico, en 1930, casi la aniquiló³. Nuevos centros regionales como Turbo y Chigorodó se fundaron como consecuencia de este ciclo extractivo (Steiner, 1993). La raicilla ipecacuana, que ya se comercializaba desde el siglo pasado, era demandada por su utilización en medicina para el tratamiento de la malaria. Aunque su venta entró en decadencia a finales de la década de 1950, viejos habitantes de la región aseguran que con la raicilla se hicieron grandes fortunas (Steiner, 1993).

Tierra sin hombres para hombres sin tierra

Desde la segunda mitad del siglo XIX, las provincias del Darién se convirtieron en nodos de atracción tras las bonanzas económicas (Pardo, 1996:303). Luego, hacia la década de 1930, las cuadrillas de paisas⁴, afros y chilapos raicilleros fundaron caseríos como La Honda y Puente América, allí donde se unen los ríos Cacarica y Atrato. Desde entonces, el poblamiento de la Cuenca fue gradual e ininterrumpido hasta la década de 1980. Al comienzo estuvo animado por la raicilla y por otros tantos auges extractivos a lo que se sumó la reconditez de las tierras del Baudó que hizo que muchas familias buscaran tierras más accesibles. Posteriormente, la expropiación de tierras y la violencia en las llanuras de Córdoba y el Urabá Antioqueño trajo consigo a contingentes de campesinos. En 30 años, los colonos afros, indígenas y mestizos conformaron cerca de 23 comunidades ribereñas, dispersas unas de otras, con patrones de asentamiento lineal en torno a los ríos.

Estos terrenos (…) los habitaron nuestros abuelos desde hace más de cincuenta años (…) aquí llegamos comunidades negras venidas del Baudó (…) y los indígenas que llegaron con nosotros, que se hicieron en la parte más alta de los ríos. Igual pasó con los chilapos que llegaron de Córdoba porque fueron desterrados de sus lugares de origen por los terratenientes (…) cuando ellos se fueron quedando sin nada, ellos se enteraron de la riqueza de estas tierras y les tocó venirse para acá (…)(CAVIDA, 2002).

Hoy los patriarcas afros describen el paisaje de ese entonces como «un paraíso desierto» que animaba a los desposeídos a quedarse. Pero más allá del poblamiento fronterizo y de los embates de los ciclos de economía extractiva, ya se hablaba de la región como un gran eje conector de las Américas. Había un discurso y una mirada que ya tenía puestos sus planes y proyectos sobre ese resquicio de biodiversidad, como lo demuestra el origen toponímico de caseríos como Puente América.

En Cacarica, las familias afrochocoanas han sido predominantes. Su influencia se remonta a la memoria del viejo Higinio Palacios, poblador pionero que ya se ha convertido en leyenda e hito fundacional, incluso para los indígenas. Según la historia local, el viejo Palacios salió del Baudó a explorar tierras sin hombres y se encontró en el Darién. Regresó, se llevó a su familia y les avisó a sus compadres indígenas del hallazgo. De ahí surgen asentamientos focales en la cuenca como San Higinio, en honor al antepasado fundador.

Regímenes territoriales étnicos y conflictos locales

El ordenamiento territorial inter-étnico tradicional también continuó, en tanto que los afros cogieron las partes bajas y las bocas de los ríos; y los indios, por su parte, se fueron a vivir a las cabeceras⁶. De otro lado, las relaciones de convivencia habían estado signadas por relaciones de producción, en torno a la madera principalmente, y por las alianzas de parentesco ritual que sustentaban esas relaciones. Para los embera, eran sus compadres libres quienes les vendían el plátano y quienes disponían de más facilidades para venderle la madera a los intermediarios paisas de Turbo. Este hecho explica que los afros practicaban con suma frecuencia la movilidad pendular que los unía a los polos urbanos, estableciendo microrredes que daban cuenta de la eficacia de sus patrones de adaptación. A los afros, el «efecto ciudad» no les afectaba para nada. Estos ribereños iban y venían guardando nexos familiares tanto en la cabecera municipal de Ríosucio como en el epicentro comercial de Turbo. De cualquier forma, siempre había un retorno.

Empero, los lazos de solidaridad siempre han tenido sus límites. A saber, las prohibiciones matrimoniales entre grupos étnicos se asociaban (y aún se asocian) a patrones de co-habitación y, por ende, a derechos territoriales. Hombres y mujeres embera deben abstenerse de contraer relaciones con libres, paisas o chilapos pues ello significa adoptar patrones de residencia exo-local puesto que los matrimonios inter-étnicos no pueden vivir en los resguardos. En consecuencia, este tipo de alianzas acarrean deculturación y pérdida de los derechos territoriales. Estos son tan sólo algunos aspectos que demuestran que para comprender mejor el complejo interétnico entre libres y cholos de la frontera, es preciso mirar variables clave como los factores tecnoeconómicos asociados a las dinámicas de producción y reproducción de esas sociedades en contextos ambientalmente adversos.

Hablemos ahora de las relaciones entre afros y chilapos⁷, que en relación con las de los indígenas son sustancialmente distintas. Desde la década del 60, los costeños cordobeses comenzaron a llegar tras la pérdida de sus fincas a manos de los terratenientes que poco a poco fueron concentrando la tierra en esa región. Del mismo modo, la violencia en el Urabá antioqueño, en la década del 80, empujó a nuevos grupos inmigrantes hacia la frontera. De otra parte, grupos de personas llegaron de Panamá y otros, en cambio, querían cruzar para ese país. Al final, muchos se quedaron a vivir en la cuenca del Cacarica, construyendo caseríos a punta de mano cambiada y minga (CAVIDA, 2002).

En la Cuenca del río Cacarica nos encontramos que afros y chilapos tienen distintos regímenes de apropiación territorial. Cada grupo tiende a adecuar sus paisajes a partir de los repertorios culturales que maneja y que despliega en el uso que le da al suelo, en la delimitación de áreas de propiedad y en procesos cognitivos como las representaciones e imaginarios colectivos. Los afrochocoanos por ejemplo, mantienen su paisaje selvático de zona húmeda tropical, asentándose en pequeños caseríos ribereños dispersos y con sistemas productivos basados en la pesca, la cacería y la extracción de recursos naturales como la madera. La agricultura se practica mediante el barbecho que supone ciclos de descanso de la tierra por espacio de dos a cinco años.

En todo el Litoral Pacífico, la pauta de asentamiento disperso, de ocupación lineal de la ribera de un río (West, 2000), es funcional desde el punto de vista socio-económico, ecológico y cultural. Socio-económico, porque la movilidad fluvial ha atenuado –desde tiempos coloniales- el confinamiento de estos territorios. Chalupas, cascos y champas de palanca⁸, canalete o motores fuera de borda tipo Yamaha 0.75 y Suzuki 0.40, han sido las tecnologías centrales para moverse en los ríos. Desde el punto de vista cultural, el nivel de dispersión ha sido una estrategia de poblamiento mediante la cual se ha asegurado el control territorial. En la cuenca del río Cacarica, ésta se relaciona con los flujos migratorios y las etapas de colonización. Así mismo, la territorialidad ejercida por los afrodescendientes demuestra que la dispersión poblacional es equivalente a la extensión en las relaciones de parentesco y solidaridad étnica, por cuanto, garantiza la movilidad a territorios que por nexos familiares o alianzas estratégicas con otras comunidades, son asequibles en materia de hospedaje, trabajo y otras necesidades (Pardo, 1996). A este respecto, observamos cómo los patrones de dispersión favorecen extensos tejidos sociales que, entre otras cosas, permiten el usufructo de la tierra.

Desde el punto de vista ecológico, la ecuación asentamiento disperso lineal-movilidad-extensión de las relaciones sociales asegura el aprovechamiento de la tierra. Tal aprovechamiento está basado en los mencionados sistemas itinerantes de rotación agrícola, los cuales aseguran la conservación de la capa vegetal, por cuanto implican el aprovechamiento discontinuo de un amplio margen de tierras fértiles a los cuales es fácil acceder mediante los desplazamientos río arriba o río abajo y las relaciones sociales de producción.

Por todos estos aspectos, la territorialidad de la gente de los ríos es aquella que se basa en la dispersión y la movilidad constante, tejiendo redes y lazos de solidaridad en todas partes. La diversificación del paisaje y de las especies también ha hecho parte de este modelo. Existe incluso una estructura conceptual para demarcar las coberturas vegetales en el territorio. El rastrojo, espacio rozado⁹ y adecuado para actividades agrícolas, es aquel que la gente más domina y es usado para la siembra de su maíz y de su arroz. En los montes biches, donde la vegetación comienza a recuperarse, se encuentran los frutales para recolectar. Entretanto, los montes bravos están asociados a zonas recónditas, casi vírgenes, que en la cuenca se encuentran hacia las cabeceras de los ríos y la serranía del Darién. Allí predominan la cacería y la extracción de madera (Arocha, 2002:98). Otras connotaciones del territorio asociadas al género, demuestran que el monte bravo es, sin duda, un espacio predominantemente masculino tanto por la fortaleza física que implica la actividad maderera y la cacería, como por los seres sobrenaturales femeninos que manifiestan los temores y deseos de los hombres (Restrepo, 1996)¹⁰. Además del río, que es un espacio muy femenino, las mujeres suelen acceder a los rastrojos, para sembrar y cosechar con sus compañeros, y a los montes biches, donde siembran sus árboles frutales con los ombligos de sus hijos¹¹. El adentro es desde el río hacia el monte, mientras el afuera es desde el monte hacia el río. Mientras el río conecta con lo externo, los interfluvios llevan al corazón mismo de la selva. Mediante el río, los afrochocoanos hacen que bosques y áreas de cultivo sean sostenibles porque los ríos deslocalizan la producción y controlan el aprovechamiento intensivo de recursos naturales, siempre y cuando la gente de río se mueva entre diferentes áreas de usufructo, caseríos y centros urbanos. El río es un bien ecológico sustentable en la medida en que mantiene viva las estrategias autosuficientes de sus pobladores.

En oposición a los afros ribereños, los chilapos y los paisas tienden a confrontar el paisaje selvático. La colonización cordobesa y del Urabá antioqueño ha estado ligada al fenómeno de expansión de la frontera ganadera caracterizada por paisaje sabanero de inmensos potreros, en torno a una ganadería intensiva y extensiva y a una agricultura intensiva preferentemente de monocultivo. La polifonía de los habitantes originales de la selva se vio afectada y con ello, surgieron conflictos inter-étnicos asociados, muchas veces, a las vocaciones territoriales. Sucedió que las concepciones de progreso de paisas y chilapos, se expresaban en la producción intensiva y el alinderamiento como una forma más eficaz de aprovechar la tierra en oposición al ordenamiento de los negros¹². Esto se reflejó durante los 80’s en la zona de Ungía, al extremo norte del Bajo Atrato, y en los sitios de Sautatá, La Loma y Batatilla que se convirtieron en potreros de ganadería, con producción láctea e ingenios azucareros (Wade, 1997; CAVIDA, 2002).

De otra parte, la impronta de los prejuicios socio-raciales de los mestizos hacia los afros y la primacía demográfica y cultural de éstos en el territorio, sentó las bases del conflicto étnico¹³. Para la década de los 70’s, la brujería se convirtió en el principal medio de ajuste de cuentas frente a los problemas de tierras, animales y madera entre otros. La insurgencia de ese entonces, rememoró la época de la inquisición exterminando cualquier resquicio de brujería en la región.

La etapas tempranas de poblamiento en la historia reciente de la Cuenca del Cacarica, están signadas por diferentes formas de apropiarse del espacio, costumbres, dialectos, formas estéticas y actividades económicas. Vale decir que las alianzas matrimoniales y compadrazgos han aplacado viejas rivalidades entre chilapos y afrodescendientes¹⁴. Los chilapos introdujeron sus mulas, su ganado y su ñame. Con ello, los nativos de la selva exploraron nuevas prácticas alimentarias y de transporte, útiles para arrastrar la madera cuando la sequía de los caños no lo permite. Por su parte, muchos cordobeses han aprendido a aserrar como los negros y a familiarizarse con el río. En la frontera, los pobladores periféricos afros, indígenas y mestizos que han tenido que arreglárselas para vivir al margen de la «civilización», han logrado establecer verdaderos mecanismos de convivencia interétnica, pero a medida que el régimen territorial desplegado por la fuerza del Estado y del mercado se aproxima, el conflicto se ve llegar como en efecto llegó en 1997.

Encrucijadas territoriales y conflicto

Las raigambres territoriales de la colonización inter-étnica comenzaron a enfrentar, sin saberlo, los derechos de propiedad estatal sobre la frontera y sobre el litoral Pacífico, a partir de la Ley 2 de 1959, que convirtió este territorio en una inmensa reserva forestal del Estado, ya que éste se declaraba baldío (Pardo, 1996; Arocha, 2004). Este fue el primer régimen de apropiación territorial de corte conservacionista que se superpuso sobre los modelos ya existentes. Empero, la reacción de las comunidades locales y actores internacionales a favor de sus derechos no se hizo esperar. El Estado sustrajo de las reservas forestales a los resguardos indígenas, mediante su adhesión al acuerdo de la OIT de 1957, en el cual se definieron posesiones territoriales para grupos étnicos ancestrales (Triana, 1989; citado en Arocha, 2004:163). No sucedió lo mismo con las comunidades afrocolombianas –y menos con los mestizos paisas y chilapos- a quienes la territorialidad les seguía negada (Arocha, 2004:163).

La explotación maderera

La dinámica de control sobre las reservas que había propuesto el Estado parecía inerme frente a la voracidad de la industria extractiva a gran escala que también propugnaba por negociar sus intereses y vocaciones en la frontera. Fue así como los agentes de la economía extractiva, quienes contaban con mayor poder que los pobladores locales, lograron que el Estado les otorgara concesiones para la explotación, como sucedió en los 60’, con las especies de arracacho¹⁵ y luego, con la madera, que se convirtió en la actividad más importante en la región desde la segunda mitad del siglo pasado (Echeverry et. al. 1996; Restrepo y Leal, 2003:120). En este nuevo episodio, la industria extractiva se configuró, aún más, como un poderoso y complejo nodo de articulación local-nacional-global, valiéndose de los campesinos de la frontera que desemboscaban para ellos la madera que sus intermediarios compraban en los centros urbanos y que luego era vendida en el país o fuera de él.

En el Bajo Atrato, entre los años 1966 y 1985, las empresas madereras llevaron a cabo zonificaciones forestales en busca de permisos para el aprovechamiento forestal alcanzando, en los 80’, la extracción forestal su punto culminante (Echeverry et. al. 1996:54). En los bosques baldíos llenos de gente –gran paradoja a partir de la ley 2 de 1959- los permisos de extracción de madera agenciaban nuevos procesos de poblamiento en torno a los aserraderos, al tiempo que impugnaban la territorialidad local (Restrepo y Leal, 2003:98)¹⁶. Tales contradicciones han llevado a analizar la confrontación entre los pobladores de la selva o bosquesinos¹⁷, y la economía extractiva forestal. Eduardo Restrepo y Claudia Leal (2003) demuestran cómo confluyen y chocan los patrones de territorialidad local, con la concepción extractiva del territorio y sus recursos, pensado en términos de una inmensa despensa. De tal confrontación surgieron nuevas paradojas como la de que empresas extractoras de madera se valieran de los métodos y formas organizativas de extracción artesanal local, predominante entre afrodescendientes, para sacar la madera que necesitaban comercializar.

Esto fue posible a través del avanzado o endeude, un mecanismo basado en adelantar a los corteros una serie de pagos en dinero o especie que, se supone, compensan el trabajo desarrollado (Restrepo y Leal, 2003:97). Estas relaciones económicas ponen en evidencia las relaciones de poder que subyacen a la confrontación de estos dos regímenes de territorialidad.

Tras el multiculturalismo de los 90, la nueva Constitución y sus fenómenos político-culturales emergentes (Zambrano, 2004:232), las comunidades negras e indígenas frenaron los permisos de aprovechamiento forestal mecanizado, lo cual puede verse como un fuerte golpe de la territorialidad local a la voracidad de las empresas madereras¹⁸. El conjunto de empresas madereras históricas en el Bajo Atrato lo constituyó el Grupo Dago y Pizano S.A integrado por Maderas del Atrato, Maderas del Darién, Maderas de Urabá, Maderas de Ríosucio y Aserraderos Covadonga (Echeverry et. al. 1996: 55). Estas empresas proveían de caoba, cedro, pino amarillo, abarco y otras tantas especies, a diferentes enclaves industriales de Barranquilla y Cartagena. Empero, la crisis maderera de los 90, el agotamiento comercial de maderas finas, los cambios de uso del suelo y el empobrecimiento general de la zona fueron factores para que muchas empresas se retiraran del Bajo Atrato, con excepción de Maderas del Darién que fue la única sobreviviente (Defensoría del Pueblo, 2002:38). Para ese entonces, la extracción de madera ya había allanado, en buena parte, el camino a ganaderos, bananeros y palmeros que venían avanzando desde Córdoba y el Urabá antioqueño debido a que después de tumbado el bosque, las tierras sólo quedan sirviendo para potreros y monocultivos. Así lo entendieron los miembros de CAVIDA cuando se percataron del impacto ambiental que provocó Maderas del Darién tras el destierro de cuatro años de los afrocacariqueños en Turbo.

A finales de los 90 y comienzos de la presente década, la empresa Maderas del Darién suscribió permisos de aprovechamiento forestal ilícitos con CODECHOCÓ¹⁹ y arrasó cativales enteros en las zonas de los ríos Perancho-La Raya y Balsa, empleando una maquinaria pesada que devastó sin discriminación los árboles jechos y biches²⁰ del monte; además de producir una mortandad de peces sin precedentes, a causa de los químicos que utilizaron para proteger la madera de las plagas. Como si lo anterior fuera poco, canalizaron los ríos alterando su drenaje natural y ocasionando su desecamiento progresivo. Así, la sedimentación creciente de los ríos, aunada a alteraciones climáticas que han prolongado los veranos aumenta las dificultades de movilidad fluvial que tiene la gente en el seco. No sólo es el desecamiento lo que ha dificultado la regeneración del bosque, sino que los desechos químicos de las maquinarias usadas hicieron estériles las tierras que tocaron.

La Palma Aceitera

La siembra de Palma Aceitera en el Bajo Atrato es, quizá, el régimen de apropiación territorial que más representa las lógicas del desarrollo insostenible ejercido por la empresa privada frente a la debilidad-complicidad del Estado para detener su avance vertiginoso por los títulos colectivos de las comunidades afrocolombianas. Los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó sufrieron con la palma, lo mismo que tuvieron que enfrentar los de Cacarica con la extracción mecanizada de madera. Ubicados en jurisdicción del municipio de Riosucio, hoy Carmen de Darién y Belén de Bajirá (Departamento del Chocó), fueron originalmente adjudicados a las comunidades negras organizadas en los Consejos Comunitarios²². Pero con el destierro masivo del Bajo Atrato, a finales de 1997, los inversionistas privados asociados a las empresas URAPALMA, PALMAS DE CURVARADÓ, PALMADÓ, PALMAS S.A. PALMURA, ASIBICON, LA TUKEKA, SELVA HUMEDA E INVERSIONES FREGNI OCHOA, entraron en las tierras colectivas desarrollando una masiva compraventa de predios y mejoras a diferentes personas, desconociendo el carácter inajenable de estas tierras, que por ningún motivo pueden ser objeto de transacciones entre personas naturales. El objetivo era desarrollar cultivos de palma aceitera y de ganadería extensiva (INCODER, 2005).

Ante este hecho, la denuncia de las comunidades y de las ong’s acompañantes a nivel nacional e internacional no se hizo esperar. Las autoridades estatales competentes verificaron que, en efecto, se desarrollaban monocultivos ilegales, sin embargo, el resultado fue la resolución 1516 que terminó favoreciendo a los palmicultores y sus mecanismos de apropiación ilegal a través del Plan Alternativo Social PASO que se está planteando en todo el Bajo Atrato y que supone la desmovilización de grupos paramilitares y su inserción en los llamados «proyectos sociales» que no son otra cosa que actividades agro-industriales, algunas de ellas asociadas al cultivo de la palma. En este punto, se aprecia cómo la capacidad de ordenamiento y control territorial de parte del Estado y sus instituciones se ve condicionada, e incluso favorecida, por la propuesta multinacional extractiva y tras ella, por los macro-proyectos agro-industriales.

Reservas naturales ¿para quién?

Dentro de la dinámica conservacionista descrita se presentó, a mediados de la década del 70, un hecho que aún despierta fricciones con las mencionadas fronteras étnicas locales y las fronteras extractivas y agro industriales. Este nuevo régimen de apropiación territorial se avoca a la conservación in situ de los recursos naturales y surge de la exigencia global de protección de la diversidad biológica a través de la permanencia e inalterabilidad de los ecosistemas y hábitats naturales²³. De acuerdo con ello, las nuevas estrategias de conservación se refieren al establecimiento de áreas de protección y manejo dentro del Sistema de Parques Naturales, que existe en Colombia desde 1974 (Ruíz, 2003:186). Este sistema plantea la protección de un conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, con la intención de perpetuar en estado natural, muestras vivas de comunidades bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies en vías de extinción (Ruíz, 2003:187)²⁴. Empero, las reservas establecen límites legales tajantes al avance de la predación humana, restringiendo el desarrollo de cualquier actividad agropecuaria e industrial (Ruíz, 2003:186). Así pues, la frontera conservacionista parece escindirse no sólo de las prácticas territoriales de los grupos étnicos, sino también de los usufructos de la economía extractiva. A este respecto, surgen dos preguntas: en primera instancia, ¿Hasta qué punto, la frontera conservacionista ha dialogado con los regímenes territoriales existentes?; y, en segundo lugar, ¿quiénes vienen a ser los beneficiarios de la conservación? o, en otras palabras, ¿para quién se conserva?

Hoy Cacarica colinda con el Parque Natural Los Katíos, pero en 1971, aún no había parque. Según la memoria histórica, cerca de cuarenta familias habitaban la zona desde hacía ya varios años (CAVIDA, 2002:41). En los años 1973 y 1974 llegaron las primeras comisiones del Inderena –actual Ministerio del Medio Ambiente- ofreciendo comprar la tierra a los campesinos. Las zonas que estaban en mayor disputa eran las tierras de paisas y chilapos en La Loma, Batatilla y Sautatá, a las cuales ya hemos hecho mención. Algunos vendieron y otros, los que no quisieron vender, se fueron quedando aislados y sin la capacidad suficiente para seguir adecuando el territorio. Al final, mucha gente salió de la zona y fundó el asentamiento Bocas del Limón, en la confluencia de los ríos Peranchito y Limón. Aunque algunos se quedaron, convivieron con el temor a que tarde o temprano esa tierra también se iba convertir en parque (CAVIDA, 2002:41). El Parque de los Katíos posee cerca de 72.000 hectáreas con una diversidad topográfica que va desde las llanuras aluviales hasta los 1.800 m.s.n.m. de elevación que exhibe la cordillera del Darién. Posee además, especies forestales de gran valor y está incluido en los planes de trazado de la carretera Panamericana. Actualmente, la guerra ha trazado límites al Ministerio del Medio Ambiente y su Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A propósito del creciente fenómeno de privatización de los parques naturales para efectos comerciales y eco-turísticos (Molano, 2002:10), se observa que las alianzas entre regímenes territoriales están del lado de las autoridades ambientales del Estado y de los agentes económicos de gran poder, como ya de hecho se ha referido el precedente de los permisos ilegales de explotación forestal y de extensión de la frontera agro-industrial.

Por otra parte, la pregunta acerca del objeto de la conservación parece ser mucho más compleja. Desde 1973, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hace presencia en el Parque. Podría decirse que las connotaciones limítrofes y excluyentes de la reserva respecto a las comunidades, también parecen serlo para la nación misma. Tomemos en cuenta que los países centrales y el mercado global requieren cada día más oxigeno, madera, nuevas medicinas y patentes. En parte, es por ello que reclaman como patrimonio de la humanidad, aquellos territorios y ecosistemas que se encuentran en los países periféricos.

Destierro

Cuando todas las dinámicas territoriales se entrecruzan hay un choque de fuerzas que da como resultado, entre otros, un conflicto como el que tuvo lugar en el Bajo Atrato, a finales de la década del 90 que evidenció la sistemática agresión contra las comunidades, ya que alrededor de 4.000 personas fueron desterradas durante el año 1997. Semejante hito en la historia reciente de la frontera daría como resultado nuevos procesos de control territorial, tanto desde la adaptación de la resistencia étnica y civil a los nuevos escenarios del conflicto, como desde las nuevas estrategias jurídicas y para-institucionales agenciadas por la empresa privada transnacional y por el Estado.

Cuando en febrero de 1997 tuvo lugar la mayor agresión conocida por los bajo-atrateños hasta entonces, a las comunidades se les ocurrió refugiarse en el monte esperando el cese de una supuesta confrontación entre ejército, guerrilleros y paramilitares. Empero, lo que buscaban las operaciones militares y paramilitares era el destierro de los lugareños. En ese sentido, el hecho confirma las tesis que se refieren al conflicto armado como un hecho territorial antes que político (Molano, 2002:17; González, 2004:414). Por eso, como lo afirma Alfredo Molano, la consecuencia del conflicto armado es destierro y no desplazamiento (Molano, 2002a:17).

Etnia y territorio en el Pacífico son dos conceptos inseparables el uno del otro. Para los afrocolombianos del litoral Pacífico, el territorio se define como el espacio biofísico en donde se establecen o desarrollan relaciones de apropiación respecto a relaciones de pertenencia a una comunidad, al parentesco y al aprovechamiento de los recursos naturales (Castro, 2004). En este sentido, notamos que las causas mismas del destierro entrañan un problema étnico ligado al territorio. Bastará con decir que este hecho sobrevino cuando los estudios de prefactibilidad para la construcción del canal inter-oceánico Atrato-Truandó coincidieron con el establecimiento de los primeros consejos comunitarios y tierras colectivas en la cuenca y en todo el país (Arocha, 2004:167). En 1996, la población de Cacarica fue una de las primeras comunidades negras en obtener la titulación colectiva de sus de tierras y, paradójicamente, en ese mismo año, comenzaría a ser víctima de una estrategia de control territorial empleada por el propio Estado, la cual venía siendo utilizada en Córdoba y Urabá²⁷. A finales del año 96, la gente ya escuchaba en Turbo la arenga «ahora si va a venir el progreso», una consigna de Estado, ganaderos, palmeros y bananeros, en boca de los paramilitares, que soslaya el etnocentrismo del mundo blanco-mestizo cerniéndose sobre territorios negros que, hasta ese entonces, no conocían la guerra.

La experiencia más dolorosa del destierro la vivieron las miles de personas que tuvieron que hacinarse en el coliseo de Turbo, como lo planearon las autoridades municipales cómplices de toda la estrategia de expropiación para-estatal (CAVIDA, 2002). Allí, los afrodescendientes revivieron en su inconsciente el horror del transplante transatlántico y la esclavización que vivieron sus antepasados. Incluso las mujeres nos contaban cómo, durante su estancia en el coliseo, fueron recurrentes los sueños que sus madres y abuelas tenían acerca del forzán; un hombre blanco que entraba en su habitación y las violaba sin que ellas pudieran hacer nada al respecto.

Retorno, resistencia y confinamiento: las transformaciones

En el ambiente adverso, descrito en párrafos anteriores, la experiencia del retorno comenzó a planearse poco a poco. Se trató de una experiencia liderada por las comunidades afrocolombianas del litoral Pacífico, más que cualquier otro grupo o comunidad como quedó demostrado con las 800 familias afrobaudoseñas que retornaron a sus territorios en esa otra cuenca del Chocó entre 2000 y 2001. En el Bajo Atrato, los afrocacariqueños y sus vecinos mestizos regresaron a la cuenca tras sucesivas fases de prospección. Ese fue el comienzo del proceso adaptativo que describiremos como epílogo de este ensayo y que inició con una trasformación radical de las estructuras organizativas que echaron mano de la Ley 70 de 1993 para defender su identidad cultural y sus territorios. En este contexto se gestó una iniciativa de organización étnica y civil conocida como «Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad» (CAVIDA), con el acompañamiento de ong´s como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y de otras iniciativas que hacen parte de toda una red de alternativas a la globalización. En el periodo post-destierro, esta estrategia ha cobrado cada vez más fuerza con el objeto de visibilizar la resistencia y de no depender de los mecanismos de derecho que en teoría proporciona el Estado, pero que, en la práctica, las comunidades encuentran contradictorios con la realidad. Así, la movilización étnica local tiende sus redes de alianzas con otras disidencias en el resto del mundo enarbolando consignas tales como el derecho a la vida y al territorio, a la verdad, a la justicia y a la reparación (Justicia y Paz, 2005).

Las fases de retorno de mayor envergadura iniciaron cuatro años después del destierro, bajo la organización CAVIDA, acompañada de la Red de Solidaridad Social (actor gubernamental), por la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz (actor no-gubernamental), y por un sinnúmero de actores internacionales. Sin embargo, en la zona de Peranchito, hubo gente que retornó al año de haber sido desplazada. Sesenta familias volvieron a sus comunidades de origen, amparados en la mediación de grupos religiosos adventistas que trataban de mediar en una zona donde el espectro de guerra aún era latente. Para no correr riesgos, CAVIDA entendió que cada quien ya no podría retornar a sus antiguas comunidades e ideó nuevos patrones de asentamiento basados en las Zonas Humanitarias. Estos enclaves re-integraron a las 23 comunidades, casi en su totalidad, reemplazando los patrones de dispersión poblacional ribereña y de pauta lineal por la nucleación y concentración interveredal e inter-étnica.

Nuevos patrones de asentamiento

Las zonas humanitarias se convirtieron en concentraciones de estructura urbana, con alrededor de 100 casas, un quiosco comunitario, casas de mujeres, casas de niños, escuela, áreas deportivas y letrinas comunitarias dispuestas en un modelo reticular. Las zonas se encuentran protegidas por una malla de alambre –signo metonímico de la resistencia- que las comunidades reconocen como «la malla de vida». Poseen además, toda una textualidad informativa y símbolos que las identifican como enclaves de resistencia civil, con estrictas regulaciones al acceso de civiles no-habitantes, y con total restricción de la presencia de grupos armados²⁸. Las zonas Humanitarias comenzaron a plantearse desde las primeras exploraciones de retorno en 1998 y se consolidaron en 2002. La primera se llamó «Esperanza en Dios», ubicada en el área de los ríos Peranchito-El limón y sobre el antiguo caserío de Bocas del limón. La segunda zona se llamó «Nueva Vida», en el área de los ríos Perancho-La Raya, donde antes quedaba un caserío llamado Pueblo Nuevo. Vale decir que este modelo de re-asentamiento no garantizó del todo, la apropiación territorial tradicional y transformó por completo la fisonomía de poblamiento de la cuenca y con ello, los regímenes tecno-económicos, sociales, políticos y culturales²⁹.

Transformaciones en el sistema de producción

Como se dijo anteriormente, el modelo económico fundamental de caza / agrícultura / pesca / extracción forestal, predominante en el afropacífico, posee una estructura de ordenamiento que discrimina el río (pesca y transporte) de las zoteas o huertos domésticos, los rastrojos para la agricultura, los montes biches para los frutales que han de recolectarse, los montes bravos hacia las cabeceras de los ríos y la serranía del Darién. Allí predominan la cacería y la extracción de madera.

Todas las actividades económicas descritas requieren de la movilidad a lo largo de esteros, caños, ríos estuarios y mar. Esta movilidad asociada al sistema productivo, supone, de una parte, una serie de estrategias campesinas por la explotación de recursos naturales y producción de materia prima; y, de otra, estrategias proletarias, por la adquisición constante de mercancías de primera necesidad (Whitten, 1992:8)³⁰. Esto hace que los afrodescendientes se muevan itinerantemente entre la ciudad y el campo, sin ser tan urbanos como los mestizos, ni tan rurales como los indígenas (Pardo, 1996). Pero la sedimentación y desecamiento progresivo de los caños, provocados por la extracción forestal desmesurada de Madarién, han dificultado esa movilidad, sobre todo en épocas de verano intenso. En sus estrategias adaptativas, los retornantes incorporaron aún más la tracción animal para el transporte de productos agrícolas y forestales. Así, la arriería se convirtió en una innovación tecnológica que llegó con los mestizos paisas y que, en el contexto de los préstamos inter-étnicos, fue incorporada a los regímenes económicos de la selva. En consecuencia, se abrieron trochas que ahora funcionan todo el verano, pero que en invierno son reemplazadas por los ríos y desaparecidas por el monte. Otra estrategia local fue ubicar las zonas humanitarias próximas al punto de intersección de los ríos Perancho y Peranchito, donde las aguas ganan mayor cauce y caudal, y se pueden sacar bultos de maíz y rastras de madera en Chalupa. Este nodo de acopio se conoce como La Tapa. De allí se sale a Turbo (Antioquia) o Ríosucio (Chocó); principales vectores de movilidad y conexión con el exterior³¹.

La agricultura

El modelo de producción agrícola, basado en el barbecho o rotación de cultivos³², comprende una variedad de productos como el maíz, la caña, el arroz, la yuca, el ñame, el ajonjolí y un sinnúmero de frutales, entre otros. Los pobladores han establecido una tipología local de suelos zonificados de acuerdo con su capacidad de drenaje. Se trata de las tierras bajas o suelos aluviales, que se encuentran en los cursos medios y bajos de los caños. Los bajos son aprovechables en verano pero en invierno permanecen anegados. En oposición, las tierras altas se encuentran río arriba, hacia las cabeceras, y aunque en el verano son demasiado secas, con la llegada del invierno aumenta su potencial agrológico. En consecuencia, el aprovechamiento agrícola, que requiere de movilidad entre suelos de cabecera y suelos aluviales, se ha viso afectado por las posibilidades de acceso a esas tierras. Además, las zonas humanitarias acabaron con los caseríos dispersos. Ya no hay de donde partir ni adonde llegar y eso ha perturbado enormemente las relaciones de parentesco y reciprocidad que posee la familia extendida del afropacífico.

(…) Antes usted por ejemplo se casaba con alguien de otra comunidad y allá podía trabajar la tierra de su familia (…) uno trabajaba su finca o le trabajaba a otra gente y siempre había comida (…) o sea que nosotros nos movíamos mucho, porque cuando las tierras de un familiar o un vecino no estaban buenas uno daba trabajo o a uno le daban trabajo (…) (Habitante de Esperanza en Dios, Junio 18 de 2004).

En la cuenca del río Cacarica, los préstamos de tierras y relaciones de aparcería reflejan una ausencia total de rigidez en la tenencia de la tierra y los poderes sociales asociados a ella. Este hecho ha sustentado la Ley 70 de 1993. Empero, las limitantes sociales de inseguridad y limitantes físicas, asociadas a la sedimentación de los ríos y a los nuevos patrones de asentamiento nucleado tipo zona humanitaria, vienen transformando el modelo de sustentabilidad ecológica local. En algunas tierras, la explotación se ha intensificado en las áreas circundantes a dichas zonas mientras las tierras alejadas están prácticamente desoladas. Ello se traduce en impactos ambientales severos, por cuanto, los rastrojos -que aún no terminan de recuperarse de los ritmos de producción- se erosionan rápidamente, convirtiéndose en tierras útiles para la potrerización. Este panorama futuro, producto de las transformaciones post-retorno, acabaría con la autosuficiencia alimentaria y el control territorial de las comunidades, y en cambio, sí sería muy útil a las empresas agroindustriales.

En el área de los ríos Peranchito-el Limón y Caño Largo se iniciaron las primeras fases de retorno y, por ende, de apropiación territorial. Mucha gente que llegó a la zona humanitaria «Esperanza en Dios» vio tan cerca sus antiguas fincas, en sitios como Barranquilla, el Descanso o Paisandú, que decidieron volver a ellas³³. Otros, aún residentes de la zona humanitaria, no perdieron los vínculos con sus antiguas comunidades y se las ingeniaron para moverse río arriba, a trabajar esas tierras. En la zona de los ríos Perancho-La Raya, el retorno fue posterior. La gente construyó la zona humanitaria de Nueva Vida, pero trató de movilizarse hacia Villa Hermosa, San Higinio, La Virginia y otras tierras de propiedad familiar, para trabajar en ellas. Pero como Perancho-La Raya colinda con la base paramilitar establecida en Balsa, los paras les cortaron de tajo la apropiación escalonada de antiguas comunidades y trabajaderos, quemándoles 500 puños de arroz sembrados en las tierras de Villa Hermosa. Luego agarraron, torturaron y asesinaron a Ramiro Vásquez, habitante de la zona humanitaria, quien solía trabajar en su antigua finca (CAVIDA, 2002). Estos dos hechos, sucedidos en 2003, implantaron de nuevo el miedo a la avanzada territorial local en Perancho-La Raya. Así, la zona quedó más abocada al emplazamiento forzado en el asentamiento humanitario. Observemos la diferencia en los niveles de aprovechamiento agrícola entre las zonas de los ríos Peranchito-El Limón y Caño Largo, frente a la de Perancho-La Raya y Cacarica:

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Por otra parte, hay que señalar que la gestión de CAVIDA ha sido exitosa en materia de proyectos eco-productivos siendo uno de los más importantes la adquisición de trapiches y trilladoras, gracias a la cooperación internacional, para el procesamiento del arroz y la caña. El Proyecto Tierra de Hombres- Alemania ha favorecido la creación de granjas escolares en donde etno-educadores enseñan a niños y jóvenes técnicas de producción limpia de base agroecológica y diversas prácticas tradicionales de afrodescendientes y mestizos en torno al cuidado y aprovechamiento de la tierra. Podría decirse que, a pesar de las mencionadas limitantes, la tarea de CAVIDA ha dado y sigue dando buenos resultados en materia de avances tecnológicos y organizativos para la producción agrícola, enmarcada en objetivos de economía solidaria y autosuficiencia alimentaria.

La madera

La extracción de madera ha sido y sigue siendo la principal actividad económica en todo el territorio cacariqueño. Las formas locales de extracción, basadas en el desembosque y arrastre fluvial de tucas³⁴, se desarrollan primordialmente en zona de colinas bajas, altas y de serranías o corazón del monte bravo que, como hemos visto, es ahora un territorio de miedo por el impacto coercitivo y psicológico de la guerra. En este contexto, a las comunidades se les dificulta cada día más acceder a estos territorios dado el riesgo que implica y aún cuando han podido sacar y vender su madera, el pago no alcanza a cubrir los costos reales de desembosque. Los compradores compran los listones baratos y los venden caros, mientras que para el bosquesino no hay alternativa: o vende el producto o se devuelve con él a la selva, asumiendo la pérdida que ello significa.

Tradicionalmente, los sierristas de las comunidades se han regido por criterios de corte y selección acordes con las fases lunares y la edad de los árboles de tal manera que el río, la selva y la luna determinan las prioridades económicas. Nada se hace a espaldas de ellos (Vargas y Ferro,1999:19). Observamos cómo el medio y sus procesos ontogénicos, marcan las jornadas y las actividades de caza, pesca, agricultura y de extracción maderera. Por eso, la gente suele talar sólo aquellos árboles que por su edad producen más madera, dejando crecer a los más biches³⁵. Estas restricciones a la explotación funcionan como dispositivos locales de aprovechamiento y sustentabilidad ambiental de los recursos maderables.

(...) cuando uno va a cortar oyeto o cualquier otro palo, es para el tiempo en que la luna es creciente porque la madera se vuelve muy resistente y ella aguanta cualquier uso que uno le dé. Pero si uno corta madera en luna floja (menguante) ella se ablanda, se ahueca y se llena de plaga y ya no sirve pa’ nada porque se deteriora (...) (Habitante de Nueva Vida, 4 de Mayo de 2004).

Además del comercio, la madera constituye la principal plataforma instrumental adaptativa, asociada especialmente a los afrodescendientes ya que ellos son quienes demuestran una avezada experticia tanto en la forma de trabajarla como en Las tecnologías que incorporan. Con la ceiba, por ejemplo, construyen cascos, champas y chalupas. El oyeto y el caracolí son ideales para hacer casas; y el mangle o el mestizo, para abastecerse de leña y fabricar otros artefactos. Los combos y sociedades de sierristas son unidades productivas arraigadas en las parentelas que heredan el arte de generación en generación, forjando personas especializadas en la selección y el corte de madera³⁶. En una sociedad, que es una relación de producción familiar, participan dos o tres miembros, mientras que el combo oscila entre cuatro y diez miembros que destinan su trabajo a un beneficio comunitario.

Actualmente, los sierristas y conocedores del oficio han identificado y caracterizado por lo menos seis grandes zonas de extracción forestal en la cuenca del río Cacarica:

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El conocimiento local nos muestra dos zonas de explotación empresarial mecanizada y cuatro de explotación comunitaria y artesanal³⁷. Tres de estas zonas mantienen una explotación intensiva. Las dos asociadas a Madarién son de extracción forestal intensiva y sufren un deterioro ambiental considerable³⁸. La tercera corresponde a la zona de los ríos Perancho-La Raya que, a diferencia de las demás zonas de corte comunitario, no ha alcanzado el equilibrio productivo tradicional que intercala extracción forestal con agricultura.

Observábamos las limitantes sociales y de emplazamiento forzado que ha sufrido esta zona en particular y que han llevado a los pobladores a cambiar la tradicional polifonía eco-productiva autosuficiente por la mono-explotación de los recursos naturales. Podría decirse que en la zona de los ríos Peranchito-El Limón y Caño Largo, la vocación es agrícola, mientras que en Perancho-La Raya, predomina el corte de madera. Estas etiquetas de identificación territorial son ampliamente divulgadas por los pobladores para orientar los programas reforestadores y de asistencia técnica hacia los sitios de Nueva Vida, La Virginia y más recientemente, hacia las cabeceras del río Perancho. En lo que va corrido de este año, la tutela interpuesta por CAVIDA a Maderas del Darién, que la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades, ha sido malversada por los actores armados que ahora no dejan sacar ni una rastra de madera a las propias comunidades negras, mestizas e indígenas³⁹. Esto ha afectado el comercio y ha traído como consecuencia una escasez alimentaria, cuyos rigores se sienten intensamente entre la gente de Perancho y la Raya. Mucha gente desesperada, que desconoce el verdadero contenido de la tutela, aboga porque ésta sea retirada con lo que le estarían dando carta abierta a Madarién. La empresa, por su parte, le ha propuesto a los ribereños una canalización eficiente del río, que solucionaría sus problemas de movilidad, bajo la condición de que ésta volvería a explotar las zonas influencia comunitaria. En el mapa de la actividad forestal, la tendencia es la expansión de Madarién hacia las cuatro zonas restantes que le queda por devastar. A pesar de los malos entendidos, un sector numeroso de la población sigue apoyando una tutela que los favorece y que le ha puesto el freno extractivo. Esa es la resistencia.

Fauna de cacería y pesca

Los patrones de percepción local de la fauna clasifica a los animales en: (1) consumo, (2) comercio, (3) plagas y (4) fieras. Nos referimos a los dos primeros –consumo y comercio- que complementan la base del modelo económico, con preponderancia del consumo⁴⁰. La caza y pesca son actividades que tienden a oponerse, especialmente por los referentes territoriales que les son inherentes. La cacería es una actividad masculina, localizada arriba –donde nacen los ríos- en el monte bravo o la zona de colinas bajas y serranías. La pesca es usualmente, aunque no exclusivamente, una actividad más femenina, de abajo, en las zonas aluviales y deltáticas. Esto es, hacia las bocas de los ríos y las ciénagas.

La pesca es un oficio que parece mucho más ligado a los afrocacariqueños quienes son herederos de la cultura de río del Pacífico. El bio-ciclo de los peces comienza en sus criaderos, ciénagas y anegados, donde abundan las mencionadas especies que en verano, por el desecamiento de las aguas, remontan los ríos hacia las cabeceras para poner sus huevos. No obstante, los regímenes de verano, aunados a los mencionados impactos de actividad forestal, están acabando con la abundancia de peces y ya se percibe la escasez de ciertas especies.

La cacería actualmente es hecha con la ayuda de perros, machetes y lanzas, puesto que la organización CAVIDA ha optado por no emplear armas de fuego. Bajo esas condiciones, muchos cazadores deben competir con predadores como el tigre y el tigre-congo, que es una denominación local afro de la pantera. Esta evidencia zoonímica probablemente corresponda a una africanía enclavada en cadenas pictóricas, sedimentación de imágenes asociadas a paisajes, símbolos y construcciones iconográficas inconscientes que los afrodescendientes trajeron consigo desde los trópicos centro-africanos. Así, lo demuestra la voz Ko-ngo que, en lengua ki-kongo, traduce, «aliados de la pantera». La Pantera era en rigor, un animal sagrado para los antiguos pueblos Bantúes del Congo (Friedemann y Arocha, 1986:63) y, probablemente, sus imágenes tuvieron eco en la fauna americana, tras la esclavización.

Los principales factores que agencian la reducción de fauna terrestre en la cuenca se derivan de dos aspectos. El primero de ellos, la continua perturbación del hábitat, como consecuencia de la actividad forestal y el aumento de la frontera agrícola que obliga a las especies a migrar a las partes más altas; y, el segundo, la presión sobre especies nuevas, que antes no se utilizaban, como consecuencia de los bloqueos económicos y la pérdida de las polifonías productivas. Resaltamos el área del Parque de los Katíos como una zona de amortiguación y sitio estratégico para la fauna, pero también, para la cacería, gracias al hábitat que ofrece, especialmente, para las especies de montaña. Los pobladores afirman que es la cacería furtiva con fines comerciales, y no la de subsistencia, la responsable de la mengua de fauna. Este es el caso de la babilla que es codiciada en el comercio de pieles, animal que, con respecto a la biodiversidad funcional, cumple con la tarea de ayudar a mantener el caudal en la cuenca a tal punto que se dice que donde la babilla se elimina se desecan las aguas con lo que no sólo se afecta a la población de peces sino, por ende, la movilidad fluvial y el abastecimiento de agua.

Organización social y política

La reintegración comunitaria que propone la resistencia civil de CAVIDA tiende a aglutinar el ordenamiento político territorial del Consejo mayor y los consejos menores. Esta re-integración también ha acelerado la dinámica inter-étnica de chilapos, paisas y afros, que ahora se ven abocados a co-habitar en las zonas humanitarias. Aunque predomine la convivencia como patrón actual de unas relaciones originalmente conflictivas, vale decir que aún se observan ciertos roces étnicos que parecen ser latentes y que sólo cobran fuerza en determinados contextos y situaciones. Uno de ellos tiene estrecha relación con la representación política del consejo comunitario, la cual privilegia los derechos ancestrales de las comunidades negras y tácitamente tiende a excluir a los otros grupos étnicos, relegándolos a ser poseedores de buena fe⁴¹. Los consejos menores que conforman actualmente la cuenca están asociados a las comunidades de Teguerré, Varsovia, Quebrada bonita, Bocas del Limón, Puerto Berlín, Santa Lucía, Balsagira, La Virginia, Bijao, Villa Hermosa, Bogotá y Barranquilla.

Uno de los aspectos que más preocupa a los afrocacariqueños de las zonas humanitarias es el aumento de nexos endogámicos, como consecuencia de la nucleación y la inmovilidad que permitía alianzas matrimoniales funcionales al aprovechamiento de fincas. Encontramos que la endogamia se convierte en una estrategia adaptativa de grupos cerrados que temen a la irrupción de actores externos, como en este caso ocurre con los lugareños de la cuenca que no hacen parte del proceso de resistencia civil que adelantan quienes se consideran miembros de CAVIDA y que viven en las zonas humanitarias. El temor cuando un hombre o una mujer trae su compañero de otra comunidad, de Riosucio o de Turbo, es que él o ella sean informantes.

No obstante, la amenaza más grande para las estructuras organizativas locales viene de su confrontación con el Estado colombiano. El fenómeno que engloba la realidad geopolítica de la frontera es precisamente dicha confrontación, equiparada a las alianzas comunidad-actores internacionales. Una alianza que parece significativa en los procesos comunitarios locales de re-ordenamiento y apropiación territorial. Las agencias internacionales y los organismos cooperadores del mundo no sólo se convirtieron en los mejores aliados de los pobladores fronterizos sino que, además, suplieron al Estado ayudando a los desterrados a retornar y a reactivar sus proyectos eco-productivos y pedagógicos, en el marco de la defensa de sus derechos⁴². La organización CAVIDA, surgió y se fortaleció gracias a este apoyo, desarrollando mecanismos de gestión y defensa territorial que contrastan con los megaproyectos de desarrollo económico y con la gestión institucional ambientalista. CAVIDA reclama para los cacariqueños autonomía en sus territorios y dignidad, algo que impugna, de entrada, las relaciones de poder Estado-región, determinando los matices y proyecciones del conflicto en torno al territorio.

Los días 28, 29 y 30 de mayo de 2004, se realizó el Foro de Solidaridad Chocó en el municipio de Ríosucio, en donde participaron los consejos comunitarios de Cacarica y Jiguamiandó, CAVIDA, la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) y la Organización Regional Embera y Waunaan, entre otros actores comunitarios del departamento. El objetivo del foro no sólo era discutir los proyectos forestales y agro-industriales, en términos de sus impactos ambientales y sociales, sino, también, clarificar convergencias y divergencias entre tales proyectos y el tipo de gestión territorial local de las comunidades afrochocoanas. CAVIDA dejó ver su postura radical de no concertar ningún tipo de acceso y usufructo territorial ajeno a las comunidades, posición que le ha granjeado la enemistad con el actual gobierno y las fuerzas armadas, quienes han acusado a la organización de querer convertir al Cacarica en «república independiente» y en campos de concentración auxiliadores de la guerrilla⁴³. ConCon frecuencia, encontramos que esta conducta difamatoria y descrédito público, está asociada a las múltiples prácticas discriminatorias de parte del Estado colombiano y de la sociedad hacia los afrodescendientes. Así, por ejemplo, se tiene la creencia errónea de que buena parte de los desplazamientos forzados en el Chocó obedece a que los pobladores ancestrales no tienen la capacidad de ejercer dominio sobre tierras tan valiosas.

CAVIDA, por su parte, aduce que esos señalamientos obedecen a que las comunidades en resistencia han rechazado las propuestas para-estatales de palma africana, de explotación mecanizada de madera, de eco-turismo, de cultivos de coca y de disgregación comunitaria, que como ellos mismos dicen, los llevará de nuevo a la esclavización y a la muerte. Pese a su poder y credibilidad internacional, CAVIDA no ha tenido las mejores relaciones con su municipalidad. En Ríosucio, los desacuerdos en temas como la educación, la salud y los proyectos de infraestructura, entre otros aspectos⁴⁴, han recrudecido esa animosidad. Las comunidades enfatizan en la autodeterminación para influir en lo propio y ven con recelo cualquier tipo de asistencia institucional y gubernamental. Las divisiones organizativas dentro del consejo mayor de la cuenca, obedecen, entre otras causas, a la labor disgregadora del gobierno y de la empresa maderera, quienes han manipulado a dirigentes comunitarios, en función de sus propios intereses.

Algo similar ya ha ocurrido en otros mojones del conflicto territorial, especialmente en la cuenca del río Jiguamiandó, hacia Curvaradó y Belén de Bajirá, que se encuentra ahora en disputa departamental entre Antioquia y Chocó. En este punto, llamamos la atención acerca del papel que juega la variable étnica en todo el conflicto. Desde la dinámica de relación hombre-medio que manejan los paisas y los campesinos cordobeses, se puede predecir que estos desposeídos, sin otro arraigo territorial en la selva más que la necesidad y la coerción, desplegarán sobre ella las mencionadas vocaciones desarrollistas de actores económicos y guerreros. No sobra advertir que este hecho deviene en re-detonante del viejo conflicto inter-étnico relacionado, ahora más que nunca, con la concepción racista-progresista del país y con los planes sobre este territorio de frontera.

Universos simbólicos y cosmovisiones en riesgo

Muchas de las tradiciones propias de los afrocacariqueños están en riesgo, principalmente, por los efectos de la guerra. La funebria, por ejemplo, es una de las prácticas tradicionales que más se ha perdido ya que durante la época del destierro fueron muchos los asesinados cuyos cuerpos jamás aparecieron, además de otros que sufrieron mutilaciones que atentaron contra el culto a la corporalidad que es propio de los afrocolombianos. Los velorios para despedir a los adultos que mueren, los chigualos que se celebran cuando un niño deja de existir y las novenas que se rezan y cantan después de los entierros de ambos, constituyen uno de los sellos más visibles de la identidad de los afrocolombianos del litoral Pacífico (Arocha, 1999). No obstante, uno de los factores que más ha erosionado las tradiciones fúnebres tiene que ver con la irrupción de iglesias cristianas y adventistas, como pudimos comprobarlo el 23 de abril de 2004 con la muerte del hijo recién nacido de Memín el chalupero de la comunidad. La noche antes de su entierro no hubo gualí⁴⁶ porque en el quiosco donde se hallaba el cuerpo del bebé, algunas mujeres adventistas aprovecharon para pasar videos de sus predicadores, cosa que molestó a la matriarca Ana Joaquina, quien había venido desde su casa en la Virginia, expresamente a cantarle al niño. A la mañana siguiente hubo cánticos y el padrino arrulló al angelito pero fue el patriarca Papo quien tuvo que enseñarle al joven padrino a hacerlo. Horas más tarde, Papo comentó que: «(...) fue un gualí sin panes, ni café, ni cantos. Todo eso se nos está perdiendo (...)».

El culto a la muerte en el afropacífico hace parte de la razón fundamental de ser y de estar en el territorio, ya que las marcas que dejan los muertos quedan simbolizadas con palmas de cristo que los deudos plantan después que han sellado la rotura con la misma tierra que se escarbó antes (Arocha, 1999:142; 2004:171). Igual sucede con los rituales de la vida, como nos lo hizo saber Yalira Palacios, una madre afrocacariqueña que tiene los ombligos de sus hijos enterrados en la comunidad de la Virginia, la cual ahora es prácticamente un caserío fantasma.

(…) A mi hijo mayor yo lo ombligué con uña de danta y le enterré el ombligo en un hobo muy bonito que está allá en mi comunidad de la Virginia (…) a veces yo lo llevo y le muestro y le digo: Mirá aquí esta tu ombligo y este palo es tuyo (…) esa es una tradición que se nos está perdiendo a nosotros los negros, en parte por todo lo que nos pasó hace siete años (…) (Habitante de Nueva Vida, abril 22 de 2004).

Aunque el retorno y re-asentamiento de los cacariqueños, implicó la desaparición temporal de las 23 comunidades antiguas, en las zonas humanitarias, los antiguos pobladores dispersos aún no han perdido la memoria de sus viejas raigambres y para ello, los afros apelan a ritos de la vida como la ombligada que, en este caso, connota un principio de territorialidad, especialmente cuando se trata de enterrar el ombligo en un árbol que da fruto⁴⁷ y que pertenece a quien tiene su ombligo ahí. Por eso, y a pesar que la movilidad es un referente cultural de sus vidas, la gente no olvida sus orígenes.

Además de la práctica de sembrar árboles y con ello hacer memoria y construir territorio, la ombligada no sólo potencia las cualidades de los recién nacidos mediante propiedades animales y vegetales que las madres le imprimen en los ombligos a sus hijos, sino que también funciona como contra o protección frente al ataque que los humanos pueden sufrir, especialmente de las fieras. Estos mecanismos ideológicos y simbólicos de adquisición de poderes y búsqueda de la protección son también manifestaciones adaptativas al medio en contextos de trabajo arduo como el que se observa en bosques y ríos. He aquí algunos de los tipos de ombligada que son más frecuentes entre los afrocacariqueños.

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En conclusión

Uno de los desafíos de este artículo ha sido abordar, aunque someramente, la historia ambiental de una región desde una noción tan dinámica, diacrónica y dialéctica como es la frontera. Aun más, proponer tal noción como herramienta conceptual y metodológica para entender los vínculos operacionales entre los niveles micro y macro de procesos económicos, políticos y culturales que se tejen alrededor de plataformas territoriales limítrofes y limitantes. Como en un juego de interfaz, la frontera nos plantea una dinámica de conexión-desconexión con esos niveles micro y macro locales, nacionales e internacionales. Esto refleja la historia de las interacciones socio-territoriales que, signadas por límites e intersticios, nos presentan la exclusión de las periferias y los pobladores fronterizos, frente a la ingobernabilidad y la violencia del Estado-nación. Una marginalidad que poco a poco se va desplazando al epicentro de las complejas dimensiones geopolíticas globales del desarrollismo insaciable que persiste, en contraste con las alertas sociales y ambientalistas.

Las fronteras se desconectan de los estados-nación, sus matrices políticas, económicas y culturales originales, para conectarse, o mejor, para activar nuevos modelos de intervención y decisión transnacional en torno a la sociedad y al medio ambiente. Observamos cómo las regiones fronterizas pueden erosionar el centro privilegiado, desnacionalizándose y desterritorializándose el Estado-nación. De otro lado, esta dinámica de conexión-desconexión está mediada por la traumática confluencia de regímenes territoriales distintos que establecen límites al control territorial por todas partes. Fracturas de donde emerge el conflicto y el caos a toda estrategia de ordenamiento territorial venga de donde venga. El saldo de todo esto no parece nada halagador: destrucción de la naturaleza, empobrecimiento social, violación de derechos humanos y enajenación de los recursos naturales.

Ante este panorama, uno se pregunta si realmente la nación puede garantizar un ordenamiento territorial democrático, justo y sostenible en las fronteras. En Colombia, la planificación territorial sigue amarrada al centralismo y a los viejos poderes departamentales y municipales, territorios geopolíticos en donde el imperio económico, político y militar arrolla las características esenciales de una región que, como el bajo Atrato, está siendo absorbida por el poder regional Antioqueño que es también, el poder blanco del interior del país cerniéndose sobre el trópico negro (Wade, 1997)⁴⁸. Esto, por supuesto, asociado a pretextos contrainsurgentes que ocultan dinámicas de mercado global (CAVIDA, 2002:335). Así las cosas, nuestra mirada se dirige a la alternativa que propone las resistencias étnicas y civiles, la auto-movilización o la autonomía local lo que plantea movimientos sociales comunitarios y de base.

Vista desde la perspectiva ambiental, la resistencia no sólo es la gradiente más alta de participación ciudadana en torno a la defensa y conservación de la biodiversidad de los recursos naturales sino que, incluso, impugna las relaciones de poder entre instituciones y sociedad civil, las cuales subyacen a los conceptos de «participación» «consulta» y «con la gente», que surgen a la luz de modelos decisorios centrados en la agencia institucional. Desde el punto de vista étnico, la resistencia es, ante todo, cimarronismo contemporáneo apuntalado en la memoria histórica y la ley 70 de 1993 que reconoce los conceptos de etnia, cultura y territorio. Zulia Mena (1999:161) afirma que «el territorio de nuestras comunidades es un espacio de resistencia, en la lucha cotidiana por la vida y la reconstrucción de una cultura (...)». La resistencia, que comenzó con la huida y poblamiento de selvas inhóspitas y apartadas, como una estrategia de supervivencia cultural, económica y socio-política, mantiene hoy esas mismas relaciones de apropiación alrededor de la neutralidad activa, la autodeterminación y la dignidad. Empero, la resistencia no es una conclusión ni una tierra prometida sino una victoria temporal susceptible de producir atrincheramientos como las zonas humanitarias que son la respuesta adaptativa de las comunidades, ya no a un entorno físico sino a una realidad social adversa. En este sentido, la última parte de este ensayo advierte acerca de los efectos ambientales que acarrean los procesos sociales de re-asentamiento de las comunidades. A los pobladores no les va a ser posible permanecer en sus territorios ancestrales sin que desde ya comiencen a recuperar los mecanismos sostenibles y sustentables que caracterizan a las comunidades afropacífico y que han sido introyectadas por otros grupos étnicos dentro del complejo interétnico descrito. El objetivo ahora es generar alternativas más adecuadas de manejo territorial, además de la defensa de sus territorios apelando a los mecanismos legales y de visibilización internacional.

A nivel nacional el panorama no es el mejor. De continuar el gobierno que ha favorecido la legalización de las estructuras para-estatales, el desmonte de la Ley de comunidades negras puede ser sistemático, dentro de la realidad de «limpieza étnica» que estamos observando en la frontera del Bajo Atrato a favor de los grandes proyectos de modernización de toda la región. Si el Estado se empeña en sacar a las comunidades fronterizas de sus resquicios de vida, surge algunos interrogantes: ¿Quién puede garantizar un ordenamiento territorial justo y democrático de los territorios étnicos del bajo Atrato?; ¿es posible que la comunidad internacional, sensibilizada con la resistencia de estos neo-cimarrones le ponga orden a todo esto? Y, de ser así, ¿a qué precio sería?

Responder a estas preguntas no es tarea fácil. No obstante, estamos seguros que si las comunidades recuperan sus interacciones socio-ambientales espontáneas ancestrales, este será un paso importante para garantizar un orden sostenible de los territorios fronterizos. Si los modelos de desarrollo que se han desplegado de forma violenta sobre el Bajo atrato, se ajustaran a la realidad biológica y cultural y a los derechos territoriales de sus pobladores, ya sería posible hablar de sostenibilidad y sustentabilidad equitativa, ya que la clave del desarrollo no está en el crecimiento sino en la repartición.

Están aun por verse las opciones culturales que idearán los afrodescendientes para salir de este trance de emplazamiento forzado que tanto ha afectado sus modelos de territorialidad, especialmente ligada a la movilidad, que es el rasgo fronterizo más marcado de esa cultura que con su tendencia a viajar, ejerce su libertad y fluidez de la vida para hacerle frente a la exclusión. A este respecto, compartimos el optimismo de Russ Casstronovo (2003:204), quien posiciona las fronteras como sitios de producción cultural contestataria, que ofrecen un territorio cambiante, maduro para las articulaciones de una conciencia oposicional y con miras a expandirse y explorar horizontes de libertad, los cuales sí parecen ser la conclusión obvia.

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